El Tribunal Constitucional de Uganda, ha confirmado el draconiano proyecto de ley contra la homosexualidad del país.

Cómo la ultraderecha cristiana occidental ejerce influencia en la cruzada anti-LGTBI en Ghana

Grupos como el Congreso Mundial de las Familias o CitizenGO azuzan desde hace años la homofobia en el país africano, cuyo Parlamento aprobó en febrero una ley que criminaliza la homosexualidad. La estrategia pasa por persuadir a la población local de que son los guardianes de la ortodoxia religiosa

El proyecto de ley aprobacdo por el parlamento de Uganda en marzo, que conlleva la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, estaba siendo impugnado ante los tribunales por activistas que argumentaban que viola los derechos constitucionales de los ciudadanos a la igualdad y la dignidad.

“Nos negamos a anular la ley contra la homosexualidad de 2023 en su totalidad, ni otorgaremos una orden judicial permanente contra su aplicación”, dijo sobre la decisión el vicepresidente del Tribunal Supremo y presidente del tribunal de Uganda, Richard Buteera.

Sin embargo, el tribunal sí encontró que ciertas partes de la ley violan el derecho de los ciudadanos a la salud y que es “incompatible con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

En reacción a la noticia, el abogado de derechos humanos Nicholas Opiyo dijo que el tribunal base “la decisión en sentimientos públicos, supuestos valores culturales y acusaciones infundadas/sin fundamento de reclutamiento en la homosexualidad es, por decir lo menos, extraño”.

El tribunal dictó sentencia sumaria y se negó a anular la ley contra la homosexualidad de Uganda.

 “No estamos de acuerdo con los hallazgos, pero esperamos recibir su razonamiento detallado y consultarnos sobre nuestros próximos pasos”, dijo. Añadiendo: “Uno viene a la corte esperando que supere la intolerancia y los sentimientos públicos. En ese sentido, es una decepción, pero veremos qué próximos pasos se pueden tomar”.

El activista Steven Kabuye,  que recientemente fue apuñalado y abandonado frente a su casa al tomarlo por muerto, dijo que la decisión significa que la comunidad LGBTQ+ en el país ha sido “empujada aún más en la oscuridad” y que el precio de la libertad para un ugandés LGBTQI+ común y corriente es la muerte”.

¿Cuál es la factura?

El proyecto de ley contra la homosexualidad recibió la aprobación del presidente del país,  Yoweri Museveni, en mayo de 2023 y se basó en leyes ya duras que criminalizan el sexo gay, convirtiéndose en una de las leyes anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo.

El Parlamento aprobó una versión anterior del proyecto de ley en marzo que tenía disposiciones que buscaban castigar a las personas simplemente por identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+, pero esta cláusula fue eliminada posteriormente por los legisladores en mayo, después de que Museveni devolviera el proyecto de ley al parlamento para su reconsideración.

La Ley Antihomosexualidad de 2023: Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte. También ha intensificado el sentimiento homofóbico en todo el país con un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.  Activistas de derechos LGBTQ+ dijeron que el proyecto de ley ha provocado un aumento de los abusos, incluidas torturas, violaciones y desalojos, contra ugandeses LGBTQ+ por parte de ciudadanos privados.

En respuesta, grupos de derechos humanos y activistas LGBTQ+ criticaron el proyecto de ley como “una legislación vil y mortal” que no hará “nada para mejorar Uganda o las vidas de los ugandeses”.

Estados Unidos también dijo que el país tiene la intención de cortar los lazos económicos con Uganda tras la implementación del proyecto de ley contra la homosexualidad, y el presidente Joe Biden escribió que planeaba poner fin a las relaciones económicas por las “graves violaciones” de los derechos humanos. Después de que Uganda aprobara su ley, el presidente Joe Biden pidió su derogación inmediata y amenazó con recortar la ayuda estadounidense a Uganda en respuesta. El Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje a los ciudadanos estadounidenses, instándolos a reconsiderar sus viajes al país debido a la legislación y otros delitos locales y actos terroristas. En junio, Estados Unidos emitió una primera ronda de restricciones de visas para funcionarios ugandeses. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”.

Uganda presentó su primer procesamiento importante en virtud de la ley en septiembre, acusando a un activista “ex-gay” que promovió la ley de mantener relaciones sexuales homosexuales consensuadas. Si es declarado culpable, el activista podría enfrentarse a cadena perpetua.

Desde que se aprobó la legislación, ha habido  aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos. en Uganda, según un informe de un comité de la coalición Convención por la Igualdad (CFE).

El informe, visto por Reuters, denuncia 306 violaciones de derechos en Uganda basadas en la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023.

En particular, el informe afirma que la lista no puede considerarse exhaustiva debido a las dificultades que enfrentan las personas LGBTQ+ para denunciar abusos anti-LGBTQ+.

La Casa Blanca condena al Tribunal Constitucional de Uganda por defender la ley de “matar a los gays”

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, denunció la decisión del Tribunal Constitucional de Uganda de ratificar la Ley Antihomosexualidad de la nación de África Oriental.

La ley, que se aprobó en 2023, enfrentó un desafío constitucional a fines del año pasado por parte de dos profesores de derecho de la Universidad Makerere en Kampala, quienes argumentaron que viola los derechos fundamentales garantizados en la constitución de Uganda, incluida la libertad de discriminación y el derecho a la privacidad.

El tribunal superior del país confirmó la ley, que castiga las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo con cadena perpetua y la “homosexualidad agravada” con la muerte. Partes de la ley –incluida una disposición que tipifica como delito no denunciar actos homosexuales a las autoridades– fueron anuladas por el tribunal por ser “incompatibles con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

“El anuncio de que el Tribunal Constitucional ha eliminado algunas disposiciones de la Ley contra la Homosexualidad de Uganda es un paso pequeño e insuficiente para salvaguardar los derechos humanos”, dijo Jean-Pierre en la rueda de prensa de ayer en la Casa Blanca. “Como ha dicho el presidente una y otra vez, nadie debería vivir con miedo constante ni ser sometido a violencia o discriminación. Está mal. Seguiremos trabajando para promover el respeto de los derechos humanos para todos en Uganda y también en todo el mundo”.

El presidente Joe Biden pidió que la ley fuera inmediatamente derogada cuando fue aprobada en mayo pasado y también eliminó a Uganda de un pacto comercial de 2000 conocido como Ley de Oportunidades y Crecimiento Africano (AGOA). La administración de Biden dice que contribuye a la persecución anti-LGBTQ+, pero el Ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, Henry Okello Oryem, acusó a las naciones occidentales de intentar “coaccionarnos para que aceptemos relaciones entre personas del mismo sexo utilizando ayuda y préstamos”.

Las Naciones Unidas y los grupos de ayuda internacionales también condenaron la ley, preocupados de que pudiera revertir décadas de progreso contra el SIDA en África. Después de que Uganda aprobara la ley, el Banco Mundial comenzó a suspender todos los préstamos a Uganda.

El secretario de Estado, Anthony Blinken, también denunció la decisión del tribunal.  “Estados Unidos sigue estando profundamente preocupado por los informes de abusos a los derechos humanos en Uganda, incluso contra la comunidad LGBTQI+”, dijo Blinken en un comunicado. “Las disposiciones restantes de la AHA plantean graves amenazas al pueblo ugandés, especialmente a los ugandeses LGBTQI+ y sus aliados, socavan la salud pública, reprimen el espacio cívico, dañan la reputación internacional de Uganda y perjudican los esfuerzos para aumentar la inversión extranjera”.

El representante Mark Takano (D-CA) dijo en un comunicado que estaba “indignado” por la decisión del tribunal y elogió a la administración Biden por “enviar un mensaje claro, tanto a través de la retórica como de la política, de que esta ley es fundamentalmente inhumana. Estoy indignado por el fallo del Tribunal Constitucional de Uganda que confirma una ley que despoja a los ugandeses LGBTQ de su dignidad, libertad y, en algunos casos, de sus vidas”, dice el comunicado. “Es una vergüenza y un retroceso profundamente inquietante para los derechos humanos en la región. Esta ley draconiana añade una capa completamente nueva de discriminación sistemática patrocinada por el Estado además de lo que los ugandeses LGBTQ ya enfrentan: marginación social, violencia policial, desalojos, pérdida de empleo, acoso, agresión e incluso asesinato”.

 La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente PinkNews/LGBTQNation/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. África, Afrobarómetro, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Casa Blanca, Colored Voice Truth to LGBTQ, Discriminación, Fundación Foaster para la Salud de Uganda, Homofobia, Karine Jean-Pierre, Lesbofobia, Ley contra la homosexualidad de 2023 (Uganda), LGTBIfobia, Nicholas Opiyo, ONUSIDA, Steven Kabuye, Transfobia, Tribunal Constitucional, Uganda, VIH, Violencia LGTBIfoba, Volker Türk, Yoweri Museveni

Elisha Mukisa

Un activista ugandés anti-gay ha sido encarcelado acusado de homosexualidad en lo que un periódico local ha considerado el primer caso importante desde que la nación promulgó su brutal ley contra la homosexualidad en Uganda.

Elisha Mukisa se ha hecho un nombre como activista “ex-gay”. Abogó fervientemente por la aprobación de la ley contra la homosexualidad, presentándose a sí mismo como una ex “víctima” de la homosexualidad. En marzo habló ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios a favor del proyecto de ley.

Uganda podría matar al primer hombre acusado en virtud de su ley de “homosexualidad agravada”. Según la ley Kill the Gays, se le acusa de tener “relaciones sexuales ilegales” con otro hombre.

Según la nueva ley, la pena de muerte se aplica en casos considerados “agravados”, que incluyen reincidencia de homosexualidad, sexo que transmite una enfermedad terminal o relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con un menor, un anciano o una persona con discapacidad. Los críticos dicen que la ley demoniza a los homosexuales como depredadores sexuales inmorales y que propagan enfermedades, al tiempo que aísla aún más a la ya marginada comunidad LGBTQ+ del país.

El The Daily Monitor informa que Mukisa fue procesado esta semana junto con el hombre con quien ha sido acusado de practicar la homosexualidad, Kitimbo Ramon Mwesigwa. Ambos han negado las acusaciones.

El activista Frank Mugisha calificó la situación de “cargada de ironía. Esto no es de ninguna manera una sensación de schadenfreude”, dijo, “sino más bien una sensación de desilusión en nuestra clase política”.

Otro activista, el abogado Nicholas Opiyo, también comentó la ironía del hecho de que “será juzgado bajo una ley que promovió tan fervientemente con desinformación y mentiras”.

Pero tanto Mugisha como Opiyo enfatizaron que Mukisa todavía tiene derechos y merece un juicio justo. “Chantajeó a ONG que se han comprometido a trabajar por los derechos de los homosexuales. Pero como la noche sigue al día, sabía que la verdad no podía ocultarse para siempre”, dijo Mugisha. “También declaro inequívocamente que él más que nadie merece ser juzgado con el debido proceso a diferencia de lo que deseaba para otros”.

La Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

A principios de este mes, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda en respuesta a la aprobación de la ley.

La administración Biden ordenó una revisión de toda la ayuda estadounidense a la nación de África Oriental, además de emitir una advertencia de viaje a Uganda citando problemas de “chantaje” y “violencia” generalizados en el país.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente LGBTQ Nation/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Elisha Mukisa, Ex-gay, Frank Mugisha, Homofobia/Transfobia, Kitimbo Ramon Mwesigwa, Nicholas Opiyo, Uganda

Simon Lokodo

Días después de una violenta redada a un evento del Orgullo de Uganda, que llevaría a la cancelación de las demás actividades previstas, incluido el desfile, el gobierno de Uganda estaría iniciando un programa de terapias de conversión que sería obligatorio para todos los homosexuales.

Un exsacerdote católico, Simon Lokodo, actual ministro de ética e integridad del gobierno de Uganda, confirma a los medios de comunicación que estarían preparando una terapia de conversión para homosexuales, «un programa para rehabilitar a los miembros de la comunidad LGTB con el propósito definitivo de proporcionarles la oportunidad de llevar una vida normal de nuevo».

Uganda es uno de los 36 países africanos en los que el sexo entre personas del mismo sexo es ilegal. El jueves pasado, 4 de agosto, la policía irrumpe con violencia en un evento en el que se celebra la elección de Mr. y Miss Orgullo de Uganda 2016, en el Venom Club de Kampala, arrestando entre 15 y 20 personas. Otras actividades se habían celebrado con anterioridad esa misma semana sin que hubiera ningún tipo de incidente o altercado, el celo de la policía se debió a que les habían informado erróneamente de que en el interior del recinto se estaba llevando a cabo una peligrosa «boda gay».

Ante la amenaza del gobierno de arrestar a cualquier persona que participara en los eventos previstos para el fin de semana con motivo del orgullo LGTB, la organización optaba por su cancelación. Según Lokodo, el gobierno va a continuar actuando contra las actividades públicas relacionadas con el colectivo LGTB, señalando que se trata de actividades organizadas «con la influencia de algunas fuerzas extranjeras». En 2009, un político ugandés presentó un proyecto de ley que recomienda la pena de muerte para algunos actos homosexuales, alegando que quiere proteger a los niños. La condena internacional no se hizo esperar, lo que no impidió que se aprobara una ley menos severa, aunque fue rechazada por un tribunal por ser anticonstitucional.

El propio Lokodo tiene un largo historial de incidentes por utilizar su posición para llevar a cabo redadas extrajudiciales con el pretexto de eliminar las ONGs extrajeras y otras fuerzas que actúan supuestamente contra Uganda. En realidad, la amenaza de las libertades civiles del país africano no sólo afecta a la comunidad LGTB, sino a cualquiera que se muestre crítico con las políticas del gobierno, pero las minorías desfavorecidas, como los homosexuales, los bisexuales y los transexuales, siguen siendo uno de los grupos más vulnerables. A pesar de las declaraciones de Lokodo, el activista gay Frank Mugisha, que estuvo entre los detenidos de la redada del jueves, anima a la comunidad LGTB a continuar organizando reuniones y «eventos públicos o privados como cualquier otro ugandés».

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insiste en reintroducir la ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014.La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario.

Por otra parte, se suceden los ataques a la libertad de reunión y asociación que citábamos antes. En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Queda la esperanza de que la presión exterior, como ha sucedido en ocasiones anteriores, rebaje la intensidad de los ataques que desde el Estado ugandés está recibiendo el colectivo LGTB. La administración Obama, por ejemplo, ha jugado un papel importante en este sentido (papel que corre peligro cierto si los republicanos recuperan en noviembre la Casa Blanca). Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico. La sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es continuo.

Fuente Universogay/Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Activismo, Club Venom, Discriminación, Frank Mugisha, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Human Rigths Watch, Kampala, Nicholas Opiyo, Orgullo Gay, Orgullo LGTB, Simon Lokodo, Uganda

Los organizadores de la Gay Pride de Kampala anunciaron el viernes el “aplazamiento” del evento y afirmaron que el ministro de la Ética de Uganda, país notoriamente homófobo, había amenazado con detener a todos los participantes.

Estamos habituados a relacionar el Orgullo LGTB con lo lúdico. Como un evento activista y concienciado que está envuelto en festividad y alegría. Una concepción que compartimos con otros países occidentales pero que está a años luz de como se vive en otras regiones donde el Orgullo LGTB se relaciona con agresiones, prohibición y silencio. Este es el caso de países como Rusia, Turquía, Serbia… y Uganda donde este pasado fin de semana la celebración del Orgullo LGTB ha terminado con quince detenidos.

Como ya publicamos el pasado sábado, el intento de celebración el Gay Pride en la capital ugandesa ha vuelto a sufrir un nuevo revés. Después de que el pasado viernes una veintena de personas que asistían a un desfile de moda fueran detenidas, la organización de este acto reivindicativo han tenido que aplazar, sin apuntar a ninguna otra fecha futura . La celebración del Orgullo LGTB de Uganda ha terminado con fuertes medidas policiales. Los cuerpos de seguridad ugandeses han arruinado el evento al detener durante una redada en un club nocturno a quince personas a las que han acusado de reunirse de forma clandestina para promover la homosexualidad. En Uganda, donde la homosexualidad todavía es ilegal, la celebración del Orgullo ha terminado una vez más con varios activistas entre rejas. Así lo ha declarado Clare Byaruhanga, activista LGTB, que ha declarado a la agencia Reuters que la policía del país entró por la fuerza en una fiesta que se estaba celebrando en un club de Kampala y ha acusado a los organizadores del evento de promover la homosexualidad. Las fuerzas de seguridad trasladaron a los detenidos a una Comisaría cercana al club, donde pasaron unas dos horas retenidos hasta que fueron puestos en libertad sin cargos. Sin embargo, Byaruhanga ha denunciado que los quince arrestados sufrieron insultos y burlas durante la detención, y que el personal de seguridad intentó “averiguar si los individuos transgénero eran realmente mujeres u hombres en un proceso que fue muy degradante”.

El pasado jueves, 4 de agosto por la noche durante el tercer día de celebración del Orgullo LGTB ugandés, la policía interrumpió la celebración del Orgullo LGTB en Kampala, la capital ugandesa, llevando a cabo una redada en el Club Venom. El evento que tenía lugar en ese momento era la coronación de Mr./Ms./Mx. Uganda Pride, el cual fue interrumpido por la redada de la policía. Los asistentes permanecieron retenidos en el local durante aproximadamente hora y media, tiempo durante el cual fueron golpeados y sometidos a humillaciones. Además, se les hicieron fotografías y se les amenazó con difundirlas públicamente (algo que ya ha sucedido en ocasiones anteriores en ese país, como cuando acción el tabloide Red Pepper dio a conocer 200 nombres de personas LGTB o que apoyaban sus derechos). Algunos testigos aseguran que el trato fue mucho más cruel hacia las personas transexuales. La tensión del momento fue tal que un joven saltó desde un sexto piso con la intención de escapar de la policía. Se encuentra hospitalizado en estado grave.

Al menos 16 personas fueron finalmente detenidas y llevadas a comisaría. Entre los detenidos se encuentran activistas del país como Frank Mugisha y Pepe Julian Onziema, dirigentes de la organización Sexual Minorities Uganda (SMUG) y Clare Byarugaba de Chapter Four Uganda, organización ugandesa a favor de los derechos humanos que lucha contra de la legislación homófoba del país.  Entrada la noche, alrededor de la 1:20 de la madrugada, los detenidos fueron puestos en libertad sin cargos.

Varias organizaciones de derechos humanos, como Human Rigths Watch, han denunciado estas actuaciones policiales, mostrando que los cuerpos de seguridad están para proteger el derecho a la asociación pacífica y asamblea de cualquier ciudadano, y no para violar estos derechos. Por su parte, la policía se defiende alegando que no se les había informado de la celebración de este acto y que creían que se estaba celebrando una boda homosexual, lo cual violaría las leyes homófobas del país. Los organizadores del evento aseguran que sí se les había informado debidamente, al igual que de los actos celebrados en días anteriores, en los que no tuvo lugar ningún tipo de incidente.

“En tanto que comité, decidimos postergar los eventos restantes”, previstos el sábado y domingo, indicaron los organizadores, que se mostraron optimistas acerca de las actuales negociaciones con “altos responsables del gobierno”. “Comunicaremos las nuevas fechas en cuanto hayan concluido las negociaciones”, precisaron.

La decisión fue adoptada después de una reunión del abogado de los organizadores, Nicholas Opiyo, con el ministro de la Ética, Simon Lokodo, y un representante de la policía.

El letrado aseguró que el ministro ordenó la anulación de las actividades y les advirtió de que si se celebraban la policía detendría a todos los participantes y serían movilizados ciudadanos para “defender los valores morales de Uganda”.

El ministro, que no reaccionó por el momento a estas afirmaciones, habría declarado que “si los participantes fueran golpeados, ellos tendrían toda la culpa”, según Opiyo.

La homofobia está muy extendida en Uganda. Acosos e intimidaciones a los homosexuales son corrientes en este país donde se desarrolla un cristianismo evangelista muy beligerante contra el movimiento LGBT.

La comunidad internacional ha vertido duras críticas al endurecimiento de las políticas en el país. Y es que Uganda ha aprobado una ley antigay que incluye la cadena perpetua como una de las penas establecidas para impedir la homosexualidad. Sin embargo, el Tribunal Constitución derogó la legislación alegando dificultades legales.

A pesar de las amenazas de los parlamentarios, que han advertido de que la ley podría volver a ser aprobada, los analistas han indicado a Reuters que la presión ejercida por la comunidad internacional frenará cualquier propuesta similar. 

Una comunidad que no se puede esconder entre excusas y subterfugios. Es el momento de estar a la altura de las circunstancias.

Uganda, donde las relaciones llamadas “contra natura” son castigadas con cadena perpetua por una ley de la época de la colonización británica, adoptó en diciembre de 2013 una nueva legislación que reprime sobre todo la “promoción de la homosexualidad” y vuelve obligatoria la denuncia de homosexuales.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insiste en reintroducir la ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014.La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario.

Por otra parte, se suceden los ataques a la libertad de reunión y asociación que citábamos antes. En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Queda la esperanza de que la presión exterior, como ha sucedido en ocasiones anteriores, rebaje la intensidad de los ataques que desde el Estado ugandés está recibiendo el colectivo LGTB. La administración Obama, por ejemplo, ha jugado un papel importante en este sentido (papel que corre peligro cierto si los republicanos recuperan en noviembre la Casa Blanca). Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico. La sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es continuo.

Fuente Agencias/Cáscara amarga/Dosmanzanas/Redacción Chueca

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El Parlamento ugandés ha aprobado por unanimidad una ley que permitirá al Gobierno prohibir o disolver cualquier ONG, entre ellas las que defienden los derechos LGTB o que luchan contra la propagación del VIH. La ley también establece penas de prisión para quienes prosigan con la labor de las organizaciones que no hayan obtenido la autorización gubernamental. Las asociaciones LGTB temen convertirse en el principal objetivo de la nueva normativa, mientras pende sobre el colectivo la amenaza de una nueva ley que endurecerá el trato penal de la homosexualidad, tras la finalmente infructuosa aprobación de la anterior, anulada por defecto de forma por el Tribunal Constitucional.

El proyecto de ley había sido presentado a principios de año, y finalmente ha sido aprobado el pasado 26 de noviembre con el voto unánime del Parlamento. Todas las ONG o asociaciones comunitarias deberán obtener permiso para constituirse, que podrá ser denegado por el Gobierno si decide que el grupo en cuestión no responde a un “interés público” sin queda sin definir.

La ley también otorga poder a la administración para disolver ONG existentes, si se estima que son contrarias a ese “interés público” indefinido o son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Los dirigentes o miembros de las ONG que no hayan obtenido autorización o hayan sido disueltas podrán ser castigados con penas de prisión si continúan con su labor.

Según Ruth Nankabirwa, jefa del grupo parlamentario del partido gubernamental, el objetivo de la nueva ley es “ayudar a que las ONG trabajen en un entorno mejor, ya que, como gobierno, apreciamos el trabajo que hacen estas organizaciones. El proyecto de ley capacita a las ONG en lugar de restringir sus actividades“.

Los miembros de las ONG y asociaciones comunitarias, sin embargo, expresan su más honda preocupación, temiendo que la ley se utilice para censurar a organizaciones que denuncien problemas como la corrupción o la pobreza. Para Human Rights Watch, “la vaguedad e imprecisión del texto hace vulnerables a las ONG y las incitará a la autocensura por temor a no cumplir con los requisitos”. Nicholas Opiyo, director de la organización de defensa de las libertades civiles Chapter Four, estima que la aprobación de la ley “ataca el corazón mismo de la formación de organizaciones cívicas, restringe el espacio cívico y el derecho de asociación”. Para Peter Kamalingin, director de la ONG Oxfam Uganda, la nueva ley “socava la causa misma por la que existimos y la causa misma por la que seguimos comprometidos, en cuanto a la superación de la injusticia y la pobreza”.

Quienes están particularmente preocupados con su aplicación son los miembros de ONG y asociaciones de defensa de los derechos LGTB o de lucha contra la propagación del VIH, que temen ser su principal objetivo. Kikonyogo Kivumbi, representante de las minorías sexuales de Uganda que están en alto riesgo de contraer VIH, advertía durante el proceso de aprobación que “el proyecto de ley hará que las organizaciones LGBTI y de trabajadores del sexo vean cerrados sus centros y que sus dirigentes sean encarcelados. Esto pone en peligro no solo a ellos y a sus comunidades, sino a la población de Uganda en general”.

Uganda, en proceso de aprobar una nueva ley homófoba

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Parecía que la cosa no podía ir a peor en Uganda, pero se ve que sí. Si el parlamento del país aprobó el 24 de febrero (gracias a un informe tergiversado) una ley que permite la cadena perpetua para la población LGBT, ahora podría aprobar una nueva ley anti gay, que prohibiría las ayudas que las ONG les prestan.

El proyecto, que es estudiado por el gabinete antes de ser introducido en el parlamento, también prohibiría la “promoción de la homosexualidad”, según James Baba, Ministro de Interior, en unas declaraciones recogidas por la agencia Reuters.  “Hay algunas ONG que han venido aquí para hundirnos, para promover la mala conducta como la homosexualidad”, mantiene Baba. “Como gobierno responsable tenemos que comprobar eso. Las ONG no podrán hacerlo cuando aprobemos esta ley”.

La nueva ley obligaría a todas las organizaciones benéficas a informar al gobierno sobre sus presupuestos anuales, sus fuentes de ingresos y a presentar la contabilidad anual.

Las ONG extranjeras tendrían prohibido comentar o involucrarse política ugandesa. “Son los ugandeses quienes pueden decir si debmos descartar o no un proyecto de ley”, afirma Baba. “Como una ONG extranjera, ¿qué participación tiene usted en nuestra política?”, se pregunta. “Nuestros ciudadanos tienen todo el derecho de poner a su gobierno a trabajar y a cuestionar la tarea del gobierno, pero los extranjeros no deberían tener este privilegio”, añade.

Los opositores a este nuevo proyecto aseguran que con la legislación se erosionarán aún más las libertades civiles y consolidará un clima de opresión de cara a las próximas elecciones de 2016, en las que el presidente Yoweri Museveni cumple 30 años en el poder y que se espera que sea reelegido.  En el poder desde 1986, Museveni ha sido objeto de creciente censura por su creciente represión de la oposición y por el fracaso en cuestiones como el control de la corrupción que ha afectado a los servicios públicos esenciales.

Los grupos locales e internacionales de derechos humanos han sido especialmente críticos, y han puesto en relieve la creciente violencia contra los miembros de la oposición, y la impunidad de los funcionarios corruptos leales a Museveni, que dicen que está dispuesto a cerrar todas las plataformas clave que dan una voz a la sociedad civil. El año pasado el Parlamento aprobó una ley de gestión de orden público que obliga a disponer de autorización policial para las reuniones de tres o más personas para hablar sobre asuntos políticos.

Un abogado de derechos humanos en Kampala, Nicholas Opiyo, asegura que la ley está dirigida a evitar las críticas de la ONG sobre la corrupción del gobierno. “Lo que ocurre es que en vez de usar la fuerza bruta, la política de Museveni es cada vez más dependiente en el uso del dinero para ganar las elecciones. Así que con el fin de tener vía libre en el gasto de recursos públicos para comprar votos en las próximas elecciones, comienza a restringir las ONG”, explica.

Fuente Ragap

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También han comenzado a publicarse listas de “sospechosos” de ser homosexuales

Uganda prepara la marcha del orgullo anti gay

Tras la promulgación por el presidente Yoweri Museveni de la ley que endurece los delitos relacionados con la homosexualidad, en Uganda no solo se ha desatado la violencia homófoba, también se ha instalado uno de sus frutos: la delación. Dos hombres homosexuales han sido detenidos al ser delatados por un trabajador del hotel donde se hospedaban, mientras se dan a conocer casos de homosexuales que son expulsados de sus domicilios por sus caseros. Por su parte, los activistas LGTB, en una acción no exenta de riesgo, han planteado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley.

Se ha dado a conocer la que se supone que ha sido la primera detención en aplicación de la ley homófoba en Uganda, apenas dos semanas después de su entrada en vigor. Dos hombres fueron arrestados en Kampala tras ser delatados por uno de los trabajadores del hotel donde se alojaban. Según el informe, los gemidos que salían de la habitación de la pareja fueron escuchados por el empleado, que procedió a llamar a la Policía. Los agentes irrumpieron en la habitación, procediendo a la detención de los dos hombres, mientras procedían a fotografiar el arresto cuando aún estaba medio desnudos, en una escena que no cabe calificar más que de humillante. Si se confirman los hechos, los detenidos podrían enfrentarse a una pena de 14 años de prisión. Cabe recordar también que la nueva ley castiga a aquellos que conociendo la existencia de una relación homosexual no la denuncien a las autoridades.

Desde Sebaspace, un blog activista, se han dado a conocer dos casos de expulsión de su residencia de dos personas por ser homosexuales. El primero se refiere a una lesbiana a quien su casero le ha remitido una carta, fechada el pasado 5 de marzo, en los siguientes términos: “Usted ha sido una mujer maravillosa, así como una inquilina que no ocasionado ningún problema ni con la renta ni con ningún otro asunto. Pero debido a lo que está pasando en el país [refiriéndose a la ley homófoba] y a la manera en que usted y sus amigos se comportan, lo siento, pero creo que es usted una persona depravada a la que ya no puedo tolerar en mi casa. Además, no se puede luchar contra el gobierno. Por lo tanto, la quiero fuera de mi casa el 30 de marzo de 2014, de manera pacífica”.

En el segundo caso se trata de un hombre gay residente en Kampala, al que a su vez han dirigido el siguiente escrito: “Le escribo para informarle de que usted será desalojado de la casa donde vive por las historias [sobre su estilo de vida homosexual] que aparecieron en Bukedde televisión y en la prensa escrita. Ya no podemos vivir con alguien como usted. Por lo tanto, debe desalojar la propiedad antes del 5 de mayo 2014”.

Recurso de inconstitucionalidad contra la ley homófoba

En este ambiente de terror y delación, los activistas que luchan por el respeto a los derechos civiles han decidido que se oiga su voz. Un grupo denominado Civil Society Coalition on Human Rights and Constitutional Law ha presentado ante la Corte de Constitucional de Uganda un recurso de inconstitucionalidad contra la ley homófoba porque fomenta la discriminación basada en la orientación sexual.

Nicholas Opiyo, uno de los abogados que ha redactado el recurso, informa de que se ha solicitado que se suspenda cautelarmente la aplicación de la ley. Opiyo cree que la decisión de la Corte Constitucional puede demorar meses, o incluso años, debido al volumen de asuntos sobre los que debe decidir.

El abogado también espera que los jueces prohíban la publicación o emisión de listas de sospechosos de ser homosexuales. Recordemos que el tabloide Red Pepper publicó lo que dio en llamar “el top 200″ de los homosexuales de Uganda, dando a conocer 200 nombres entre los cuales hay conocidos activistas LGTB (como Pepe Julian Onziema) pero también personas que nunca han expresado públicamente su orientación sexual y otras que sin ser LGTB han apoyado la igualdad de derechos, con el consiguiente riesgo para su seguridad.

La actuación de estos activistas no está exenta de riesgo, puesto que la nueva ley castiga lo que denomina “promoción de la homosexualidad”, que incluye a las organizaciones que defiendan los derechos de las personas homosexuales.

Desde estas organizaciones, aunque se reconoce la popularidad de la nueva legislación entre el pueblo de Uganda, no se deja de insistir en que tanto la redacción de la ley como el odio hacia los homosexuales han sido fomentados por grupos evangélicos estadounidenses como parte de su campaña homófoba en África.

Los activistas también corroboran las informaciones acerca de detenciones y desalojos. Según sus datos, hasta diez homosexuales habrían sido detenidos desde la entrada en vigor de la ley y al menos cinco personas habrían sido desalojadas de sus domicilios.

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Kasha Jacqueline Nabagesera, activista lesbiana de Uganda. / tadej znidarcic (redux / cordon press)

Un artículo de El País que relata la terrible realidad de los homosexuales ugandeses…

Se han registrado 49 ataques alentados por la ley que condena a los homosexuales a cadena perpetua

Evangelistas de EE UU están detrás de la oleada de homofobia

La ley antigais ugandesa convierte en criminales a miles de personas

“Mamá, soy gay”

Obama advierte a Uganda de que la ley antigay puede complicar su relación

Condena de por vida para los homosexuales de África

La redacción de la norma, conocida también como la ley mata al gay, se ha retocado, no obstante, en los últimos tiempos. De la pena capital que incluía el primer texto del parlamentario David Bahati, conocido por su fervor religioso evangelista, se ha pasado a la cadena perpetua por uniones del mismo sexo y a penas de entre cinco y siete años para la práctica del sexo entre gais, su promoción (incluso a través de los medios), la coacción a terceras personas, la incitación a la prostitución de menores, la gerencia de burdeles para homosexuales… La ley, en cualquier caso, no ha entrado en vigor a falta todavía de una orden ministerial. Pocos en la calle conocen este detalle.

A la carrera y esquivando el atasco de Kampala para atender a un cliente detenido, Nicholas Opiyo, abogado experto en derechos humanos, así lo explica: “Da igual que no esté en vigor, las agresiones y la homofobia ya existían, lo que ha hecho la ley es codificar algo que ya se practicaba, les ha dado más poder”. Muchos de los que aparecieron en la lista de Red Pepper han tenido que dejar sus trabajos o domicilios ante la condena pública y el rechazo de su entorno.

¿Siempre fue así? “No; antes, la homosexualidad no era un tema de debate, era privado, pero desde hace 15 años ha habido un gran cambio, llegó el pentecostalismo e inició una campaña contra los homosexuales”, apunta el abogado.

La religión, las nuevas iglesias en alza, las ramificaciones del evangelismo… Por ahí van unos y otros cuando tratan de dar forma a la vía de penetración del odio visceral al homosexual. “El Gobierno necesita del pentecostalismo para llegar a la gente que va todos los días a la iglesia”, continúa entre semáforos Opiyo, “y el pentecostalismo necesita a los políticos para llegar al poder”. Un detalle para marcar esta diferencia: “Antes, Uganda era un país en el que la política contra el VIH predicaba el uso del condón”, dice el letrado, “ahora eso ha desaparecido”. Algún cartel queda, dicho sea de paso. Y en este cambio muchos ven la mano de Janet Museveni, fiel devota también del evangelismo.

Aparca en el juzgado y aparca la charla. “Mira”, aclara Opiyo, “aquí no hay muchos que sepan siquiera de qué se habla, pero todos rechazan el sexo entre hombres, sobre todo el anal, cuando la mayoría de los heterosexuales lo practican”. Y marcha relatando la historia de un conocido transexual que fue detenido en el aeropuerto tras enseñar la foto de su pasaporte. No casaba con su aspecto y se lo llevaron.

Hablando de religiones, en el distrito de Nzambya, en el centro de la capital, en terreno polvoriento plagado de iglesias de toda creencia, se encuentra la sede de la Conferencia Episcopal Ugandesa. No hay quien no se pregunte qué opina de todo esto el catolicismo. Recibe el padre Philip Odii, quien pronto enseña, vaya por delante, un borrador que tiene sobre la mesa para que los obispos valoren y cierren una opinión única sobre la Ley de Antihomosexualidad. Están en ello, pero no parece fácil, porque acaban de leerse la norma. “Nosotros estamos contra cosas como la fornicación, como es sabido”, comenta el risueño sacerdote, “pero [la homosexualidad] no se resuelve con la condena, sí quizá con ayuda”.

¿Qué dirá ese texto que aún se está cerrando? “Ya hemos dicho que defendemos el principio de no discriminación que señala la Biblia”, responde el padre Odii. Hasta ahí pueden leer, por el momento. Con una salvedad: “No estamos detrás de la ley”, dice con sorna. ¿Y los evangelistas? “Ellos sí han presionado”, admite golpeando su puño contra la palma. El guarda del recinto episcopal abre la puerta para despedir, aunque también tiene ganas de hablar. “Oiga, ¿sabe una cosa? El sexo entre un hombre y otro hombre va contra la naturaleza”, dice con un plato de comistrajo de arroz. Tenía razón entonces el abogado Opiyo: de las mujeres nadie se acuerda. “Eso está prohibido, y Occidente nos dice que discriminamos, ¿cómo es en su país?”.

El hombre blanco ha vuelto a traer la religión. Los ugandeses son testigos, más en las pequeñas localidades que en la gran ciudad, Kampala; pero los misioneros llegados sobre todo de Estados Unidos (Kansas, Atlanta, etcétera) no se esconden. Y el evangelismo en general se lleva la palma, aunque se oigan los nombres de movimientos como Religious Right, International Transformation Network, Born Again… Hasta los hay que preguntan por los illuminati, una suerte de secta del Nuevo Orden con la que se han vinculado a varias celebridades. Aquí, en Uganda, también tienen sus seguidores.

Pero si hay una persona que reúne muchas influencias es el parlamentario David Bahati, el padre de la ley contra los gais, al que el periodista Jeff Sharlet ha ligado a Familia, un grupo de fundamentalistas homófobos de Washington. En un restaurante algo desolado del barrio de Naguru —se puede hablar tranquilo—, al noreste del centro de la capital, aguarda la periodista freelance y consultora Patience Akumu. “Si no podemos cambiar de Gobierno”, dice con burla, “pues cambiamos de religión”. “Una nueva religión”, prosigue para analizar el auge de ciertas iglesias, “es una nueva esperanza, da soluciones”.

La clave, según relata Akumu, está en aportar “moralidad” cuando falta todo lo demás y hacerlo con ese ritmo gospel que va sin duda con el espíritu africano. “Antes la gente se dormía en misa”, señala. “Además”, puntualiza, “tienes que entender que vivimos en el tercer mundo, en un país con un 30% de alfabetización y una clase política ignorante”. Akumu, dicho sea, tiene miedo a escribir sobre la homosexualidad.

Unas Iglesias u otras predican contra los gais por amenazar a la familia tradicional y dedicarse a reclutar a niños para la prostitución. Así, en bruto, es la idea que queda en muchos ciudadanos. Volvemos con Jacqueline. ¿Entiende que la juzguen por ser homosexual? “Es muy difícil de entender, pero pase lo que pase, aunque sea dentro de 15 años, esté yo o no esté, sé que esto que está pasando es para bien”. Y después de todo, en su vida privada, ¿puede tener pareja? “Claro, yo la protejo de esto”, asegura con la mano en el pecho. Jacqueline parece, sin duda, de paso, pero nunca víctima de nada.

El texto

Nada dice la ley sobre ser o no gay, siempre y cuando uno no mantenga forma alguna de relaciones homosexuales, promueve o reconozca este tipo de relaciones o contribuya de un modo u otro a ellas. Todo eso, tan abierto, está prohibido en un texto legal acogido por el colectivo gay como un todo vale para encerrar la homosexualidad para siempre. Estos son algunos de los apartados más significativos de la ley:

. La persona que comita la ofensa de homosexualidad, esto es, tocamiento, penetración o estímulo de boca o ano con el pene o algún artilugio sexual, podrá ser condenado a cadena perpetua.

. También podrá cumplir cadena perpetua el que cometa esta ofensa y su víctima sea un menor de 18 años, una persona discapacitada o tenga el VIH; sea el autor el padre o tutor del ofendido o tenga responsabilidad sobre él, o use drogas o cualquier otra cosa para aturdir a su víctima para cometer actos homosexuales.

. Aquel que intente cometer una ofensa de homosexualidad como las definidas anteriormente podrá ser condenado a siete años de prisión.

. También podrá recaer la sentencia de por vida para aquel que pretenda contraer matrimonio con una persona del mismo sexo. La institución o persona que ampare esta unión podrá cumplir hasta siete años de cárcel.

. Recaerá una pena de hasta siete años para el que ayude o induzca a otro a cometer actos homosexuales; para aquel que conspire en este sentido con falas pretensiones o de modo fraudulento, y para el que mediante amenazas e intimidaciones incite a un hombre a o una mujer a comportamientos carnales indecentes con alguien del mismo sexo.

. La persona que participe en la producción, obtención, marketing, difusión, diseminación o publicación de material pornográfico para promover la homosexualidad; la financie o patrocine; use aparatos eléctricos como Internet, películas, móviles para su promoción, o sea cómplice o intente inducirla podrá recibir una pena de cinco a siete años o multa económica.

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