Human Rights Watch está distribuyendo esta foto privada de los dos prisioneros arrestados: Shakiro y Patricia tienen que usar ropa de hombre allí (Imagen: Facebook / Shakiro)

Continúa la represión LGTBIfoba en Camerún. Dos mujeres trans, arrestadas en febrero en un restaurante de Duala, han sido condenadas a cinco años de prisión y multas de 200.000 francos (unos 304 euros). Sus delitos, tentativa de homosexualidad, indecencia pública y carecer de documentación en el momento de la detención. La sentencia confirma el recrudecimiento de la persecución contra la comunidad LGTBI en los últimos meses en uno de los países africanos con una LGTBIfobia social y de Estado más arraigada. Las víctimas, además, quedan expuestas con frecuencia a la brutalidad policial.

Hace unas semanas que nos hacíamos eco de un informe de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW), en el que alertaban de un aumento de la represión policial contra la población LGTBI en Camerún. El sustento legal de esta persecución es la norma que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta cinco años de prisión, además de cuantiosas multas. Las consecuencias son terribles para las personas LGBTI, forzadas a vivir bajo la amenaza constante de los arrestos y la violencia.

Entre los casos que denunciaba HRW se encuentra la detención de dos mujeres trans el pasado 8 de febrero en la ciudad de Duala, por llevar atuendos femeninos. Fueron acusadas de conducta homosexual, indecencia pública y carecer de documentación en el momento de la detención. Las víctimas se identifican como Shakiro y Patricia, respectivamente. La primera es muy conocida en las redes sociales en Camerún, donde ha publicado vídeos hablando de su identidad de género.

El martes de la semana pasada se dio a conocer la sentencia del caso. El tribunal ha declarado culpables de todos los cargos a ambas mujeres y las condena a cinco años de cárcel y sendas multas de 200.000 francos CFA, el equivalente a unos 304 euros. Se trata de la pena más alta que prevé el código penal del país para los delitos imputados. Los abogados de las acusadas anuncian que presentarán recurso y denuncian que el fallo es «una decisión política» del Gobierno de Camerún, que, como se ha visto también en otros países, azuza la LGTBIfobia social para su propio beneficio político.

El activismo local denuncia, además, los malos tratos sufridos por las detenidas en una cárcel de hombres. Según estas fuentes, Shakiro y Patricia fueron golpeadas, amenazadas de muerte, insultadas y obligadas a firmas declaraciones contra su voluntad. «Los policías les fijaron las manos a la espalda durante treinta minutos y las golpearon con sus botas», afirman, mientras las llamaban «maricones asquerosos». Unos abusos que, por desgracia, son habituales contra las personas sospechosas de comportamiento homosexual o de identidad de género no normativa en el país africano.

La dura realidad de la comunidad LGTBI camerunesa

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la complicada situación de las personas LGTB en Camerún, uno de los países con una LGTBIfobia social y de Estado más pujante. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones y abusos policiales, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.

En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a prisión acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las “pruebas” que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados habían estado bebiendo Baileys, una bebida poco masculina. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecía, abandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En julio de 2013 se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. También en 2013, fue sentenciado a nueve años de cárcel Cornelius Fonya, acusado de mantener relaciones con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Su abogado, Walter Atoh, ha debido huir del país tras ser amenazado de muerte, mientras se dilucida la apelación. Un año después, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.

A finales de 2015, Joshua Mbarga, un activista LGTB, sufrió la invasión de su hogar por unos delincuentes que intentaron matarle tras robarle con total impunidad. Alertada por los vecinos, la Policía intervino hasta que los asaltantes decidieron acusar a Mbarga de pretender mantener relaciones sexuales con uno de ellos. En ese momento la víctima se convirtió en objeto de investigación.

En octubre de 2016, tuvo lugar una redada masiva en un local de ambiente LGTB de Yaundé, con un fuerte dispositivo policial que detuvo a todos los clientes y trabajadores presentes en el local. En diciembre del mismo año, fueron detenidos otros doce hombres por posesión de lubricantes y preservativos, algo considerado por las autoridades como prueba de comportamiento homosexual. A finales de 2017, tres jóvenes fueron detenidos tras caer en una trampa tendida por miembros del ejército, por lo que deberán ser juzgados por un tribunal militar. Y en enero de 2018, el asalto a un local de ambiente homosexual por un grupo de militares se saldaba con muerto y varios heridos graves.

Como explicábamos más arriba, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel en Camerún, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de «flagrante delito». Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la policía ignora este requerimiento.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alice Nkom, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Camerún, Cornelius Fonya, Duala, Human Rights Watch, Joshua Mbarga, LGTBIfobia, Naciones Unidas, Neela Ghoshal, Policía, Violencia policial, Walter Atoh, Yaundé

Oleada de persecución LGTBIfoba en Camerún. La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha emitido un informe en el que alerta del recrudecimiento de la represión contra la comunidad LGBTI en el país africano. Desde febrero de este año, HRW ha contabilizado al menos 24 casos de detención arbitraria, amenazas y agresiones de las fuerzas de seguridad a personas sospechosas de comportamiento homosexual o de identidad de género no normativa. Camerún es una de las naciones con una LGTBIfobia social y de Estado más arraigada.

La ONG Human Rights Watch ha redactado su informe sobre la base de entrevistas con grupos locales de apoyo a la comunidad que han aportado abundante documentación sobre los abusos denunciados, y ha llegado a la conclusión de que la represión LGTBIfoba se ha redoblado en los últimos meses. El sustento legal de esta persecución es la norma que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta cinco años de prisión. Una ley que «incrementa el riesgo de las personas LGTB de sufrir maltrato, torturas y agresiones sin consecuencias para los atacantes», según Neela Ghoshal, de HRW.

Las consecuencias son terribles para la comunidad. El pasado 8 de febrero, la policía detuvo en la ciudad de Duala a dos mujeres trans, que fueron acusadas de conducta homosexual, carecer de documentación e indecencia pública. Solo seis días después, seis jóvenes eran arrestados, entre ellos un menor de edad, bajo la acusación de homosexualidad. Tras ser sometidos a malos tratos, fueron liberados ese mismo día.

El 24 de febrero, una redada de la policía a una asociación de prevención y asistencia a personas con VIH se saldó con trece detenidos acusados de homosexualidad. Todos fueron puestos en libertad en los días siguientes, aunque tres de ellos denunciaron agresiones sufridas en la comisaría, así como amenazas, insultos y la obligación de firmar declaraciones que no les permitieron leer. Una mujer trans de 26 años que se contaba entre los arrestados fue forzada a someterse a una prueba de VIH y a un examen anal, una humillante tortura que es práctica habitual en la persecución LGTBIfoba en Camerún y otros países.

La dura realidad de la comunidad LGTBI camerunesa

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la complicada situación de las personas LGTB en Camerún, uno de los países con una LGTBIfobia social y de Estado más pujante. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones y abusos policiales, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.

En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a prisión acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las “pruebas” que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados habían estado bebiendo Baileys, una bebida poco masculina. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecía, abandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En julio de 2013 se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. También en 2013, fue sentenciado a nueve años de cárcel Cornelius Fonya, acusado de mantener relaciones con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Su abogado, Walter Atoh, ha debido huir del país tras ser amenazado de muerte, mientras se dilucida la apelación. Un año después, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.

A finales de 2015, Joshua Mbarga, un activista LGTB, sufrió la invasión de su hogar por unos delincuentes que intentaron matarle tras robarle con total impunidad. Alertada por los vecinos, la Policía intervino hasta que los asaltantes decidieron acusar a Mbarga de pretender mantener relaciones sexuales con uno de ellos. En ese momento la víctima se convirtió en objeto de investigación.

En octubre de 2016, tuvo lugar una redada masiva en un local de ambiente LGTB de Yaundé, con un fuerte dispositivo policial que detuvo a todos los clientes y trabajadores presentes en el local. En diciembre del mismo año, fueron detenidos otros doce hombres por posesión de lubricantes y preservativos, algo considerado por las autoridades como prueba de comportamiento homosexual. A finales de 2017, tres jóvenes fueron detenidos tras caer en una trampa tendida por miembros del ejército, por lo que deberán ser juzgados por un tribunal militar. Y en enero de 2018, el asalto a un local de ambiente homosexual por un grupo de militares se saldaba con muerto y varios heridos graves.

Como explicábamos más arriba, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel en Camerún, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de «flagrante delito». Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la policía ignora este requerimiento.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alice Nkom, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Camerún, Cornelius Fonya, Duala, Human Rights Watch, Joshua Mbarga, LGTBIfobia, Naciones Unidas, Neela Ghoshal, Policía, VIH, Violencia policial, Walter Atoh, Yaundé

 Los manifestantes se reúnen frente a una mezquita en Malasia en 2011 para instar al gobierno a reconocer a la comunidad LGBT + (Mohd Rasfan / AFP / Getty)

Malasia está presionando para que la ley Sharia sea más dura contra los musulmanes LGBT +, incluso cuando hace una oferta para un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El martes (6 de abril), el gobierno de Malasia anunció planes para avanzar con una enmienda a la Ley de Tribunales de la Sharia que permitiría imponer castigos más severos a la comunidad LGBT +.

Las estrictas leyes islámicas del país ya penalizan cualquier forma de sexo anal u oral con hasta 20 años de prisión y azotes obligatorios, pero los ministros quieren impulsarlo aún más.

El ministro de asuntos religiosos, Datuk Zulkifli Mohamad, ha respaldado enérgicamente la enmienda, inicialmente presentada por su adjunto, que aumentaría drásticamente los límites máximos de sentencia que los tribunales de la sharia pueden imponer contra los delitos de la sharia.

Las personas LGBT + están “violando las normas” del comportamiento humano, declaró el ministro mientras defendía la propuesta. “No podemos aceptar tales prácticas. Solo necesitamos manejar el problema con sabiduría, invitándolos y educándolos para que regresen al camino correcto ”, informó Free Malaysia Today.

La insistencia del gobierno en leyes draconianas anti-LGBT + fue criticada por el Joint Action Group for Gender Equality (JAG) -Grupo de Acción Conjunta para la Igualdad de Género (JAG)-, una coalición de 14 organizaciones de derechos de las mujeres en Malasia.

En declaraciones a Malay Mail,  el grupo recordó al gobierno de Malasia su intención de unirse al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un organismo que se opone a todo lo que representa la enmienda de la ley Sharia. “Es irónico que estas medidas discriminatorias propuestas, una clara violación de los derechos humanos, coincidan con la candidatura del ministro de Relaciones Exteriores, Datuk Seri Hishamuddin Hussein, de integrar Malasia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, dijeron. “La decisión del gobierno de seguir adelante con una sentencia más severa contra las personas musulmanas LGBT + estaría en contradicción con la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Como tal, JAG solicita al gabinete de ministros que evite que la propuesta se presente en la próxima sesión parlamentaria y que se abstenga de perseguir a la comunidad LGBT +“.

JAG dijo que también le preocupa que el ministro de asuntos religiosos, Zulkifli, haya respaldado abiertamente los programas de terapia de conversión administrados por el gobierno al enmascararlos como un enfoque más suave. “Aquellos que se dirigen principalmente a mujeres transgénero, lesbianas y gays hacen cumplir la violencia prolongada y sancionada por el estado contra las mujeres”, agregaron, y señalaron que esto contradice las protecciones contra la discriminación de la constitución de Malasia.

La poderosa declaración está firmada conjuntamente por 10 organizaciones, incluidas Women’s Aid Organisation, All Women’s Action Society (Awam), Sisters in Islam (SIS), and Justice for Sisters.

La Ley 355 limita las sentencias que pueden imponer los tribunales de la sharia. La sentencia actual bajo la ley incluye tres años de prisión, una multa de RM5,000 (£ 905) y seis golpes con un bastón.

Sin embargo, el viceministro de Asuntos Religiosos, Ahmad Marzuk Shaary, Marzuk dijo que este castigo “no estaba teniendo mucho efecto en el grupo de personas”. Dijo que “Todas las agencias religiosas estatales y los encargados de hacer cumplir la ley han recibido instrucciones de tomar medidas contra aquellas [personas LGBT +] que no se comporten en consecuencia”.

Neela Ghoshal, directora asociada de derechos LGBT + de HRW, dijo que los estatutos estatales y federales de Malasia que criminalizan a las personas LGBT + están “ya fuera de los límites” con respecto al derecho internacional. Agregó que el gobierno del país “parece hundirse aún más en su desprecio por los derechos humanos. En lugar de aumentar las sanciones por acciones que no perjudican a nadie, el gobierno debería derogar esas sanciones”, dijo Ghoshal.

Los 13 estados y el territorio federal de Malasia penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y la no conformidad de género. El código penal federal también castiga cualquier forma de sexo anal u oral con hasta 20 años de prisión y azotes obligatorios.

Marzuk también propuso que ser trans y producir o compartir contenido de redes sociales considerado “obsceno e indecente” podría ser un delito específico bajo la Ley 355. Esto incluiría producir o compartir imágenes de expresión de género no conforme.

La activista transgénero Nisha Ayub dijo: “En Malasia, las personas transgénero viven con el temor de ser atacadas y procesadas simplemente por ser quienes somos. ¿No somos parte de la sociedad? ¿No se supone que estamos protegidos por las leyes como los demás? “

Activistas de derechos humanos de Malasia dijeron que los tribunales nunca habían impuesto penas con azotes, que son una forma de tortura según el derecho internacional, por conducta entre personas del mismo sexo antes de 2018. Pero en septiembre de 2018, el estado de Terengganu impuso una condena con azotes contra dos mujeres acusadas de intento relaciones entre personas del mismo sexo. En noviembre de ese año, el tribunal de la Sharia de Selangor condenó a cinco hombres a multas, encarcelamiento y azotes, mientras que otros que se declararon no culpables están a la espera de juicio.

En julio de 2020, el ministro de asuntos religiosos, Zulkifli Mohamad, publicó una publicación en Facebook que otorgaba “licencia completa” a los agentes federales para arrestar a personas transgénero y “asesorarlas” o “educarlas” para que “vuelvan al camino correcto”.

Escalada de LGTBfobia pese al cambio político en Malasia

En entradas anteriores hemos venido hablando de la escalada de LGTBfobia de Estado en Malasia. Dos mujeres malasias, de 22 y 32 años, respectivamente, recibían a principios de este mes de septiembre seis latigazos por orden de un tribunal, tras ser descubiertas por agentes islámicos en el estado conservador de Terengganu «intentando participar en actos sexuales en un automóvil». El Gobierno, por otra parte, no solo dejaba claro su apoyo a la redada que días antes tenía lugar en un bar de ambiente gay de Kuala Lumpur sino que, en boca del ministro del Territorio Federal, Khalid Samad, expresaba que «esperamos que esta iniciativa pueda mitigar que la cultura LGTB se extienda a nuestra sociedad».

Ya con anterioridad, el nuevo Ejecutivo de Malasia había defraudado las expectativas despertadas cuando insinuó que el colectivo LGTB no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país. Lo hacía a cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa. Y en 209, el ministro de turismo Datuk Mohamaddin bin Ketapi  afirmaba en un evento en Alemania, que “No hay gays en Malasia”.

Un entorno difícil para las personas LGTB

Malasia, una de las economías emergentes del sudeste asiático, es un país de variada composición étnico-religiosa, aunque de mayoría musulmana, en el que conviven leyes civiles, de obligado cumplimiento para todos, y leyes islámicas, de aplicación a los ciudadanos musulmanes. Las relaciones homosexuales, en cualquier caso, son ilegales y se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel. De hecho, en 2011 nos hacíamos eco de las intenciones de varios líderes musulmanes malasios de endurecer las medidas contra la homosexualidad y en 2015 el entonces primer ministro, Najib Razak, comparaba a las personas LGTB con el Estado Islámico, alegando que carecen de derechos humanos.

La LGTBfobia social y política imperante en Malasia ha llevado a situaciones que rozan el absurdo, y que hemos recogido en esta misma página. En febrero del año pasado, en un vídeo promovido por el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia se sugería a los homosexuales que «aprender» a ser hetero es como iniciarse en la equitación. En febrero de este año nos hacíamos eco de un artículo que ejemplificaba la estigmatización de la comunidad LGTB también desde los medios de comunicación. En abril, nos enterábamos de que la Universidad de Ciencias de Malasia (USM) celebró un concurso de carteles para “convertir”alumnos gays en heterosexuales. Y en mayo que el gobierno de Malasia ha comenzado a bloquear páginas LGTB+, incluido el portal Utopia-Asia que es la principal fuente de información para viajeros gais en la región.

Otros ejemplos son el anuncio de censura de programas con personajes homosexuales; la censura de una escena de La Bella y la Bestia, de la que ya hemos hablado, y de una canción de Lady Gaga o la cancelación de un Festival que se celebraba desde 2008 para promover el respeto a la diversidad sexual.

Especialmente preocupante fue lo sucedido en 2012, cuando un joven gay musulmán recibió amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario. En junio del año pasado conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que habían reaccionado con horror ni siquiera precisaron que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de  T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT…

Fuente Pink News/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Ahmad Marzuk Shaary, All Women’s Action Society (Awam), Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Datuk Zulkifli Mohamad, Derechos LGTBI, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch (HRW), Islam, Joint Action Group for Gender Equality (JAG), Justice for Sisters, Ley 355, Ley de Tribunales de la Sharia, Malasia, Neela Ghoshal, Sharia, Sisters in Islam (SIS), Women’s Aid Organisation, Zulkifli Mohamad

Manifestantes frente a una mezquita en Shah Alam, cerca de Kuala Lumpur, el 4 de noviembre de 2011 para instar al gobierno de Malasia a que reconozca a la comunidad LGBT +. (MOHD RASFAN / AFP a través de Getty Images)

Se ha instado al gobierno de Malasia a que renuncie a la propuesta de un ministro del gabinete de aumentar las sanciones penales contra las personas LGBT +.

Human Rights Watch (HRW) dijo que el intento de fortalecer las sanciones penales contra los malasios LGBT + es el último de una serie de medidas para cimentar una postura anti-LGBT + y anti-derechos humanos bajo el gobierno del primer ministro.

El viceministro de Asuntos Religiosos, Ahmad Marzuk Shaary, propuso enmiendas a la Ley de Tribunales de la Sharia (Jurisdicción Penal) (Ley 355) que permitirían a los tribunales estatales dictar sentencias más severas para las relaciones entre personas del mismo sexo que la sentencia máxima actual permitida por la ley federal.

La Ley 355 limita las sentencias que pueden imponer los tribunales de la sharia. La sentencia actual bajo la ley incluye tres años de prisión, una multa de RM5,000 (£ 905) y seis golpes con un bastón.

Sin embargo, Marzuk dijo que este castigo “no estaba teniendo mucho efecto en el grupo de personas”. Dijo: “Todas las agencias religiosas estatales y los encargados de hacer cumplir la ley han recibido instrucciones de tomar medidas contra aquellas [personas LGBT +] que no se comporten en consecuencia”.

Neela Ghoshal, directora asociada de derechos LGBT + de HRW, dijo que los estatutos estatales y federales de Malasia que criminalizan a las personas LGBT + están “ya fuera de los límites” con respecto al derecho internacional. Agregó que el gobierno del país “parece hundirse aún más en su desprecio por los derechos humanos. En lugar de aumentar las sanciones por acciones que no perjudican a nadie, el gobierno debería derogar esas sanciones”, dijo Ghoshal.

Los 13 estados y el territorio federal de Malasia penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y la no conformidad de género. El código penal federal también castiga cualquier forma de sexo anal u oral con hasta 20 años de prisión y azotes obligatorios.

Marzuk también propuso que ser trans y producir o compartir contenido de redes sociales considerado “obsceno e indecente” podría ser un delito específico bajo la Ley 355. Esto incluiría producir o compartir imágenes de expresión de género no conforme.

Actividad transgénero Nisha Ayub dijo: “En Malasia, las personas transgénero viven con el temor de ser atacadas y procesadas simplemente por ser quienes somos. ¿No somos parte de la sociedad? ¿No se supone que estamos protegidos por las leyes como los demás? “

Activistas de derechos humanos de Malasia dijeron que los tribunales nunca habían impuesto penas con azotes, que son una forma de tortura según el derecho internacional, por conducta entre personas del mismo sexo antes de 2018. Pero en septiembre de 2018, el estado de Terengganu impuso una condena con azotes contra dos mujeres acusadas de intento relaciones entre personas del mismo sexo. En noviembre de ese año, el tribunal de la Sharia de Selangor condenó a cinco hombres a multas, encarcelamiento y azotes, mientras que otros que se declararon no culpables están a la espera de juicio.

En julio de 2020, el ministro de asuntos religiosos, Zulkifli Mohamad, publicó una publicación en Facebook que otorgaba “licencia completa” a los agentes federales para arrestar a personas transgénero y “asesorarlas” o “educarlas” para que “vuelvan al camino correcto”.

Escalada de LGTBfobia pese al cambio político en Malasia

En entradas anteriores hemos venido hablando de la escalada de LGTBfobia de Estado en Malasia. Dos mujeres malasias, de 22 y 32 años, respectivamente, recibían a principios de este mes de septiembre seis latigazos por orden de un tribunal, tras ser descubiertas por agentes islámicos en el estado conservador de Terengganu «intentando participar en actos sexuales en un automóvil». El Gobierno, por otra parte, no solo dejaba claro su apoyo a la redada que días antes tenía lugar en un bar de ambiente gay de Kuala Lumpur sino que, en boca del ministro del Territorio Federal, Khalid Samad, expresaba que «esperamos que esta iniciativa pueda mitigar que la cultura LGTB se extienda a nuestra sociedad».

Ya con anterioridad, el nuevo Ejecutivo de Malasia había defraudado las expectativas despertadas cuando insinuó que el colectivo LGTB no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país. Lo hacía a cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa.

Un entorno difícil para las personas LGTB

Malasia, una de las economías emergentes del sudeste asiático, es un país de variada composición étnico-religiosa, aunque de mayoría musulmana, en el que conviven leyes civiles, de obligado cumplimiento para todos, y leyes islámicas, de aplicación a los ciudadanos musulmanes. Las relaciones homosexuales, en cualquier caso, son ilegales y se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel. De hecho, en 2011 nos hacíamos eco de las intenciones de varios líderes musulmanes malasios de endurecer las medidas contra la homosexualidad y en 2015 el entonces primer ministro, Najib Razak, comparaba a las personas LGTB con el Estado Islámico, alegando que carecen de derechos humanos.

La LGTBfobia social y política imperante en Malasia ha llevado a situaciones que rozan el absurdo, y que hemos recogido en esta misma página. En febrero del año pasado, en un vídeo promovido por el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia se sugería a los homosexuales que «aprender» a ser hetero es como iniciarse en la equitación. En febrero de este año nos hacíamos eco de un artículo que ejemplificaba la estigmatización de la comunidad LGTB también desde los medios de comunicación. En abril, nos enterábamos de que la Universidad de Ciencias de Malasia (USM) celebró un concurso de carteles para “convertir”alumnos gays en heterosexuales. Y en mayo que el gobierno de Malasia ha comenzado a bloquear páginas LGTB+, incluido el portal Utopia-Asia que es la principal fuente de información para viajeros gais en la región.

Otros ejemplos son el anuncio de censura de programas con personajes homosexuales; la censura de una escena de La Bella y la Bestia, de la que ya hemos hablado, y de una canción de Lady Gaga o la cancelación de un Festival que se celebraba desde 2008 para promover el respeto a la diversidad sexual.

Especialmente preocupante fue lo sucedido en 2012, cuando un joven gay musulmán recibió amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario. En junio del año pasado conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que habían reaccionado con horror ni siquiera precisaron que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de  T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT…

Fuente Pink News/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Ahmad Marzuk Shaary, Derechos LGTBI, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch (HRW), Islam, Ley 355, Ley de Tribunales de la Sharia, Neela Ghoshal, Sharia, Zulkifli Mohamad

Hombre gay con VIH se encuentra en una clínica en Dar es Salaam, Tanzania (Kevin Sief / The Washington Post a través de Getty)

Lube ha sido prohibido en Tanzania y los hombres homosexuales se ven obligados rutinariamente a someterse a humillantes exámenes anales en lo que se ha descrito como una ofensiva contra la comunidad LGBT +.

Se instó al país de África Oriental a que ponga fin a los arrestos arbitrarios de personas LGBT + y prohíba los exámenes anales forzados en un informe publicado hoy (3 de febrero) por Human Rights Watch. El informe de 112 páginas, titulado Si no recibimos servicios moriremos, detalla el alcance de la persecución que las personas queer en Tanzania enfrentan bajo un régimen hostil que es hostil a su existencia.

El gobierno también ha cerrado los centros de pruebas de VIH y ha impedido que las organizaciones comunitarias realicen actividades de divulgación hacia las poblaciones que corren el mayor riesgo de contraer el virus. Human Rights Watch también dijo que las personas habitualmente enfrentan discriminación por su identidad sexual o de género en los centros de salud gubernamentales, lo que significa que las personas LGBT + quedan excluidas del sistema de salud y sugiere que los lubricantes han sido prohibidos porque “promueven la homosexualidad”.

El informe llama a los exámenes anales forzados una “parodia médica”.  “Criticaron los exámenes anales por no tener “base científica” y los describieron como “una forma de trato cruel, inhumano y degradante que puede equivaler a tortura”. El extenso informe detalla un caso en el que nueve hombres fueron trasladados a un hospital en Zanzíbar y sometidos a los horribles exámenes. Fueron detenidos durante cinco días antes de que se les permitiera irse a casa.

Los hombres ni siquiera vieron los resultados de los exámenes anales, que posteriormente fueron entregados a la policía. El caso nunca se cerró oficialmente, se entiende. Una persona de Tanzania llamada Kim, entrevistada en el informe, dijo que “los policías estaban allí con armas” mientras que los exámenes anales se llevaban a cabo “por la fuerza”. “Fue muy brutal y doloroso. Todo sobre esa prueba fue muy brutal “, dijo Kim.

Mientras tanto, las personas trans enfrentan brutalidad por parte de la policía en el país del este de África. Las personas transgénero entrevistadas para el informe dijeron que habían sido acusadas de tratar de “reclutar” a otros y hablaron de ser blanco de la policía.

Una mujer transgénero, que se identificó como la Reina M, dijo: “Hubo un tiempo en que venía de un club, con un vestido corto. No tenía dinero. Dijeron que si no tienes dinero, ¿qué más puedes ofrecer? Tuve que tener sexo con cinco de ellos [policías] la misma noche “.

El informe de la organización se basa en gran medida en 35 entrevistas realizadas con LGBT + tanzanos entre mayo de 2018 y junio de 2019. También se basa en los comentarios de activistas y abogados.

“Las autoridades de Tanzania han organizado un ataque sistemático contra los derechos de las personas LGBT, incluido su derecho a la salud”, dijo Neela Ghoshal, investigadora principal de derechos LGBT de Human Rights Watch. “Las amenazas fabricadas en torno a la llamada ‘promoción de la homosexualidad’ han desplazado a las mejores prácticas y enfoques basados en la evidencia para guiar la política del VIH en Tanzania”.

Homofobia de Estado

El Código Penal tanzano castiga las relaciones «contra el orden de la naturaleza», entre las que se incluyen la zoofilia o la sodomía, con penas de cárcel que pueden llegar hasta la cadena perpetua. La «grave indecencia» entre varones puede ser penada con cinco años de prisión. Las relaciones lésbicas, en cambio, solo están explícitamente castigadas en la región insular de Zanzíbar, con penas de hasta cinco años de cárcel que pueden sustituirse por una multa de hasta 500.000 chelines (210 euros, 230 dólares). Sin embargo, en diciembre de 2017 nos llegaba la noticia de la primera detención de una mujer en el interior del país tras hacerse viral un vídeo en el que besaba y regalaba un anillo a otra mujer. Una detención que claramente apuntaba a que las autoridades tanzanas han apostado por hacer una interpretación más extensiva y menos garantista de la legislación homófoba, que apenas se aplicaba hace unos pocos años.

La ofensiva se ha extendido incluso al ámbito sanitario: el Ministerio de Sanidad comunicaba, también en el verano de 2016, la prohibición de la importación y venta de lubricantes sexuales, argumentando que fomentaban las relaciones entre varones y la propagación del VIH. En junio de 2017 las amenazas alcanzan a las personas extranjeras que simplemente defiendan los derechos del colectivo LGBT. Así, el gobierno de Tanzania amenazó con deportar a quienes ayuden y defiendan al colectivo LGBT. Un paso más en la escalada represora del gobierno tanzano, que en los últimos tiempos ha arreciado en su empeño de estigmatizar a sus ciudadanos LGTB, utilizándoles como cabeza de turco a quien culpar de los problemas del país. Y hace dos años el entonces viceministro de Sanidad, Hamisi Kigwangala, emitía un comunicado en el que aseguraba que el Gobierno protegería los valores tradicionales de la sociedad tanzana, argumentando que «no puedo negar la presencia de personas LGTBI en nuestro país y el riesgo que presentan para la propagación del VIH/sida». Con ese propósito, a principios de 2017, Kigwangala ordenaba la detención de varios ciudadanos tanzanos, acusándoles de «promover la homosexualidad» a través de las redes sociales.

En noviembre de 2018 explicábamos que en la región de Dar es Salaam, en Tanzania, ha empezado una “purga” gay impulsada por su gobernador, Paul Makonda, con la intención de identificar, detener y torturar a las personas gais para que “vuelvan” a ser heterosexuales. También hace días que te explicamos que el Ministro de Exteriores del país, Alphaxard Kangi Ndege Lugola, explicó a la prensa que el gobierno no ve con buenos ojos esa “purga”… para luego ir al Parlamento a decir que Tanzania “no es el lugar” para ser homosexual porque “nunca permitiremos que esas cosas ocurran“.

En definitiva, parece que las autoridades tanzanas, a imagen y semejanza de lo que viene sucediendo en otros países de la región, han decidido estigmatizar a sus ciudadanos LGTB y utilizarlos como cabezas de turco a quienes culpar de los problemas del país. Un escenario que nos hace temor lo peor. No obstante, los países donantes han empezado a reaccionar y la “purga” gay le está costando a Tanzania mucho dinero en ayudas internacionales…

La homosexualidad es ilegal en 38 de los 54 países africanos, castigándose con la muerte en Sudán, Somalia y Mauritania. En 2014, Uganda trata de imponer la pena de muerte a los condenados por ser homosexuales, pero ante la controversia creada la ley fue rectificada. Amnistía Internacional denuncia en julio de este mismo año que las autoridades de Tanzania estaban «arrestando y persiguiendo a la población con cargos relacionados con la homosexualidad, sometiéndoles a exámenes anales forzosos».

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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El Tribunal Supremo de Kenia valora la abolición de la ley que penaliza la homosexualidad, vigente desde la época colonial británica, como consecuencia de la demanda de tres asociaciones que la consideran anticonstitucional. Tres asociaciones del colectivo keniano de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales exigen anular las secciones del código penal que sancionan el sexo homosexual en un juicio en el Tribunal Superior de Justicia. Introducidas durante la dominación colonial británica, estas secciones hacen referencias al “conocimiento carnal contra natura” y al “ultraje contra la moral pública”. El juicio se desarrollará en los juzgados de Milimani, en la capital, Nairobi.

Desde este viernes, 19 de febero, el Tribunal Supremo de Kenia revisa una demanda para abolir la ley que penaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, presentada en 2016 por la Comisión Nacional por los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas (NGLHRC por sus siglas en inglés: National Gay and Lesbian Human Rights Commission), junto con la Colación de Gays y Lesbianas de Kenia (GALCK por sus siglas en inglés: Gay and Lesbian Coalition of Kenia) y la Coalición LGBT de Nyanza-Valle del Rift y Kenia Occidental (NYARWEK Network). De conseguirlo sería un paso significativo para los países del este de África, en los que la homosexualidad está penalizada en casi todos los países de la región, 38 en todo el contienen africano según Amnistía Internacional.

“Aunque tenemos una Constitución que porta la voluntad del pueblo keniano y que dice que nadie debería ser discriminado, estas leyes lo hacen. Están lejos de tratar la moralidad y se usan para justificar la discriminación, la violencia, el acoso y la intrusión en la vida privada de los ciudadanos de Kenia”, denunció el director ejecutivo de la NGLHRC, Eric Gitari, en un comunicado. «El hecho de que nos escuchen es un indicador de que nuestra democracia ha alcanzado la mayoría de edad», declara Eric Gitari, abogado y fundador de la NGLHRC. La sala habilitada para la vista, en Nairobi, tuvo que trasladarse a un espacio más grande debido a la gran multitud de personas que acudieron a la vista del caso. «Los jueces saben que todo el mundo está mirando (…). Tenemos esperanza. El juicio dará una guía a los países de África. Alentará a los activistas en tantos países africanos, va a crear un efecto dominó», asegura el activista, consciente de que las leyes que prohíben la homosexualidad promueven el acoso abuso y discriminación de la comunidad LGBT.

La ley de Kenia prohíbe actualmente lo que denomina el «conocimiento carnal contra el orden de la naturaleza», que castiga con penas de hasta 14 años de prisión. Una ley que se remonta a la época colonial británica de principios de siglo XX, que los demandantes consideran anticonstitucional. Entre 2010 y 2014, el gobierno de Kenia procesó 595 casos de homosexualidad, mientras que en 2016, los tribunales de Kenia dictaminaron que las pruebas anales forzadas a hombres sospechosos de ser homosexuales eran constitucionales y podrían utilizarse como evidencia en un juicio.

En el documento se explica que, aunque las leyes penalizan un amplio abanico de “actividades consensuadas que no generen descendencia”, se aplican “de forma selectiva contra lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero”. La NGLHRC, formada por un grupo de abogados para proteger los derechos de las personas LGBT, asegura haber recibido más de un millar de denuncias de miembros de dicha comunidad por delitos como asesinatos, violencia grupal, violaciones, chantajes y extorsión.

Según Neela Ghoshal, investigadora principal del programa de Derechos LGBT de Human Rights Watch, «el caso ante el Tribunal Supremo de Kenia que busca despenalizar la conducta consensuada entre personas del mismo sexo es de importancia monumental para Kenia y más allá (…). Un dictamen positivo afirmaría que los kenianos amantes del mismo género son tan dignos de igualdad, privacidad y dignidad como cualquier otra persona (…). Los valientes activistas kenianos y la gente común que presentaron este caso son un modelo y una inspiración para las personas LGBTQ y sus aliados en toda África».

LGTBfobia de Estado en Kenia

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana) y profundamente homófobo, que castiga la práctica de la homosexualidad, como hemos dicho, con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica. Precisamente a principios de 2015 informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país.

A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social y en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra Denis Nzioka, que incluso trató de presentarse en las últimas elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó como senador en las últimas elecciones, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais.

Fuente Universogay/Cristianos Gays

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Un juez falló a favor de un ministro denunciado por cuatro activistas LGTB, señalando que los denunciantes estaban promoviendo la homosexualidad.

La organización Human Rights Watch (HRW) ha criticado la última decisión judicial en Uganda contra activistas de los derechos de los homosexuales y alertó sobre las “intimidaciones” que sufren por parte del Gobierno.

HRW hizo referencia a la decisión del Tribunal Superior ugandés del pasado 9 de julio en contra de cuatro activistas que habían demandado al ministro para la Ética y la Integridad, Simon Lokodo, antiguo sacerdote de la iglesia católica, después de que ordenara el cierre de un taller organizado por el colectivo LGTB.

“La errónea decisión del Tribunal Superior sacrifica la libertad de expresión y de reunión en su interés por lograr una agenda política discriminatoria”, denunció en un comunicado la investigadora de HRW, Neela Ghoshal.

En marzo de 2012 el organizador del taller y otros tres participantes presentaron una demanda civil contra el ministro Lokodo y el fiscal general alegando que el cierre del taller violó sus derechos constitucionales.

Pero el Tribunal apoyó la decisión del ministro basándose en el testimonio de lo que definen como un supuesto “exgay” que declaró que el taller estaba “entrenando a jóvenes homosexuales para practicar sexo seguro con personas del mismo sexo mediante la distribución de condones”.

“A partir de la sentencia del Tribunal Superior, se podría inferir que ahora es ilegal en Uganda llevar a cabo actividades de prevención del VIH, dirigida a hombres que tienen sexo con hombres, incluyendo la distribución de preservativos”, alertó Ghoshal.

A principios de este año Uganda aprobó una ley que tipifica la homosexualidad como delito e impone penas de cadena perpetua por actos homosexuales “con agravantes” y por celebrar ceremonias de matrimonio entre personas del mismo sexo.

No obstante, HRW apuntó que esta ley no estaba en vigor en el momento de la realización del taller y lamentó que la decisión del Tribunal supone “otro golpe para el activismo y la defensa de los derechos humanos”.

En el comunicado, HRW también denunció que el Gobierno de Uganda está desplegando una gran variedad de tácticas para “intimidar y obstaculizar” la labor de las organizaciones no gubernamentales en temas sensibles como los derechos humanos.

La ley que criminaliza a los homosexuales en Uganda ha sido duramente criticada por la comunidad internacional e incluso Estados Unidos anunció nuevas sanciones al país africano en respuesta a esta normativa.

El presidente ugandés, Yoweri Museveni, promulgó la ley antigay en febrero, aunque había sido aprobada por el Parlamento en diciembre, tras esperar los resultados de un informe que encargó a un grupo de expertos para determinar si la homosexualidad era una enfermedad genética.

El grupo concluyó que la homosexualidad “no es genética”, sino una opción derivada de una conducta social “anormal”, por lo que es producto de la educación recibida y, a su juicio, es “corregible”.

Fuente Cáscara amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Human Rights Watch (HRW), Neela Ghoshal, Simon Lokodo, Uganda