El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el pasado jueves, por 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, el nombramiento durante un periodo de tres años de un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género.

La creación de este mandato fue propuesta por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Su aprobación no fue precisamente fácil, y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó.

El Consejo de Derechos Humanos es una organización dependiente de Naciones Unidas y formada por 47 miembros elegidos por la Asamblea General cada tres años. Su legitimidad ha sido puesta en entredicho en numerosas ocasiones, debido a que habitualmente forman parte de él países escasamente respetuosos con los derechos humanos. A pesar de ello no deja de tener gran relevancia diplomática, y ya en dos ocasiones anteriores ha aprobado, no sin esfuerzo, una declaración formal de condena de los actos de violencia y discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de orientación sexual e identidad de género.

La votación en este caso fue la siguiente:

• A favor: Albania, Alemania, Bélgica, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Francia, Georgia, Holanda, Letonia, Macedonia, México, Mongolia, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, Corea del Sur, Suiza, Venezuela y Vietnam.
• En contra: Arabia Saudí, Argelia, Bangladesh, Burundi, Catar, China, Congo, Costa de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Maldivas, Marruecos, Nigeria, Rusia y Togo.
• Abstenciones: Botswana, Ghana, India, Namibia, Filipinas y Sudáfrica.

El experto independiente cuenta con el siguiente mandato, según la resolución aprobada (reproducimos literalmente):

• Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias;
• Concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación;
• Entablar un diálogo con los Estados y otros interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, y celebrar consultas con ellos;
• Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género;
• Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.

El experto independiente deberá presentar un informe anual tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

América Latina, su gran impulsora

Como hemos dicho más arriba, la creación de este mandato fue propuesta por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Recibió además el apoyo de Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Venezuela, los cinco miembros latinoamericanos presentes en este momento en el Consejo. Resulta evidente que sin el impulso de América Latina la medida hubiera tenido mucho más complicado salir adelante.

Es obligado destacar también la contribución de organizaciones LGTB que bajo el paraguas de ILGA han trabajado codo con codo con los estados proponentes, como las chilenas Organizando Trans Diversidades y MOVILH, por mencionar a dos que han trasladado directamente a dosmanzanas su satisfacción por el logro. En la web de ILGALAC, la división latinoamericana de ILGA, puedes acceder al listado de todas ellas.

Sin duda, una razón más para estar orgullosos de nuestros compañeros de América Latina.

Fuente Dosmanzanas

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Es un tema del que ya hemos hablado pero nunca está de más darle una vuelta y ver cómo ha evolucionado. El drama de los refugiados sigue más vivo que nunca, aunque las televisiones ya no hablen tanto de ello como hace un año.

Pero dentro de esos refugiados se enconden miles y miles de realidades que complican aún más el asunto. Uno de ellos es, sin duda, el de los refugiados LGBT. ORAM es la Organización para el Refugio, Asilo y Migración que trabaja con refugiados en situación aún más vulnerable que huyen de países en guerra para salvar la vida.

Esta asociación ha descubierto que muy pocos refugiados deciden salir del armario con ellos, que esconden su identidad porque en sus países la homosexualidad está condenada con penas terribles, desde prisión a la propia pena de muerte. Por lo tanto, viven una mentira en un lugar en el que se deberían sentir seguros.

La asociación trabaja mano a mano con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para proteger la identidad de todos los refugiados y que los países no puedan conocer cuáles de estos refugiados son abiertamente homosexuales. Este tema destapa que países que ahora están en guerra, cuando dejen de estarlo seguirán con políticas homófobas y que no respetan los Derechos Humanos.

Fuente Cromosomax

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Una tristemente buena noticia en medio de la consternación. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha emitido un comunicado, a propuesta de Estados Unidos, en el que expresa su condena del ataque que se cobró la vida de 49 personas el pasado domingo en una discoteca gay de Orlando. El texto se refiere de manera explícita al carácter homófobo del atentado, a pesar de lo cual recibió el visto bueno de todos los miembros del Consejo, incluidos algunos países donde la homosexualidad está penada. El representante estadounidense también ha pedido ante la Asamblea General una mayor protección para las personas LGTB en todo el mundo.

Un día después de la condena del secretario general de la ONU Ban Ki-moon, el Consejo de Seguridad se reunió este lunes para emitir un comunicado de prensa de rechazo del brutal ataque. A instancias de Estados Unidos, el texto cita la orientación sexual de las víctimas como móvil de la masacre, apuntando por tanto directamente al odio homófobo. Sin embargo, los quince miembros (cinco permanentes y diez no permanentes) aceptaron la declaración de condena, cuyo primer párrafo reza:

Los miembros del Consejo de Seguridad condenaron en los términos más enérgicos el ataque terrorista en Orlando, Florida, el 12 de junio de 2016, dirigido contra determinadas personas por su orientación sexual, durante el cual fueron asesinadas 49 personas y 53 resultaron heridas. Expresaron su profunda solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas y al Gobierno de los Estados Unidos. Desearon una completa recuperación a los heridos.

Sin duda, la conmoción generada por la masacre ha podido más que los prejuicios homófobos de los representantes de algunos países con legislaciones represivas contra la población LGTB. Rusia, Malasia, Egipto o Senegal, que se sientan actualmente en el Consejo de Seguridad (el primero, como miembro permanente), pertenecen al grupo de Estados que suele bloquear cualquier mención a la diversidad LGTB en las resoluciones de la ONU.

Uno de los últimos ejemplos fue la supresión de cualquier referencia al asunto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en agosto del año pasado. Entonces, a pesar de los esfuerzos del Reino Unido y de Brasil, países como Nigeria se opusieron frontalmente a incluir la sexualidad como categoría merecedora de protección contra la discriminación. De hecho, según la representación de Estados Unidos en la ONU, se trata de la primera vez que el Consejo de Seguridad hace referencia a la orientación sexual o a la homofobia en un escrito oficial.

Estados Unidos pide una mayor protección para la población LGTB

La representación estadounidense en la ONU también hizo un llamamiento a la solidaridad con los ciudadanos LGTB en todo el mundo en la Asamblea General. El viceembajador ante las Naciones Unidas David Pressman instó a la comunidad internacional a ir más allá de la simple condena de la masacre de Orlando y trabajar activamente para proteger a la población LGTB frente a los ataques.

En la sesión que eligió al nuevo presidente de la Asamblea, el fiyiano Peter Thomson, Pressman lamentó las reticencias de algunos países a incluir la orientación sexual y la identidad de género en las resoluciones de la organización internacional. Thomson, por su parte, afirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos de todas las personas durante su mandato.

Fuente Dosmanzanas

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Todos los grupos que conforman el Parlamento canario han registrado en la Cámara una proposición en la que piden al Gobierno central que exija que la Corte Penal Internacional persiga los ataques homófobos como delitos de lesa humanidad.

Parlamento CanariasLa proposición no de ley firmada por los seis portavoces, que fue registrada el día pasado 7, aunque se ha hecho pública hoy, defiende que “amar no es delito” y que, “cuando una persona es perseguida, encarcelada y ejecutada por su mera orientación sexual o identidad de género, se hiere la conciencia de la entera humanidad y se atenta contra la dignidad consustancial de todo ser humano”.

La iniciativa expresa la solidaridad del Parlamento canario con “los miles de seres humanos que, en pleno siglo XXI, continúan siendo cruelmente perseguidos, encarcelados sometidos a trabajos forzados, castigos físicos e, incluso, en los casos más atroces, condenados a muerte o asesinados” por su condición de homosexuales.

Los partidos que suscriben la propuesta, aún pendiente de ser debatida y votada, sostienen que ese tipo de conductas constituyen un crimen contra la humanidad, que deben ser perseguidos por la Corte Penal Internacional.

Por ello, promoverán que el Gobierno español demande en las instancias internacionales que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional realice una investigación sobre los crímenes de este tipo que de los que “vienen siendo objeto miles de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales en distintos lugares del mundo”.

También demandarán que España lleve este asunto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y plantee “una resolución concreta y efectiva para que cese la inhumana persecución penal de todos estos seres humanos en razón de su orientación sexual o identidad de género, así como para promover su más completa protección ante otros actos de persecución igualmente inhumanos por parte de otros actores no estatales”.

Si prospera esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de todos los grupos, el Parlamento de Canarias declarará además el 17 de mayo como Día contra la Homofobia en la comunidad autónoma.

La proposición no de ley ha sido dada a conocer por el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, experto en derecho penal internacional que asegura haber asesorado a los grupos parlamentarios en su redacción.

Según este letrado, que se ocupa de la querella presentada en Argentina por delitos de lesa humanidad contra jefes de ETA, si la iniciativa es aprobada, el Parlamento de Canarias se convertiría en la primera cámara de representantes del mundo que vota que la persecución de los homosexuales por parte de algunos países o de ciudadanos a título particular constituye delito de lesa humanidad.

Fuente Agencias/Cáscara amarga

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El descenso se debe a que 17 millones de personas en el mundo reciben tratamiento antirretroviral, según el informe presentado este martes por la agencia de la ONU contra esta enfermedad

El número de muertes por sida ha caído un 26% en los últimos cinco años gracias a que 17 millones de personas de todo el mundo reciben antirretrovirales, indica el informe presentado hoy por el Programa de Naciones Unidas para la Lucha contra el Sida (ONUSIDA). Son más del doble de afectados que acceden al tratamiento respecto a 2010, indica el organismo. La cobertura del tratamiento contra el VIH aumentó a nivel global, especialmente en la región más afectada, el sur y este de África, donde el acceso a los antirretrovirales pasó del 24% en 2010 a un 54% en 2015, lo que ha posibilitado el tratamiento de más de 10 millones de personas.

“Animamos a todos los países a que aprovechen esta oportunidad sin precedentes para poner en marcha los programas de prevención y tratamiento contra el sida con el objetivo de poner fin a la epidemia en 2030”, afirmó el director ejecutivo de UNAIDS, Michel Sidibé, durante la presentación del informe en Nairobi.

La reducción de la mortalidad ha sido mayor entre las mujeres (33%) en comparación con los hombres (15%), debido a que estos últimos inician el tratamiento de forma más tardía, apunta el informe. Sin embargo, el porcentaje de contagios apenas ha variado en los últimos años, y en 2015 se registraron 2,1 millones de trasmisiones.

En África Subsahariana, las jóvenes sufrieron el 25% de los nuevos contagios, mientras que las mujeres el 56%, debido a “las desigualdades de género, el acceso insuficiente a la educación y servicios de salud sexual y reproductiva, la pobreza, la inseguridad alimentaria y la violencia”. En niños, sin embargo, se redujeron un 58% las nuevas infecciones por el VIH desde 2000, abunda ONUSIDA.

El organismo insistió en que la lucha contra el sida tiene que prestar mayor atención a trabajadores sexuales, consumidores de drogas inyectables, presos, transexuales y homosexuales, ya que son los grupos que están expuestos a un mayor riesgo de contagio. Sidibé también recordó que “acabar con la discriminación que conlleva el sida es uno de los retos más difíciles a los que nos enfrentamos, pero también uno de los más importantes” en la actualidad.

El próximo miércoles, la Asamblea General de la ONU se reunirá en Nueva York para abordar las nuevas estrategias a seguir durante los próximos años para acabar con la epidemia en 2030, uno de los objetivos de la nueva agenda para el desarrollo. Para ello, la inversión en investigación, prevención y tratamiento deberá aumentar desde los 19.000 millones de dólares anuales disponibles en 2014 a 26 000 millones en 2020, estima ONUSUDA.

“La inversión en servicios de difusión, que garanticen que las poblaciones clave tengan acceso a los servicios de prevención y tratamiento del VIH en países de ingresos bajos y medianos, tiene que aumentar hasta en torno al 7 % de la inversión total para el año 2020. La inversión en la movilización comunitaria ha de triplicarse para llegar al 3% del total y los fondos para catalizadores sociales —como la promoción, la legislación y las reformas legislativas y políticas y la reducción de la estigmatización— hasta el 8 % en 2020”, precisa el organismo en el documento preparatorio para la reunión de alto nivel.

Vía Inforgay

General Michel Sidibé, Naciones Unidas, ONUSUDA, UNAIDS, VIH/SIDA

Como acostumbra desde el año 2006, ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) ha publicado este mes de mayo el informe anual que recoge la situación legal de las personas LGTBI en cada uno de los países pertenecientes a las Naciones Unidas. 74 de esos países aún penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. A ellos habría que sumar otros 4 territorios donde se persigue igualmente a la población LGTBI, aunque no sean reconocidos por la ONU o la legislación opresora no sea de ámbito nacional. En 13 países, bien sea en todo su territorio o en parte de él, la legislación establece la pena de muerte para quienes mantengan relaciones homosexuales, en todos los casos por la aplicación de la sharia o ley islámica.

El primer informe titulado “Homofobia de Estado” elaborado por ILGA data del año 2006. En él se contaban 92 países y territorios en los que se perseguía legalmente a las personas LGTBI. En el memorándum de 2016 se cuentan 74, a los que habría que sumar otros 4 territorios no reconocidos por Naciones Unidas, o donde la persecución no es de ámbito nacional, pero sí lo suficientemente relevante en cuanto a la población afectada, por lo que la cifra asciende a 78 países y territorios.

El único país que ha despenalizado las relaciones homosexuales en este 2016 son las Seychelles, aunque la ley aprobada por su Asamblea Nacional aún no ha sido promulgada.

Las relaciones sexuales entre varones están penadas en los 78 países y territorios, mientras que las relaciones entre mujeres se castigan en 45 de ellos.

Los países que castigan las relaciones homosexuales en el mundo

A continuación os detallamos el listado de los países con homofobia de Estado institucionalizada, a los que se añaden algunos territorios no reconocidos por las Naciones Unidas, como Palestina/Franja de Gaza u otros donde la violencia contra las personas LGTBI está extendida, aunque se cometa por grupos insurgentes, como en el caso de Iraq o las zonas ocupadas por el Estado Islámico. También se incluye a Indonesia, que, aunque no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, sí que la mantiene en provincias de considerable población.

Añadimos por cada continente el dato más estremecedor, el de los 13 estados o territorios que establecen en sus leyes la pena de muerte para quienes mantengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.

También mostramos los 17 países que, al margen de tener o no una legislación penalizadora de las relaciones homosexuales, castigan la difusión de información positiva sobre la homosexualidad (conocidas en Europa como “leyes contra la propaganda homosexual”), o que mantienen normativas “de moralidad” cuyo objetivo es coartar la libertad de expresión en lo que respecta a la información sobre orientación sexual.

Este es el mapa de los países del mundo en los que están penalizadas las relaciones entre personas del mismo sexo, tomando como referencia la traducción al español del incluido en el informe de ILGA, con la actualización referente a las Seychelles (y una corrección, pues en el mapa original traducido al español han rotulado Letonia en vez de Lituania). Podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño:

África

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 33 países)

Las Seychelles aparecen en el informe de ILGA, pues su redacción es anterior al pleno de la Asamblea Nacional del pasado 18 de mayo, en el que mayoritariamente se votó por la derogación de las leyes que penalizan la homosexualidad. Si bien aún es preciso que esta decisión sea promulgada por el presidente, hemos eliminado al país insular de la lista.

ILGA en realidad no incluye a Egipto en su listado (aunque sí detalla la realidad legal egipcia en su informe), debido a una cuestión puramente formal, pues sus leyes no penalizan específicamente las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Sin embargo, se utilizan los ambiguos términos “indecencia o libertinaje”, “conducta inmoral” u “ofensa a los sentimientos religiosos” para efectivamente castigar las relaciones homosexuales. En el último caso dado a conocer, once varones fueron condenados a 12 años de prisión por estos delitos. Las repetidas redadas contra homosexuales que se han difundido internacionalmente en los últimos tiempos, y de las que se ha dado cumplida cuenta, parecen motivo suficiente para que Egipto engrose la lista.

• Pena de muerte (en 4 países)

Mauritania, Nigeria (en los estados del norte), Somalia (en algunos estados del sur) y Sudán.

• Leyes contra la “propaganda homosexual” o de “moralidad” (en 7 países)

Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Nigeria, Somalia y Túnez.

Asia

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 22 países y 4 territorios)

Afganistán, Arabia Saudí, Bangladesh, Bután, Brunéi, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico, India, Indonesia (provincias de Aceh y Sumatra Meridional), Irak, Irán, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Myanmar, Omán, Pakistán, Palestina/Franja de Gaza, Singapur, Siria, Sri Lanka, Turkmenistán, Uzbekistán, Yemen.

En los 26 países o territorios se penalizan las relaciones sexuales entre varones, en 13 de ellos también se castigan las relaciones sexuales entre mujeres.

En Iraq no existen oficialmente leyes que castiguen la homosexualidad, pero la violencia homófoba es intensa y habitual, incluso con la connivencia de sus fuerzas del orden. También se han denunciado casos de aplicación de la sharia por conducta homosexual por parte de los autoproclamados jueces islámicos.

Se incluye asimismo al Estado Islámico, que no duda en exhibir un grado de violencia y barbarie inauditos contra la población LGTB como arma propagandística.

En la Franja de Gaza y los territorios bajo dominio de Palestina, está en vigor una legislación que castiga la homosexualidad proveniente de cuando esos territorios estaban bajo mandato británico. Desde que Hamas llegó al Gobierno en 2007, se han introducido en el cuerpo legislativo diversas propuestas para adaptar esas ordenanzas a la ley islámica, aunque ninguna ha sido aún aprobada. De llegar a convertirse en ley, los castigos y penas establecidos serían mucho más severos que los actuales.

Indonesia, como comentábamos anteriormente, no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, pero sí que la mantiene en la provincias de Aceh y Sumatra Meridional, ambas de considerable población.

• Pena de muerte (en 9 países o territorios)

Afganistán, Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico (en los territorios que controla en el norte de Iraq y Siria), Irak (aplicada por jueces islámicos), Irán, Pakistán y Yemen.

La reforma del Código Penal de Brunéi de 2014, que se aplica por fases, establecía que en 2016 se castigarían con la pena de muerte por lapidación las relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, según las fuentes de ILGA, todo parece indicar que el jefe de estado aún no ha promulgado la implementación de esta fase.

• Leyes contra la “propaganda homosexual” o de “moralidad” (en 8 países)

Arabia Saudí, Catar, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano y Siria.

Kirguizistán comenzó a debatir una ley que prohibía dar información positiva sobre la homosexualidad en 2014, aunque aún está en trámite. Sin embargo, tras el inicio de su debate, la situación de violencia social y policial contra el colectivo LGTBI adquiere tintes dramáticos.

América

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 11 países)

Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago.

En los 11 países se penalizan las relaciones sexuales entre varones, en 6 de ellos también se castigan las relaciones sexuales entre mujeres.

En los Estados Unidos, las leyes contra la sodomía fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo en 2003 (Lawrence vs. Texas), pero todavía aparecen en los textos legales de 13 estados: Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Idaho, Kansas, Luisiana, Michigan, Mississippi, Oklahoma, Texas, Utah y Virginia. Los legisladores conservadores se niegan a derogar estas leyes y, en algunos casos, la Policía todavía intenta hacerlas cumplir. En los últimos años, más de una docena de personas LGTBI han sido detenidas por violar esas leyes, aunque los cargos fueron retirados por las fiscalías por ser legalmente inaplicables.

Oceanía

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 7 países)

Islas Cook, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu.

En los 7 países se penalizan las relaciones sexuales entre varones, en 2 de ellos también se castigan las relaciones sexuales entre mujeres.

Europa

Con la derogación de las leyes discriminadoras en la República Turca del Norte de Chipre en 2014, no existe ningún territorio europeo en el que las relaciones entre personas del mismo sexo estén penadas.

• Leyes contra la “propaganda homosexual” o de “moralidad” (en 2 países)

Lituania y Rusia.

Las leyes homófobas como la aprobada en Rusia, aunque teóricamente no penalizan las relaciones homosexuales o bisexuales, en la práctica están siendo utilizadas para estigmatizarlas y que queden reducidas a una conducta privada, invisible a los ojos de la sociedad. A ello hay que sumar las continuadas agresiones hacia homosexuales, bisexuales y transexuales por parte de grupos homófobos, cada vez más organizados.

En Lituania, sus leyes prohíben la manifestación y promoción de contenidos publicitarios que hagan referencia a la orientación sexual. Como en el caso ruso, sirven para impedir que se ofrezca información positiva sobre homosexualidad o bisexualidad, con el estigma social consecuente.

Otros países que han intentado promulgar leyes semejantes han sido Bielorrusia, Moldavia y Ucrania, aunque finalmente han sido aplazadas, desestimadas o derogadas.

Fuente dosmanzanas

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Un interesantísimo trabajo de Dosmanzanas que nos permite ver lo que nos estamos jugando en estas elecciones…

El actual secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, finaliza su mandato en diciembre de 2016. Desde dosmanzanas queremos dar a conocer el perfil de los aspirantes y, sobre todo, analizar cuál es su trayectoria y su compromiso con los derechos de las personas LGTB. La importancia de este puesto diplomático para nuestra colectivo, siempre que exista un compromiso real, reside en la posibilidad de defender el respeto de los derechos humanos de aquellos que, como venimos informando a diario, son perseguidos en sus países por motivo de su orientación sexual o su identidad de género; un tema de absoluta urgencia internacional.

Cuatro mujeres y cinco hombres, en su mayoría procedentes de países de Europa del Este, participan hasta el momento en la carrera por la secretaría general de la ONU. Si bien es cierto que no existe ninguna restricción legal respecto al número de mandatos que un secretario general puede permanecer en el cargo, ninguno ha estado más de dos hasta la fecha (cada mandato tiene una duración de 5 años). Por primera vez en la historia, el debate para la elección no será únicamente a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad de la ONU. Según han justificado desde los órganos de Gobierno, se trata de una “apertura” que pretende dar más transparencia al proceso e implicar a la sociedad civil.

Con todo, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China) siguen disponiendo de su derecho a veto. En la práctica, la ejecución de dicho derecho puede ser muy perjudicial para los candidatos más comprometidos con la igualdad. Muy especialmente teniendo en cuenta la LGTBfobia de estado de Rusia, bajo la presidencia de Vladimir Putin.

El otro escollo puede ser China. Aunque el gigante asiático está inmerso en un lento proceso de aperturismo LGTB (impensable hace solo unos años), no hay que olvidar que las relaciones Rusia-China pasan por uno de sus mejores momentos. Sin duda, la Administración estadounidense de Barack Obama es la más progresista y la más comprometida con el colectivo LGTB en estos momentos, entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. A su vez, los lazos entre el bloque occidental (encabezado por Estados Unidos) y Rusia se han ido deteriorando como consecuencia de una serie de desafortunadas posiciones políticas rusas.

En este contexto, nueve aspirantes optan hasta ahora a la secretaria general de la ONU, en sustitución del surcoreano Ban Ki-moon (que lleva en el cargo desde el 1 de enero de 2007).

1) Vesna Pusić (Croacia)

Pusić, como recogía en 2013 dosmanzanas, se opuso al referéndum para prohibir el matrimonio igualitario en Croacia. En aquel momento ejercía como ministra de Asuntos Exteriores. Ahora, en su presentación informal como candidata a secretaria general de la ONU, ha defendido expresamente la necesidad de defender los derechos de la comunidad LGTB (como podéis ver en el vídeo de arriba). Aunque admite que en algunos escenarios esta reivindicación puede resultar “controvertida”, expresaba que del mismo modo puede serlo reclamar la igualdad de la mujer en otros casos y no por ello se debe dejar de hacer.

También en 2013, Pusić firmó con el ministro de Relaciones Exteriores montenegrino, Igor Lukšić (a la sazón, otro de los aspirantes a la secretaría general de la ONU) una declaración bilateral Croacia-Montenegro para proteger los derechos de la comunidad LGTB. “Estamos comprometidos con el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación”, aseveraba Pusić.

Se le considera como una de las más abiertas defensoras de la comunidad LGTB entre todos los candidatos, en los medios de comunicación generalistas de todo el mundo. Es presidenta honoraria del Partido Popular de Croacia-Liberales Demócratas. A pesar de la confusión que puede generar el nombre de la formación, en el ámbito europeo se adscribe a la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (en el que se integran diputados del PNV, de Convergència Democràtica de Catalunya, de UPyD o de Ciudadanos, entre otros) y no al Partido Popular Europeo. Vesna Pusić es doctora en sociología, tiene 62 años y habla ingles y alemán, además de croata. Rusia podría oponerse a su nombramiento debido a su abierta posición favorable a los derechos LGTB.

La diplomacia de Arabia Saudí ha advertido a Pusić que tomarán medidas contra “cualquier intento de imposición de los valores sociales que no son aceptados internacionalmente, y que no son reconocidas en todo el sistema”. Una clara demostración de la LGTBfobia institucional reinante en esta región del planeta.

2) Igor Lukšić (Montenegro)

En 2011, siendo primer ministro de Montenegro, el socialista Igor Lukšić defendió el derecho del colectivo LGTB a celebrar por primera vez el Orgullo en este país balcánico (que apenas 5 años antes se había independizado de Serbia). “Tanto si tenemos una opinión personal como otra, tenemos que afrontar el hecho de que hay diferencias en la sociedad, que este tipo de temas forman parte del cuerpo de los derechos humanos. Dejemos a las personas marchar y mostraremos que somos una sociedad civilizada”, manifestaba entonces Lukšić (tenía 34 años).

Desgraciadamente, un ataque con gas lacrimógeno contra un concierto que tenía lugar en Podgorica (capital de Montenegro) con ocasión del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia forzó a los organizadores a cancelar el Orgullo en 2011. Habría que esperar hasta 2013 para que pudiera materializarse el Orgullo LGTB. Eso sí, desafiando la violencia homófoba.

Además de primer ministro de Montenegro (de 2010 a 2012), fue anteriormente ministro de Finanzas (de 2004 a 2010), diputado del Parlamento de Montenegro (de 2001 a 2003) y diputado del Parlamento de Serbia y Montenegro de 2003 a 2006. Desde 2012, es viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores e Integración Europea. En su biografía destaca la publicación de tres libros de poesía. Asimismo, es profesor universitario de Economía y habla cinco idiomas (serbio, inglés, italiano, francés y alemán). A sus 39 años, es el candidato más joven a la secretaria general de la ONU.

3) António Guterres (Portugal)

Durante la campaña “Libres e Iguales” que lanzó la ONU en 2015, en calidad de presidente de ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados), António Guterres recordaba que “más de 40 países de todo el mundo reconocen ahora como mi oficina, que la persecución contra las personas LGTB puede ser un motivo válido para el asilo de acuerdo con la Convención de Refugiados de 1951. Mi esperanza es que cada vez más Estados miembros adoptan este enfoque en el futuro”.

Guterres también añadía en ese momento que “las personas que huyen de la discriminación y la violencia por ser homosexuales y transexuales, a menudo experimentan múltiples persecuciones: en su propio país y en los países de asilo, incluso dentro de sus propias familias y comunidades. En este día, hago un llamamiento a los Estados y las sociedades para proporcionar a estas personas una mejor protección, y eliminar todas las formas de violencia y discriminación”. Dosmanzanas se hacía eco de dicha campaña, así como del avanzado informe en materia de derechos LGTB publicado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A sus 67 años, el único aspirante de la Europa Occidental, ha dedicado más de 20 años al servicio público. Fue primer ministro de Portugal (entre 1995 y 2002) y presidente de la Internacional Socialista (entre 1999 y 2005). Fundó la asociación portuguesa de consumidores DECO y el Consejo Portugués de Refugiados. Habla cuatro idiomas, entre los que se encuentra el castellano. Su activa y apasionada defensa de los derechos de los refugiados podría suponer un freno para su candidatura, dadas las posturas radicales que muchos gobiernos de la Unión Europea están adoptando en este sentido.

4) Irina Bokoba (Bulgaria)

Como directora general de la UNESCO, Irina Bokova lanzó en 2014 un potente mensaje contra el acoso escolar LGTBfóbico para “desarrollar y poner en práctica políticas de tolerancia y respeto a través de y en la educación”. Bokova explicaba que “la educación de calidad va más allá de la lectura, la escritura o el cálculo”, razón por la cual “es inseparable la transmisión de los valores de respeto a todas las personas, sin distinción de origen, color de piel, sexo, idioma, religión, discapacidad, estado de salud, y orientación sexual. Esta lucha es tanto más urgente hoy, cuando los países han adoptado leyes que discriminan a las personas LGBT. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, cuando uno derecho es violado, todos los demás se vuelven vulnerables”.

Irina Bokova participó en la redacción la Constitución de Bulgaria en su transición hacia la democracia, a principios de los 90. Además de diputada entre 2001 y 2005, Bokova ha desempeñado las funciones de vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior, Defensa y Seguridad, ha sido miembro de la Comisión para la Integración Europea y vicepresidenta de la Comisión Conjunta Parlamentaria.

Algunos analistas la consideran prorrusa. Sin embargo, esta mujer de 63 años (cuya familia estuvo vinculada al comunismo búlgaro), aún contando con un hipotético apoyo de Rusia, ha dejado claro que denuncia y condena la discriminación al colectivo LGTB, especialmente a los segmentos más vulnerables. Su candidatura se encuentra entre las favoritas para ocupar la secretaría general de la ONU, aunque solo llegado el momento veremos si consigue los apoyos suficientes.

5) Helen Clark (Nueva Zelanda)

Se trata de la única aspirante que procede de un país no europeo; concretamente de Nueva Zelanda. Fue la primera mujer el dirigir el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, desde esta posición, ha denunciado la LGTBfobia de estado desarrollada por distintos países (aunque no de forma explícita, queda clara la alusión contra las legislación rusa).

En 2014, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, criticaba que “en el último año, se han promulgado leyes anti-LGBT perjudiciales con el pretexto de proteger a los niños y a las familias. Este tipo de leyes punitivas tienen el poder de fomentar la homofobia y la transfobia, y pueden tener efectos sumamente nocivos en la vida de los pueblos, destrozando la autoestima, aumentando la marginalización y obstaculizando el acceso a los servicios de salud, entre otros”.

Para Clark, “estas leyes otorgan a las personas LGBT la función de ‘chivos expiatorios’ y representan una distracción de los verdaderos desafíos sociales y de desarrollo que los países deben enfrentar. Las leyes anti-LGBT se basan en la conjetura errónea de que la homosexualidad representa un peligro para el tejido social de un país”.

No obstante, proseguía diciendo que “la evidencia demuestra todo lo contrario: en los países que han despenalizado la conducta sexual hacia el mismo sexo, no se ha observado ningún tipo de amenaza contra la institución del matrimonio ni el bienestar de los niños. De hecho, la despenalización ha sido un paso clave para que las personas LGBT, históricamente oprimidas, puedan prosperar y participar activamente, como miembros respetados de la sociedad”. Leer más…

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Rusia y algunos países africanos protestan contra una campaña de la ONU, “Libres e iguales”, en defensa de la comunidad LGTB para la que se han lanzado seis sellos conmemorativos.

Con sede en Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos está a cargo de la campaña Libres e iguales, en defensa de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Se trata de una serie de seis sellos postales que tratan de reflejar el espíritu de dos resoluciones de la ONU, adoptadas en 2011 y 2015 por el Congreso de los Derechos Humanos, que denuncian la discriminación y la violencia contra personas en base a su orientación sexual o su identidad de género.

Entre los 79 países que integran la lista de los países que actualmente disponen de leyes que discriminan a la comunidad LGTB se encuentran Angola, Botswana, Kenia, Nigeria, Tanzania, Uganda, Zimbawe. Hasta 54 de esos países, junto con Rusia, con poder de veto actualmente, han manifestado su malestar con la campaña.

En nombre del grupo africano, un representante de Tanzania, Justin Kisoka, ha hecho llegar al secretario general de la ONU su profunda preocupación por la “alarmante” presentación, impresión y distribución de los sellos. Según él “contradicen los principios de la ONU, así como la cultura, las normas y las creencias de muchos estados miembros, lo que deja dudas sobre el cumplimiento de las normas y las reglas que rigen el uso del logo y de los recursos” de esta organización internacional. En la Comisión de administración y Presupuesto de la ONU, conocida como la Quinta Comisión, Kisoka solicitó el “cese inmediato de la campaña”, así como la implementación de medidas para determinar responsabilidades y la recuperación de los fondos destinados a la financiación de los sellos. En apoyo al grupo africano, Sergey Khalizov, representante ruso, cuestionó el uso de los recursos en el mismo sentido, estando dispuesto a debatir ante la Comisión sobre los diversos asuntos plateados por el grupo africano.

Tras confirmar que la publicación de los sellos está vinculada a la campaña Libres e iguales, Boris Dittrich, director de la campaña del programa de derechos de personas LGTB de la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, recalca que los polémicos sellos “reflejan que los derechos fundamentales, así como la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y la no discriminación pertenecen a cada persona, independientemente de su orientación sexual o identidad de género (…). En lugar de atacar a al ONU por publicar una serie de sellos, el grupo africano y Rusia deberían concentrarse en eliminar la discriminación y la violencia contra las personas LGTB en sus países”.

Homosexual de origen cubano, Sergio Baradat, responsable del diseño de los sellos, ha explicado la influencia del Art Decó francés en sus diseños, así como el hecho de haber crecido en Miami. “En uno de los sellos hay una persona transgénero», explica en referencia al que muestra a una persona con alas de mariposa, representando a alguien «que se convierte en quien realmente es y florece (…) Vivimos en un mundo en el que aun si las naciones adoptan el matrimonio igualitario y la igualdad LGTB, todavía tenemos mucho camino por delante, pero estamos dando pasos importantes (…). Hay países en el mundo donde no sólo no nos celebran ni nos respetan, sino que nos golpean y nos asesinan. Pensé que sería una oportunidad maravillosa de usar el arte mediante sellos postales como vehículo para cambiar corazones y mentes“.

La serie de sellos cuenta con el apoyo de los miembros permanentes actuales entre los que se encuentran Alemania, Argentina, Australia, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Israel, Noruega y Uruguay, la delegación de la Unión Europea, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Administración Postal de la ONU.

Fuente Agencias

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La Administración Postal de las Naciones Unidas (UNPA) anunció hace unos días que, por primera vez, ha emitido un set de nuevos sellos con el objetivo de promover la igualdad LGBT en todo el mundo. Disponible en inglés, francés y alemán, las series de sellos tienen como principal objetivo “celebrar la diversidad de la comunidad LGTB“.

Si quieres, puedes hacerte con la serie postal Free & Equal en unstamps.org

La Agencia Postal de las Naciones Unidas (UNPA) ha emitido una serie de seis sellos conmemorativos dentro de su campaña Free & Equal, que celebra la igualdad entre personas homo, bi, trans e intersexuales en todo el mundo, siendo ésta la primera vez que el organismo internacional retrata la naturaleza LGTBI en una serie postal.

El set de seis sellos conmemorativos forma parte de la campaña mundial Free & Equal (Libres e Iguales) de Naciones Unidas para la igualdad de derechos del colectivo LGTB (Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales). La campaña fue puesta en marcha y está dirigida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En estos sellos encontramos distintas representaciones artísticas de personas LGTB, desde la imagen de distintas parejas del mismo sexo hasta otra de una mariposa que simboliza la transformación y metamorfosis de una persona transgénero.

El programa Free & Equal de Naciones Unidas ha impulsado desde su puesta en funcionamiento un gran número de interesantes campañas contra la LGTBfobia. Ya sea invitándonos a conocer quién hay detrás de las siglas LGTBI, acercando su mensaje de optimismo y tolerancia a La India o recordándonos 76 motivos para continuar luchando por los derechos del colectivo, gracias a su creatividad y compromiso la realidad y necesidades de LGTBI son conocidas por opinión pública internacional.

En el mismo sentido se encuentra la última campaña del organismo, que a través de su Administración Postal ha lanzado una serie de seis sellos conmemorativos para brindar por la igualdad y la diversidad.

Se trata de la primera vez en la historia de las Naciones Unidas en que la comunidad LGTB es representada en una de sus series postales, que tradicionalmente ponen el foco en la defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo.

Una bella iniciativa que, además de contar con un claro componente coleccionista, ayuda mediante sus exquisitas imágenes creadas por el ilustrador de origen cubano Sergio Baradat a crear una sociedad libre de discriminación homo y transfóbica a nivel mundial.

“Vivimos en un mundo en el que, a pesar de que las naciones (desarrolladas) han acogido con los brazos abiertos la igualdad en el matrimonio (y) la igualdad LGTB, todavía tenemos un camino muy, muy largo por recorrer“, explicó Sergio Baradat, el artista que ha diseñado estos sellos.

Baradat, de origen cubano, lamentó que “hay algunos países en el mundo en estos momentos en los que, no sólo no somos celebrados y respetados, sino que somos golpeados y asesinados” y, por eso mismo, pensó que “sería una gran oportunidad utilizar el arte, utilizar sellos como un vehículo, usando el arte para cambiar los corazones y las mentes“.

El artista señaló que su estilo surge de su admiración por el art déco francés, del hecho de haber crecido en Miami, Florida, y del arte desarrollado a partir del primer cuarto del siglo XX. Baradat cree firmemente que los derechos LGTB son derechos humanos y que todas las personas merecen ser tratadas con igualdad y justicia bajo la ley.

La serie está copatrocinada por las misiones permanentes de Argentina, Australia, Chile, El Salvador, Alemania, Israel, Países Bajos, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay, la delegación de la Unión Europea, además de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) y la Administración Postal de las Naciones Unidas. Los sellos están disponibles y a la venta en la Sede de la ONU en Nueva York, Ginebra y Viena. Además, las personas interesadas también pueden comprarlos de forma online.

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El Gobierno de Singapur ha emitido un informe para las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en la ciudad-estado a los 50 años de su independencia. El texto publicado el viernes pasado aborda también la situación de la comunidad LGTB y defiende el mantenimiento del status quo: la ley de origen colonial que sigue criminalizando sobre el papel las relaciones entre hombres no se aplica, en la práctica, siempre que estas se produzcan en privado.

La referencia explícita a los ciudadanos LGTB ya es una novedad en el informe del Gobierno, en el que se hace referencia al debate sobre la derogación o el mantenimiento de la sección 377-A del Código Penal que castiga las “conductas obscenas” entre varones con penas de hasta dos años de prisión. En 2007 se debatió en el Parlamento la anulación de este artículo, sin que se alcanzara una mayoría favorable. El año pasado, el Tribunal de Apelación (la máxima instancia judicial del país) decretó la constitucionalidad de la sección 377-A y dejó su posible derogación en manos del legislativo.

El artículo en cuestión es, como en otros muchos países, una herencia de la época colonial británica, y había sido recurrido por un hombre y una pareja gays. Tan Eng Hong fue llevado ante la justicia en 2010 tras ser descubierto practicando sexo oral con otro hombre en los baños de un centro comercial. Hong se enfrentaba entonces a una posible pena de dos años de cárcel, aunque con posterioridad se decidió acusarlo de un delito no contra la sección 377-A, sino contra la sección 294, que castiga de forma genérica los actos obscenos en lugares públicos, lo que rebajaba la amenaza de cárcel a tres meses como máximo.

Ahora, el Gobierno de Singapur se escuda en la diversidad cultural y religiosa de la población de la ciudad-estado para justificar su decisión de mantener la provisión homófoba. Una postura que califica de “equilibrada”, ya que pese a la persistencia de la ley, según el Gobierno “todos los ciudadanos de Singapur, independientemente de su orientación sexual, son libres de llevar sus vidas y llevar a cabo sus actividades en su espacio privado sin miedo a la violencia o a la inseguridad personal”.

El Ejecutivo singapurense también asegura que no existe la discriminación laboral basada en la orientación sexual, a pesar de que no existe ninguna provisión legal que proteja a la población LGTB en este ámbito (ni en ningún otro). Por último, insta a las Naciones Unidas a permitir a cada país legislar en este tema de acuerdo con sus particularidades y defiende su posicionamiento contrario a la despenalización completa de la homosexualidad como “un compromiso pragmático y razonable”.

Una sociedad muy conservadora

Singapur es una ciudad-estado del sudeste asiático, con una economía capitalista fuertemente desarrollada. Poblada por diferentes grupos étnicos y religiosos, la mayor parte de su población es de origen chino, aunque hay una elevada proporción de malayos e indios. La religión más practicada es el budismo, si bien existen importantes minorías musulmana y cristiana. Es, en cualquier caso, una sociedad globalmente muy conservadora.

Singapur no despenalizó hasta 2007 tanto el sexo oral como el sexo anal, pero sólo para heterosexuales. Las relaciones homosexuales masculinas siguen penalizadas como “conductas obscenas” de acuerdo a la ya mencionada sección 377-A del Código Penal, aunque en la práctica no se persiguen, siempre y cuando se practiquen, como se dijo arriba, en privado. Tímidamente empieza además a surgir un movimiento en favor de los derechos de las personas LGTB (hace cinco años hacíamos referencia a una concentración en su apoyo). Y el año pasado salía del armario el primer político abiertamente gay del país. Sin embargo, la homofobia social generalizada se ha vuelto a poner de manifiesto recientemente con la petición online para impedir la actuación prevista en el país del cantante Adam Lambert, abiertamente gay, en Nochevieja de este año.

Fuente Dosmanzanas

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“Todos somos una obra de arte única, lo aburrido es que todos seamos lo mismo. Queremos derechos iguales, pero no queremos ser lo mismo”, definió la estrella brasileña.

“Ser homosexual no me hace peor persona”

La reconocida cantante brasileña Daniela Mercury, embajadora de Unicef, ha afirmado que “Dios no es homófobo” en el marco de su comparecencia en la sede de Naciones Unidas para defender los derechos de los que tienen distintas preferencias e identidades sexuales en Latinoamérica.

“Dios me hizo tal como soy y me siento privilegiada por todo lo que soy, y ser homosexual no me hace peor persona, sino más interesante”, reflexionó la artista, que acudió al evento acompañada de su esposa, la periodista y activista Malu Verçosa.

A pesar de que el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales consiguió en los últimos años grandes logros en distintos países occidentales, la violación de los derechos humanos de este colectivo sigue siendo una asignatura pendiente en la mayoría de países latinoamericanos.

“Todos somos una obra de arte única, lo aburrido es que todos seamos lo mismo. Queremos derechos iguales, pero no queremos ser lo mismo”, definió la estrella brasileña.

Daniela Mercury expresó, además, su rechazo a diferenciar los hombres de las mujeres, y afirmó que ni unos ni otros son “equipos diferentes ni opuestos, son simplemente personas”.

Por su parte, la esposa de Mercury, Verçosa, recordó que la homosexualidad “siempre ha estado presente en la historia de la humanidad”, y pidió que la sociedad “se preocupara más” por la violencia y discriminación que existe en el mundo y no se preocupe tanto de “a quién ama cada uno”.

Ambas aprovecharon el encuentro para presentar el nuevo vídeo musical de la compositora, que forma parte de la campaña a favor del colectivo LGBTI de Naciones Unidas “Libres e Iguales”.

“Libres e Iguales” nació con el objetivo de concienciar de los riesgos de la violencia y discriminación homofóbicas y transfóbicas y de promover un mayor respeto de los derechos de las personas Lgbti en todo el mundo.

El vídeo clip incluye imágenes inéditas de la boda de Daniela y Malu Verçosa, además de ir acompañado de la música del nuevo álbum de Mercury.

La pareja también recibió el apoyo del representante de Brasil en las Naciones unidas, Antonio de Aguiar Patriota, que remarcó el “compromiso implacable de Brasil con los derechos humanos internacionales”.

Fuente Cáscara Amarga

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El abogado camerunés Walter Atoh denuncia la indefensión en que se encuentra su cliente Cornelius Fonya, condenado en 2013 a nueve años de prisión por mantener relaciones sexuales con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Cornelius se enfrenta ahora al proceso de apelación sin prácticamente ayuda legal, por su abogado se ha visto obligado a abandonar el país tras recibir continuadas amenazas de muerte por defender a personas LGTB.

Walter Atoh es uno de los pocos abogados cameruneses que defienden a personas LGTB, dada la enorme presión social a que se ven sometidos quienes lo hacen. Uno de sus clientes es Cornelius Foya, detenido en octubre de 2012 tras ser atrapado por una multitud furiosa que le acusaba de haber mantenido relaciones homosexuales con un niño de catorce años. La turba le condujo hasta la comisaría de policía, donde prestó declaración y permaneció bajo arresto.

Durante el juicio se demostró que en realidad el joven con quien había mantenido relaciones tenía 19 años, y que todos los encuentros habían sido consensuados. Sin embargo, la madre del joven declaró en comisaría que su hijo padecía desórdenes mentales debido a esos encuentros sexuales. Esa afirmación bastó en su día para que Cornelius perdiera la libertad condicional en espera de juicio, y también fue suficiente después para que el tribunal fallara en su contra con enorme dureza. Mientras que la pena máxima en Camerún para las relaciones homosexuales consentidas entre adultos es de cinco años, el castigo puede llegar a doblarse cuando se trata de relaciones entre un adulto y un joven entre dieciséis y veintiún años. Cornelius fue finalmente condenado a nueve años de prisión.

Su abogado, sin embargo, se acogió a la sección tercera del la Ley de Procedimiento Penal camerunesa, que establece la nulidad del juicio si no se han seguido correctamente todos los procesos legales, para presentar la debida apelación. Según Atoh, cuestiones como la introducción por los testigos de la acusación de informes médicos, sin que previamente se hubieran presentado durante la investigación, pueden invalidar todo el procedimiento seguido. “He instado a los jueces de la Corte de Apelaciones a que revisen el caso y dicten sentencia por sus méritos. Esto es lo permisible, apropiado y admisible en derecho”, afirmaba con contundencia.

Pero todo el trabajo legal llevado a cabo por Atoh puede terminar en saco roto, debido a las enormes presiones a que se ha visto sometido. El abogado denuncia las continuas amenazas que han recibido tanto él como su familia por su defensa de personas LGTB. En una llamada telefónica se le amenazaba gravemente: “Te eliminaremos a ti y a toda tu familia si te sigues empeñando en defender o apoyar actos abominables”. Por ello, en marzo de este año decidió trasladar su residencia a un hotel, mientras su esposa se instalaba en Londres. Poco después se reunió con ella en la capital británica, donde ahora mismo permanece.

“A pesar de las amenazas de muerte contra mí y mi familia, voy volver a Camerún para continuar con mi labor como abogado LGBT “, afirma Atoh, esperando estar pronto en el país para proseguir con la apelación del caso de Cornelius, que, según el abogado, debe tratarse como un caso de derechos humanos. “Cornelius no tiene dinero para pagar a más abogados y su caso es muy complicado”, asevera Atoh, “por lo tanto necesita ayuda humanitaria”. El defensor solicita que las organizaciones humanitarias presten a Cornelius toda la ayuda posible.

La dura realidad camerunesa para las personas LGTB

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la situación de las personas LGTB en Camerún, realmente complicada. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.

En febrero de 2012 informamos de la detención de al menos tres mujeres lesbianas. Poco antes, en enero de 2012, eran cuatro hombres los detenidos. En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a cinco años de cárcel acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las pruebas que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados hubieran estado bebiendo Baileys, un licor considerado típicamente femenino. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecía, abandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En abril de 2011 se detuvo a otros tres jóvenes acusados de homosexualidad. En marzo de 2011 un nuevo detenido fue condenado a 36 meses de cárcel, motivo por el cual Amnistía Internacional llevó a cabo una acción. En octubre de 2010 dos jóvenes sufrían una detención y un trato degradante por parte de la Policía. En mayo de 2010 dos detenidos fueron luego condenados a cinco meses de cárcel. En marzo de 2010 otra detención se mezcló con un intento de extorsión por parte de la Policía a un ciudadano australiano. En diciembre de 2009 un joven fue finalmente liberado tras permanecer varios días en prisión en condiciones miserables. En julio de 2013, se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. Más recientemente, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.

Uno de los sucesos más terribles tuvo lugar en julio de 2013, cuando fue brutalmente torturado y asesinado en su domicilio el activista LGTB Eric Ohena Lembembe, conocido por su labor en apoyo a los enfermos de sida y por sus continuas denuncias de las leyes homófobas del gobierno de Camerún y su pasividad ante la violencia desatada contra la población LGTB.

Y estos son solo los casos que trascienden a los medios internacionales. Según Human Rights Watch, al menos 28 personas han sido detenidas por delitos relacionados con la homosexualidad en los últimos tres años.

Además de todos estos episodios de LGTbfobia,  también nos hemos hecho eco de la serie de vídeos “Homosexuales en Camerún: gentes como tú y yo”, breves reportajes que recogen testimonios de personas LGTB perseguidas por su orientación sexual en el país africano.

En Camerún, como citábamos anteriormente, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de “flagrante delito”. Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la Policía ignora este requerimiento. Hace ahora dos años las autoridades políticas de Camerún rehusaron de hecho seguir las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de despenalizar la homosexualidad y actuar contra la violencia homofóbica.

Fuente Dosmanzanas

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“¡No somos gais!” Es el lamento de Robert Mugabe, el ya anciano presidente de Zimbabue, y uno de los líderes homófobos más destacados del mundo, que aprovechaba su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas para denunciar lo que considera “imposición” de valores ajenos a su cultura y tradiciones. Una argumentación que coincide por cierto –y no podemos sino entristecernos por ello– con la que hace pocos días, ante el mismo foro, hacía el papa Francisco, de una forma eso sí más sutil.

Robert Mugabe se dirigía en la noche del lunes a la Asamblea General de las Naciones Unidas y lamentaba el trato que esta organización daba a las naciones pobres, al no protegerlas adecuadamente cuando estas eran sancionadas como consecuencia de las violaciones de los derechos humanos que ejercían sus gobiernos. No es de extrañar: Zimbabue ha sido objeto en diversas ocasiones de sanciones internacionales como consecuencia de la brutalidad ejercida por Mugabe contra sus oponentes.

En el contexto de este discurso, el presidente de Zimbabue cargaba contra lo que considera imposición de valores morales ajenos a su cultura. “Rechazamos la politización de esta importante cuestión y la aplicación de un doble rasero para victimizar a aquellos que piensan y actúan de forma independiente a los autoproclamados prefectos de nuestra época. De la misma forma rechazamos los intentos de definir nuevos derechos contrarios a nuestros valores, normas, tradiciones y creencias. ¡No somos gais!”, acababa por espetar.

Un presidente y una sociedad profundamente homófobos

La situación de las personas LGTB en Zimbabue es muy delicada. La ley persigue toda actividad percibida como homosexual, sea pública o privada, como corresponde a la bien conocida homofobia de Mugabe, que por otra parte encuentra respaldo en buena parte de la población del país.

Hemos recogido numerosos ejemplos en el pasado. A principios de 2014 Mugabe daba su respaldo a la entonces recién aprobada ley ugandesa contra la homosexualidad y amenazaba a los activistas LGTB locales. En 2013, en su última campaña electoral, prometió convertir Zimbabue en un “infierno para los homosexuales”, amenazó a gais y lesbianas con “cortarles la cabeza” y los tachó de ser “peores que los perros y los cerdos”, porque “el cerdo macho conoce a la hembra”. De hecho, no ha sido hasta este mismo año cuando hemos podido publicar por fin una noticia positiva de Zimbabue: la decisión de introducir medidas de prevención del VIH entre la población reclusa masculina.

Lo cierto es que en cuanto a declaraciones homófobas del presidente de Zimbabue, tenemos un amplio repertorio para elegir: calificó de “satánica“ la propuesta de David Cameron de asociar la ayuda británica al desarrollo al respeto de los derechos LGTB y unos meses después, mandó al mandatario europeo “al infierno“ por la misma causa. Antes había calificado a la homosexualidad de “inmundicia europea“. Otra de sus ocurrencias fue acusar a los gais de perjudicar los derechos de las mujeres. Y no han sido sus únicos exabruptos.

Una argumentación no muy diferente a la de Jorge Bergoglio

Que Mugabe es un despreciable homófobo, en cualquier caso, es ya sabido: no nos sorprende esta actuación ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Más preocupante nos parece que comparta mensaje de fondo con el papa Francisco, que hace solo unos días defendía ante el mismo foro ideas similares al criticar la “colonización ideológica a través de la imposición de modelos y estilos de vida anómalos, extraños a la identidad de los pueblos y, en último término, irresponsables”.

Más allá del “no somos gais”, que es lo que ha generado la mayoría de los titulares, los argumentos de fondo de Mugabe y de Bergoglio para justificar la LGTBfobia en países africanos, asiáticos e incluso del este de Europa son los mismos. Eso sí nos parece grave.

Fuente Dosmanzanas

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Papa Francisco deja caer que la unión homosexual es “un estilo de vida anómalo, extraño e irresponsable”

Tras haber dicho el 2013 “¿quien soy yo para juzgar a un gay?” ahora el Papa asoció a la diversidad sexual con una “imposición de modelos dañinos”.

 El papa Francisco no desaprovecha ocasión para, en medio de un mensaje genérico a favor de la lucha contra la pobreza que recibe alabanzas generalizadas, intercalar mensajes abiertamente homófobos y tránsfobos que apenas si reciben atención mediática. Lo ha vuelto a hacer en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que ha insistido en que debe respetarse “la distinción natural entre hombre y mujer” y en el que se ha referido al reconocimiento de las relaciones entre personas del mismo sexo como “imposición de modelos y estilos de vida anómalos”.

Reproducimos el fragmento del discurso (pronunciado en castellano) en el que Francisco se refiere –sin nombrarla expresamente, eso sí– a la cuestión LGTB:

“La defensa del ambiente y la lucha contra la exclusión exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana, que comprende la distinción natural entre hombre y mujer y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones.

Sin el reconocimiento de unos límites éticos naturales, insalvables, y sin la actuación inmediata de aquellos pilares del desarrollo humano integral, el ideal de salvar las futuras generaciones del flagelo de la guerra y de promover el progreso social y un más elevado nivel de vida en una más amplia libertad corre el riesgo de convertirse en un espejismo inalcanzable, o peor aún, en palabras vacías que sirven de excusa para cualquier abuso y corrupción o para promover una colonización ideológica a través de la imposición de modelos y estilos de vida anómalos, extraños a la identidad de los pueblos y, en último término, irresponsables”.

Lo hemos recogido en anteriores entradas. El papa no duda en alternar sus gestos aperturistas (el ya famoso “¿quién soy yo para juzgar?” o la recepción a un católico transexual español, por mencionar dos de los más señalados) con declaraciones abiertamente homófobas (como sus criticas a las leyes de matrimonio igualitario, que según él suponen una “amenaza a la familia”, o sus alabanzas al papel de la Iglesia católica de Eslovaquia en el referéndum homófobo celebrado en febrero en ese país) o tránsfobas (“Pensemos en las armas nucleares, en su capacidad de aniquilar en unos pocos instantes un alto número de vidas humanas. Pensemos en la manipulación genética, en la manipulación de la vida, o en la teoría de género, que no reconocen el orden de la creación. Con esta actitud, el hombre comete un nuevo pecado contra Dios el Creador”, expresaba Francisco en una entrevista).

Especialmente llamativas son las referencias contenidas en la encíclica Laudato si’ (“Alabado seas”) sobre el medio ambiente, que tantas alabanzas recibió de ambientes progresistas, donde el papa aprovechó para considerar que el respeto a la ecología incluye “la aceptación del propio cuerpo como don de Dios” y su “valoración en su femineidad o masculinidad” para “reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente”. Según el argentino, ”cancelar la diferencia sexual” no es una actitud sana. Transfobia pura y dura disfrazada de ecología.

No seremos nosotros los que minusvaloremos la trascendencia de algunos de los gestos de Francisco (pese a que a día de hoy sigan sin traducirse en cambio alguno del magisterio de la Iglesia en lo referente a las personas LGTB), pero tampoco participaremos de un acrítico festival de alabanzas a un papa que, más allá de gestos, no desaprovecha discursos oficiales y textos formales para seguir atacando a las personas LGTB. Especialmente grave, en este caso, nos parece su referencia a la “colonización ideológica a través de la imposición de modelos y estilos de vida anómalos, extraños a la identidad de los pueblos”. Exactamente el mismo argumento que muchos líderes de países africanos, asiáticos e incluso del este de Europa utilizan para justificar la aprobación de infames legislaciones homófobas.

Funte Dosmanzanas y MOVILH

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Subhi Nahas, homosexual sirio refugiado en Estados Unidos, y Samantha Power, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, en la sede de la organización en Nueva York, 24 de agosto de 2015.  REUTERS/Mike Segar

Ampliamos con este post de Dosmanzanas la información que dábamos ayer:

Tal y como anticipamos hace un par de semanas, por primera vez en su historia el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha abordado de forma expresa la situación de las personas LGTB en una parte del mundo, en concreto el territorio bajo control del denominado Estado Islámico. En una reunión informal convocada este lunes 24 de agosto a petición de Chile y Estados Unidos, representantes de trece de los quince estados que en este momento forman parte del Consejo de Seguridad escucharon, entre otras voces, los testimonios de dos jóvenes, uno iraquí y otro sirio, víctimas de persecución por ser homosexuales que por fortuna han conseguido escapar del horror.

La reunión fue auspiciada por Cristián Barros y Samantha Power, embajadores ante Naciones Unidas de Chile y Estados Unidos. Al tener un carácter informal, sin embargo, la asistencia de los países miembros del Consejo de Seguridad era voluntaria, y no ha habido compromiso oficial alguno. En cualquier caso, dado el objeto de la reunión y las posiciones de buena parte de los miembros de Naciones Unidas, la mera convocatoria de esta reunión ha sido considerada un paso muy importante por activistas LGTB y en favor de los derechos humanos. Acudieron representantes de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia) y de Chile, España, Jordania, Lituania, Malasia, Nigeria, Nueva Zelanda y Venezuela. Solo Angola y Chad no enviaron representantes, aunque otros cuatro países que sí estuvieron representados optaron por no intervenir (China, Malasia, Nigeria y Rusia).

Sin duda los testimonios más impactantes fueron los de Adnan (nombre figurado), un joven gay iraquí que consiguió huir del país pero que aún así intervino vía telefónica para mantener su anonimato, y Subhi Nahas, joven gay sirio refugiado en Estados Unidos y que sí intervino en persona. Adnan explicó, por ejemplo, que cuando un gay es identificado y capturado por el Estado Islámico, este investiga tanto su teléfono como sus cuentas en redes sociales para identificar y perseguir a sus contactos.

Subhi Nahas (el joven de la foto), cuyo testimonio puedes leer íntegro en inglés, en francés y en árabe, contó como la situación de los gais en su país comenzó a ser un infierno ya en el año 2011, al inicio de las revueltas contra el Gobierno de Siria, cuando este impulsó una campaña mediática acusando a los disidentes de ser homosexuales y organizó redadas contra los locales en los que solían reunirse, deteniendo y torturando a muchos de ellos. La situación fue aún peor cuando en octubre de 2012 Idlib, la ciudad en la que vivía, cayó bajo el control de Al Qaeda: la persecución y la tortura de personas homosexuales se convirtió en norma. En 2014, finalmente, el control de la ciudad pasó de Al Qaeda al Estado Islámico, y fue entonces cuando la persecución homófoba pasó a ser un instrumento de propaganda y las ejecuciones se convirtieron en festejos a los que la multitud llevaba incluso a los niños para que participaran en las lapidaciones. Subhi Nahas no se atrevía a salir de su casa, pero incluso allí dentro no se sentía seguro: no se fiaba ni de su propio padre, enfurecido tras averiguar que su hijo era homosexual.

Dos meses después el joven consiguió escapar al Líbano y luego a Turquía, donde tampoco pudo sentirse seguro. Según explica, mientras se encontraba en ese país recibió amenazas de muerte provenientes de un antiguo amigo del colegio, que se había unido al Estado Islámico. “Era solo cuestión de tiempo que me encontraran y me mataran”, asegura. Finalmente pudo refugiarse en Estados Unidos, donde se ha convertido en uno de los embajadores de ORAM, organización en favor de los derechos de los refugiados, demandantes de asilo y migrantes.

Pero las de los dos jóvenes sirio e iraquí, o las de los embajadores Barros y Power, no fueron las únicas voces que pudieron escucharse. Especialmente interesante resultó la intervención de Jessica Stern, directora ejecutiva de la International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC), que tras hacer un repaso de la situación de las personas LGTB en la región (puedes leer aquí su intervención, en inglés) hizo cinco recomendaciones prácticas que deberían implementarse de forma inmediata: que todas las agencias de Naciones Unidas en Irak y Siria elaboren programas adaptados a la realidad LGTB; que Naciones Unidas y los gobiernos actúen con urgencia a la hora de acoger a las personas que lo soliciten; que el gobierno de Irak elimine todo tipo de barreras en el acceso de las personas LGTB a los servicios y a la justicia; que este mismo gobierno de Irak respete la libertad de expresión y que se fomenten las donaciones a todo tipo de iniciativas en favor de las personas LGTB en Siria e Irak.

Siria, Irak y el Estado Islámico: un infierno para la comunidad LGTB

Siria e Irak, hace años estados de tradición laica (vinculada al baazismo) en los que las personas LGTB podían encontrar pequeños espacios de libertad, han acabado por convertirse para ellas en un infierno. En Irak, la homosexualidad fue legal hasta 2001, cuando Sadam Hussein, para contentar a los sectores religiosos, decidió castigarla con cárcel y, en caso de reincidencia, con pena de muerte. Tras la invasión, la situación se sumió en un estado de confusión. La entonces autoridad administrativa estadounidense ordenó en 2003 retrotraer los códigos penal y civil a la situación vigente en los 70, pero la diversidad de autoridades existentes según la zona del país, así como el papel preponderante que los líderes religiosos alcanzaron, facilitó que la persecución de las personas LGTB fuera en aumento. En los años sucesivos la situación no hizo más que empeorar, y las denuncias sobre el secuestro, la tortura y el asesinato de homosexuales, involucrando además a las fuerzas de seguridad, no hacían sino aumentar en todas las zonas del país.

En el área suní de Irak, la situación de descontento con el régimen surgido de la invasión, unida a la difusión de las ideas religiosas más radicales, terminó por cristalizar en el surgimiento del Estado Islámico (también conocido por las siglas ISIS o simplemente IS), que también controla ya una parte importante de Siria. En este último país, la revuelta contra el régimen de Bashar al-Asad, alentada en sus inicios desde los países occidentales (y de la que ya en 2013 conocíamos sus consecuencias para los homosexuales sirios) ha confluido finalmente en el mismo fenómeno. Aunque, como se ha señalado más arriba, el propio régimen de Asad utilizó la persecución de los homosexuales como un instrumento de propaganda contra los rebeldes.

La IGLHRC ha cuantificado hasta el momento en treinta el número de personas que el Estado Islámico, en este ejercicio de propaganda, asegura haber ejecutado públicamente por ser homosexuales. Así lo documenta el siguiente vídeo, preparado expresamente para ser mostrado en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que en este caso consideramos de interés insertar pese a nuestra resistencia a mostrar imágenes de estos asesinatos (el vídeo evita las imágenes más terribles, aunque advertimos de que aun así algunas de ellas pueden herir a las personas más sensibles):

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Respetar los derechos humanos es algo positivo para el país, salvo si ello es contrario al Islam. Este es el peculiar argumento de Najib Razak, primer ministro de Malasia, para negarse a proteger al colectivo LGTB. “Aunque en términos de definición, los derechos humanos se han definido universalmente, nosotros todavía definimos los derechos humanos en el país en el contexto del Islam y la sharía”, ha espetado Razak. El jefe del gobierno malasio considera que, aunque se trate de una postura difícil de sostener en el plano internacional, “debemos defender nuestra propia definición de los derechos humanos”. Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han criticado con contundencia estos planteamientos. Para entender el alcance de la situación en Malasia baste recordar que, el pasado mes de febrero, el líder de la oposición, Anwar Ibrahim, fue condenado a cinco años de prisión por ‘sodomía’.

En opinión del Gobierno de Malasia, las personas LGTB no merecen la aplicación de los derechos humanos porque tal cosa contradeciría, según su punto de vista, el Islam y la sharía (la ley islámica). “Esto es lo que tenemos que defender”, ha asegurado el primer ministro, Najib Razak. Todavía más grave y esperpéntico, si cabe, es la asociación que Razak ha hecho entre el colectivo LGTB y el Estado Islámico (EI): “Grupos como el Estado Islámico y las lesbianas, gais, bisexuales y transexuales se dirigen a la generación más jóvenes … y parecen tener éxito en influir en ciertos grupos de la sociedad”. Una comparación que resulta especialmente miserable, teniendo en cuenta que el EI asesina de forma violenta y brutal a las personas LGTB.

En Cristianos Gays hemos recogido algunas de las ejecuciones espeluznantes del EI, de las que los propios asesinos se encargan de distribuir material audiovisual. De hecho, hace solo unos días, nos hacíamos eco de que las Naciones Unidas debatirá sobre la persecución a las personas LGTB por el EI, debido a la gravedad del asunto. Ignorando esta realidad o restándole importancia (difícil de juzgar qué es peor), el primer ministro malasio argumenta que “algunos se disfrazan detrás de los derechos humanos para legitimar sus acciones, que se han desviado de las enseñanzas islámicas”. Un claro desprecio a la comunidad LGTB. Para Najib Razak tanto el Estado Islámico como el colectivo LGTB son “extremistas” y ambos utilizan el concepto de ‘libertad’ con el fin de imponer sus puntos de vista sobre los demás. Razak, a pesar de la crudeza de sus declaraciones, se arroga a sí mismo una pretendida (y falsa) postura de “moderación” y “centralidad”.

Recordemos, por otra parte, que el jefe de la oposición de este país del sudeste asiático, Anwar Ibrahim, tendrá que pasar los próximos cinco años en la cárcel, después de que el Tribunal Federal ratificara la sentencia por ‘sodomía’, emitida contra él en febrero. Un caso que, a diferencia de lo que ocurre en relación a otros países con los que existe rivalidad, no es denunciado con la misma contundencia por los líderes políticos y mediáticos, ni acapara grandes titulares o portadas.

Críticas desde Malasia y desde las ONG internacionales

La propia Comisión de Derechos Humanos de Malasia (Suhakam) ha señalado que todo el mundo tiene derecho a los derechos humanos básicos y que estos no pueden restringirse utilizando como pretexto la raza o la religión. Según el presidente de Suhakam, Tan Sri Hasmy Agam, “esto no solo puede enviar un mensaje engañoso, tanto a nivel nacional como internacional, sino que puede socavar la posición de respeto internacional de Malasia, en particular en las Naciones Unidas, así como el trabajo de la Comisión, que tiene incansablemente desde sus inicios la misión de la promoción y la protección de los derechos humanos en el país”.

El subdirector de Human Rights Watch en Asia, Phil Robertson, se ha mostrado “sorprendido” por la decisión. Robertson considera que la postura que el Gobierno malasio ha asumido de ignorar la protección de las personas LGTB y su visión particular sobre el concepto de ‘derechos humanos’ aleja al país de los organismos internacionales. Para este responsable de Human Rights Watch, “la respuesta lógica sería que Malasia dimitiera de la ONU” si no se atiene a asumir sus reglas de juego. Por este motivo, Robertson  se pregunta: “¿Malasia está dispuesta a hacer eso?”.

También Amnistía Internacional ha alzado su voz para recordarle al primer ministro y a su Gobierno que “los principios de la Declaración Universal son universalmente los principios aceptados del derecho consuetudinario e internacional de derechos humanos. En virtud de su universalidad, estos principios tienen prioridad sobre las religiones, con el fin de atribuir un sentido de igualdad entre todas las personas”. Aunque Malasia se incorporó a la ONU en 1957, asumiendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional insta a que el país firme los tratados de derechos humanos relacionados, que en conjunto constituyen la Carta Internacional de Derechos Humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como sus dos Protocolos Facultativos.

Hasta 20 años de prisión por ser homosexual

La cuestión de los derechos de las personas LGTB en Malasia no se reduce a una discusión sobre conceptos y definiciones. La cruda realidad es que la homosexualidad está perseguida y se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel (especialmente las relaciones entre hombres gais). En 2011 publicábamos las intenciones de varios líderes musulmanes malasios de endurecer las medidas contra la homosexualidad. Malasia es un país de variada composición étnico-religiosa, aunque de mayoría musulmana, en el que conviven leyes civiles, de obligado cumplimiento para todos, y leyes islámicas, de aplicación a los ciudadanos musulmanes.

Venimos dando cuenta de la LGTBfobia social y política imperante en este pequeño estado peninsular de Asia. Algunos ejemplos son el anuncio de censura de programas con personajes homosexuales, la cancelación de un Festival que se celebraba desde 2008 para promover el respeto a la diversidad sexual o la censura de la canción Born This Way, de Lady Gaga, por su contenido LGTB. También en 2012, un joven gay musulmán recibía amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario. Con anterioridad, concretamente en noviembre de 2008, informábamos sobre un edicto de las autoridades musulmanas contra las “actitudes masculinas” en las mujeres, entre las que se incluía el lesbianismo y el vestir “como hombres”.

Con información de Dosmanzanas

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Y el papa Francisco no ha dicho aún ni una palabra…  ¿a qué espera? ¿a que nos exterminen?

Por primera vez en su historia el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tratará expresamente sobre la situación de las personas LGTB en una parte del mundo. Será el próximo 24 de agosto, a petición de Chile y Estados Unidos, que pondrán sobre la mesa la persecución de este colectivo en el territorio actualmente bajo control del denominado Estado Islámico. Los asistentes a la reunión, de carácter informal, escucharán los testimonios de dos víctimas que han conseguido escapar del horror. 

La reunión del Consejo de Seguridad será auspiciada por Cristián Barros y Samantha Power, embajadores ante las Naciones Unidas de Chile y Estados Unidos, respectivamente, y abordará qué tipo de protección deberían recibir las personas LGTB, así como definir las acciones que la comunidad internacional está dispuesta a adoptar para detener la sangría. Ante el Consejo intervendrán dos hombres, uno iraquí y otro sirio, que han sido víctimas de persecución por milicianos islamistas por ser homosexuales, y que por fortuna han conseguido escapar del horror.

Al tener un carácter informal, sin embargo, la asistencia de los países miembros del Consejo de Seguridad es voluntaria. Habrá que ver, por tanto, cuántos y cuáles asisten, dados los muy diferentes puntos de vista sobre los derechos LGTB entre sus actuales componentes. Además de los cinco permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia) el Consejo de Seguridad está ahora compuesto por Angola, Chad, Chile, España, Jordania, Lituania, Malasia, Nigeria, Nueva Zelanda y Venezuela. Una composición que, honestamente, no nos hace ser especialmente optimistas.

El Estado Islámico (también conocido por las siglas ISIS o simplemente IS) ha hecho de la persecución de las personas LGTB, y muy singularmente de los varones que mantienen relaciones con otros hombres o que son percibidos como homosexuales, uno de sus principales elementos de propaganda. Cada cierto tiempo son difundidas imágenes de ejecuciones. A finales de julio, por ejemplo, era difundido un vídeo en el que se podía ver como dos jóvenes, supuestamente acusados de mantener relaciones homosexuales, eran arrojados desde lo alto de un edificio en Palmira (Siria) y posteriormente lapidados. A finales de junio, otros cuatro hombres eran arrojados también desde lo alto de un edificio en Deir ez-Zor, también en Siria, muertes que activistas islamistas aprovecharon para “celebrar” a su modo en redes sociales la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos a favor del matrimonio igualitario.

Antes ya habíamos recogido la ejecución de dos hombres a los que además se les dijo, pocos segundos antes de ser lapidados hasta la muerte, que habían sido “perdonados”. Tras ser conducidos a una explanada con los ojos vendados y abrazarse a uno de sus verdugos, fueron lapidados hasta la muerte por una horda enfervorecida que continuó lanzándoles piedras incluso cuando era ya evidente que habían fallecido. Ocurrió en un lugar indeterminado de Siria. O el degollamiento de cuatro jóvenes en Mosul, ciudad iraquí en manos de los islamistas en la que semanas antes otros dos hombres eran arrojados desde lo alto de un edificio. O la muerte de otro joven arrojado al vacío en Raqqa (Siria); la muerte por lapidación de dos hombres, también en la provincia siria de Deir ez-Zor; el asesinato de otro hombre en un lugar indeterminado, arrojado también desde lo alto de un edificio, o el asesinato de otro hombre de unos cincuenta años arrojado al vacío en Tal Abyad (Siria), luego lapidado al sobrevivir a la caída.

Son solo algunas de las muertes que han trascendido. Como otras veces hemos destacado, resulta imposible disponer de información contrastada sobre estos asesinatos. En realidad es difícil saber si se trata de personas LGTB o simplemente de opositores al Estado Islámico a los que se acusa de serlo como pretexto para asesinarlos y utilizar sus muertes como propaganda. Organizaciones en favor de los derechos LGTB hacían en enero un llamamiento a la prudencia, con objeto de no exacerbar el miedo de las personas LGTB que viven en la zona y causar daños mayores. Sin embargo, cada vez resulta más difícil pensar que no asistimos simplemente a un proceso de exterminio, máxime cuando hay testimonios que aseguran que los islamistas se hacen pasar por homosexuales como “gancho” para así atrapar a sus víctimas.

Un infierno para la comunidad LGTB

Siria e Irak, hace unos años estados tradición laica (vinculada al baazismo) en los que las personas LGTB podían encontrar pequeños espacios de libertad, han acabado por convertirse para ellas en un auténtico infierno.

En Irak, la homosexualidad fue legal hasta 2001, cuando Sadam Hussein, para contentar a los sectores religiosos, decidió castigarla con cárcel y, en caso de reincidencia, con pena de muerte (aunque la legislación no llegó a ser aplicada). “Entonces teníamos clubes nocturnos, bares, áreas de encuentro y una red de asambleas sociales”, explicaban en su momento desde la organización Iraqi LGBT. Tras la invasión, la situación se sumió en un estado de confusión. La entonces autoridad administrativa estadounidense ordenó en 2003 retrotraer los códigos penal y civil a la situación vigente en los 70, pero la diversidad de autoridades existentes según la zona del país, así como el papel preponderante que los líderes religiosos alcanzaron, facilitó que la persecución de las personas LGTB fuera en aumento. En los años sucesivos la situación no hizo más que empeorar, y las denuncias sobre el secuestro, la tortura y el asesinato de homosexuales, involucrando además a las fuerzas de seguridad, no hacían sino aumentar en todas las zonas del país.

En el área suní, la situación de descontento con el régimen surgido de la invasión, unida a la difusión de las ideas religiosas más radicales, terminó por cristalizar en el surgimiento del Estado Islámico, que también controla ya una parte importante de Siria. En este país, la revuelta contra el régimen de Bashar al-Asad, alentada en sus inicios desde los países occidentales (y de la que ya en 2013 conocíamos sus consecuencias para los homosexuales sirios) ha confluido finalmente en el mismo fenómeno.

Fuente Dosmanzanas

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En un giro que ha sido bien recibido por los colectivos LGTB, el Gobierno de Costa Rica ha decidido dejar de lado el tan traído y llevado proyecto de “sociedades de convivencia” y rescatar un proyecto de ley previo que buscaba equiparar a las parejas de hecho del mismo sexo con las heterosexuales, sin crear una institución jurídica distinta. Ahora la dificultad estriba en el procedimiento, dado que el plazo original de discusión del proyecto ha vencido ya.

Costa Rica es el primer país centroamericano en discutir el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, pero el proceso está siendo realmente complicado, hasta el punto de que es la justicia la que se ha acabado por adelantar. Lo contábamos con detalle hace unas pocas semanas: un juzgado de familia ha reconocido la convivencia entre Cristian Zamora y Gerald Castro, que iniciaron el proceso legal en 2013, y concedía a la pareja los derechos derivados de una unión de hecho. Un fallo de gran importancia, pero que se limita, eso sí, a la pareja demandante. Y unas semanas antes recogíamos otra sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que fallaba a favor de un médico gay, a cuya pareja el Colegio de Médicos y Cirujanos -del que es socio- había denegado el derecho a disfrutar de sus instalaciones recreativas.

¿Por qué se retrasa, sin embargo, el reconocimiento por vía legislativa? La complicación estriba, además de en la composición de la Asamblea de Costa Rica (muy fragmentada) en la figura jurídica elegida. El contexto político, en cualquier caso, es el mejor que ha habido nunca en se país. Ya desde el principio de su mandato, el presidente Luis Guillermo Solís rompía moldes eligiendo a un ministro abiertamente gay para la cartera de Turismo y haciendo ondear, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, la bandera arco iris en diversas dependencias oficiales, incluida la sede de la presidencia. Gestos sin precedentes en Centroamérica, bien recibidos por activistas LGTB y muy criticados por los sectores conservadores.

La apertura de un nuevo periodo por lo que a los derechos LGTB se refiere quedó simbolizado, poco después de la elección de Solís, por la decisión de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social de que los trabajadores de Costa Rica puedan incluir a sus parejas del mismo sexo en los beneficios del sistema de seguridad social por lo que a la atención médica se refiere. La decisión fue saludada muy efusivamente por el propio presidente de Costa Rica e incluso mereció una felicitación expresa a Costa Rica desde Naciones Unidas.

Sin embargo, pese lo esperanzador del nuevo periodo, el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo, que Costa Rica lleva años debatiendo, se resiste a avanzar. En legislaturas anteriores siempre acababa encontrando el freno de los cada vez más influyentes grupos evangélicos costarricenses y sus representantes políticos, entre ellos el que en su momento llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, el pastor Justo Orozco (un conocido homófobo). Por fin, activistas LGTB se reunían en marzo con representantes del Gobierno para exigirles avances en esta materia, una reunión tras la cual la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, anunciaba que el Gobierno promovería la discusión de los dos proyectos sobre la materia que se encontraban en trámite parlamentario (el de sociedades de convivencia y el de uniones de hecho), para unificarlos en un solo texto que reuniese apoyo suficiente. Sin embargo, como ya ha sucedido con anterioridad, el proceso se ha enquistado, y no ha sido hasta esta semana cuando el Gobierno por fin decidía –o eso parece– dar carpetazo a la idea de crear una figura jurídica nueva (las “sociedades de convivencia”) y optar por reformar la ya vigente legislación de uniones de hecho para incluir a las parejas del mismo sexo, como planteaba el otro proyecto.

Colectivos LGTB: no a figuras específicas fuera del Código de Familia

Descartada la aprobación de una ley de matrimonio igualitario, que en ningún momento ha estado sobre la mesa, los colectivos LGTB consideran esta la mejor opción. En Costa Rica, las uniones de hecho adquieren prácticamente los mismos derechos que el matrimonio tras acreditar ante un juez tres años de convivencia. Su reforma para abrirlas a las parejas del mismo sexo supone la modificación del Código de Familia con carácter general, sin necesidad de crear una institución jurídica “específica” para las parejas del mismo sexo no contemplada en el Código de Familia. Como bien señalaba el jefe de la unidad política del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), Francisco Madrigal, “el proyecto de ley de sociedades de convivencia, al crear una figura diferenciada para un sector de la población, sólo perpetúa la discriminación sin sentido”.

Existe, sin embargo, una dificultad procedimental: el proyecto de ley para reformar las uniones de hecho que el Gobierno pretende rescatar está ya fuera del plazo parlamentario, lo que impide su discusión inmediata. El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, considera sin embargo que la jurisprudencia de la Sala Constitucional permite su rescate durante el periodo de sesiones extraordinarias que tienen lugar a lo largo de este mes de agosto. En este sentido, Mora ha señalado que señaló que llevarán nuevamente a la mesa de diálogo con los colectivos LGTB la situación para que ahí mismo se defina una nueva ruta a seguir para abordar el tema. Estaremos pendientes del discurrir de los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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Las Naciones Unidas acordaron el pasado domingo el contenido de la agenda de desarrollo sostenible para los próximos quince años, que se votará el próximo mes de septiembre. El texto consensuado enumera diecisiete objetivos entre los cuales, a pesar de los esfuerzos de países como Brasil y Reino Unido, no habrá ninguna mención a la lucha contra la discriminación de las personas LGTB.

Decepción en la ONU. Tras una maratoniana discusión de dos días de duración sobre los puntos que se deberían incluir en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, los derechos LGTB han quedado finalmente excluidos. Según recoge la web de una organización “pro-familia” de Estados Unidos, el representante brasileño Guilherme de Aguiar Patriota habría presionado para conseguir “una redacción más progresista” de la lista de compromisos que incluyera, aunque fuera de manera implícita, los derechos LGTB.

La propuesta inicial era incluir la “sexualidad” como categoría merecedora de protección contra la discriminación. Si ello no se aceptaba, la frase a añadir sería la de “grupos sociales”, un término lo suficientemente amplio como para incluir a la comunidad LGTB sin mencionarla directamente. También se intentó sustituir el término “sexo” por el de “género” para reconocer a las personas trans.

Finalmente, ninguna de estas propuestas ha llegado a buen puerto. El texto acordado en las negociaciones lideradas por el embajador keniano Macharia Kamau contiene diecisiete objetivos. El décimo de ellos, en su segundo punto, insta a los Estados miembros a:

Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

En la redacción final habría sido determinante la postura intransigente de la delegación nigeriana, cuyo representante Usman Sarky exigió un texto “limpio” de referencias a la población LGTB o al aborto. El secretario general de la ONU Ban Ki-moon no hizo ningún comentario sobre este asunto, pero se felicitó por la próxima aprobación de una “agenda de desarrollo sostenible valiente, ambiciona y transformadora para los próximos quince años”.

Derechos LGTB en las Naciones Unidas: un complicado equilibrio

A pesar de algunos estancamientos como el que hoy recogemos, la ONU ha dado pasos muy importantes en los últimos tiempos en el reconocimiento de la realidad LGTB y la lucha contra la discriminación. Ya en 2011 fue aprobada una histórica resolución del Consejo de Derechos Humanos de condena de los actos de violencia y discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, que fue ratificada el año pasado.

Hace dos meses se publicó un informe sobre los derechos de las personas LGTB en el mundo que puede marcar un antes y un después, por el amplio alcance de sus recomendaciones. En 2014, Ban Ki-moon amplió el reconocimiento de las uniones del mismo sexo de los empleados de la organización independientemente de su lugar de origen. Una medida que provocó una disputa con Rusia (que se oponía a la misma) y en la que finalmente se impuso el criterio del secretario general.

Entre los acontecimientos negativos destaca el nombramiento en junio de 2014 del homófobo ministro de Exteriores de Uganda como presidente de la Asamblea General, o la exclusión de las personas LGTB en una resolución sobre la protección a la familia. Un difícil equilibrio entre los países más avanzados en esta materia (entre los que sorprende positivamente el compromiso de los latinoamericanos) y los más virulentamente contrarios a la igualdad LGTB complica muchas veces las discusiones, pero poco a poco se van logrando avances bastante significativos.

Fuente Dosmanzanas

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La FELGTB quiere hacer público su apoyo a seis entidades de defensa de los derechos humanos y de profesionales de la sanidad que se han dirigido al Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para exigirle que incluya la cuestión de la asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación administrativa irregular en el orden del día del próximo Consejo Interterritorial de Salud, que se celebrará este 29 de julio en Madrid.

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge, SEMFyC, SESPAS y Odusalud solicitan a las autoridades centrales y autonómicas representadas en el Consejo que debatan y adopten acuerdos sobre la urgencia de poner en práctica las recomendaciones emitidas por más de una decena de mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas y el Consejo de Europa, que han instado al Gobierno español a asegurar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas que viven en España.

Además, a la puerta del Ministerio, activistas de estas asociaciones entregarán botiquines –que contienen el listado de recomendaciones internacionales– al ministro y a los y las representantes de las Consejerías de Sanidad autonómicas participantes en la reunión.

Las últimas recomendaciones internacionales provienen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, quien ha destacado que el Real Decreto Ley 16/2012 ha tenido un impacto desproporcionado sobre las mujeres migrantes y que con él se ha perdido una oportunidad para identificar a las víctimas de violencia de género y a las víctimas de trata de personas y apoyar a las víctimas de violencia sexual. El Comité recomienda que se reforme el Real Decreto Ley para garantizar el acceso a la atención sanitaria a todas las personas.

En el mes de mayo, también el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación de la mujer en la legislación y en la práctica instó al Gobierno a asegurar la cobertura sanitaria para todas las personas migrantes y calificó el Real Decreto Ley 16/2012 como una medida regresiva incompatible con las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha recomendado a España que las personas migrantes no sean discriminadas en el acceso a la atención de la salud.

Exigimos medidas definitivas, no parches

En las últimas semanas, dos autonomías –Comunidad Valenciana y Baleares– han anunciado la extensión de la tarjeta sanitaria a todas aquellas personas empadronadas en sus territorios. Se suman así a otras comunidades que han adoptado medidas para garantizar el acceso de personas migrantes a la atención sanitaria, como Asturias, Andalucía, o Euskadi y Navarra, que han llegado a garantizar por ley la universalidad de la atención sanitaria.

Las organizaciones firmantes consideran que el anuncio del ministro del pasado mes de marzo en relación con el acceso a la atención primaria de las personas hasta ahora excluidas es un paso en la dirección correcta, pero también es solo una medida paliativa y, por tanto, insuficiente. Lo importante -consideran las entidades- es reformar la legislación que consagra esta exclusión sanitaria y blindar definitivamente el acceso a la salud como un derecho humano.

Mientras esto llega, es necesario recordar a los gobiernos autonómicos que también ostentan obligaciones internacionales en materia del derecho a la salud y que pueden y deben llegar al límite de sus competencias para asegurar que se restaure la universalidad de este derecho. Además, las autonomías gobernadas por aquellas fuerzas políticas que suscribieron públicamente su compromiso con la restitución de la cobertura sanitaria universal en España tienen ahora una oportunidad de oro para exigir al gobierno central cambios legislativos urgentes que permitan alcanzar este objetivo.

En este sentido, organizaciones como Médicos del Mundo y las integradas en el observatorio Odusalud se preguntan de qué forma las nuevas medidas que se pongan en marcha van a contemplar la restitución del daño causado hasta ahora por la exclusión sanitaria, en concreto con las facturas y compromisos de pago emitidos.

Las entidades firmantes de la carta al ministro, que llevan denunciando el impacto de la reforma sanitaria desde su aprobación y documentando sus efectos con sus propios medios, han exigido reiteradamente al Gobierno que evalúe qué consecuencias ha tenido el Real Decreto Ley 16/2012 sobre el derecho a la salud de las personas afectadas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

 Los mecanismos internacionales que han instado a las autoridades a garantizar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación son: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; la Relatora Especial de extrema pobreza y derechos humanos; el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; el Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales; el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el Comité Europeo de Derechos Sociales; el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas; Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas; el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica y 9 países en el marco del mecanismo de Examen Periódico Universal.

General Alfonso Alonso, Amnistía Internacional, Discriminación, España, FELGTB, Médicos del Mundo, Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, Naciones Unidas, Odusalud, Red Acoge, Salud, SEMFyC, SESPAS