Varias organizaciones, incluidos grupos católicos, han presentado informes amicus curiae en un caso de la Corte Suprema de EE. UU. que podría decidir si las protecciones contra la discriminación para las parejas LGBTQ+ son aplicables, según Crux..

El caso, 303 Creative v. Elenis,  está a cargo del Tribunal Supremo del país en su sesión actual. Se trata de la demandante Lorie Smith, una diseñadora web de Colorado que reclama un derecho de la Primera Enmienda para negar sus servicios a las bodas de parejas del mismo género. La demanda se presenta contra miembros de la Colorado Civil Rights Commission (CCRC)- Comisión de Derechos Civiles de Colorado (CCRC).

Dos grupos de defensa católicos LGBTQ+, New Ways Ministry y DignityUSA, firmaron un informe pro-CCRC de 30 grupos que apoyan las protecciones contra la discriminación LGBTQ+. El escrito dice, en parte:

“‘Elaborar esta amplia exención permitiría a las empresas públicas excluir legalmente a los clientes en función de sus identidades. . .en lugar de salvaguardar el derecho de todos los ciudadanos a comprar bienes y servicios de negocios abiertos al público. . .[la exención propuesta] dañaría aún más a las mismas personas que estas leyes de derechos civiles fueron diseñadas para proteger’”.

Por otro lado, la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. y la Conferencia Católica de Colorado presentaron un escrito de amicus curiae a favor del demandante LGBTQ-negativo. El escrito apela al juez Clarence Thomas, quien ahora tiene mayor influencia en la corte dada la gran mayoría conservadora, que decidirá la dirección de la corte este año. Grupos religiosos de derecha como Catholic Vote, la Thomas More Society, y Becket también han presentado informes.

El caso es una continuación del caso de la Corte Suprema de 2020 Masterpiece Cakeshop contra la Comisión de Derechos Civiles de Colorado, que dictaminó que CCRC manejó mal un caso que involucraba al dueño de una pastelería que se negó a atender a parejas del mismo género. La decisión de la corte en ese caso no abordó la pregunta más amplia de si los dueños de negocios deberían tener el derecho legal de discriminar a las parejas LGBTQ+ cuando brindan servicios. Cruz informó:

“Una diferencia es que en el caso actual, la artista, Lorie Smith, no está luchando contra un incidente específico, como lo estaba el panadero que negó haber horneado un pastel personalizado para una pareja del mismo sexo. Smith quiere que la corte intervenga antes de que se le pida que diseñe un sitio web para una pareja del mismo sexo.

“Aunque ella no desea brindar un servicio basado en sus creencias cristianas sobre el matrimonio, el caso depende de su reclamo de libertad de expresión.

“[La profesora de derecho Amanda] Shanor dijo que los paneles preliminares de la Corte Suprema en 2017 probablemente no predijeron que el panadero ganaría, pero ahora ya está bastante segura de que la corte probablemente fallará a favor del artista y dijo que el caso podría tener amplias implicaciones sobre quién puede ser visto como un artista”.

Varias otras organizaciones de defensa de los derechos civiles y LGBTQ+ han presentado escritos amicus curiae a favor de CCRC. La The American Civil Liberties Union (ACLU) – (Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) presentó un informe que cita el caso de derechos civiles de 1984 Hishon v. King & Spalding, que, según argumenta la ACLU, establece que la constitución no protege la discriminación perpetrada por empresas públicas:

“La discriminación por parte de empresas abiertas al público ‘nunca ha recibido protecciones constitucionales afirmativas’”.

Lambda Legal, GLAD, Human Rights Campaign, National Center for Lesbian Rights y National LGBTQ Task Force presentaron un informe conjunto en apoyo de CCRC. El informe destacó el potencial de una nueva segregación de la economía de EE. UU., que podría ocurrir si se permite a las empresas discriminar a los clientes por su orientación sexual:

“Este Tribunal ha rechazado repetidamente los intentos de crear exenciones de la Primera Enmienda para lugares públicos y otras leyes contra la discriminación. La salida instada por los peticionarios de este acuerdo de larga data de la ley de derechos civiles invita a una regresión a los mercados segregados”.

Mary Bonauto, directora de derechos civiles de GLAD, ilustró aún más los problemas que ocurrirían si los dueños de negocios recibieran protecciones constitucionales para negar servicios a los clientes:

“‘La gente no debería tener que llamar con anticipación para averiguar si un negocio atiende a personas de su fe u otras características personales’”.

Shannon Minter, directora legal del National Center for Lesbian Rights-Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas, argumentó que las protecciones constitucionales para la discriminación anti-LGBTQ+ causarían una mayor división social:

“‘Somos un solo país, y garantizar que todos tengan el mismo acceso a los bienes y servicios comerciales juega un papel esencial en la prevención del conflicto social y la fragmentación’”.

Dado que la Corte Suprema es notablemente más conservadora de lo que era cuando Masterpiece Cakeshop compareció ante los jueces, la perspectiva para los defensores LGBTQ+ es menos optimista.

 La USCCB no debe utilizar los recursos de la iglesia para perseguir la legalización de la discriminación contra las personas LGBTQ+. Los esfuerzos por legitimar la negación de servicios a las personas queer socava la dignidad de todas las personas y es una afrenta a la imagen de Dios de la que están hechos todos los seres humanos.

—Andru Zodrow (él/él), New Ways Ministry, 14 de octubre de 2022

Fuente New Ways Ministry

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha designado su candidato a ocupar la plaza de juez del Tribunal Supremo que dejará vacante Anthony Kennedy el próximo 31 de julio. El elegido es Brett Kavanaugh, actualmente juez de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. Es conocido por su talante conservador en asuntos como el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo o la restricción de los derechos civiles, si bien a lo largo de su carrera no ha tenido que decidir ningún asunto relevante sobre discriminación por orientación sexual o identidad de género. Aun así, su bagaje hace desconfiar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y el activismo LGTBI, que han pedido a los senadores que no respalden su nombramiento.

Tras el comunicado del juez Anthony Kennedy en el que anunciaba su próxima jubilación del puesto que ocupa en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el presidente Trump no se ha demorado en designar su candidato a ocupar la plaza en la persona de Brett Kavanaugh. De 53 años, Kavanaugh fue designado por el entonces presidente George W. Bush para ocupar plaza en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde ha emitido conflictivos dictámenes en materia de empleo, medio ambiente o consumo, destacándose siempre por su conservadurismo y su apoyo a las grandes corporaciones. Ha sido frecuentemente criticado por ser demasiado partidista en sus valoraciones, sin ocultar su apoyo declarado al Partido Republicano.

Con el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo estadounidense queda, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump). Ese equilibrio lo rompería Kavanaugh a favor del sector conservador, y además por largo tiempo, dada la edad del candidato y que el cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio. Además, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace prever que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto. Existe pues, el temor fundado a que un Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.

El nombramiento del nuevo miembro del Tribunal Supremo es una atribución del presidente, aunque su decisión debe ser convalidada posteriormente por el Senado. Al estar en manos de la mayoría republicana, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno. La única esperanza para el sector liberal es, por una parte, el delicado estado de salud del senador republicano John McCain, que le impediría acudir a la votación, y, por otro, la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido recientemente una reunión con Donald Trump para dialogar sobre este asunto. Aun así, quizás pesen en su ánimo las declaraciones efectuadas por Kavanaugh el pasado 2017, en las que apoyaba a un juez que estimaba que la sentencia que permitió a las mujeres decidir sobre su embarazo (conocida como Roe vs. Wade) debe ser revertida.

La votación en el Senado de la candidatura de Kavanaugh tendrá lugar el próximo mes de octubre. Si fuera rechazado, puesto que el próximo mes de noviembre se celebrarán decisivas elecciones que podrían devolver el control de la cámara alta a los demócratas (según estiman las encuestas), estos podrían bloquear cualquier candidato de Trump hasta las próximas elecciones presidenciales.

Reacción negativa entre el activismo LGTB

Su conservadurismo y su fama de apoyar sin ambages las medidas de quienes le hayan designado para el cargo han causado alarma entre el activismo LGTB y de defensa de los derechos civiles, que temen que los derechos conquistados al cabo de los años sean revertidos por la nueva configuración del Tribunal Supremo. Por ello, más de cien asociaciones y grupos de defensa de los derechos civiles han solicitado a los senadores que rechacen la elección de Kavanaugh.

Para Lambda Legal, Kavanaugh «garantizaría 40 años más de los valores de Trump en el Tribunal Supremo». La asociación legal afirma que «tenemos buenas razones para temer que el juez Kavanaugh abusará de su poder en el tribunal para proteger a los ricos y poderosos mientras priva a los estadounidenses LGBT de su dignidad, degradando a nuestra comunidad y disminuyendo nuestro estatus como ciudadanos iguales. Hay mucho en juego para permitirle al juez Kavanaugh sentarse en un tribunal que, a lo largo de su historia, ha decidido quién puede casarse, quién puede votar y quién es igual».

Desde ACLU (American Civil Liberties Union), se teme que «Kavanaugh sea el voto decisivo que Trump necesita en el Tribunal Supremo para concertar su campaña de socavamiento de las libertades y derechos civiles a largo plazo».

El National Center For Lesbian Rights estima que «no hay nada en la carrera del juez Brett Kavanaugh que indique que comprende el impacto de la discriminación en las personas LGBT en el mundo real o la importancia de interpretar las leyes de nuestra nación para permitirles participar con plenitud e igualdad en la sociedad».

Human Rights Campaign lanza una dura crítica a su designación, pues considera que «este candidato ha sido escogido por grupos anti-LGBTQ y contra el derecho a decidir de las mujeres, en un esfuerzo explícito por socavar la igualdad. La perspectiva de un juez como Kavanaugh amenaza con erosionar los derechos civiles de nuestro país, bloquear el derecho de los soldados transgénero de servir valientemente a esta nación y dar licencia para discriminar a las personas LGBTQ en todos los aspectos de la vida estadounidense».

También es dura la crítica de GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), desde donde se asegura que «si se confirma, Brett Kavanaugh tendrá la oportunidad de desarrollar en las próximas décadas el peligroso historial anti-LGBTQ del presidente Trump y el vicepresidente Pence y la agenda de los grupos anti-LGBTQ. Al igual que Neil Gorsuch antes que él, Kavanaugh es una elección ideológica diseñada para crear un Tribunal Supremo activista que socavará los derechos y protecciones para las mujeres, las personas LGBTQ, los inmigrantes y todas las personas vulnerables».

También temen en Transgender Law Center que «la elección de Trump para el Tribunal Supremo sea un conservador radical y divisivo cuyo nombramiento supondría una amenaza devastadora para los derechos y el bienestar de las personas transgénero en todo el país». La preocupación de la asociación es natural, puesto que quedan pendientes de resolver numerosos conflictos que afectan al colectivo el de las personas trans, que se enfrentan a leyes estatales y locales que tratan de impedir que puedan vivir de acuerdo con su identidad de género.

Apoyo de los grupos ultraconservadores

Desde las facciones más conservadoras, sin embargo, se ha acogido con entusiasmo la propuesta del presidente Trump. Grupos como Americans for Prosperity (AFP) o Judicial Crisis Network incluso han iniciado campañas de apoyo al candidato presidencial en las que han invertido casi un millón y medio de dólares.

Desde la National Organization for Marriage (NOM) se ha pedido también apoyo económico para respaldar la candidatura de Kavanaugh, pues confían en que sus posiciones conservadoras y su concepción de la Constitución sirvan a su propósito de revertir la sentencia del Tribunal Supremo que permitió el matrimonio igualitario.

Más curiosa ha sido la reacción de la fuertemente LGTBfoba American Family Association (AFA), que en un principio rechazó la elección de Kavanaugh por no creerle lo suficientemente conservador. Sin embargo, poco después, rectificó y ha ofrecido su respaldo, sobre todo porque no quiere «luchar contra el presidente Trump», además de confiar en las ideas del candidato sobre el derecho al aborto, ya que cuenta con el apoyo de muchas asociaciones opuestas al mismo.

Fuente Dosmanzanas

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Las nuevas directrices de reclutamiento del Pentágono que entrarán en vigor el 1 de enero de 2018 aclara que las personas trans serán tratadas con dignidad y respeto y se respetará su autodeterminación de género.

El ejército estadounidense da así un revés a las políticas tránsfobas de Trump. 

El verano pasado Donald Trump dijo a través de Twitter  que iba a prohibir a las personas trans servir en el Ejército,  reinstaurando la prohibición de servir en el Ejército, lo que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). Pero medio Estados Unidos se le tiró encima. La decisión, que tomó con la única intención de contentar a la extrema derecha y asegurarse la financiación para el muro con México, no sentó nada bien ni al colectivo LGTB+ ni al propio ejército de los EE.UU. que lleva décadas teniendo reclutas trans y nunca han tenido ningún problema.

Mientras varios jueces federales han detenido la puesta en marcha de esa prohibición por considerarla discriminatoria y anticonstitucional, desde el Pentágono aún no habían hecho ninguna declaración oficial sobre el tema.

Se esperaba que en enero de 2018 el ejército estadounidense presentara una nueva serie de directrices sobre las personas trans en sus filas. La Casa Blanca ha intentado en las últimas semanas detener judicialmente la publicación de esas directrices, conscientes de que iban a ir contra la decisión del presidente. Aunque el ejército no se había pronunciado oficialmente sobre el tema el militar de mayor rango del país dejó claro durante una investigación en el Congreso que él no había hablado con Trump del tema y dejó caer que el presidente mentía al asegurar que lo había consultado con expertos militares.

En un memorándum publicado por el Departamento de Defensa de EE.UU. se han añadido una larga serie de pasos a seguir en caso de que una persona trans quiera alistarse en el ejército. Y no solo no se les prohíbe el acceso, si no que se respetará su autodeterminación de género.

El texto asegura que las personas trans podrán alistarse según el género que prefieran y utilizar el baño y las instalaciones acorde a ese género. Desde la asignación de dormitorios a los exámenes médicos, la ropa interior suministrada… Todas esas decisiones y medidas se tomarán según su género sentido. Las personas trans, además, podrán pedir que se respete su privacidad cuando trabajen en grupo y se les ofrecerán chapas de identificación acorde a su género. El Ejército respetará la identidad de género de las personas trans y asegura que “todo aquél que se aliste será tratado con dignidad y respeto.“

Toda la experiencia de una persona trans en el ejército será idéntica a la de una persona cis sin importar las “características anatómicas de su sexo de nacimiento“, y en lo único que habrá diferencia será en un informa médico, conocido como DD 2807, que será estrictamente confidencial. En el caso de que una persona trans se haya sometido a cirugía de reasignación de sexo no podrá unirse al ejército hasta que se compruebe que lleva 18 años de estabilidad física y emocional.

La situación será diferente para los nuevos reclutas de género no binario. Los documentos oficiales del ejército no incluyen una tercera opción de género y por lo tanto estas personas serán obligadas a marcar su sexo de nacimiento como género oficial.

“Estamos sustancialmente satisfechas“, ha explicado la directora legal del National Center for Lesbian Rights, Shannon Minter, a NBC News; “Nuestro objetivo final era no tener una serie de reglas únicas. Solo queremos que las personas transgénero sean tratadas exactamente igual que todos los demás.”

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando

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 Jerry Brown,

En todo EE UU existen unas 200 iniciativas de ley homófobas

Legisladores de California han aprobado una iniciativa que prohibe a empleados estatales viajar con dinero público a Mississippi, Carolina del Norte y otros estados que impongan leyes discriminatorias.

La Legislatura de California ha aprobado este martes una iniciativa que prohibiría tener relaciones comerciales con Mississippi, Carolina del Norte y otros estados que establezcan leyes que discriminan a personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales o trangéneros (LGBT).

Se trata de la iniciativa AB 1887 que fue enviada al escritorio del gobernador Jerry Brown, quien con su firma la convertiría en ley para prohibir que empleados estatales realicen viajes no esenciales y financiados por el erario a esos estados.

En marzo de este año el estado de Carolina del Norte estableció ordenanzas que permiten la discriminación de personas LGBT y les prohibe el uso de baños con base a la identidad de género, mientras que en abril Mississippi adoptó una ley permite a los establecimientos comerciales negar servicios a parejas gay.

La iniciativa aprobada por los legisladores de California es similar a las que ya se han establecido en el estado de Nueva York y las ciudades de San Francisco y Baltimore, que se enfocan en lugares específicos donde ya se han impuesto leyes anti-LGBT.

La AB 1887 también incluye a futuros estados que favorezcan ese tipo de leyes consideradas discriminatorias.

La medida fue propuesta por el asambleísta demócrata Evan Low con el respaldo de las organizaciones Equality California y National Center for Lesbian Rights.

“California lo ha dicho claro, nuestros impuestos no ayudarán a financiar la intolerancia y el odio, si otros estados aprueban leyes similares, vamos a trabajar para detenerlos”, declaró Low, demócrata de Silicon Valley.

“Los californianos tal vez no podamos detener a estados como Mississippi y Carolina del Norte de victimizar a la comunidad LGBT con leyes llenas de odio, pero podemos usar nuestro poder como la sexta economía mundial y decidir no hacer negocios ahí”, declaró Rick Zbur, director de Equality California.

En todo el país existen unas 200 iniciativas de ley similares a las aprobadas en Mississippi y Carolina del Norte.

Fuente Agencias/Cáscara Amarga

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La Corte Suprema de Alabama ha emitido un mandato judicial que prohíbe a los juzgados de familia del estado proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. La orden llega después de que un tribunal federal dictaminara que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama viola la Constitución de los Estados Unidos, y de que la juez que la dictó tuviera que reiterar el ámbito de su sentencia para obligar a los jueces de familia a acatarla. Los expertos claman por la barbarie legal que se está cometiendo, pues ni la Corte Suprema de Alabama tiene competencia para contradecir a un tribunal federal, ni puede decidir sobre un caso que no ha sido primeramente decidido en un tribunal estatal de rango inferior, ni tiene autoridad directa sobre los funcionarios de los juzgados de familia.

Las primeras bodas entre parejas del mismo sexo se celebraron en Alabama el pasado 9 de febrero, una vez que había finalizado la suspensión temporal dictada por la juez federal Callie V. S. Granade cuando dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes estatales que las prohibían. La administración de Alabama había solicitado tanto a la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, como posteriormente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que la sentencia quedase cautelarmente en suspenso mientras se decidía sobre la apelación presentada. Ambos tribunales rechazaron la petición, por lo que la sentencia federal era efectiva y de obligado cumplimiento. Lo que sí decidió la Corte de Apelaciones de 11º Circuito es dejar en suspenso el proceso de apelación hasta la decisión definitiva del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario, proceso ya iniciado y que probablemente se resolverá el próximo mes de junio.

Aunque el gobernador del estado, Robert Bentley, comunicó su intención inequívoca de acatar el proceso judicial y aceptar la autoridad del tribunal federal al respecto, quien no quiso hacerlo fue el presidente de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore. Emitió una resolución en la que ordenaba que “ningún juez de familia expedirá o reconocerá una licencia de matrimonio que sea incompatible con el artículo 1, sección 36.03, de la Constitución de Alabama”. Dicho artículo es el que describe el matrimonio como la unión sagrada de un hombre y una mujer y prohíbe expresamente tanto el matrimonio como las uniones civiles entre personas del mismo sexo en el estado. Todos los expertos coincidían en que no tenía autoridad ni competencia para dictar una orden así, pero creó la suficiente confusión como para que en muchos de los condados se dejasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo.

La juez federal Callie V. S. Granade se vio obligada a reiterar que su sentencia era de obligado cumplimiento. Tras ello, la mayoría de los jueces de familia de los condados empezaron a facilitar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las demandaban, con la excepción de algunos que decidieron no emitir licencia a pareja alguna, fuera del mismo o distinto sexo.

Pero ni el juez Moore, ni la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Alabama parecieron dispuestos a acatar la legalidad. Admitieron a trámite una petición del grupo homófobo Liberty Counsel, que solicitaba que los jueces de familia cesasen la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, amparándose en “el bien común”. Una vez más se señaló la improcedencia de esa actuación, incluso así lo hizo algún juez disidente, pues una organización privada no está legitimada para solicitar a la Corte Suprema un mandato semejante. Sin embargo, se inició el proceso y los jueces de familia se vieron obligados a informar sobre cada una de las licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo que emitían.

Sirva de ejemplo del grado de intolerancia de los miembros de la Corte Suprema de Alabama, la opinión particular de uno de ellos, Glenn Murdock. Cuando el juez de familia del condado de Mobile consultó a ese tribunal sobre si debía acatar la sentencia federal, consulta que se desestimó, el juez Murdock hizo constar en la respuesta que, de permitirse el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la institución quedaría sin contenido y por lo tanto debería abolirse.

El mismo presidente del tribunal, el juez Moore, ya había instado en su día al gobernador de Alabama, mediante una misiva, a “seguir defendiendo y apoyando la Constitución de Alabama con respecto al matrimonio, tanto por el bienestar de este estado como para nuestra posteridad. Tenga en cuenta que yo estoy con usted para detener la tiranía judicial y las opiniones ilegales emitidas sin autoridad constitucional”.

La agresividad contra los derechos de las personas LGTB por parte del tribunal estatal de más alta instancia de Alabama, ha culminado con la orden emitida este 3 de marzo, en la que esa Corte Suprema establece que “como lo ha hecho durante aproximadamente dos siglos, la ley de Alabama solo permite el matrimonio entre un hombre y una mujer. Los jueces de Alabama tienen el deber de no emitir ninguna licencia de matrimonio en contra de esta ley. Nada en la Constitución de los Estados Unidos altera o anula este deber”. Por tanto, les ordenan no facilitar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las demanden.

Para fundamentar su decisión, la Corte Suprema alude a viejos argumentos, como que ”a lo largo de toda su historia, Alabama ha elegido la definición tradicional del matrimonio. Ese hecho no cambia simplemente porque una nueva definición del matrimonio haya ganado ascendencia en algunos sectores del país, aunque uno de esos sectores sea el poder judicial federal. El matrimonio siempre ha tenido lugar entre miembros del sexo opuesto. La razón obvia para esta característica inmutable es la naturaleza. Los hombres y las mujeres se complementan entre sí biológica y socialmente. De manera aún más obvia, la unión sexual entre hombres y mujeres produce hijos.  En resumen, el gobierno tiene un interés evidente en los hijos y las consecuencias que se derivan de la procreación”.

La orden ha sido aprobada con el voto favorable de seis de los siete jueces firmantes. Aunque el juez Moore, en su calidad de presidente, no ha tenido que intervenir con su voto, a nadie se le escapa que su mano está en el fondo y forma de la decisión. El juez disidente, Greg Shaw, dejaba muy clara su postura contraria por motivaciones estrictamente legales: “En su intento de reducir la confusión y restaurar el orden, la opinión mayoritaria se ha desviado de ciertos principios del derecho que socavan su razón para asumir esta competencia. En particular, esta Corte no tiene jurisdicción sobre este caso, no solo porque no proceda de un tribunal inferior, sino también porque trata de instruir a un funcionario del estado sin capacidad judicial sobre cómo realizar un acto ministerial”. Es decir, se han tratado de utilizar acrobacias legales para dictaminar sobre algo sin tener competencia para ello.

La actitud de los miembros de la Corte Suprema de Alabama está siendo comparada inevitablemente con la parte más negra de la historia reciente del estado. Concretamente con la actitud del gobernador George Wallace, que en 1963 se plantó ante las puertas de la Universidad de Alabama para impedir la inscripción de estudiantes de raza negra, como obligaban las leyes antisegregacionistas aprobadas por el gobierno del John F. Kennedy.  El ominoso discurso de Wallace en su toma de posesión como gobernador, en el que incluyó la deleznable frase “segregación ahora, segregación mañana, segregación siempre”, parece haberse convertido ahora, mediante la orden de la Corte Suprema, en un “matrimonio tradicional ahora, matrimonio tradicional mañana, matrimonio tradicional siempre”, con el que continuar la historia de la intolerancia en Alabama.

Sarah Warbelow, directora de asuntos legales de Human Rights Campaign, declaraba con contundencia que “la Corte Suprema del estado de Alabama no tiene autoridad para interferir con una orden judicial federal. Esta orden es indignante y desconcertante, y ninguna jerga legal puede ocultar la animosidad que está en la base de esta sentencia extralegal”.

Shannon Minter, directora jurídica de National Center for Lesbian Rights estima por su parte que “la Corte Suprema de Alabama no solo ha concedido un mandamiento solicitado por grupos privados, sino que se ha excedido aún más al estimar que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Alabama es constitucional, cuestión que ninguna de las partes le había pedido que abordase. Es profundamente lamentable que, mientras el matrimonio igualitario para todo el país está en el horizonte, la Corte Suprema de Alabama esté decidida a permanecer en el lado equivocado de la historia. La actuación de la Corte muestra un cruel desprecio por el impacto de esta decisión arbitraria en las parejas del mismo sexo y sus familias, pero estas familias deben animarse, porque esto es tan solo un tropiezo en el camino hacia la igualdad. Ya han cambiado para siempre la historia de su estado. La cuestión  no es si el matrimonio igualitario volverá a Alabama, sino cuán rápido lo hará”.

David Kennedy, uno de los defensores que consiguió la victoria en el tribunal federal, estima que los jueces de familia que acaten esta orden pueden arriesgarse a demandas por parte de las parejas a quienes no faciliten licencias. “Cuando las leyes del estado entran en conflicto con las leyes federales, las federales ganan”, afirma convencido.

Otros expertos, sin embargo, no son tan optimistas, y opinan que la Cláusula de Supremacía estipulada por la Constitución de los Estados Unidos, que hace regir los dictámenes federales sobre los estatales, se aplicaría caso a caso, lo que obligaría a las parejas a demandar (o unirse a demandas existentes) para que el tribunal federal obligase a un juez de familia en concreto a facilitar la licencia de matrimonio pertinente.

La Corte Suprema de Alabama, por su parte, ha dado a entender que únicamente acatará una orden dictada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sin atender a lo que dicten tribunales de rango inferior, por lo que la batalla judicial parece que va a prolongarse.

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