El Tribunal Superior de Namibia acaba de declarar inconstitucional una ley que penaliza los encuentros sexuales entre hombres del mismo sexo.

El fallo del tribunal se produjo en un caso que involucraba a Friedel Dausab, un hombre gay de Namibia, quien argumentó que las secciones anti-gay de las Leyes de Defensa y Control de Inmigración del país, que prohíben la “sodomía” y otros “delitos sexuales antinaturales” y también describen la homosexualidad como una “vicio abominable” – constituía una discriminación injusta y vulneraba los derechos fundamentales de los ciudadanos, revista tiempo informóTime magazine .

Los jueces del tribunal determinaron que las leyes discriminan injustamente entre hombres heterosexuales, mujeres y hombres homosexuales. Las leyes también estaban “basadas en prejuicios y prejuicios sociales infundados”, concluyeron los jueces.

El fiscal general de Namibia, Festus Mbandeka, argumentó que la constitución del país no garantiza específicamente los derechos basados en la orientación sexual. Dijo que las actitudes sociales contra la homosexualidad en el país predominantemente cristiano no han llegado a un punto en el que los legisladores puedan derogar las leyes anti-homosexuales del país.

A pesar de esto, Daub dijo sobre el fallo: “Es bueno que los jóvenes LGBTQ sepan que su amor no es un delito. Es un gran día para Namibia”.

La homosexualidad ha quedado registrada en toda la cultura de Namibia. Sólo fue formalmente prohibido como resultado de las leyes de la época colonial establecidas a finales del siglo XIX y principios del XX. Posteriormente, esas leyes se incluyeron en la legislación poscolonial aprobada por los legisladores namibios.

La presidenta del Consejo Nacional del país, Margaret Mensah-Williams, dijo en 2019: “Independientemente de lo incómodo que sea, es hora de que hablemos de la comunidad LGBTI. Son parte de nuestras comunidades”. Ese mismo año, la Primera Dama del país, Mónica Geingos, dijo que las leyes contra la sodomía del país no durarán para siempre. “Los días de la ley de sodomía están contados”, dijo.

Fuente LGBTQNation

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El Tribunal Superior de Namibia dictará sentencia en mayo en un caso que podría suponer la despenalización del sexo gay en el país del sur de África.

Por Lisa Ossenbrink.

El defensor LGBTQIA+ Friedel Dausab presentó el caso contra el gobierno, argumentando que la penalización de la sodomía y delitos relacionados era inconstitucional. Los argumentos fueron escuchados por el tribunal en octubre.

Aquí está lo que necesitas saber.

¿Cuál es la ley de Namibia sobre relaciones entre personas del mismo sexo?

Las leyes que se están deliberando son delitos de derecho consuetudinario, heredados del período en que Namibia era una colonia sudafricana desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1990.

Los agentes de policía pueden arrestar a personas sospechosas de haber cometido el delito de sodomía en virtud de la Ley de Procedimiento Penal 51 de 1977. Dasuab argumentó que penalizar la sodomía y los “delitos sexuales antinaturales” contraviene sus derechos constitucionales a la igualdad, la dignidad y la libertad de asociación.

Un informe del Ministerio de Justicia de 2021 recomendó la derogación de las leyes. El informe concluyó que la ley interfirió con el derecho constitucional a la dignidad y que “la criminalización de la ley de sodomía inevitablemente hace que algunos crean erróneamente que la homosexualidad en sí es ilegal en Namibia”.

Si bien la legislación rara vez se ha aplicado, Daniel Digashu, un defensor LGBTQIA+ con base en la ciudad de Otjiwarongo, en el centro norte de Namibia y ex litigante en un caso separado contra el gobierno, dijo que la ley promueve “la exclusión, la discriminación y el odio de toda la comunidad LGBTQI+. comunidad.”

“Las leyes de sodomía violan múltiples derechos constitucionales, incluidos los derechos a la privacidad y la dignidad, y los derechos a la libertad de expresión y asociación”, dijo a Openly Digashu, consultor del Centro de Litigios de África Meridional en Johannesburgo.

¿Ha logrado Namibia avances en otros derechos LGBTQIA+?

Namibia ha tenido un historial mixto en cuanto al reconocimiento legal de los derechos LGBTQIA+ este año. La Corte Suprema afirmó los derechos de residencia de las parejas del mismo sexo casadas fuera del país, pero también anuló una decisión que otorgaba el derecho a la ciudadanía a los niños nacidos mediante subrogación de padres del mismo sexo.

Digashu fue litigante en un caso que llevó a que la Corte Suprema dictaminara en mayo que los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados fuera del país debían ser reconocidos por el gobierno. El fallo provocó una reacción violenta de ONG, políticos e iglesias conservadores, seguida de protestas en todo el país.

En un intento por eludir la decisión judicial de reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados fuera del país, el parlamento, encabezado por el miembro del partido gobernante SWAPO, Jerry Ekandjo, aprobó en julio un proyecto de ley que prohibía las uniones.

El proyecto de ley está ahora en manos del presidente Hage Geingob, quien ha solicitado una opinión del fiscal general antes de tomar una decisión sobre si lo convierte en ley.

En 2021, una pareja del mismo sexo obtuvo el derecho de que su hijo, nacido mediante gestación subrogada en Sudáfrica, obtuviera la ciudadanía namibia.

En un caso de prueba, el Tribunal Superior de Namibia dictaminó que no era necesaria una prueba de paternidad para demostrar que Yona Luhl-Delgado es hijo del namibio Phillip Luhl y su esposo mexicano, Guillermo Delgado.

Pero la decisión fue anulada por el Tribunal Supremo en marzo de este año, tras una apelación del Ministerio del Interior e Inmigración.

¿Qué impacto podría tener la despenalización?

Hildegard Titus, activista LGBTQ+ de Namibia Pride, con sede en la capital Windhoek, dijo que la despenalización podría “generar más aceptación y tolerancia para la comunidad queer en Namibia”.

“Las personas queer podrían tener marcos legales y seguridades legales, como todos los demás”, dijo.

La despenalización podría allanar el camino para que los namibios LGBTQIA+ estén cubiertos por leyes contra la discriminación y tengan matrimonio igualitario e igualdad de derechos según la ley de familia, dijo Hildegard.

Varias organizaciones de la sociedad civil como Equal Namibia han estado luchando para que se derogue la ley de sodomía, con el objetivo de lograr un mayor acceso a la atención médica y una reducción del estigma y la violencia que experimenta la comunidad LGBTQ+.

Si el sexo gay y los delitos relacionados se despenalizan en Namibia, se uniría a varios países del sur de África que han derogado estas leyes en la última década, incluidos Angola, Botswana, Seychelles, Mozambique y Lesotho.

Esta historia es parte de una serie apoyada por el programa de VIHOS, Free To Be Me (Libre para ser yo).

Reporte de Lisa Ossenbrink; Editado por Sadiya Ansari y Jon Hemming. La Fundación Thomson Reuters es el brazo caritativo de Thomson Reuters. Visite https://www.openlynews.com)

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Un juez de Namibia ha dictaminado que la discriminación por razón de orientación sexual es contraria a la Constitución de ese país. Se trataría del primer caso en que un fallo judicial declara la inconstitucionalidad de la discriminación contra las personas LGTBI. La sentencia es especialmente relevante porque puede servir de precedente para otros casos que deben deliberarse en los próximos meses, como algunos relacionados con el matrimonio igualitario.

El caso afectaba a Philip Lühl y Guillermo Delgado, una pareja que había contraído matrimonio en Sudáfrica y posteriormente habían tenido un hijo en ese mismo país. A pesar de que Lülh es namibio, la administración —que tampoco reconoce su matrimonio— rehusó conceder la nacionalidad al hijo de ambos, algo que hubiera sido automático de tratarse de una pareja de distinto sexo. Ante esta negativa, la pareja decidió interponer la correspondiente demanda.

Tras el juicio, el juez Thomas Masuku consideró que se había violado el artículo 10 de la Constitución de Namibia —que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos— al no reconocer automáticamente la ciudadanía namibia del niño por el mero hecho de que sus padres formen una pareja del mismo sexo.

En la sentencia, el juez Masuku expresaba su opinión con gran contundencia: «No puedo dejar de observar que la insidiosa actitud discriminadora parece asomar su fea cabeza en este asunto. Hay que cortarla, incluso de forma despiadada, porque no concuerda con la visión de las madres y padres fundadores de esta nación, que concibieron Namibia, entre otras cosas, como un Estado laico, basado en el imperio de la ley y en la justicia para todos. Puedo añadir que el ‘para todos’ se aplica a todos los habitantes de Namibia, independientemente del color, el género, la orientación sexual, etc.».

El juez también estimó que no otorgar la nacionalidad al niño violaba a su vez la Carta Africana de los Derechos y el Bienestar del Niño, que prohíbe la discriminación basada en la condición de los padres.

Al fallar a favor de los demandantes, el juez Masuku emitía la que se cree que es la primera sentencia que establece que la discriminación por razón de orientación sexual es contraria a la Constitución de Namibia. Un precedente valioso, dado que el sistema judicial namibio, heredero de la era colonial británica, se basa fundamentalmente en la jurisprudencia.

Valioso en especial para Philip Lühl y Guillermo Delgado, que tienen pendientes los fallos a otras dos demandas. En una, solicitan que se reconozca el derecho de Delgado, de nacionalidad mexicana, a residir en Namibia por ser cónyuge de un ciudadano namibio. En la otra, denuncian la negativa de la administración a conceder automáticamente la nacionalidad a las dos hijas que han tenido a principios de este año.

La Corte Suprema de Namibia tendrá que decidir previsiblemente el próximo año sobre el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros países donde son legales. También se espera que fructifique la intención de derogar las normas «obsoletas y discriminatorias» que penalizan en Namibia las relaciones sexuales o muestras de afecto entre varones, que fue anunciada por la ministra de Justicia a mediados de este año.

Fuente Dosmanzanas

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Buenas noticias, por fin, desde África. El Gobierno namibio ha anunciado su intención de derogar la criminalización de las relaciones consentidas entre hombres, que data del periodo colonial. La ministra de Justicia considera que la legislación, que apenas se aplica en la práctica, es «obsoleta y discriminatoria». Namibia, excolonia alemana y sudafricana, podría seguir los pasos de sus vecinos Angola y Botsuana y convertirse en el próximo país africano en despenalizar la homosexualidad.

Aunque no existe ninguna ley codificada que castigue las relaciones entre personas del mismo sexo en Namibia, la jurisprudencia (common law) considera delictivas las «relaciones sexuales ilegales e intencionales per anum entre dos varones humanos». De las relaciones entre mujeres o del sexo anal entre dos personas de distinto sexo no se dice nada. En otras leyes, como la de enjuiciamiento criminal, la «sodomía» está listada como uno de los crímenes que permite a la policía practicar un arresto sin orden judicial y usar la fuerza mortal si fuera necesario en el transcurso de dicho arresto. Las muestras de afecto entre hombres pueden acarrear una condena por comportamiento «inmoral».

En agosto de 2016, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo un llamamiento por la derogación de las normas antisodomía en Namibia. El defensor del pueblo namibio, John Waters, se unió a la petición y apuntó a la escasa aplicación de la legislación para justificar su inutilidad. Según una comisión parlamentaria encargada de evaluar la pertinencia de la reforma, entre 2003 y 2019 se iniciaron 115 casos judiciales basados en las leyes contra las relaciones homosexuales. El Gobierno rechazó entonces abordar el asunto, aunque varios legisladores expresaron su apoyo a la despenalización.

La discusión volvió a abrirse con motivo de la anulación de la ley contra las relaciones entre personas del mismo sexo en la vecina Botsuana, en junio de 2019. La primera dama Monica Geingos, esposa del presidente Hage Geingob, declaraba entonces que «los días de las leyes de sodomía están contados» y que Namibia sería el siguiente país en despenalizar la homosexualidad. En febrero de este año entraba en vigor una reforma del código penal de Angola, otro país vecino de Namibia, que eliminaba la persecución de la homosexualidad e introducía la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual.

El viernes pasado, por fin, se produjo un posicionamiento claro a nivel del Gobierno. La ministra de Justicia Yvonne Dausab anunciaba que adoptarán las recomendaciones al respecto de la comisión parlamentaria que se encargaba del asunto y derogarán unas normas «obsoletas y discriminatorias». «La comunidad LGTBIQ son seres humanos y no debemos permitir que queden excluidos del conjunto de derechos enunciados en nuestra Constitución», declaró Dausab. «Todos los namibios deberían disfrutar de la vida, la dignidad, la libertad y la búsqueda de la felicidad», añadió. La reforma podría entrar en vigor este mismo año.

Fuente Dosmanzanas

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Coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de su fundación, ILGA ha reanudado la publicación de su informe sobre la homofobia de Estado, tras un receso de un año. Desde el su último reporte, publicado en mayo de 2017, ILGA celebra que se hayan despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo en tres países: India, Trinidad y Tobago y Angola. También se congratula que desde esa fecha el matrimonio igualitario sea una realidad en Malta, Alemania, Australia y Austria. Sin embargo, alerta de que de los derechos adquiridos no son inamovibles y pueden perderse, como ocurrió en Chad cuando se volvieron a penalizar las relaciones homosexuales en 2017, y que el auge de los populismos conservadores amenaza las conquistas incluso en los países más avanzados en el respeto a los derechos humanos.

Dentro del informe, como es costumbre, ILGA edita un mapa explicativo de la situación legal de las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo. Si en otros años la parte positiva se materializaba en el matrimonio igualitario, este año ILGA ha considerado como límite favorable que la no discriminación basada en la orientación sexual tenga rango constitucional. En el extremo negativo se sitúan los países que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, y el límite en aquellos que las castigan con la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Este es el mapa descriptivo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

DERECHOS Y PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRMINACIÓN

Leyes contra la discriminación con base en la orientación sexual

Tan solo en 9 países pertenecientes a la Naciones Unidas se protege constitucionalmente de manera específica contra la discriminación por razón de la orientación sexual:

Bolivia, Ecuador, Fiyi, México, Nepal, Malta, Portugal, Sudáfrica y Suecia.

Sin embargo, a pesar de esa protección constitucional, en Bolivia, Ecuador, Fiyi y Nepal se discrimina a las parejas del mismo sexo al negarles la posibilidad de contraer matrimonio, tal como se permite a las parejas de distinto sexo.

A estos 9 países se añaden otros 43 en los que existe una legislación específica que proporciona una «protección amplia» contra la discriminación con base en la orientación sexual:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Surinam y Uruguay.

Como en el caso anterior, la protección legal contra la discriminación no implica la plena igualdad de derechos. No solo en la mayoría de estos países también se discrimina a las parejas del mismo sexo, sino que en alguno, como en Mauricio, se compagina esa protección con la penalización de las relaciones homosexuales masculinas, que están castigadas con penas de hasta 5 años de cárcel.

En 73 de los países pertenecientes a Naciones Unidas existen leyes que protegen contra la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual, aunque en algunos de ellos las relaciones entre personas del mismo sexo estén castigadas penalmente (es el caso de Botsuana, Kiribati, Mauricio, Samoa, Santa Lucía y la región autónoma de las Islas Cook). En 39 se han promulgado leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual. En otros 42 países se imponen penas más severas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima.

ILGA estima que en 8 países la protección contra la discriminación con base en la orientación sexual es limitada o dispar en su territorio:

Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, República Dominicana y Vanuatu.

En otros 55 países no existe ningún tipo de legislación contra la discriminación, pero tampoco se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Entre ellos están gigantes demográficos como China, India, Indonesia y Rusia.

Los derechos de las parejas del mismo sexo: matrimonio y adopción

En cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo, en 26 de los países pertenecientes a las Naciones Unidas existe la igualdad de acceso a la institución del matrimonio:

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte), Sudáfrica, Suecia y Uruguay,

El próximo mes de mayo vencen los plazos establecidos por sus respectivas Cortes Constitucionales para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal en Costa Rica y Taiwán.

En otros 16 estados se han establecido distintos tipos legales de unión que reconocen algún tipo de derechos a las parejas del mismo sexo:

Andorra, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Liechtenstein, República Checa, San Marino y Suiza.

En 28 países se permite la adopción en las mismas condiciones que a las parejas de distinto sexo:

Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Uruguay,

En 3 países más, solo se permite la adopción de los hijos de la pareja:

Eslovenia, Estonia y San Marino.

LA HOMOFOBIA DE ESTADO

Criminalización de las relaciones homosexuales

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Respecto al informe de 2017, han desparecido las referencias a Siria e Irak, donde se implementaba actores no formalmente estatales como el Estado Islámico.

Restricciones a la libertad de expresión y la actuación de ONG

Aparte de la criminalización de las relaciones homosexuales, en 32 Estados existen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bielorrusia, Camerún, Catar, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Paquistán, Paraguay, Rusia, Singapur, Siria, Somalia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda y Yemen.

En Europa, aparte de Rusia, Lituania y Bielorrusia, ha habido intentos de aprobación de leyes contra la «propaganda homosexual» (que prohíben informar positivamente de las relaciones entre personas del mismo sexo) en Armenia y Letonia. En Hungría se han prohibido por decretos los estudios de género en las universidades. Por su parte, en los Estados Unidos de América, siete estados (que representan el 17,4 % del total) han promulgado leyes locales que también se han definido como contrarias a la «propaganda homosexual» en el ámbito educativo.

En 41 países se ha constatado que se plantean barreras para la formación, el establecimiento o el registro de ONG relacionadas con la orientación sexual:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, China, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Fiyi, Irán, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Rusia, Senegal, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Yemen y Zambia.

Según declaraban Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA, «esto no son solo cifras, sino leyes que realmente impactan la vida diaria de las personas de diversas orientaciones sexuales en todo el mundo. Las leyes positivas marcan la diferencia: pueden contribuir a cambiar las actitudes del público y, concretamente, dicen a la gente que son igualmente dignas de derechos».

Puedes descargar el informe completo de ILGA en inglés sobre Homofobia de Estado (536 páginas) en este enlace.

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Ampliamos la noticia que ayer mismo publicábamos… Con ocasión de la reunión en Londres de los jefes de Gobierno de los 53 países que componen la Commonwealth (o Mancomunidad de Naciones), los defensores de los derechos LGTB han reclamado que se tomen medidas para que se despenalicen las relaciones homosexuales en todos esos territorios. En 36 de esos países, la homosexualidad está castigada con penas de cárcel que pueden llegar hasta la cadena perpetua, en su mayor parte como herencia de la legislación vigente en el entonces Imperio Británico del que formaban parte. La primera ministra británica, Theresa May, ha calificado de «equivocada» esta penalización histórica, y ha solicitado a los representantes de los países miembros de la Mancomunidad de Naciones la derogación de las leyes discriminatorias.

Durante la semana del 16 al 22 de abril, se ha celebrado en Londres la reunión bienal de los jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones (también conocida por Commonwealth). Aprovechando la ocasión, los activistas que defienden los derechos LGTB han organizado manifestaciones en protesta por las legislaciones que condenan las relaciones homosexuales en 36 de los 53 países integrantes.

Peter Tatchell, uno de los organizadores de las protestas, resumía así la situación: «La Commonwealth es un bastión de la homofobia. El 70 % de los estados miembros tienen leyes homófobas y no protegen a las personas LGTB contra la discriminación y los crímenes de odio. La cumbre bienal de la Commonwealth se ha negado durante décadas a debatir, y mucho menos apoyar, la igualdad LGTB. Este año no es diferente. Una vez más, los derechos LGTB han sido excluidos de la agenda de los mandatarios». El activista reclamaba que los jefes de Gobierno de la Mancomunidad «pongan fin a la persecución de más de cien millones de ciudadanos LGTB sancionada por el Estado».

Aunque, efectivamente, ningún debate sobre los derechos LGTB estaba programado, la primera ministra británica sí quiso hacer alguna referencia al respecto en su discurso de apertura de la cumbre del pasado día 17 de abril. Ante los jefes de Gobierno de los 53 países miembros de la Commonwealth, Theresa May condenó con contundencia las leyes que castigan las relaciones homosexuales, reconociendo la responsabilidad de la herencia británica. Según la mandataria, «a lo largo de todo el mundo, leyes discriminadoras creadas hace muchos años continúan afectando a la vida de mucha gente, al criminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, o no protegiendo a mujeres y niñas. Soy muy consciente de que, a menudo, esas leyes fueron implementadas por mi propio país. Estaban equivocadas entonces y están equivocadas ahora».

May se felicitaba porque los tres últimos países en despenalizar las relaciones homosexuales sean miembros de la Commonwealth, pero también estimaba que «aún queda mucho por hacer. Nadie debería enfrentarse a persecución o discriminación por quién es o a quién ama. Y el Reino Unido está dispuesto a apoyar a cualquier miembro de la Commonwealth que desee reformar la legislación obsoleta que hace posible tal discriminación». Efectivamente, desde la última cumbre celebrada en Malta en 2015, las relaciones homosexuales se han despenalizado en Belice, Nauru y las Seychelles. La primera ministra no ha incluido a Trinidad y Tobago, cuya Corte Suprema ha declarado recientemente inconstitucionales las leyes que castigan la homosexualidad, pues el dictámen no será firme hasta dentro de tres meses.

También ha efectuado declaraciones sobre este asunto el ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, que quiso dar repuesta a las reclamaciones efectuadas por el saltador olímpico Tom Daley tras conseguir la medalla de oro en los campeonatos de la Commonwealth celebrados este mes. Daley había expresado su deseo de que todas las personas LGTB de los países miembros pudieran vivir abiertamente su orientación sexual o identidad de género. En una entrevista radiofónica, Johnson se comprometió a utilizar su influencia para tratar de que cambiaran las actitudes entre los distintos mandatarios, si bien, aclaraba, «no pretendo que esas actitudes vayan a cambiar de un día para otro». Sin embargo, hizo alusión a un reciente encuentro con un jefe de Gobierno de un país de la Commonwealth, que no quiso concretar, en el que, según sus palabras «me tomé el asunto con absoluta pasión», prometiendo que habría más noticas próximamente. El ministro quiso remarcar que «el Reino Unido defiende sus valores en la Commonwealth, y en todos los foros defendemos los derechos LGTB y enarbolamos su bandera en todas nuestras embajadas».

Los críticos, sin embargo, alegan que, cuando hay intereses comerciales o estratégicos de por medio, los derechos LGTB quedan automáticamente al margen. Sería deseable que se implementaran medidas diplomáticas y políticas útiles, y que no quedara todo en discursos de buenas intenciones y reivindicaciones puramente simbólicas.

La penalización de las relaciones homosexuales en los países de la Commonwealth y las excolonias británicas

Del total de 53 países miembros actuales de la Commonwealth, en 36 se penalizan las relaciones homosexuales con penas de cárcel, en la mayoría de ellos como herencia de la legislación británica. La duración de las penas oscila entre varios meses y la cadena perpetua. En algunos de los países, las leyes penalizadoras se han agravado por la adaptación de sus códigos penales a la doctrina islámica, llegando incluso a implementarse la pena de muerte:

• Antigua y Barbuda
• Bangladés
• Barbados
• Botsuana
• Brunéi
• Camerún
• Dominica
• Gambia
• Ghana
• Granada
• Guyana
• India
• Jamaica
• Kenia
• Kiribati
• Malaui
• Malasia
• Mauricio
• Namibia
• Nigeria (castigadas hasta con la pena de muerte en los territorios donde se aplica la sharía o ley islámica)
• Pakistán (la sharía o ley islámica permite la pena de muerte, pero no hay noticias de que se esté aplicando)
• Papúa Nueva Guinea
• Islas Salomón
• Samoa
• San Cristóbal y Nieves
• San Vicente y las Granadinas
• Santa Lucía
• Sierra Leona
• Singapur
• Sri Lanka
• Suazilandia
• Tanzania
• Tonga
• Tuvalu
• Uganda
• Zambia

En los otros 17 países se han derogado las leyes penalizadoras (entre paréntesis, la fecha de la despenalización):

• Australia (en 1997 se despenalizó en el último territorio, Tasmania)
• Bahamas (1991)
• Belice (2016)
• Canadá (1969)
• Chipre (1998, en 2014 en la República Turca del Norte de Chipre)
• Fiyi (2010)
• Lesoto (2012)
• Malta (1973)
• Mozambique (2015)
• Nauru (2016)
• Nueva Zelanda (1986, en 2007 en la provincia autónoma de Tokelau).
• Reino Unido (en 1967 en Gales, en 1980 en Inglaterra, en 1982 en Escocia y en 1983 en Irlanda del Norte. En 2001 se despenalizó en los últimos territorios: Islas Pitcairn; Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña)
• Ruanda (1980)
• Seychelles (2016)
• Sudáfrica (1998)
• Trinidad y Tobago (2018, pendiente de firmeza de la resolución de la Corte Suprema)
• Vanuatu (2007)

Este es el mapa de los países de la Mancomunidad de Naciones según su legislación sobre las relaciones homosexuales (pinchad en él para verlo a mayor tamaño):

Pero la herencia de la legislación homófoba británica también ha dejado huella en otros países cuyos territorios, total o parcialmente, pertenecieron en su día al Imperio Británico y no forman parte de la Mancomunidad de Naciones. También en este caso, en algunos de ellos la penalización de las relaciones homosexuales se ha visto agravada por la adaptación de sus códigos penales a las leyes islámicas, hasta incluso implementar la pena de muerte:

• Bután
• Catar (la sharía o ley islámica permite la pena de muerte, pero no hay noticias de que se esté aplicando)
• Egipto (las leyes no castigan explícitamente las relaciones homosexuales, pero son frencuentes las detenciones de personas LGTB utilizando la legislación contra la indecencia)
• Emiratos Árabes Unidos (la sharía o ley islámica permite la pena de muerte, pero no hay noticias de que se esté aplicando)
• Irak (castigadas hasta con la pena de muerte en los territorios donde se aplica la sharía o ley islámica por parte de tribunales locales o actores no formalmente estatales)
• Islas Cook (territorio asociado a Nueva Zelanda)
• Kuwait
• Maldivas
• Myanmar
• Omán
• Palestina/Franja de Gaza
• Somalia (castigadas hasta con la pena de muerte en los territorios donde se aplica la sharía o ley islámica)
• Sudán (castigadas hasta con la pena de muerte)
• Sudán del Sur
• Yemen (castigadas hasta con la pena de muerte)
• Zimbabue

La homosexualidad no está penada tan solo en cinco países cuyos territorios han formado parte de colonias británicas y no pertenecen a la Commonwealth (entre paréntesis el año de despenalización):

• Baréin (1976)
• Irlanda (1993)
• Israel (1988)
• Jordania (1951)
• Nepal (2007)

General, Homofobia/ Transfobia. Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Bangladés, Barbados, Belice, Boris Johnson, Botsuana, Brunei, Camerún, Canadá, Catar, Chipre, Commonwealth, Discriminación, Dominica, Fiyi, Gambia, Ghana, Granada, Guyana, Homofobia, India, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Lesoto, Londres, Malasia, Malaui, Malta, Mancomunidad de Naciones, Mauricio, Mozambique, Namibia, Nauru, Nigeria, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Peter Tatchell, Qatar, Reino Unido, Ruanda, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Tanzania, Theresa May, Tom Daley, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia

Windhoek, la capital de Namibia, ha celebrado su primer Orgullo LGTB de la historia, al que acudieron unos 200 activistas. “Somos uno” fue uno de los lemas más repetidos por los manifestantes, que recorrieron la avenida de la Independencia (la principal arteria de la ciudad). En un país en el que la “sodomía” está criminalizada por la ley común, la reivindicación principal del Orgullo de Windhoek ha sido la exigencia de la descriminalización de los actos sexuales entre hombres (cuando es entre mujeres no existe formalmente “delito”). En este sentido, esta manifestación igualitaria es “un llamamiento para la eliminación de leyes injustas que se dirigen a los miembros de la comunidad LGTB”, ha explicado el director de Out-Right Namibia, Friedel Dausab.

No ha sido el primer acto reivindicativo de carácter LGTB de Namibia, pero la manifestación de Windhoek, celebrada el último sábado de julio, sí ha sido el primer Orgullo de la capital y del país. Alrededor de dos centenares de activistas desplegaron sus banderas arcoíris, levantaron sus pancartas e hicieron resonar sus voces por la avenida principal de Windhoek. Al parecer, los manifestantes recibieron insultos por una parte del público, aunque no se registró ningún incidente de consideración. Los participantes han hecho constar que también se creó interés y curiosidad en otra parte del público; incluso recibieron algunos aplausos. A continuación, podéis ver un fragmento de la marcha en este breve vídeo:

Además de exigir la descriminalización de la “sodomía”, el colectivo LGTB ha dejado claro que en estos momentos “nuestra petición no es el matrimonio igualitario”, sino “alguna protección legal para las parejas [del mismo sexo] que viven juntas”, sostiene Friedel Dausab, director de Out-Right Namibia. Aunque la homofobia de Estado y la hostilidad LGTBfóbica social son una realidad en este país africano, una encuesta realizada en 2016 revelaba que, con todo, Namibia es menos hostil en su conjunto hacia la diversidad sexual en relación a otros países africanos.

Según el denominado “Afrobarómetro”, Namibia se coloca como el cuarto país de África con una población “más tolerante” hacia la homosexualidad, por detrás de Cabo Verde, Sudáfrica y Mozambique. Concretamente, el 55% de los namibianos asegura que no sería un problema tener vecinos gais (a pesar de ser un país en el que las relaciones sexuales entre hombres son ilegales). Una cifra considerablemente superior si se compara con el 3% de Senegal, el 4% de Guinea o el 5% de Uganda, Burkina Faso o Nigeria. Nuestro vecino Marruecos, por ejemplo, se sitúa en el puesto 14 de tolerancia, con un 16%.

Por otra parte, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reclamaba, justo hace un año, la despenalización de la “sodomía” en Namibia. El informe de la ONU, presentado por Sarah Cleveland, experta independiente en cuestiones de derechos humanos, alega que el colectivo LGTB de este país se enfrenta a la discriminación, el acoso y la violencia, incluyendo casos de “violación correctiva” contra mujeres a las que se acusa de haber mantenido relaciones con otras mujeres.

Así pues, la ONU hacía llegar al Gobierno namibiano la urgencia de que “adopte una legislación que prohíba explícitamente la discriminación basada en la orientación sexual, incluida la Ley del Trabajo (Ley Nº 11 de 2007) y que adopte leyes contra los crimenes de odio, que castiguen la violencia homófoba y tránsfoba y la apliquen vigorosamente”.

Historial LGTBfóbico en Namibia

Tras su independencia, Namibia heredó la penalización de las relaciones homosexuales masculinas como parte de su derecho consuetudinario romano-holandés. Es decir, no existe un Código Penal en sí, sino que el derecho se crea por decisiones de los tribunales que crean jurisprudencia. La sodomía, que es la práctica que está penada, se define como la relación sexual consensuada entre dos hombres, y la jurisprudencia heredada la castiga con penas de prisión.

Buena parte de sociedad civil considera la homosexualidad como un tema tabú (aunque parece que estudios como el Afrobarómetro empiezan a recoger un cambio de tendencia, sobre todo en los principales núcleos urbanos). Del mismo modo, representantes políticos han manifestado repetidamente su oposición a cualquier legislación que proteja los derechos de las personas LGTB. De hecho, lo inusual es lo contrario. En 2013, sin ir más lejos, dosmanzanas se hacía eco del discurso del líder político McHenry Venaani, de la Alianza Democrática de Turnhalle. Venaani se mostró a favor de los derechos de las personas LGTB, enfrentándose a quienes propagan reiteradamente que la homosexualidad es algo ajeno y contrario a la cultura africana.

Remontándonos más en el tiempo, en concreto al año 2000, el entonces ministro de Interior Jerry Ekandjo instaba a los oficiales de policía recientemente graduados a “eliminar” a gais y lesbianas de las calles de Namibia. En 2001, el presidente Sam Nujoma, amenazó con realizar purgas contra gais y lesbianas para expulsarles del país. La viceministra de Interior e Inmigración, Theopolina Mushelenga, acusó en junio de 2005 a los homosexuales de haber traicionado la lucha por la libertad en Namibia durante el proceso de independencia, les responsabilizó de la propagación del VIH y les calificó de insulto a la cultura africana. En diciembre de 2011 fue noticia la agresión sufrida en la capital del país, Windhoek, por el ganador del concurso Mister Gay Namibia, en la primera elección de este tipo celebrada en el país.

Fuente Dosmanzanas

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Tras la derogación de las leyes homófobas de Nauru, Belice y Seychelles, las relaciones homosexuales siguen castigadas en 72 países y 4 territorios del mundo. Atendiendo a la religión mayoritaria en cada uno de ellos, la homosexualidad estaría penada en 38 de mayoría musulmana (el 50 %), en 33 países o territorios de mayoría cristiana (el 43 % del total) y en 5 cuya población profesa otras religiones (el 7 % restante). El número de habitantes que viven bajo regímenes que condenan la homosexualidad asciende a 2.326.265.000, un 31,5 % de la población mundial (estimada en 7.386.010.000 personas). De ellos, 488.045.000 lo hacen en países de mayoría cristiana (el 21 %), 434.987.000 en países de mayoría musulmana (el 19 %) y 1.404.039.000 en países que profesan otras religiones (el 60 %, un elevado porcentaje debido a la enorme población de la India). Sin embargo, los 13 países que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte son de mayoría musulmana, o bien solo se aplica en los territorios donde rige la ley islámica. No hay ningún país que castigue la homosexualidad entre aquellos en los que su población mayoritariamente se declara no creyente o poco interesada en la religión.

Los datos de los países que penalizan las relaciones homosexuales se han recogido del último informe de ILGA, restando a Nuaru, Belice y Seychelles, que han despenalizado las relaciones homosexuales recientemente. Por otra parte, se han sumado territorios como Palestina/Franja de Gaza, no reconocido internacionalmente o el Estado Islámico; también provincias autónomas como las Islas Cook o los territorios con legislación homófoba de Indonesia. Para el dato de la población de cada país se ha tomado una proyección estimatoria de la población mundial al 01/07/2016. Podéis comprobar gráficamente estos datos en el siguiente mapa (pinchad en él para verlo a mayor tamaño):

Países de mayoría cristiana

Los 33 países y territorios de mayoría cristiana que penalizan las relaciones homosexuales representan el 43 % del total. Los 488.045.000 habitantes que albergan suponen el 21 % del total de la población mundial que habita en países que penalizan la homosexualidad. Hay que hacer la salvedad de que el presidente de Dominica aseguró en 2014 que no aplicaría las leyes homófobas, aunque aún persisten en su Código Penal. Muchas de estas legislaciones son herencia de las leyes coloniales británicas o francesas, pero la fuerte presión social (sobre todo proveniente de las organizaciones religiosas) hace que aún se mantengan.

Países de mayoría musulmana

Los 38 países y territorios de mayoría musulmana que penalizan las relaciones homosexuales representan el 50 % del total. Los 434.987.000 de habitantes que albergan suponen el 19 % del total de la población mundial que habita en países que penalizan la homosexualidad. Hay que tener en cuenta que en el Líbano existe una sentencia de un tribunal superior que considera que la legislación que castiga la indecencia no es aplicable a las personas homosexuales. En Irak no existen oficialmente leyes que castiguen la homosexualidad, pero la violencia homófoba es intensa y habitual. Se incluye asimismo al Estado Islámico, que no duda en exhibir un grado de violencia y barbarie inauditos contra las personas LGTB como arma propagandística, si bien la población afectada está enmarcada en la de cada país ocupado. En Palestina/Franja de Gaza está en vigor una legislación que castiga la homosexualidad proveniente de cuando esos territorios estaban bajo mandato británico. Indonesia no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, pero sí que la mantiene en las provincias de Aceh y Sumatra Meridional.

Sin embargo, los 13 países o territorios que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte son todos de mayoría musulmana: Afganistán, Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico (en los territorios que controla en el norte de Iraq y Siria), Irak (aplicada por jueces islámicos), Irán, Mauritania, Pakistán, Somalia (en algunos estados del sur), Sudán, y Yemen. También Nigeria, pues aunque aparece en el listado de países de mayoría cristiana, la pena de muerte solo se aplica en los estados del norte donde rige la ley islámica.

Libia 6.330.000

Otras religiones

Aunque los cinco países que profesan otras religiones cuya legislación castiga las relaciones homosexuales solo representan el 7 % del total, la enorme población de la India hace que supongan el 60 % de la población mundial que habita en países que penalizan la homosexualidad. Se hace evidente así la dimensión extraordinaria de la decisión de la Corte Suprema india, que en 2013 ordenó que volvieran a considerarse delito las relaciones homosexuales, un dictamen que afecta a un país de más de mil millones de habitantes.

Fuente Dosmanzanas

Budismo, Cristianismo (Iglesias), General, Hinduísmo, Islam, Judaísmo Aceh, África, América, Arabia Saudí, Argelia, Asia, Bangladesh, Barbados, Belice, Benín, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Comoras, Cristianismo, Discriminación, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Estado Islámico, Etiopía, Europa, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Homofobia, ILGA, Indonesia, Irak, Irán, Islam, Islas Cook, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kirguisia, Kirguistán, Kirguizistán, Kiribati, Kuwait, Lesoto, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Naciones Unidas, Namibia, Nauru, Nigeria, Oceanía, Omán, Pakistán, Palaos, Palestina/Franja de Gaza, Papúa Nueva Guinea, Qatar, Religión, República Turca del Norte de Chipre, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé, senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del sur, Sumatra Meridional, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia, Zimbabue

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el pasado jueves, por 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, el nombramiento durante un periodo de tres años de un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género.

La creación de este mandato fue propuesta por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Su aprobación no fue precisamente fácil, y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó.

El Consejo de Derechos Humanos es una organización dependiente de Naciones Unidas y formada por 47 miembros elegidos por la Asamblea General cada tres años. Su legitimidad ha sido puesta en entredicho en numerosas ocasiones, debido a que habitualmente forman parte de él países escasamente respetuosos con los derechos humanos. A pesar de ello no deja de tener gran relevancia diplomática, y ya en dos ocasiones anteriores ha aprobado, no sin esfuerzo, una declaración formal de condena de los actos de violencia y discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de orientación sexual e identidad de género.

La votación en este caso fue la siguiente:

• A favor: Albania, Alemania, Bélgica, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Francia, Georgia, Holanda, Letonia, Macedonia, México, Mongolia, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, Corea del Sur, Suiza, Venezuela y Vietnam.
• En contra: Arabia Saudí, Argelia, Bangladesh, Burundi, Catar, China, Congo, Costa de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Maldivas, Marruecos, Nigeria, Rusia y Togo.
• Abstenciones: Botswana, Ghana, India, Namibia, Filipinas y Sudáfrica.

El experto independiente cuenta con el siguiente mandato, según la resolución aprobada (reproducimos literalmente):

• Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias;
• Concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación;
• Entablar un diálogo con los Estados y otros interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, y celebrar consultas con ellos;
• Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género;
• Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.

El experto independiente deberá presentar un informe anual tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

América Latina, su gran impulsora

Como hemos dicho más arriba, la creación de este mandato fue propuesta por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Recibió además el apoyo de Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Venezuela, los cinco miembros latinoamericanos presentes en este momento en el Consejo. Resulta evidente que sin el impulso de América Latina la medida hubiera tenido mucho más complicado salir adelante.

Es obligado destacar también la contribución de organizaciones LGTB que bajo el paraguas de ILGA han trabajado codo con codo con los estados proponentes, como las chilenas Organizando Trans Diversidades y MOVILH, por mencionar a dos que han trasladado directamente a dosmanzanas su satisfacción por el logro. En la web de ILGALAC, la división latinoamericana de ILGA, puedes acceder al listado de todas ellas.

Sin duda, una razón más para estar orgullosos de nuestros compañeros de América Latina.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, América Latina, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Botswana, Brasil, Burundi, Catar, Chile, China, Colombia, Congo, Consejo de Derechos Humanos, Corea del Sur, Costa de Marfil, Cuba, Discriminación, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, Etiopía, Filipinas, Francia, Georgia, Ghana, Holanda, Homofobia, ILGA, ILGALAC, India, Indonesia, Kenia, Kirguisia, Kirguistán, Kirguizistán, Letonia, Macedonia, Maldivas, Marruecos, México, Mongolia, MOVILH, Naciones Unidas, Namibia, Nigeria, OTD Chile, Panamá, Paraguay, Portugal, Qatar, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suiza, Togo, Transfobia, Uruguay, Venezuela, Vietnam

Como acostumbra desde el año 2006, ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) ha publicado este mes de mayo el informe anual que recoge la situación legal de las personas LGTBI en cada uno de los países pertenecientes a las Naciones Unidas. 74 de esos países aún penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. A ellos habría que sumar otros 4 territorios donde se persigue igualmente a la población LGTBI, aunque no sean reconocidos por la ONU o la legislación opresora no sea de ámbito nacional. En 13 países, bien sea en todo su territorio o en parte de él, la legislación establece la pena de muerte para quienes mantengan relaciones homosexuales, en todos los casos por la aplicación de la sharia o ley islámica.

El primer informe titulado “Homofobia de Estado” elaborado por ILGA data del año 2006. En él se contaban 92 países y territorios en los que se perseguía legalmente a las personas LGTBI. En el memorándum de 2016 se cuentan 74, a los que habría que sumar otros 4 territorios no reconocidos por Naciones Unidas, o donde la persecución no es de ámbito nacional, pero sí lo suficientemente relevante en cuanto a la población afectada, por lo que la cifra asciende a 78 países y territorios.

El único país que ha despenalizado las relaciones homosexuales en este 2016 son las Seychelles, aunque la ley aprobada por su Asamblea Nacional aún no ha sido promulgada.

Las relaciones sexuales entre varones están penadas en los 78 países y territorios, mientras que las relaciones entre mujeres se castigan en 45 de ellos.

Los países que castigan las relaciones homosexuales en el mundo

A continuación os detallamos el listado de los países con homofobia de Estado institucionalizada, a los que se añaden algunos territorios no reconocidos por las Naciones Unidas, como Palestina/Franja de Gaza u otros donde la violencia contra las personas LGTBI está extendida, aunque se cometa por grupos insurgentes, como en el caso de Iraq o las zonas ocupadas por el Estado Islámico. También se incluye a Indonesia, que, aunque no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, sí que la mantiene en provincias de considerable población.

Añadimos por cada continente el dato más estremecedor, el de los 13 estados o territorios que establecen en sus leyes la pena de muerte para quienes mantengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.

También mostramos los 17 países que, al margen de tener o no una legislación penalizadora de las relaciones homosexuales, castigan la difusión de información positiva sobre la homosexualidad (conocidas en Europa como “leyes contra la propaganda homosexual”), o que mantienen normativas “de moralidad” cuyo objetivo es coartar la libertad de expresión en lo que respecta a la información sobre orientación sexual.

Este es el mapa de los países del mundo en los que están penalizadas las relaciones entre personas del mismo sexo, tomando como referencia la traducción al español del incluido en el informe de ILGA, con la actualización referente a las Seychelles (y una corrección, pues en el mapa original traducido al español han rotulado Letonia en vez de Lituania). Podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño:

África

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 33 países)

Las Seychelles aparecen en el informe de ILGA, pues su redacción es anterior al pleno de la Asamblea Nacional del pasado 18 de mayo, en el que mayoritariamente se votó por la derogación de las leyes que penalizan la homosexualidad. Si bien aún es preciso que esta decisión sea promulgada por el presidente, hemos eliminado al país insular de la lista.

ILGA en realidad no incluye a Egipto en su listado (aunque sí detalla la realidad legal egipcia en su informe), debido a una cuestión puramente formal, pues sus leyes no penalizan específicamente las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Sin embargo, se utilizan los ambiguos términos “indecencia o libertinaje”, “conducta inmoral” u “ofensa a los sentimientos religiosos” para efectivamente castigar las relaciones homosexuales. En el último caso dado a conocer, once varones fueron condenados a 12 años de prisión por estos delitos. Las repetidas redadas contra homosexuales que se han difundido internacionalmente en los últimos tiempos, y de las que se ha dado cumplida cuenta, parecen motivo suficiente para que Egipto engrose la lista.

• Pena de muerte (en 4 países)

Mauritania, Nigeria (en los estados del norte), Somalia (en algunos estados del sur) y Sudán.

• Leyes contra la “propaganda homosexual” o de “moralidad” (en 7 países)

Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Nigeria, Somalia y Túnez.

Asia

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 22 países y 4 territorios)

Afganistán, Arabia Saudí, Bangladesh, Bután, Brunéi, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico, India, Indonesia (provincias de Aceh y Sumatra Meridional), Irak, Irán, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Myanmar, Omán, Pakistán, Palestina/Franja de Gaza, Singapur, Siria, Sri Lanka, Turkmenistán, Uzbekistán, Yemen.

En los 26 países o territorios se penalizan las relaciones sexuales entre varones, en 13 de ellos también se castigan las relaciones sexuales entre mujeres.

En Iraq no existen oficialmente leyes que castiguen la homosexualidad, pero la violencia homófoba es intensa y habitual, incluso con la connivencia de sus fuerzas del orden. También se han denunciado casos de aplicación de la sharia por conducta homosexual por parte de los autoproclamados jueces islámicos.

Se incluye asimismo al Estado Islámico, que no duda en exhibir un grado de violencia y barbarie inauditos contra la población LGTB como arma propagandística.

En la Franja de Gaza y los territorios bajo dominio de Palestina, está en vigor una legislación que castiga la homosexualidad proveniente de cuando esos territorios estaban bajo mandato británico. Desde que Hamas llegó al Gobierno en 2007, se han introducido en el cuerpo legislativo diversas propuestas para adaptar esas ordenanzas a la ley islámica, aunque ninguna ha sido aún aprobada. De llegar a convertirse en ley, los castigos y penas establecidos serían mucho más severos que los actuales.

Indonesia, como comentábamos anteriormente, no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, pero sí que la mantiene en la provincias de Aceh y Sumatra Meridional, ambas de considerable población.

• Pena de muerte (en 9 países o territorios)

Afganistán, Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico (en los territorios que controla en el norte de Iraq y Siria), Irak (aplicada por jueces islámicos), Irán, Pakistán y Yemen.

La reforma del Código Penal de Brunéi de 2014, que se aplica por fases, establecía que en 2016 se castigarían con la pena de muerte por lapidación las relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, según las fuentes de ILGA, todo parece indicar que el jefe de estado aún no ha promulgado la implementación de esta fase.

• Leyes contra la “propaganda homosexual” o de “moralidad” (en 8 países)

Arabia Saudí, Catar, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano y Siria.

Kirguizistán comenzó a debatir una ley que prohibía dar información positiva sobre la homosexualidad en 2014, aunque aún está en trámite. Sin embargo, tras el inicio de su debate, la situación de violencia social y policial contra el colectivo LGTBI adquiere tintes dramáticos.

América

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 11 países)

Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago.

En los 11 países se penalizan las relaciones sexuales entre varones, en 6 de ellos también se castigan las relaciones sexuales entre mujeres.

En los Estados Unidos, las leyes contra la sodomía fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo en 2003 (Lawrence vs. Texas), pero todavía aparecen en los textos legales de 13 estados: Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Idaho, Kansas, Luisiana, Michigan, Mississippi, Oklahoma, Texas, Utah y Virginia. Los legisladores conservadores se niegan a derogar estas leyes y, en algunos casos, la Policía todavía intenta hacerlas cumplir. En los últimos años, más de una docena de personas LGTBI han sido detenidas por violar esas leyes, aunque los cargos fueron retirados por las fiscalías por ser legalmente inaplicables.

Oceanía

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 7 países)

Islas Cook, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu.

En los 7 países se penalizan las relaciones sexuales entre varones, en 2 de ellos también se castigan las relaciones sexuales entre mujeres.

Europa

Con la derogación de las leyes discriminadoras en la República Turca del Norte de Chipre en 2014, no existe ningún territorio europeo en el que las relaciones entre personas del mismo sexo estén penadas.

• Leyes contra la “propaganda homosexual” o de “moralidad” (en 2 países)

Lituania y Rusia.

Las leyes homófobas como la aprobada en Rusia, aunque teóricamente no penalizan las relaciones homosexuales o bisexuales, en la práctica están siendo utilizadas para estigmatizarlas y que queden reducidas a una conducta privada, invisible a los ojos de la sociedad. A ello hay que sumar las continuadas agresiones hacia homosexuales, bisexuales y transexuales por parte de grupos homófobos, cada vez más organizados.

En Lituania, sus leyes prohíben la manifestación y promoción de contenidos publicitarios que hagan referencia a la orientación sexual. Como en el caso ruso, sirven para impedir que se ofrezca información positiva sobre homosexualidad o bisexualidad, con el estigma social consecuente.

Otros países que han intentado promulgar leyes semejantes han sido Bielorrusia, Moldavia y Ucrania, aunque finalmente han sido aplazadas, desestimadas o derogadas.

Fuente dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Aceh, África, América, Arabia Saudí, Argelia, Asia, Bangladesh, Barbados, Belice, Benín, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Comoras, Discriminación, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Estado Islámico, Etiopía, Europa, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Homofobia, ILGA, Indonesia, Irak, Irán, Islas Cook, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kirguisia, Kirguistán, Kirguizistán, Kiribati, Kuwait, Lesoto, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Naciones Unidas, Namibia, Nauru, Nigeria, Oceanía, Omán, Pakistán, Palaos, Palestina/Franja de Gaza, Papúa Nueva Guinea, Qatar, República Turca del Norte de Chipre, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé, senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del sur, Sumatra Meridional, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia, Zimbabue

El Centro de Unidad LGTB de Glasgow lanza una petición para evitar la deportación de Beverly Vaanda Kansdjiii y su hijo de 14 años de vuelta a Namibia.

Originaria de Namibia, Beverly Vaanda Kansdjiii pide asilo en el Reino Unido el mismo día en el que llega, en 2013. Actualmente vivía en la zona de Bridgeton, hasta que, tras una redada de funcionarios de inmigración, ha recibido una notificación para abandonar su domicilio y su deportación de vuelta a Namibia, su país de origen.

General, Homofobia/ Transfobia. Alison Thewliss, Asilo, Beverly Vaanda Kansdjiii, Glasgow, Lesbiana, Lesbofobia, Namibia, Reino Unido, Theresa May, Unidad LGTB

La Corte de Apelaciones de Botsuana ha fallado a favor del reconocimiento legal de la asociación de defensa de los derechos LGTB LEGABIBO (Lesbians, Gays and Bisexuals of Botswana), cuyo registro ya había sido convalidado por el Alto Tribunal del país en noviembre de 2014, decisión que fue recurrida por el Gobierno. La Corte de Apelaciones ha dictaminado que impedir la inscripción legal de LEGABIBO viola los derechos constitucionales de sus miembros a la libre asociación y a la libertad de expresión. También estima que promover los derechos humanos y defender la derogación de las leyes que penalizan la homosexualidad no es ilegal, y que ser homosexual tampoco lo es.

La organización LEGABIBO lleva desde 2004 integrada en la federación de asociaciones pro derechos humanos y de lucha contra el VIH/sida BONELA (Botswana Network on Ethics, Law and HIV/AIDS). A pesar de ello, cuando solicitó formalmente el registro como asociación autónoma en 2009, el Gobierno le denegó esta posibilidad.

El grupo buscó entonces el amparo de la justicia, y con la ayuda de las organizaciones BONELA, OSISA (Open Society Initiative for Southern Africa) y SALC (Southern African Litigation Centre) presentó una demanda ante el Alto Tribunal de Botsuana contra la decisión gubernamental. El juez T. T. Rannowane dio la razón a los litigantes al considerar que la “negativa a registrar LEGAGIBO no era razonablemente justificable según la Constitución de Botsuana” y que esta acción del Ejecutivo “violaba la libertad de expresión, asociación y reunión de los demandantes”. La sentencia también aclaraba que “hacer campaña a favor de iniciativas legislativas no es per se un delito. Tampoco es un delito ser homosexual”.

Sin embargo, el Gobierno de Bostuana recurrió el dictamen del Alto Tribunal ante la Corte de Apelaciones, argumentando que los derechos de las personas LGTB no están reconocidos por la Constitución y que los objetivos de LEGABIGO eran “incompatibles con la paz, el bienestar y el buen orden en Botswana”. Pero la Corte de Apelaciones, en un fallo fechado este 16 de marzo, ha desestimado esos argumentos y ha ratificado la decisión del Alto Tribunal, al estimar que la denegación del registro a LEGABIBO es irracional y supone una violación del derecho a la libertad de asociación.

La Corte de Apelaciones ha hecho especial hincapié en que no existe ninguna ley en Botswana que prohíba ser homosexual. También ha considerado, tal como lo hizo el Alto Tribunal, que la promoción de los derechos humanos de las personas LGTBI y la lucha por la derogación de las leyes que castigan las relaciones homosexuales no son ilegales. Según la Corte de Apelaciones, los derechos fundamentales deben ser disfrutados por todas las personas, y al socavarlos, se está socavando la dignidad humana de los individuos.

Para el activista de LEGABIBO Caine Youngman, “esta victoria nos da esperanza y alienta nuestra fe en el sistema judicial de Botswana. Ha sido una larga y agotadora etapa de 11 años desde que empezó nuestra lucha para que nuestra organización pueda ser registrada”. La directora ejecutiva de BONELA, Cindy Kelemi, afirma por su parte que “todavía hay mucho que hacer para garantizar la promoción y protección de los derechos humanos de las personas LGTBI, y es el Parlamento, como brazo legislativo del Gobierno, el responsable de elaborar las leyes que protejan a las personas LGTBI de la discriminación, el estigma y el abuso”.

Un código penal heredado de la época colonial

El código penal de Botsuana, heredado como otros muchos de la época colonial británica, castiga el “conocimiento carnal contra natura” con un máximo de siete años de prisión. En este país africano limítrofe con Namibia, Sudáfrica y Zimbabue y considerado uno de los más desarrollados y democráticos de la región, la homosexualidad sigue teniendo sin embargo una consideración social negativa y suele ser rechazada como “antiafricana”.

Por otra parte, las altísimas tasas de prevalencia del VIH, que alcanzan casi a uno de cada cuatro adultos en el país, han impulsado tímidas iniciativas para impedir su propagación entre los hombres que tienen sexo con hombres. Por ejemplo, en 2011 se presentó una propuesta ante la Asamblea Nacional para proveer de condones a los presos en las cárceles de hombres. Una iniciativa que, sin embargo, se topó con el rechazo frontal del vicepresidente de la cámara Pono Moatlhodi, que llegó a afirmar que si de él dependiera, “haría matar” a los homosexuales.

En sentido contrario, el expresidente Festus Mogae criticó la estigmatización de las personas LGTB que según él impedía luchar eficazmente contra la pandemia. Mogae afirmó haber instruido a la policía para no actuar contra gais y lesbianas, pero justificó el mantenimiento del código penal homófobo en la opinión mayoritaria de la población, contraria a la despenalización. El activista Youngman, por su parte, ya llevó esta provisión ante la justicia en 2011, sin que de momento haya tenido éxito en su empeño.

Fuente Dosmanzanas

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ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) ha publicado este mes de mayo su informe anual que recoge la situación legal de las personas LGTB en cada uno de los países pertenecientes a las Naciones Unidas. Destaca la abrumadora lista de 75 países que aún penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. A ellos habría que sumar otros 4 territorios donde se persigue igualmente a la población LGTB, aunque no sean reconocidos por la ONU o la legislación opresora no sea de carácter nacional. En 8 de estos países la legislación establece la pena de muerte para quienes mantengan relaciones homosexuales.

El primer informe titulado “Homofobia de Estado” elaborado por ILGA data del año 2006. En él se contaban 92 países y territorios en los que se perseguía legalmente a las personas LGTB. En el memorándum de 2015 se cuentan 75, a los que habría que sumar otros 4 territorios no reconocidos por Naciones Unidas, o donde la persecución no es de ámbito nacional, pero sí lo suficientemente relevante, hasta alcanzar la cifra de 79 países y territorios.

Entre las bajas de la lista de países discriminadores que se han producido en el último año, destacan la de la República Turca del Norte de Chipre, que en 2014 despenalizó las relaciones homosexuales, siendo el último territorio europeo en hacerlo; también lo hizo Mozambique en su nuevo Código Penal, aunque la discriminación social de las personas LGTB persiste; Lesoto y Santo Tomé fueron otros dos territorios africanos que también eliminaron el pasado año el delito de homosexualidad en sus reformas legislativas; lo mismo sucedió en Palaos, el archipiélago situado en el Pacífico Occidental.

La lista más estremecedora es la de los países que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte: Mauritania, Sudán, Irán, Arabia Saudí y Yemen. A ellos habría que sumar algunas de las provincias de Nigeria y Somalia donde se aplica la sharia (o ley islámica), y los territorios de Iraq y Siria ocupados por el Estado Islámico. A todos ellos se unirá Brunéi en el año 2016, al entrar en vigor la tercera fase de su reforma del Código Penal, que establece la pena de muerte por lapidación para quienes mantengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.

Los países que castigan las relaciones homosexuales en el mundo

A continuación os detallamos el listado de los países con homofobia de Estado institucionalizada, a los que se añaden algunos territorios no reconocidos por las Naciones Unidas, como Palestina/Franja de Gaza u otros donde la violencia contra las personas LGTB está extendida, aunque se cometa por grupos insurgentes, como el caso de Iraq o las zonas ocupadas por el Estado Islámico. También se incluye a Indonesia, que, aunque no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, sí que la mantiene en provincias de considerable población.

África

Angola, Argelia, Botsuana, Burundi, Camerún, Comoras, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Liberia, Libia, Malawi, Mauritania, Marruecos, Mauricio, Namibia, Nigeria, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue.

Hay que hacer la salvedad de que el Gobierno de Malawi decretó en 2012 una moratoria en la aplicación de las leyes que penalizan la homosexualidad.

Asia

Afganistán, Arabia Saudí, Bangladesh, Bután, Brunei, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico, India, Iraq, Irán, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Myanmar, Omán, Pakistán, Palestina/Franja de Gaza, Qatar, Singapur, Siria, Sri Lanka, Turkmenistán, Uzbekistán, Yemen.

En Iraq no existen oficialmente leyes que castiguen la homosexualidad, pero la violencia homófoba es intensa y habitual, incluso con la connivencia de sus fuerzas del orden. También se han denunciado casos de aplicación de la sharia por conducta homosexual por parte de los autoproclamados jueces islámicos. Se incluye asimismo al Estado Islámico, que no duda en exhibir un grado de violencia y barbarie inauditos contra la población LGTB como arma propagandística.

América

Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago.

Oceanía

Indonesia (provincias de Aceh y Sumatra Meridional), Islas Cook, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu.

Europa

Con la derogación de las leyes discriminadores en la República Turca del Norte de Chipre, no existe ningún territorio europeo en el que las relaciones entre personas del mismo sexo estén penadas.

Sin embargo, leyes homófobas aprobadas en Rusia, aunque teóricamente no penalizan las relaciones homosexuales o bisexuales, en la práctica están siendo utilizadas para estigmatizarlas y que queden reducidas a una conducta privada, invisible a los ojos de la sociedad. A ello hay que sumar las continuadas agresiones hacia homosexuales, bisexuales y transexuales por parte de grupos homófobos, cada vez más organizados.

Otro país con legislación discriminadora es Lituania, cuyas leyes prohíben la manifestación y promoción de contenidos publicitarios que hagan referencia a la orientación sexual. Como en el caso ruso, la ley sirve para impedir que se ofrezca información positiva sobre homosexualidad o bisexualidad, con el estigma social consecuente.

Fuente Dosmanzanas

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Por fin una buena noticia desde el continente africano: el pasado viernes, el Alto Tribunal de Botsuana falló a favor de un grupo de defensa de los derechos LGTB al que el Gobierno había impedido registrarse legalmente como asociación. La sentencia provoca una situación paradójica en un país en el que las relaciones entre personas del mismo sexo constituyen un delito castigado, al menos sobre el papel, con hasta siete años de cárcel.

Aires de cambio en África, poco a poco la esperanza se abre paso. Una sentencia histórica sin precedentes ha tenido lugar en Botswana, donde el Tribunal Supremo de Justicia ha permitido el derecho a existir y ejercer su actividad al grupo pro LGBT LEGABIBO (Lesbianas, gays y bisexuales de Botswana), que anteriormente fue bloqueado legalmente por el Gobierno del país. Esto supone un gran avance en un lugar en el que ser gay es penado hasta con 7 años de cárcel.

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El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas adoptó el pasado jueves una resolución de protección a la familia de la que, tras la intervención de Rusia, ha quedado excluida toda mención a la diversidad de realidades familiares. La iniciativa puede sentar un peligroso precedente de amparo a la homofobia de estado.

La idea de crear un comité especial para la protección de la familia dentro del CDH a partir de septiembre surgió de Egipto y Sierra Leona, que, junto con otros 23 países, presentaron el pasado lunes un borrador de resolución cuyo párrafo primero instaba a:

convocar, en su 27º período de sesiones, una mesa redonda sobre la protección de la familia en la que se aborde la cuestión del cumplimiento por los Estados de las obligaciones dimanantes de las disposiciones pertinentes del derecho internacional de los derechos humanos y se debata sobre los retos y las mejores prácticas en esta esfera.

Un día después, un grupo de 32 países liderados por Uruguay propuso una enmienda a este punto que añadiera al final las palabras:

teniendo en cuenta que, en los diferentes sistemas culturales, políticos y sociales, existen diversas formas de familia.

El añadido no fue del agrado de Rusia, copatrocinador de la primera versión del borrador y que amenazó con vetar todo el proceso; la enmienda propuesta por Uruguay ni siquiera se llegó a debatir. Mientras tanto, Arabia Saudí junto con los Emiratos Árabes Unidos y Pakistán presentaron otra enmienda que añadiera al preámbulo de la resolución que:

los hombres y mujeres mayores de edad, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, tienen derecho a casarse y a fundar una familia, teniendo presente que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.

Por fortuna, los representantes saudíes retiraron esta versión cuando se supo que la enmienda inclusiva uruguaya no prosperaría. La resolución inicial fue votada y aprobada por 26 votos a favor, 14 en contra y 6 abstenciones. Del lado de la propuesta de Egipto y Sierra Leona votaron, además de sus promotores: Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, China, República del Congo, Costa de Marfil, Etiopía, Gabón, India, Indonesia, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Maldivas, Marruecos, Namibia, Pakistán, Filipinas, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Vietnam.

Contra la moción se posicionaron Austria, Chile, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Montenegro, Corea del Sur, Rumanía, el Reino Unido y los Estados Unidos. Se abstuvieron Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Perú y Macedonia. El resultado de la votación fue recibido con aplausos por los representantes de los países favorables a la versión excluyente de la resolución sobre protección a la familia.

Se trata sin duda de un triunfo diplomático de los países más férreamente opuestos a los derechos de las personas LGTB, con Rusia a la cabeza. Según un interesante artículo de la web estadounidense The Daily Beast, nos encontramos ante una ofensiva en toda regla para incluir los llamados “valores tradicionales” en la categoría de derechos humanos; lo cual podría traer como consecuencia la primacía de la defensa de esos valores tradicionales (hostiles a las mujeres o a los ciudadanos LGTB) sobre los derechos individuales e inalienables de cada persona. Un objetivo camuflado además bajo la conocida excusa de la protección a la familia, que tacha automáticamente de contrario a la misma a quien se oponga a su homófoba agenda.

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En el pasado encuentro de la sección de asuntos religiosos de la FELGTB se nos entrego un folleto publicado por la European Forum of LGTB Christian Groups y el buen Bernardo Yoel ha pedido que se publiquen poco a poco los testimonios. Así que desde hoy iré poniendo, uno a uno, los 12 testimonios. Aquí tenéis el quinto:

Lukas Mukongo es un hombre gay católico africano que trabaja para Inclusive and Affirming Ministries (IAM) como socio en las zonas rurales del norte de Namibia.

“Mi nombre es Lukas Mukongo. Soy gay africano de 30 años. Navi en un pequeño pueblo llamado Ohongo en el norte de Namibia. Mi familia son cristianos de la Iglesia Católica.

Me convertí en un miembro de la iglesia cuando tenia 14 años y estaba en la escuela.

Me convertí en un maestro de la escuela dominical y monaguillo. Esto fue lo difícil porque me puse a mirar a los chicos y darme cuenta de que tenia sentimientos hacia ellos. En el pueblo donde vivía no teníamos acceso a la información, ni siquiera a las radios, así que no sabia lo que significaban esos sentimientos.

Siempre quise salir y decirle a mi sacerdote que era gay, pero él seguía posponiendo nuestra cita. Cuando finalmente lo acorrale, él me aconsejo que no lo dijera a nadie más. Tenia miedo de que la comunidad pudiera perder su confianza en mi y que podría afectar a mis responsabilidades en la iglesia. La cultura Oshiwambo no permite que una persona gay pueda entrar en la iglesia. Mi cultura cree que es ‘no-Africano’ ser homosexual.

Era importante decirle a mi madre que yo era gay. El sacerdote vino conmigo. Yo hablé abiertamente sobre esto y la noticia se extendió al resto de la comunidad.

Elegí quedarme en la iglesia y la gente de la iglesia me aceptaron. Fueron mi buen comportamiento, el liderazgo e la iglesia, la integridad y la participación en ennoblecer mi comunidad lo que hicieron que fuera fácil para que me aceptasen como gay.

Yo soy un africano y le pido que nos mantengamos juntos en solidaridad y trabajar para nuestro Dios.”

Fuente:Solidaricémonosjuntas – Global Justice Institute; European Forum of LGTB Christian Groups, vía Foro Cristianos gays

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