La Corte Suprema analizará, por primera vez en su historia, si las personas LGTB están protegidas de la discriminación laboral, una audiencia histórica sobre una cuestión que genera profundas divisiones en la sociedad y también en los tribunales.

El caso de Aimee Stephens es uno de un conjunto de casos que se empezaron a escuchar ayer, 8 de octubre, y que podría determinar si millones de trabajadores LGTB están protegidos por la ley federal contra la discriminación en el lugar de trabajo más poderosa de los EE. UU.

El martes por la mañana, un centenar de personas se reunieron delante de la Corte Suprema en Washington en apoyo a los derechos de las minorías, grupo al que se sumó la actriz trans Laverne Cox.

El gobierno de Donald Trump ha mostrado abiertamente su apoyo a los empleadores. La administración republicana, que accedió al poder con el apoyo de la derecha evangélica, se ampara en una lectura estricta de una ley federal de 1964 que prohíbe, entre otras, la discriminación «en base al sexo».

Laverne Cox junto a Aimee Stephens charlando ante la Corte Suprema

“El ‘sexo’ se refiere aquí a si naciste mujer u hombre, no a tu orientación sexual o identidad de género“, argumentó el representante legal del gobierno ante la Corte Suprema, Noel Francisco, quien considera que es competencia del Congreso y no de la justicia actualizar la ley.

Sin embargo, los derechos de las minorías sexuales han tenido avances gracias a los tribunales, incluida la Corte Suprema, que en 2015 legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos.

Desde la histórica decisión sobre el matrimonio igualitario, la Corte se ha inclinado hacia el conservadurismo, con la llegada de los jueces nombrados por Donald Trump, por lo que una victoria para la comunidad LGTB no está garantizada

Solo 22 estados prohíben la discriminación de las minorías sexuales en el ámbito profesional. En los demás estados, es la Corte Suprema la que puede quitar a las personas LGTB su estatus de (ciudadanos) de segunda categoría», dijo Ria Tabacco Mar, de la asociación de defensa de los derechos civiles ACLU.

La Corte Suprema comenzará por escuchar los casos de Donald Zarda y Gerald Lynn Bostock. Donald Zarda, un instructor de paracaidismo de Nueva York, fue despedido tras bromear con una clienta sobre que era homosexual. Zarda murió en un accidente en 2014, pero su familia ha continuado la disputa legal. Bostock, un trabajador social del estado de Georgia, fue despedido después de unirse a un equipo deportivo gay. El despido de Zarda fue anulado por la justicia, pero el de Bostock se ratificó en un tribunal. Esa diferencia de interpretación de la ley justifica la intervención de la Corte Suprema.

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Por otro lado, los nueve magistrados examinarán públicamente, por primera vez, el caso de una persona trans.

Nacida como hombre, Aimee Stephens trabajó durante seis años en una funeraria de Detroit, estado de Michigan. Cuando anunció a su jefe su decisión de asumir completamente su identidad femenina, recibió dos semanas después por respuesta un «esto no va a funcionar». Y fue despedida.

El propietario de la funeraria, Thomas Rost, quien se describe como un «ferviente cristiano», alega que su decisión se basa en la defensa de sus valores y en la necesidad de «evitar todo lo que pueda molestar» al luto de sus clientes.

La decisión le afectó emocionalmente, pero Stephens se armó de valor y decidió luchar. «Es tiempo de que alguien se levante y diga que ya es suficiente», dijo Stephens. «No estamos pidiendo que nos traten diferente, sino igual».

Ahora solo queda esperar…

Fuente Oveja Rosa

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La ley de la ciudad de Nueva York que prohíbe las “terapias de conversión” gay está enfrentando un desafío legal por parte de un grupo anti-LGBT.

El Consejo de la Ciudad de Nueva York aprobó una ley en 2017 que prohíbe la terapia de conversión en menores de edad en la ciudad, antes de que se aprobara una prohibición a nivel estatal en enero de 2019.

El Dr. David Schwartz, un terapeuta judío ortodoxo, ha lanzado un desafío legal contra la ciudad, alegando que la ley viola su libertad de expresión y religión. En una presentación ante el tribunal federal el 23 de enero, el terapeuta de Brooklyn Schwartz alega que la prohibición de la terapia de conversión constituye una “violación directa de la libertad de expresión y del libre ejercicio de la religión”, porque le impide intentar curar a sus pacientes de la homosexualidad.

El desafío legal fue presentado por la Alianza para la Defensa de la Libertad (Alliance Defending Freedom), que está catalogada como un grupo de odio anti-LGBT por el organismo de control del extremismo Southern Poverty Law Center.

Los abogados del ADF argumentan: “El Dr. Schwartz tiene derecho a usar sus habilidades profesionales para ayudar a los pacientes a vivir de acuerdo con su fe religiosa compartida, incluyendo los mandatos religiosos de la Torá. Al pretender prohibir al Dr. Schwartz que brinde consejería a sus compañeros judíos que esté guiada por sus convicciones religiosas sobre la naturaleza humana y la posibilidad de cambio… la Ley de Censura de Consejería viola su derecho a ejercer libremente su religión, garantizado por la Primera Enmienda”.

Roger Brooks, abogado de Alliance Defending Freedom, dijo: “Es difícil imaginar una violación más directa de la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda que el intento de la ciudad de Nueva York de regular las sesiones privadas entre un adulto y su consejero. El reglamento del ayuntamiento no tiene precedentes y amenaza con interponerse entre los pacientes del Dr. Schwartz y las vidas que deciden seguir.”

Alliance Defending Freedom (ADF) ha presentado anteriormente varios casos que buscan socavar las protecciones antidiscriminatorias LGBT+ en todo Estados Unidos. El ADF presentó una serie de demandas contra las leyes antidiscriminatorias a nivel estatal que protegen a las personas LGBT+, en particular representando al panadero anti-LGBT Jack Phillips, para promover el argumento de que la libertad religiosa da a los dueños de empresas cristianas el derecho a discriminar a los clientes homosexuales. El grupo también ha apoyado activamente la criminalización de la homosexualidad en Belice, mientras que los líderes del ADF han vinculado previamente la homosexualidad y la pedofilia.

Sin embargo, a pesar de sus opiniones extremas, la administración Trump ha mantenido estrechos vínculos con el bufete de abogados. Bajo el ex Procurador General Jeff Sessions, el Departamento de Justicia con frecuencia sopesaba las batallas judiciales en el lado del ADF, presentando un escrito ante la Corte Suprema apoyando a Phillips. El Procurador General de los Estados Unidos, Noel Francisco, presentó sus argumentos orales como parte de la defensa del panadero en nombre de la administración Trump.

En Europa, Malta fue pionera

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, en discusión en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que en cualquier caso permanece encallado por el desacuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que en teoría lo apoyan y cuya aprobación a día de hoy no está asegurada.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras. “Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Cromosomax/Cristianos Gays

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La mayoría conservadora en el Supremo levanta la suspensión cautelar de la orden de Trump: las personas trans, de nuevo vetadas en el Ejército estadounidense.

Corren malos tiempos para las libertades. En el mundo en general, y en Estados Unidos en particular. Estados Unidos ha dado un nuevo paso atrás en materia de derechos LGBTI tras la alineación del Tribunal Supremo con las tesis tránsfobas de Donald Trump.

Victoria de la administración Trump en su cruzada contra la comunidad trans en Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha decidido levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre la orden para excluir a las personas trans del Ejército, con lo que a partir de ahora está prohibida su contratación, como ya ocurría antes de 2016. El fallo, que es provisional hasta que se resuelvan las demandas presentadas, refleja la nueva mayoría conservadora del alto tribunal. La entrada en vigor de la norma discriminatoria supondrá también la interrupción de la financiación de los tratamientos de reasignación, salvo los del personal que se encuentre en pleno proceso.

La agenda anti-LGTB de la administración de Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence ha puesto desde el primer momento a las personas trans en su punto de mira. En julio de 2017, el presidente anunciaba en la red social Twitter su decisión de excluirlas del Ejército. El mensaje se hacía efectivo pocas semanas después mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior. El documento, al que puedes acceder aquí, vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso. La administración Trump retomaba la situación previa a junio de 2016, cuando el expresidente Barack Obama abrió las fuerzas armadas a las personas trans, dando inicio a un proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria que debía culminar el mes de enero de 2018.

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales por parte de personas trans que sirven o quieren servir en el Ejército y de asociaciones de defensa de los derechos civiles. En respuesta a sendas demandas, tres jueces federales decretaron suspensiones cautelares de la orden presidencial, al considerar que la norma atenta contra el derecho a un trato igualitario y a la libertad de expresión. Mientras tanto, la presidencia emitía en marzo de este año un nuevo memorándum en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. El Pentágono aclaraba, eso sí, que por el momento los hombres y mujeres trans podían seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales.

Una situación temporal a la que la administración Trump quiso poner fin cuanto antes. Es por ello que el pasado noviembre, el procurador general Noel Francisco recurría al Tribunal Supremo para pedirle que decida sobre las suspensiones cautelares que están en vigor. La Casa Blanca puenteó a las Cortes de Apelaciones, las instancias que deberían resolver los procesos en marcha, y se dirigió directamente al máximo órgano judicial de Estados Unidos. Con este atajo, Trump pretendía evitar una posible sentencia contraria a la discriminación por parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, frecuente objetivo de las críticas del presidente por su presunta tendencia liberal y que debería decidir sobre dos de las demandas.

Un Supremo con una mayoría conservadora, después de la polémica designación de Brett Kavanaugh, decidía este martes por cinco votos a cuatro levantar la paralización de la norma. La petición de puentear a las Cortes de Apelaciones, sin embargo, no fue atendida, y la del Noveno Circuito se pronunciará antes de que el asunto regrese previsiblemente al Supremo para su resolución final. Los activistas se han felicitado por que el caso siga su curso por los tribunales intermedios, pero lamentan que con el fin de la suspensión de la norma tránsfoba, se les complica la vida a los militares trans que sirven en la actualidad. Se enfrentan al despido o a la imposibilidad de acceder a un tratamiento de reasignación, salvo que se encuentren ya en pleno proceso.

Está por ver qué ocurrirá a continuación. Si la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirma las suspensiones cautelares sobre las que tiene que pronunciarse aún, la norma tránsfoba podría volver a quedar paralizada. La sentencia final, en cualquier caso, la tomará con toda probabilidad de nuevo el Tribunal Supremo.

Con noticias como estas, todas las conquistas que hemos ido realizando en los últimos años están en serio peligro con la fuerza que los populismos de derecha y ultraderecha están adquiriendo en Estados Unidos, Brasil, o en varios países europeos.

Fuente AmbienteG/Dosmanzanas

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Cruzada sin descanso de la administración Trump contra los derechos de la comunidad trans en Estados Unidos. El procurador general ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo para que tome una decisión sobre su orden para excluir a las personas trans del Ejército. La norma está temporalmente paralizada después de que cuatro tribunales de distrito hayan admitido a trámite otras tantas demandas contra la misma. El Gobierno de Trump pretende acelerar su entrada en vigor, puenteando a los tribunales de apelaciones que debían decidir sobre estos procesos. Acude en su lugar directamente a la más alta instancia judicial, controlada desde octubre por el sector conservador.

La discriminación de las personas trans es, en este momento, el principal objetivo en la agenda anti-LGTB de la administración de Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence. En julio de 2017, el presidente anunciaba en la red social Twitter su decisión de excluirlas del Ejército. El mensaje se hacía efectivo pocas semanas después mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior. El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales por parte de personas trans que sirven o quieren servir en el Ejército y de asociaciones de defensa de los derechos civiles. La primera de ellas, Doe v. Trump, argumenta que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso». Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre del año pasado emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no se consideró competente para paralizar la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación a la vista de los argumentos de la demanda.

Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump). El juez Garbis ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. En diciembre de 2017, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump. En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por obligarlas a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo. Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.

Casi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo. Mientras tanto, la presidencia emitía en marzo de este año un nuevo memorándum en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. El Pentágono aclaró, eso sí, que por el momento los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales.

Una situación temporal a la que la administración Trump quiere poner fin cuanto antes. Es por ello que el viernes pasado, el procurador general Noel Francisco recurrió al Tribunal Supremo para pedirle que decida sobre las suspensiones cautelares que están en vigor. La Casa Blanca puentea a las Cortes de Apelaciones, las instancias que deberían resolver los procesos en marcha, y se dirige directamente al máximo órgano judicial de Estados Unidos. Se trata de la cuarta vez que Trump utiliza este atajo, con el que pretende evitar una posible sentencia contraria a la discriminación por parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, frecuente objetivo de las críticas del presidente por su presunta tendencia liberal y que debería decidir sobre tres de las demandas.

Los ataques de Trump al Noveno Circuito han motivado incluso una inusual respuesta del presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, reivindicando la independencia del poder judicial. Un Supremo con una mayoría conservadora. después de la designación de Brett Kavanaugh para cubrir la vacante generada por la jubilación de Anthony Kennedy. La nueva mayoría puede extenderse por lustros y podrá modelar a su antojo la jurisprudencia en sentido restrictivo en materias como el acceso al aborto o el fin de la discriminación legal de la comunidad LGTB. En definitiva, un panorama nada halagüeño para la inclusión de las personas trans en el Ejército en el futuro.

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