El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo respecto a la Ley 3/2007 «reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas», más conocida como «ley de identidad de género». Y lo ha hecho en un sentido favorable al derecho de las personas transexuales menores de edad a ver reconocida legalmente su identidad de género, pero marcando limitaciones que han merecido duras críticas por parte de Chrysallis, la asociación de familias de menores trans. En cualquier caso, el fallo del Constitucional pone de manifiesto, una vez más, lo anticuado del marco legislativo español por lo que a la realidad trans se refiere. 

Hay que remontarse al año 2016 para conocer el origen de la decisión. Por aquel entonces, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo resolvió plantear ante el  Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley 3/2007, que impide a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida.

A través de un auto del que fue ponente el magistrado Rafael Sarazá (puedes descargarlo aquí en su integridad), la Sala de lo Civil del Supremo exponía la jurisprudencia que fundaba la procedencia del cambio en la mención registral del sexo de las personas transexuales en principios y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución: la protección de la integridad física y moral, el derecho a la intimidad personal y a la propia imagen y el derecho a la salud, todos ellos en relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El Tribunal Supremo consideraba, en este sentido, que las personas menores de edad también son titulares de esos derechos fundamentales, aunque con limitaciones o restricciones en su disfrute «que deben tener una justificación adecuada y proporcionada en la falta de madurez para ejercer el derecho o en la necesidad de protección que la propia Constitución reconoce a los menores». Para el Tribunal Supremo, estas justificaciones no operaban de modo uniforme durante toda la minoría de edad, perp, «cuando se trata de un menor con suficiente madurez que realiza una petición seria por encontrarse en una situación estable de transexualidad», el Supremo aseguraba «tener dudas» de que «la restricción absoluta que supone la exigencia de la mayoría de edad para poder solicitar el cambio en la mención registral del sexo y del nombre sea acorde a los principios y derechos fundamentales citados».

Ahora el pleno del Tribunal Constitucional (ver nota informativa) ha apreciado los argumentos del Supremo, determinando por mayoría (ha habidos dos votos particulares, cuyos argumentos se conocerán cuando la sentencia se publique íntegra en el Boletín Oficial del Estado) que la restricción legal enjuiciada, en su proyección respecto de los menores de edad con «suficiente madurez» y que se encuentren en una «situación estable de transexualidad», representa un grado de satisfacción más reducido del interés superior del menor de edad perseguido por el legislador. Es por eso que el alto tribunal aprecia la vulneración del principio de desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la Constitución) y del derecho a la intimidad (artículo 18.1 de la Constitución).

La parte dispositiva de la sentencia tiene el siguiente contenido: «En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido estimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 1.1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y, en consecuencia, declararlo inconstitucional, pero únicamente en la medida que incluye en el ámbito subjetivo de la prohibición a los menores de edad con ‘suficiente madurez’ y que se encuentren en una ‘situación estable de transexualidad’».

Chrysallis: un avance «muy relativo»

La cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo fue consecuencia del recurso de un chico, representado por sus padres, que en el momento del nacimiento fue inscrito con nombre y sexo de mujer pero cuya identidad de género es masculina desde su más tierna infancia, y al que tanto en primera como en segunda instancia los tribunales habían negado su derecho a que esta fuese reconocida legalmente. La madre del chico no es otra que Natalia Aventín, presidenta de Chrysallis, asociación de familias de menores trans.

Desde Chrysallis, en este sentido, consideran la decisión del Tribunal Constitucional un avance, aunque «muy relativo». A falta de conocer el texto íntegro, Chrysallis critica que todo el proceso, desde que el 22 de julio de 2014 intentaran proceder al cambio en el Registro Civil de Benasque, se haya prolongado cinco años. «Cinco años cruciales de la vida de una persona, de los 12 a los 17. Y otros tantos de quienes habían puesto sus expectativas en una resolución rápida y no discriminatoria», expresa la asociación. Respecto al contenido del fallo, Chrysallis asegura que «podemos decir que es un avance, pero uno muy, muy relativo. Sí, se va a poder pedir la rectificación registral de nombre y sexo, siendo una persona menor de dieciocho años, y no te lo van a denegar (por ser menor), pero se va a tener que demostrar ‘madurez suficiente’. Madurez suficiente, ¿cómo se demuestra eso? ¿Se exige a la población no trans demostrar ‘madurez suficiente” antes de reconocer su identidad? ¿Qué tipo de ‘madurez suficiente” tiene un bebé neonato cuando se le inscribe? ¿Por qué una persona no trans ve reconocida su identidad desde ese mismo momento, pero las personas trans tienen que demostrar ‘madurez suficiente’?».

Respecto al segundo requisito, la «situación estable de transexualidad», Chrysallis lo tiene claro: «partimos nuevamente de una posición de desventaja: a nadie no trans se le pide una ‘situación estable’ para inscribirle en el Registro Civil, se aventura un pronóstico, una especulación por parte de una persona ajena, de cuál va a ser la identidad de la persona y se da por buena. No es un método científico, está ampliamente demostrado que no hay un solo parámetro biológico objetivo que determine la identidad de las personas (tampoco la orientación sexual). Es decir, la autodeterminación de la persona trans no es suficiente, tiene que hacerlo a lo largo del tiempo, ¿cuánto tiempo?, ¿por qué?, ¿desde qué momento se va a considerar a una persona trans que lo es para empezar a contar?, ¿desde la primera verbalización?, ¿desde la primera vez que se salga del tiesto de los estereotipos de género?, ¿y si la familia o el entorno no es capaz de reconocer esas señales?, ¿y si la persona no es capaz de verbalizar por miedo, presiones, falta de herramientas su identidad?, ¿quién va a demostrar ese ‘currículo trans’ de las personas trans menores a las que nadie defiende ni escucha?».

«La realidad es que detrás de esta prevención vestida de prudencia para no equivocarse, se trasluce algo bastante feo, el Tribunal Constitucional entiende que ser trans, cambiar tus datos registrales, es peor que no serlo. Quiere evitar a toda costa cualquier posibilidad de error. Por desgracia no vemos el mismo empeño en que se establezcan ese tipo de filtros para evitar que las personas trans sean mal clasificadas por la administración al nacer, ni vemos a nadie pensando en medidas para indemnizar y compensar las discriminaciones, abusos y sufrimientos que pueden derivar de esta mala identificación que se hace en el nacimiento. Que la identidad sea reconocida parece que queda en manos de terceras personas, a las que habrá de convencer de quien se es, y a la arbitrariedad de la persona del Registro Civil de turno y su ideología», añaden desde Chrysallis, que critica que algunos medios subrayen como gran avance la decisión del Constitucional: «Digamos que de discriminarte mucho pasa a discriminarte menos, pero no te sitúa en una posición de igualdad con respecto al resto de la ciudadanía». 

España, rezagada

Como llevamos años denunciando desde esta misma página, en España los menores trans se encuentran en una situación de desprotección jurídica a la hora de ver reconocida legalmente su identidad, y su mayor o menor fortuna depende en buena parte del azar: deben acudir a los tribunales, y según en qué tribunal caiga su caso, el resultado es uno u otro. Incluso cuando consiguen el cambio de nombre rara vez consiguen la rectificación del sexo registral asignado. Una arbitrariedad que se explica debido la ya obsoleta ley de identidad de género española, que hasta ahora seguía excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Una situación cada vez más incomprensible si se tiene en cuenta que son ya numerosos los países que han modernizado sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, decida cómo quiere ser reconocida legalmente. Un buen ejemplo es de Malta, que ni siquiera establece límite de edad inferior para proceder a la modificación del «sexo registral».

La actual resolución del Tribunal Constitucional, aun con sus limitaciones, viene a paliar esta situación, aunque no deja de resultar lamentable que en un país como España, que sobre el papel presume de ser uno de los más avanzados por lo que a la aceptación de la realidad de los menores trans se refiere, tengan que ser los tribunales los que enmienden la plana a una clase política que 12 años después de la aprobación de la ley ha sido incapaz de actualizarla.

Fuente Dosmanzanas

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Maroto y Levy prometiendo lo que no hacen…

Hace unos meses, el PSOE propuso una reforma de la Ley Trans para introducir dos conceptos que la anterior ley de 2007 no reflejaba y que son de extrema importancia para las personas trans: la despatologización de la transexualidad y el derecho a la autodeterminación de género. O, lo que es lo mismo: que las personas trans puedan cambiar su nombre y sexo legal sin necesidad de presentar un informe médico. Hasta ahora las personas trans necesitaban que existiera un diagnóstico de “disforia de género” para poder comenzar los trámites legales (si querían, obviamente) para hacer los cambios oportunos en el registro; una normativa claramente anticuada, aunque solo sea porque la propia OMS aclaró que la transexualidad no es una enfermedad, aunque la llamen “incongruencia de género” por varios motivos .

Ya en su momento el Partido Popular, votó en contra de la tramitación de esa reforma; así que era de esperar que ahora volvieran a ponerse en contra. Pero como ellos son así han decidido ir un paso más allá y llevarle también la contraria a la OMS.

Actualmente la reforma de la ley está paralizada en la Comisión de Justicia porque hay una “sobrecarga de leyes”. Pero lo que sí se ha completado es el periodo de presentación de enmiendas, que luego se debatirán en sede parlamentaria, y entre las que el PP ha colado una de traca.

La propuesta del Partido Popular es mantener la obligatoriedad de presentar un informe médico con un diagnóstico de disforia de género (aunque la OMS haya dicho que eso no se puede diagnosticar ya) para poder acceder a los cambios registrales porque, según el PP, “la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares“.

En el PP creen que la identidad de género de una persona trans es algo que puede variar según cómo se levante esa persona cada día y claro, hay que pedirle a un médico que certifique que está enferma, no sea que le cambiemos el nombre y dentro de dos años quiera recuperar el antiguo. Sí, es un nivel intelectual a la altura de los republicanos yankis que decían que las personas trans eran hombres con peluca que iban a entrar a los lavabos públicos a violar mujeres y niñas.

“Esto supone una vulneración de nuestros derechos humanos que nos coloca en una situación de inferioridad y de patología al tener que demostrar lo que realmente decimos ser“, ha explicado Leo Mulió a ElDiario.es. Leo es un activista trans, psicólogo del equipo psicosocial de la asociación Transdiversa. Y añade: “Esta idea parte de un prejuicio y de esa mirada patologizante de entender la identidad trans como algo diferente al resto. A las personas trans se nos pone continuamente bajo sospecha de estar mintiendo, de que se nos pueda pasar, de que vayamos a aprovecharnos de alguna forma perversa de la ley. Yo tengo el mismo derecho a que no se me cuestione mi identidad que las personas cis“.

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Tras reunirse con representantes de Chrysallis, asociación de familias de menores trans, el Ministerio de Justicia ha anunciado que prepara una instrucción para que los registros civiles faciliten el cambio de nombre a los menores transexuales. Una medida transitoria (así los esperamos…) al menos hasta que las Cortes aprueben la reforma de la vigente ley de identidad de género propuesta por el grupo socialista y que lleva más de año y medio de tramitación parlamentaria.

«La medida se adoptará de manera transitoria para dar una solución a estas familias mientras se tramita en el Parlamento la reforma de la Ley 3/2007 cuya aprobación extendería la posibilidad de rectificar la mención registral relativa al sexo a los menores de edad», asegura el comunicado de prensa del Ministerio de Justicia, que alude también a la reunión mantenida entre representantes de Chrysallis, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido Chamorro. Se trata de agilizar y de alguna forma automatizar el proceso “para facilitar la vida de los menores trans”, ha dicho Natalia Aventín, representante de Chrysallis, la Asociación de Familias de Menores Transexuales, que ha señalado que este avance ha sido fruto del compromiso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido, tras una reunión celebrada esta semana.

En esta reunión, Chrysallis ha recordado al Ministerio que el Gobierno de España no ha atendido todavía la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados el 11 de octubre de 2016, que instaba al Ejecutivo a dictar una instrucción que facilitara el cambio de nombre en el caso de los menores trans, cuya realidad no contempla la legislación. En resultado es que en muchas ocasiones ese cambio se deniega con el argumento de que el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 1957 prohíbe la imposición de nombres que induzcan a error en cuanto al sexo de la persona.

Tras la reunión, el director general de los Registros y del Notariado ha reconocido que la actual regulación vulnera derechos fundamentales de los menores trans y lastra su desarrollo personal, aspectos que tratará de evitar tanto la instrucción que ya se prepara como la reforma legal en tramitación parlamentaria.

Fuentes del ministerio de Justicia han explicado que la instrucción es un parche para facilitar los trámites de los menores mientras se tramita la Ley 3/2007 de rectificación registral de la mención en cuanto al sexo y al nombre, con el objetivo de que pueden inscribirse “en un viaje de fin de curso, recoger un paquete en correos o hacer infinidad de gestiones sin tener que exponer su intimidad”. De momento, la instrucción se limita solamente al nombre y no al sexo.

El último de los casos que ha saltado a la opinión pública ha sido el de Gabriel, un chico trans de 15 años al que el Registro Civil de Calatayud ha denegado el cambio, y ello pese a contar con el respaldo unánime de familia y escuela. Este mismo viernes, de hecho,  Gabriel y su familia han entregado en la Dirección General de Registros y Notariado las más de 129.000 firmas de apoyo que han recogido a través de su campaña en Change.org.

Retrasos intolerables en la tramitación parlamentaria

En efecto, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). La iniciativa  fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso (¡hace ya más de año y medio!), si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos ya en octubre, y la proposición sigue sin ser aprobada.

No debe confundirse esta proposición con la que a su vez el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró en marzo «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades. Sin embargo, ha sido necesaria una huelga de hambre de un grupo de activistas trans (entre los que se encontraba la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé) para que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que la mantenía «en el congelador», tomase la decisión de impulsarla en el contexto de sus recientes acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por último, otra proposición de ley que permanece atascada es la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, registrada en mayo de 2017 tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español». Aún así, la Mesa del Congreso de los Diputados no desbloqueó su avance hasta febrero de este año, al igual que con la propuesta socialista de reforma de la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Al igual que con esta, estamos en octubre y sigue sin ser aprobada.

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Inauguración en Maspalomas del curso ‘Transexualidad, un enfoque multidisciplinar’

Tener una educación sexual, desde la infancia, es básica para la prevención de conductas inadecuadas en el ámbito de las relaciones interpersonales y sexuales de todas las personas.

“La salud sexual no puede desarrollarse si no está libre de estigmas sociales”.

La presidenta de Chrysallis, la asociación de familias de menores transexuales, Natalia Aventín fue la encargada de iniciar las intervenciones del curso sobre Transexualidad, un enfoque multidisciplinar, que se está desarrollando dentro de la XXV Universidad de Verano de Maspalomas, y que se puede seguir en directo, por streaming gratuito.

Natalia Aventín relató su experiencia, como madre y como presidenta de la asociación, relató ejemplos de situaciones en las que los menores trans se tienen que enfrentar cada día, especialmente por el trato que a veces reciben de sus profesores, personal médico y sanitario o por el personal de organismos públicos.

Aventín dijo que la infancia y la juventud son una etapa clave para que el menor asuma su sexualidad y que, por lo tanto puede influir enormemente en su estado, dependiendo del trato que reciba de todas las personas con las que tiene que convivir o relacionarse. “Es muy cruel que un acto ajeno e impuesto por Ley, pueda influir de forma determinante en el bienestar de una persona y es menos comprensible si se trata de menores, ya que la Administración tiene la obligación de velar por su interés superior”.

La presidenta de Chrysallis puso ejemplos de esta discriminación, desde la inscripción registral de sexo y nombre de un menor transexual, “que a veces se puede convertir en una condena. La identidad sexual es de importancia vital para ellos, ya que está ligado a su sentimiento íntimo de pertenencia a un sexo del que no se puede desprender y que no afecta a terceros. Su patologización es una cuestión ideológica y cultural y, por lo tanto, la aceptación de las familias y su capacidad de acompañamiento serán las claves que marcarán la diferencia en la vida de niños y niñas transexuales. No podemos olvidar que el papel del entorno cercano y de la sociedad van a contribuir a que sus vivencias se puedan desarrollar en espacios de seguridad y entornos amables, o se puedan convertirse en auténticas condenas para ellos”, dijo Aventín.

Vicent Bataller, profesor Máster de Sexología en la Universidad de Almería, Mérida y Sevilla, se refirió a las “Las identidades transexuales en la infancia y la adolescencia”, afirmando que tener una educación sexual, desde la infancia, es básica para la prevención de conductas inadecuadas en el ámbito de las relaciones interpersonales y sexuales de todas las personas. El desarrollo de la sexualidad desde la infancia, favorece la calidad de vida, el bienestar y la salud integral de las personas. Por eso, las identidades transexuales en la infancia y adolescencia siguen siendo un espacio de desconocimiento, de prejuicios y de falta de formación de muchos profesionales de la Educación y de la Salud”, explicó Bataller.

Los llamados Derechos Sexuales o la Declaración de Valencia se redactaron y aprobaron 1997, en el XIII Congreso Mundial de Sexología, y fueron ratificados en Hong Kong, en 1999. “Son derechos humanos fundamentales que las políticas institucionales, de gobiernos, cabildos y municipios, como San Bartolomé de Tirajana, tienen que contemplar y favorecer para su desarrollo, como ha sido la organización de estas jornadas sobre transexualidad”.

El experto en sexología destacó que es necesaria una defensa firme de la salud sexual, como parte integrante de los derechos humanos fundamentales y universales para que se pueda disfrutar de ellos con plenas garantías.

Para ello, Bataller propuso promover una relación fluida entre la Atención Primaria y la Atención Especializada, con los Servicios Sociales, educativos y sanitarios, especialmente en los asuntos de identidades transexuales. “En el mundo privado de una persona transexual conviven las mismas ilusiones, deseos y necesidades que en cualquier otra persona. La sexualidad es un potente catalizador de emociones que afecta a la pareja, que es el vínculo mayoritario y en el que la expresión de la sexualidad es fundamental. La identidad masculina/femenina/trans no la define la anatomía, sino cómo cada persona construye su mundo propio, sus deseos y motivaciones en relación a la vida social, amorosa y, por supuesto, sexual. El género, como construcción de identidad, es tan singular como individuos existen en la tierra. Cada uno es un ser único, individual y personal y el género debe estar incluido dentro de esta premisa fundamental. La salud sexual no puede desarrollarse si no está libre de estigmas sociales”.

Fuente Agencias/Cáscara Amarga

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El menor, Patrick, de 13 años, nació con órganos sexuales femeninos aunque su familia asegura que siempre se comportó como un niño.

Hace más de un año los padres solicitaron que fuera reconocido legalmente como una persona de sexo masculino, pero su petición fue denegada.

Los tribunales basaron su decisión en una ley que impide a los menores de edad y a sus progenitores instar la modificación de sexo en el registro civil.

El recurso planteado por la familia se ampara en el artículo 10 de la Constitución Española, que reconoce el libre desarrollo de la personalidad.

La familia del menor ha asegurado que, aunque nació con órganos sexuales femeninos y fue inscrito como mujer en el Registro Civil, su desarrollo posterior pronto demostró una realidad bien distinta.

El Tribunal Supremo estudiará la demanda formulada por los padres de un menor transexual de Benasque (Huesca) para modificar en el Registro Civil la referencia a su sexo, y normalizar así una situación aceptada tanto por el propio niño y su familia como por su entorno social más cercano.

Los padres solicitaron hace más de un año en el Juzgado de Boltaña, al que se adscribe el registro de Benasque, una modificación para que el menor, de 13 años, pasara a ser identificado a efectos legales como una persona de sexo masculino y de nombre Patrick.

Su petición fue denegada en primera instancia y, posteriormente, tanto por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Huesca como por la Audiencia de Huesca en apelación.

Estos tribunales basaron su decisión en lo establecido en la Ley 3/2007 de regulación de la rectificación registral relativa al sexo de las personas, que impide a los menores de edad y a sus progenitores instar la modificación de la referencia al sexo en el Registro Civil.

La madre del menor, Natalia Aventín, considera que la actual legislación española “discrimina” a las personas transexuales al no facilitar un proceso dirigido a “normalizar” a nivel jurídico una situación socialmente aceptada. Aventín asegura que la propia ley es “discriminatoria” ya que no sólo impide a los menores instar la referencia a su sexo sino que exige a los adultos informes psicológicos y dos años previos de tratamiento.

Según la madre del menor, este texto legal es contrario a lo establecido en distintos tratados internacionales y en una reciente resolución del Consejo de Europa que critica la discriminación generalizada que sufren las personas transexuales en Europa e insta a los estados miembros a modificar sus leyes para favorecer su integración social.

Natalia Aventín, que preside Chrysallis, una asociación nacional de familias de menores transexuales, recuerda que Patrick no solo se comportó siempre como un chico sino que pedía ser vestido con calzoncillos y ropa de niño. La familia, aceptada la situación, tuvo dificultades recientemente para conseguir de la sanidad pública los inhibidores puberales necesarios para evitar el desarrollo de signos femeninos en el cuerpo del menor.

Sin embargo, los padres continúan su lucha en los tribunales para tratar de conseguir que se reconozcan los derechos individuales de su hijo y los de otros menores en situación similar. La madre señala que la responsable del Registro Civil de Benasque, una vez iniciado el procedimiento judicial, aceptó tan sólo modificar el nombre del menor, opción que también había rechazado inicialmente.

Ahora se muestra esperanzada en la posibilidad de que el Tribunal Supremo dicte una sentencia pionera, la primera respecto a los derechos de los menores transexuales a modificar sus inscripciones registrales.

“Yo siempre digo que mi hijo es un hombre con vulva, pero es un hombre”, afirma Natalia Aventín, quien resalta la vida normalizada que desarrolla el menor en su entorno familiar y de amigos, en contraste con las dificultades que se han encontrado hasta el momento en los tribunales”.

Fuente Agencias

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Este fin de semana se celebraba un Foro de Familias, el de las “otras” familias. Familias diversas, multiculturales, peculiares y también de las que cumplen estereotipos, porque todas caben, unidas por un mismo valor ético, el respeto de la identidad de género de sus hijas e hijos. Niños y niñas a quienes al nacer les adjudicaron un sexo que no les identifica, basándose en una prevalencia estadística que convierte lo habitual en lo normal y de ahí en la norma a cumplir, impidiéndoles una vivencia plena de su propia identidad. En esta ocasión, el IV Encuentro de Familias de Chrysallis se celebró en Getafe, la alcaldesa de este municipio, la socialista Sara Hernández, se acercó a saludar a las familias y darles la bienvenida. “Este hecho que en otros entornos puede ser habitual, para nuestras familias es novedoso, y es señal de un cambio de actitud de las administraciones que antes no nos abrían las puertas y ahora incluso, en ocasiones, nos invitan a pasar” declaraba Natalia Aventín, presidenta de la asociación.

Las personas adultas que asistían al encuentro siguieron con atención las explicaciones que los ponentes les ofrecieron en la mañana del sábado. El endocrinólogo Marcelino Gómez sorprendió con una ponencia cuyo léxico y discurso era compatible y respetuoso con la anatomía de las personas transexuales y la libre autodeterminación de la identidad de género. De sus impresiones, comentaba posteriormente, que le había sorprendido la complejidad y lo interesante de las preguntas recibidas, bromeando que con que sus residentes no le planteaban tanta dificultad.

El psicólogo Alejandro de La Cruz, presentó un interesante estudio para cuya muestra se utilizaron familias de Chrysallis, donde destaca la conclusión de que la sensación de bienestar de las y los menores mejora notablemente una vez hecho el tránsito social (viviendo con su identidad sentida) y en ningún caso se empeora por este hecho.

El tercer ponente, jurista y miembro de la junta de Chrysallis, Javier Maldonado, ofreció una explicación teórica del derecho humano a la identidad de género como un compendio de derechos fundamentales: el derecho a la dignidad que incluye la posibilidad de diseñar un plan vital, vivir sin humillaciones y bien, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho al respeto a la vida privada. Concluyendo que hay que trabajar por una Ley Estatal que reconozca y garantice el derecho a la identidad de género, junto a los colectivos de personas trans adultas y con los grupos parlamentarios.

Se proyectó el documental “El Viaje de Carla” con la presencia de Fernando Olmeda, director del film y Carla Antonelli, su protagonista. Como bien decía Carla “en ningún foro se va a entender mejor el documental que en este”, la activista transexual y actualmente diputada en la Asamblea de Madrid animó a las familias a reivindicar sus derechos y a ser resilientes para superar los obstáculos. Alicia Ramos, cantante y activista trans interpretó algunos temas de la banda sonora.

La chavalería se armó con una buena maleta de herramientas en los talleres de prevención de bullyng y de sexología, impartidos Verónica García y Aitzole Araneta. Y en los talleres para adult@s dirigidos por Lucas Platero, el role playing y la dramatización se usaron para cuestionar la rigidez de las normas sociales y su cumplimiento.

Como apuesta de Chrysallis para combatir el cisexismo en esta ocasión la mayoría de los ponentes y formadores eran personas transexuales, que desde sus propias vivencias enriquecen sus discursos y con su ejemplo de vida, su formación y su valentía se convierten en referentes sociales de este colectivo.

La intensidad de estos encuentros produce frutos, de este nacerá Chrysallis Cataluña. Las familias catalanas han cogido impulso y energía para crear su propia delegación y desde ella trabajar por un futuro en el que nacer con unos genitales u otros no determiné una condena.

Las historias personales de la madre que no supo escuchar a su hijo, del niño que es acosado, de la pena de perder a esa niña que nunca existió, de la transfobia institucional recibida en el centro de salud, el colegio o la biblioteca son compensadas con las cada vez más frecuentes historias de cotidianidad y aceptación plena. La comprensión, la empatía y el cariño que se respira en el ambiente ejercen de bálsamo para curar las heridas y sobre todo para alentar la determinación de las familias en su lucha por una sociedad y una legislación que no excluya a sus hijos e hijas.

Foto: Facilitada por Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Transexuales

Fuente Ragap

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Confiemos en que Patrick no se encuentre con muchas trabas legales y que la Audiencia Provincial de Huesca entre en razón para facilitar todos los trámites.

Fuente La Sexta

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Dibujo hecho por un niño transexual.

La transexualidad no suele esperar a la edad adulta para manifestarse y muchos adolescentes sufren aislamiento y hasta depresión al ver de cerca el desarrollo de su cuerpo en el sentido contrario a sus deseos. Varias asociaciones luchan por hacer visible lo invisible y dar voz a niños a los que se les han restringido sus derechos.

Sólo Andalucía permite el acceso a los bloqueadores de pubertad sin necesidad de diagnóstico

“La supresión de la pubertad es una intervención médica completamente reversible”, afirma una psiquiatra infantil

Rocío Álvarez Albizuri. Madrid 13/12/2014

A paso lento comienza a existir en la consciencia social la realidad de los niños y niñas transexuales. En este camino, la cruzada es conseguir que estos menores puedan vivir sin desigualdades, traumas y con naturalidad. Meses después del éxito en el Parlamento andaluz de la Ley Integral de Transexualidad, continúa la controversia a nivel nacional ya que no llegan los cambios en el resto de comunidades, no así las demandas por parte del colectivo para mejorar su situación.

África Pastor es madre de Daniela, una niña transexual de ocho años. A raíz de sumergirse en el universo de la transexualidad infantil decidió crear la Fundación Daniela, con el objetivo de “mejorar el conocimiento que la sociedad tiene sobre la realidad de los menores y adolescentes transexuales y transgénero”. Para ello, su lucha se centra en conseguir fondos para mejorar la formación de los profesionales de la medicina y la psicología infantil, potenciar la creación de redes de asesoría y apoyo para ellos y financiar nuevas investigaciones para la erradicación del estigma y la discriminación. “El único problema que hay es que la sociedad no conoce estos casos, no caen en los difíciles que son los años de infancia por los que necesariamente pasa una persona transexual”. “Cuando hablamos con jóvenes trans que no pudieron acceder a los bloqueadores de pubertad y ven la lucha que hacemos para que los niños de hoy no sufran el trauma que ellos vivieron se emocionan y quedan profundamente agradecidos“, explica África Pastor.

Existen una serie de comportamientos característicos en los niños y niñas transexuales como la selección, en la mayoría de los casos, de un nombre para el sexo que manifiestan que no corresponde con su apariencia y genitalidad. Además se sienten incómodos en situaciones como tener que utilizar baños públicos que no corresponden a su sexo sentido. La pubertad es otro de los momentos críticos, según declaran mujeres y hombres transexuales. Les supone angustia, aislamiento y hasta depresión, al ver de cerca el desarrollo de su cuerpo en el sentido contrario a sus deseos.

Aún siendo así, explica la doctora y psicoanalista Alejandra Menassa, “cualquier comportamiento sexual en la infancia es posible y no es indicador definitivo de ninguna conducta futura. Una niña puede decir que quiere ser un niño, y eso es sólo un momento de su constitución como mujer futura. Nada es definitivo en el niño. Todo es puro cambio, puro movimiento. Es conveniente que hable con un especialista para aclararse antes de hacer nada a nivel biológico“.

El objetivo de estos medicamentos, también llamados inhibidores hormonales y usados hasta hace años sólo para tratar la pubertad precoz, es que el cuerpo paralice su desarrollo. Dar tiempo al menor para madurar y decidir, ya en la edad adulta, si recurrir a una reasignación definitiva con hormonas cruzadas y cirugía, o dejar que su cuerpo recupere su proceso original biológico. Esta supresión hormonal, a base de inyecciones, envía una señal al cerebro para que no produzca más hormonas sexuales. Estos medicamentos tienen efectos reversibles ya que en el momento que se dejaran de tomar el cuerpo volvería a generar los caracteres sexuales originales.

Frente a la aún extendida idea entre muchos profesionales de la medicina de que dichos fármacos podrían ser perjudiciales para la salud —argumentando que podrían variar la altura y el desarrollo corporal y hasta generar esterilidad— un estudio de la holandesa Henriette A. Delemarre-Van de Waal, profesora de endocrinología pediátrica de la Universidad de Leiden, afirma que con una trayectoria de más de diez años con bloqueadores hormonales para adolescentes con una edad comprendida entre 12-16 años, queda demostrado que es un tratamiento seguro y sin efectos secundarios, dejando también patente que la experiencia, en los casos analizados, es muy satisfactoria para los pacientes, sus padres y el entorno.

“La supresión de la pubertad es una intervención médica completamente reversible, lo que permite tanto a los adolescentes como a sus familias disponer de tiempo para explorar sus sentimientos relativos a la disforia de género y tomar una decisión definitiva sobre el tratamiento de reasignación de sexo”, expresa Annelou de Vries, psiquiatra infantil de la Unidad de Disforia de Género de la Universidad Libre de Amsterdam.

Los costes de estos tratamientos para una familia que no viva en las comunidades donde estos fármacos se suministran de forma gratuita, pueden llegar a suponer un desembolso de 32.000 euros. “Lo que me parece flagrante es que no haya un marco legal común para todos los niños una vez publicados numerosos estudios internacionales al respecto, que avalan la idea de que es beneficioso evitar temporalmente el desarrollo puberal”, opina García Nieto.

Natalia Aventín, presidenta de Chrysallis Asociación de Familias de Menores Transexuales, explica que en menos de dos años de trayectoria ya han dado apoyo a más de 200 familias, un número en permanente ascenso. Cubren todo el territorio nacional con asociados en casi todas las comunidades. Su labor es asesorar, escuchar y ayudar activamente en los tres grandes campos de acción que conlleva el asunto: sanidad, educación y legislación. Contactan a las familias con profesionales formados de su confianza, asesoran en los trámites de cambio de nombre, aún muy difíciles de resolver, y les ayudan en las problemáticas con los colegios. “Es verdad que la realidad para los niños trans está mejorando en los colegios, conocemos más de 60 centros trans-friendly”

Otro de los grandes obstáculos con los que se cruza un niño transexual es el del nombre. Existen varías vías legales para poder cambiarlo en el Registro Civil, con la consiguiente variación en toda la documentación oficial, pero hasta hoy, en España, sólo existen ocho casos que lo hayan conseguido. Algunos de los jueces se apoyan en que puede ser conflictivo para las administraciones o en que no será beneficioso para el menor, despreocupándose de los deseos de éste.

“Hoy por hoy, todavía es una cuestión de voluntad de la persona con la que te cruzas que quiera respetar los intereses de nuestros hijos. No existe una legislación que obligue a las instituciones y colectivos a proteger y cuidar el bienestar de los niños según obliga la Carta de Derechos Humanos o la propia Constitución. No actuar con contundencia al respecto es dañarles”, expone Natalia Aventín, madre de un niño transexual.

La educación flojea en este terreno social tabú por excelencia. En los colegios no se estudia y en las carreras más significativas relacionadas con el tema, como Medicina, tampoco se trata la temática de cara a formar a los profesionales.

Fuente Público

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Niños transexuales de toda España, junto a sus hermanos, el pasado domingo en Madrid. SERGIO GONZÁLEZ

Leemos en El Mundo:

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