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Se entrega a la Ertzaintza para “colaborar” el sospechoso de un número indeterminado de crímenes en Bilbao

Sábado, 7 de mayo de 2022
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stop-lgbtfobia-en-la-iglesiaPesaba sobre él una orden de busca y captura desde diciembre y ha acudido a la Policía “para colaborar” tras ver su imagen en los medios de comunicación

“El colectivo LGTBI de Bizkaia llama a evitar la estigmatización por los asesinatos de Bilbao”

La Ertzaintza apura el interrogatorio al detenido por las muertes en serie de Bilbao antes de entregarlo al juez

Los agentes están convencidos de la autoría del arrestado, que niega su implicación y se ofreció a colaborar en el esclarecimiento de los hechos

El año pasado se contabilizaron 73 delitos de orientación sexual en Euskadi, la mayoría contra hombres homosexuales

La Ertzaintza está apurando el interrogatorio de Nelson David M. B., el joven de 25 años sospechoso del asesinato en serie de entre cuatro y ocho hombres en Bilbao que se entregó en Irún (Gipuzkoa), ya que los investigadores están convencidos de que se trata del autor de los hechos y necesitan reforzar la carga probatoria en una de las investigaciones más peliagudas de la historia de la policía vasca. Sin embargo, el detenido, nacido en Colombia y solicitante de asilo en España —adonde llegó hace más de tres años—, ha negado su implicación en los supuestos asesinatos múltiples y ha mostrado su disposición a colaborar en la investigación. La policía autonómica mantiene al arrestado en la comisaría de Irún (Gipuzkoa), dado que puede permanecer bajo custodia policial durante 72 horas antes de pasar a disposición del juez, que debe determinar qué tipo de delitos imputa al detenido, a quien se le puso en busca y captura por un presunto delito de lesiones.

N.D.M.B, de 25 años, se entregó en la tarde-noche de este jueves en una comisaría de la Ertzaintza para “colaborar” después de haber visto su imagen difundida en los medios de comunicación, según han confirmado fuentes oficiales. Ha acudido a un centro policial en Irún. Se trata del sospechoso en paradero desconocido desde diciembre, cuando se dictó una doble orden judicial de busca y captura contra él por su presunta implicación en un número indeterminado de crímenes de varones de mediana edad con los que contactaba a través de la aplicación móvil Wapo y a los que drogaba con sustancias inhibidoras por un móvil económico. La investigación se inició cuando dos personas aparentemente inconexas se cruzaron.

“Una persona se ha presentado en dependencias policiales para colaborar tras verse en los medios”, indican a este periódico desde la Policía vasca. Agentes de este cuerpo han procedido a su detención para continuar con la investigación, que se mantiene bajo secreto de sumario.

El detenido podría ser acusado de homicidio, ya que la policía sospecha que quedaba con sus víctimas a través de una red social de contactos y que posteriormente les drogaba con éxtasis líquido y les desvalijaba. Otro de los aspectos que deberá aclarar la investigación es si la motivación del presunto autor es estrictamente económica (el robo) o tiene tintes homófobos.

El sospechoso, según fuentes del Departamento vasco de Seguridad, negó ser el autor de los hechos que se le imputan y dijo que había acudido a las dependencias de la Ertzaintza en la localidad fronteriza tras haber visto su fotografía publicada en algunos medios de comunicación y saber que estaba siendo buscado. Inicialmente, solo tiene una orden de detención por un delito de lesiones del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, ya que la denuncia de una de sus víctimas en diciembre que logró zafarse del agresor fue la que puso a la policía sobre su pista, y lo relacionó con otros casos similares previos, con resultado de muerte. El detenido, que se encontraba en situación irregular en España, tiene además antecedentes por estafa en 2019 en Bizkaia.

El titular del juzgado ha mostrado su malestar por la difusión de la identidad y la imagen del ahora detenido antes de que llegara a hacerlo la Ertzaintza con autorización judicial. Los investigadores afrontan en esta investigación una dificultad añadida, ya que el hecho de que inicialmente las muertes de las víctimas —cuatro de ellas registradas entre los meses de septiembre y noviembre— fuesen calificadas de “naturales” ha supuesto la pérdida de muchas pruebas y vestigios. “Algunos cuerpos fueron ya incinerados, las autopsias son incompletas y no se realizaron inspecciones oculares en el lugar de los hechos”, advierten fuentes policiales.

El caso tuvo un doble origen. Por un lado, después de la supuesta muerte natural de una persona de 43 años, su familia detectó que continuaba habiendo movimientos en sus cuentas bancarias por parte de un tercero no autorizado. Por otro lado, otra persona logró zafarse de un intento de agresión y pudo aportar algunos datos claves para la identificación del sospechoso.

Con los elementos aportados por este superviviente –‘modus operandi’, el uso de tóxicos, la aplicación que utilizaba para conocer a las víctimas e incluso objetos personales que se había dejado en el domicilio- se decidió realizar un análisis al cadáver y se localizaron restos de la misma sustancia estupefaciente. De este trabajo se encarga el Instituto Vasco de Medicina Legal. Estos hechos se produjeron en otoño y, como se trata de un sospechoso de mucha movilidad que no es originario de Bilbao, en diciembre se cursó ya una alerta a la Policía Nacional, a los Mossos d’Esquadra y a la Policía Foral de Navarra, que es extensiva a nivel internacional al menos en el espacio Schengen de libre circulación europea. Esta orden de busca y captura se emitió en diciembre, hace ya cinco meses, y el investigado continuaba en “paradero desconocido” hasta este jueves por la tarde-noche. De este trabajo de coordinación con cuerpos de fuera de Euskadi habrían aparecido algunos antecedentes de tipo económico en la zona de Levante y en Madrid.

La información oficial se ha administrado con cuentagotas. Fuentes judiciales sí habían confirmado a este periódico que hay dos causas penales abiertas en los juzgados de Bilbao por “homicidio” y que el sospechoso en ambas, que es la misma persona, se hallaba “en paradero desconocido”, por lo que se habían emitido las órdenes de busca y captura. Oficialmente, la posibilidad de facilitar más datos se queda ahí por el secreto que pesa sobre las actuaciones, insisten desde el Palacio de Justicia. En el caso de la Ertzaintza, cuya unidad de Investigación de Bizkaia (conocida por sus siglas SITCB) es la que dirige las pesquisas, la decisión deliberada era no dar ninguna información. El caso estaba bajo siete llaves: ni confirman ningún dato ni se han desmintiendo muchos hilos que no están verificados. De hecho, incluso patrullas de Bilbao afirman no haber recibido ninguna orientación a este respecto en los ‘briefing’ de las últimas semanas.

Así las cosas, a mediodía de este jueves dos medios de comunicación públicos ofrecían sendos cálculos de supuestas víctimas asesinadas muy diferentes entre sí. Las fuentes consultadas recalcan que resulta muy difícil reabrir un ‘exitus letalis’ considerado como natural ya que en muy excepcionales casos se conservan las muestras necesarias para determinar, por ejemplo, la presencia de tóxicos en el organismo. Formalmente, no hay ninguna estimación del número de posibles homicidios más allá de que son dos los procedimientos penales en marcha.

El caso ha generado una gran polémica social en Bilbao y fuera de ella motivada en buena medida por informaciones sensacionalistas. Algunos colectivos LGTBI como Bilbao Bizkaia Harro han pedido “responsabilidad” para no aumentar la “alarma social”. Aratz Castro, portavoz de la plataforma, añade: “Es un error vincular los casos a la supuesta orientación sexual de las víctimas porque así se cae en el error de estigmatizarlas y de hacerlas culpables de lo ocurrido”. En las televisiones han aparecido vecinos sin ningún dato sobre la investigación denunciando la inseguridad de una zona concreta de la ciudad más de medio año después de que se produjeran los hechos y expertos detallando cómo fueron los envenenamientos.

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, compareceió este viernes ante la prensa para informar sobre los avances en el esclarecimiento del caso, en principio circunscrito al homicidio de dos hombres en Bilbao, que son las dos causas abiertas en los juzgados. Erkoreka ha subrayado que el secreto judicial que pesa sobre este caso “limita lógicamente” la información que se puede aportar sobre el mismo. No obstante, ha explicado que trasladará a los medios de comunicación y la ciudadanía “lo que es posible trasladar y no perjudicar la investigación”.

La policía vasca ha ampliado de cuatro a ocho las muertes investigadas, por tener un patrón común: las víctimas son varones que supuestamente el autor de los crímenes había localizado a través de una red de citas, les drogaba y les robaba (fueron denunciados por familiares movimientos posteriores en sus cuentas corrientes). La Ertzaintza seguía al menos desde marzo la pista a Nelson David M. B., que se hacía llamar Carlos. Los primeros datos que permitieron identificar a quien se ha convertido en sospechoso de matar en cadena se los dejó olvidados él mismo atrás en su huida, y tras el forcejeo en la casa de la que podía haberse convertido en su quinta víctima conocida. Dentro de la mochila que olvidó en la casa, los policías vascos encontraron documentación y éxtasis líquido, la droga que aparentemente usaba para anular la voluntad de sus víctimas.

Las investigaciones se desarrollan también en la Comunidad Valenciana y en Madrid, donde no se descarta que el sospechoso haya participado en otros hechos delictivos.

El colectivo LGTBI+ denuncia que el caso del supuesto homicida es “la punta llamativa de un iceberg”

La escalada de agresiones violentas que vienen padeciendo la comunidad LGTBI+ en el País Vasco, según denuncian las asociaciones que agrupan a estos colectivos, “no está teniendo la respuesta adecuada de las instituciones públicas”. La comunidad gay no se siente “suficientemente protegida”, afirma Óscar Arroyuelo, miembro de Gehitu (Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco). La investigación abierta contra un presunto asesino en serie que habría participado en la muerte de al menos cuatro hombres homosexuales en Bilbao no hace, añade este representante, más que certificar que los delitos de odio van en aumento en esta comunidad autónoma. El caso del supuesto homicida en serie no debe eclipsar, en su opinión, una realidad palmaria: “Esto ha generado una nueva alarma entre las personas del colectivo y sus allegados”.

En Euskadi se contabilizaron el año pasado 73 delitos relacionados contra la orientación e identidad sexual, el 26,3% de los delitos cometidos. Esta tipología se consolida como la segunda causa más común. La mayoría fueron cometidos contra hombres homosexuales, constata el Informe de Incidentes de Odio de Euskadi 2021, elaborado por la Universidad del País Vasco (UPV) y presentado este pasado mes de abril en el Parlamento por el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka.

“Las agresiones son continuas y existe un caldo de cultivo que favorece los delitos de odio”, sostiene Arroyuelo. El colectivo LGTBI+ considera que los hechos relacionados con el individuo al que se trata de detener por la muerte de cuatro hombres en Bilbao son “la punta llamativa de un iceberg” que no puede ocultar la sucesión de “incidentes y agresiones sufridos” por estas personas, asegura en un comunicado. Y cita un ataque sexual padecido por un hombre en Santurtzi y una agresión física en Amorebieta, ambos este pasado fin de semana en localidades de Bizkaia.

 “No se trata de demonizar el uso de las redes de contactos por internet”, opina este representante de las asociaciones LGTBI+, que desconoce el curso de las actuaciones policiales en curso. No entra a juzgar si la actuación del presunto homicida de Bilbao estuvo motivada por razones homófobas o de oportunidad, esto es, si aprovechó la debilidad de sus víctimas tras intimar con ellas para tratar de vaciarles sus cuentas bancarias.

“Es necesaria una respuesta pública”, sostiene Arroyuelo, y “dedicar más recursos humanos y materiales para investigar y clarificar los hechos”. El colectivo demanda “políticas preventivas eficaces para evitar que se reproduzcan hechos similares y para reeducar a los agresores y al conjunto de la sociedad.”

Fuente El Diario/El País

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