Un nuevo crimen hacia la población de mujeres trans de El Salvador se dio a conocer el viernes.

Briyit Michelle Alas, una mujer trans de 21 años, fue asesinada el jueves 16 de enero en uno de los municipios con mayores índices de violencia en El Salvador. El cuerpo de Briyit Michelle Alas de tan solo 21 años fue encontrado en el reparto Santa Margarita 2 de Ciudad Delgado. La víctima no fue reconocida al instante pues no encontraron sus documentos en la escena, su cuerpo tenía cinco impactos de bala, tres en su tórax, uno detrás de la oreja y uno en el brazo y luego fue lanzada a un barranco en Ciudad Delgado, unos ocho kilómetros del centro de la capital. La policía se refirió a todo el tiempo ella en masculino.

Fuentes consultadas por Presentes dijeron que Briyit salió de su casa y luego se dirigió hacia un parque de la capital salvadoreña; ahí fue vista por ultima vez y les expresó a unas amigas que iba camino a la cuadra en donde ejercía el trabajo sexual.

“Desde ayer por la tarde que salió desapareció y ya nadie supo nada más, hasta ahora que lastimosamente la compañera está muerta”, relató a Presentes una defensora de derechos que pidió omitir su identidad por seguridad.

Según una fuente, la familia de Alas fue quien logró identificarla; llevaba varias horas sin reportarse en casa, luego comenzaron a ver circular las fotos del cuerpo sin vida de la joven en redes sociales, constatando que la ropa coincidía con la que la habían visto y el ese mismo día por la noche fueron a la morgue para estar seguras que se trataba de ella.

Este es el primer caso que se registra en el presente año, y se suma a los cientos de casos sin resolver que las organizaciones LGBTQ salvadoreñas tienen contabilizadas y de los cuales son pocos a los que las autoridades salvadoreñas han dado seguimiento.

El centro histórico de San Salvador tiene altos índices de denuncias de personas desaparecidas, robos y asesinatos.

Invisible para las cifras oficiales

A Briyit la asesinaron el mismo día en que el país conmemoraba 28 años de la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a doce años de conflicto armado. Es la primera vez que el Estado no celebra oficialmente la fecha. El presidente Nayib Bukel anunció ese día que no se reportó ningún homicidio en el país centroamericano. “Podemos confirmar que hemos cerrado el jueves 16 de enero con 0 homicidios a nivel nacional”, publicó Bukele en su cuenta personal de Twitter.

La familia de Alas es de escasos recursos, y solicitó ayuda a las organizaciones defensoras de derechos humanos de mujeres trans, por lo que activistas y organizaciones LGBTQ han puesto de su parte para ayudar con los gastos fúnebres a la familia. Indican que el acceso a estudio y empleo es reducido para esta población. En muchos casos se suman al comercio informal o se arriesgan a ejercer el trabajo sexual en las duras calles de San Salvador y en las principales ciudades del país centroamericano.

“Fuimos donde la familia y recién se enteraron. De hecho ayer en la noche les enviaron una foto y hoy tarde es que la mamá salió a reconocer el cuerpo. Dijo que ayer salió por la tarde, unas compañeras la vieron en el Parque Libertad y dijo que iba a trabajar, pero a la cuadra no llegó”, expresó Camila Portillo.

“Desgraciadamente no tenemos mayor información, si salió con un cliente o como fue el hecho, no quisimos ahondar en detalles con la familia, pero nos pusimos a sus órdenes para cualquier cosa que necesitara y les pusimos en contacto con Jessica Torres de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ya que ella quiere darle seguimiento al caso”, informó Camila Portillo de la Asociación ASPIDH Arcoiris Trans.

La Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH y Arcoíris Trans lamentaron el nuevo transfeminicidio y demandaron que el Estado investigue éste y otros crímenes que aun no logran ser juzgados.

Dicha organización publicó el día viernes en sus redes sociales, “Desde ASPIDH se le hace un llamado a la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos y al Presidente Nayib Bukele para que se pronuncie ante los transfeminicidios de El Salvador. Todo con el fin de visibilizar la realidad que la población LGBTI en especial la de mujeres trans, tiene que vivir día a día”.

“Exigimos que el Estado salvadoreño investigue y judicialice a las personas responsables de los crímenes por odio hacia la población LGBTI”, publicaron en su cuenta oficial.

Por su parte la activista independiente Aislinn Odaly´s menciona que el Estado debe garantizar el derecho al trabajo para las personas trans, en especial a las mujeres trans, ya que algunas se ven orilladas a ejercer el trabajo sexual en las calles y es ahí donde se corre mayor peligro, “somos más visibles y vulnerables por tener una identidad de género diferente a la asignada al nacer”, agrega Aislinn.

“Briyit se topó con una sociedad que le negó la oportunidad de acceder a un trabajo con mayores garantías; ella se formó en cursos de gastronomía salvadoreña, nunca pudo practicar porque la rechazaban por ser una mujer trans”, menciona Bianca Rodríguez directora ejecutiva de COMCAVIS TRANS, otra de las organizaciones que ha estado al pendiente de ayudar a la familia de Alas.

Pese a las evidencia de los lujos de barbarie con los que se cometen estos crímenes, el Estado salvadoreño sigue en silencio ante estos crímenes contra la población LGBTQ. “El silencio y la falta de acceso a la justicia de este gobierno, con lleva a que se perpetúen más crímenes de odio y que siga predominando la impunidad”, agrega Rodríguez.

Aumentaron los asesinatos a personas trans

De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, presuntamente asesinada por policías y Anahy Miranda, han sido judicializados.

El supuesto responsable de asesinar a Anahy le fue impuesta una fianza de diez mil dólares para continuar el proceso en libertad.

Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.

Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador. El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.

El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda, fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán, Rosa Granados, una activista trans de 28 años asesinada en su casa de cuatro disparos en su cabeza. Vivía en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión,  a 182 kilómetros al este de San Salvador.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.