La Corte de Apelaciones del 8º Circuito ha emitido un mandato el pasado 29 de abril, por el que paraliza el procedimiento en los casos de sentencias favorables al matrimonio igualitario sobre cuyo recurso debe decidir. La paralización continuará hasta que decida sobre el mismo asunto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, decisión que se espera sea tomada a finales del próximo mes de junio. Por su parte, los legisladores opuestos al matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Texas preparan la batalla legal para impedirlo.

La Corte de Apelaciones del 8º Circuito había iniciado el procedimiento de las apelaciones presentadas contra las sentencias favorables al matrimonio igualitario de Arkansas, Nebraska, Dakota del Sur y Misuri. Los argumentos orales estaban programados para que dieran comienzo el 12 del presente mes de mayo, momento a partir del cual se iniciarían los turnos de réplica y contrarréplica de demandantes y demandados. Dado que en el Tribunal Supremo ya se ha iniciado el procedimiento sobre el mismo asunto, y habiendo tenido lugar la presentación de argumentos orales en el alto tribunal el pasado 28 de abril, la Corte de Apelaciones ha decidido esperar al fallo del más alto tribunal, cuya emisión se espera para finales del próximo mes de junio. Como en el caso de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito respecto a Puerto Rico, se trata sobre todo de un problema de calendario.

Idéntica resolución tomó la Corte de Apelaciones del 11º Circuito respecto a los casos de Florida y Alabama, aunque con la diferencia de que las sentencias de los jueces federales de esos dos estados no están suspendidas, mientras que en Arkansas, Nebraska, Dakota del Sur y Misuri sí que lo están hasta que se resuelva la apelación. Aunque los representantes de las parejas del mismo sexo afectadas han solicitado reiteradamente a la Corte de Apelaciones del 8º Circuito que levante la suspensión cautelar de las sentencias favorables, las peticiones han sido siempre denegadas, aún cuando otras Cortes de Apelaciones, y el mismo Tribunal Supremo, habían tomado recientemente la decisión de no suspender sentencias.

En otros de los estados pertenecientes al 8º Circuito, Dakota del Norte, la demanda contra la prohibición del matrimonio igualitario fue paralizada por el juez del tribunal federal, también hasta la resolución del Tribunal Supremo. El juez pudo hacerlo, precisamente, porque su Corte de Apelaciones no había decidido aún al respecto.

En cuanto a otros estados del mismo circuito de apelaciones, en Arkansas existe otro procedimiento judicial sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero de ámbito estatal, con una sentencia favorable en suspenso hasta que decida la Corte Suprema del estado. Aunque se había iniciado el procedimiento de apelación estatal, gran parte de él debe repetirse al haber cambiado varios de los integrantes de la Corte Suprema a principios de año, lo cual hará que se demore largamente cualquier resolución. En Misuri, por su parte, sí que es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en los condados de Saint Louis, el más populoso del estado, y Jackson, según han establecido jueces de ámbito local. Como Misuri sí reconoce los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones donde es legal, los enlaces celebrados en estos dos condados son válidos en todo el estado.

Tan solo resta una Corte de Apelaciones por pronunciarse, la del 5º Circuito, que debe deliberar sobre las sentencias favorables al matrimonio igualitario en Mississippi, Texas y una contraria al mismo de Luisiana. Aunque los argumentos orales fueron presentados el pasado 9 de enero, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito aún no ha emitido resolución alguna. Tampoco ha aceptado las reiteradas solicitudes de levantamiento de la suspensión cautelar en que se encuentran todas las sentencias apeladas.

Texas prepara la rebelión contra el matrimonio igualitario

Precisamente en uno de estos estados, Texas, los opuestos a los derechos LGTB se preparan para impedir la aplicación de una supuesta decisión favorable al matrimonio igualitario, incluso aunque parta de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito o del mismo Tribunal Supremo.

El pasado 22 de abril, el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes de Texas daba luz verde a un proyecto de ley en el que se amenaza con el despido de los funcionarios y personal del estado que faciliten licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, aun cuando el matrimonio igualitario sea declarado legal por los tribunales.

Presentado por el republicano Cecil Bell Jr., el Proyecto de Ley 623 establece que “los fondos estatales o locales de los contribuyentes no pueden ser utilizados para una actividad que incluya la concesión de licencias o el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo”.  Prosigue con la prohibición a los empleados públicos de cumplir con su obligación de respetar los derechos de los ciudadanos, al señalar que “ningún funcionario local o del estado reconocerá, concederá o emitirá licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. Si un funcionario viola esta subsección, no podrá seguir recibiendo un salario, pensión o beneficio alguno a expensas de los contribuyentes de este estado”.

Incluso supera el absurdo legal cuando estipula que ”este estado no estará sujeto a ajustar su legislación de conformidad con la Undécima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para poder cumplir con las disposiciones de esta sección, independientemente de un fallo de una corte federal en contra”. Es decir, aunque el mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictamine que es inconstitucional prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, el estado de Texas no adaptará la legislación estatal que lo prohíbe, y los funcionarios que acaten el fallo del más alto tribunal del país serán despojados de sueldos y pensiones.

Evidentemente, el proyecto de ley es inconstitucional, y no deja de sorprender que haya obtenido la aprobación del Comité de Asuntos Estatales para que prosiga su tramitación. Pero, al parecer, proyectos de este tipo, destinados a entorpecer derechos constitucionales reconocidos, son frecuentes en el conservador estado de Texas.  Según Dan Quinn, portavoz del grupo de la organización progresista Texas Freedom Network, sin duda son “una rabieta” de quienes “se niegan a asimilar lo que está pasando”, pero también son una estrategia.

Quinn recuerda lo sucedido en Texas tras la decisión del Tribunal Supremo de 1973, que establecía que la decisión de abortar era un derecho constitucional de las mujeres que los estados no podían prohibir. Los legisladores de Texas intentaron repetidamente restringir ese derecho hasta prácticamente anularlo, obligando a acudir a los tribunales federales para impedir la continuidad de las leyes. Tras cada victoria legal, se sucedía una nueva ley restrictiva que de nuevo debía ser desafiada judicialmente. Dan Quinn teme que ese sea también el destino del matrimonio igualitario en el estado de Texas.

Fuente Dosmanzanas

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Matthew Eledge (centro) acompañado de varios alumnos tras ganar un trofeo para la escuela

 Los estudiantes de una escuela católica de Omaha, en el estado de Nebraska, han llevado a cabo una recaudación de fondos para mostrar su apoyo a un profesor gay cuyo contrato no será renovado después de que informara al centro escolar de que se había comprometido con su pareja.

En diciembre de 2014, Matt y su novio, Elliot Dougherty, tomaron la decisión de comprometerse e informaron a la administración de la Escuela Católica de Secundaria Skutt, pero desde ahí informaron al profesor que su contrato no sería renovado el próximo año y le amenazaron con que si se lo decía también a los estudiantes, sería despedido inmediatamente. Después de varios meses, Matt propuso la idea de posponer la boda para que pudiera volver a la escuela, pero le dijeron que para ello debía poner fin a su relación con su pareja.

A principios de este mes, el presidente de la escuela, escribió una carta a la comunidad Skutt declarando que “si un funcionario no puede comprometerse con las enseñanzas de la Iglesia católica y sus doctrinas, él o ella no puede seguir siendo parte del personal de la escuela”.

Según una televisión local, los estudiantes llevaron camisetas de apoyo a Matthew Eledge en el Hawk Walk, un evento anual para recaudar dinero para el programa de ayuda financiera de la escuela.

Asimismo, también se ha lanzado una petición en línea a través de la plataforma Change.org contra la decisión de la escuela de no renovar su contrato, afirmando que “como padres, antiguos profesores, exalumnos y personas que apoyan a la comunidad católica de Skutt, exigimos a la administración que abrace la diversidad y defendemos la justicia de no discriminar a un profesor que ha inspirado a cientos de estudiantes y futuros líderes en la comunidad” y señalan que si el profesor es despedido, también “tendrán que despedir a cualquier maestro no casado que esté viviendo con su pareja o mantenga relaciones sexuales, cualquier persona divorciada que se haya vuelto a casar sin una anulación, o cualquier pareja casada que use anticonceptivos”.

Fuente Get Religion

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Protesta en Indiana por la denominada ley ‘antigay’

La intensa reacción social contra la aprobación por el estado de Indiana de una ley que daba carta blanca para discriminar a las personas LGTB aduciendo motivos religiosos, de la que dimos cuenta hace unos días, se ha traducido al final en la aprobación de un añadido de carácter antidiscriminatorio. Algo parecido ha sucedido en Arkansas, otro estado que acaba de aprobar una ley similar, que el gobernador se había negado a sancionar en su versión original. En paralelo, las peticiones de boicot a Indiana están siendo ya retiradas. Sí algo ha puesto de manifiesto lo sucedido, según numerosos observadores, es la absoluta falta de capacidad del Partido Republicano para sumarse al cambio social que está teniendo lugar en Estados Unidos en materia LGTB.

Ante las fuertes críticas, legisladores de ambos estados aprobaron cambios que prohíben usar motivos religiosos para negar servicios con base en raza, color, religión, edad, nacionalidad, discapacidad, género u orientación sexual. Legisladores en Arkansas e Indiana aprobaron el jueves iniciativas de ley que esperan acallará el alboroto nacional sobre nuevas leyes de objeciones religiosas que opositores afirman están diseñadas para ofrecer una defensa jurídica a la discriminación de homosexuales.

Lo comentábamos en nuestra anterior entrada dedicada a Indiana. “Arreglen esto ya”, era la petición que ocupaba hace justo una semana la portada de Indianapolis Star, el diario local más importante del estado, expresión de la gran inquietud generada ante la reacción social contra la ley y las amenazas de boicot que amenazaban con afectar seriamente la economía del estado, y que de hecho han dejado muy tocada su imagen. El gobernador Mike Pence anunciaba la inmediata aprobación de una norma adicional que clarificaría los límites de la ley e impediría la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual. Así ha sido.

. La nueva norma, elaborada y aprobada con carácter urgente el pasado jueves, establece que la legislación de protección a la libertad religiosa no permite a ningún proveedor de servicios discriminar a clientes por motivos de raza, color, religión, origen, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual o identidad de género. Quedan excluidas, eso sí, las iglesias u organizaciones religiosas, así como los clérigos de las diferentes confesiones en el ejercicio de su actividad ministerial. Mike Pence la firmaba inmediatamente tras ser aprobada. En Indiana, la cámara baja y el Senado aprobaron revisiones a la ley firmada la semana pasada por el gobernador republicano Mike Pence después de una protesta clamorosa por parte de comercios y grupos defensores de los derechos de las personas LGTB. Si Pence aprueba la nueva redacción, será la primera vez que son mencionados en un estatuto estatal la orientación sexual y la identidad de género. La enmienda en Indiana prohíbe a proveedores de servicios utilizar la ley como una defensa jurídica para negarse a proporcionar servicios, artículos, instalaciones o alojamiento. Prohíbe además la discriminación con base en raza, color, religión, abolengo, edad, nacionalidad, discapacidad, género, orientación sexual, identidad de género o servicio militar estadounidense, aunque aún quedan exentas de esta prohibición las Iglesias y escuelas afiliadas, así como a organizaciones religiosas sin fines de lucro.

Brian Bosma, presidente de la Cámara de Representantes, dijo que el acuerdo envía una “muy fuerte declaración” de que el estado no tolerará la discriminación y subrayó que la ley “no puede ser utilizada para discriminar a nadie”.

Líderes empresariales, muchos de los cuales se han opuesto a la ley o han amenazado cancelar sus viajes al estado debido a ella, calificaron la enmienda como un primer paso positivo. Indiana todavía no incluye a la comunidad LGTB como un grupo protegido en su ley sobre derechos civiles, pero Bosma dijo que los legisladores se reunieron con representantes de esta comunidad y opinaron que la enmienda atiende muchas de sus preocupaciones.

El estado de Indiana, entretanto, busca restañar las heridas. Mientras que los promotores de las iniciativas de boicot van retirándolas tras la reforma antidiscriminatoria, las agencias locales de turismo insisten en que todo el mundo “es bienvenido” en Indiana. Numerosos establecimientos, de hecho, han colocado pegatinas en su entrada con la leyenda “este negocio atiende a todo el mundo”, como parte de la campaña Open for Service contra de la discriminación.

A quien no habrá gustado demasiado la marcha atrás de los republicanos de Indiana es a los propietarios de una pizzería de la localidad de Walkerton, que no dudaron en declarar a los medios de comunicación que acogiéndose a la ley, tal y como originalmente fue aprobada, se negarían a servir pizzas a celebraciones de boda entre personas del mismo sexo. Si lo que buscaban era su minuto de fama -servir pizza de encargo en una celebración de boda no parece un servicio habitual, ni siquiera en Indiana- desde luego lo han conseguido, siendo noticia a nivel nacional y movilizando incluso a su favor a miles de homófobos que han recaudado más de 800.000 dólares de ayuda para el negocio…

Sea como sea, hay varias lecciones que podemos extraer de lo sucedido en Indiana. En primer lugar, que los sectores mas reaccionarios no descansan nunca en su lucha por perpetuar la discriminación de las personas LGTB, más allá de la batalla por el matrimonio igualitario. En segundo lugar, que la movilización social sigue siendo un instrumento eficaz que no debe dejarse de lado, incluso en contextos políticos en teoría favorables (los homófobos no lo hacen). Por último, no conviene olvidar que sin el posicionamiento de algunas de las más importantes empresas de los Estados Unidos es dudoso que se hubiera ganado esta batalla: parece claro que el movimiento LGTB debe mantener viva su capacidad de generar sinergias a todos los niveles.

Algo parecido -aunque no exactamente igual- sucedía en Arkansas, donde el gobernador Asa Hutchinson ni siquiera había firmado la primera versión de la ley a la espera de que fuese enmendada. Finalmente la legislatura del estado aprobaba una segunda versión que, sin incluir expresamente una normativa antidiscriminatoria, establece claramente que la ley debe ser interpretada en el mismo sentido la legislación federal de protección de la libertad religiosa (que data de 1993) y de acuerdo a la jurisprudencia previa en ese sentido, lo que en la práctica supone que la situación sigue más o menos como hasta ahora. La Cámara de Representantes de Arkansas aprobó por 76-17 una medida de objeciones religiosas modificada después que el gobernador Asa Hutchinson solicitó cambios ante el aumento de críticas de que una ley previa justificaba la discriminación de homosexuales y lesbianas. Hutchinson firmó la ley sólo momentos después de la votación. Dijo que la nueva versión reconoce que “tenemos una fuerza laboral diversa y una cultura diversa”.

En definitiva, dos derrotas significativas para los grupos homófobos, siendo especialmente dolorosa para ellos la de Indiana, donde el resultado final ha sido precisamente el opuesto al inicialmente deseado: la aprobación de una normativa expresamente antidiscriminatoria con mención a la orientación sexual y a la identidad de género.

Dos derrotas, por otra parte, que han supuesto cierta convulsión interna en el Partido Republicano, obligado a ceder ante la presión social en dos estados cuyas legislaturas controla con cómodas mayorías absolutas. Especialmente significativo resulta el contraste entre los posicionamientos favorables a la redacción inicial de la ley de Indiana por parte de los políticos republicanos en activo, sujetos a la influencia de las bases más conservadoras del partido (como el candidato presidencial Ted Cruz, abiertamente homófobo, y el también más que probable candidato Jeb Bush) frente a las críticas de otros políticos republicanos que ya no tienen nada que perder, como es el caso del exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, que considera que su partido tiene mucho “que aprender” de lo sucedido.

“Si el Partido Republicano quiere que la próxima generación de votantes escuchen nuestras ideas y soluciones a los problemas reales, tenemos que ser un partido abierto e inclusivo, no un partido de divisiones. Tenemos que ser el partido del gobierno limitado, no el partido que legisla sobre el amor. Tenemos que ser el partido que se posiciona a favor de la igualdad y contra cualquier forma de discriminación. Tenemos que ser el partido que en su momento atrajo a este inmigrante austriaco”, ha declarado Schwarzenegger.

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La Corte Suprema de Estados Unidos anunció el jueves que, además de examinar la legalidad del matrimonio igualitario, también tratará la polémica sobre las inyecciones letales.

Según el calendario distribuido a la prensa, estos dos asuntos están entre los temas más importantes que el máximo tribunal abordará en el período 2014-2015.

La Corte decidirá el 28 de abril si los las parejas del mismo sexo pueden casarse en todo el país, lo que abrirá la vía a una decisión histórica en uno de los temas más polémicos de la sociedad estadounidense.

El matrimonio igualitario es legal en 36 de los 50 estados de Estados Unidos, pero está prohibido en otros 14. La Corte Suprema responderá si la Constitución, que garantiza igual protección para todos, requiere que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea reconocido en todo el país de la misma forma que el contraido por parejas heterosexuales.

Al día siguiente, el alto tribunal debatirá la polémica en torno a la inyección letal en Estados Unidos, donde varias ejecuciones resultaron problemáticas por el uso de productos que no han sido homologados. La decisión en este tema podría significar una moratoria de las ejecuciones en todo el país.

Bloquean una ley contra el matrimonio igualitario en Nebraska

La decisión respondió a la demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Nebraska se une a los Estados de EE.UU que legitima el matrimonio igualitario. Recientemente, una corte federal puso fin a la ley que vetaba este tipo de uniones en la región estadounidense. El próximo día 9 de marzo comenzará a aplicarse esta ley en favor de la igualdad y todos los funcionarios y organismos públicos de Nebraska tendrán la obligación de celebrar estas ceremonias. El fallo fue emitido por el juez Joseph Bataillon que ha sido calificado por algunos sectores contrarios como “juez activista”.

Bataillon afirmó que “se ordena que todos los funcionarios estatales relevantes traten a las parejas del mismo sexo de igual modo que las personas de sexos opuestos en el contexto de procesar una licencia de matrimonio o determinar los derechos, protecciones, obligaciones y beneficios del matrimonio”. Las críticas no se han hecho esperar. Por su parte, el gobernador Pete Ricketts aseguró que la prohibición de los matrimonios igualitarios había sido apoyada por un 70% de la población de Nebraska. “La definición del matrimonio es un tema a decidir por la gente de Nebraska y un juez activista no debería reemplazar la voluntad de la gente por sus preferencias políticas personales” aseguró Ricketts.

El fallo de Bataillon respondía así a las peticiones de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que celebró la decisión como un avance hacia la igualdad y la integración. Bataillon argumentó además su fallo asegurando que la prohibición busca alentar las uniones biológicas familiares “ha sido rechazado por la mayoría de las cortes e incluso por la Suprema Corte de Justicia”.

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ya había eliminado la prohibición de celebrar los matrimonios igualitarios en Alabama, algo que facilitó la toma de esta misma decisión en Nebraska. El fallo de los magistrados del máximo tribunal judicial desautorizó las leyes estatales que prohibían tales uniones.

Actualmente, Estados Unidos cuenta con 37 estados, que aumentarán a 38 en el momento en el que el fallo de Nebraska se haga efectivo, en los que el matrimonio entre personas del mismo sexo se encuentra legitimado.

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El juez federal Joseph F. Bataillon ha dictaminado este 2 de marzo que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en las leyes de Nebraska viola la Constitución de los Estados Unidos. También ha emitido una orden dirigida a todos los funcionaros del estado implicados para que apliquen su sentencia, estableciendo como efectos de la misma el próximo día 9 de marzo. La Fiscalía de Nebraska ya ha iniciado el proceso de presentación del correspondiente recurso ante la Corte de Apelaciones del 8º Circuito. Es muy posible que esta Corte de Apelaciones, que aún no ha fallado respecto al matrimonio igualitario, dictamine la suspensión cautelar de la sentencia, como ha ocurrido en los casos de Misuri, Arkansas y Dakota del Sur.

Joseph F. Bataillon ya había dictaminado en 2005 a favor del matrimonio igualitario en Nebraska. En aquella ocasión se dilucidaba la constitucionalidad del proceso legal por el que se había enmendado la Constitución del estado para definir el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, e impedir así el reconocimiento de los enlaces de las parejas del mismo sexo. El juez Bataillon estimó que esa enmienda violaba la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, sin embargo, en 2006 la Corte de Apelaciones del 8º Circuito revocó su sentencia, permitiendo que la legislación discriminatoria siguiera en vigor.

En esta ocasión, el juez Bataillon ha tenido que decidir sobre las demandas interpuestas por ocho parejas. Unas denunciaban el no reconocimiento por parte de la administración de Nebraska de sus matrimonios celebrados legalmente en otros estados, otras que Nebraska les impidiera contraer matrimonio, en aplicación de la sección 29ª de su Constitución, que establece que “solo el matrimonio entre un hombre y una mujer será válido o reconocido en Nebraska. La unión de dos personas del mismo sexo en una unión civil, compromiso doméstico u otro tipo de relación similar entre personas del mismo sexo no serán válidos o reconocidos en Nebraska”.

Mientras que las parejas demandantes argüían que esta prohibición vulnera su derecho a la igual protección y al debido proceso amparados por la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la Fiscalía de Nebraska se remitía a la decisión antes citada de la Corte de Apelaciones del 8º Circuito y al derecho de los estados a “convertir las relaciones naturalmente procreativas en uniones duraderas y unir a los hijos con sus padres biológicos”.

El juez Bataillon ha citado la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Windsor, en la que se establece que “las leyes estatales que definen y regulan el matrimonio deben respetar los derechos constitucionales de las personas”. También se ha apoyado en los dictámenes favorables al matrimonio igualitario de las Cortes de Apelaciones del 9º y 4º Circuitos, y ha querido desligar completamente el matrimonio de la procreación, resolviendo que “para la mayoría de las parejas casadas, las que no tienen hijos en el hogar, el matrimonio es un compromiso legal y emocional para el bienestar de su pareja. El Estado tiene claramente el derecho a animar a las parejas a casarse y proporcionarse apoyo mutuo. Sin embargo, esas leyes deben aplicarse por igual y sin atender al género. Es hora de poner fin a esta disposición desigual”. Con esta sentencia el juez hace honor al lema que figura en el escudo de Nebraska: “Igualdad ante la Ley”.

El fallo, por lo tanto, ha sido a favor de las parejas demandantes, aunque se ha establecido que su entrada en vigor se posponga hasta el próximo día 9 de marzo. El juez también ha emitido una orden en la que clarifica que todos los funcionarios y personal administrativo relacionado con el matrimonio deben tratar de igual modo a las parejas del mismo o distinto sexo. Es evidente que esta precaución ha sido tomada para evitar la lamentable situación que tuvo lugar en Alabama, donde la juez federal tuvo que reiterar en dos ocasiones el ámbito de su sentencia, ante la rebelión de los jueces de familia de los condados, incitados por el propio presidente de la Corte Suprema del estado.

Sin embargo, esta precaución puede ser en balde, pues mientras transcurre la semana establecida para la entrada en vigor de la sentencia, podría prosperar la más que previsible petición de la Fiscalía de su suspensión cautelar ante la Corte de Apelaciones del 8º Circuito. Esta Corte de Apelaciones ya ha suspendido, o confirmado la suspensión, las sentencias favorables de Misuri, Arkansas y Dakota del Sur hasta que concluya el proceso de apelación. Lo que ya ha hecho la Fiscalía de Nebraska es iniciar el proceso de recurso, comunicando oficialmente al tribunal su intención de apelar.

Para conocer los avences y la situación actual del Matrimonio igualitario en EE.UU., pincha aquí.

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La extensión del matrimonio igualitario y su creciente aceptación en los Estados Unidos está poniendo a los centros superiores de enseñanza católicos ante la disyuntiva de reconocer estos matrimonios a efectos de funcionamiento interno o no hacerlo alegando motivos religiosos. Algunas universidades, sobre todo jesuitas, han decidido de hecho reconocer las parejas del mismo sexo casadas, lo que ha generado protestas de algunos obispos.

La Universidad de Creighton, en Nebraska, ha decidido reconocer las parejas del mismo sexo casadas a efectos de seguros de salud. Se trata de parejas casadas fuera del estado, dado que Nebraska no reconoce el matrimonio igualitario al seguir en vigor una enmienda constitucional aprobada en el año 2000. Ello da a la decisión un especial valor, dado que la universidad no tenía obligación legal de reconocer estos matrimonios. Pero la significación de la noticia es aún mayor si se tiene en cuenta que la de Creighton es una universidad católica, dirigida por la Compañía de Jesús.

No se trata sin embargo del único caso de universidad católica que toma esta decisión en los Estados Unidos. Otras 21 universidades de los jesuitas también reconocen los matrimonios entre personas del mismo sexo a efectos de funcionamiento interno. También la Universidad de Notre Dame, en Indiana (esta no vinculada directamente a los jesuitas) ha decidido reconocer estos matrimonios.

Al justificar su decisión, las universidades tratan de mantener un delicado equilibrio. Por un lado, afirman su adhesión a la doctrina católica sobre el matrimonio, pero por otro hablan de la necesidad de cumplir la ley, pues muchas de estas universidades se encuentran en estados que ya reconocen el matrimonio igualitario. Además, apelan significativamente al “principio de misericordia”, como algunos denominan la actitud que diversos sectores de la jerarquía católica, con el apoyo del papa Francisco, estaría fomentando hacia divorciados y personas LGTB.

En palabras del presidente de la Universidad de Creighton, el padre Tim Lannon, “no ha sido una decisión fácil. Tras mucha oración y discernimiento, creo que  extender los beneficios es lo correcto. Esta decisión conlleva la tensión entre la enseñanza de la iglesia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y la preocupación de justicia social por la atención y bienestar de las familias de nuestros colegas”. El presidente de la Universidad de Notre Dame, el reverendo John Jenkins, ha afirmado por su parte que “reconocemos una llamada urgente para acoger, apoyar y apreciar a nuestros hermanos y hermanas gais y lesbianas, que demasiado a menudo han sido marginados e incluso apartados de entre nosotros, y que en muchos casos portan las cicatrices de este trato”.

Los obispos se enfadan

Muy distinto es el punto de vista de una parte de la jerarquía católica. Especialmente contrariado se ha mostrado George Lucas, arzobispo de Omaha, diócesis donde se encuentra la Universidad de Creighton. En palabras suyas: “estoy decepcionado por el anuncio del Padre Lannon (…). Aunque pretenda que no se está afirmando la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ése es precisamente el mensaje que está dando la universidad (…). No hay tensión entre la doctrina católica y la justicia social. Ambas están fundadas en las mismas verdades sobre la naturaleza de la persona humana, la complementariedad de hombre y mujer y el significado de la vida humana y el amor. Al tiempo que experimentamos tensión al asegurar el respeto y trato justo a todas las personas, incluidas aquellas con atracción por el mismo sexo, tenemos el derecho a esperar de una universidad católica que nos ayude a ver un camino justo hacia delante, arraigado en la fe y fundado en la rica tradición intelectual católica. Creighton no ha logrado satisfacer esa expectativa con esta expansión de beneficios”.

Kevin Rhoades, obispo de Fort Wayne–South Bend, donde se encuentra la Universidad de Notre Dame, defiende por su parte que no se apliquen estos beneficios apelando para ello a la libertad religiosa. “Querría que se estudiara más qué lo que la ley requiere y qué protecciones relativas a la libertad religiosa tienen Notre Dame y nuestras otras instituciones católicas para que no se vean obligadas a cooperar en la ley que redefine el matrimonio. Nuestra Conferencia Episcopal de Indiana está estudiando estos asuntos”, ha declarado.

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32 Estados de Estados Unidos han solicitado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se pronuncie sobre el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio

Tres jueces estudian las enmiendas contra el matrimonio gay de Idaho, Nevada y Hawai

La experiencia de Massachusetts como primer estado en legalizar el matrimonio igualitario muestra que permitir que las parejas del mismo sexo se case ha beneficiado a las familias y fortalecido la institución del matrimonio, alegó la fiscal general Martha Coakley.

Más de una treintena de estados que permiten o prohíben los matrimonios entre personas del mismo sexo pidieron el jueves a la Corte Suprema federal que resuelva el asunto de una vez por todas.

Quince estados que permiten el matrimonio igualitario, liderados por Massachusetts, presentaron un escrito que pide a los magistrados abordar tres casos de Virginia, Utah y Oklahoma y derogar las prohibiciones. Por su parte 17 estados que prohíben esa unión, encabezados por Colorado, han pedido a la corte abordar los casos de Utah y Oklahoma para limpiar una “maraña” de demandas, pero no exhortó al máximo tribunal a pronunciarse en alguno de los sentidos.

Las mociones se presentaron mientras un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7mo Circuito en Chicago falló que las prohibiciones al matrimonio entre personas del mismo sexo en Wisconsin e Indiana son inconstitucionales. La decisión unánime del jueves criticó las justificaciones que ambos estados dieron: que el matrimonio entre un hombre y una mujer es tradicional. La corte señaló que hay tradiciones buenas y malas.

“Las leyes que prohíben a las parejas del mismo sexo casarse son discriminatorias e inconstitucionales“, dijo la fiscal general Martha Coakley. “Ha llegado la hora de que este crucial tema sea resuelto”.

California, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Nuevo Mexico, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Vermont y Washington se sumaron a Massachusetts.

El escrito de Colorado argumentaba que la definición de matrimonio enfrenta impugnaciones legales que solo la Corte Suprema puede resolver, y que sin una decisión del máximo tribunal, los estados que defienden las prohibiciones podrían encarar responsabilidades financieras en futuras demandas si las leyes son derogadas.

Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Idaho, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Virginia Occidental y Wisconsin se sumaron a la causa de Colorado.

Fuente Cáscara Amarga

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