Comentarios desactivados en El Salvador: Bukele intensifica sus políticas contra la “ideología de género”
El recientemente reelegido presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acaba de prohibir que la mal llamada “ideología de género” entre en las escuelas del país, calificándola de “antinatural, antidios y antifamilia”.
SAN SALVADOR – El gobierno del presidente Nayib Bukele, ha intensificado sus críticas y políticas contra la ideología de género. Colectivos LGBTI y feministas denuncian retrocesos en el acceso a derechos en instituciones del Estado.
Luego de su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un evento desarrollado en Estados Unidos por grupos conservadores y de ultraderecha, Bukele declaró al movimiento Padres en Acción que su gobierno no permite el desarrollo de contenidos académicos con ideología de género ni en escuelas ni colegios.
“(Nuestros hijos) se los confiamos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles en sus vidas, biología, matemática, cosas importantes para su aprendizaje. Luego vienen y quieren meterles ideologías. Quieren meterles cosas contrarias a la naturaleza”, dijo en declaraciones con la directora de Moms for Liberty, una organización que busca expulsar la llamada ideología de género de las escuelas.
En la CPAC intervinieron, además, el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) y el mandatario argentino, Javier Milei, quien esta semana también anunció que prohibirá el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública del país sudamericano.
Un poder inconstitucional
Bukele, de 42 años de edad, se ha autodefinido como “el dictador más cool del mundo”. Ganó a inicios de febrero la reelección con una aplastante victoria pese a la prohibición de la Constitución que impide los mandatos consecutivos.
De origen palestino, Nayib es uno de los diez hijos de Armando Bukele Kattán, un fallecido empresario y fundador de cuatro mezquitas en El Salvador.
“Nos hacen pagar (impuestos) para que tengan una educación contraria a la naturaleza, contraria a Dios, contraria a la familia, contraria a lo que los padres queremos, ese es el verdadero peligro y hay que erradicar eso de las escuelas”, agregó.
“Es un plan premeditado para destruir a las futuras generaciones”, sostuvo Bukele.
🏳️🌈 Sigan apoyando y aplaudiendo a alguien que esta en contra de sus derechos, alguien que habla de mejorar la educación y en 5 años ni una sola reforma al sistema y si en este nuevo periodo las hay, esta claro que serán encontrar de nuestra libertad . 💅👠#Ladydragpic.twitter.com/7GGRrSVmb6
El mandatario descartó que el país se contemplaran cambios en materia de aborto, matrimonio del mismo sexo y la eutanasia en un pliego de reformas a la Carta Magna que fueron promovidas por un equipo de abogados dirigidos por su propio vicepresidente, Félix Ulloa.
“He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia”, escribió Bukele en septiembre de 2021.
Un año más tarde, el gobierno prohibió emitir un contenido de identidad sexual en la televisora estatal canal 10 y anuló un contrato con un instituto de formación docente que transmitía un programa educativo, después de recibir presiones ciudadanas que argumentaban supuesta ideologización a estudiantes.
La directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH), Mónica Linares, denunció que en noviembre pasado la Corte Suprema de Justicia decidió terminar un acuerdo con la organización para realizar jornadas de sensibilización de jueces y personal de la corte por las solicitudes cambio de nombres e identidad.
Regimen de Excepción
Pero las principales críticas a su gobierno derivan de la aplicación de casi dos años de un Régimen de Excepción para combatir a las pandillas llamadas “maras”. La polémica medida que suspende algunos derechos constitucionales ha permitido detener a más de 75.000 presuntos miembros de estas estructuras.
Según datos oficiales, en 2023, el número de homicidios en El Salvador se redujo un 68.8% debido a la continuidad del estado de emergencia. El año pasado se cometieron 154 asesinatos, frente a los 495 del año previo, mientras que se reportó una tasa de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas del continente.
Durante 24 meses, las organizaciones de derechos humanos contabilizan unas 236 muertes bajo custodia del Estado y más 5,775 de personas a quienes les han violado los derechos humanos. Entre ellas reportan 53 vulneraciones a poblaciones LGBTI+, de las cuales 39 son detenciones arbitrarias, afectando principalmente a mujeres trans y hombres gay.
Escuelas sin ideología de género
Luego de las declaraciones de Bukele a Padres en Acción, el periodista y analista venezolano Eduardo Menoni, publicó en su cuenta de X: “ÚLTIMA HORA: DURÍSIMO GOLPE AL LOBBY LGBTIQ+. El ministerio de educación de El Salvador CONFIRMA que ha expulsado de guías, libros y materiales educativos, todo rastro de la ideología de género de las escuelas. • ¿Apoyas esta CONTUNDENTE MEDIDA ordenada por Nayib Bukele?”, escribió.
El ministro de Educación, José Mauricio Pineda, citó el post de Menoni y confirmó que “todo uso o todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”, sin dar detalles.
“Todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”, ha confirmado el ministro de Educación de El Salvador, José Mauricio Pineda, siguiendo las instrucciones de Bukele, que cree importante “que se retome a Dios en las escuelas, que se retome la moral, el civismo, que se aprendan las cosas tradicionales, como matemática e historia, […] nadie está en contra de modernizarse, de lo que estamos en contra es que metan ideologías antinaturales, antidios, antifamilia, eso no cabe en nuestras escuelas”, dijo.
Diputados oficialistas publicaron mensajes de respaldo a la medida de prohibir la enseñanza de ideología de género, mientras que simpatizantes de Bukele alabaron sus declaraciones. Un caricaturista identificado como @KikeCastaneda2 dibujó una mano que dice El Salvador depositando en un recipiente de la basura banderas de la población LGBTI, con la frase que “no quede rastro”.
Agencia Presentes solicitó un pronunciamiento oficial del Ministerio de Educación, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta, sin embargo, en una breve publicación en X, la cartera de Estado que los contenidos con ideología de género fueron expulsados de guías, libros y materiales educativos.
El ministerio de Salud ordenó esta semana retirar todo material que tenga que ver con diversidad sexual y documentos que permitían identificar el género de los usuarios en los centros asistenciales, denunciaron activistas LGBTI.
Para la tribuna y contra la Constitución
“Tal parece que están buscando quedar bien con estos grupos que se oponen a los derechos de las mujeres y las personas LGBTI. Está claro que hay un sentido político de buscar, provocar y promover la discriminación, a pesar que la Constitución de la república, prohíbe la discriminación hacia las personas por cualquier razón”, dijo a Presentes Mariana Moisa, de la Colectiva Feminista.
Por su parte, el activista, Erick Ortiz, dijo que el oficialismo estaba recurriendo al miedo construido sobre la base de la desinformación que existe sobre la población LGBTI.
“Ese caballito imaginario que llaman ‘ideología de género’, en este caso, no es más que un paraguas para explotar políticamente las vidas de personas que siempre hemos estado excluidas, y radicalizar religiosamente a su base de aplaudidores”, escribió Ortiz en X.
“Las personas LGBT+ seremos solo unas más en la larga lista de perseguidas que se utilizarán para atornillar su narrativa de víctima (y paladín de las causas absurdas). Mientras engaña ahora a las derechas huérfanas de proyecto político, como antes lo hizo con la izquierda salvadoreña, el Señor de Los Sueños (Bukele) construye un Estado cuya única finalidad es la de imponer una dinastía familiar cleptocrática. Y para ello, el camaleón mutará las veces que sean necesarias” agregó.
Comentarios desactivados en El Triángulo Norte centroamericano expulsa a la diversidad sexual
En Honduras, Guatemala y El Salvador, las disidencias sexuales, para salvar sus vidas, deciden huir. El peso que la religión tiene en Latinoamérica.
De entre los tres libros a la vista en un mueble de la sala, resalta uno que lleva por título El Exiliado. Es un libro de poemas de un autor argentino que le regalaron en un evento al que fue con uno de los tres amantes que ha conocido por Grindr, la aplicación más usada para encuentros entre hombres.
A la par de ese libro, hay otro que Arturo levanta. Lo abre y muestra la contratapa, donde aparece la foto del amante escritor que ha presumido esta tarde de primavera.
Arturo vive en un edificio con vista a la avenida Cabildo, una vía emblemática y concurrida de la Ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina. Llegó hace cuatro meses a la ciudad y no tiene país. A sus 43 años ha vivido entre Honduras y Costa Rica, y hoy está en Argentina.
Entre los seis y los 12 años, sus papás le pegaron porque su hermano mayor les contó que lo veía jugando y acariciándose con otros niños vecinos de su edad. Su hermano también le pegaba cuando se emborrachaba, y sus tías católicas le decían que se iría al infierno por ser un niño amanerado.
A los 17 años, Arturo escapó de su pueblo. Terminó el bachillerato y se mudó a San Pedro Sula. Esta ciudad industrial y Tegucigalpa, la capital hondureña, son las más importantes del país. También han figurado algunas veces como unas de las más peligrosas del mundo.
Una discriminación estructural
La violencia hacia las personas de la diversidad sexual comienza en la casa, continúa en las escuelas y se extiende en todos los espacios sociales. Incluidos aquellos en los que se toman decisiones políticas.
“El mayor problema de América Latina es que es una región religiosa, principalmente católica”, opina Adriana Espinosa, directora de Viajes de Emergencia y Asistencias Financieras de Rainbow Railroad, una organización canadiense, con presencia mundial. Ayuda a las personas LGBTIQ+ a salir de sus países por la violencia que atraviesan por no vivir dentro de la norma heterosexual.
La organización acompaña actualmente 400 casos de personas LGBTIQ+ que huyen porque son perseguidas por su orientación sexual, identidad y expresión de género. Entre los casos están el de un hondureño y el de dos mujeres nicaragüenses reubicadxs en Argentina.
A nivel cultural, Latinoamérica no está de acuerdo con la diversidad sexual, agrega Espinosa, y las personas son católicas de nacimiento, aunque no sean practicantes.
El Congreso de Guatemala, por ejemplo, aprobó en 2022 la conmemoración del Día por la Vida y la Familia, fijando la fecha cada 9 de marzo. El decreto aprobado por lxs diputadxs, explícitamente, obliga a los tres poderes del Estado a realizar actividades para “proteger” la concepción tradicional y heterosexual de la familia, y prohíbe hablar sobre educación sexual el país.
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Después de informarse sobre la diversidad sexual y entender que la atracción que sentía por otros hombres también la sentían otros hombres, Arturo se convirtió en activista LGBTIQ+.
En San Pedro Sula, tuvo su primer novio, sus primeros amigos gais y fue diagnosticado con VIH. En 2007, con lo que había aprendido hasta entonces, comenzó a trabajar, dentro de una organización, en la prevención y tratamiento de las personas de la diversidad sexual viviendo con VIH.
Pero Honduras estaba por estallar. El 28 de junio de 2009, a un año de terminar su gobierno, el presidente Juan Manuel Zelaya, un militar de izquierda, fue derrocado en un golpe de Estado y luego se instaló un gobierno de facto.
El día del golpe y los que le siguieron hubo toques de queda. Los cuerpos de seguridad estatal, policías y militares, fueron denunciados a nivel internacional por organizaciones sociales debido al uso excesivo de la fuerza y los crímenes que cometieron contra civiles.
Una de las víctimas del golpe fue un amigo y compañero de trabajo de Arturo. A él, dice, lo mataron los militares cuando transitaba por la calle. Era un hombre organizado, y esto, más ser amanerado, le valió para ser asesinado.
Esta condena describe las violaciones a los derechos humanos en Honduras. En total, durante el golpe, hubo 300 asesinatos y así el país centroamericano, según la Corte IDH, pasó a ser uno de los más inseguros. Y, San Pedro Sula, una de las ciudades más peligrosas del mundo.
De todos los grupos de la población LGBTIQ+, la que ha sido mayormente vulnerada es la población trans, sobre todo las mujeres trans, por su identidad y expresión de género visibles y contrarias a la norma heterosexual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estima que la esperanza de vida de una mujer trans en América Latina oscila entre los 30 y 35 años.
Sin una Ley de Identidad de Género que les reconozca, las personas trans siguen sin acceder a derechos humanos básicos como la salud y la educación. Y, al no insertarse en un mundo laboral formal, algunas mujeres trans no tienen otra opción para buscar ingresos distinta al trabajo sexual.
“Ser LGBTIQ+ es una sentencia de muerte en Honduras, no hay ninguna ley de protección”, apunta Osmán Lara, presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, que está conformado por 15 organizaciones con presencia en 16 municipios hondureños.
El estigma y la violencia que pesan contra la diversidad sexual en Honduras son tal que, cuando una persona es visiblemente LGBTIQ+ y quiere acceder a un servicio de salud, primero tiene que pasar por un testeo de VIH. A la discriminación social se suma que las pandillas obligan a algunas mujeres trans y a algunos gais a vender droga, señala Lara.
Las organizaciones hondureñas, con los pocos recursos que tienen, trabajan en el acompañamiento legal a las personas de la población LGBTIQ+ y registran las violencias que enfrentan.
En 2023, según el Comité LGBTIQ+, 48 personas de las disidencias sexuales fueron asesinadas en Honduras. Guatemala alcanzó índices de violencia similares, con 34 casos registrados. Estos homicidios se fundamentan en el odio hacia la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas, por ello son llamados crímenes de odio y, en la mayoría de los casos, quedan impunes.
“En víctimas LGBTIQ+, Honduras tiene un triste récord”, reconoce Tony García, Vice Canciller Consular y Migratorio en el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022.
A pesar de reconocer la violencia hacia la diversidad sexual, García minimiza su impacto al afirmar que no es una de las principales razones de la migración en Honduras. Según él, lxs hondureñxs emigran principalmente para reunificarse con familiares en Estados Unidos, donde reside un millón y medio de hondureñxs. La segunda causa para migrar es el desempleo y, en último lugar, por la amenaza de las pandillas.
Lo mismo ocurre con el gobierno guatemalteco, el cual no reconoce en sus registros la migración como resultado de la violencia, mucho menos la violencia estructural que enfrenta la población LGBTIQ+.
Alharaca solicitó una entrevista con representantes del Instituto Guatemalteco de Migración. Alejandra Mena, de la oficina de prensa, atendió la entrevista por escrito. Allí, dice que lxs guatemaltecxs migran por «mejoras» y oportunidades laborales, reunificación social y “familiar”.
De parte de El Salvador, no hubo una respuesta de las autoridades sobre la migración forzada.
Arturo no tuvo otra opción que huir de San Pedro Sula durante el toque de queda. Junto a uno de sus colegas, pidió medidas de protección a la CIDH por la persecución estatal de la que eran víctimas lxs activistas en ese tiempo. Las medidas no les aseguraban que sus vidas estuvieran a salvo, porque quienes les cuidaban, por órdenes de la CIDH, eran policías que frente a ellos presumían la violencia que ejercían contra la población LGBTIQ+.
En el Triángulo Norte centroamericano, los Estados no han legislado a favor los derechos de las disidencias sexuales, lo que les hace más vulnerables a la violencia. Los crímenes contra estas personas quedan impunes, no hay leyes de identidad de género que reconozcan a las personas trans y el matrimonio igualitario no está permitido. En esta región, no solo hay presencia de pandillas, sino que, paralelo a estos grupos, las policías y los ejércitos han sido agresores de identidades sexuales diversas, hasta asesinarlas o expulsarlas de sus países.
“Estas violencias, la mayoría de veces, las viven en silencio y no son denunciadas, porque los represores son también policías o funcionarios públicos judiciales”, enfatiza Patricia Vargas, investigadora guatemalteca especializada en población LGBTIQ+ y violencia contra las mujeres.
Vargas lleva años documentando los procesos migratorios y la exclusión que viven las disidencias sexuales en Guatemala. Una de sus investigaciones apunta a que, en la zona 1 de Ciudad de Guatemala, la capital, de cada 100 personas en situación de calle, una es parte de la población LGBTIQ+.
Son personas que muchas veces, dice la especialista, viajan del interior del país creyendo que en la capital la situación de discriminación y racismo que viven en sus comunidades va a cambiar. Pero en la capital se enfrentan con un racismo “diluido” y también con más clasismo que en sus comunidades de origen.
Arturo, agotado por la itinerancia constante y tras enfrentar una nueva pérdida en su organización, tomó la decisión de huir a Costa Rica. La decisión surgió cuando un compañero, después de que las pandillas asesinaran a su pareja y a toda su familia (10 personas en total) en 2012, se vio obligado a huir a Estados Unidos. En Costa Rica, Arturo vivió durante una década.
En Centroamérica, Costa Rica se vuelve un posible destino para quienes huyen de la violencia, pero la migración masiva no permite que el país dé respuesta rápida a todos los procesos migratorios.
Dennis Castillo es un hombre gay refugiado en Costa Rica. Huyó en 2012 de Honduras y al año de haber llegado se agrupó con otres activistas para formar el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA-Casa Abierta), que acompaña legal y psicológicamente. Además, ayuda a la integración social a las personas de la diversidad sexual que buscan refugio. “Las personas LGBTI no migramos con familias biológicas, viajamos solos, elegimos familia”, menciona Castillo.
IRCA acompaña 902 casos de solicitudes de refugio. De ellos, la mitad espera una resolución final a su solicitud. Pero, de acuerdo con Castillo, desde 2018 —cuando estalló la crisis política en Nicaragua— a la fecha, Costa Rica tramita 250 mil solicitudes.
El refugio es una protección internacional que brindan los Estados a personas que huyen por situaciones de violencia de sus países de origen. Hay dos convenciones que regulan este tema, una de 1961 y otra de 1967. Ambas consideran que una persona puede ser refugiada al ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, por sus opiniones políticas o por pertenecer a un determinado grupo social.
Las solicitudes de refugio de las personas LGBTQI+, según normativa desarrollada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), el ente encargado de las personas refugiadas, son tramitadas bajo las últimas dos causas.
El mismo informe revela que, a julio de 2022, en el mundo había un millón de personas procedentes de Centroamérica y México refugiadas o solicitantes de refugio. La cifra superó por un 590 % a la cantidad de casos que había en 2015.
Alejandro Córdova presentó El show de la Taylor el 4 de noviembre en La Casa Rosada, San Salvador. Foto: Kellys Portillo.
En la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Córdova conoció el ballroom y, al encuentro con esta subcultura representativa de la comunidad latina y afroestadounidense de inicios del siglo XX, le agradece haber redescubierto su identidad sexual.
La Taylor, como se hace llamar en el mundo artístico, en referencia a la cantante de pop estadounidense Taylor Swift, es una persona no binaria de El Salvador que viajó en junio de 2019 a estudiar becade una maestría en dramaturgia a Argentina.
Después de la pandemia del COVID-19, optó por establecerse en Buenos Aires para avanzar en su carrera profesional. Sin embargo, durante un viaje de cinco semanas a El Salvador entre octubre y noviembre de 2023, llegó a la conclusión de regresar. Económicamente, Argentina ya no le resulta viable: en su primer día de gobierno, Milei devaluó la moneda e implementó medidas que liberalizan la economía en un contexto de inflación descontrolada. Además, su enfoque en recortar el gasto público ha llevado al presidente ultraderechista a amenazar con el cierre de espacios artísticos, incluyendo el Fondo Nacional de las Artes.
«Estoy tomando una decisión basada en oportunidades», comenta Córdova en una entrevista telefónica con Alharaca, a pocos días de regresar a El Salvador.
El paso de La Taylor por Argentina estuvo marcado por los escenarios: uno de sus proyectos, Yender, una obra que habla sobre las vivencias dentro de la cultura ballroom, ganó el Fondo Nacional de las Artes; y, en Buenos Aires, inspirade en la cantante estadounidense, comenzó a presentar sus shows, en los que mezcla la poesía y la música para hablar sobre sus romances con hombres. En 2022, también se casó con una persona no binaria y pudo acceder gratuitamente a su tratamiento de antirretrovirales cuando conoció su diagnóstico positivo de VIH.
En El Salvador, Córdova no experimentó violencia familiar debido a su orientación sexual cuando aún se autopercibía como un hombre gay. Reconoce que, a nivel social, no todas las personas LGBTIQ+ tienen la misma experiencia. “El Salvador es un lugar bien hostil para crecer como disidencia sexual”, afirma.
Desde la aprobación de la Convención sobre el Estatuto de los de Refugiados de 1961 y su adhesión al mismo, Argentina ha reconocido como refugiadas a 773 personas que han huido debido a la persecución que sufrían en sus países de origen por sus opiniones políticas o por pertenecer a un grupo social determinado, como la población LGBTIQ+, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional para los Refugiados.
En 2011, el gobierno de este país sudamericano consideró la posibilidad de otorgar visas humanitarias a personas del Triángulo Norte de Centroamérica, inspirándose en el Programa Siria, el cual entrega visas humanitarias a personas sirias que escapan de una guerra que se ha prolongado por 12 años. La discusión de las visas para centroamericanxs, según Esteban Tome Fuentes, exfuncionario a cargo del programa, no prosperó.
En Guatemala, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) accedió a testimonios de cuatro personas LGBTIQ+ que vivieron estas terapias con las que se les pretendía «corregir» su orientación sexual e identidad de género diferente a la heterosexual.
La investigación, llamada “¿Cura o tortura? ECOSIEGCS—Esfuerzos de cambio de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales—. Las mal llamadas ‘terapias de conversión’ en Guatemala”, explica que en Guatemala no solo se intenta “corregir” a las personas de población LGBTIQ+ por medio de la religión, que ve como enfermedades a las orientaciones sexuales y a las identidades sexuales diversas, sino que también a través de las psicoterapias.
En las escuelas, explayan lxs investigadores de Flacso, hay represiones directas o indirectas para las personas LGBTIQ+, como la expulsión de los centros de estudio y el encubrimiento del bullying homolesboodiante por parte de la comunidad educativa. Luego, esta exclusión evoluciona a la expulsión de las personas de sus países de origen.
«La mía es una migración diferente a la migración de irse por mejorar económicamente o porque no te gusta el país. En nuestro país hay persecución para las personas LGBTI», advierte Arturo, el activista gay de Honduras.
Argentina, en cambio, tiene aprobados derechos que les falta a los países del Triángulo Norte de Centroamérica para garantizar el desarrollo y una vida digna de las personas LGBTIQ+. Pero estas garantías están amenazadas con el gobierno del ultraderechista Javier Milei, que el 10 de diciembre asumió su cargo y ya inició un recorte al gasto público, dejando más vulnerables a las disidencias sexuales y a las mujeres.
En Argentina, las personas trans tienen derecho a cambiarse de nombre, a la posibilidad de acceder a tratamientos hormonales en el sistema público, porque, además, hasta el momento, la salud es gratis para argentinxs y extranjerxs; lo mismo que el sistema de educación en todos sus niveles. Y transversalmente, las escuelas imparten la materia de Educación Sexual Integral. También, el país ha legalizado el matrimonio igualitario y las uniones civiles de personas LGBTIQ+.
“Las personas LGBTIQ+ migran porque no están en igualdad de oportunidades”, dice Karla Guevara, activista trans, directora del Colectivo Alejandría y secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTI+.
El colectivo que preside Guevara ha trabajado en los últimos 11 años en el acompañamiento de personas trans salvadoreñas para que puedan acceder a derechos como la salud y la información en prevención y tratamiento al VIH. Recientemente, también abrió Casa Francela, un centro comunitario creado para convertirse en un punto de encuentro de las disidencias sexuales.
Ante el escenario de violencia compartido por los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, la migración forzada ha sido una constante. Pero entre 2018 y 2019 se volvió más visible y masiva. Durante esos años, de Honduras, El Salvador y Guatemala partieron caravanas de migrantes hacia Estados Unidos que hicieron que la administración de Donald Trump obligara a los gobiernos a frenar la migración.
En estas caravanas, Lara, el activista hondureño, dice que las organizaciones de Honduras identificaron 62 casos de migrantes LGBTIQ+.
Por el imaginario colectivo del «sueño americano», Amaral Arévalo, un investigador salvadoreño especializado en violencia y homicidios contra personas LGBTIQ+ de El Salvador, dentro del Instituto Fernándes Figueira, en Brasil, indica que el principal país de destino que buscan lxs migrantes centroamericanos es Estados Unidos.
En Rainbow Railroad pretenden “desmantelar” la migración hacia Norteamérica y ofrecen otros países latinoamericanos de reinstalo a lxs solicitantes de refugio, cuenta Adriana Espinosa.
Este año, la organización lanzó un programa para reubicar a latinoamericanxs LGBTIQ+ en Argentina, donde el refugio es tramitado en menos de un año, pero no todxs lxs solicitantes aceptan este destino.
“Los latinoamericanos no queremos ir a Latinoamérica. Tenemos esa mala percepción de nosotros mismos y nuestros compañeres en Latinoamérica, del país o de las situaciones económicas”, menciona la especialista.
Guevara, la activista salvadoreña, opina que las personas de la diversidad sexual no eligen migrar a un país distinto a Estados Unidos, porque no cualquiera puede pagar un boleto de avión, como para viajar a Argentina. A las disidencias sexuales no les queda otra opción que arriesgar su vida, atravesando por tierra la ruta migratoria.
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Durante la década de los 90, en Europa, detalla Arévalo, hubo hombres gais que huyeron hacia Estados Unidos porque eran perseguidos por gustar de otros hombres. Desde finales de los años 60, el país norteamericano ya abanderaba la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ en el mundo.
De 2016 a la fecha, la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+) colabora asesorando a personas de diferentes países del mundo que, por ser parte de la disidencia sexual, además de sufrir conflictos internos en sus lugares de origen, se ven obligadas a migrar o refugiarse en Argentina.
A este tipo de migración se le llama sexilio, que es una palabra derivada de la combinación de sexo con exilio: personas obligadas a salir de sus países o que salen por razones propias, porque no siguen las normas sociales y heterosexuales.
Los sexilios que hoy ocurren en el Triángulo Norte centroamericano se caracterizan porque en esta región los principales represores son los Estados, que no garantizan ningún derecho para las personas LGBTIQ+, sostiene Arévalo. «Garantizan, básicamente, una muerte», recalca.
La representación de ACNUR en Argentina, consultada por Alharaca, aclaró que no podía hablar detalladamente sobre los casos de asilo en ese país, por la confidencialidad de la información, pero remitió informes que dan cuenta sobre el desplazamiento y migración forzada ocurrida en los últimos años en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Sigfredo Funes sí planificó su huida. Lleva más de un año viviendo en Buenos Aires y no quiere volver a su país. Con la excusa de migrar, aplicó a una beca para cursar una maestría en Argentina y así salir de El Salvador.
Antes, en 2021, y en el marco de la conmemoración del Día del Orgullo LGBTIQ+, fue expulsado de casa después de que sus padres se enteraran de que es gay. Cuando logró independizarse, comenzó el régimen de excepción en El Salvador y él, que es un militante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido salvadoreño de izquierda, y crítico en redes sociales del gobierno del presidente Nayib Bukele, fue perseguido hasta recibir una amenaza de muerte.
Funes tomó una llamada anónima en Telegram. Era la voz de una mujer que, luego de decirle que se iba a morir, colgó de golpe el teléfono. Días más tarde, un motociclista, al que no conocía, llegó a buscarlo a la casa de sus padres.
Él asume que esto ocurrió a partir de sus críticas al gobierno. En Facebook, donde suele postear publicaciones contra Bukele, tiene más de dos mil seguidores.
Funes ya había terminado la carrera de Relaciones Internacionales. Este título le sirvió para aplicar a la maestría. En agosto de 2021, lo aceptaron en una universidad argentina para estudiar una maestría en Derechos Humanos y viajó a Buenos Aires.
En octubre de 2023, tenía que volver a El Salvador, porque ya había terminado sus estudios, pero su madre le advirtió que no regresara, porque afuera de la casa suele parquearse una camioneta con vidrios polarizados, y sospecha que lo están buscando.
Una de las condiciones del refugio es que la persona no pueda regresar a su país de origen, ya que, al hacerlo, el Estado que le ha otorgado el refugio asume que ya no existen las condiciones de peligrosidad que motivaron su huida. Funes tiene la intención de establecerse nuevamente en El Salvador, en el futuro, por lo que no solicita refugio. Planea vivir en Sudamérica, hasta que pueda retornar.
«La intersección entre el acceso a recursos, el color de la piel, desgraciadamente, y el nivel educativo de las personas que migran influye mucho en cómo es su proceso, en cómo será su proceso y en qué acceso tienen a ciertas cosas o a cierta información”, sostiene Vargas, la investigadora guatemalteca.
María Fernanda Parada, una veinteañera salvadoreña, que se autopercibe como pansexual y reconoce sus privilegios, reside en Buenos Aires desde enero. En su familia nunca ha sido discriminada por su orientación sexual. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Liceo Francés Salvadoreño, un colegio privado, en el que frecuentemente lxs profesores, recuerda, le decían a lxs alumnxs que debían marcharse del país.
El año pasado, comenzó su carrera en una universidad de Francia, pero desistió de cursarla, porque no le gustaba el enfoque. Sin embargo, allá pudo explorar la libertad de la metrópolis, su sexualidad y salió por primera vez con mujeres. En El Salvador su grupo “queer”, dice, era reducido y todxs se conocían entre sí.
“Hay un montón de gente que estamos dejando desamparada y ellos solos no se pueden salvar así nomás”, apunta. Este año, Parada cursa el ciclo inicial para ingresar a la carrera de Antropología en la Universidad de Buenos Aires y, en los pocos meses viviendo en Argentina, ha logrado hacer amistades diversas. Al terminar la carrera, su plan es volver a El Salvador para trabajar como periodista e investigar sobre población LGBTIQ+.
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De las 200 consultas que la FALGBT+ ha recibido en los últimos años de personas que quieren refugiarse en Argentina, la mayoría son de personas de Ucrania y Rusia, países que están en guerra desde febrero de 2022. Un caso, aclara Maribe Sgariglia, secretaria de Relaciones Internacionales de la FALGBT+, a veces se traduce en más casos, porque algunas personas huyen con parejas e hijxs.
Sgariglia explica que estxs migrantes preparan su huida con ahorros, consiguen trabajos remotos y también se asesoran anticipadamente sobre los procesos migratorios que deben realizar. Una vez en Argentina, hacen comunidad entre sus mismas nacionalidades, al punto de crear un grupo de Telegram para comunicarse.
No ocurre lo mismo con aquellxs que, además de la barrera del idioma en otro país, se encuentran solxs. Hay jamaiquinxs que no han podido acostumbrarse a Argentina y han tenido que regresar a su país, aunque saben que allá, donde está criminalizada la homosexualidad, su vida corre peligro, agrega la activista.
La mayoría de latinxs LGBTIQ+ que buscan refugio en el país Sudamericano, dice Sgariglia, han pasado por situación de calle: “Llegan acá quizá sin ningún recurso ni económico ni social, sin redes. La mayoría de esas personas vienen solas, su familia queda atrás con un vínculo súper duro”.
Como el caso de Arturo, la migración forzada de la diversidad sexual ocurre en dos pasos, enfatiza Amaral Arévalo: si las personas son del interior del país, primero se desplazan al área metropolitana y después migran. Sin embargo, estos trayectos están condicionados por las redes de apoyo con las que cuentan en su país de origen o en el país de destino.
En Costa Rica, Arturo no trabajó como activista. Fue cajero en un banco, mesero en restaurantes de comida rápida, administrador de un hotel y carnicero.
Le pareció que, en Costa Rica, la población LGBTIQ+ ya había ganado derechos que en Honduras no se han reconocido. Por ello, no encontró forma de trabajar en su área. Aunque pudo migrar a Estados Unidos, porque allá está una de sus hermanas y para allá migró el colega al que asesinaron la pareja, no era un país que le llamara la atención para vivir. Y en Costa Rica no quiso refugiarse, ya que lo considera un país xenófobo.
En 2021, con la idea de que, casi una década después de haber huido de Honduras su familia y el país habían cambiado, volvió. Pero la situación de violencia seguía igual.
Pensó mudarse a la casa de sus padres, dos personas mayores y solas, en Ocotepeque. Quería cuidarles, pero su mamá le condicionó en cómo debía vestir, actuar y con quién debía de relacionarse en el pueblo. Tampoco podía hablar de temas que le incomodaran a la familia, como su homosexualidad y su condición de persona viviendo con VIH.
En una discusión, su papá lo agredió por hablar de su homosexualidad. Desde entonces, Arturo decidió nunca volver a su casa de infancia. Se fue, de nuevo, para San Pedro Sula, donde no logró conseguir trabajo. Se quedó unos días en la casa de otra de sus hermanas, pero empezó a ser perseguido por un carro del que, en tres ocasiones, un grupo de desconocidos se bajó y lo apaleó. La última vez, aparte de golpearlo, le robaron el celular.
Intentó denunciar el primer ataque, pero cuando lo vieron golpeado de la cara, los policías de una delegación se burlaron de él. Arturo dijo que no valía la pena seguir viviendo en Honduras.
La tarde del jueves cae en Buenos Aires. Afuera está el ruido habitual de la ciudad porteña, dentro de este departamento, un gay hondureño busca refugio porque su país lo expulsó.
Hay días en los que Arturo no sale de casa. Se siente novato y solo en esta ciudad de cuatro millones de habitantes, que apenas está aprendiendo a recorrer por su cuenta. En una canasta al centro de la mesa del comedor hay dos guineos, una fruta abundante en el trópico centroamericano. De vez en cuando, Arturo prepara comida hondureña, sobre todo sopas de frijoles y ensaladas frescas, para sentirse en su país.
“Allá sí estaba solo, pero me iba, tal vez, adonde mis amigos. Dejé todo, pero a la vez no tengo nada”, lamenta.
Con la asunción de Milei y el ajuste económico en Argentina, Arturo se replantea la idea de seguir su proceso de asilo y pretende volver a Honduras, donde su vida no está asegurada.
Nota: Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa Exprésate. El nombre del personaje principal del texto se ha omitido por razones de seguridad. Fue publicada por nuestro medio aliado Alharaca.
Comentarios desactivados en El Salvador: las personas LGBTI+ se sienten a salvo de las pandillas pero temen a policías y militares
El regimen de excepción del presidente Bukele disminuyó las amenazas de pandillas pero aumentaron las violaciones de ddhh por parte de la Policía y Fuerzas Armadas.
SAN MIGUEL, El Salvador. Hace siete años, un grupo de pandilleros golpeó a la mujer trans O. C. porque le tenían prohibido transitar por un popular vecindario al oriente de El Salvador. Mientras la agredían, unos vecinos salieron de sus viviendas para defenderla. Los pandilleros huyeron. Antes de marcharse, recogieron unas rocas volcánicas que había tiradas en la calle y se las lanzaron al cuerpo.
La maquillista de 36 años de edad asegura que ellos le negaban el paso simplemente porque era parte de la población LGBTI. También por residir en una zona controlada por otra pandilla rival, sin que ella tuviera algún vínculo con esa estructura. No podía caminar ni para abordar el autobús o visitar un familiar.
“Esa vez me iban a quitar la vida, pero por los vecinos no me lo hicieron. Ellos me golpearon toda en contra una pared”, dijo a Presentes la mujer identificada como O. C. por razones de seguridad.
Con el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele, ahora O.C puede transitar sin miedo a las pandillas, pero el nuevo peligro son las propias fuerzas de seguridad del Estado.
Entre el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio pasado, las organizaciones señalan detenciones arbitrarias, la falta del debido proceso, el allanamiento de morada, tratos crueles inhumanos y degradantes.
La llegada de las pandillas
Durante los años noventa, cientos de salvadoreños que formaron parte de las pandillas en la ciudad estadounidense de Los Ángeles fueron deportados a su país de origen. En los años posteriores, el fenómeno se extendió en todo el país centroamericano. Vecindarios completos quedaron bajo el dominio de las llamadas “Maras”. Ellas controlaban, bajo amenazas de muerte, las actividades de los habitantes y los comercios.
Según los especialistas, en sus territorios cometían una diversidad de delitos. Asesinaban y desaparecían personas, cometían abusos sexuales, cobraban extorsiones y mantenían acoso y discriminación contra la población LGBTI. Además, forzaban a los residentes a colaborar en sus actividades y les imponían silencio.
El informe retoma estadísticas de la policía entre el 1 de enero 2020 y el 31 de marzo de 2022. Señala que, de los 60 casos, 19 corresponden a lesiones, 41 a amenazas, de los cuales 15 se cometieron en los departamentos de San Salvador, 11 en San Miguel, nueve en Sonsonate y siete en La Libertad, entre otros.
Además, la misma investigación reporta 60 casos de desapariciones en el mismo período.
Información oficial
Oficialmente la institución policial registró 15 asesinatos en contra de la población en los años 2020 y 2021. Pero la organización Amate reportó en 2019 nueve crímenes, cinco en 2020, cuatro en 2021 y al menos uno en 2022, aunque podría haber un caso de subregistro.
La policía detuvo el 8 de octubre a Jairo Castellanos sospechoso de asesinar tres días antes a Víctor Rivas un estudiante universitario de 24 años de edad, con quien según las autoridades mantenía “una relación sentimental”.
“Este sujeto (Castellanos) pagará con décadas en prisión por el delito cometido. Se terminaron los tiempos de impunidad para todos los criminales que atentan contra la vida de los salvadoreños. Este homicida será sometido ante la justicia”, escribió en la red social X, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Pagos semanales y palizas
La ciudad de San Miguel, 138 kilómetros al este de la capital, San Salvador, lugar donde habitan más de 345 mil habitantes, era disputada por las pandillas Mara Salvatrucha, una de las facciones del Barrio 18 y Mirada Locos 13.
“No me sentía seguro en mi propio país. En algún momento pensé en emigrar hacia otro país porque sí me sentía inseguro. Decía: ‘¿Cómo voy a hacer si paso por esta zona, esta colonia?, me matan o me desaparecen”, expresó O. C. a Presentes.
Los pandilleros también exigían el pago semanal de 10 dólares a las trabajadoras sexuales LGBTI en las calles de la ciudad.
Cuatro trabajadoras relataron a Presentes que estaban obligadas a pagar el monto o de lo contrario eran golpeadas con bates, palos de escoba o garrotes con clavos. También las amenazaban con atentar contra miembros de su familia. Otras fueron asesinadas o desaparecidas.
En el año 2005, Elizabeth (nombre ficticio por razones de seguridad), una mujer trans fue atacada por dos hombres mientras ejercía trabajo sexual. Recibió golpes en su cabeza y cuerpo, finalmente le dieron una puñalada con la intención de asesinarla. Cayó inconsciente y despertó apenas vestida con su ropa interior. Estuvo hospitalizada durante cuatro días.
“Las pandillas nos limitaban la circulación. Estar acá no podíamos (en la calle), a no ser que pagáramos la cuota que pedían, la mal llamada renta o colaboración. Debían de pagar 10 dólares semanales para tener autorización de trabajar en los territorios bajo su control”, dijo Elizabeth de 37 años de edad.
Luego de la muerte de 87 salvadoreños en marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele pidió al Congreso que aprobara un Régimen de Excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, para combatir a las pandillas.
Menos crímenes, menos derechos
El régimen de excepción se prorrogó durante 19 meses y desde entonces se detuvieron a más de 73.000 supuestos pandilleros. Liberaron a unas 7,000 personas y se mantienen con medidas sustitutivas a la detención.
Según las autoridades de seguridad, la implementación del Régimen de Excepción ha permitido reducir 56.7% el número de homicidios en 2022, frente al año previo. También reportan una baja de los delitos como las extorsiones.
“Ahora es diferente. El sistema de seguridad que ahora tenemos como que ha frenado un poquito la intención de las personas al ejercer ese odio hacia nosotras, ya una se siente uno más segura hoy”, expresó Elizabeth a Presentes.
Denuncias contra soldados y policías
“Exigimos Libertad para el santaneco Brayan Eliú Estrada Moreno, joven de la comunidad LGBTI que por falsa denuncia en FB está preso injustamente. Las pandillas no aceptan entre sus filas personas LGBTI pero un ser inescrupuloso lo denunció usando una red social irresponsablemente”, publicó el Socorro Jurídico Humanitario en la red social X el 13 de septiembre.
Pero no es la única denuncia. Siete organizaciones no gubernamentales recibieron 5,490 casos de víctimas de violaciones a derechos humanos durante los primeros 15 meses de vigencia del Régimen de Excepción. Entre los denunciantes se incluyen las identidades de las víctimas que corresponden a 36 mujeres trans y 37 a hombres trans.
Del total, 42 vulneraciones han sido cometidos contra bisexuales, 32 contra gais, 19 contra lesbianas y un pansexual, indica el reporte.
Estos suelen ir acompañados de acoso, coacción, hostigamiento, desplazamiento forzado interno, malos tratos, tortura y hasta la muerte de privados de libertad, de los cuales ya se registran 180 muertes de personas bajo custodia del Estado, sin que haya investigaciones de parte de la Fiscalía General.
Desamparo legal de personas LGBTI+
“La población LGBTI ha estado expuesta a diferentes niveles de violencia y discriminación. El régimen de excepción también ha agravado su situación de vulnerabilidad. Quedan en completo desamparo ante la ausencia de marcos normativos y mecanismos que les protejan”, expresan las organizaciones en un comunicado.
Dos trabajadoras sexuales trans relataron a Presentes que estuvieron tres meses en prisión. Un cliente las acusó de robo.
Aunque su caso no tenía relación con el estado de emergencia para combatir a las pandillas, la supuesta víctima de robo no presentó cargos en contra las mujeres trans en los tribunales. Ellas fueron liberadas, pero permanecieron tres meses en prisión, donde les cortaron el cabello y recibieron maltrato.
Trans acusadas de pandilleras
Las mujeres trans aseguran que de la misma manera algunas de sus compañeras han sido detenidas en el marco del Régimen de Excepción, aunque no son pandilleras, han sido acusadas falsamente. Para junio, la Federación Salvadoreña LGBTI aseguraba que unas 80 personas de la población permanecían detenidas.
“El régimen está bien pero no la forma en cómo lo están aplicando. Para llevarse a todos estos (pandilleros) han tenido que sacrificar a muchas personas inocentes”, expresó Elizabeth.
Según los críticos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), una entidad estatal creada para fungir como una institución independiente y velar por los derechos de los ciudadanos, ha guardado silencio ante los cientos de casos de vulneraciones.
“Se informa que la PDDH se encuentra recopilando y sistematizando toda la información relacionada con el Régimen de Excepción, la cual se hará de conocimiento público posteriormente. Por lo que, no se pude brindar la información requerida”, respondió la institución a Presentes luego de una solicitud de información sobre denuncias contra la población LGBTI.
“En cuanto al tema de pandillas, lo que nos han comentado es que sí se siente una percepción diferente de seguridad, no se sufre el mismo nivel de acoso y violencia que se tenía antes. Pero que ese miedo que se tenía antes se ha trasladado ciertamente hasta cierto grupo, policías y militares”, dijo a Presentes, Gonzalo Montano, especialista en formación del Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica de Amate.
Comentarios desactivados en El gobierno de El Salvador prohibió emitir contenido de identidad sexual en la televisión estatal
A través de su cuenta de Twitter el presidente de El Salvador anunció la suspensión del contrato entre el Instituto de Formación Docente y la televisora.
SAN SALVADOR, El Salvador. El gobierno de El Salvador anuló un contrato con un instituto de formación docente que transmitía un programa educativo en la televisora estatal. Fue luego de recibir presiones ciudadanas de que estaban ideologizando a los estudiantes con contenido de identidad sexual.
El lunes 26 se viralizó un video, elaborado con animaciones digitales. En él se explicaba que, a partir de la pubertad, los adolescentes podrían tener atracción hacia otras personas, inclusive del mismo género. Luego, el material hacia una definición de las palabras heterosexual, homosexual y bisexual, pero algunos usuarios cuestionaron el contenido.
“Alguien podría decirme quién está manejando canal 10? ¿Qué necesita meter ideología de genero a nuestros niños? Video impartido a 8vo Grado. Las cosas malas no se callan señores (sic)”, escribió en Twitter un Youtuber llamado Saúl Montes.
Minutos más tarde, el presidente Nayib Bukele publicó en su cuenta de Twitter la decisión de su gobierno de suspender el contrato con el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), que está adscrito al Ministerio de Educación y la televisora.
Alguien podria decirme quien esta manejando canal 10? Que necesita meter Idiologia de genero a nuestros niños?
Video impartido a 8vo Grado.
Las cosas malas no se callan señores. pic.twitter.com/sXjtw0s21J
La dirección del canal advirtió que las razones de la finalización del acuerdo se deben por “incumplir los estándares educativos” por parte del Instituto a cargo de la elaboración curricular del programa que se transmite desde mayo de 2020.
Contenido para educar en pandemia
Las emisiones televisivas iniciaron en el marco de la pandemia de Covid-19 que provocó el cierre de centros educativos del país centroamericano.
El programa es coordinado entre el despacho de la esposa del presidente, Gabriela de Bukele y el Ministerio de Educación.
El diseño de los contenidos los realiza el centro especializado creado por ley del Congreso aprobada en 2019. Entre sus facultades está el desarrollo de una oferta curricular integral o de especialidades que se necesiten en el sistema educativo de El Salvador.
El episodio transmitido forma parte de la guía de aprendizaje vigente desde el año 2013 sobre la construcción de la sexualidad. Está dirigida a estudiantes de octavo curso cuyas edades oscilan entre 14 y 15 años, donde se reconoce las identidades y orientaciones diversas.
Corto sobre identidad sexual emitido por Canal 10 de El Salvador. El contenido se creó para estudiantes de 13 y 14 años. El contenido fue elaborado por INFOD que pertenece al Ministerio de Educación.
Discursos sin discriminación
“A mí me gustó el video porque explica lo que es, sin discriminar. Está mal que el gobierno haga eso porque minimiza a un gran grupo de personas como que fueran inexistentes porque en las escuelas públicas y privadas, universidades siempre hay personas del colectivo LGBTI”, expresó a PresentesScarleth Camila, adolescente trans estudiante de séptimo año.
Previo a su ascenso como gobernante, Bukele se mostró a favor de los derechos de la población LGBTI. Pero el primer día de su mandato cerró la oficina de inclusión y en los años posteriores adoptó una actitud conservadora para mantener el respaldo a su gestión.
El Salvador es profundamente conservador. La iglesia católica y evangélica de diferentes denominaciones tienen una gran influencia sobre las decisiones ejecutivas y legislativas del país centroamericano.
Recientemente el gobierno de Nayib Bukele envió al Congreso el anteproyecto de Ley “Crecer juntos”. Allí se sumaban las recomendaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), sobre incluir en la prohibición de tratamientos médicos psicológicos o psiquiátricos la orientación e identidad de género. Sin embargo, grupos antiderechos presionaron y fue eliminado de la redacción final.
“El gobierno nos quiere tener a todos con su ideología heteronormativa, patriarcal y machista”
El Diagnóstico Descriptivo sobre la situación de personas LGBTI en el Centro Escolar Jorge Lardé de la capital, realizado por la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida – Las Dignas, señala que la población estudiantil con identidad y orientación disidente sufre violencia verbal, marginación, exposición de orientación sexual sin su consentimiento, acoso e invalidación.
“La inclusión de temas de educación sexual por parte del Ministerio de Educación en los programas de educación básica y media, es una necesidad y un derecho. Brinda a nuestrxs estudiantes los conocimientos necesarios que les acompañen en sus procesos de formación de identidad, en la exploración de su sexualidad, en romper estigmas que les rodeen y proteger de los prejuicios de nuestra sociedad”, expresó la red universitaria de diversidad y género “Fresno UCA” en un comunicado.
Las personas consultadas para la elaboración del diagnóstico revelaron que el acoso en el centro educativo les provocó problemas de concentración, inasistencia a clases, insomnio, miedo de salir a la calle, auto culpabilización y finalmente deserción escolar.
“El gobierno nos quiere tener a todos con su ideología heteronormativa, patriarcal y machista. A mi edad muchos adolescentes están empezando a descubrir sus cuerpos, este es un país que tiene este tema como un tabú”, dijo Scarleth Camila.
Al cierre de la nota no hubo respuesta del INFOD, su página web fue desactivada y su director destituido por orden ministerial.
Anunciamos que hemos removido de su cargo al director del INFOD e iniciaremos una reestructuración profunda de la institución, promoviendo cambios que permitan impulsar la reforma educativa y un aprendizaje guiado por los valores que caracterizan a la sociedad salvadoreña. pic.twitter.com/kQjFIHxS7S
Comentarios desactivados en Denuncian graves vulneraciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador
Crece la preocupación por la falta de información sobre los detenidos, en su mayoría en forma ilegítima. La población LGBT es la más afectada.
MEJICANOS, El Salvador. Cientos de mujeres esperan en una extensa fila afuera de un centro penal de El Salvador. Aguardan su turno para suplicar información acerca de sus familiares detenidos durante el polémico régimen de excepción.
Algunas, con sus ojos llorosos, buscan respuestas para la incertidumbre que viven desde que el Congreso aprobó una emergencia de seguridad que suspende derechos constitucionales.
Las personas duermen sobre cartones, bajo improvisados toldos de plástico colgados en espacios de la calle. Se alimentan con comida que varias iglesias preparan para regalar a las familias que esperan afuera de la prisión La Esperanza, al norte de la capital. Su denominador común es la pobreza y la estigmatización de vivir en zonas populosas con presencia de pandillas.
Esperan días enteros bajo el sol y la lluvia. Denuncian que una noche fueron despertados por chorros de agua que les lanzaban desde un camión cisterna, mientras estaban acostados en la calle. Lamentan que los soldados y policías les han amenazado para que se vayan de la zona.
“Nos dijo un policía: ‘ahora nosotros tenemos la ley que los podemos agarrar y los podemos hasta matar a cualquiera. Tenemos la autoridad que el gobierno nos ha dado’. Eso no es justo, yo tengo mucho miedo”, relató a Presentes, María Méndez, mientras esperaba su turno en la fila.
Cuenta que su hijo de 24 años fue detenido en una zona rural mientras realizaba labores agrícolas. Los policías le pidieron que los acompañara a la delegación para una investigación y lo dejaron detenido desde el cinco de mayo.
Desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo, detuvieron a 32.529 personas. Todas están acusadas de colaborar o pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y su rival Barrio 18 en sus facciones.
Largas filas esperan por ingresar a las cárceles para tener datos de sus familiares detenidos en forma arbitraria. Registro: Paula Rosales. Edición: Estefanía Cajeao.
Población LGBTI
Keiry Mena, una mujer trans de 44 años. Fue detenida por cuatro policías la tarde del domingo 8 de mayo cuando salió a comprar esmaltes de uñas para su trabajo. La mujer atiende a domicilio debido a que no cuenta con local para sus clientas.
De acuerdo al testimonio de Esmeralda Molina, sobrina de Keiry, esa tarde los policías le dijeron que fue detenida porque tenía cuatro denuncias anónimas. La acusan de extorsión. Ese día le quitaron el teléfono celular como “prueba”. Keiry vive junto a su mamá y hermana en un mesón ubicado en “el callejón de los niños”, en la ciudad industrial de Soyapango, 11 kilómetros al oeste de la capital.
En la Procuraduría General notificaron que cambiaron el delito de extorsión por agrupaciones ilícitas, sin notificar previamente a la familia. Keiry ayuda económicamente a su mamá y hermana quienes ahora están con incertidumbre para pagar el alquiler de la habitación que comparten.
Ningún organismo brinda datos certeros sobre el estado de las personas detenidas. Foto: Paula Rosales.
Ninguna respuesta
Desde que inició el régimen de excepción en marzo, la Procuraduría General de la República atiende miles de familias que peregrinan afuera del edificio en busca de ayuda y respuestas que nadie les da. Han escuchado cuando los servidores públicos dicen que “no iban a apelar por las personas que se han detenido”.
“Lo que hacen es una injusticia. Se la llevaron injustamente y sin pruebas, porque no traían ningún documento ni las denuncias de las personas que hicieran constar. Tampoco pruebas de las personas que la misma policía me indicó que tenían”, dijo a PresentesEsmeralda Molina.
Las clientas habituales de Keiry apoyaron a su familia con dinero para colaborar con los gastos de movilización. Es interminable cantidad de trámites que deben hacer para tramitar la liberación de Keiry.
El centro Diké de personas transgénero y LGBTI registró la detención de cinco personas de la población durante los casi dos meses que lleva la medida. Un hombre gay, dos mujeres trans y dos hombres trans han sido detenidos, informó a PresentesGabriel Fernández, director de protección y antiviolencia.
En la última marcha, durante el día de lucha contra el LGBTIOdio pidieron por la libertad de Alessandra. Foto Paula Rosales.
Estigmatización y violencia
Entre las principales vulneraciones registradas por Diké está el irrespeto a la identidad de género. Las personas detenidas han sido expuestas desnudas y obligadas a guardar prisión en celdas que no corresponden a su expresión.
Fuentes consultadas por Presentes comentaron que el hacinamiento dentro de las prisiones durante régimen especial es insostenible. En cada celda hay entre 130 y 140 personas que deben sortear los espacios para dormir, los baños también son utilizados como dormitorios.
“Muchas veces se piensa que son pandilleros que se han ‘disfrazado’ para eludir la justicia. Han sido ridiculizados tanto para mujeres como hombres trans”, expresó a Presentes Gabriel Fernández de Diké.
Cuentas vinculadas a policías y soldados difundieron imágenes de mujeres trans con su torso desnudo a quienes acusan de ser colaboradoras de la pandilla Barrio 18.
“Hay agravio a su integridad física ya que se les asigna en el caso de las mujeres trans junto con hombres que pueden agredirlas ya sea física o verbalmente. Esto las pone en un eminente peligro”, señaló Gabriel.
Al momento de ingresar a los centros penales, los detenidos son expuestos a tratos denigrantes. Su cabello es cortado y son expuestos ante las cámaras gubernamentales en ropa interior para difundirlos por las redes sociales, y medios de propaganda oficial. Las mujeres trans son tratadas como el resto de la población masculina.
La organización CRISTOSAL ha documentado del 27 de marzo al 19 de mayo 555 casos de violaciones a derechos humanos durante detenciones en el régimen de excepción. El 77.7 por ciento de los victimarios fueron agentes de la policía.
Consideran que al menos 16 personas detenidas han muerto en este periodo. Se presume que algunos fueron golpeados al interior de los centros de detención provocándoles la muerte. Otros casos fueron por negarles el acceso a tratamientos médicos prescritos.
“Se ha documentado que mueren por golpizas algunos o porque las propias autoridades penitenciarias no les permiten acceso a sus documentos. En ambas situaciones hay una responsabilidad de violación a la vida de las autoridades por muerte”, expresó a la prensa David Morales, director de derechos humanos de CRISTOSAL.
La organización CRISTOSAL documentó 555 casos de violaciones a derechos humanos durante detenciones en el régimen de excepción. Foto: Paula Rosales.
Familias sin recursos ni información
Las familias de Alessandra y Keiry viven cada día con la preocupación de garantizar los gastos generados por sus detenciones. Desde que fueron retenidas utilizaron los pocos ahorros o pedir dinero prestado para cumplir con las exigencias de los centros penales.
“Mi hermana sacó de un ahorro que tenía para comprar un teléfono, yo puse todo el dinero que tenía de la venta de ropa”, expresó Juan Carlos que pidió omitir su apellido por seguridad.
Los niveles del azúcar en la sangre de la mamá de Alessandra se elevaron. Con la precaria economía familiar han tenido que cubrir los gastos médicos provocados por la detención de su hija.
La falta de información clara sobre las condiciones de las personas detenidas aumenta la incertidumbre de sus familias que deben peregrinar por las instituciones en busca de datos fiables sobre sus procesos.
“La información que se encuentra respecto a cómo están estas personas es casi nula. La limitan mucho casi siempre solo a familiares. Ha habido ocasiones que hemos hecho el acompañamiento con familiares ya sea a bartolinas o procuraduría y no se les ha dado la información necesaria”, señaló Gabriel de Diké.
Presentes solicitó en tres ocasiones comentarios del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sin tener respuesta al cierre de la nota.
Comentarios desactivados en Cómo impacta a mujeres y a las diversidades la persecución a periodistas en El Salvador
Desde el régimen de excepción impuesto por el gobierno de Bukele, periodistas y activistas LGBT sufrieron amenazas y hostigamientos.
SAN SALVADOR, El Salvador. El Congreso salvadoreño aprobó en marzo una nueva y polémica reforma el código penal del país. Esta medida establece condenas de hasta 15 años para periodistas que publiquen contenidos informativos sobre las violentas pandillas Mara Salvatrucha y su rival Barrio 18.
La medida no es una sorpresa. Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele ha creado progresivamente una barrera al escrutinio para imponer un silencio a investigaciones y publicaciones periodísticas que denuncian y otorgan pruebas de posibles casos de corrupción, violaciones a derechos humanos, transacciones opacas de bitcoin y negociaciones con las pandillas que asolan al país centroamericano.
Bukele ha insistido que durante su gobierno El Salvador dejó de ser el país más violento del mundo, tras la histórica reducción de homicidios gracias a la implementación de su Plan Control Territorial del que no se conoce ni un detalle ni programa.
El amedrentamiento permanente
Gabriela Cáceres periodista especializada en temas judiciales y violencia del periódico digital El Faro, ya afronta las consecuencias de las reformas aprobadas. La periodista reveló que la Dirección de Centros Penales, manejado por el ejecutivo, liberó a Élmer Canales Rivera, alias Crook Se trata de uno de los máximos líderes de la pandilla MS-13 que tiene procesos judiciales pendientes de cumplir.
Cinco días después de la aprobación de las reformas, Gabriela fue amenazada por Kevin Sánchez, integrante del partido de Bukele, Nuevas Ideas. Le dijo que iniciarán un proceso penal en su contra por “haber replicado mensajes afines a pandillas con el fin de atemorizar a la población”.
“Son las consecuencias lastimosamente que estamos pasando las periodistas de investigación que trabajamos bajo un régimen tan difícil como este. Dije ni modo voy a enfrentar lo que sea y voy a seguir haciendo mi trabajo porque no he mentido. Es una prueba legal, una prueba que fue emitida por un juez”, expresó Gabriela a Presentes.
El juez especializado en crimen organizado, Godofredo Salazar, fue acusado por Bukele de ser “cómplice del crimen organizado”. También “recomendó” a la Corte Suprema de Justicia removerlo de su cargo. Su remoción fue aprobada el mismo día de la publicación del presidente.
“Es una medida que se ha salido de control y que ha generado demasiado temor dentro del gremio periodístico. Porque te quedas pensando ¿cómo publico esto sin que me vayan a meter preso? Porque ni siquiera puedes ampararte a una institución porque las instituciones también están ligadas al oficialismo. Es bastante preocupante la decisión que tomó la asamblea y respaldada por el presidente Bukele”, lamentó Gabriela.
Justificando las reformas
La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.
El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.
Durante 24 días la policía y militares han detenido a 13.573 personas acusadas de pertenecer a las pandillas por su sola apariencia. Ninguna de estas detenciones tuvo orden de un juez.
Mordaza al hablar de pandillas
Surgidas en las calles de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, miles de pandilleros fueron deportados a su país de origen y se extendieron en todo el territorio. Desde allí extorsionan, venden droga y luchan a muerte el control de sus territorios. Se estima oficialmente que unas 86.000 pertenecen a estas estructuras.
En 2015, El Salvador registró 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de la tasa más alta del mundo, según las Naciones Unidas. Desde entonces, las cifras han venido a la baja y durante el gobierno de Bukele, los números se redujeron a niveles históricos.
En 2021, la policía registró un total de 1,140 asesinatos, un 15% menos que en el mismo periodo de 2020. Lo que equivale a 18 muertes por cada 100.000 habitantes.
Crisis Group International aseguró en septiembre de 2020 que el desplome en la tasa de homicidios podría deberse no sólo a políticas de seguridad, sino a decisión propia de las pandillas. Posiblemente por un frágil acuerdo de no agresión con las autoridades.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó en diciembre a dos altos funcionarios del gobierno, Osiris Luna, director general de Centros Penales, y a Carlos Marroquin, director de Tejido Social. Según la acusación, ellos facilitaron una negociación con las pandillas a cambio de apoyo electoral para el partido de Bukele en las elecciones de febrero de 2021.
“En 2020, el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó incentivos económicos a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para que éstas le garantizaran bajos niveles de violencia de pandillas y de homicidios confirmados”, señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.
En enero de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a El Salvador la extradición de 14 lideres de la Mara Salvatrucha por delitos narcotráfico, terrorismo y conspiración, pero Bukele y sus aliados en la Fiscalia General y la Corte Suprema de Justicia, cooptada desde el 1 mayo 2021 se niegan a extraditarlos.
El fiscal general impuesto por Bukele, solicitó a la Corte Suprema de Justicia no aprobar la extradición alegando que no hay garantías que Estados Unidos respete los derechos constitucionales de los acusados.
Sin embargo, los legisladores oficialistas aprobaron la primera semana de abril unas reformas que sancionan a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales que reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población en general.
El castigo a la prensa
“Vemos con suma preocupación las reformas porque podría aumentar los casos en contra de mujeres periodistas. Sobre todo, para quienes están trabajando en investigaciones”, dijo a Presentes Mónica Rodríguez, integrante de la Colectiva de Mujeres Periodistas del país centroamericano.
Para la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), las reformas impulsadas por Bukele responden al interés de censurar a los medios de comunicación y socavar el derecho a la libertad de prensa e información en el país.
“Nuestra principal preocupación es que se le esté limitando el derecho a la información a la población salvadoreña. Se le quiere esconder a los salvadoreños, que en ese supuesto combate contra la delincuencia se están cometiendo demasiados abusos, se están limitando derechos. Se está restringiendo la libertad de prensa”, expresó César Fagoaga, presidente de la gremial de periodistas.
El centro de monitoreo de agresiones contra periodistas de la APES registró 38 denuncias de ataques entre enero y abril de 2022. Diecinueve de ellos fueron acosos digitales y 8 restricciones al ejercicio de su trabajo, 15 de los casos fueron contra mujeres. Gabriela Cáceres recibió solamente en una publicación en Twitter 1,095 ofensas de cuentas afines al gobierno.
“Esta ley se trata únicamente para silenciar a la prensa. No creo que esta reforma se trate de combatir a las pandillas y la mejor opción es no hablar de ellos. Es una medida que va encaminada hacia otro rumbo que todavía no sabemos pero que ahorita claramente es silenciar a la prensa. Estamos caminando sobre un piso demasiado frágil en este momento”, dijo Gabriela.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro atacó a periodistas e investigadores desde el hemiciclo. Y les “recomendó” que se busquen asilo humanitario fuera de El Salvador.
“No los necesitamos, váyanse. Pero si se quieren quedar este es el nuevo país en el que estamos viviendo y este es el nuevo país donde vamos a vivir”, expresó exacerbado durante su intervención durante la aprobación de una ley para construir más centros penales en el país.
De acuerdo a la APES, en 2022 se han exiliado cuatro periodistas después de ser objeto de ataques de Bukele que les acusó de ser defensores y familiares de pandilleros. Las agresiones reportadas fueron hechas en su mayoría por funcionarios públicos y usuarios de redes sociales afines al partido Nuevas Ideas.
Bukele justificó la penalización de los periodistas en el código penal de Alemania que regula el uso de la simbologia nazi. Sin embargo, la legislación del país europeo no limita la libertad de prensa e información.
“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, asi como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.
Consideran que el gobierno mantiene una permanente campaña de desinformación y criminalización de los defensores de derechos humanos del país.
“Nos enfrentamos a un discurso de odio instalado desde el Estado y validado constantemente dentro de sus instituciones. Incluso desde las que deberían de tratar de poner fin, las cuales contribuyen a acrecentar estas situaciones motivadas por la intolerancia a la crítica y la disidencia”, expresó la FESLGBTI.
El defensor de derechos humanos y activista político, Erick Iván Ortíz fue amenazado de muerte en dos llamadas telefónicas. De acuerdo a la FESLGBTI criticar los constantes abusos del gobierno a la prensa y organizaciones sociales les convierte en blancos de ataque para el oficialismo.
Pronunciamiento frente a las amenazas de muerte que ha recibido nuestro Secretario de Comunicaciones, @EIvanOrtiz, defensor de Derechos Humanos y activista político en El Salvador: pic.twitter.com/fmWuIEZRug
— Federación Salvadoreña LGBTI (@feslgbti) April 20, 2022
Comentarios desactivados en El Salvador: Una mujer trans fue arrestada arbitrariamente en el marco del régimen de excepción
La mujer fue sacada a la fuerza de su casa por no tener documento de identidad.
EL SALVADOR, San Salvador. La madrugada del martes 26 de abril, Alessandra Sandoval, de 24 años, se despertó por los golpes de la policía en la puerta de la vivienda que comparte con su madre, en un populoso barrio de las periferias de la capital. Fue detenida por no presentar su documento de identidad personal.
“Mi hermana se encontraba en la casa de mi mamá. Llegaron a la casa a revisar, y por ser la única persona que no tenía documentos se la llevaron detenida”, dijo a Presentes, Carlos Rivera, hermano de Alessandra.
Alessandra no ha tramitado el Documento Único de Identidad (DUI), por negarse a utilizar el nombre masculino asignado al nacer. El Salvador aún no cuenta con una ley de identidad de género que acredite el nombre de acuerdo a su expresión autopercibida.
La familia de Alessandra expresó que no es la primera vez que la policía hace revisiones de rutina en las viviendas. Los ingresos deben ser autorizados por cada vecino, y son permitidos porque se enmarcan dentro del plan Casa Segura de la institución encargada de la seguridad pública. Sin embargo, desde que inició el régimen de excepción, policías y soldados pueden entrar sin previo aviso a las casas.
“La han llevado detenida injustamente porque ella no es delincuente, ni nada por el estilo y solo por no tener el documento está detenida. Los policías se enojaron por eso y se la llevaron”, expresó Carlos.
Un régimen que quita derechos
El régimen de excepción, aprobado en el congreso el 27 de marzo, fue renovado por treinta días más esta semana. Del 26 al 28 de marzo fueron asesinadas 87 personas. En un sólo día se registraron 62 crímenes, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos.
Alessandra se dedica a la venta de ropa de segunda mano igual que su hermano Carlos. Desde la detención de ella, no pudo salir a entregar los pedidos que le hacen por las redes sociales. Tampoco tiene los recursos suficientes para pagar los servicios de asesoría legal.
La falta del documento de identidad de Alessandra dificulta. Sin él, no pueden solicitar la constancia de antecedentes penales o solvencias de la policía que exigen las autoridades para su liberación.
Los abogados penalistas cobran entre quinientos y tres mil dólares por defender a las personas detenidas durante el régimen de excepción.
Más de 19.000 personas han sido detenidas durante 32 días acusadas de pandilleros. Ninguna de estas capturas tuvo orden de un juzgado.
El Congreso aprobó en marzo reformas para aumentar los años de prisión en los delitos contemplados en el código penal, procesal penal, ley antiterrorista y ley penal juvenil. El objetivo era disuadir a quienes integren y colaboren con las violentas pandillas. Los menores de edad de 12 a 16 años podrían ser condenados hasta una década de prisión.
“Exigimos que por lo menos exista el mínimo de respeto de la probabilidad de inocencia. Mientras eso se comprueba, deberían tener un mínimo de cuidado de no hacer detenciones arbitrarias por el simple hecho de cumplir con un número o meta que les han dado a los policías”, expresó Mónica.
La situación de Alessandra
La policía le informó a la familia de Alessandra que sería acusada de colaborar con las pandillas y podría ser condenada entre 20 y 30 años de prisión.
“Estoy bastante mal. Me dijo el policía que si no nos rebuscamos a mi hermana la van a poner como colaboradora (de la pandilla) y ella no es nada de eso”, expresó llorando Carlos a Presentes.
Para la organización Amnistía Internacional el régimen de excepción ha provocado “una tormenta perfecta” en la violación de derechos humanos a las personas detenidas durante este período.
“Durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”, expresó el organismo en un comunicado difundido esta semana.
Durante el régimen de excepción han detenido a productores audiovisuales, defensoras de derechos humanos, empleados y personas adultas mayores. Organizaciones sociales denunciaron que cinco detenidos murieron después de recibir palizas de los policías y los pandilleros en la prisión.
Hasta el 27 de mayo están suspendidos en el país centroamericano las garantías de tener un proceso justo y apegado a la ley. Los detenidos en este periodo no tienen derecho a tener un defensor y pueden ser detenidas hasta seis meses mientras duran las investigaciones fiscales.
La cuenta de Twitter Halcón Azul publicó las fotografías de dos mujeres trans desnudas durante la detención, dirigiéndose a ellas por sus nombres de identidad de género como “alias”.
Comentarios desactivados en Venezuela, Nicaragua y El Salvador, en la mira por violaciones de DD.HH. contra las personas LGBT+
Trío anti-derechos LGBT+… Nicolás Maduro, Nayib Bukele y Daniel Ortega.
Son tres de los países latinoamericanos con mayor cantidad de menciones negativas en el informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en el mundo. Brasil, señalado por el aumento de asesinatos de personas trans.
En América Latina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador fueron tres de los peores países para ser una persona de la comunidad LGBT+ durante el año pasado, junto a los 9 países caribeños que siguen criminalizando las relaciones homosexuales, perennes integrantes de esa bochornosa lista año tras año.
Así se desprende del flamante informe sobre Derechos Humanos en el mundo elaborado por el Departamento de Estado de EU, que su titular Antony Blinken presentó la semana pasada, y en el que nuevamente aparecen Rusia y China como los principales perpetradores de violaciones a los Derechos Humanos en el 2021 (con la invasión a Ucrania, el régimen de Putin se aseguró revalidar el título en el 2022)
Con respecto a Venezuela, uno de los régimenes más represivos en la región en términos generales, el gobierno de Biden menciona el desabastecimiento de antirretrovirales para personas portadoras de VIH y enfermas de SIDA, que han sufrido desde el 2016 una criminal escasez de medicamentos, agudizada luego que el Estado se convirtiera en el único autorizado para comprarlos. Esta dramática situación ha llevado al exilio a decenas de miles de pacientes imposibilitados de continuar su tratamiento en el país, además de empujar a otra enorme cantidad de personas positivas a interrumpir su adherencia, lo que debilita el sistema inmune y acelera la progresión del virus en el cuerpo.
El informe también señala que la Defensoría Especial para la Protección de las Personas de la Diversidad Sexual de Venezuela es “ineficaz” y que la mayoría de los delitos de odio contra personas LGBT+ no son investigados, detallando la falta de legislación en el país para proteger a personas de dicho colectivo, que van desde la falta de un marco legal para relaciones entre personas del mismo sexo hasta la ausencia de una ley de identidad de género.
“El régimen de Maduro niega sistemáticamente el reconocimiento legal a las personas transgénero e intersexuales al impedirles obtener los documentos de identidad necesarios para acceder a la educación, el empleo, la vivienda y la atención médica. Esta vulnerabilidad a menudo llevó a las personas transgénero e intersexuales a convertirse en víctimas de la trata de personas”, apunta el Departamento de Estado.
Tampoco dejaron pasar la persecución por parte de las Fuerzas Armadas en Venezuela contra sexualidades diversas. Los cinco cuerpos que la integran, centrales para el proyecto dictatorial de Maduro, tipifican como delito las relaciones homosexuales en el código de justicia militar, sancionando a los miembros de la comunidad LGBT con prisión de uno a tres años y multas.
Desprotección y persecución
Con respecto a Nicaragua, vale recordar que el país recién despenalizó la homosexualidad en el Código Penal de 2008, tras haberlo hecho brevemente a principios de los 90s. Se trata de otro país latinoamericano donde las violaciones contra las libertades y los DD.HH. son moneda corriente en relación a toda su población, situación que solo ha empeorado en los últimos años.
La población LGBT+ no cuenta con protección alguna por parte del Estado, y derechos que en muchos países de la región ya llevan más de una década, como el matrimonio igualitario, no podrían estar más alejados de la agenda represiva del matrimonio Ortega-Murillo, quienes han prohibido toda manifestación que no sea de apoyo a su régimen, incluyendo la Marcha del Orgullo de Managua, y han perseguido a militantes LGBT+, quienes en muchos casos han debido exiliarse.
“Los grupos LGBT+ denunciaron discriminación, falta de acceso a la justicia y falta de respuesta de la policía. El gobierno y los simpatizantes del FSLN [Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido del oficialismo] atacaron con frecuencia a los participantes LGBT+ en particular en las protestas civiles, utilizando campañas de difamación en línea y ataques físicos en algunos casos”, indica el gobierno estadounidense.
Y añade: “Los activistas dijeron que los presos políticos LGBT+ ocultaron su orientación por temor a un aumento de los abusos por parte de los guardias de la prisión”.
La falta de protección para las personas trans y el abuso en manos de la Policía es otro de los temas que detalle el informe. “Las mujeres transgénero detenidas por participar en protestas a favor de la democracia sufrieron hostigamiento particular durante su detención. Las retuvieron con reclusos varones, las obligaron a desnudarse frente a sus compañeros y los guardias las arengaron específicamente”.
La Constitución nicaragüense no reconoce el derecho a la autodeterminación con respecto a la identidad de género, por lo cual, señalan, “el sistema penitenciario no está obligado a separar a los reclusos en función de la identidad de género”, provocando una violencia todavía mayor hacia las personas trans.
Presidente millennial, agenda ultra-conservadora
Cuando Nayib Bukele llegó al poder en junio del 2019, el ex alcalde de San Salvador prometió una renovación de la política salvadoreña (“Nuevas Ideas” llamó a su partido), cautivando a numerosos medios internacionales que hicieron énfasis tanto en su juventud (37 años al momento de asumir) como en sus estrategias de comunicación alejadas del proselitismo de antaño y enfocadas en el uso de redes sociales y el trato directo con los ciudadanos.
Sin embargo, su presunta modernidad no ha pasado de gestos superficiales (informalidad al vestir) o la adopción de tendencias muy cuestionadas (su fanatismo por las criptomonedas). Con respecto a la agenda doméstica de derechos, el presidente salvadoreño, que ha cooptado el Poder Judicial para poder reelegirse, dejó en claro el año pasado que en su reformulación del Estado no había lugar para el matrimonio igualitario o el derecho a abortar de las mujeres.
“Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga”, dijo Bukele, cuyo desinterés por la población LGBT+ es documentada en el informe.
“[En El Salvador] la policía y las pandillas continúan cometiendo actos de violencia contra las personas LGBT+. Estas acciones fueron toleradas por el gobierno y los perpetradores rara vez fueron procesados”, señalan.
Y agregan: “Activistas LGBT+ denunciaron ante la Fiscalía General que recibieron amenazas de muerte en redes sociales. En general, la Policía no actuó ante estas denuncias. Las ONG informaron que los funcionarios públicos, incluida la Policía, cometieron actos de violencia y discriminación contra las personas LGBT+. Personas de la comunidad LGBTQI+ afirmaron que la Policía Nacional Civil y funcionarios de la Fiscalía General acosaron a personas transgénero y homosexuales que denunciaron casos de violencia contra personas LGBT+, incluso mediante la realización de cacheos al desnudo innecesarios e invasivos”.
El informe también recuerda que la administración Bukele eliminó en 2020 la Secretaría de Inclusión y que la oficina ministerial a la que le trasladó esas responsabilidades no cuenta con apoyo alguno y no ha impulsado cambios significativos para las personas LGBT+ en el país.
El caso brasileño
Si bien todos los países de la región reciben un señalamiento con respecto a las violaciones de los DDHH de las personas LGBT+ que han ocurrido en sus territorios el año pasado, ya sean aspectos puntuales como en Uruguay y Argentina o sistemáticos como en numerosas naciones del Caribe y Centroamérica, destaca en el informe realizado por el Departamento de Estado el caso de Brasil.
Si bien el gobierno de Biden reconoce que en general los actos de violencia contra las personas LGBT+ han disminuido en Brasil desde el 2017, también advierten sobre el aumento de homicidios contra las personas trans. En los primeros 6 meses del año pasado, fueron 80 los crímenes, y el Departamento de Estado estima que la cifra real posiblemente sea mayor.
Comentarios desactivados en Cómo es la nueva propuesta para que El Salvador tenga Ley de Identidad de género
El Congreso salvadoreño recibe nueva versión de la ley de identidad de género. La anterior había sido archivada.
Defensores de derechos de personas trans presentaron al Congreso de El Salvador una propuesta actualizada del anteproyecto de identidad de género. La misma busca que las personas trans tener un documento de identificación oficial acorde a su identidad, un derecho hasta ahora negado por la normativa vigente.
La propuesta de ley consta de 22 artículos, mantiene el espíritu de la propuesta previa y argumenta sobre las normativas internacionales. Entre ellas, la opinión consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena a los Estados parte del Sistema a establecer un procedimiento para que las personas trans puedan adecuar su nombre a su identidad de género.
“Esperamos que esta vez sí haya voluntad política (para aprobarla). Como ellos (diputadxs) tanto que lo han repetido de representar al pueblo o a la ciudadanía. No somos menos ciudadanos, ni menos salvadoreñas, ni salvadoreños que el resto de las personas que no tienen problemas con el nombre y que no estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo un derecho que se ajusta a nuestras necesidades y a nuestras realidades”, dijo a Presentes Amalia Leiva, representante de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS.
Cómo se llega a esta propuesta
El primer anteproyecto de ley de identidad de género se presentó el 22 de marzo de 2018. Se discutió tres años en la comisión de la mujer y la igualdad de género de la legislatura pasada (2018 – 2021), pero los legisladores no lograron el consenso para trasladar la propuesta a su aprobación en el pleno.
Para que la propuesta de ley fuera aprobada por el Congreso se requerían 43 votos de lxs 84 diputadxs. Sin embargo, las organizaciones promotoras del anteproyecto sostienen que hizo falta compromiso y voluntad de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa.
El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBT, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de género y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.
La nueva legislatura (2021 – 2024), con una súper mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, ordenaron el pasado 14 de mayo que el anteproyecto fuera archivado. Lo mismo ocurrió con 30 expedientes que estaban siendo examinados por considerarlos “obsoletos y no acordes a la realidad”, según la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda.
“En ningún momento la propuesta tenía algún tinte partidario, que fue el argumento que ocupó la bancada cyan (Nuevas Ideas) para archivarlo y decir que era una realidad obsoleta. Ahora nos volvimos a presentar a la Asamblea Legislativa para mejorar la propuesta hacia una mejor interpretación de la misma”, recalcó Amalia.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos enviaron cartas a las fracciones fracciones de los ocho partidos políticos representados en el Congreso para solicitar un espacio de discusión del anteproyecto de ley. Sin embargo, solamente dos partidos minoritarios respondieron: juntos suman cinco de 84 curules.
“Prácticamente no tuvimos respuesta de todos los partidos, lastimosamente solo nos respondió el FMLN y Nuestro Tiempo. Seguimos a la espera que los demás se sumen a esta iniciativa de ley”, dijo a Presentes, Britanie Castillo, asistente técnica de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.
El Salvador no cuenta con legislación que garantice el derecho al reconocimiento de nombre ni género de personas transgénero y transexuales. Las mujeres y hombres trans deberán continuar utilizando en sus documentos el nombre y género que no corresponde a su identidad. Solamente México, Argentina, Chile y Uruguay cuentan con normativas similares.
“Esperamos que hagan conciencia de la necesidad de una ley de identidad de género para las personas trans, que sean empáticos a esta realidad que vivimos las personas trans en El Salvador”, señaló Britanie.
El gobierno y la Asamblea menos “cool”
Desde el pasado 1 de mayo, cuando se instalaron los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa, en el país centroamericano no han faltado las puestas en escena protagonizadas por el partido oficialista, con jóvenes que dicen “luchar por el pueblo”.
En tres meses han destituido a los magistrados de la Corte constitucional y el Fiscal General, aprobaron la polémica ley que reconoce a Bitcoin como moneda de curso legal y enviaron al archivo propuestas de ley de agua y la ley por la Igualdad y la no Discriminación.
El partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, obtuvo una contundente victoria en las elecciones intermedias de febrero, al conseguir, junto a sus aliados, una súper mayoría en el hemiciclo, 64 curules de un total de 84. Esta conformación les permite gobernar y aprobar iniciativas sin oposición.
Bukele, de 40 años de edad, se autodenomina el “presidente más cool” del mundo. Arrasó las elecciones de 2019 y se convirtió en el fenómeno mediático que logró derrotar a los partidos tradicionales del país centroamericano. En las 41 páginas de su oferta electoral “Plan Cuscatlán”no hay ninguna propuesta para la población LGBTI.
“Estamos a la expectativa porque ahora tenemos a quien señalar. Nuevas Ideas cuenta mayoría absoluta en la Asamblea y el poder de decisión para adecuar normativas y dictar leyes que garanticen los derechos de todas las personas por igual”, expresó Britanie.
Comentarios desactivados en Protestas por rechazo a Ley de Identidad de Género en El Salvador
El proyecto de Ley de Identidad de Género fue archivado junto con la ley por la Igualdad y la no Discriminación.
La propuesta de Ley de Identidad de Género tuvo el primer revés en la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador el viernes 14 de mayo. Fue luego de que la Comisión de la Mujer y Género del Congreso decidiera archivar 30 expedientes que estaban siendo examinados por la pasada legislatura (2018 – 2021). Lo hizo por considerarlas “obsoletas y no acordes a la realidad”, de acuerdo a la diputada del partido oficialista Nuevas Ideas, Marcela Pineda.
La ley por la Igualdad y la no Discriminación también fue archivada. Ninguno de los diputados oficialistas de Nuevas Ideas y su aliado Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) han dado una explicación del por qué enviaron al archivo la propuesta de ley.
La propuesta de Ley de Identidad de Género había sido presentada el 22 de marzo de 2018 por diversas organizaciones a la Asamblea Legislativa. La Comisión de la Mujer e Igualdad fue la encargada de su estudio y discusión. Sin embargo no fue aprobada.
El Salvador no cuenta con legislación que garantice el derecho al reconocimiento de nombre, sexo y género de personas transgénero y transexuales.
Para que la propuesta de ley fuera aprobada por el Congreso se requerían 43 votos de les 84 diputades. Sin embargo, las organizaciones promotoras del anteproyecto coincidieron en que hizo falta compromiso y voluntad de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa.
Ahora la propuesta de ley fue enviada al archivo, sin posibilidades de discutirse de nuevo.
“No vamos a pasar tres años más para que se nos tome en cuenta. Se supone que esta Asamblea legislativa ha venido a legislar por el pueblo y por sus necesidades, así que esperamos respuestas lo más pronto posible”, dijo Bianka Rodríguez, directora de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS durante una manifestación de rechazo a la decisión de engavetar la propuesta de ley de identidad.
Las organizaciones que trabajaron desde 2010 en la elaboración de la propuesta lamentaron la decisión. Creían que la nueva legislatura conformada en su mayoría por jóvenes tendría más “sensibilidad” por sus derechos.
Con esta decisión las mujeres y hombres trans deberán continuar utilizando en sus documentos el nombre y género que no corresponde a su identidad. La propuesta de ley pasó al archivo sin ser consultada con las organizaciones sociales proponentes.
“De no sacar del archivo la propuesta de ley dejarían ver la homofobia, la transfobia, la misoginia que existe desde esta nueva Asamblea Legislativa y desde los diputados para legislar por las necesidades de la población LGBTI que también les dieron el voto y los pusieron en esos curules”, recalcó Bianka Rodríguez.
El 1 de mayo de 2021 se instaló la nueva Asamblea Legislativa en El Salvador para un período de tres años. El partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, obtuvo una contundente victoria en las elecciones intermedias de febrero, al conseguir, junto a sus aliados, una súper mayoría en el hemiciclo, 64 curules de un total de 84. Esta conformación les permite gobernar y aprobar lo que sea sin oposición.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) criticó la decisión de nueves diputades e instó a hacer un nuevo cabildeo para que fuera presentada, analizada y discutida con la comisión a cargo.
“Reitero a la población LGBTIQ+ de El Salvador mi compromiso en acompañarles en sus justas reivindicaciones, realizando las acciones de mi competencia”, expresó el Procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tobar.
Condenada a la exclusión
Eliza Velásquez entró al baño de mujeres de una cadena de restaurantes de comida rápida, pero al instante fue sacada por el vigilante de seguridad. Le dijo que se había equivocado de lugar, ella debería ir al de hombres.
“Siempre entro a los baños de mujeres porque es lo correcto, pero en una ocasión el vigilante del lugar me dijo que me saliera, me dijo que yo siempre seré un hombre. Me fui para el baño de hombres y ahí también se me quedaban viendo raro, no tuve otra opción”, expresó Eliza a Presentes.
Sin poder contradecir al vigilante por no contar con un documento que confirmara su identidad como mujer transgénero, decidió utilizar en adelante los baños destinados para hombres en lugares públicos. El Documento Único de Identidad (DUI) de Eliza tiene el nombre y género asignados al nacer, y ella se ha unido a la lucha de la población trans para lograr la aprobación de la ley de identidad de género.
La extinta dirección había creado la línea telefónica 131 para atender denuncias, brindar orientación sobre sus derechos y ayuda psicológica en los casos que lo requerían. El actual gobierno transfirió el número al ministerio de salud para atender a mujeres embarazadas, niñez menor de cinco años y personas que requieran atención en salud mental.
El trabajo que desarrollaba la antigua dirección de diversidad sexual pasó bajo la dependencia de la unidad de género del Ministerio de Cultura, Presentes confirmó que desde 2019 no se reúnen con las autoridades a cargo.
“Ser un hombre trans en El Salvador significa no existir porque no soy reconocido legalmente. Significa ser excluido y rechazado por la sociedad, significa no tener derechos”, dijo a Presentes Bryan Rodríguez subdirector de Hombres Trans El Salvador (HT).
El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBT, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de genero y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.
“Ya no queremos ser olvidadas en las políticas públicas. No vamos a retroceder nunca más. Nuestras voces van a gritar las arbitrariedades que ellos y ellas hagan como diputados y diputadas de esta nación”, indicó Bianka.
La lucha por la aprobación de la ley
El pasado lunes, Eliza de 27 años salió de su casa de madrugada, afuera le esperaban más de doscientos kilómetros que recorrer desde el municipio de Nueva Esparta, departamento de La Unión hasta la capital.
Dice que cada 17 de mayo a viajado hasta la capital de El Salvador para participar en la marcha en contra de la transfobia, pero este año lo hizo para protestar contra la decisión de legisladoras de la Asamblea legislativa que de un tajo mandó al archivo una propuesta de ley que le permitiría a Eliza tener un documento con su nombre, sexo y género auto percibido.
“Esa ley es necesaria que se apruebe porque así ya tendríamos que estar acreditadas como mujeres ante la ley. Sin necesidad de andar escondiendo cómo nos llamamos o que la gente nos diga que debemos de llamarnos como nacimos y no como nuestra expresión”, dijo Eliza a Presentes.
Eliza se unió a cientos de personas que salieron a las calles de San Salvador para exigir que se saque del archivo la propuesta de ley y sea aprobada. Dice que aún recuerda cuando hace siete años tuvo el valor de asumir su identidad y expresión de género.
“Las primeras veces fue difícil para mi, sentí pena y temor que toda la gente me mirara y dijeran: ‘ahí va ese vestido de mujer’. Al principio fue difícil, después me fui adaptando a las discriminaciones, a los bullying que aún me hacen”, expresó.
Bukele de 39 años de edad se autodenomina el “presidente más cool” del mundo, arrasó las elecciones de 2019 y se convirtió en el fenómeno mediático que logró derrotar a los partidos tradicionales del país centroamericano. En las 41 páginas de su oferta electoral “Plan Cuscatlán” no hay ninguna propuesta para la población LGBTI.
“Yo di el voto a Nuevas Ideas creyendo de que todo iba a ser diferente. Me genera indignación porque ellos prometieron apoyar a la población LGBTI y que ahora salgan con que no le toman importancia. Así como nosotros los apoyamos para que estén en la Asamblea, así deben cumplirnos”, dijo Eliza.
Comentarios desactivados en Histórico: una mujer trans y un hombre gay aspiran a convertirse en diputadxs en El Salvador
Alejandra Menjívar y Erick Iván Ortiz competirán el 28 de febrero en las elecciones nacionales. Ella busca una diputación en el Parlacen y él en la Asamblea Legislativa. Su candidatura ocurre en un momento crucial para la democracia salvadoreña.
Por Stanley Luna
Las elecciones para alcaldes y diputados del 28 de febrero en El Salvador, por primera vez, contarán con la representación de una mujer trans y un hombre abiertamente gay. Se trata de Alejandra Menjívar, candidata a diputada por el Parlamento Centroamericano (Parlacen), y Erick Iván Ortiz, quien corre por una diputación para la Asamblea Legislativa.
De ser elegidos funcionarixs, ambxs tienen en su agenda temas que son una deuda para la población LGBTI en el país: llevar a discusión la Ley de Identidad de Género –de la cual existe un anteproyecto desde 2018 en el Congreso-, generar mecanismos de protección para las disidencias sexuales y que el país atienda resoluciones internacionales, que, por ley, tiene la obligación de cumplir.
Menjívar tiene 34 años y es candidata al Parlacen por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de izquierda en el que milita desde 2008 y del que es Secretaria Nacional de la Diversidad Sexual y Género.
Trabajó en la construcción del plan de gobierno de Mauricio Funes, el primer expresidente de izquierda salvadoreño, que gobernó entre 2009 y 2011, y hoy se encuentra asilado en Nicaragua tras acusaciones de corrupción.
En 2009, la hoy candidata comenzó como voluntaria en un proyecto con la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoíris Trans) y a involucrarse en la lucha por derecho humanos de la población LGBTI, lo que marcó el inicio de su activismo.
Con el 60% de los votos de su partido
Ella tomó la decisión de competir como diputada al Parlacen y no para la Asamblea Legislativa como una prueba a las bases del FMLN, para saber lo abierto que eran respecto a la participación de las disidencias sexuales a cargos públicos, explica en una entrevista a Agencia Presentes.
“El Parlacen no solo es un ente de la integración centroamericana, sino que tiene que ver con recomendar a los Estados de la región hacia dónde deben de ir encaminadas las políticas públicas”, dice Menjívar.
En las elecciones internas del FMLN, Menjívar quedó en la quinta posición de entre 20 precandidatxs. Obtuvo más del 60 por ciento de los votos de la militancia a nivel nacional. En las internas, también fue elegido como candidato a alcalde un hombre abiertamente gay, mientras que otras personas de la población LGBTI participarán por cargos de regidores, concejales y diputados suplentes en las elecciones de febrero.
Lxs diputados del Parlacen son elegidos en elecciones democráticas. Son 20 diputados por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. Lxs expresidentes y vicepresidentes de estos países también se convierten en diputados inmediatamente terminan sus mandatos.
Roberto Zapata, secretario de la organización Amate El Salvador, reconoce que no solo en El Salvador, sino que, en cualquier país, candidates o funcionaries LGBT se enfrentan a “barreras” antes y durante ejercen su cargo.
Escuchar a la sociedad civil
Las postulaciones a diputaciones de Menjívar y de Ortiz, dice, generan expectativa en la sociedad civil organizada y la población LGBTI, en general. Si llegan a convertirse en diputades, tendrán que legislar a favor de esta población de forma transversal. Y, al mismo tiempo, legislar a favor de otros temas sociales, incorporando el componente de la inclusión.
“Si elles son electos para su cargo, yo espero que tengan la apertura de llevar adelante las iniciativas que desde la sociedad civil organizada se convocan. Que, si nos acercamos a elles, tengan la apertura”, señala el activista.
Zapata destaca que, en el caso de Menjívar, ella se ha encargado de informar, desde su candidatura, sobre las funciones del Parlacen, una instancia poco conocida para la sociedad salvadoreña.
Menjívar asegura que es en el Parlacen donde ella ve la oportunidad de incidir para que los Estados aprueben leyes a favor de las disidencias sexual, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y que, además, atiendan resoluciones vinculantes, como la emitida en 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, a través de una opinión consultiva en Costa Rica, ordenó garantizar el matrimonio igualitario y el cambio de nombre y género de las personas trans. Una resolución que atañe a El Salvador y a otros 19 países de América.
Aunque el voto en El Salvador para alcaldes y diputados es por rostro, sin una Ley de Identidad de Género, ella ve imposible que el Tribunal Supremo Electoral la deje competir en las elecciones con su nombre elegido, como sí lo hizo en las elecciones internas de su partido. De exigirle el nombre según documento de identidad, optará por los apellidos. De hecho, en su campaña le ha apostado a posicionarse como “Menjívar Guadrón” y “Aleja Menjívar”.
“Es complicado, es complejo, es todo un panorama adverso, porque, evidentemente, voy a ser una contra varios que vienen siendo parte del sistema, pero eso es lo que nos motiva.”, afirma Menjívar.
“Todo en adelante es nuevo”
Erick Iván Ortiz, candidato por Nuestro Tiempo, un partido fundado por exdiputados del partido conservador Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y que debutará en las elecciones de este año, busca ser diputado por el departamento de San Salvador, dentro del cual se encuentra la capital del país centroamericano.
Ortiz tiene 29 años y casi una década de involucrarse en la defensa de los derechos humanos. Forma parte de la Federación Salvadoreña LGBTI, que aglomera a varias organizaciones que luchan por los derechos de las disidencias sexuales en El Salvador.
En 2017, él fue parte del grupo de seis jóvenes que renunció a la juventud de ARENA tras mostrar públicamente su postura a favor hacia temas progresistas, como el matrimonio igualitario y el aborto.
“Hay que decir que la mía es la primera candidatura abiertamente LGBTI para un cargo de diputación en la Asamblea Legislativa, entonces, todo en adelante es nuevo, no ha sido explorado, pero lo que yo sí esperaría es que, desde la población LGBTI, podamos, también, tomar consciencia de la importancia de la representatividad”, sostiene.
Si se convierte en diputado, Ortiz dice que impulsará la Ley de Identidad de Género y presentará un anteproyecto de Ley Nacional contra la Discriminación en la Asamblea Legislativa, para crear una institución que proteja los derechos de la población y que sea independiente del Ejecutivo.
Deudas del gobierno actual y perspectivas
El 28 de febrero, el partido fundado por el presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, también participará por primera vez en las elecciones para diputadxs y alcaldes.
Bukele, en el año y medio en el cargo, no ha mostrado interés de crear políticas públicas a favor de la población LGBTI. Es más, en el segundo día de su gobierno trasladó las funciones de la Dirección de la Diversidad Sexual, creada en el primer gobierno del FMLN bajo presión de la sociedad civil, al Ministerio de Cultura. Este es uno de los ministerios con uno de los presupuestos más bajos.
La dirección estaba adscrita a la ya desaparecida Secretaría de Inclusión Social y dependió presupuestariamente de la Presidencia. Sus funciones fueron la capacitación del personal de los diferentes ministerios, la generación de ferias de empleo para las disidencias sexuales y la creación de un call center para atender denuncias por discriminación de las personas de las disidencias sexuales que trabajaran en alguna institución gubernamental. Hasta el momento, las organizaciones de la sociedad civil, si el gobierno dará seguimiento a estas acciones.
Con las diputaciones ganadas por Nuevas Ideas, más el bloque de los otros partidos de derecha que no tienen en su agenda las políticas públicas a favor de la población LGBTI, Zapata adelanta que se están preparando para más retrocesos en derechos humanos.
“Lo más probable es que la mayoría de diputaciones terminen siendo bastantes conservadoras, lo que puede terminar en que, en lugar de avances, sean retrocesos en tema de derechos humanos. Ya lo hemos visto dentro del Órgano Ejecutivo. Ahora, es probable, y nos estamos preparando para ello, de que también suceda en el Órgano Legislativo”, advierte.
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Comentarios desactivados en Covid-19 en El Salvador: falta de atención, ataques en redes y discriminación a trans
Por Paula Rosales, desde San Salvador
En medio de la pandemia por Covid-19, organizaciones LGBT+ exigen al Estado salvadoreño garantizar la salud y derechos de las personas LGBT+ y en especial de las trans, a raíz de la falta de asistencia y de las denuncias por discriminación y ataques en las redes.
Karla C, una adolescente trans de 16 años, tenía fiebre, tos y dolor de garganta, y le pidió a una amiga que la llevara a un hospital público del departamento de San Miguel, al este de la capital (El Salvador). Por los síntomas, temía ser portadora del coronavirus que ha causado más de 58 mil fallecidos en el mundo. Pero Karla denunció que no fue atendida.
“Le dijo al doctor que se sentía mal de verdad. El médico nos dijo que ahí no estaban atendiendo ese tipo de casos y que nos fuéramos para la casa. Una enfermera que estaba ahí nos dijo cosas bien feas”, recordó Stephanie Martínez, una amiga que la acompañó en las diligencias.
Después que los médicos y enfermeras de turno se negaran a atenderla en ese hospital* del departamento de San Miguel, la adolescente y su amiga se dirigieron a una unidad de salud. Allí sí fue atendida, descartaron que los síntomas estuvieran relacionados con el coronavirus, y le dieron tratamiento para infección en la garganta.
Presentes consultó al ministerio de Salud sobre el caso de Karla, pero al cierre de la nota no se recibió respuesta.
A pesar de ser una adolescente, Karla C. sobrevive como trabajadora sexual en las calles de la ciudad de San Miguel. De lo poco que gana debe pagar el alquiler de la habitación en la que vive. Desde que el Congreso aprobara por solicitud del ejecutivo un régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales a la libertad de circulación y una cuarentena domiciliar obligatoria ordenada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, Karla no tiene ingresos para su subsistencia. Se las arregla gracias al apoyo de vecinas que le regalan comida.
Sin ingresos para la subsistencia
Aunque el presidente Bukele anunció la noche del viernes 27 de marzo la entrega de 300 dólares para alimentación de 1,5 millones de hogares salvadoreños, Karla no puede acceder. El gobierno deberá erogar 450 millones de dólares para cumplir con la entrega del beneficio económico, que ha colapsado los centros de registro de la subvención y ha generado malestar en miles de personas que no fueron beneficiadas.
Stephanie Martínez, trabajadora sexual y compañera de Karla, asegura que no recibió el beneficio. No sabe cómo sobrevivirá en el marco de esta epidemia. “Nadie ha sido beneficiado, ni en mi familia, ni yo salí beneficiada ni ninguna de mis amigas trans. No podemos salir a trabajar porque la mayoría somos sexoservidoras y no podemos salir a la calle. El gobierno no nos da ninguna ayuda ni apoyo porque. Aquí en El Salvador hasta nuestro presidente es muy discriminativo”, expresó Stephanie a este medio.
“A consecuencia de la coyuntura que en la actualidad atraviesa nuestro país a raíz del COVID-19, ha dado lugar, en algunos casos, a la desprotección de las poblaciones más vulnerables, entre estas la población LGBTIQ+, debido a la falta de medidas concretas o programas de asistencia y protección por parte del Estado específicamente a la población trans”, detalló en un comunicado el ombudsman, José Apolonio Tobar.
Transfobia en las redes
Una imagen de la defensora de derechos humanos, Camila Portillo sosteniendo en su mano derecha el Documento Único de Identidad (DUI), fue publicada en paginas de Facebook insinuando que no fue beneficiada por el bono de 300 dólares anunciado por el gobierno por “ser travesti”.
“He soportado la vulneración de calumnias y difamación, a partir de una foto mía del 2014, cuando no me dejaron votar. Ahora la han puesto en varios temas de noticias diciendo que no pude acceder a los 300 dólares por el DUI y lógicamente lo han hecho en situación de burla hacia las personas trans”, dijo a Presentes Camila Portillo.
El gobierno ha sido señalado en reiteradas ocasiones por organizaciones defensoras de derechos humanos de provocar ataques virtuales a quienes considera como sus opositores.
“Hay un montón de gente comentando cosas bien feas. Dejé de leerlos por salud mental, porque hay comentarios bastante fuertes que nos puede afectar psicológicamente porque entramos en una psicosis que pensamos que todo el mundo nos quiere hacer daño” señaló Camila.
Los ataques a Camila comenzaron desde que ella cuestionó el manejo de la crisis sanitaria que tiene al país centroamericano con 56 casos activos y tres muertes. Los comentarios de muchas personas en las redes sociales están orientados a difamar y ridiculizar a la población trans.
Exigen al Estado garantizar seguridad de las trans
(pincha en la imagen para ampliarla)
“Desde la Red Salvadoreña de Defensoras condenamos estas agresiones transfóbicas y expresamos profunda preocupación por las Defensoras de Derechos Humanos que están aconteciendo por la defensa que se ejercen en el marco de las medidas adoptadas por el GOES ante el Covid19. Exigimos al Estado salvadoreño garantizar la seguridad integral de la defensora Camila Portillo y de las personas transgénero, reconociendo la exposición y vulneración que enfrentan al no ser reconocida legalmente su identidad” expresaron en un comunicado.
“Tengo miedo que continúen los ataques, que más que ataques cibernéticos se vuelvan ataques físicos al terminar esta situación y no solo por la parte de la divulgación de la fotografía, sino que por pertenecer a los grupos que estamos constantemente denunciando las violaciones de derechos humanos que se están realizando con estas medidas de represión que el gobierno ha tomado”, lamentó Portillo.
El congreso salvadoreño estudia desde 2018 una propuesta de ley de identidad de género. Aun sigue sin avanzar.
*Nota de edición: el nombre del hospital se mantiene en reserva para preservar la seguridad de quienes sufrieron discriminación.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
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Comentarios desactivados en Asesinan a joven gay: dos crímenes de odio a LGBTI+ en una semana en El Salvador
Jaime Natividad Rubio Ramos,
Por Paula Rosales, desde San Salvador
Jaime Natividad Rubio Ramos, un hombre gay de 28 años, es la segunda víctima LGBT+ asesinada en una semana en la zona oriental de El Salvador. En este país aún no hay víctimas fatales de la pandemia de coronavirus, pero en 2020 ya se documentan al menos tres crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual. Dos de ellas, asesinadas en la última semana.
De acuerdo a testimonios de pobladorxs, Jaime se encontraba departiendo el 15 de marzo junto a otras personas en la Laguna de Olomega, municipio de El Carmen, departamento de La Unión, a 170 kilómetros al sudeste de la capital del país. Fue la ultima vez que lo vieron con vida. “Pobladores de la zona escucharon disparos y al día siguiente encontraron el cadáver de la víctima. El cuerpo sin vida tenía entre diez y doce horas de fallecido, por tanto el levantamiento y las diligencias se realizaron el día 16. Sabemos que Jaime recibió tres disparos”, dijo a Presentes una fuente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos que solicitó reserva.
Jaime se dedicaba a organizar eventos y a crear coreografías para eventos de belleza en diferentes departamentos del país centroamericano. De acuerdo a fuentes consultadas por Presentes, era un joven emprendedor que se esforzaba para destacar con su trabajo.
“Jaime era un joven muy trabajador, con todo un mundo para descubrir en nuestro país, que no te da muchas oportunidades y menos siendo miembro de nuestra comunidad LGBTIQ, donde tantas veces se nos margina. Me siento muy mal. Es un asesinato que en verdad me afecta”, dijo a Presentes Edgar Zelaya, diseñador de modas y colega de trabajo de Jaime.
Presentes consultó a la delegación de la policía en el municipio de El Carmen, pero se negaron a responder. No es la primera vez que la institución a cargo de la seguridad pública niega información a este medio.
“La oficina fiscal de La Unión, confirma que el occiso Jaime Natividad Rubio, según la información preliminar recolectada en la escena pertenecía al colectivo LGBTI. La investigación por el momento está centrada en determinar el perfil social de la víctima, para establecer una línea de investigación”, afirmó a Presentes una fuente fiscal.
Dos asesinatos a LGBT+ en una semana
Tita Andrade Umaña
Con el asesinato de Jaime, ya son al menos tres los crímenes de odio hacia personas LGBT+ reportados en El Salvador en lo que va de 2020.
Tita Andrade Umaña, una persona trans de 32 años, salió de su casa el viernes 6 de marzo en el municipio de Intipucá en el departamento de La Unión, 180 kilómetros al sureste de la capital de El Salvador. La encontraron asesinada, el sábado 7 en un descampado del caserío La Agencia, en una zona rural del oriente del país centroamericano.
El primer transfeminicidio de 2020 se perpetró el 16 de enero contra Briyit Michelle Alas, una mujer trans de 21 años. Briyit fue asesinada de cinco disparos y después fue lanzada a un barranco en Ciudad Delgado, a ocho kilómetros de la capital. Por este crimen aún no hay personas detenidas.
El congreso reformó en el año 2015 el código penal e incluyó al homicidio agravado el perjuicio de crímenes cometidos por odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero desde la reforma ningún caso ha logrado condena con esta tipificación.
Sin justicia, con impunidad
“Los asesinatos van a seguir ocurriendo porque nosotras somos la cara visible de toda la población LGBTI y somos las más expuestas en cuanto al ojo público. Con nuestros crímenes siempre ha existido impunidad en el país”, dijo Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.
“Las acusaciones han disminuido porque existe mucha corrupción en las autoridades. Aunque los jueces quieran hacer su trabajo, las autoridades correspondientes de acusar y defender siempre terminan llegando a un acuerdo donde sale favorecido el culpable”, expresó Linares a Presentes.
Aumentaron los asesinatos en el último trimestre de 2019
De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, presuntamente asesinada por policías y Anahy Miranda, han sido judicializados.
Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.
Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador.
El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.
El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda, fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán, Rosa Granados, una activista trans de 28 años asesinada en su casa de cuatro disparos en su cabeza. Vivía en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión, a 182 kilómetros al este de San Salvador.
Cristi Conde Vásquez, mujer trans de 28 años, fue asesinada el jueves 19 de diciembre. Fue perseguida y llevada a un sitio en donde le propinaron unos cinco disparos, de acuerdo a un reporte de la Policía Nacional Civil.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
Comentarios desactivados en Asesinan y prenden fuego a Tita, trans de 32 años, en El Salvador
Tita Andrade Umaña
Por Paula Rosales, desde San Salvador
Tita Andrade Umaña, una persona trans de 32 años, salió de su casa el viernes 6 de marzo en el municipio de Intipucá en el departamento de La Unión, 180 kilómetros al sureste de la capital de El Salvador. La encontraron asesinada, el sábado 7 en un descampado del caserío La Agencia, en una zona rural del oriente del país centroamericano. Por la autopsia se logró determinar quién era.
Residentes de la zona reportaron un conato de incendio y al verificar hallaron el cuerpo calcinado en un 90 por ciento, de acuerdo al reporte policial de La Unión. La fiscalía general anunció el martes 10 en su cuenta de Twitter que hay una persona detenida, sospechosa de haber cometido el crimen. Aunque en los trámites judiciales, Tita es llamada por su nombre asignado al nacer.
“Se ha decretado detención administrativa en contra de Ronald Asael Cáceres Campos, por el delito de homicidio simple de Jaime Ulises Andrade Umaña, miembro de la comunidad LGBTI. El hecho ocurrió el día sábado 7 de marzo en Intipucá, La Unión”, informó la institución. “La detención se hizo efectiva este día a las 15 horas, como resultado de investigación de la fiscalía. Se ha logrado recabar abundante prueba en contra del acusado”, publicó el ente.
«Se desconoce el móvil que originó el homicidio. La causa de la muerte está por determinarse mediante autopsia, ya que la víctima presentaba quemaduras en todo el cuerpo y hasta ahora aún no tenemos el resultado de la autopsia», expresó a la prensa el oficial de servicio de la policía.
Ronald Asael Cáceres Campos,
Tita es la segunda víctima asesinada de la población LGBTI en El Salvador en lo que va de 2020. Las investigaciones de estos crímenes avanzan muy poco en el país. La gran mayoría queda impune debido a investigaciones débiles que no permiten el enjuiciamiento de los responsables.
El congreso reformó en el año 2015 el código penal e incluyó al homicidio agravado el perjuicio de crímenes cometidos por odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero desde la reforma ningún caso ha logrado condena con esta tipificación.
Sin justicia, con impunidad
“Los asesinatos van a seguir ocurriendo porque nosotras somos la cara visible de toda la población LGBTI y somos las más expuestas en cuanto al ojo público. Con nuestros crímenes siempre ha existido impunidad en el país”, dijo Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.
“Las acusaciones han disminuido porque existe mucha corrupción en las autoridades. Aunque los jueces quieran hacer su trabajo, las autoridades correspondientes de acusar y defender siempre terminan llegando a un acuerdo donde sale favorecido el culpable”, expresó Linares a Presentes.
Tita Andrade Umaña
Aumentaron los asesinatos en el último trimestre de 2019
De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, presuntamente asesinada por policías y Anahy Miranda, han sido judicializados.
Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.
Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador.
El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.
El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda, fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán, Rosa Granados, una activista trans de 28 años asesinada en su casa de cuatro disparos en su cabeza. Vivía en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión, a 182 kilómetros al este de San Salvador.
Cristi Conde Vásquez, mujer trans de 28 años, fue asesinada el jueves 19 de diciembre. Fue perseguida y llevada a un sitio en donde le propinaron unos cinco disparos, de acuerdo a un reporte de la Policía Nacional Civil.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
Comentarios desactivados en Organizaciones LGBTI advierten “autoritarismo” en presidente Bukele
Por Paula Rosales
La población LGBTI de El Salvador está preocupada por las señales de “autoritarismo” que mostró el presidente Nayib Bukele al irrumpir, junto con soldados y policías armados, en el salón de sesiones de la Asamblea Legislativa el domingo 9 de febrero. Fue con la intención de presionar a los diputados para que aprobaran negociar un préstamo de 109 millones de dólares para financiar sus planes de seguridad.
Organizaciones feministas y LGBTI se congregaron en la Plaza del Monumento al Salvador del Mundo a protestar ante el avance de la militarización del Estado y por la amenaza de destruir el sistema democrático del país centroamericano.
Bukele, que asumió su mandato el 1 de junio de 2019, ha sido cuestionado por sus censuras a la prensa, violaciones al derecho de información de ciudadanos, despidos numerosos en diferentes instituciones del Estado y nepotismo.
El mandatario de 38 años también se ha pronunciado en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y solo está de acuerdo con practicar el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro.
Al principio de su mandato, Bukele suprimió la Secretaria de Inclusión Social, institución encargada para velar por los derechos y por hacer cumplir el decreto presidencial que establecía la erradicación de la discriminación en todo el Estado de la población LGBTI.
El informe “Basta de genocidio trans”, elaborado por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans) y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS), muestra cómo en El Salvador las mujeres trans son violentadas por instituciones del Estado, específicamente por los cuerpos de seguridad, del total de denuncias recibidas el 36% fue atacada por la Policía y el 6% por la Fuerza Armada.
“Estos sistemas de represión solo incrementan los niveles de vulnerabilidad. Insistimos muchas veces que estos contextos militarizados nada han favorecido para reducir la violencia, la violencia únicamente se ve reflejada o pretenden clasificarla en la violencia pandilleril y no en otros tipos de violencia como la violencia de género, sabemos que las mujeres y la población LGBTI estamos inmersas en esas condiciones de vulnerabilidad”, dijo a Presentes Yanilet Mejía, activista lesbiana feminista e integrante de la organización las Hijas de Safo.
De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, asesinada presuntamente por policías y Anahy Miranda, están siendo judicializados. El señalado por asesinar a Anahy le fue impuesta una fianza de 10 mil dólares para continuar el proceso en libertad.
Después de irrumpir el recinto, Bukele se sentó en la silla del diputado presidente e hizo una oración para pedir “consejo divido” para la decisión de eliminar la Asamblea Legislativa con sus 84 diputados.
El mandatario salió del palacio legislativo y azuzó a la población que había llegado a apoyarlo afuera del edificio y los motivó a aplicar el artículo 87 de la Constitución Nacional que se refiere al derecho a la insurrección.
“Cuando funcionarios rompan el orden constitucional el pueblo salvadoreño tiene derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restablecer el orden constitucional. Yo le pregunté a Dios y Él me dijo: “paciencia”. En unos meses vamos a tener esta asamblea, porque la vamos a tomar por la fuerza”, arengó Bukele.
Para diversos sectores del país y organismos internacionales, el joven mandatario salvadoreño provocó uno de los episodios más “oscuros” desde la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a doce años de conflicto armado (1980-1992).
“Creo que esto nos está poniendo en un contexto de peligrosidad a todas las mujeres, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres trans y población LGBTI, todas estamos quedando en un estado de vulnerabilidad con la militarización porque estamos siendo gobernados por uniformados, creo que El Salvador debe de cambiar la táctica y nuestros gobernantes deben de ser creadores de paz”, dijo a Presentes Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano- ASPIDH Arcoíris Trans.
Defensoras y activistas consideran la medida como una clara usurpación de poderes, un retroceso en los derechos y convertiría al país centroamericano en un país sin garantías constitucionales.
“Vemos con profunda preocupación los hechos ocurridos este domingo 9 de febrero de 2020, ya que constituyen un retroceso en materia de derechos humanos e injerencia en la independencia de los órganos del Estado”, expresaron las organizaciones LGBTI en un comunicado.
El Salvador permitió desde el año 2009 que las Fuerzas Armadas se involucren en la seguridad pública del país, decisión que ha sido cuestionada por los organismos defensores de derechos humanos por los altos niveles represivos y el aumento de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, violaciones y golpizas.
Comentarios desactivados en Gobierno de El Salvador despide a personal LGBTI
Nayib Bukele
SAN SALVADOR – La Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI) denunció despidos injustificados en el recién ascendido gobierno del presidente Nayib Bukele, una decisión que atenta contra los derechos laborales de la población.
Bukele, que asumió su mandato el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarias de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que dejó en el limbo a unas 120 de personas, incluidas lesbianas, mujeres y hombres trans.
La Secretaría de Inclusión Social, creada en 2009 por el entonces partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pretendía avanzar en materia de derechos y desarrollo de sectores tradicionalmente excluidos de la agenda de los gobiernos.
Su programa insigne era “Ciudad Mujer”, que atendía de manera integral a mujeres en las seis sedes distribuidas en el empobrecido país centroamericano. Es en este programa en donde se empleaban a la mayoría de personas LGBTI.
Bukele despidió al personal sin posibilidad de reubicarlo
“Demandamos a las autoridades respectivas otorgar estabilidad laboral a las personas trans y mujeres lesbianas contratadas en las distintas instituciones gubernamentales, y aun en aquellas secretarías que han sido disueltas, puesto que son quienes más barreras enfrentarían para insertarse laboralmente debido al prejuicio social imperante”, expresó la federación en un comunicado.
Tatiana Molina, una mujer trans de 27 años, fue recepcionista durante seis años en la sede del programa gubernamental “Ciudad Mujer” de San Miguel, al oriente de la capital, pero fue despedida el pasado 31 de julio.
«Injusto e ilegal»
Molina sostiene que fue citada el 20 de agosto para que firmara su carta de liquidación de la plaza que ocupó; de no firmar la carta tampoco podía volver al trabajo.
“La carta decía que por decreto de ministros nuestras plazas serían suprimidas, y que por eso nos estaban liquidando, algo totalmente injusto e ilegal porque no había ningún proceso previo que respaldara la necesidad de suprimir los puestos de trabajo, de un día para otro nos hicieron el proceso de liquidación”, dijo Tatiana a Presentes.
Lamenta que, a pesar de haber votado al actual presidente, ahora está en una situación de desempleo. Ahora intentará un emprendimiento propio, mientras espera que un tribunal constitucional decida sobre un amparo presentado.
“Espero que las instituciones nos pueden brindar apoyo, para demostrar que nuestras plazas tienen que ser respetadas, porque estamos amparadas por la ley del servicio civil, y que por ende si no hemos incumplido con nuestros deberes, merecemos gozar de estabilidad laboral como dicta la ley, por eso mismo esperamos un fallo a favor de nuestros derechos laborales”, expresó.
De enfoque de derechos al Ministerio de Cultura
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública.
La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Nos ha pasado para Cultura. Nosotros no deberíamos de estar ahí, no somos un problema cultural. Deberían de mandar ahí a las personas que tienen la cultura de discriminar, a nosotros no”, dijo a Presentes Bryan Rodríguez, subdirector de la Asociación Generación Hombres Trans.
De acuerdo al informe “La exclusión laboral de personas trans en San Salvador”, presentado en 2016 por el Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica (AMATE), la precarización y el poco acceso laboral en la capital afecta al 63.6% de mujeres trans y al 44.4 % de hombres trans.
Esta precariedad obliga a que las mujeres trans ejerzan el trabajo sexual en calles de la ciudad. En el caso de los hombres trans, a la falta de empleo debe sumarse el trabajo y comercio informal.
Las tasas de desempleo para mujeres trans es del 12.5% , mientras que para los hombres tras es del 11%. Mientras que los porcentajes generales para la población cisgénero es de 4.9 y 6.9% para mujeres y hombres respectivamente.
Cierre de espacios de diálogo
Las organizaciones también denunciaron el cierre de mesas de discusión temáticas en los Ministerios de Seguridad y Trabajo, espacios que servían para crear políticas de no discriminación; acceso al trabajo para personas LGBTI.
Las mesas han descontinuado las reuniones periódicas con las organizaciones, quienes presentaron una carta solicitando su continuidad, al cierre de la nota no han recibido comunicación de la petición.
“El presidente en tres horas como población LGBTI nos hizo añicos, en vez de seguir avanzando nos esta quitando los espacios que hemos ganado, es un gran retroceso”, dijo Rodríguez.
Defensores de derechos humanos sienten que el discurso del presidente Nayib Bukele pueda exacerbar los ataques hacia las personas LGBTI, ya que al no tener una posición clara sobre los derechos de las poblaciones diversas y su negativa a recibirlos piensan que puede incrementar la discriminación y la intolerancia.
En marzo de 2018 fue presentado en el Congreso un anteproyecto de Ley de Identidad de Género que aún se encuentra en estudio en la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género.
“Él (presidente) tiene un cierre completo con nuestra población. Lo que él está haciendo es provocar una elevación de violencia hacia la población LGBTI. Su discurso es “está bien que los violenten”, con el discurso del presidente si hay hombres, mujeres trans, gay, lesbianas asaltados, perseguidos, violentados, asesinados pues no se va a hacer nada”, expresó Rodríguez.
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Pero las principales críticas a su gobierno derivan de la aplicación de casi dos años de un Régimen de Excepción para combatir a las pandillas llamadas “maras”. La polémica medida que suspende algunos derechos constitucionales ha permitido detener a más de 75.000 presuntos miembros de estas estructuras.
Nelson Rentería
Arturo no tuvo otra opción que huir de San Pedro Sula durante el toque de queda. Junto a uno de sus colegas, pidió medidas de protección a la CIDH por la persecución estatal de la que eran víctimas lxs activistas en ese tiempo. Las medidas no les aseguraban que sus vidas estuvieran a salvo, porque quienes les cuidaban, por órdenes de la CIDH, eran policías que frente a ellos presumían la violencia que ejercían contra la población LGBTIQ+.
Sigfredo Funes sí planificó su huida. Lleva más de un año viviendo en Buenos Aires y no quiere volver a su país. Con la excusa de migrar, aplicó a una beca para cursar una maestría en Argentina y así salir de El Salvador.
A través de su cuenta de Twitter el presidente de El Salvador anunció la suspensión del contrato entre el Instituto de Formación Docente y la televisora.
Ningún organismo brinda datos certeros sobre el estado de las personas detenidas.
En la última marcha, durante el día de lucha contra el LGBTIOdio pidieron por la libertad de Alessandra.
La organización CRISTOSAL documentó 555 casos de violaciones a derechos humanos durante detenciones en el régimen de excepción.
El juez especializado en crimen organizado, Godofredo Salazar, fue acusado por Bukele de ser “cómplice del crimen organizado”. También “recomendó” a la Corte Suprema de Justicia removerlo de su cargo. Su remoción fue aprobada el mismo día de la publicación del presidente.
“En 2020, el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó incentivos económicos a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para que éstas le garantizaran bajos niveles de violencia de pandillas y de homicidios confirmados”, señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.
La mujer fue sacada a la fuerza de su casa por no tener documento de identidad.
Trío anti-derechos LGBT+… Nicolás Maduro, Nayib Bukele y Daniel Ortega. 
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