Se trata del tercer cónclave sobre educación convocado  por la Red. El evento contó con las participaciones del Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas, Víctor Madrigal-Borloz, de la Diputada de Cáceres, Amelia Molero Fragoso, de la relatora de la CIDH, Flávia Piovesan, entre otros/as.

Red Iberoamericana de Educación LGBTI, de la cual forma parte el Movilh organizó entre el jueves pasado y el sábado 28 el Primer Encuentro Internacional sobre Docencia Trans, contando con la participación de académicos/as, activistas y autoridades diversos países de América Latina y España.

El cónclave tuvo entre sus fines debatir “sobre la articulación de docentes trans como motor de cambio en el contexto educativo y como referente positivo y visible para niños, niñas y adolescentes LGBTI”, así como “la puesta en común de buenas experiencias de docentes trans, visibilizándoles como herramienta de cambio y sensibilización”.

Financiado por la Diputación de Cáceres, el cónclave es el tercero de “Actorías sobre Educación y Diversidad Sexual y de Género que organiza la RIE, referente integrado por Diversidad y Derechos (Argentina), Colombia Diversa (Colombia), Colectivo Trans del Uruguay (CTU), Fundación Igualdad LGBT (Bolivia),Fundación Triángulo (España), Instituto Brasileiro Trans de Educação (Brasil), Movilh (Chile) y Promsex (Perú).

Inaugurado por el  Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas, Víctor Madrigal-Borloz, por la Diputada de Políticas Sociales, Igualdad, Participación y Atención Ciudadana de Cáceres, Amelia Molero Fragoso y los/as representantes de Fundación Triángulo, José María Núñez y Silvia Tostado Calvo, el evento debatió sobre “experiencias y estrategias en la práctica pedagógica trans en Iberoamérica”, “violencia y desafíos en el ejercicio personal de la docencia trans” y “fortalezas y oportunidades en el ejercicio profesional de la docencia trans”

 La iniciativa tuvo exponentes y participantes a docentes LGBTI, la mayoría trans, sí como a autoridades

Docentes trans de Iberoamérica discuten el impacto de la práctica pedagógica desde profesionales de la educación trans, tanto a nivel escolar, como universitario, durante el 3 Encuentro de Actorías Claves sobre Educación y Diversidad Sexual y de Género #TransformandoLaDocencia 🌈 pic.twitter.com/Mcs9h12CKz

— Fundación Triángulo (@FTriangulo) November 28, 2020

 En el primer día expusieron los/as docentes Lucas Platero Méndez (España), Jacqueline Gomes de Jesus (Brasil) y  Tamara Adrián (Venezuela); en el segundo; el académico Hernando Muñoz (Colombia Diversa,) la funcionaria de la Unesco, Mary Guinn Delaney y los/as profesoras/as, Collette Spinetti (CTU, Uruguay), Sayonara Nogueira (IBTE, Brasil), Andreia Lais Cantelli (Brasil), Alba Rueda (Argentina) y Alex Castillo (Guatemala).

Finalmente hoy será el turno de la Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de CIDH, Flávia Piovesan,  de la activista Lidia Delgado (Fundación Triángulo) y de los/as docentes Brigitte Baptiste (Colombia), Bruno Montenegro (Perú) y  Dayanna Louise (Brasil)

Actuó como moderador principal el activista de Promsex, George Liendo, junto a Thomas Nader (Brasil),  Sayonara Nogueira (IBTE, Brasil) y Collete Spinetti (CTU, Uruguay), mientras que los cierres de las jornadas estuvieron a cargo de María Victoria Tavieres Castro (100% Diversidad y Derechos, Argentina) y Ramon Gomez (Movilh-Chile).

Fuente MOVILH

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Ilustración: Florencia Capella 

Albania aprueba una legislación que protegerá a los bebés intersexo frente a operaciones de asignación de sexo innecesarias y se convierte en uno de los pocos países del mundo en tener una legislación sobre este problema

La intersexualidad humana es una condición biológica que permite la coexistencia en el mismo organismo de atributos sexuales masculinos y femeninos.

A pesar de que las Naciones Unidas ya han exigido una cuarentena de veces desde 2011 que se ponga fin a la cirugía de asignación de sexo en bebés intersexo (aquellos que nacen con rasgos genitales tanto masculinos como femeninos), lo cierto es que pocos países le han hecho caso.

Tras prohibir el pasado mes de mayo las “terapias de conversión”, Albania ahora es también uno de esos pocos países (entre los que se encuentran Malta, Chile y Portugal) que ya tiene una legislación que protege los derechos de esos bebés. Y es que desde el Ministerio de Sanidad del país se ha promovido una ley que prohibirá explícitamente cualquier tipo de cirugía innecesaria en los bebés intersexo (un 1.7%, más o menos) para que sus rasgos genitales encajen con las expectativas sociales sobre qué deberías tener entre las piernas.

Gracias a esta nueva ley todas las cirugías que no sean necesarias para la salud del bebé quedan prohibidas, y en caso de que los progenitores no actúen según los consejos médicos se establecerá un proceso estricto (en el que se involucrará a la Unidad de Protección del Menor) para que un grupo multidisciplinar explique bien la situación a los padres.

Además los doctores que se nieguen a seguir ese protocolo se arriesgan a perder su licencia o incluso ser procesados judicialmente.

FuentePink News, vía La SuperQueer

General, Historia LGTBI Albania, Cirugía, Cirugía de asignación de sexo, Intersexualidad, Naciones Unidas, Niños intersexuales, Sociedad de Ayuda Legal de Tirana (TLAS)

El primer ministro de Luxemburgo ha vuelto a dar una lección de visibilidad y compromiso con la igualdad en el ámbito internacional. En un discurso ante el grupo informal LGTB de las Naciones Unidas, Xavier Bettel ha hecho un llamamiento a combatir las expresiones de odio que están en la raíz de la estigmatización y la violencia contra la comunidad. Se trata de la primera vez que un líder abiertamente homosexual aborda los derechos LGTB en Naciones Unidas. Bettel denunció hace unos meses, ante mandatarios de la Liga de Estados Árabes, las leyes que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en sus países.

La última semana de septiembre tuvo lugar el debate general de la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Al margen de los discursos en el plenario, que reciben la mayor parte de la atención mediática, tuvieron lugar numerosos encuentros temáticos y sectoriales sobre diferentes asuntos. Entre ellos está el Grupo Central LGTBI, una reunión informal de representantes de 29 Estados miembros junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (presidido por la expresidenta chilena Michelle Bachelet) y las ONGs Human Rights Watch y OutRight Action International.

En este marco es donde el primer ministro de Luxemburgo intervino. En su alegato, Xavier Bettel apeló a su responsabilidad, como líder político abiertamente gay, de alertar sobre el auge de los discursos de odio. Bettel se dirigió a los mandatarios mundiales pero también a cada uno de los ciudadanos que es testigo de expresiones LGTBfobas. «Esto empieza con vuestros políticos, pero alcanza también a una velada familiar, a una cena con amigos, con familia. Si tienen un discurso de odio, nunca lo debéis aceptar», reclamó. El jefe del Gobierno luxemburgués recalcó que la homofobia, a diferencia del hecho de ser homosexual, sí es «una elección personal».

No es la primera vez que Xavier Bettel se destaca en la esfera internacional por su reivindicación de la igualdad LGTB. En febrero de este año, el mandatario participó en la cumbre entre la Unión Europea y la Liga de Estados Árabes, donde hizo referencia a su condición de hombre homosexual casado con otro hombre, un hecho que podría ser castigado con la pena de muerte en muchos de los países representados en la reunión. «Si yo, como persona gay, no hablara de eso, tendría un problema», aclaró posteriormente el primer ministro.

Xavier Bettel nunca ha ocultado durante su carrera política su orientación sexual. Tampoco ha dudado en aparecer acompañado de su pareja con total naturalidad en actos oficiales incluso en El Vaticano, desde que en octubre de 2011, a los 38 años, fuera elegido alcalde de Luxemburgo y se convirtiera en el tercer alcalde abiertamente gay de una capital europea tras París (Bertrand Delanoë) y Berlín (Klaus Wowereit), lo que le convirtió en su día en una de las figuras políticas más importantes del Gran Ducado.

Visibilidad LGTBI al frente de los Gobiernos

Tras su proclamación como primer ministro, Bettel fue también la tercera persona abiertamente homosexual en ocupar la jefatura de Gobierno de un estado soberano, tras la islandesa Jóhanna Sigurðardóttir y el belga Elio Di Rupo. Una vez en el Gobierno, no tardó en promover una ley de matrimonio igualitario, que tomó efectos el 1 de enero de 2015. Tras su boda con el arquitecto Gauthier Destenay, celebrada en mayo del mismo año, se convirtió en el segundo mandatario en contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo mientras ostentaba su cargo, pues Jóhanna Sigurðardóttir se casó con Jonina Leosdottir durante su mandato, y el primero de la Unión Europea.

Además de Bettel, actualmente lideran el Gobierno de sus respectivos países el abiertamente gay Leo Varadkar (Irlanda) y la abiertamente lesbiana Ana Brnabić (Serbia).

Fuente Dosmanzanas

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Espantosa noticia la que nos llega desde Guatemala, donde el joven José Roberto Díaz, de 18 años, fue torturado y asesinado en lo que claramente parece ser un delito de odio: sus asesinos le grabaron a cuchillo en su cuerpo insultos homófobos.

El asesinato ocurrió en el departamento de Huehuetenango, al noroeste del país. El cuerpo de José Roberto Díaz, un joven maquillador de 18 años, fue encontrado por sus vecinos en un terreno baldío el pasado 25 de marzo. Según publica Nómada, su última conexión en WhatsApp había sido el 24 de marzo, a las 19:37 de la tarde. Desde entonces permanecía desaparecido. Sus verdugos, que lo torturaron visiblemente antes de asesinarlo, dejaron su cuerpo grabado con insultos homófobos («hueco», «morro», «maricón») y, según informa la agencia Presentes, con el número 18, símbolo de una de las maras o pandillas más violentas de Centroamérica.

José Roberto Díaz era abierta y orgullosamente gay, lo que le había valido insultos y amenazas. Una de sus aficiones era el transformismo, y de hecho había ganado ya tres títulos bajo el nombre de Alessandra Villamizar. Contaba con la ayuda y el apoyo de su madre, y su gran aspiración era tener su propio salón de belleza. Además se había implicado como activista en Trabajando Unidos, un colectivo LGTB de Huehuetenango. «Como una estrella en el cielo serás recordado, porque viniste a ser luz para quienes te conocimos, él era reina y para esta reina habrá justicia. Para Josecito, como lo conocíamos cariñosamente, exigiremos justicia, gritaremos, aullaremos hasta que nuestra voz se enronque… Gritaremos para que te escuchen y morderemos si es necesario para alcanzar toda la justicia que mereces, en tu memoria y en tu nombre no desistiremos», puede leerse en su página de Facebook. En otro mensaje más formal publicado en esta misma red social, la organización a la que pertenecía el asesinado ha hecho además un llamamiento a denunciar los actos de intimidación «para reafirmarle a la sociedad, a las personas que no creen y desacreditan nuestras luchas y a las autoridades, que somos agentes de derechos, que no pueden violentarlos y sobre todo que estamos articulados, y que no permitiremos que estos sucesos sigan siendo las únicas miradas que se le den a la comunidad LGTBIQ».

Guatemala: una realidad muy difícil para el colectivo LGTB

Según el último informe sobre homofobia de Estado de ILGA, el colectivo LGTB guatemalteco se enfrenta a violencia desde múltiples frentes, que van desde la represión policial a las bandas de delincuencia organizada, además de a la enorme presión de grupos conservadores altamente LGTBfóbicos que incluso han promovido la discusión en el Congreso de la República de la mal llamada «Ley para la Protección de la Vida y la Familia», que entre otras cosas busca prohibir la información sobre diversidad sexual en los colegios.

Por desgracia, resulta difícil cuantificar dicha violencia contra las personas LGTB, que en Guatemala no gozan de protección contra la discriminación. Según un informe de 2018del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas referido a ese país, «al Comité le preocupa que la legislación no prohíba la discriminación y los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género y no proteja el derecho al reconocimiento de la identidad legal de las personas transgénero. También se muestra preocupado por el aumento de las muertes de mujeres transgénero y por las deficiencias en el registro e investigación de actos violentos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima, y lamenta la falta de datos consolidados sobre las investigaciones, procesamientos, enjuiciamientos, sanciones y reparaciones otorgadas en casos de violencia y delitos de odio contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales».

En cualquier caso, la violencia parece estar a la orden del día. Según datos de la organización Oasis publicados en 2017, cada año se registran cerca de 18 asesinatos de personas LGTBI en Guatemala, que en muchos casos son reportados como «crímenes pasionales» o muertes provocadas por la delincuencia común. Dicha organización estimaba entonces que la cifra real de personas asesinadas sería tres veces mayor, debido a que muchos casos ni siquiera llegaban a su conocimiento.

General, Homofobia/ Transfobia. Asesinatos, Delitos de Odio, Guatemala, Homofobia, Huehuetenango, José Roberto Díaz, LGTBfobia, Naciones Unidas, Nómada, Oasis, Presentes, Trabajando Unidos Huehuetenango

Y  “vuelta la burra al trigo”, es una expresión popular que se usa para expresar hartazgo y fastidio frente a algo que se repite numerosas veces, como por ejemplo una opinión, argumento o error, sin que el interlocutor enmiende un ápice su discurso; incluso repitiéndolo cuando se ha dado por zanjado el asunto. Y esto es lo que sentimos ante la mentirosa expresión de “Ideología de género” inventada por el Vaticano para atacar la igualdad de la mujer y la homosexualidad… Ya lo advertimos cuando se publicó la encíclica “Laudato Si“, donde Francisco vertió el que posiblemente ha sido el más importante ataque a las personas transexuales surgido del ámbito católico en los últimos años. La encíclica sobre el medio ambiente, que tantas alabanzas ha recibido incluso desde círculos progresistas, contiene un claro mensaje tránsfobo. Es, en concreto, en el punto 155 de la encíclica, donde el papa aprovechaba para considerar que el respeto a la ecología incluye “la aceptación del propio cuerpo como don de Dios” y su “valoración en su femineidad o masculinidad” para “reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente”. Según aseguraba el papa, “cancelar la diferencia sexual” no es una actitud sana.

El representante del Vaticano en la ONU intervino apoyándose en el texto de la Encíclica ‘Laudato si’ del Papa Francisco

Afirmó que cuando se cuestiona la dualidad natural y complementaria del hombre y la mujer “se socava la noción misma de ser humano”

Mons. Auza, representante del Vaticano en la ONU, interviene sobre la ideología de género recordando las palabras del Papa: “no discriminación, pero es un peligro para la humanidad”.

Ayer en las Naciones Unidas, el arzobispo Bernardito Auza, Observador Permanente de la Santa Sede ante la ONU en Nueva York, reiteró claramente las palabras del Papa Francisco sobre la ideología de género durante su participación al evento titulado “Igualdad de género e ideología de género: protección de mujeres y niñas”, promovida para hacer un balance de la condición de la mujer en el mundo y para monitorear cuestiones relacionadas con los derechos políticos, económicos, civiles y sociales así como la educación de las mujeres.

“Antiguamente – dijo Mons. Auza – había una clara comprensión de lo que significaba ser una mujer, era una cuestión de cromosomas. Hoy en día, esta claridad se ha visto empañada por la ideología de género que hipotetiza una identidad personal desvinculada del sexo”.

Ninguna discriminación sino claridad sobre los peligros

Sustituir esta identidad de género con el sexo biológico – afirmó Auza – tiene fuertes repercusiones “no solo en términos de ley, educación, economía, salud, seguridad, deporte, idioma y cultura”, sino también “en términos de antropología, dignidad humana, derechos humanos, matrimonio y familia, maternidad y paternidad”, así como sobre el destino mismo de las mujeres y los hombres “y especialmente los niños”.

Además, recordó cuando el Papa Francisco afirmó – en la rueda de prensa durante el vuelo de regreso de su viaje a Azerbaiyán el 2 de octubre de 2016 – “la dignidad y el derecho a no ser discriminados por quienes no se sienten representados por su sexo biológico” y en la que advirtió claramente sobre los peligros para los individuos y la sociedad derivados de la ideología de género.

Datos objetivos, no elecciones subjetivas

El prelado también citó el párrafo 56 de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, en la que el Papa enfatiza que la ideología de género niega “la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer” y sugiere “una sociedad sin diferencias de sexo y vacía la base antropológica de la familia”.

El texto papal continúa: “Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer”. La identidad humana viene determinada por una opción individualista, que también cambia con el tiempo. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, busquen establecerse como un pensamiento único que también determina la educación de los niños. No debemos ignorar el hecho de que el sexo biológico (sexo) y el papel sociocultural del sexo (género) pueden distinguirse, pero no separarse”.

Por otro lado, la revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana ha introducido la posibilidad de manipular el acto generativo, haciéndolo independiente de la relación sexual entre el hombre y la mujer. De esta manera, la vida humana y la crianza de los hijos se han convertido en realidades modulares y separables, principalmente sujetas a los deseos de individuos o parejas. Una cosa es entender la fragilidad humana o la complejidad de la vida, otra es aceptar ideologías que pretenden dividir en dos los aspectos inseparables de la realidad”.

El párrafo concluye: “Estamos llamados a preservar nuestra humanidad, y esto significa, sobre todo, aceptarla y respetarla como ha sido creada”. Nuestro sexo, así como nuestros genes y otras características naturales – observó Mons. Auza – “son datos objetivos, no elecciones subjetivas”.

Aceptar el propio cuerpo

El representante del Vaticano asimismo citó el párrafo 155 de la Encíclica ‘Laudato sì’, donde el Papa afirma que la aceptación del propio cuerpo “es necesaria para coger y aceptar al mundo entero como un don”, mientras que “una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se convierte en una lógica a veces sutil de dominación sobre la creación. Aprender a acoger el propio cuerpo, cuidarlo y respetar sus significados es esencial para una verdadera ecología humana. Incluso apreciar el propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesario para poder reconocerse en el encuentro con otros diferentes a uno mismo”. El texto continúa: “Por lo tanto, una actitud que pretende borrar la diferencia sexual porque ya no sabe cómo enfrentarla no es saludable”.

En su discurso ante los obispos de Puerto Rico, el 8 de junio de 2015, el Papa enfatizó que la complementariedad del hombre y la mujer “es cuestionada por la llamada ideología de género en nombre de una sociedad más libre y justa. Las diferencias entre hombres y mujeres no son por oposición o subordinación, sino por comunión y generación”. En cambio, es un “paso atrás”, dijo el Papa en la audiencia general del 15 de abril de 2015, por qué “la eliminación de la diferencia [sexual] en realidad crea un problema, no una solución”.

Colonización ideológica de los países ricos

Por último, Mons. Auza añadió que cuando se cuestiona la dualidad natural y complementaria del hombre y la mujer “se socava la noción misma de ser humano”, asegurando que “el cuerpo ya no es un elemento característico de la humanidad. La persona se reduce al espíritu y la voluntad y el ser humano se convierte casi en una abstracción”.

El Papa Francisco – recordó el prelado – “está particularmente preocupado por el enseñamiento de la ideología de género a los niños, por lo que los niños y las niñas son alentados a cuestionar, desde la edad más temprana de su existencia, si son hombres o mujeres sugiriendo que “el sexo cada uno lo puede elegir”.

Estas son las palabras dirigidas por el Papa en Cracovia a los obispos polacos el 27 de julio de 2016: “¿Y por qué enseñan esto? Porque los libros son los de las personas y las instituciones que te dan dinero. Son las colonizaciones ideológicas, apoyadas también por países muy influyentes” incluso en esos países y en esas culturas que se oponen a esta nueva y radical antropología.

Fuente Vatican News, vía Religión Digital

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La ONG de la Iglesia católica propone un consumo solidario frente a la “vorágine consumista”

Haz tus compras en una de las muchas tiendas de Comercio Justo que mantiene en toda España

(Cáritas).- Cáritas secunda la invitación que la Coordinadora Estatal de Comercio Justo -de la que forma parte- lanza a toda la ciudadanía a conciliar los valores de una auténtica celebración de la Navidad con un consumo responsable y solidario, en una fechas caracterizadas por la vorágine consumista y unos excesos que tienen consecuencias directas en los derechos de muchas personas y en el cuidado del medioambiente.

Un buen ejemplo de esta propuesta alternativa de consumo es la que impulsa Cáritas Albacete y su tienda Romero Comercio Justo -miembros de la Red Interdiocesana de Comercio Justo de Cáritas en España- con el lema “Esta Navidad, regala lo Justo”, que ponen el acento en la importancia de conocer quiénes elaboran los artículos que compramos y en qué condiciones se producen.

Tanto Cáritas como la Coordinadora de Comercio Justo recomiendan optar por alternativas que garanticen los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Al adquirir productos de comercio justo, el consumidor tiene garantías de que los artículos que compra han sido producidos en condiciones de igualdad o sin dañar el entorno natural. Con pequeños gestos al alcance de todos, como consumidores, es posible dignificar el trabajo y las vidas en las comunidades productoras del Sur, además de apoyar el cumplimiento de objetivos globales, como erradicar la pobreza y contribuir a un mundo más justo.

El consumo responsable, además, es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que incide en la necesidad del consumo y la producción sostenibles, que consiste en “fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía (…) y la creación de empleos ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones laborales”.

Apoyamos la invitación de la @CEComercioJusto a conciliar los valores de una auténtica Navidad con un consumo responsable y solidario, que respete los derechos de todas las personas y al medio ambiente.https://t.co/aGPuwI8Jzy

— Cáritas Española (@_CARITAS) 14 de diciembre de 2018

Datos

Los datos también avalan la necesidad de un consumo responsable. Como señala la Coordinadora de Comercio Justo, el sector de la alimentación representa alrededor del 30% del consumo total de energía en el mundo y genera el 22% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por otro lado, la alta demanda de consumo incide aún más en la explotación laboral que sufren millones de personas y de unas condiciones que, en determinados sectores, son cercanas a la esclavitud.

La Organización Internacional del Trabajo calcula que unos 25 millones de personas están en condiciones de trabajo forzoso, gran parte de ellas en la agricultura. En este sector es donde, además, se concentra el 70% de la explotación laboral infantil que afecta a 152 millones de menores.

Condiciones laborales seguras

Frente al frenético ritmo de compra de estas fechas, los productos de comercio justo aportan un importante valor añadido al consumidor, si se tiene en cuenta, como indican los responsables de Romero Comercio Justo de Albacete, que “además de recibir un salario digno e igualitario entre sus trabajadores y trabajadoras, estas personas desarrollan su actividad en condiciones laborales seguras y los procesos de elaboración son respetuosos con el medio ambiente, siguiendo siempre los principios de la agricultura ecológica”.

“Asimismo, en su fabricación no han sido explotados niños o niñas. Por este motivo, proponemos un consumo diferente y animamos a la ciudadanía a hacer regalos que ayuden a crear oportunidades reales para que productores y productoras puedan salir de la pobreza”, añaden.

Localiza la tienda de Comercio Justo de Cáritas más cercana AQUÍ

Queremos sumar el máximo número de personas al compromiso solidario de mejorar la vida de los más vulnerables. Sé parte de Cáritas.https://t.co/itz6IttXSF pic.twitter.com/uON7x1qGFr

— Cáritas Española (@_CARITAS) 12 de diciembre de 2018

Fuente Religión Digital

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Así lo informó la Acnudh al Movilh, junto con aclarar que no fue informada sobre la eliminación del Plan del compromiso sobre el matrimonio igualitario. La subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren, había dicho que los cambios habían sido trabajados con el INDH y la Achnud, lo cual era falso.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), señaló al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) que no tuvo injerencia en las modificaciones al Plan Nacional de DDHH, al tiempo que anunció que hará llegar observaciones al Ministerio de Justicia para que se cumplan compromisos internacionales.

La aclaración tuvo lugar luego de que la subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren, dijera en El Mercurio que las modificaciones al Plan Nacional de Derechos Humanos, entre las que se cuentan la eliminación del compromiso de “promover” el matrimonio igualitario, las había trabajado con la Acnudh y con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)

“Pues bien, ya el INDH nos había informado que no habían tenido injerencia en los cambios a los contenidos LGBTI del Plan Nacional de DDHH, y lo mismo nos dice ahora la Acnudh. Con ello, queda en total evidencia que la Subsecretaría de DDHH ha modificado el Plan Nacional de DDHH entre cuatro paredes y que además distorsiona la verdad, lo cual es repudiable”, señaló el vocero del Movilh, Óscar Rementería.

En efecto, la consultora legal en derechos humanos de la Acnudh, Camila Acevedo, indidó al Movilh “que nuestra oficina fue invitada a participar en calidad de observador a dos instancias interministeriales en las cuales se informó que se realizarían algunas modificaciones al Plan Nacional de Derechos Humanos y se hizo mención a algunas de estas. En ninguna de las reuniones señaladas se aludió a los cambios que se realizarían en torno al matrimonio igualitario”.

Añadió que “en nuestra calidad de observadores haremos llegar a la Subsecretaría de Derechos Humanos nuestros comentarios sobre los cambios propuestos, teniendo como eje central las obligaciones en materia de derechos humanos asumidas por el país.”.

El Movilh apuntó que “el gobierno, a través de Recabarren, está faltando gravemente a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos con las personas LGBTI y está marginando de todo debate sobre la materia a los movimientos sociales y organizaciones claves en la temática, como son el INDH y la Achnud, por lo que estamos evaluando los pasos a seguir”.

Fuente MOVILH

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El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Forética (asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social empresarial) y REDI (Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI+) han presentado en España los «Principios de Conducta de Naciones Unidas» para hacer frente a la discriminación contra las personas LGTBI en el ámbito empresarial. La presentación de los Principios ha corrido a cargo de Fabrice Houdart, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estos principios de conducta, basados en la normativa internacional en torno a los derechos humanos y complementarios a los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, buscan ayudar a las empresas a examinar sus políticas y prácticas, así como a establecer nuevas estrategias para respetar y promover los derechos humanos de las personas LGBTI.

Estos estándares se basan en el análisis de buenas prácticas a nivel global y establecen acciones que las empresas pueden llevar a cabo para proteger los derechos de las personas LGBTI. Esto incluye eliminar el trato injusto en el lugar de trabajo, asegurarse de que las operaciones comerciales no contribuyan a la discriminación contra los clientes o proveedores, así como trabajar con los colaboradores para eliminar las prácticas discriminatorias a lo largo de la cadena de suministro. También alientan a las empresas a defender los derechos de las personas LGBTI en los países donde operan, mediante la promoción y el apoyo a las organizaciones locales. Puedes descargar un PDF con información más detallada aquí. Y en este enlace de Naciones Unidas puedes encontrar recursos sobre la materia.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martín Valenzuela, ha aprovechado la oportunidad para asegurar que  la lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o características sexuales «es una prioridad de la política exterior española en materia de derechos humanos». «En el ámbito internacional, España defiende la aplicación efectiva de las normas internacionales de derechos humanos que se rigen por los principios de universalidad y no discriminación», ha añadido.

Ignacio Sola, director general de Igualdad de Trato y Diversidad, ha expresado por su parte la total adhesión de su dirección general a los «Principios de conducta para las empresas» («LGBTI Business Standards»), impulsados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sola ha defendido además la implementación de políticas activas para incorporar la realidad LGBTI en todas las organizaciones. «La mejora del marco legislativo y el establecimiento de alianzas entre el sector público-sector privado son una muestra del compromiso que este Gobierno ha asumido a favor de la promoción de la igualdad de trato y la diversidad», ha asegurado. Sola ha enumerado además diferentes iniciativas que desde la secretaría de Estado de Igualdad se han puesto en marcha en los últimos años con el propósito de propiciar entornos más inclusivos en las empresas: «Un ejemplo de ello ha sido la firma del Chárter Europeo de la Diversidad, la ejecución del proyecto europeo ADIM (‘Avanzando en gestión de la Diversidad LGBT en el sector público y privado’), en partenariado con el gobierno de Portugal así como el apoyo a la realización de estudios y diagnósticos sobre la situación de las personas LGBTI en el empleo y el apoyo a otras actuaciones que se están llevando a cabo con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa y respeto a los derechos de la comunidad LGBTI».

«Cultura corporativa que favorezca la no discriminación, la igualdad y la inclusión»

Por parte de la CEOE, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Val Díez, ha querido destacar el valor simbólico de que la presentación de los Principios en España haya tenido lugar en la sede de su organización, «como prueba del compromiso de la institución con la difusión de estos valores de igualdad y respeto». Germán Granda, director general de Forética, ha asegurado que «la gestión de la diversidad requiere liderazgo en la construcción de una cultura corporativa que favorezca la no discriminación, la igualdad y la inclusión en su estrategia y operaciones. Es un compromiso ético y además un elemento clave para la competitividad de empresas y organizaciones».

El presidente de REDI, Miguel Castro, ha incidido por su parte en que «las compañías inclusivas no solo se benefician del ‘business case’ que acompaña a la diversidad corporativa en áreas como atracción y retención de talento o innovación. Los estándares de las Naciones Unidas para la inclusión del colectivo LGBTI son una muestra más de la gran importancia del papel que juegan las empresas, y como éstas puedan llegar a ser verdaderos agentes sociales en la defensa de los derechos humanos».

General Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ámbito laboral, CEOE, Discriminación, Fernando Martín Valenzuela, Forética, Germán Granda, Ignacio Sola, Miguel Castro, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Presidencia, Naciones Unidas, REDI, Unión Europea, Val Díez

Esta semana Estados Unidos revocó su política de visas preferenciales para parejas del mismo sexo del personal extranjero que trabaja en Naciones Unidas y otras misiones diplomáticas acreditadas en este país. Ahora, deben demostrar que están casadas, aunque en muchos países no es legal el matrimonio gay, de lo contrario, la pareja será enviada a casa en enero próximo. 

Un fuerte rechazo ha generado la nueva medida adoptada por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que desde este lunes dejó de facilitar visados a las parejas del mismo sexo de diplomáticos extranjeros y funcionarios de Naciones Unidas que residen en el país, a menos que demuestren que están casados.

Las críticas vienen dada debido a que el matrimonio homosexual solo es legal actualmente tan solo en 25 países, en 71 naciones ser homosexual va en contra de la ley y en 8 se castiga con pena de muerte. En todas ellas el colectivo LGBT sufre una fuerte persecución.

En el año 2009 la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, puso en práctica esta medida que buscaba proteger a las parejas del mismo sexo.

Por su parte, Estados Unidos ha informado a través de un comunicado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que “la decisión es parte de los cambios que la Administración ha venido llevando a cabo para adaptar sus políticas a la decisión del Tribunal Supremo que en 2015 legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Hasta la fecha si un diplomático solicitaba un visado de acompañante para su cónyuge del mismo sexo, el Gobierno estadounidense pedía únicamente que fuesen pareja de hecho. Sin embargo, desde este lunes, al igual que sucede con las parejas heterosexuales, la Administración Trump exigirá a las parejas homosexuales el acta de matrimonio para acceder al visado conocido como G-4, que les permitirá residir en la nación norteamericana.

Las parejas homosexuales deben presentar ante las autoridades una prueba de matrimonio antes del 31 de diciembre de este año, de lo contrario deberán abandonar el país en un plazo de 30 días.

UN Globe, una asociación que defiende los derechos de los empleados LGBT de Naciones Unidas, lamentó en una nota en su web este “desafortunado” cambio de las normas, recordando que las parejas del mismo sexo “tienen opciones limitadas en lo que respecta al matrimonio”.

También criticó la medida la exembajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Power, calificándola de “inútil, intolerante y prejuicioso”. Power, que representó a EEUU ante el organismo multilateral durante el Gobierno del expresidenet Barack Obama tuiteó lo siguiente: “El Departamento de Estado ya no permitirá que las parejas nacionales del mismo sexo de los empleados de la ONU obtengan visas a menos que estén casadas. Pero solo el 12% de los estados miembros de la ONU permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Fuente Universogay

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Foto de la marcha del Orgullo de este año en París (Twitter de Alex)

Según informa El Faro de Ceuta, la Audiencia Nacional ha rechazado dar protección a un ciudadano argelino, amenazado de muerte por su familia por ser homosexual, al considerar que no está perseguido por las autoridades de su país. «No se puede considerar que una persona sea objeto de persecución por el mero hecho de ser homosexual», expresa la sentencia. Aunque es cierto que en años recientes no han trascendido procesamientos, el Código Penal argelino castiga los actos de homosexualidad con pena de prisión de 2 meses a 2 años.  

Según relata el diario ceutí, que ha tenido acceso a la sentencia, el ciudadano argelino llegó a Ceuta en abril de 2017, huyendo se su familia. Un hermano suyo, que pronto iba a salir de prisión, le había amenazado de muerte por ser homosexual. Según la sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, sin embargo, «los únicos actos de persecución o amenaza» que explica el ciudadano argelino «los expone de forma vaga y sin ninguna acreditación», sin que procedan de las autoridades argelinas sino de su propio entorno familiar. Siempre según El Faro de Ceuta, la Audiencia Nacional solicitó un informe a ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados), según el cual el solicitante «no parecía encontrarse en necesidad de una protección» y al abogado de Estado, que se mostró desfavorable a la concesión de una protección internacional.

La Audiencia Nacional va más allá y se permite, de hecho, valorar la situación de las personas homosexuales en Argelia como propia «de una sociedad en transición, donde en principio rigen unos principios ancestrales frente a una realidad mucho más tolerante» y asegura que «No se puede considerar que una persona sea objeto de persecución por el mero hecho de ser homosexual». 

La decisión de la Audiencia Nacional, a la que la defensa del ciudadano argelino había recurrido, agota la vía para conseguir el asilo por parte del solicitante, que a partir de este momento puede ser deportado.

ILGA: Argelia sí se encuentra entre los países con homofobia de Estado 

Basta con acudir al informe anual sobre Homofobia de Estado que publica ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex) para saber que el Código Penal argelino castiga los actos de homosexualidad con pena de prisión de 2 meses a 2 años y con multa de 500 a 2.000 dinares argelinos. Cuando alguno de los autores fuera menor de 18 años de edad, la pena impuesta se agrava hasta los 3 años de prisión y los 10.000 dinares de multa. Por otra parte, también se castiga con prisión de 2 meses a 2 años y multa de 500 a 2.000 dinares a «quien cometiere atentado al pudor en público» y en el caso de que «el atentado al pudor consistiere en un acto contra natura con una persona del mismo sexo», la pena será prisión de 6 meses a 3 años y la multa de 1.000 a 10.000 dinares.

No solo eso: el Código Penal también castiga a quien difunda cualquier tipo de material «que atente contra la decencia» con penas de 2 meses a 2 años y multa de 500 a 2.000 dinares. Según el informe de ILGA, «esto va más allá del alcance de la regulación típica basada en el comportamiento, y sigue una línea que se acerca más a las normas sobre ‘propaganda’ de identidades no heterosexuales como las de Medio Oriente o el Norte de África».

El informe de ILGA recoge como ya en 2016 Reino Unido rechazó una solicitud de asilo interpuesta por un hombre gay argelino, basándose en parte en la falta de procesamientos o arrestos en los últimos años. «Sin embargo, la decisión no tuvo debida cuenta de la humillación familiar y social extrema, las amenazas y la violencia que impera en la Argelia rural y urbana respecto de las orientaciones sexuales diversas, tanto en hombres como en mujeres», deja claro la organización LGTB.

Es más, ILGA recuerda que Argelia ha rechazado las recomendaciones para despenalizar las relaciones sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que por ejemplo el entramado legal sobre entidades sin ánimo de lucro, información y derecho de reunión, junto con el hecho de que los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo están criminalizadas, «produce un ambiente en el que es no es posible registrar una organización que trabaje temas relacionados con la orientación sexual».

La historia de Anouar Rahmani

Hace pocos meses contábamos en esta misma página la historia de Anouar Rahmani, un escritor y activista argelino que había denunciado la agresión que sufrió un amigo suyo por ser homosexual. Tres personas le redujeron y le torturaron dándole latigazos que le dejaron grandes marcas en la espalda, según se puede comprobar en la fotografía que acompañaba al mensaje de Rahmani. «La imagen (de las heridas en la espalda, que hizo públicas) ilustra la justicia popular argelina que se permite atacar e insultar, incluso instaurar su propia ley sobre el resto de la comunidad con total impunidad», escribió. Tras la denuncia, el propio Rahmani recibió graves mensajes de odio e incluso amenazas de muerte.

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El Movilh entregó hoy un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual es alternativo al Examen Periódico Universal (EPU) que deberá rendir el Estado de Chile.

 El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la desigualdad legal que afecta a las personas LGBTI en distintos planos, la desprotección estatal que enfrentan los activistas de la diversidad sexual y de género, el incremento de la violencia homofóbica y transfóbica en el último año y el fracaso jurídico de la Ley Zamudio.

En el marco de un informe alternativo al que presentará el Estado de Chile con motivo de su Examen Periódico Universal (el cual rinden todos los países cada 4 años) el Movilh denunció ante Naciones Unidas que desde el punto de vista jurídico, la Ley Zamudio ha resultado ser “totalmente ineficiente y por eso las personas no la están usando para defender sus derechos”.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, precisó que, de “acuerdo a cifras del Poder Judicial desde el 2012 al fecha solo 319 personas han usado la Ley Zamudio. Solo 90 terminaron en sentencias, 11 de las cuales se relaciona con la identidad de género o la orientación sexual, lo cual refleja un fracaso de la norma en cuanto a su cometido”

Precisó que “esta situación es evidente al considerar que desde la promulgación de la Ley Zamudio se ha conocido de 1.528 casos y denuncias por discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género, de acuerdo a nuestro Informe Anual de DDHH. Sin embargo, apenas hay 11 sentencias de la Ley Zamudio sobre estos temas”.

En su denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el Movilh precisó que “desmotiva el uso y confianza ciudadana en la Zamudio sus propias limitantes: a) La norma carece de compensación económica para las víctimas; b) obliga a las víctimas a demostrar la discriminación; c) en caso de no comprobarse discriminación el denunciante puede ser multado; d)prohíbe impugnar leyes o sentencias discriminatorias; e) no establece una institucionalidad antidiscriminatoria, ni medidas de acción afirmativa y f) su redacción (delitos “motivados” por discriminación) vuelve imposible aplicar el agravante en los crímenes o ataques de odio”.

Junto a ello, el Movilh denunció a Naciones Unidas los vacíos del Acuerdo de Unión Civil, y los negativos efectos que tienen en las personas LGBTI la ausencia de una ley de identidad de género, la prohibición del matrimonio igualitario y de la adopción homoparental y la vigencias de normas discriminatorias, como son los artículos 365 y 373 del Código Penal.

De igual manera el Movilh denunció el incremento de la violencia contra la población LGBTI en Chile, la cual subió en un 45.7% en 2017, y la desprotección estatal que afecta a activistas y organizaciones de la diversidad sexual y de género.

“En el último año activistas y organizaciones LGBI hemos sido víctimas de violentas campañas de neonazis y de grupos ultra-conservadores y hasta de detenciones arbitrarias, agresiones y montajes policiales homofóbicos, negándose incluso nuestro derecho a manifestarnos pacíficamente contra estos abuso. El Estado nada hecho al respecto, ni menos ha solidarizado con las víctimas. Esto implica un empeoramiento en materia de igualdad de derechos y esperamos que la ONU haga las respectivas recomendaciones y exigencias a Chile para el cese de estos atropellos”.

Fuente MOVILH

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Aunue ya lo anunciamos en septiembre de 2017, ahora ha sido confirmado por el Senado de los EE.UU.

Estados Unidos volverá a contar con un embajador abiertamente gay, después de que los cuatro que quedaban al servicio de la administración Obama en enero de 2017 fueran relevados de su cargo tras la llegada a la presidencia de Donald Trump. Richard Grenell, portavoz de la delegación diplomática de Estados Unidos en Naciones Unidas bajo el mandato de George W. Bush, ha sido nombrado por Donald Trump como su embajador ante la República Federal de Alemania.

Richard Grenell, con pareja desde hace 15 años (Matt Lashey) se ha descrito a sí mismo como un «gay conservador y cristiano». Además de su paso por la delegación estadounidense ante la ONU, ha estado al servicio como consultor político de diversos políticos republicanos, como el exgobernador de Nueva York George Pataki o el exmiembro de la Cámara de Representantes Dave Camp. También formó parte del equipo que dio soporte a la candidatura de Mitt Romney en las elecciones presidenciales de 2012, aunque se vio obligado a dimitir como portavoz del candidato en materia de política exterior debido a la presión de la derecha religiosa de su partido, precisamente por su condición abiertamente gay. Y ello a pesar de que Grenell nunca ha destacado por su defensa activa de los derechos LGTB, aunque siendo justos debemos mencionar que su nombre se encuentra en la lista de 131 republicanos que en 2013 firmaron un amicus curiae ante el Tribunal Supremo en defensa del matrimonio igualitario (el amicus curiae es una figura legal que permite a personas u organizaciones que no son parte en un proceso aportar de forma voluntaria argumentos a favor o en contra).

Grenell, que en los últimos tiempos había ejercido como comentarista político en Fox News sobre política internacional, fue propuesto en septiembre por Donald Trump como nuevo embajador de Estados Unidos en Alemania (una plaza que se encontraba vacante desde enero de 2017) y hace pocos días recibió la confirmación del Senado por 56 votos contra 42. Grenell recibió el apoyo de todos los senadores republicanos y de 6 demócratas. La principal reticencia del resto de los demócratas a apoyar su nombramiento no ha sido tanto su perfil político o sus posiciones en política exterior (cercanas a las de un republicano clásico) como algunos de los comentarios hechos hace años en Twitter en alusión al aspecto físico de personalidades públicas femeninas, como Hillary Clinton, Madeleine Albright, Callista Gingrich o Rachel Maddow. Aunque Grenell se disculpó en su momento por aquellos tuits, el machismo que destilaban no ha sido olvidado.

Estados Unidos había perdido todos sus embajadores gais con la llegada de Trump

Como en su momento recogimos, en enero de 2017 Estados Unidos perdió de golpe todos sus embajadores abiertamente gais: James Costos (hasta entonces embajador en España y Andorra), Ted Osius (Vietnam), Rufus Gifford (Dinamarca), James “Wally” Brewster (República Dominicana) y Daniel Baer (embajador ante la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE). No son los únicos embajadores gais que nombró Obama: David Huebner, también abiertamente gay, fue embajador de Estados Unidos en Nueva Zelanda y Samoa, pero dejó ese puesto en 2014, mientras que John Berry, embajador en la vecina Australia, lo dejó en septiembre de 2016.

De hecho, no fue hasta la llegada de Obama a la presidencia que en la diplomacia estadounidense comenzó a romperse el techo de cristal para los hombres gais (el de las mujeres lesbianas y personas abiertamente bisexuales y trans sigue intacto…). Antes de 2008 solo se tiene noticia de otros dos casos: James Hormel (primer embajador estadounidense abiertamente gay, propuesto en 1999 por Bill Clinton como representante en Luxemburgo) y Michael Guest (propuesto por George Bush en 2001 como embajador en Rumanía).

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La artista que logró conquistar a Europa con su mensaje de tolerancia y en contra de la discriminación LGTBfóbica ha utilizado su cuenta de Instagram para admitir que convive con el VIH. Al hacerlo, según sus propias palabras, pretende «dar ánimos» a las personas seropositivas en situaciones parecidas y también «dar un paso más en contra de la estigmatización». Pero su anuncio se ve empañado por su propia denuncia. Y es que, al parecer, habría estado recibiendo amenazas por parte de un antiguo novio de desvelar esta información (desconocemos por qué motivos). En este sentido, Conchita Wurst ha decidido tomar la delantera y hablar ella misma sobre su estatus serológico, ya que, tal y como alega, «no le daré a nadie el derecho de asustarme e influir en mi vida en el futuro». Desde España, la Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA) recuerda que hacer público el estado serológico debe ser una decisión personal y que «en el momento en que se es víctima de chantaje o extorsión, como ha sido el caso de Wurst, se debe denunciar a la Policía».

«Ha llegado el día de liberarme por el resto de mi vida de una espada de Damocles: he sido VIH positivo durante muchos años. Esto es realmente irrelevante para el público, pero un exnovio me amenaza con hacer pública esta información privada, y no le daré a nadie el derecho de asustarme e influir en mi vida en el futuro», ha publicado la polifacética cantante austriaca en Instagram. También ha explicado que su carga viral es indetectable porque «desde que recibí el diagnóstico, estoy en tratamiento médico» de tal forma que «no puedo transmitir el virus». No está de más recordar, en efecto, que las personas con carga viral indetectable no transmiten la infección a sus parejas sexuales.

Aunque la familia y el círculo de amigos de Conchita Wurst ya conocía su estatus serológico, según argumenta la eurovisiva artista, revelar a la sociedad uno mismo este tipo de información privada «es mejor que ser descubierta por terceros». Por ello, dice querer «dar un paso más en contra de la estigmatización de las personas que se han infectado por el VIH». Asimismo, Conchita ha lanzado un mensaje a sus fans: «la información sobre mi estado del VIH puede ser nueva para vosotros, ¡mi estado no lo es! Estoy bien y soy más fuerte, estoy más motivada y liberada que nunca. ¡Gracias por vuestro apoyo!».

Combatir el estigma del VIH/Sida

Desde España, la Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA) recuerda que hacer público el estado serológico debe ser una decisión personal y que «en el momento en que se es víctima de chantaje o extorsión, como ha sido el caso de Wurst, se debe denunciar a la Policía». En todo caso, han aprovechado la revelación de la cantante para felicitarla, ya que «estos gestos son muy importantes para dotar de mayor normalidad a esta infección y reducir el estigma y la discriminación. Además, el efecto conseguido es infinitamente mayor cuando se produce a través de una figura de relevancia internacional».

Por otra parte, CESIDA urge a agilizar el Pacto social por la no discriminación asociada al VIH y al sida, anunciado por la propia coordinadora tras reunirse con la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, para erradicar situaciones de serofobia y dar atención legal, psicológica y social a las personas con VIH.

Para el presidente de la citada coordinadora, Ramón Espacio, «el Pacto Social es un documento que propone un paquete de medidas para reducir la discriminación hacia las personas con VIH. De especial importancia son todas aquellas medidas destinadas a acabar con las restricciones de acceso a servicios y funciones públicas consecuencia de la catalogación del VIH como enfermedad infectocontagiosa».

Este documento, promovido por el Ministerio de Sanidad, involucra en la consecución de sus objetivos a distintos ministerios, administraciones públicas y otros sectores gubernamentales y no gubernamentales. Cabe destacar, en cualquier caso, que el activismo lleva reclamando un pacto de Estado sobre el VIH/Sida en las últimas legislaturas y, hasta fechas recientes, no había habido una respuesta firme por parte del Gobierno de Rajoy en este sentido.

Conchita Wurst, una triunfadora comprometida con la igualdad

Dosmanzanas ha seguido de cerca la trayectoria de Conchita Wurst, desde antes de su sonado triunfo en el festival de Eurovisión en 2014. De hecho, tuvimos la oportunidad de hacerle una de las primeras entrevistas publicadas en España, en marzo de aquel año (dos meses antes de la gran final eurovisiva). Entonces declaró que «la homofobia y la intolerancia son temas candentes ahora mismo. Yo diría también que lo son los derechos humanos en general. Debido a todo este odio, me reafirmo en lo que hago. Todos tenemos que contribuir a cambiar esta situación y yo, personalmente, lucho todo lo que puedo para alcanzar la meta de la aceptación».

Solo unas semanas después, pudimos volver a entrevistarla (esa ocasión en persona, durante una presentación de su actuación en Madrid). Wurst dijo querer «aprovechar la oportunidad que tengo como artista para trasladar mi mensaje a tantísima gente y transmitirle fuerza, especialmente a aquellos que sufren la intolerancia. Por ejemplo, a las víctimas de las estúpidas leyes rusas [anti-LGTB]. Ante este tipo de actitudes es fundamental que hablemos sobre la tolerancia y sobre la necesidad de encontrar la aceptación global. Entre todos tenemos que propiciar el cambio social y yo tengo la ocasión de hablar con muchas personas al respecto para aportar mi granito de arena».

Todo ese compromiso hecho público en numerosos foros y medios de comunicación europeos atrajo las críticas de la casta LGTBfóbica más reaccionaria. El promotor de las leyes homófobas rusas, Vitaly Milonov, llegó a pedir el boicot al festival de Eurovisión, al que calificó de «espectáculo de Sodoma». Pero a pesar de esta y otras salidas de tono con tintes LGTBfóbicos, Conchita Wurst fue la tercera artista más votada en Rusia, además de ser la ganadora del festival. El viceprimer ministro ruso, Dmitri Rogozin, dijo que «el resultado muestra a los partidarios de la integración europea cual es su futuro europeo: una mujer barbuda». Por su parte, el líder ultranacionalista Vladimir Zhirinovski declaró que «es el fin de Europa. Ya no tienen hombres ni mujeres. Tienen ‘eso’». Sin embargo, el cardenal de Viena felicitó a Conchita Wurst por su triunfo en Eurovisión.

Pero lejos de amedrentarse, la artista austriaca siguió utilizando su privilegiada posición mediática como artista para combatir la intolerancia y la discriminación. A finales de 2014 envió un mensaje a la conferencia promovida en Bruselas por la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por la presidencia del Consejo de la Unión sobre discriminación y solo unos días más tarde se reunía con el entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el que este le manifestaba su empeño personal en seguir combatiendo la LGTBfobia.

Fuente Dosmanzanas

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Y exige además reformar la Ley Zamudio y terminar con abusos contra mujeres en razón de su orientación sexual o identidad de género, tras informe enviado por el Movilh, Miles y Amanda Jofré al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw)

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de Naciones Unidas expresó ayer a Chile su preocupación por la discriminación y abusos que padecen en nuestro país las personas en razón de su orientación sexual e identidad de género, recomendado una serie de medidas legislativas y de políticas públicas que fueron parte de un informe enviado al referente internacional por el Movimiento de Integración y Liberación (Movilh)  en alianza con la Corporación Miles y el Sindicato Amanda Jofré.

“Valoramos profundamente que el Cedaw tomara nota de lo que denunciamos. Más aún que lo propuesto en nuestro informe fuese exigido a Chile. La situación de las mujeres lesbianas, bi y trans en Chile es grave, con debilidades en el terreno legislativo y de las políticas públicas, lo cual fue ampliamente recogido por el Cedaw”, indicó el Movilh.

“Doble es el mérito del Cedaw, pues recomienda a Chile avanzar en la Ley de Identidad de Género, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y la reforma a la ley Ley Zamudio, por lo cual usaremos este texto para las reuniones que tengamos con las autoridades, a objeto de que entiendan que nuestras demandas, son también compartidas por la ONU”, finalizó el Movilh

Las preocupaciones

En sus observaciones finales, el Cedaw expresó su preocupación porque “el proyecto de Ley de identidad de género sigue pendiente”, “la Ley 20.609 (2012) sobre discriminación sigue siendo de alcance limitado y no incluye una definición integral de discriminación contra la mujer”.

Esto implica, añadió el Cedaw, una “falta de implementación efectiva de la Ley 20.609, junto con la carencia de un mecanismo judicial para juzgar los casos de discriminación” lo cual da paso a “un aumento en el número de casos de discriminación contra mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales”.

El Cedaw criticó además “la falta de disposiciones legislativas claras que prohíban los procedimientos médicos innecesarios a los lactantes intersexuales y los niños hasta que alcancen una edad en la que puedan dar su consentimiento libre, previo e informado”, así como “el apoyo inadecuado y la falta de recursos efectivos para las personas intersexuales, que se han sometido a procedimientos quirúrgicos médicamente innecesarios, a una edad muy temprana, a menudo con consecuencias irreversibles, lo que resulta en sufrimiento físico y psicológico a largo plazo”.

Basado en el informe del Movilh, Miles y el Sindicato Amanda Jofré, al Cedaw también le preocupó “el uso reportado de violencia por parte de agentes del Estado contra las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, la falta de datos sobre enjuiciamientos y condenas en tales casos”, y “las barreras discriminatorias que enfrentan las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales al acceder al sistema judicial”

Muy especialmente expresó preocupación porque “la legislación actual no incluye disposiciones claras con respecto a los derechos de filiación y los derechos de los padres para las parejas del mismo sexo; y no permite los procedimientos de adopción que reconocen a ambos padres”, todos aspectos denunciados por el Movilh, Miles y Amanda Jofré al Cedaw.

Recomendaciones

En ese sentido, el Cedaw recomendó a Chile:

–“Adoptar el proyecto de Ley de Identidad de Género con las enmiendas propuestas” por la sociedad civil organizada.

-“Adoptar el proyecto de Ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo (Boletín núm. 11422-07) y garantizar la protección de la filiación y los derechos de los padres”.

–“Adoptar medidas legislativas claras que prohíban explícitamente la realización de tratamientos quirúrgicos u otros tratamientos médicos innecesarios a niños intersex hasta que alcancen una edad en la que puedan dar su consentimiento libre, previo e informado; proporcionar a las familias con niños intersex un asesoramiento y apoyo adecuados; y asegurar que se brinde información a los profesionales médicos sobre la prohibición legal de intervenciones quirúrgicas u otras intervenciones médicas innecesarias para niños intersexuales”.

“Acelerar la aprobación del proyecto de ley sobre el derecho de Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Boletín No. 11077-07) y asegurar que la ley reconozca la interseccionalidad entre violencia y discriminación, afectando particularmente a las mujeres migrantes, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad y mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales

-“Modificar la Ley Nº 20.480 para ampliar la definición de femicidio a fin de incluir todas las muertes motivadas por motivos de género e intensificar las medidas para prevenir los femicidios y garantizar la investigación, levantamiento y condena de los perpetradores”

–“Proporcionar capacitación en profundidad para el poder judicial y otras autoridades estatales para abordar la discriminación y violación de derechos experimentados por lesbianas, bisexuales , mujeres transgénero e intersexuales.

– “Establecer procesos para eliminar las resoluciones y prácticas discriminatorias contra las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales dentro del sistema de justicia”

–“Garantizar que las víctimas de discriminación y violencia de género tengan acceso a recursos oportunos y efectivos que puedan consistir en la restitución, indemnización o rehabilitación, y alentar a las mujeres a denunciar incidentes de violencia de género, incluida la violencia doméstica, y garantizar que todos los casos de violencia contra la mujer se investigan efectivamente y que los autores son debidamente procesados”.

–“Mejorar la coordinación con el Congreso Nacional y la sociedad civil e incluir plenamente a los grupos desfavorecidos las mujeres en el diseño y la implementación de políticas y programas públicos, en línea con el artículo 2 de la Ley N ° 20.609”

–“Adoptar una estrategia general dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar la cultura machista y estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad. También recomienda que esta estrategia aborde las formas de discriminación contra las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes y las mujeres migrantes, así como las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales”

–“Abordar la falta de medidas de protección para garantizar la dignidad y la integridad de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, incluso sensibilizando a la opinión pública sobre sus derechos, en cooperación con la sociedad civil, y adoptar medidas para prevenir los delitos de odio y garantizar investigaciones, enjuiciamientos, condenas y el suministro de una reparación adecuada a las víctimas, incluida la reparación y la indemnización” y

–“Asegurar el acceso efectivo a la justicia para personas intersexuales que se han sometido a tratamientos quirúrgicos u otros tratamientos médicos innecesarios sin su consentimiento previo y considerar el establecimiento de un fondo de compensación estatal”.

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. CEDAW, Chile, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), Corporación Miles, Ley Zamudio, MOVILH, Naciones Unidas, Sindicato Amanda Jofré

Miles, Movilh y el Sindicato Amanda Jofré denunciaron las torturas en Gendarmería contra mujeres trans y la ausencia de programas focalizados para atender a bisexuales, lesbianas o transgéneros que son víctimas de violencia.

En una comunicación conjunta con la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) y el Sindicato Trans Amanda Jofré, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció ante Naciones Unidas una serie de atropellos que en Chile padecen las mujeres lesbianas, bisexuales y trans.

La denuncia se hizo llegar al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de Naciones Unidas, el cual analizará el desempeño de Chile en la materia en el marco de su 69 período de sesiones, a desarrollarse en Suiza entre hoy  y el 9 de marzo próximo.

En su informe los organismos denunciaron los continuos abusos y torturas que padecen en manos de gendarmes las mujeres trans recluidas en diversos centros penitenciarios, así como la carencia de presupuestos, servicios o programas estatales focalizados para la promoción de los derechos humanos de ese sector social, como también de las lesbianas y bisexuales.

“La situación en Gendarmería es alarmante, en menos de dos años los tribunales han dictado nueve fallos que demuestran golpizas, insultos, negación de medicamentos y total rechazo al respeto a la identidad de género. Hemos tocado todas las puertas para revertir esta situación, pero no fuimos escuchados. De ahí que recurriéramos a la ONU”, dijo el Movilh.

A la par se reportó que “las Casas de Acogida o Centros para Las Mujeres no brindan ayuda a mujeres, trans, mientras que sus funcionarios/as no están capacitados para atender y/u orientar lesbianas o bisexuales que sufren violencia intrafamiliar o en manos de sus parejas”.

“También informamos a la ONU que Chile carece de un protocolo de atención en salud para resguardar los derechos de las mujeres, bisexuales y lesbianas que atienda a sus realidades específicas. La atención está pensada, diseñada y ejecutada sólo para mujeres heterosexuales”, redondeó el Movilh.

A la par se denunció que Chile no ha aprobado el matrimonio igualitario, ni la ley de identidad de género ni ha reformado la Ley Antidiscriminatoria 20.609, pese a ser ambas medidas compromisos internacionales.

Por último se reportó que la Ley Nº 20.480 sobre Tipificación del Delito de Femicidio no considera a las mujeres trans, y que la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar no es clara sobre los derechos de las personas LGBTI.

Las organizaciones denunciantes esperan que en función de su denuncia, la ONU haga recomendaciones y/o exigencias a Chile para mejorar la calidad de vida de las mujeres lesbianas, bisexuales o trans.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. CEDAW, Chile, Delito de Femicidio, Lesbianas, Miles, MOVILH, Mujeres bisexuales, Mujeres transexuales, Naciones Unidas, Sindicato Amanda Jofré, Violencia Intrafamiliar

Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, insta a Indonesia a abandonar la retórica LGTBfóbica y asegurar la igualdad y los derechos del colectivo.

La situación del colectivo LGTB en Indonesia es cada vez más preocupante y, por increíble que parezca, la comunidad internacional parece que se está despertando. Y decimos “parece”, porque no sería la primera vez que nos da la sensación de que el mundo se mueve para defender nuestros derechos y luego se queda en nada como en Chechenia…

La Cámara Baja indonesia estudia una serie de cambios en el Código Penal que, según el borrador filtrado a los medios, planea hasta 5 años de prisión para las relaciones sexuales prematrimoniales, algo que también afectaría las personas homosexuales al no poder contraer matrimonio en este país.

Naciones Unidas y los Parlamentarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para los Derechos Humanos urgieron al Legislativo de Indonesia excluir las enmiendas al código penal que estudian criminalizar el sexo antes del matrimonio y entre homosexuales.

Tras incluir la homosexualidad en un listado de “desórdenes mentales” y con la reforma del Código Penal que criminaliza la homosexualidad con hasta 5 años de prisión, el gobierno de Indonesia acaba de recibir un toque de atención por parte de las Naciones Unidas. El Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha hablado con la prensa en Jakarta y ha dejado claro que Indonesia no puede seguir persiguiendo y atacando a la comunidad LGTB. Zeid, en la rueda de prensa para concluir su visita oficial de tres días al archipiélago, puso como ejemplo a las comunidades indígenas que, al carecer de certificados de matrimonio, “serían criminalizadas” si mantienen relaciones sexuales.

“Los Gobiernos deben liderar fundamentándose en la ley codificada y las obligaciones que han asumido con su gente, cualquier revisión discriminatoria tiene que eliminarse”, dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Husein, en Yakarta.

“La retórica de odio que se está utilizando contra esta comunidad está siendo fomentada por intereses políticos cínicos que únicamente profundizaran en el sufrimiento (de las personas LGTB+) y creará divisiones innecesarias“, ha explicado Al Hussein. La homosexualidad no es (por ahora) ilegal en Indonesia salvo en la provincia de Aceh, el único territorio del país en el que se aplica la Sharia. Con una población cada vez más conservadora los 10 principales partidos políticos del país han dado su apoyo a una reforma del Código Penal que criminalizará la homosexualidad y el adulterio.

“Desde 1998 Indonesia ha conseguido hacer la transición hacia una democracia y sumarle un fuerte crecimiento económico. En un momento en que están consolidando sus victorias democráticas, urgimos a los indonesios a avanzar, y no retroceder, en cuanto a Derechos Humanos.” Al Hussein espera, además, que “el sentido común y la fuerte tradición de tolerancia del pueblo indonesio” prevalezcan sobre los discursos oportunistas, populistas y LGTBfóbicos que llevan meses siendo utilizados como arma electoral por los grupos políticos. Ya sea en forma de redadas en clubs privados, torturas públicas a acusados de homosexualidad o rapando la cabeza de mujeres trans; la LGTBfobia crece en el país a base de usarla como arma electoral.

El alto comisionado indicó que el presidente de Indonesia, Joko Widodo, admitió que existe controversia en relación a los homosexuales, durante una reunión bilateral celebrada ayer.

Al Hussein, además, ha dejado claro que la posición de la ONU respecto a la reforma del Código Penal del país es radicalmente contraria y urge a las autoridades indonesias a eliminar cualquier “provisión discriminatoria” que haya en ellas. Hace unos meses el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reunió en Ginebra y se impulsó un documento que instaba a todos los países miembros a despenalizar la homosexualidad y asegurar que en ningún caso sería castigada con la pena de muerte. Aunque países como Sri Lanka han anunciado que tienen intención de cumplir ese mandato y avanzar en cuanto a derechos LGTB (que no dejan de ser Derechos Humanos), parece que en Indonesia pasan olímpicamente del tema.

La policía de la provincia occidental de Aceh, la única de Indonesia en la que rige la ley islámica y donde las relaciones homosexuales son ilegales, detuvo a finales de enero a doce personas transgénero, a quienes se obligó a cortar el pelo y a someterse a un proceso de “reeducación” antes de liberarlas.

Indonesia es el país con la mayor población musulmana del mundo, con el 88 por ciento de sus más de 260 millones de habitantes, que en su mayoría practican una forma moderada del islam.

, vía EstoyBailando/Cáscara Amarga

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Sarah Hejazy y Ahmed Alaa han abandonado la cárcel, tras el pago de 2.000 libras egipcias (algo más de 93 euros). Son dos de los siete detenidos durante el concierto de la banda libanesa de rock alternativo Mashrou’ Leila, que congregó a unas 30.000 personas en El Cairo el pasado 22 de septiembre. Por el simple hecho de exhibir y agitar banderas arcoíris, siete personas fueron arrestadas y se les acusa de “unirse a grupos fuera de la ley, cuyo objetivo es alterar las disposiciones de la Constitución y la ley”. Sarah Hejazy y Ahmed Alaa, aunque estén en libertad provisional bajo fianza, siguen enfrentándose a los mismos cargos que el resto de arrestados. Según las cifras que maneja la Egyptian Initiative for Personal Rights (Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales o EIPR, en sus siglas en inglés) ahora mismo 54 personas siguen detenidas en Egipto por apoyar al colectivo LGTB, por su orientación sexual (real o percibida) o por su identidad de género.

Como recogíamos en septiembre del año que acabamos de abandonar, siete personas eran detenidas por ondear banderas arcoíris durante el concierto en la capital egipcia de la banda libanesa Mashrou’ Leila, cuyo vocalista Hamed Sinno es abiertamente gay. Además de estos arrestos, el grupo musical se enfrentó a descalificaciones y de momento no volverá a tocar en el país, debido al veto del Sindicato de Profesiones Musicales egipcio (ya fue vetada en Jordania tras una campaña promovida por Dima Tahboub, portavoz de Frente de Acción Islámica).

El vicepresidente de dicho sindicato, Reda Ragab, condenó la actuación de la banda libanesa como “un escándalo contra nuestras tradiciones que está muy lejos del arte serio y con significado”. Mientras que la escritora Mona Eltahawy lamentó la persecución, tachando de “completamente ridículo” que se arreste a alguien por ondear una bandera o por su sexualidad.

Este 2 de enero ha saltado a la palestra informativa internacional la salida provisional de prisión bajo fianza de dos de las siete personas arrestadas en el citado concierto de Mashrou’ Leila en El Cairo: son Sarah Hejazy y Ahmed Alaa (de 28 y 21 años, respectivamente). Un tribunal egipcio ha autorizado la liberación, tras el depósito de 2.000 libras egipcias (algo más de 93 euros) como fianza.

De las 54 víctimas que siguen detenidas en Egipto por apoyar al colectivo LGTB, por su orientación sexual (real o percibida) o por su identidad de género, “varias de estas personas ya han sido declaradas culpables de los cargos y diez acusados en nueve casos han recibido sentencias de prisión duras, que van de uno a seis años”, explica la EIPR.

Si bien la homosexualidad no está explícitamente prohibida por la actual legislación egipcia (aunque podría llegar a cambiar, lo que la ONU ya ha condenado expresamente), las 54 personas que permanecen en prisión comparten supuestos cargos como la “indecencia o libertinaje”, la “conducta inmoral” o la “ofensa a los sentimientos religiosos”. Por su parte, la abogada Doaa Mostafa, que asistió a los interrogatorios de una de las chicas detenidas, ha explicado que lo más difícil no son las preguntas irrelevantes, sino saber que la víctima regresaría a una celda donde presuntamente fue agredida sexualmente.

El abogado de la Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión, Ahmed Othman, también dijo hace unos meses que los interrogatorios se prolongan durante más de 10 horas. Al parecer, a los acusados se les pregunta acerca de sus puntos de vista religiosos y políticos. Además, les obligan a revelar las contraseñas de sus cuentas en redes sociales y les investigan sus mensajes.

Amnistía Internacional denuncia que algunos de los detenidos han sido sometidos a exámenes anales en contra de su voluntad. La ONU considera que este tipo de exámenes son “una forma de tortura”, así como “malos tratos prohibidos por el derecho internacional”. Human Rights Watch, por su parte, apunta que el Sindicato Médico Egipcio no ha tomado ninguna medida para evitar que los profesionales de la sanidad realicen estas degradantes pruebas, no consentidas por las víctimas de la represión LGTBfóbica ejercida por el Estado.

Egipto ha intensificado la LGTBfobia de Estado en 2017

El ya pasado 2017 no ha sido un buen año para en colectivo LGTB en Egipto. Este pasado año se ha producido una intensificación de la persecución LGTBfóbica de Estado: en octubre nos hacíamos eco de que, hasta ese momento 57 personas habían sido detenidas, básicamente, por su orientación sexual o identidad de género, así como por el mero apoyo a los derechos igualitarios (con los cargos oficiales anteriormente referidos).

De esas 57 detenciones, según EIPR, como decíamos, 54 todavía están en prisión (tras la liberación provisional de Sarah Hejazy y Ahmed Alaa). No obstante, hay que leer las cifras con precaución, pensando que la falta de transparencia de la administración y de la justicia de Egipto puede falsear la realidad y suponer, por lo tanto, un escoyo para esclarecer si hay otros casos ocultos por razones desconocidas e incluso por supuestos intereses de las élites.

En octubre de 2017 también conocíamos la noticia de que el Consejo Supremo para la Regulación de los Medios de Comunicación (SCMR) daba la orden para prohibir todas las formas de apoyo a la comunidad LGBT en los medios de comunicación egipcios. Desde abril del año pasado, por decreto del presidente Abdel Fatah al-Sisi, los medios de comunicación de este país están regulados por la referida organización, así como por la Autoridad Nacional de Prensa (NPA) y la Autoridad Nacional de Medios (NMA).

Makram Mohamed, responsable del SCMR, expresaba a raíz del concierto de Mashrou ‘Leila que la homosexualidad es una “enfermedad vergonzosa” y que no debería promoverse en los medios de comunicación. Y no solo eso, sino que en su opinión (formada por los prejuicios y su propia ignorancia) no se debe permitir que las personas LGTB se integren a menos que reciban tratamiento para mantener la moralidad pública.

Los antecedentes LGTBfóbicos ya eran preocupantes…

En abril de 2016 fueron condenados once hombres egipcios a penas que oscilaban entre los 3 y los 12 años de cárcel, acusados del delito de “libertinaje e incitación al libertinaje”, que es el cargo que se utiliza habitualmente en Egipto para detener y condenar a homosexuales. Las detenciones se llevaron a cabo en septiembre de 2015, fruto de unas redadas que formaban parte de una “campaña de moralidad” con motivo de la festividad que marca el fin del Ramadán.

Un año antes (abril de 2015) nos hacíamos eco de la nueva potestad que se arroga el Estado para deportar a extranjeros LGTB. Esta medida era ratificada por un tribunal que falló en favor de la decisión tomada por el Ministerio del Interior egipcio de extraditar y prohibirle la entrada al país a un ciudadano libio, por ser gay.

En junio de 2015, dábamos cuenta de la utilización que la “Policía de la Moralidad” hacía de apps de contacto para gais y redes sociales para engañar y detener a hombres homosexuales inocentes. La última víctima: un refugiado sirio que llegó a Egipto huyendo de las miserias y de la violencia de su país, para empezar una nueva vida, y que fue humillado, detenido y condenado a un año de prisión tras caer en una trampa policial.

Incluso algunos medios de comunicación se dedican a realizar “cacerías” contra homosexuales. Al Kahera Wal Nas emitía en diciembre de 2014 un reportaje de la denostada presentadora amarillista Mona Iraqi, que servía como excusa para detener a decenas de personas, vanagloriándose de la redada a una sauna gay de El Cairo (capital de Egipto). Un tribunal los absolvería a todos posteriormente. No obstante, siguió pesando sobre ellos otra condena que no se revoca: la estigmatización social. Un problema que a menudo deriva en violencia por parte de terceros o en intentos de suicidio. Uno de los detenidos en la sauna gay de El Cairo, por ejemplo, trató de quemarse vivo, tras difundirse las imágenes en televisión en las que se le reconocía.

En noviembre de 2014 nos hacíamos eco de la condena de un tribunal de Egipto a tres años de prisión para ocho hombres por aparecer en un vídeo en el que presuntamente se representaba la celebración de “la primera boda gay” de este país. Sin embargo, los ocho acusados habían negado los cargos que se les atribuían, así como que la controvertida boda fuese una ceremonia real, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible en Egipto.

Ese mismo año, también informábamos de la sentencia de un tribunal egipcio que condenaba a cuatro hombres a varios años de prisión, por crear una supuesta red de prostitución homosexual, después de que la policía encontrase ropa de mujer y maquillaje en la casa de uno de ellos.

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A partir del próximo 1 de enero, España se incorpora como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ya lo fue, anteriormente, entre 2010 y 2013). La lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género figura entre las líneas prioritarias de la acción española, que materializará desde dos dimensiones: la bilateral y la multilateral. Además, “España va a seguir apoyando la labor del experto independiente en Naciones Unidas”, explica Marta Méndez, responsable del área de lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Por otra parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), el Observatorio contra la LGTBfobia, el PSOE y Podemos afean al PP que apoye políticas igualitarias en el exterior, pero vote en contra de ellas en el Congreso y en el Senado de España.

Coincidiendo con la entrada de España en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Escuela Diplomática está acogiendo esta semana la undécima edición del Seminario de Derechos Humanos. En él se están explicando los ejes de la acción española en materia de derechos humanos, entre los que figura la lucha contra la LGTBfobia en el terreno internacional. Otras cuestiones prioritarias para España son implementar la agenda “Mujer, Paz y Seguridad”, la discapacidad, el acceso al agua potable y saneamiento o el binomio de empresas y derechos humanos.

Respecto a la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación explicita que “España va a seguir apoyando la labor del experto independiente en Naciones Unidas”. Desde la citada oficina se refieren al cargo de experto de Naciones Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB, que el tailandés Vitit Muntarbhorn fue el primero en ocupar en 2016 y que ha quedado vacante por el momento, tras su renuncia por motivos de salud y familiares (efectiva desde el pasado 31 de octubre).

Aunque España no ha abordado por el momento acciones concretas para combatir la LGTBfobia por países, la delegación española anuncia que realizará preguntas y recomendaciones, en este sentido, en los llamados “Exámenes Periódicos Universales” a los que se someten los distintos estados en las Naciones Unidas. Sin embargo, incluso con las observaciones de países como España, los estados no están obligados a acatar dichas recomendaciones, que quedan supeditadas a la voluntariedad y la buena fe que se les presupone a los gobernantes.

El “doble rasero” del PP en política exterior e interior

Existe un amplio consenso político (igual que en el terreno asociativo y social), sobre el hecho de que España participe en la lucha internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas. Distintos asistentes del Seminario de Derechos Humanos (entre los que había periodistas, estudiantes de Derecho o futuros diplomáticos, entre otros) han agradecido que la Escuela Diplomática dedicara una jornada a tratar la LGTBfobia, acercando a la sociedad española los problemas del colectivo a nivel internacional.

No obstante, según denuncia el activismo LGTB, un tema aparte es el “doble rasero” del Partido Popular como formación que apoya al Gobierno. Para Jesús Generelo, presidente de la FELGTB, “efectivamente, la lucha contra la LGTBfobia en el mundo tiene que ser una prioridad”, ya que “en algunos países y regiones está aumentando de manera alarmante”. Pero Generelo sostiene que, “aunque sobre el papel es bastante positiva la política exterior de España”, en las políticas estatales “el PP de boquilla es una cosa y en la realidad otra”.

Generelo se refiere, entre otras cuestiones, al voto negativo que el PP ha emitido este jueves en el Congreso de los Diputados a la reforma de la ley de identidad de género que despatologiza la transexualidad (por el rechazo de este partido a facilitar que los menores trans vean reconocida legalmente su identidad). En la misma línea que Generelo se expresa Carla Antonelli, activista trans y diputada socialista en la Asamblea de Madrid. “Están vendiendo unos valores y unas políticas en el exterior que, en cambio, no son capaces de cumplir y respetar en su país”, denuncia Antonelli, recordando la oposición del PP a la ley que permite el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo de 2005, a la ley trans de 2007 y a su reforma, contra la que acaba de votar. Antonelli ha calificado esta doble postura del PP de “fariseísmo y cinismo en estado puro”.

Asimismo, Beatriz Gimeno, quien fue presidenta de la FELGTB entre 2003 y 2007 y actualmente es diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, considera que la discrepancia entre política interior y exterior del PP en materia LGTB es “una burla” y “una muestra de su hipocresía”. Gimeno alude al compromiso de “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, que el PP firmó como requisito para que Javier Maroto y Andrea Levy estuvieran presentes, en representación del PP por primera vez en la historia, en la manifestación del Orgullo 2017 de Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

La diputada madrileña de Podemos también ha resaltado que “aunque España es un buen país en la aceptación social a los derechos del colectivo LGTB, con el PP y sus políticas hemos retrocedido del primero al noveno puesto en la clasificación mundial”. Por todo ello, Gimeno concluye que las acciones comparadas del PP dentro y fuera de España son “un sinsentido”. Por su parte, el director del Observatorio Español contra la LGTBfobia, Paco Ramírez, cree que es “lamentable e incomprensible” la doblez en política interior y exterior del PP en materia LGTB y no se explica cómo este partido “ha apoyado leyes a nivel autonómico que rechaza en el marco estatal, como la reforma de la ley trans”.

Rosa María Candela, subdirectora general para la Igualdad de Trato y no Discriminación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha dejado meridianamente claro que los funcionarios de las distintas administraciones trabajan con el marco jurídico vigente en cada momento, al margen de la formación política del Gobierno de España. En este sentido, y sin hacer valoraciones sobre la posición de ningún partido, ha reconocido que “la política sigue un paso por detrás de la realidad social” en el ámbito LGTB. También son independientes del Gobierno los expertos españoles en distintos órganos de derechos humanos, como por ejemplo Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (que es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia).

La doble vulnerabilidad de los refugiados LGTB

España ocupa un estándar alto en la firma de los llamados tratados internacionales de derechos humanos esenciales de Naciones Unidas, aunque tiene retos importantes pendientes como el apoyo a la convención sobre derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias. Los países se clasifican entre los potencialmente emisores y los receptores. España, considerado un estado receptor, sigue resistiéndose a rubricar dicha convención.

“No está habiendo una buena actitud por parte del Gobierno del PP en la respuesta a solicitudes de asilo en España”, explica Jesús Generelo, en calidad de presidente de la FELGTB. Del mismo modo, el director del Observatorio Español contra la LGTBIfobia, Paco Ramírez, califica esa actitud de “poco generosa”, ya que “la tramitación es demasiado larga y en ocasiones se exige una documentación que para alguien que huye de otro país es difícil de aportar inmediatamente”.

La propia vulnerabilidad a la que ya de por sí se enfrentan los refugiados que demandan asilo en países como España, se multiplica en los casos en los que los solicitantes son personas que llegan como consecuencia de la persecución LGTBfóbica sufrida en sus países de origen.

“Un refugiado no es una persona que llega para quitarte la casa o el empleo”

Miguel Edu Nchama es fundador y actual presidente de la organización LGTBI Gays Africans Emigration, así como refugiado en España. Nchama argumenta, igual que defiende su entidad, que “nuestro objetivo es buscar y encontrar un mejor refugio en los países democráticos en los que podamos vivir y expresarnos libremente, donde los derechos humanos son respetados”. Añade que “las personas LGTBI no tenemos el poder de defender nuestros derechos en nuestros países de origen” puesto que, al hacerlo, “somos víctimas de maltrato, discriminación, persecuciones, rechazo familiar y social, pena de cárcel e incluso, en algunos países, la pena de muerte”.

Tiene 33 años y es nacido en Guinea Ecuatorial, aunque durante unos años se refugió en Gabón, donde tuvo que ocultar su orientación sexual. Miguel Edu Nchama llegó a España en 2014, lo que “me abrió un nuevo mundo de posibilidades de desarrollo en el campo del activismo, más especialmente centrado en la defensa de los derechos LGTBI”. Concedido el asilo casi tres años después de iniciar la petición “he podido comprobar en primera persona las tremendas dificultades a las que se enfrenta cualquier africano o africana que llega a Europa y lo solicita”.

“Nadie elige ser refugiado, igual que no elige su raza, dónde tiene que nacer o quien tiene que ser su padre y su madre”, dice el joven activista africano. Sin embargo, quiere trasladar a la opinión pública que “un refugiado no es una persona que llega para quitarte la casa o el empleo, solo queremos una sonrisa”.

El padre de Nchama murió en la guerra a los tres meses de nacer y su madre lo abandonó. Desde entonces se ha tenido que enfrentar a la discriminación y a la persecución por ser gay y ha sido obligado a presenciar escenas espantosas como la violación de su hermana por parte de su propio tío. En conclusión, valora que “la sociedad española todavía no se ha planteado en su conjunto cómo va a incluir a los refugiados LGTBI”.

“Tengo que llevar un documento con nombre masculino”

Sara Splaz, activista trans brasileña que espera la respuesta de asilo por parte del Estado español, es otro ejemplo de la doble vulnerabilidad a la que se enfrentan los refugiados LGTB. “Las personas trans refugiadas ni siquiera tenemos los mismos derechos en España que las personas trans nacidas aquí”. Splatz se lamenta porque “tengo que llevar un documento con nombre masculino que no refleja mi identidad de género”, lo que le ocasiona una serie de situaciones discriminatorias.

Sirva de ejemplo que, como ya le ha ocurrido, al ser registrada por la policía no se ha respetado su derecho a que el operativo estuviera a cargo de agentes femeninas. “En su documentación pone ‘hombre’”, fue la respuesta que recibió por parte de la Policía, a la que, más que mala fe, atribuye que “desconocen nuestros problemas”.

“Somos víctimas de la misoginia, porque nos ven como hombres que quieren renunciar al mayor don que tenemos según ellos: la masculinidad”, agrega Splaz.

Su historia es desgarradora. En su ciudad de Brasil, camino al supermercado, mientras caminaba por la acera de enfrente de una iglesia evangélica, un fanático le empezó a gritar que era una “abominación”, mientras aludía continuamente a la Biblia. Instantes después se vio corriendo de una turba que la perseguía insultándola y amenazándola. Cuando se detuvo, exhausta de correr, fue brutalmente agredida por una treintena de personas en un callejón. Recibió puñaladas, golpes e incluso dos disparos. Pasó tres horas tirada en la calle sin recibir ayuda.

Sobrevivió, pero tardó más de un año en recuperarse. Al tratar de denunciar los hechos, la propia policía brasileña le recomendó que no lo hiciera, sin tomarse en serio lo que le había ocurrido, según denuncia. Aunque la homofobia está reconocida como un delito de odio imputable, no ocurre lo mismo con la transfobia en Brasil (es el país con más delitos tránsfobos registrados de todo el mundo). En la comisaría le hicieron ver que, al ser una agresión en grupo en la que no podría identificar a todos los implicados, en caso de haber algún condenado seguramente lo sería por menos de tres años, por lo que no llegaría a entrar en prisión y solo la pondría en un peligro mayor. Tampoco parecía una opción viable denunciar a la iglesia, porque podía alegar que “esas personas no tienen nada que ver con nosotros”.

Sara Splaz se encuentra en la llamada “fase de integración” del proceso de asilo de España. Retrata algunos problemas de discriminación que ya ha sufrido en España. En la búsqueda de alquiler de vivienda, por ejemplo, le han cerrado muchas puertas al conocerla en persona, cuando manifiesta que había total disposición telefónica previa. “Ya está alquilado”, le repiten continuamente. “En España hay discriminación ‘amistosa’. En Brasil te pegan un tiro. Aquí solo te cierran las puertas”.

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Lo anunciábamos el pasado mes, pero ampliamos la noticia:

De facto, la defensa pública de la diversidad sexual en Egipto ya está siendo perseguida de un tiempo a esta parte, aunque sin una legislación específicamente LGTBfóbica. Sin embargo, y por primera vez, este país del norte de África podría sacar adelante una ley que formalmente sirva para invisibilizar al colectivo LGTB, prohibiendo cualquier tipo de “propaganda”, y criminalizando las relaciones entre personas del mismo sexo (tanto femeninas como masculinas). El diputado egipcio Riad Abdul Sattar, de la formación liberal Egipcios Libres, ha presentado un proyecto de ley que se debatirá en próximas semanas y que ha sido firmado por 67 señorías. Para el promotor del texto, la homosexualidad sería “más peligrosa” que el terrorismo o la violencia, por lo que urge “poner fin a esas prácticas que conducen a la destrucción de la sociedad”. Amnistía Internacional denuncia que “se pretende fomentar el estigma, la humillación y el odio contra las personas debido a la orientación sexual que tengan o parezcan tener”.

Aumentan (todavía más) las alarmas de LGTBfobia de Estado en Egipto. A la persecución de cualquier atisbo de diversidad que ya sufre la población, se suma el intento de oficializar, a través de la ley, la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Asimismo, el proyecto que abandera el diputado liberal Riad Abdul Sattar también pretende cerrar locales, prohibir reuniones, vetar cualquier apoyo al colectivo LGTB e impedir la “propaganda” en cualquier medio público (incluyendo las redes sociales).

Así reza el artículo 2 del borrador legislativo que ya han firmado, al menos, 67 diputados egipcios: “por cada dos o más personas, ya sean hombres o mujeres, que mantengan una relación sexual pervertida entre ellos, en cualquier lugar público o privado, la pena será de prisión por un período no inferior a un año y no superior a tres años, y en caso de reincidencia, la pena será de cinco años”.

Y no “solo” eso, sino que la responsabilidad penal también recaería en “cualquier persona que fomente las relaciones homosexuales, sea lo que sea, ya sea incitándolas o facilitándolas a otros, preparando un lugar para que se practiquen, o invitando a otros a los mismos, incluso si no las están practicando, se le impondrá pena de prisión por un período no inferior a un año y no superior a tres años, más el cierre de los locales. En caso de reincidencia, la pena será de cinco años de prisión”, establece el artículo 3 del proyecto de ley.

La “propaganda” LGTB también sería ilegal, a través de cualquier medio o plataforma, según dicta el artículo 4. Por lo que respectaría a la visibilidad, aparte de vetar cualquier tipo de publicación o aparición pública a favor de la diversidad, se velaría por “prohibir llevar cualquier signo o símbolo para homosexuales, así como fabricarlo, venderlo, comercializarlo o publicitarlo. El castigo para cualquiera que viole esto será la prisión por un período no menor de un año y no más de tres años”.

Con estas últimas medidas, si llega a aprobarse esta ley discriminativa, habría un respaldo legal para enjuiciar a cualquier persona simplemente por ondear banderas arcoíris. Recordemos que, como recogió dosmanzanas, en septiembre fueron detenidas siete personas durante un concierto de la banda Mashrou’ Leila en El Cairo por este motivo. Estas y otras detenciones, hasta el momento, se basan en la arbitraria y moralista acusación de “promover el libertinaje”.

El diputado liberal Riad Abdul Sattar, en calidad de promotor de esta propuesta legislativa, ha aseverado públicamente que la homosexualidad conduce a “la destrucción de la sociedad”, ya que es, en su ignorante opinión, “más peligrosa” que el terrorismo o la violencia. Najia Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional para el norte de África, por su parte, ha puesto de manifiesto que “no solo se propone con este anteproyecto de ley penalizar las relaciones homosexuales, que ni siquiera deberían ser delito, sino que también se pretende fomentar el estigma, la humillación y el odio contra las personas debido a la orientación sexual que tengan o parezcan tener”.

Amnistía Internacional también ha hecho un contundente llamamiento a “los líderes del mundo, incluido el presidente francés, Emmanuel Macron, que recibió a su homólogo egipcio, Abdelfatah Al-Sisi, el mes pasado en el Elíseo”, ya que “deben alzar la voz para condenar esta represión homófoba. En vez de tender alfombras rojas para recibir al presidente egipcio en las capitales europeas y firma nuevos acuerdos, deben utilizar su influencia para garantizar que el Parlamento retira este anteproyecto de ley totalmente represivo”.

Egipto incrementa la escalada de LGTBfobia de Estado

La realidad demuestra que las administraciones y los políticos egipcios han acabado enterrando el espíritu democrático, humanitario y social que se reclamaba en la Primavera Árabe. El actual presidente de Egipto, Abdelfatah Al-Sisi, asumió el cargo en 2014, después de haber encabezado meses atrás un golpe de Estado contra Mohamed Morsi, de los llamados “Hermanos Musulmanes”. Desde entonces, lejos de implementar avances en materia de derechos humanos en el país, se están sucediendo los retrocesos. En concreto, el colectivo LGTB está siendo uno de los principales perjudicados, si bien no el único, y de manera más intensa a raíz del concierto de Mashrou’ Leila del pasado mes de septiembre.

A principios de octubre nos hacíamos eco de que Egipto intensificaba la persecución LGTBfóbica de Estado, deteniendo a 57 personas por su orientación sexual o identidad de género, además de otras víctimas que lo fueron solo por mostrar su apoyo al colectivo (independientemente de su sexualidad). Como decíamos en líneas anteriores, en este país las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no están formalmente penalizadas. Por ello, a los detenidos se les suele imputar acusaciones tales como incitar al libertinaje, desviación sexual y violación de la moral pública. La Autoridad de Medicina Forense de Egipto también somete a los arrestados a exámenes anales forzados, tal y como están denunciando distintas organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Con estas tácticas decimonónicas, sin el respaldo de la comunidad forense y científica internacional, se trata de extraer “pruebas” de una supuesta “conducta homosexual”.

La ONU considera que este tipo de exámenes son “una forma de tortura”, así como “malos tratos prohibidos por el derecho internacional”. Human Rights Watch, por su parte, apunta que el Sindicato Médico Egipcio no ha tomado ninguna medida para evitar que los profesionales de la sanidad realicen estas degradantes pruebas, no consentidas por las víctimas de la represión LGTBfóbica ejercida por el Estado.

Desde octubre hasta hoy, según denuncia Amnistía Internacional, las detenciones LGTBfóbicas ya se habrían incrementado de 57 “a más de 70 personas”.

Odio y persecuciones al colectivo LGTB: una constante en los últimos años

En junio de 2015, dábamos cuenta de la utilización que la “Policía de la Moralidad” hacía de apps de contacto para gais y redes sociales para engañar y detener a hombres homosexuales inocentes. La última víctima: un refugiado sirio que llegó a Egipto huyendo de las miserias y de la violencia de su país, para empezar una nueva vida, y que fue humillado, detenido y condenado a un año de prisión tras caer en una trampa policial.

Incluso algunos medios de comunicación se dedican a realizar “cacerías” contra homosexuales. Al Kahera Wal Nas emitía en diciembre de 2014 un reportaje de la denostada presentadora amarillista Mona Iraqi, que servía como excusa para detener a decenas de personas, vanagloriándose de la redada a una sauna gay de El Cairo. Un tribunal los absolvería a todos posteriormente. No obstante, siguió pesando sobre ellos otra condena que no se revoca: la estigmatización social. Un problema que a menudo deriva en violencia por parte de terceros o en intentos de suicidio. Uno de los detenidos en la sauna gay de El Cairo, por ejemplo, trató de quemarse vivo, tras difundirse las imágenes en televisión en las que se le reconocía.

En noviembre de 2014 también nos hacíamos eco de la condena de un tribunal de Egipto a tres años de prisión para ocho hombres por aparecer en un vídeo en el que presuntamente se representaba la celebración de “la primera boda gay” de este país. Sin embargo, los ocho acusados habían negado los cargos que se les atribuían, así como que la controvertida boda fuese una ceremonia real, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible en Egipto. Ese mismo año, también informábamos de la sentencia de un tribunal egipcio que condenaba a cuatro hombres a varios años de prisión, por crear una supuesta red de prostitución homosexual, después de que la policía encontrase ropa de mujer y maquillaje en la casa de uno de ellos.

Fuente Dosmanzanas

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La organización OutRight Action International ha dado la voz de alarma ante el intento de Rusia y Egipto por boicotear el acuerdo antidiscriminatorio hacia el colectivo LGTB en los Juegos Olímpicos. La próxima edición de los Juegos de Invierno tendrá lugar en Pyeongchang (Corea del Sur), entre el 9 y el 25 de febrero de 2018. Y aunque el Principio 6 de la Carta Olímpica Internacional prohíbe explícitamente desde 2015 la discriminación por orientación sexual y la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) no tiene competencia para modificar o anular dicho documento, el boicot encabezado por estos países pone en riesgo la “Resolución de Tregua Olímpica”, que llama a la paz entre las naciones durante los Juegos Olímpicos (así como en la semana anterior y posterior a los mismos).

La mencionada “Resolución de Tregua Olímpica” se trata de un acuerdo que se negocia entre todos los Estados de la Asamblea General de la ONU cada dos años y en esta ocasión, al parecer, Rusia y Egipto se han propuesto que se elimine cualquier prohibición expresa a la discriminación LGTBfóbica. La directora ejecutiva de OutRight Action International, Jessica Ster, lo ha explicado de forma muy clara: “después de los ataques sistemáticos contra personas LGTB en sus propios países, ahora están poniendo sus miras en promover la violencia y discriminación en todos los países del mundo”. Ciertamente, la situación del colectivo LGTB está empeorando progresivamente tanto en Rusia como en Egipto, como venimos recogiendo.

Según denuncian desde OutRight Action International, los argumentos de ambos países “se basan en el mito y la falacia, usualmente usando la cortina de humo de ‘valores religiosos y culturales’ para justificar la violencia y la discriminación hacia las personas LGTB”. El objetivo de la tregua, que tal y como se desarrolla en la actualidad comenzó en 1993, es proteger la participación de los atletas y sus seguidores en el espíritu de los juegos, como se articula en la Carta Olímpica. Sin embargo, de sobra es conocido el nulo interés de los mandatarios rusos y egipcios en reconocer cualquier derecho a las personas LGTB en los últimos años, aunque simplemente sea la protección contra la discriminación y la violencia.

En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo la dirección de Brasil, incluyó el principio de no discriminación en la tregua, con una referencia explícita al Principio 6 de la Carta Olímpica. Los 193 Estados miembros aprobaron por unanimidad entonces la tregua. En cambio, de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea del Sur, Rusia y Egipto han propuesto un ultimátum al Comité para que se elimine cualquier referencia al inclusivo Principio 6 de la Carta Olímpica. “Egipto y Rusia no están simplemente peleando por un lenguaje simbólico, sino por los niveles de violencia que los gobiernos pueden usar contra las personas LGBTQ”, concluye Jessica Stern.

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