El Bundestag (cámara baja del parlamento alemán) aprobó el pasado jueves con los votos de la gobernante gran coalición un proyecto de ley para endurecer las penas a los delitos de odio. A pesar de las protestas de la oposición, el nuevo texto solo menciona explícitamente los crímenes con una motivación racista o xenófoba, pero relega otros agravantes como la homofobia y la transfobia a la categoría general de otros actos “contra la dignidad humana”.

La iniciativa parte de la comisión de investigación contra el grupo terrorista neonazi NSU (“Clandestinidad Nacionalsocialista”), que propuso que, a la hora de establecer la pena para un delito de odio, se tengan en cuenta no solo las víctimas directas, sino todo el colectivo al que se quiere amedrentar con el crimen. Para ello se consideran “los móviles y objetivos del autor” del delito, frase en la que en la última modificación se introdujeron el racismo y la xenofobia entre esas motivaciones. El proyecto de ley pretende mejorar la detección por parte de policías, fiscales y jueces de indicios racistas en los delitos perseguidos.

En el Comité de Leyes del Bundestag se han escuchado las protestas de los grupos de la oposición, Los Verdes y La Izquierda, al proyecto aprobado por democristianos y socialdemócratas. Los primeros querían incluir explícitamente el odio religioso y ambos, la homofobia y la transfobia en la redacción del proyecto de ley. Una iniciativa que rechazó el portavoz del SPD, Johannes Fechner, con el argumento de que estas categorías ya están incluidas como actos “contra la dignidad humana”. El texto propuesto por CDU/CSU y SPD se aprobó en el pleno del Bundestag con los votos de estas dos formaciones y la abstención de la oposición.

También la Federación Alemana de Lesbianas y Gays (LSVD) ha expresado su decepción con las limitaciones de la medida. En un comunicado con el título “La homofobia también es un crimen de odio”, el portavoz Manfred Bruns lamentaba que la exclusión de los delitos contra la comunidad LGTB del texto legal no facilitará la lucha contra estos ataques, porque “lo que no expone explícitamente en la ley cae por lo general, en el olvido durante la práctica de las investigaciones policiales y la evaluación penal” de estos hechos.

Contra las recomendaciones de la Unión Europea

El criterio que ha impuesto el Gobierno de gran coalición va, además, en sentido contrario a las recomendaciones de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que en octubre del año pasado instaba, entre otros, a reconocer y proteger a las personas LGTB que son víctimas de delitos motivados por prejuicios.

Los estados miembros, según esas recomendaciones, deben considerar la adopción de leyes que aborden la incitación al odio y los delitos motivados por prejuicios homofóbicos y transfóbicos.

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