Galo, que se identifica como no binaria trans y queer, ha enfrentado la discriminación y las fobias con honestidad y amor propio.

General, Historia LGTBI #AmaConOrgullo, #ViveConOrgullo, Centro de Información de las Naciones Unidas en México, Frank, Galo, Gloria, Lola, María Clemente, México, Naciones Unidas, Personas LGTBIQ, Ramsés, Sara, Sebastián

(pincha sobre la imagen para ampliarla)

La declaración fue firmada por las personas, instituciones y entidades asistentes al Congreso en Mérida, el 11 de marzo de 2017

La Fundación Triángulo organiza un encuentro de trabajo sobre “La Declaración de Mérida: Derechos Humanos, Diversidad Sexual y de Género en el mundo” conmemorativo de la firma de la Declaración de Mérida este 29 de febrero y el viernes 1 de marzo de 2024 en Mérida, Extremadura.

Dicha Declaración fue consensuada y aprobada por el plenario del VI Congreso de Cooperación Inter-nacional y Derechos Humanos LGBT organizado por Fundación Triángulo en colaboración con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional, realizado en Mérida y Badajoz, del 8 al 11 de marzo de 2017.

La declaración fue firmada por las personas, instituciones y entidades asistentes al Congreso en Mérida, el 11 de marzo de 2017, acordándose la promoción de la misma para las adhesiones posteriores por parte de instituciones públicas locales, regionales, estatales y supraestatales.

La idea del Congreso/jornadas de trabajo es reflexionar y debatir entre todos/as quienes participarán en el encuentro sobre la necesidad de avanzar en la inclusión de la diversidad sexual y de género en la agenda de la Cooperación Internacional, objetivo de la Declaración de Mérida, pero también en la necesidad de explorar otros instrumentos en la Cooperación, y sobre todo de avanzar en el trabajo en incidencia política y diplomática para poder mejorar la situación de las personas LGBTI en el mundo, más allá de los países dónde es factible realizar cooperación.

Hace días el Ministro de Exteriores José Manuel Albares anunció que España va a promover una Alianza Mundial para la Despenalización de los delitos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género. Esta iniciativa, que surge del “Encuentro de Actorías Clave de  Cooperación LGBTI” organizado por Fundación Triángulo el pasado año en el Senado, será abordada en este encuentro. Además, se profundizará en el trabajo que se hace desde Organizaciones Sociales y Gobiernos, con especial atención a la Equal Rights Coalition de Naciones Unidas, de la que Fundación Triángulo y el Gobierno de España son parte desde el inicio.

 Avanzamos a continuación una síntesis del plan de trabajo, como marco de situación, con la idea de que podamos aprovechar lo máximo posible las dos jornadas de trabajo, e intentar definir estrategias que nos permitan lograr los objetivos.

El Congreso comenzará a las 9,15 horas con la inauguración a cargo del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna Isabel Belloso Bueso, Directora de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Junta Extremadura, Julio del Valle del Iscar, Director General para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, del Ministerio de Igualdad, Sergio Colina Martín, Director General de Políticas de Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Silvia Tostado Calvo, Presidenta de la Fundación Triángulo Extremadura y Blanca Martín Delgado, Presidenta de la Asamblea Extremadura.

Después se desarrollarán una serie de ponencias y mesas redondas para, por la noche, asistir al encendido con los colores de la bandera arco iris, del Templo de Diana y la recepción, en el Centro Cultural Alcazaba, de todos los asistentes al Congreso con “El corazón de la Diversidad, por Pedro Chamizo”.

La mañana del jueves comenzará presentando la propuesta de trabajo: “Qué queremos conseguir”, planteando el reto de hacer crecer la agenda LGBTI en el mundo, a cargo de José María Núñez Blanco, Presidente de Fundación Triángulo.

Se profundizará en el conocimiento de “Cómo estamos”, “Cómo vivimos”, acercándonos a la situación de los DDHH de las personas LGBTI en el mundo, con intervenciones de Víctor Madrigal, que ha sido Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de ONU durante dos mandatos, y de Luz Elena Aranda, Co-Secretaria General de ILGA World. Posteriormente nos acercaremos a las vivencias y el activismo en territorios hostiles, con personas como Alice Nkom, de Camerún, Ruth Muganzi, de Uganda, Bianka Rodríguez, de El Salvador, George Hale, de Perú, Ale López, de Argentina. entre otros/as activistas.

Por la tarde, se abrirá un espacio de trabajo conjunto, en el que todas las agencias / organizaciones / gobiernos tengan intervención y participen en el debate, generando dos grupos de trabajo:

1. Cooperación e instrumentos.
2. Incidencia política y diplomática.

El objeto es conocer los planteamientos y posiciones de todos/as al respecto, para mediante el consenso, lograr concluir líneas de avance y estrategias que permitan hacer crecer la presencia de la diversidad sexual en la Cooperación, la incidencia política y la diplomacia con la Declaración de Mérida como motor de avance.

En la mañana del viernes, desde las 9.30h se retomará el trabajo, arrancando con el conocimiento en profundidad de iniciativas de diferentes países que son “Buenas prácticas” de trabajo colaborativo entre la Sociedad Civil y los Gobiernos e Instituciones sobre Cooperación, Derechos Humanos y Diversidad LGBTI, con participación presencial y virtual de referentes como Miguel Ángel Moratinos, Sergio Colina, Wilson Castañeda, Nuria Parlón o el Director actual de la ODH del MAEC, además de la participación de Klaus Jetz y Gloria Careaga, en nombre de las copresidencias alemana y mexicana respectivamente de la Equal Rights Coalition.

El viernes se finalizará poniendo en común las “Conclusiones de los grupos de trabajo del encuentro”.

El cierre correrá a cargo de Julio del Valle, Director General para la igualdad de las personas LGTBI+ del Ministerio de Igualdad, Isabel Belloso, Directora de la AEXCID de la Junta de Extremadura, Ángel Calle, Delegado de ODS, Cooperación, LGBTI y Diversidad de Ayuntamiento Mérida, Leyre Pajín Presidenta de la Fundación EU-LAC y José María Núñez Blanco, Presidente de Fundación Triángulo.

 El evento tendrá lugar en el “Salón de los pasos perdidos” de la Asamblea de Extremadura, situada en la Plaza San Juan de Dios s/n, Mérida, Extremadura.

***

Encuentro sobre Derechos Humanos y Diversidad Sexual y de Género en el mundo

PROGRAMA DÍA 29 DE FEBRERO

9:00 a 9:15h: Recepción de participantes.

9:15 a 10:00h: Saludos institucionales y apertura. Antonio Rodríguez Osuna, Alcalde de Mérida. Julio del Valle del Iscar, Director General para al igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, del Ministerio de Igualdad. Sergio Colina Martín, Director General de Políticas de Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Silvia Tostado Calvo, Presidenta Fundación Triángulo Extremadura. Representante Junta Extremadura. Blanca Martín Delgado, Presidenta Asamblea Extremadura.

10:00 a 10:15h: Qué queremos.

– José María Núñez Blanco, Presidente Fundación Triángulo.

10:15 a 11:00h: Movilidad humana y Derechos Humanos LGBT: 

– Pilar Cancela Rodríguez, Secretaria de Estado de Migraciones, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social yMigraciones.
– Wilson Castañeda Castro, Director Ejecutivo ed Corporación Caribe Afirmativo, Secretaría Técnica de al Red Regional de Protección a personas LGBTIQ+ migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en lasAméricas.

11:30 a 12:15h: Cómo estamos: 

– Victor Madrigal-Borloz, Ex Experto Independiente sobre al protección contra al violencia y al discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de las Naciones Unidas.
– Luz Aranda Arroyo, Co-Secretaria General de ILGA World.

12:15 a 14:00h: Cómo vivimos.

 – Alice Nkom, Association for the Defence of Homosexuality, Camerún.
– Bianka Rodríguez Figueroa, COMCAVIS TRANS, El Salvador.
– Ale López Bemsch, Comité Intersex del Consejo Regional de ILGA LAC, Argentina.
– Ryan Silverio, ASEAN SOGIE Caucus (ASC), Filipinas.
Modera Helena Maldonado Barrera, Coordinadora Técnica de Cooperación, Fundación Triangulo.

16:00 a 19:00h: Pensemos cómo avanzar. Grupos de trabajo Cooperación e instrumentos. Incidencia política y diplomática.

20:00h: Foto de familia. Templo de Diana.

20:30h: Recepción del Ayuntamiento de Mérida: El corazón de la Diversidad, por Pedro Chamizo. Centro Cultural Alcazaba.

PROGRAMA DÍA 1 DE MARZO

9:15  a 11:00h: Mejor juntas. Buenas prácticas.

– Miguel Ángel Moratinos, Alto Representante de NNUU para al Alianza de Civilizaciones.
– Fernando Fernández-Aguayo Muñoz, Director Oficina Derechos Humanos, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
– Maite Serrano Oñate, Directora de La Coordinadora estatal de Organizaciones para el Desarolo.
– George Hale García, Gerente de Promsex y coordinador del proyecto UE Adelante con al Diversidad.
– Gloria Careaga Pérez, copresidencia México, Equal Rights Coalition. Klaus Jetz, copresidencia Alemania, Equal Rights Coalition.
Modera Raúl del Río González, Vicepresidente Fundación Triángulo.

11:30 a12:45h: El reto de crecer.

– Ponentes de los grupos de trabajo.
Modera Silvia Tostado Calvo. Presidenta Fundación Triángulo Extremadura.

12:45 a 13:00h: Alianzas,  Cooperación Internacional, ODS: Agenda de la Diversidad.

– Leire Pajín Iraola, Presidenta EU-LAC Foundation.

13:00 a 13:30h: Clausura.

– Ángel Calle Suárez, Delegado de Comercio yEmprendimiento, ODS, Cooperación, LGBTI yDiversidad del Ayuntamiento de Mérida.
– Isabel Belloso Bueso, Directora de al Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrolo (AEXCID) de al Junta de Extremadura.
– José María Núñez Blanco, Presidente Fundación Triángulo.
– Antón Leis García, Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea yCooperación.

 ***

www.fundaciontriangulo.es

www.cooperacionlgbt.org

***

General, Historia LGTBI Cooperación Internacional, Declaración de Mérida, Diversidad sexual, Equal Rights Coalition, España, Fundación Triángulo, Mérida, Naciones Unidas

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, se ha quejado ante las Naciones Unidas (ONU) de lo que ha descrito como “colores LGBT” en su Asamblea General.

Los colores mostrados no eran los de la bandera del Orgullo.

El jueves (21 de septiembre), Erdoğan se quejó de que se sentía incómodo con las cortinas que decoraban el espacio en una convención para promover los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, un plan iniciado por los líderes mundiales en 2015 con una fecha límite de 2030 para crear un mundo más sostenible. futuro.

El presidente, que prometió durante un mitin electoral en mayo que su Partido Justicia y Desarrollo (AKP) y otros partidos de su alianza “nunca serán pro-LGBT porque la familia es sagrada para nosotros”, dijo que deseaba discutir su queja con el El secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

“Una de las cuestiones que más me molesta… es que al entrar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, ves los colores LGBT en las escaleras y otros lugares”, dijo, según informó Reuters.

“¿Cuántos LGBT hay en el mundo ahora mismo? Por mucho derecho que tengan en estos pasos, aquellos que están en contra de LGBT también tienen el mismo derecho”, añadió.

Algunos diplomáticos de la ONU han sugerido que Erdoğan ha confundido los 17 colores diferentes asociados con los objetivos de desarrollo sostenible con los colores de la bandera del Orgullo, que representan la diversidad de la comunidad LGBTQ+ y el espectro de la sexualidad y el género humanos.

Erdoğan, que ha sido presidente de Turquía desde 2014 y ganó un nuevo mandato de cinco años en mayo de 2023, aprovechó su última victoria en las elecciones presidenciales para continuar su ataque a los derechos LGBTQ+, por lo que su denuncia ante la ONU no es una sorpresa.

Erdoğan llamó “veneno” a las personas queer

En su discurso de precampaña dijo que la comunidad queer es “veneno” antes de pasar a afirmar que son la “calamidad que amenaza la supervivencia de nuestra sociedad”.

Anteriormente, en 2021, describió a los jóvenes LGBTQ+ como vándalos y agregó que respeta todos los puntos de vista e identidades siempre que no estén vinculados al “terror, la inmoralidad, la perversión y la violencia”.

El sentimiento anti-LGBTQ+ en Turquía, que en septiembre fue apoyado por el organismo de control de los medios del país después de que aprobara un anuncio para un evento anti-LGBTQ+, ha provocado la prohibición de los desfiles del Orgullo, y en la marcha de 2023 se detuvo a más de 100 personas por resistirse a la prohibición.

En septiembre de 2022, miles de personas salieron a las calles de Estambul pidiendo al gobierno que prohibiera la “propaganda” LGBTQ+ en lo que Associated Press describió como la “mayor manifestación de este tipo en Turquía”.

Erdoğan y la Turquía de la represión, el silencio y la LGTBfobia

Técnicamente es legal ser gay en Turquía, pero las personas LGBT + en el país tienen pocos derechos legales y enfrentan un estigma extremo, y los desfiles del Orgullo a menudo son brutalmente reprimidos por la policía y en los últimos tiempos, Turquía ha visto un aumento en la retórica homofóbica. De hecho, Turquía abandonó la histórica Convención de Estambul porque “normaliza la homosexualidad”.

En Cristianos Gays hemos informado de la involución de derechos y de visibilidad pública del colectivo LGTB en Turquía. En febrero de este año dos jóvenes eran arrestados en Turquía por un cartel con banderas LGBT.

En 2013 nos hacíamos eco de la histórica manifestación del Orgullo de Estambul, en la que participaron más de 15.000 personas (siendo la más multitudinaria hasta la fecha). Pero las ediciones de 2015 y 2016, en cambio, eran reprimidas violentamente por las autoridades. En 2015, según los organizadores del Orgullo, la marcha fue «prohibida de repente por la oficina del Gobernador de Estambul, a causa del mes de Ramadán, sin ningún aviso».

Una circunstancia que, siendo exactamente igual, no impidió la manifestación en 2014 (un año en el que el Tribunal Constitucional de Turquía reconocía por primera vez que llamar “pervertidos” a las personas LGTB es lenguaje de odio). En 2016 la Policía turca disolvía violentamente la Marcha del Orgullo Trans de Estambul. Fue prohibida por el gobernador, que justificaba su decisión por “la seguridad de nuestros ciudadanos, en primer lugar, de los propios participantes”, pero desde el activismo LGTB se contempló como una claudicación ante las amenazas de grupos de extrema derecha nacionalista e islamistas. Una semana después, el Orgullo LGTB de Estambul correría la misma suerte. En agosto de 2016, la activista trans Hande Kader era brutalmente vejada y asesinada, después de haberse posicionado en primera fila durante el reprimido Orgullo Trans.

Una situación que se repetía en 2017, cuando tras las amenazas de un grupo ultranacionalista, y lejos de asegurar el ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul prohibía la manifestación del Orgullo cediendo al chantaje de los extremistas. Cientos de valientes activistas desafiaron la prohibición y salieron a las calles, pero fueron duramente reprimidos.

En febrero de 2018 publicábamos que los tribunales administrativos 4º y 13º de Ankara, respectivamente, rechazaban los recursos de apelación de las organizaciones igualitarias Kaos GL y Pink Life (o Pembe Hayat), que pretendían acabar con la prohibición de celebrar actos LGTB, impuesta por el gobernador de Ankara, Ercan Topaca. Para la justicia, que se posicionaba a favor de la oficina del gobernador, «la prohibición no causará resultados irrecuperables», dictaminando que tal decisión «no es ilegal».

El último intento de fomentar el sentimiento homofóbico en Turquía sigue a un pánico moral provocado por una serie de Netflix ambientada en el país. Los rumores de un personaje gay en Love 101, lanzado en Netflix este mes, desató un torrente de furia del estado.

El presidente del Consejo Supremo de Radio y Televisión, Ebubekir Sahin, dejó en claro: “No toleraremos transmisiones que sean contrarias a los valores nacionales y espirituales de nuestra sociedad”. En línea, las publicaciones han acumulado miles de “me gusta” acusando a Netflix de “tratar de normalizar la inmoralidad”, calificando al gigante gigante del “enemigo del Islam” por transmitir el programa durante el Ramadán. No había ningún personaje gay visible cuando Love 101debutó el 24 de abril, y los fans no tenían claro si el rumor era falso o si se tomó la decisión de editar el programa después de la reacción violenta.

Sin embargo, existe un creciente apoyo a la inclusión en el país. Una encuesta realizada el mes pasado encontró que el 45 por ciento de las personas en Turquía piensan que las personas LGBT + deberían tener los mismos derechos, un aumento del 36 por ciento del año anterior.

Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Ha despedido a miles de funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno y a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se imputaron cargos por “terrorismo” a 47.000 personas.

Como culminación del proceso de concentración de poder, el pasado abril Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista por un 51,41% de los votos. Erdoğan concentraba así toda la capacidad ejecutiva, junto a la potestad de elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento.

Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo bajo la nueva Constitución, Erdoğan podría mantener su poder casi absoluto hasta 2029 (las próximas elecciones presidenciales no tienen lugar hasta 2019). Una situación altamente preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía.

Fuente PinkNews/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Homofobia/Transfobia, Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Recep Tayyip Erdoğan, Turquía

Los colectivos pro derechos de las personas LGTBI+ en Venezuela continúan con su lucha para alcanzar la igualdad legislativa en el país caribeño. El último fruto de esta lucha es la anulación de un reglamento del Ejército que castigaba con penas de uno a tres años de cárcel a los militares que mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo. El texto suponía el último escollo legal para considerar la homosexualidad totalmente despenalizada.

El Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, a petición del Defensor del Pueblo, ha dejado sin validez el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar. El citado código establecía lo siguiente: «El oficial que cometa actos que lo afrenten o rebajen su dignidad o que permita tales actos, sin tratar de impedirlo por los medios autorizados por la ley, será penado con prisión de uno a tres años y separación de las Fuerzas Armadas. La misma pena se aplicará a todo militar que cometa actos sexuales contra natura».

Cabe precisar que se trata de una victoria parcial, ya que el alto tribunal venezolano se limita a poner fin a una interpretación ambigüa del reglamento militar pero evita la cuestión de fondo y evita equiparar de forma expresa las relaciones homosexuales a las heterosexuales. En este sentido, el Tribunal hace suyos los argumentos del Defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz, que estimaba que el reglamento «carece de suficiente claridad y precisión jurídica en lo que respecta a la conducta que pretendía sancionar».

Pese a todo, esta modificación supone la extinción del último texto legal que penalizaba la homosexualidad en la República Bolivariana de Venezuela. El colectivo Venezuela Igualitaria ya interpuso en 2016 una demanda para la eliminación de este artículo. El pasado 14 de febrero, varios activistas se manifestaron frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para exigir su derogación, además de otras medidas como la aprobación del matrimonio igualitario, la no discriminación de los varones homosexuales en la donación de sangre o el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. «Consideramos la decisión como positiva, pero limitada ya que no ataca el problema principal por el que movimientos sociales y particularidades en distintos momentos y espacios han elevado su voz ante el Estado, esto es: la vulneración de la dignidad de las personas LGBTI venezolanas en general y en particular dentro de nuestras Fuerzas Armadas, quienes siguen siendo invisibilizadas, forzadas a vivir ocultas so pena de sufrir castigos o la expulsión», explican desde Venezuela Igualitaria.

En la consecución de este hito también ha jugado un papel las presiones de Naciones Unidas. En una reciente visita al país, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, incluía esta demanda entre los avances que Venezuela debía dar. «Me ha complacido escuchar que las autoridades se han comprometido a derogar el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y que las autoridades la han calificado como obsoleta. Tal medida estaría en consonancia con una de las principales demandas que escuché, de una representante de la comunidad LGBTIQ+», expresaba Türk al final de la visita.

Pese a la desaparición de la última disposición legal que castigaba explícitamente la homosexualidad, queda mucho para lograr la consecución de la igualdad de derechos en Venezuela. Una tímida esperanza se abrí paso cuando el presidente Nicolas Maduro sugería en 2020 que la aprobación del matrimonio igualitario podría ser discutido por la Asamblea Nacional, pero lo cierto es que desde entonces nada se ha avanzado ese sentido. Venezuela se mantiene así rezagada en los derechos para las parejas y personas pertenecientes a la diversidad sexual. Países vecinos, como Colombia o Brasil, hace años que reconocen el matrimonio igualitario por decisión de sus altos tribunales de justicia. Y Cuba, cuyo régimen puede considerarse entre los más próximos al Gobierno de Maduro, aprobó el matrimonio igualitario el pasado año mediante referéndum.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Despenalización de la homosexualidad, Discriminación, Ejército, Homofobia/Transfobia, LGTBIfobia, Naciones Unidas, Nicolás Maduro, Venezuela, Venezuela Igualitaria, Volker Türk

Expertas de la ONU suscriben que “esta nueva legislación alinea el sistema español de reconocimiento de la identidad de género con la mejor práctica de autoidentificación identificada por la ONU”

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) celebra el posicionamiento en favor de la Ley Trans y LGTBI+ española de nueve personas expertas independientes de Naciones Unidas, integrantes de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, mayor órgano de expertos independientes de la ONU.

A través de un comunicado, nueve miembros de Naciones Unidas, entre quienes figura la presidenta del grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas de la ONU, Dorothy Estrada-Tanck, su vicepresidenta Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane y Melissa Upreti, también miembros del equipo, y el experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, Victor Madrigal-Borloz, suscriben que esta nueva legislación “alinea el sistema español de reconocimiento de la identidad de género con la mejor práctica de autoidentificación identificada por la ONU”.

Asimismo, confirman que “contrariamente a algunas narrativas erróneas, el nuevo sistema garantiza la seguridad jurídica mediante la posibilidad de revisión judicial, haciendo recaer adecuadamente la carga de la prueba en la parte que cuestiona y en el Estado, y no en las personas trans y otras personas con diversidad de género. De este modo, se han eliminado obstáculos arbitrarios, humillantes y perjudiciales para el reconocimiento legal”.

“El cumplimiento de los derechos humanos implica necesariamente el reconocimiento del derecho de autodeterminación”

En este sentido, Óscar Rodriguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, reitera que “el cumplimiento de los derechos humanos implica necesariamente el reconocimiento del derecho de autodeterminación” y aplaude que Naciones Unidas se posicione para recordarlo “ante la proliferación de discursos de odio que señalan a las personas trans como violadoras o enfermas”.

Así, Rodríguez recuerda también que España ha recibido apoyos y felicitaciones internacionales como el de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, que felicitó a España por la aprobación de una ley que permite la autodeterminación de género sin la obligatoriedad de informes médicos o psicológicos o el del propio Consejo de Europa de Igualdad, Minorías e Inclusión.

“Con la aprobación de la Ley Trans y LGTBI+ España se alinea con la Estrategia para la Igualdad de las personas LGBTIQ 2020-2025 de la Comisión Europea, que señala la autodeterminación como esencial para el avance de los derechos de las personas trans. Las legislaciones de Malta, Portugal o Dinamarca ya reconocen desde hace tiempo este derecho fundamental y, próximamente, Alemania y los Países Bajos se sumarán a esta lista. Más allá de las fronteras de la Unión Europea, la experiencia de países como Nueva Zelanda o Argentina demuestran que las políticas LGTBI+ y feministas van naturalmente de la mano”, informa.

“Es una obviedad repetir esto, pero, ante el auge del discurso ultraconservador del miedo,  nos vemos en la necesidad de recordar que las personas trans hemos existido siempre”

Por su parte, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, reitera que “es una obviedad repetir esto, pero, ante el auge del discurso ultraconservador del miedo, que nos señala como una amenaza, nos vemos en la necesidad de recordar que las personas trans hemos existido siempre. Ya había mujeres trans antes de esta ley y las había con sus DNI reflejando su género. Tenemos Ley trans en casi todas las comunidades autónomas españolas desde hace años”, defiende.

“El cambio que esta ley introduce es que ahora, no tendremos que pasar por la humillación de ser diagnosticadas de una enfermedad mental que, tal y como reconoce la OMS, no existe porque no estamos enfermas. Es una ley administrativa que elimina trámites que atentaban contra nuestra dignidad a la hora de cambiar el género en mi DNI, nada más. Una ley que dota de derechos a una minoría vulnerable es una ley que nos hace crecer como sociedad”, asegura Sangil.

NOTA. Posicionamiento de la ONU

Fuente FELGTBI+

General, Historia LGTBI Consejo de Europa, Derechos LGTBIQ+, DerechosHumanos, DerechosLGTBI, DerechosTrans, Discursos de odio, Dorothy Estrada-Tanck, Dunja Mijatovic, España, FELGTBIQ+, Identidad de género, Internacional, Ivana Radačić, Ley Integral Trans, Ley Trans y LGTBI, LeyLGTBI, LeyTrans, Melissa Upreti, Meskerem Geset Techane, Naciones Unidas, ONU, Óscar Rodríguez, Transfobia, Uge Sangil, Víctor Madrigal-Borloz

En un discurso ante la Asamblea General de la ONU el miércoles, el presidente Biden defendió la importancia de los derechos LGTBI en el mundo. Declaró:

“El futuro lo conquistarán aquellos países que liberen todo el potencial de sus poblaciones, donde las mujeres y las niñas puedan ejercer la igualdad de derechos, incluidos los derechos reproductivos básicos, y contribuyan plenamente a la construcción de economías más fuertes y sociedades más resistentes; donde las minorías religiosas y étnicas puedan vivir sus vidas sin acoso y contribuir al tejido de sus comunidades; donde las personas de la comunidad LGTBI vivan y amen libremente sin ser objeto de violencia; donde los ciudadanos puedan cuestionar y criticar a sus dirigentes sin temor a represalias.”

En febrero de 2021, Biden emitió un memorando presidencial para proteger los derechos de las personas LGTBI en todo el mundo.

El memorando estableció el compromiso de la administración de “garantizar que la diplomacia y la ayuda exterior de Estados Unidos promueven y protegen los derechos humanos de las personas LGTBI+”.

Entre otras acciones, ordenó a las agencias que combatieran la criminalización de las identidades LGTBI, que protegieran a las personas refugiadas y solicitantes de asilo LGTBI, y que proporcionaran ayuda exterior para avanzar en los esfuerzos de no discriminación en todo el mundo.

Gran parte del discurso de Biden ante la ONU se centró en la condena de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

“Rusia ha violado descaradamente los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, no más importantes que la clara prohibición de que los países tomen el territorio de su vecino por la fuerza”, dijo.

Biden también hizo hincapié en la “visión de Estados Unidos de un mundo libre, abierto, seguro y próspero” en el que “los individuos tengan la oportunidad de vivir con dignidad y desarrollar sus talentos”.

Fuente: LGNTQ Nation

General, Historia LGTBI Asamblea General de Naciones Unidas, Derechos LGTBIQ+, Joe Biden, Naciones Unidas

Una carta dirigida al presidente del Consejo de Derechos Humanos por parte de UN Watch instó con éxito a la ONU a denegar la candidatura de Qatar a la presidencia del foro de derechos humanos a raíz de unos tuits antisemitas.

Enviada de Qatar pierde candidatura para puesto de Derechos Humanos en la ONU por comentarios antisemitas

La embajadora de Qatar ante las Naciones Unidas, Hend Al-Muftah, ha perdido su candidatura para presidir el próximo Foro de Derechos Humanos de la ONU debido a sus recientes tuits en los que calificaba a los judíos de “nuestros enemigos” y a los gays de “repugnantes”, según el organismo de vigilancia de los derechos humanos UN Watch.

En una carta enviada el 12 de septiembre al presidente del Consejo de Derechos Humanos, coincidiendo con la apertura de la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, UN Watch instó a la ONU a denegar la candidatura de Qatar para presidir el foro de derechos humanos, que se inaugura la misma semana en que Qatar acoge la Copa del Mundo.

“Los judíos gobiernan el mundo” y “Los sionistas estadounidenses controlan los medios de comunicación de Estados Unidos”

La carta comienza: “La embajadora Al-Muftah escribe que ‘los judíos’ centraron sus inversiones en la industria y los medios de comunicación, ‘y por eso dominaron, tiranizaron y gobernaron el mundo’. Una vez más, dice Al-Muftah, ‘los sionistas estadounidenses controlan los medios de comunicación de Estados Unidos’, y ‘por lo tanto están bien orientados para lograr su anti-Islam en todas partes’. Este odio, recuerda, le fue inculcado desde el principio: ‘¡Aprendimos desde pequeños que los judíos son nuestros enemigos!’”.

“Sobre los gays, la embajadora Al-Muftah es igualmente clara y coherente”, continúa la carta. “En octubre de 2011, pidió ‘la maldición de Dios’ sobre los gays, y también sobre aquellos que ‘los alentaban’. En junio de 2018, volvió a pedir la maldición de Dios sobre los gays. Admirando a Rusia en el Mundial 2018 por oponerse a los gays, exclamó: ‘¡Que Dios los maldiga!’”.

“Elogiamos al presidente del Consejo, Federico Villegas, por hacer lo correcto y rechazar al embajador del odio de Qatar”, dijo Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch y autor de la carta.

“Hend Al-Muftah es una rabiosa antisemita que durante una década ha estado tuiteando un vil odio contra los judíos y los homosexuales, al tiempo que difundía malignas teorías conspirativas sobre los países occidentales. Es la última persona del mundo que debería dirigir un foro de la ONU sobre derechos humanos, democracia y Estado de derecho”, añadió Neuer.

La carta también señala un tuit de 2013 en el que Al-Muftah escribió en árabe: “Sólo recuerdo nuestro himno matutino de mi infancia: Palestina es nuestro país, Los judíos son nuestros enemigos, Y saludo a la bandera”.

Patricia Hermanns, la embajadora de Bahamas, está prevista para ocupar el puesto.

A principios de este mes, Jerusalén mantuvo conversaciones directas con Doha con el objetivo de llegar a un acuerdo que permita a Israel prestar asistencia consular a los israelíes que planeen viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2022, que se celebrará en Qatar este invierno.

Qatar no ha mostrado señales positivas respecto a los intentos de Israel de utilizar el evento futbolístico mundial como trampolín para establecer relaciones diplomáticas con el Estado del Golfo, rico en petróleo. Al parecer, también se pidió a Israel que permitiera a los aficionados al fútbol palestinos viajar a Doha para asistir a la Copa del Mundo.

Fuente IsraelNoticias

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Antisemitismo, Bahamas, Derechos Humanos, Federico Villegas, Foro de Derechos Humanos de la ONU, Hend Al-Muftah, Hillel Neuer, Islam, Naciones Unidas, ONU, Patricia Hermanns, Qatar, UN Watch

El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ha anunciado la cancelación del Europride de Belgrado programada para los días 12 a 18 de septiembre. El mandatario serbio ha reconocido que ha sido la presión ejercida por los grupos de extrema derecha y la Iglesia ortodoxa la que le ha conducido a tomar esa decisión. Desafortunadamente, ha equiparado esas presiones espurias con la exigencia del mantenimiento de sus compromisos internacionales por parte de la organización del Europride, a quien ha espetado: «no se puede conseguir todo y ya está». La Asociación Europea de Organizadores del Orgullo estima que el presidente serbio no tiene autoridad para cancelar un evento ajeno, lo que además significaría una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en lo que respecta a los derechos humanos y la protección de las minorías sexuales. Por lo tanto, tanto la organización del Europride como los activistas LGTBI serbios consideran que el evento no ha sido cancelado y tendrá lugar en las fechas previstas. Desde distintos organismos internacionales como Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Comisión Europea, se ha instado al Gobierno serbio a que colabore en la celebración del Europride protegiendo los derechos fundamentales de reunión y manifestación frente a posibles agresores.

El pasado sábado 27 de agosto, el presidente de Serbía, Aleksandar Vučić, compareció en una conferencia de prensa rutinaria en la que trató de asuntos como la prolongación del cargo de primera ministra de la abiertamente lesbiana Ana Brnabić o las medidas a tomar de cara al invierno en cuanto a las necesidades energéticas del país. Pero también aprovechó la ocasión para anunciar la «cancelación o aplazamiento» del Europride 2022, que iba a tener lugar en Belgrado desde los días 12 a 18 de septiembre con una gran manifestación programada para el día 17.

Vučić confirmó que tanto los grupos de extrema derecha como la Iglesia ortodoxa habían presionado para que la celebración fuera cancelada. Efectivamente, en días pasados se habían producido manifestaciones de protesta en Belgrado por parte de los LGTBIfobos e incluso amenazas provenientes de algún obispo ortodoxo. El presidente serbio consideraba que la celebración del Europride, por tanto, no era segura.

Sin embargo, en la comparecencia equiparó esas presiones y amenazas a la seguridad con las exigencias por parte de los organizadores del Europride de que mantuviese su compromiso y velase por los derechos de las minorías. «No se trata de qué presiones sean más fuertes», espetó, «es que en algún momento no se puede conseguir todo, y ya está». Posteriormente aseguró que deseaba que el evento tuviera lugar en «tiempos más felices».

La presidenta de Asociación Europea de Organizadores del Orgullo (organismo que autoriza el Europride), Kristine Garina, emitía el siguiente comunicado, lleno de contundencia:

Ni los anfitriones del Europride 2022, el Orgullo de Belgrado, ni nosotros, como licenciadores, vamos a cancelar el Europride de Belgrado.

El derecho a celebrar el Orgullo ha sido declarado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como un derecho humano fundamental. Cualquier intento de «prohibir» un Orgullo es una violación de los artículos 11, 13 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por Serbia como miembro del Consejo de Europa.

Aparte de la ilegalidad de tal prohibición, hay que señalar que quienes se oponen al Europride en Belgrado están utilizando viejos tópicos, inexactitudes y francas mentiras para desacreditar lo que es, de hecho, una celebración de los derechos humanos y la igualdad. Dicen que estamos en contra de los valores familiares, cuando todos nosotros venimos de una familia y muchos de nosotros tenemos nuestras propias familias. Dicen que somos maltratadores de niños, cuando todos nos mantenemos firmes contra todo tipo de maltrato infantil. Afirman que las autoridades serbias han invertido 40 millones de euros en el Europride, a pesar de que el evento cuesta una fracción de esa cantidad y no recibe fondos gubernamentales. Cada una de sus afirmaciones es una mentira, y tratar de prohibir el Europride significaría que las autoridades han caído en sus mentiras.

El Europride de Belgrado no se cancelará y reunirá a miles de personas LGBTI+ de toda Europa con personas LGBTI+ de Serbia y de los Balcanes occidentales en general. Aportará muchos millones de dinares a la economía local y permitirá a Serbia demostrar que está en el camino de ser una nación europea progresista y acogedora. Lo que deben hacer las autoridades serbias es mantenerse firmes frente a estos matones, y proteger el evento.

El activista serbio Marko Mihailović aseguraba por su parte en las redes sociales: «El Estado no puede cancelar el Europride , solo puede tratar de prohibirlo, lo que sería una clara violación de la Constitución, así como de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las prohibiciones del Orgullo de los años 2011, 2012 y 2013 que fueron declaradas inconstitucionales. ¡El Orgullo tendrá lugar como estaba previsto el 17 de septiembre. a las 17 horas frente a la Asamblea Nacional!»

Reacciones internacionales

Desde el anuncio del presidente serbio se han sucedido de manera inmediata y contundente las reacciones de distintos organismos internacionales. Christophe Lacroix, relator general sobre los derechos de las personas LGBTI de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, hacía unas declaraciones, casi advertencias, en los siguientes términos:

A las personas LGBTI todavía se les hace sentir con demasiada frecuencia que tienen algo que ocultar. Los actos del orgullo son una fuente vital de fuerza y solidaridad, y dan una visibilidad crucial a la lucha por la igualdad LGBTI. Como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado claro en repetidas ocasiones, y como la Asamblea volvió a subrayar en enero, el Orgullo no es un problema: prohibirlo sí lo es. Las autoridades deben apoyar activamente estos actos y permitir que se celebren con seguridad. Deben respetarse tanto la igualdad como la libertad de expresión y de reunión. Serbia ha avanzado mucho desde los años en que los requisitos de seguridad se utilizaban como falso pretexto para prohibir los actos del Orgullo. Acoger el Europride representa un hito importante en ese camino. La interferencia política desde las más altas esferas, presionando a las instituciones democráticas para que privilegien las supuestas preocupaciones por la seguridad nacional por encima de la promoción activa de la igualdad en la sociedad, representaría un grave retroceso tanto para la democracia como para los derechos humanos en Serbia. Europa está mirando. No se equivoquen.

El actual presidente del Consejo de Ministros de la Comisión Europea y ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, hacía a su vez las siguientes manifestaciones:

La libertad de reunión y la prohibición de la discriminación son libertades fundamentales consagradas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En su calidad de Presidente del Consejo de Europa, Irlanda reconoce los derechos LGBTQI como derechos humanos y anima a Serbia a apoyar y facilitar un Europride pacífico y seguro.

La ministra de Asuntos Exteriores de Noruega, Anniken Huitfeldt, instaba en redes sociales al Gobierno serbio a que facilitase la celebración del Europride, al igual que hacía su homóloga sueca, Ann Linde.

Recordemos que Serbia ha solicitado el ingreso en la Unión Europea y está bajo un continuo escrutinio del cumplimiento de los requisitos previos imprescindibles para su incorporación.

Por su parte, Françoise Jacob, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Serbia, destacaba el Europride como «una oportunidad para celebrar los fundamentos de una sociedad fuerte y progresista basada en la equidad social, la igualdad de todos los derechos, la solidaridad, la amistad y el amor». También calificaba la cancelación del evento como «una violación del derecho a la libertad de reunión garantizado por la Constitución serbia, tal y como ha dictaminado el Tribunal Constitucional serbio en años anteriores. Iría en contra de los compromisos internacionales de Serbia en materia de derechos humanos, incluidos la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y el Convenio Europeo de Derechos Humanos».

La Iglesia ortodoxa y la extrema derecha prorrusa exhiben su poder en Belgrado

Al día siguiente de las declaraciones del presidente serbio, se celebraba una procesión ortodoxa por las calles del Belgrado correspondiente a una determinada festividad. Sin embargo, previamente se había difundido que el acto religioso se celebraría en protesta por la celebración del Europride y para «salvar a Serbia».

De hecho, la procesión la encabezan dirigentes De la Iglesia ortodoxa y miembros de la rama serbia del grupo de extrema derecha ruso llamado «Lobos nocturnos», que apoya incondicionalmente a Vladimir Putin. Los participantes exhibían cruces e iconos religiosos junto a pancartas con el texto «Salvemos a nuestros hijos y a nuestra familia» y enarbolaban banderas rusas.

El obispo ortodoxo Nikanor Bogunović se dirigió a los miles de manifestantes, expresando su satisfacción por la decisión tomada por el presidente de cancelar lo que calificó de «profanación de nuestro país, nuestra iglesia y nuestra familia». También aseguró que la población serbia estaría dispuesta a salir a la calla para oponerse a «quienes pretenden destruir los valores de Serbia».

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Ortodoxa Aleksandar Vučić, Ana Brnabic, Ann Linde, Anniken Huitfeldt, Asociación Europea de Organizadores del Orgullo, Belgrado, Christophe Lacroix, Comisión Europea, Consejo de Europa, EuroPride, Françoise Jacob, iglesias ortodoxas, Kristīne Garina, LGTBIfobia, Marko Mihailović, Naciones Unidas, Nikanor Bogunović, Orgullo LGTBI, Serbia, Simon Coveney

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, ha prolongado nuevamente por tres años el mandato del experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género, el costarricense Víctor Madrigal-Borloz. La prórroga ha contado con la fuerte oposición de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), en cuya representación ha hablado el representante de Pakistán, nación presente en el consejo. Por supuesto, no se trata de una objeción a la persona de Victor Madrigal-Borloz, sino a la existencia misma del mandato, al considerar que la discriminación y la violencia por motivo de la orientación sexual e identidad de género no contravienen los derechos humanos.

El mandato del experto Independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género fue creado en junio de 2016 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por un periodo de tres años. Su primer titular fue el tailandés Vitit Muntarbhorn, que ocupó la plaza desde septiembre de 2016 hasta octubre de 2017, cuando tuvo que renunciar por razones de salud. En enero de 2018 fue reemplazado, tras la pertinente votación en el consejo, por el costarricense Víctor Madrigal-Borloz, que ocupa el puesto en la actualidad.

En junio de 2019 se produjo la primera prórroga del mandato por otros tres años, que vencían en junio de este año. Por ello, el pasado 7 de julio se procedió a la votación dentro del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para una nueva prolongación de tres años. Según la nota de prensa del consejo, la resolución aprobada exhorta a los estados «a que modifiquen o deroguen las leyes y políticas que discriminan a determinadas personas por su orientación sexual e identidad de género, y a que adopten medidas eficaces para prevenir los actos de violencia y discriminación; decide prorrogar por un período de tres años el mandato del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género; pide al experto independiente que siga informando anualmente sobre el cumplimiento de su mandato al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General».

Antes de su aprobación, se presentaron 13 enmiendas al texto, de las que solo se aprobó una. Durante todo el proceso y desde los días previos, se hizo evidente la encarnizada hostilidad de la Organización para la Cooperación Islámica, que defiende los intereses en Naciones Unidas de sus 57 países integrantes, todos ellos de mayoría musulmana o con una población significativa de quienes profesan esta creencia. De los 57 países integrantes de la OCI, 56 de ellos son miembros de Naciones Unidas (la excepción es Palestina) y 14 forman parte del Consejo de Derechos Humanos. Un grupo de estos países, encabezado por Arabia Saudí, Nigeria y Egipto, rechazaba expresamente la utilización de los términos «orientación sexual», «transgénero» y «hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres».

En representación de los países de la OCI (con excepción de Albania), hizo su discurso el embajador ante Naciones Unidas de Pakistán, Khalil Hashmi, que aseguraba no poder «apoyar los esfuerzos encaminados a inventar nuevos derechos sobre la base de preferencias sexuales personales». También argumentaba la no existencia de un «consenso universal sobre el concepto de orientación sexual e identidad de género, y este concepto no está reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como motivo de discriminación o violencia».

A estas alegaciones, el embajador de Francia ante las Naciones Unidas, Jerome Bonnafont, respondía: «Demasiados países se escudan en el pretexto de valores específicos para mantener una legislación discriminatoria».

La votación

La resolución de prórroga del mandato del experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género fue aprobada por 23 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones.

Dieron su voto favorable: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Corea del Sur, Cuba, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Honduras, Japón, Lituania, Luxemburgo, Islas Marshall, México, Montenegro, Nepal, Países Bajos, Paraguay, República Checa, Ucrania y Venezuela.

Votaron en contra: Camerún, Catar, China, Costa de Marfil, Eritrea, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Gambia, Indonesia, Libia, Malasia, Malawi, Mauritania, Pakistán, Senegal, Somalia y Sudán.

Se abstuvieron: Armenia, Benín, India, Kazajistán, Namibia, Polonia y Uzbekistán.

En la votación en contra, a los 14 países pertenecientes a la OCI se unieron China, Eritrea y Malawi. El único país de la Unión Europea que no votó a favor fue Polonia, que se abstuvo.

Satisfacción y preocupación del experto independiente renovado

El reelegido Víctor Madrigal-Borloz declaró que en su campaña para renovar el mandato participaron más de 1100 organizaciones LGTBI de 174 países y el «capital político» de decenas de estados. También criticó el «posicionamiento político muy desafortunado» que niega la existencia de discriminación en todos los países, incluidos los de la OCI. Según Madrigal-Borloz, esos estados están incumpliendo con «sus obligaciones internacionales básicas en materia de derechos humanos» en cuanto a la protección de violaciones de derechos de las personas bajo su jurisdicción y de sus propios nacionales.

El renovado experto independiente afirmó que su campo de trabajo es «muy volátil», pues «cada día hay un cambio político que abre una posibilidad y cierra otra. Así que mi trabajo es mantener una visión general de esas oportunidades y asegurarme de aprovechar las que existen». En cuanto a su renovación, añadió: «Me parece que la comunidad internacional ha seguido comprendiendo hasta qué punto las personas lesbianas, gais, bisexuales o trans y de género diverso son objeto de violencia y discriminación».

En su cuenta oficial de Twitter, acompañada de una fotografía con los colores del arcoíris muy presentes, dejaba fijado un tuit con el siguiente texto: «Encantado de saber que el @UN_HRC acaba de renovar el mandato del #IESOGI; con la misma humildad y el mismo orgullo que el primer día para seguir sirviendo a las personas, comunidades y pueblos afectados por la discriminación y la violencia basadas en la orientación sexual y la identidad de género».

Delighted to learn that the @UN_HRC has just renewed the mandate of the #IESOGI; as humbled & honoured as the first day to continue serving persons, communities and peoples affected from discrimination and violence based on sexual orientation and gender identity.@free_equal pic.twitter.com/qAMvbNgAWQ

— Victor Madrigal-Borloz (@victor_madrigal) July 7, 2022

También desde su cuenta oficial de la misma red social, la embajada de España en la ONU expresaba su satisfacción por la prórroga del mandato:

Hoy el @UN_HRC ha renovado el mandato del Experto Independiente sobre la orientación sexual e identidad de género de 🇺🇳.

¡Enhorabuena, @victor_madrigal! 👏

Cuentas con el apoyo de @SpainUN para seguir trabajando por la protección e inclusión de todas las personas #LGTBI 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ https://t.co/OQNFRHRDZS

— España en la ONU (@SpainUN) July 7, 2022

Funciones y trabajo realizado

Las funciones y métodos del experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género, según consta en el sitio oficial del Consejo de Derechos Humanos, son las siguientes:

En el mandato del experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género figura el estudio de las formas de proteger mejor a las personas que sufren violencia y discriminación por razón de su orientación sexual o identidad de género, por medios tales como los siguientes:

• La evaluación de la aplicación de las normas de derechos humanos.
• La determinación de las mejores prácticas y las deficiencias.
• La sensibilización sobre estas cuestiones.
• La identificación y el abordaje de las causas profundas de la violencia y la discriminación.
• El diálogo y la celebración de consultas con los Estados y otras partes interesadas pertinentes para fomentar la protección de las personas LGBT y de género diverso.
• La facilitación y el respaldo de la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional para combatir la violencia y la discriminación.

Métodos de trabajo

En cumplimiento de su mandato, el experto independiente:

• transmite llamamientos urgentes y cartas de transmisión de denuncias a los Estados en relación con casos de violencia y discriminación contra personas por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• realiza visitas de investigación a los países; y
• presenta informes temáticos al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General sobre las actividades del mandato, las tendencias y los métodos de trabajo.

Los informes emitidos por el experto independiente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han sido los siguientes:

• 2017: Legislación sobre la despenalización y la lucha contra la discriminación.
• 2018: Informe del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (en castellano).
• 2019: Recogida y gestión de datos como medio para sensibilizar sobre la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual e identidad de género.
• 2020: Prácticas de las llamadas «terapias de conversión».
• 2021: El género en el derecho internacional y regional de los derechos humanos, la jurisprudencia y los procesos internacionales.

General, Historia LGTBI Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Discriminación, Jérôme Bonnafont, Khalil Hashmi, LGTBIfobia, Naciones Unidas, Organización para la Cooperación Islámica (OCI), Pakistán, Víctor Madrigal-Borloz, Vitit Muntarbhorn

Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores (UGT), los dos principales sindicatos españoles, han firmado un acuerdo de colaboración para fomentar la lucha contra la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito laboral. El acuerdo propone, entre otras medidas, utilizar la negociación colectiva para garantizar la igualdad en los procesos de selección, contratación y promoción; asegurar que en sus beneficios sociales las empresas no dejen fuera a las familias LGTBI o implantar protocolos para prevenir y erradicar el acoso por LGTBIfobia.

Según puede leerse en el acuerdo firmado, que puedes descargar aquí, los dos principales sindicatos españoles proponen incidir en la protección de las personas LGTBI+ migrantes; garantizar un mayor apoyo institucional a las personas LGTBI+ con discapacidad u otras circunstancias añadidas que amplíen la posibilidad de discriminación; dar apoyo a la prohibición de las pseudoterapias «de conversión»; reforzar los derechos sociosanitarios de las personas LGTBI+; comprometerse en la lucha contra los delitos de odio y los discursos que los promueven e impulsar políticas para la defensa de los derechos de las familias LGTBI+, entre otros objetivos generales.

Ya en un plano más específicamente laboral, Comisiones Obreras y UGT acuerdan también compartir una estrategia de introducción de la lucha contra la discriminación LGTBIfóbica en la negociación de los convenios colectivos, a través del impulso de seis puntos:

• Establecer medidas que permitan garantizar la igualdad en los procesos de selección y contratación, así como en los de promociones y ascensos, estableciendo criterios objetivos que alejen la posibilidad de
  discriminación.
• Promover que cualquier derecho o beneficio social que tenga como referencia a la familia, incluya a las familias y parejas conformadas por personas LGTBI+, eliminando cualquier redacción que
  pueda dar lugar a una discriminación directa o indirecta.
• Establecer programas y proyectos de sensibilización en la empresa respecto al derecho de igualdad del colectivo LGTBI+, y especialmente respecto a las medidas de igualdad acordadas.
• Formación específica y obligatoria a mandos intermedios y representantes legales de los trabajadores.
• Incorporar en la elaboración de evaluaciones de riesgos y en los planes de prevención de salud laboral la LGTBIfobia como riesgo psicosocial, garantizando el establecimiento de actuaciones.
• Establecer protocolos de actuación con una serie de contenidos mínimos ante casos de discriminación y acoso por LGTBIfobia.
• Evaluación períodica entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores de las medidas implementadas.

La Organización Internacional del Trabajo llama a la inclusión de las personas LGTBI

El acuerdo firmado en España por sus dos principales organziaciones sindicales, que saludamos y esperamos ver aterrizar cuanto antes, casi coincide en el tiempo con la publicación, por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de una guía que tiene como finalidad, precisamente, la de proporcionar orientación «para iniciar y apoyar los esfuerzos encaminados a fomentar ambientes de trabajo inclusivos para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ+)».

«En muchos países los trabajadores LGBTIQ+ se enfrentan a experiencias diarias de violencia, acoso, estigma y discriminación, y a menudo se les deniega oportunidades en todas las fases del ciclo del empleo. La OIT tiene por objeto promover el trabajo decente para todos, sin dejar a nadie a atrás. Si bien esto es sumamente importante para respetar los derechos humanos y laborales de todos, incluidas las personas LGBTIQ+, los estudios realizados han mostrado continuamente el valor de invertir en diversidad en el lugar de trabajo. Se ha demostrado que los beneficios de la lucha contra la discriminación y de la promoción de la inclusión mejoran la productividad en el lugar de trabajo, la satisfacción laboral, el bienestar personal y social, y la moral general de la fuerza de trabajo», explica el documento, que puedes descargar aquí en castellano, francés e inglés.

Un documento que se suma, por ejemplo, a los estándares de buenas prácticas para proteger los derechos de las personas LGBTI que han sido publicados por Naciones Unidas (puedes descargar un PDF con información más detallada aquí).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Acoso, Ámbito laboral, CC OO, Discriminación, LGTBIfobia, Naciones Unidas, OIT, UGT

Las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género diverso sufren mayor exclusión y discriminación cuando huyen de sus países en busca de refugio y protección. Decenas de relatores de derechos humanos instan a garantizarles el goce de sus garantías fundamentales dondequiera que vivan.

Más de dos tercios de las personas desplazadas en el mundo no han salido de sus fronteras nacionales en busca de seguridad, sino que se mueven dentro del territorio de su propio país. Cuando estas personas son lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género diverso, estos desplazamientos las colocan en una situación aún más frágil que la de otros migrantes y a menudo son discriminadas por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Unos cuarenta expertos de la ONU en derechos humanos*, al igual que de otros organismos especializados, hicieron este lunes una declaración conjunta denunciando la vulnerabilidad de ese colectivo cuando huye de la persecución, y llamando a todos los gobiernos a asegurarles protección y un trato digno.

Los relatores aseveraron que las personas LGBT destacan entre las más vulnerables y marginadas de los 84 millones de individuos desplazados que existen actualmente en el mundo.

Explicaron que el motivo del desplazamiento de ese grupo se debe muchas veces a que residen en países que no ofrecen una protección sólida de los derechos humanos.

“Las vulnerabilidades estructurales a las que se enfrentan las personas LGBT se ven intensificadas por su estatus como migrantes, solicitantes de asilo, refugiados o desplazados internos”, añadieron.

Mayor riesgo de sufrir atropellos

“Los refugiados, los solicitantes de asilo, los migrantes, los desplazados internos y las personas apátridas trans y de género diverso se encuentran entre las personas que corren más riesgo de sufrir abusos físicos y psicológicos, golpizas, violaciones, torturas y asesinatos, ya que su expresión de género visible se percibe a menudo como un desafío directo a las normas sociales dominantes en los países o zonas de origen, tránsito y destino”, recalca la declaración.

En este sentido, los expertos argumentaron que las personas LGBT desplazadas internas en Estados que criminalizan las relaciones consensuadas entre individuos del mismo sexo o donde las diversas identidades de género, rara vez son reconocidas y atendidas de manera sistemática por las instituciones que asisten a los desplazados, la mayoría de las veces en zonas frágiles o afectadas por conflictos.

La exclusión socioeconómica alimentada por la estigmatización, la discriminación, los conflictos armados, las catástrofes naturales, el cambio climático y la persecución por agentes estatales y no estatales son algunas de las causas que obligan a muchas personas de orientación sexual e identidad de género diversas a huir de sus hogares en busca de un entorno seguro en el que puedan vivir tranquilas y ejercer plenamente sus derechos, agregaron.

Matheus Affonso/Grita en la favela. Un acitivista con una camiseta donde se lee un logo con la palabra Amarégay, un juego de palabras que usa el nombre de la Favela da Maré, que significa que el amor es gay y Maré es gay.

Vulnerabilidad en todas las etapas

Los relatores indicaron que si esas personas migran a otros países, suelen enfrentar peligros similares o mayores de violencia, xenofobia, racismo, misoginia, discriminación por edad, marginación socioeconómica y aislamiento de las redes de apoyo tradicionales.

“En todas las etapas de su viaje, son especialmente vulnerables a la violencia, los abusos y la explotación por numerosos actores, entre los que se incluyen, aunque no exclusivamente, las autoridades de inmigración y seguridad, los traficantes y los contrabandistas, al igual que de otros desplazados y, con bastante frecuencia, los actores responsables de su seguridad y bienestar a su llegada a los lugares de asilo”, apunta la declaración.

Tras su reubicación, en las jurisdicciones en las que la composición de la familia se define únicamente por normas heteronormativas, las personas LGBT que se desplazan no pueden gozar su derecho a la reagrupación familiar.

Los expertos detallaron que los abusos contra las personas LGBT desplazadas pueden observarse en forma de violencia de género, exclusión de servicios esenciales como un refugio y una vivienda seguros y adecuados, falta de acceso a alimentos y artículos no comestibles básicos, falta de atención médica y servicios psicosociales, y falta de acceso los servicios financieros o apoyo a los medios de subsistencia.

Asimismo, se les margina de la economía formal al bloqueárseles la entrada al mercado de trabajo y, consecuentemente, aumentando su riesgo a la explotación sexual y otros atropellos.

Invertir en la protección de los derechos humanos

Los relatores consideraron que en vista de que sigue aumentando el desplazamiento de población, los Estados, las empresas y las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil deben invertir en el desarrollo de políticas y programas basados en los derechos humanos que tengan en cuenta las dimensiones del desarraigo forzado y la orientación sexual y la identidad de género, promoviendo una mayor colaboración y coordinación entre todos los actores responsables de la protección de las personas desplazadas LGBT.

Para concluir, sostuvieron que es esencial abordar el origen de los desplazamientos y garantizar que el colectivo LGBT pueda vivir libre de la violencia y la discriminación en sus comunidades para que no deban buscar protección en otro lugar.

Entre la lista de expertos firmantes de la declaración se encuentran:

Víctor Madrigal-Borloz, Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género; Felipe González Morales, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Balakrishnan Rajagopal, Relator especial sobre la vivienda adecuada; Clément N. Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Olivier De Schutter, Relator Especial sobre la extrema pobreza; Javaid Rehman, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán; Claudia Mahler, Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos de las personas de edad; David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; Tomoya Obokata, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias.

* Los Expertos Independientes forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y seguimiento del Consejo que abordan situaciones específicas de los países o cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos en Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de las Naciones Unidas y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.

Fuente Naciones Unidas. Noticias ONU

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Balakrishnan Rajagopal, Cecilia Jiménez-Damary, Claudia Mahler, Clément N. Voule, David R. Boyd, Felipe González Morales, Javaid Rehman, Migrantes LGTBI+, Morris Tidball-Binz, Naciones Unidas, Olivier De Schutter, ONU, Personas refugiadas LGTBI, Tomoya Obokata, Víctor Madrigal-Borloz

Varias organizaciones LGTBI+ de primera línea han pedido a 11 países que pongan fin a la amenaza de la pena de muerte como castigo para las personas queer.

ILGA Asia, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y otras cinco organizaciones condenan el uso de la violencia contra las personas LGTBI+ en una declaración emitida con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia (IDAHOBIT), que se celebró el martes (17 de mayo).

En la declaración, las organizaciones LGTBI+ señalan que 70 países de todo el mundo siguen criminalizando las conductas sexuales entre personas del mismo sexo, entre ellos 22 países asiáticos.

ILGA Asia señala que 11 países -Afganistán, Brunei, Darussalam, Irán, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Catar, Arabia Saudí, Somalia, Emiratos Árabes Unidos y Yemen- mantienen la pena de muerte para las personas LGTBI+. Ocho de esos países están en Asia.

Según Human Dignity Trust, la pena de muerte se aplica en Irán, el norte de Nigeria, Arabia Saudí, Somalia y Yemen, y sigue siendo una “posibilidad legal” en Afganistán, Brunei, Mauritania, Pakistán, Catar y EAU.

Imponer la pena de muerte a las personas LGTBI+ viola el “derecho a la vida”

Las leyes anti-LGTBI+ y la pena capital afectan de forma desproporcionada a las minorías étnicas o religiosas y a las personas de procedencias socioeconómicas desfavorecidas, afirman las organizaciones.

“La fidelización e imposición de la pena de muerte por conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo es una violación del derecho a la vida y del derecho a no sufrir tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes”, afirmó Daron Tan, asesor jurídico internacional asociado de la CIJ.

Tan dijo que estas leyes infringen numerosos derechos humanos, y también pueden hacer que se niegue a las personas el acceso a los sistemas de atención sanitaria.

Ajita Banerjie, responsable de investigación de ILGA Asia, pidió que se despenalicen las conductas sexuales entre personas del mismo sexo en todo el mundo, y afirmó que la pena de muerte debe abolirse en todas las circunstancias.

“Además, instamos a las autoridades de todos los países que siguen manteniendo la pena de muerte a que introduzcan una moratoria sobre su uso, como primer paso necesario hacia la abolición de la pena de muerte.

“Por último, pedimos a las autoridades que garanticen todas las salvaguardias necesarias para asegurar el acceso a la representación legal y a juicios justos para quienes se enfrentan actualmente a la pena de muerte en relación con su participación real o supuesta en conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.”

Las Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos han condenado repetidamente el uso de la pena de muerte en numerosos países del mundo.

En diciembre de 2020, la Asamblea General de la ONU pidió a los Estados que aún utilizan la pena de muerte que se aseguraran de que no se aplica “sobre la base de leyes discriminatorias o como resultado de una aplicación discriminatoria o arbitraria de la ley”.

Dos hombres homosexuales fueron ejecutados en Irán a principios de este año

Incluso en los países en los que no se aplica la pena de muerte a las personas LGTBI+, muchas de ellas siguen sufriendo detenciones y condenas por mantener relaciones sexuales consentidas.

Algunos países mantienen leyes de “inmoralidad” arbitrarias que atacan a los miembros de la comunidad LGTBI+, como Kuwait, Líbano, Myanmar y Omán.

En enero se produjo un gran revuelo cuando una red de derechos humanos afirmó que dos hombres homosexuales habían sido ejecutados en Irán tras pasar seis años en el corredor de la muerte.

Los dos hombres, a los que la gestoría de derechos humanos nombró como Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi, habían sido condenados a muerte por “relaciones sexuales forzadas entre dos hombres”.

Al parecer, otros dos hombres fueron ejecutados por cargos similares en Irán en julio de 2021.

Fuente Pink News

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Afganistán, Ajita Banerjie, Arabia Saudí, Brunei, Catar, Daron Tan, Darussalam, Día Internacional contra la Homofobia, Emiratos Árabes Unidos, Farid Mohammadi, Homofobia/Transfobia, Human Dignity Trust, ILGA Asia, Irán, Kuwait, Líbano, Mauritania, Mehrdad Karimpour, Myanmar, Naciones Unidas, Nigeria, Omán, Pakistán, Pena de Muerte, Personas LGTBI, Somalia, Yemen

Alexander (Lekso) Lashkarava 

Un camarógrafo georgiano murió después de que una turba lo golpeara violentamente mientras cubría las protestas contra el Orgullo en Tbilisi la semana pasada.

El cuerpo de Alexander (Lekso) Lashkarava fue descubierto en su casa por su madre el domingo por la mañana (11 de julio), solo seis días después de que se cancelara el Orgullo de Tbilisi cuando matones de extrema derecha desataron una ola de violencia en la ciudad.

Lashkarava, un camarógrafo de TV Pirveli, sufrió fracturas en la cara y una conmoción cerebral después de que la turba irrumpiera en las oficinas del Movimiento de la Vergüenza en Tbilisi el lunes (5 de julio), donde trabajaba con la periodista Miranda Bagharturia.

Reflexionando sobre el ataque, Bagharturia dijo que ella y Lashkarava fueron acorralados por una turba mientras cubrían el estallido de violencia. Al parecer, un sacerdote la agarró del pelo y la golpeó, tras lo cual intervino Lashkarava.

Cuando Lashkarava les dijo a los hombres que dejaran de golpear a Bagharturia, se volvieron contra él. La turba procedió a golpearlo “sin piedad” durante 20 minutos, dijo Baghaturia, dejándolo en “un charco de sangre”. “Mientras tanto, 15 personas me sostenían, yo les gritaba que no lo mataran, me empujaban y golpeaban”, dijo Bagharturia.

Posteriormente, Lashkarava fue tratado en el hospital por sus heridas y fue dado de alta el viernes (9 de julio). La causa de la muerte aún no se ha revelado.

Hubo conmoción e indignación en Georgia el domingo cuando se supo la noticia de que Lashkarava había muerto. El propietario de TV Pirveli, Vato Tsereteli, criticó al gobierno del país, sugiriendo que el primer ministro Irakli Gharibashvili era “personalmente responsable” después de que culpó del estallido de violencia a la comunidad LGBT +.

Cinco personas han sido arrestadas en relación con el ataque, sin embargo, TV Pirveli dijo que había logrado identificar a nueve de los asaltantes a partir de imágenes de video.

Miles de personas se reunieron frente al parlamento de Georgia el domingo por la noche (11 de julio) para pedir la renuncia de Gharibashvili. En un discurso furioso, el presentador de TV Pirveli, Eka Mishveladze, dijo que Georgia “no tiene futuro en manos de este gobierno”. “No cubriremos nada de lo que haga”, advirtió Mishveladze al gobierno. “Tus mentiras deben terminar. Le mostraremos el poder de los medios “.

❗️Horrific news from #Georgia. Camera-man beaten by church-led far-rights on July 5, dies today!
⚡️ I spent hours with this guy at @Shamemovement office before radicals stormed it. When most of our team managed to leave, he stayed to work. He dies few days after the beating. pic.twitter.com/bQMLMCfe8d

— Tamaz Sozashvili (@TamazSozashvili) July 11, 2021

El Shame Movement, una organización activista de lucha por la libertad, le ha dado al primer ministro y al gobierno de Georgia hasta las 12 pm del lunes para renunciar. “Si no cumplen, les informaremos de nuestro plan de acción, que conducirá a la destitución de Gharibashvili y su gobierno“, escribió el grupo en Twitter el domingo.

Un grupo de 19 organizaciones de derechos civiles emitió un comunicado conjunto el domingo en el que pedía la dimisión de Gharibashvili tras la muerte de Lashkarava. “Lekso Lashkarava fue uno de los más de 50 profesionales de los medios de comunicación que fueron blanco de los grupos de odio durante las protestas violentas y a gran escala del 5 de julio”, dijo el comunicado conjunto. “La responsabilidad política de las graves consecuencias recae en el gobierno, que de hecho se ha negado a cumplir con su función de proteger la salud y la vida humana”, agregaron.

Salome Zourabichvili, presidenta de Georgia, dijo que visitó a la familia de Lashkarava el domingo y agregó que su muerte fue “una tragedia”. “Envío mis condolencias a toda la comunidad de medios ya toda Georgia”, escribió en Twitter. “Debe ser investigado y los responsables deben ser sancionados”.

El Ministerio del Interior dijo este lunes que estaba llevando a cabo “medidas investigativas-operativas” para identificar a otros responsables del ataque.

Hubo una conmoción generalizada el lunes pasado (5 de julio) cuando se suspendió el Orgullo de Tbilisi debido a que las protestas de la extrema derecha se descontrolaron. La oficina del grupo fue destruida por una multitud furiosa, mientras que muchos otros resultaron heridos.

Las frustraciones alcanzaron un punto álgido cuando Garibashvili dijo que era “irrazonable” que el Orgullo de Tbilisi organizara una marcha en primer lugar. “La celebración de la llamada marcha del Orgullo no es razonable ya que crea una amenaza de enfrentamiento civil”, dijo, y agregó que tales eventos son “inaceptables para un gran segmento de la sociedad georgiana”.

Llueve sobre mojado

Por desgracia, ya son muchos los antecedentes de violencia homófoba en Georgia. En 2019, cuando se intentó organizar por primera vez una manifestación del Orgullo, grupos nacionalistas azuzados por la Iglesia ortodoxa impidieron su celebración, pese a que se intentó en varias fechas distintas. También en 2019 esos mismos grupos intentaron de forma violenta impedir la exhibición en varias ciudades de la película And Then We Danced (Solo nos queda bailar), una coproducción sueco-georgiana de gran éxito internacional que precisamente narra el romance entre dos bailarines en el país caucásico.

Pero ya antes habíamos recogido otros incidentes. Allá por 2013, por ejemplo, los contramanifestantes homófobos provocaron varios heridos en Tiflis al atacar una concentración convocada con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Y en 2018 un joven agredía a un activista LGTBI que se encontraba pronunciando un discurso para un pequeño grupo en una vía pública de Tiflis, solo unos días después de que las amenazas de la extrema derecha obligaran al activismo a desconvocar otra manifestación por el Día contra la LGTBIfobia.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Alexander (Lekso) Lashkarava, And Then We Danced, Discriminación, Dunja Mijatovic, Eka Mishveladze, Georgia, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Iglesia Ortodoxa, Irakli Garbibashvili, Irakli Gharibashvili, LGTBIfobia, Miranda Bagharturia, Naciones Unidas, Salome Zourabichvili, Shame Movement, Shio Mujiri, Solo nos queda bailar, Spiridon Tskipurishvili, Tbilisi Pride, Tiflis, TV Pirveli, Unión Europea, Vato Tsereteli, Violencia LGTBIfoba

Una turba homófoba impidió el pasado lunes la celebración del que iba a ser primer Orgullo LGTBI de Tiflis, en Georgia, asaltando además la sede de sus organizadores, cuyo personal pudo por fortuna escapar a tiempo y evitar el que podría haber sido un fatal linchamiento. Los violentos también agredieron a numerosos periodistas que iban a cubrir el evento, a cuya celebración se habían opuesto tanto la influyente (y muy homófoba) Iglesia ortodoxa georgiana y el primer ministro del país, Irakli Garbibashvili, que horas antes había argumentado públicamente que «la mayoría de nuestra ciudadanía lo considera inaceptable».

Las imágenes son escalofriantes. Una turba homófoba formada por manifestantes de extrema derecha y afines a la Iglesia ortodoxa se concentró frente al edificio en el que se sitía la sede del Orgullo de Tiflis, compartida con la organización Shame Movement, el mismo día en el que en teoría iba a tener lugar la primera manifestación del Orgullo después de otro intento infructuoso en 2019. La manifestación propiamente dicha ya se había cancelado, ya que los homófobos habían ocupado el espacio urbano amenazando a todo aquel al que identificaban como activista sin que la policía hiciera nada por evitarlo. Numerosos periodistas fueron agredidos, así como un turista al que identificaron de forma errónea como un activista gay. Para rematar su obra, la turba decidió atacar la sede de los organizadores, que por fortuna habían abandonado ya el despacho, temiendo por su seguridad. Aunque el edificio estaba cerrado, un grupo de asaltantes escalaron la fachada hasta el tercer piso, saltaron al balcón, arrojaron a la calle las banderas arcoirís y vandalizaron la sede, destrozando todo lo que encontraron en su camino.

La Iglesia Ortodoxa de Georgia fue la principal organizadora de las protestas contra el Orgullo del lunes. Los sacerdotes ortodoxos fueron visibles en las protestas durante todo el día, y al menos en una ocasión parecieron participar en un ataque a un periodista. Al menos un sacerdote, el diácono Spiridon Tskipurishvili, dijo a la multitud frente al parlamento que estaban “obligados a cometer violencia por la patria”.

Sacerdotes atacando a un periodista

Durante el día, el órgano rector de la Iglesia, el Patriarcado, emitió repetidamente declaraciones en las que pedía a los manifestantes que permanecieran en paz. El reverendo Shio Mujiri, titular del trono patriarcal, sugirió que para evitar futuros incidentes violentos, Georgia debería prohibir “insultar los sentimientos religiosos y nacionales”.

El Ministerio del Interior informó de que 55 personas fueron víctimas de ataques durante el día, incluidos 53 periodistas. Dijeron que ocho personas habían sido arrestadas por cargos administrativos, así como una por el intento de asesinato del turista que fue apuñalado.

El Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, también condenó la violencia contra activistas y periodistas en Tbilisi, calificándola de “ilustración lamentable de las repetidas amenazas que enfrentan las personas LGBTI en Georgia”.

El siguiente vídeo recoge algunas imágenes de lo sucedido:

Manifestantes pro-LGTBI se concentran frente al Parlamento

Las reacciones a lo sucedido no se han hecho esperar. Internamente, la Oficina del Defensor del Pueblo de Georgia ha expresado su enérgica condena, ha lamentado el papel jugado por el primer ministro Garbibashvili, que considera que solo sirvió para exacerbar los ánimos, y ha recordado que es obligación del Estado garantizar los derechos de reunión y de manifestación. Lo sucedido también ha merecido la condena de la Oficina de Naciones Unidas en Georgia y de la Delegación de la Unión Europea, que han emitido un comunicado conjunto que han suscrito además 16 embajadas en el país caucásico, incluyendo la española.

Pero quizá la reacción más emocionante es la que ha tenido lugar este martes, un día después del ataque. Miles de personas se han concentrado frente al Parlamento, enarbolando banderas arcoíris, para expresar su protesta por lo sucedido. En esta ocasión, al menos en el momento de publicar esta entrada, los defensores de los derechos LGTBI  se han podido concentrar sin especiales dificultades pese a la presencia constante de contramanifestantes, muy posiblemente como consecuencia del eco internacional de lo sucedido el día anterior. En el perfil de Twitter del Orgullo de Tiflis (Tbilisi Pride) es posible disfrutar de algunas imágenes:

#TbilisiPride21 😁🏳️‍🌈 pic.twitter.com/iPYt7Kg6V8

— Tbilisi Pride (@TbilisiPride) July 6, 2021

Historic picture. Us in front of the Parliament of Georgia with 7,000 people ✊ pic.twitter.com/0P1eMhJmiB

— Tbilisi Pride (@TbilisiPride) July 6, 2021

Llueve sobre mojado

Por desgracia, ya son muchos los antecedentes de violencia homófoba en Georgia. En 2019, cuando se intentó organizar por primera vez una manifestación del Orgullo, grupos nacionalistas azuzados por la Iglesia ortodoxa impidieron su celebración, pese a que se intentó en varias fechas distintas. También en 2019 esos mismos grupos intentaron de forma violenta impedir la exhibición en varias ciudades de la película And Then We Danced (Solo nos queda bailar), una coproducción sueco-georgiana de gran éxito internacional que precisamente narra el romance entre dos bailarines en el país caucásico.

Pero ya antes habíamos recogido otros incidentes. Allá por 2013, por ejemplo, los contramanifestantes homófobos provocaron varios heridos en Tiflis al atacar una concentración convocada con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Y en 2018 un joven agredía a un activista LGTBI que se encontraba pronunciando un discurso para un pequeño grupo en una vía pública de Tiflis, solo unos días después de que las amenazas de la extrema derecha obligaran al activismo a desconvocar otra manifestación por el Día contra la LGTBIfobia.

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Ortodoxa And Then We Danced, Discriminación, Dunja Mijatovic, Georgia, Homofobia, Iglesia Ortodoxa, Irakli Garbibashvili, LGTBIfobia, Naciones Unidas, Shame Movement, Shio Mujiri, Solo nos queda bailar, Spiridon Tskipurishvili, Tbilisi Pride, Tiflis, Unión Europea, Violencia LGTBIfoba

Buenas noticias, por fin, desde África. El Gobierno namibio ha anunciado su intención de derogar la criminalización de las relaciones consentidas entre hombres, que data del periodo colonial. La ministra de Justicia considera que la legislación, que apenas se aplica en la práctica, es «obsoleta y discriminatoria». Namibia, excolonia alemana y sudafricana, podría seguir los pasos de sus vecinos Angola y Botsuana y convertirse en el próximo país africano en despenalizar la homosexualidad.

Aunque no existe ninguna ley codificada que castigue las relaciones entre personas del mismo sexo en Namibia, la jurisprudencia (common law) considera delictivas las «relaciones sexuales ilegales e intencionales per anum entre dos varones humanos». De las relaciones entre mujeres o del sexo anal entre dos personas de distinto sexo no se dice nada. En otras leyes, como la de enjuiciamiento criminal, la «sodomía» está listada como uno de los crímenes que permite a la policía practicar un arresto sin orden judicial y usar la fuerza mortal si fuera necesario en el transcurso de dicho arresto. Las muestras de afecto entre hombres pueden acarrear una condena por comportamiento «inmoral».

En agosto de 2016, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo un llamamiento por la derogación de las normas antisodomía en Namibia. El defensor del pueblo namibio, John Waters, se unió a la petición y apuntó a la escasa aplicación de la legislación para justificar su inutilidad. Según una comisión parlamentaria encargada de evaluar la pertinencia de la reforma, entre 2003 y 2019 se iniciaron 115 casos judiciales basados en las leyes contra las relaciones homosexuales. El Gobierno rechazó entonces abordar el asunto, aunque varios legisladores expresaron su apoyo a la despenalización.

La discusión volvió a abrirse con motivo de la anulación de la ley contra las relaciones entre personas del mismo sexo en la vecina Botsuana, en junio de 2019. La primera dama Monica Geingos, esposa del presidente Hage Geingob, declaraba entonces que «los días de las leyes de sodomía están contados» y que Namibia sería el siguiente país en despenalizar la homosexualidad. En febrero de este año entraba en vigor una reforma del código penal de Angola, otro país vecino de Namibia, que eliminaba la persecución de la homosexualidad e introducía la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual.

El viernes pasado, por fin, se produjo un posicionamiento claro a nivel del Gobierno. La ministra de Justicia Yvonne Dausab anunciaba que adoptarán las recomendaciones al respecto de la comisión parlamentaria que se encargaba del asunto y derogarán unas normas «obsoletas y discriminatorias». «La comunidad LGTBIQ son seres humanos y no debemos permitir que queden excluidos del conjunto de derechos enunciados en nuestra Constitución», declaró Dausab. «Todos los namibios deberían disfrutar de la vida, la dignidad, la libertad y la búsqueda de la felicidad», añadió. La reforma podría entrar en vigor este mismo año.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Angola, Botsuana, Despenalización de la homosexualidad, Hage Geingob, John Waters, Monica Geingos, Naciones Unidas, Namibia, Yvonne Dausab

Human Rights Watch está distribuyendo esta foto privada de los dos prisioneros arrestados: Shakiro y Patricia tienen que usar ropa de hombre allí (Imagen: Facebook / Shakiro)

Continúa la represión LGTBIfoba en Camerún. Dos mujeres trans, arrestadas en febrero en un restaurante de Duala, han sido condenadas a cinco años de prisión y multas de 200.000 francos (unos 304 euros). Sus delitos, tentativa de homosexualidad, indecencia pública y carecer de documentación en el momento de la detención. La sentencia confirma el recrudecimiento de la persecución contra la comunidad LGTBI en los últimos meses en uno de los países africanos con una LGTBIfobia social y de Estado más arraigada. Las víctimas, además, quedan expuestas con frecuencia a la brutalidad policial.

Hace unas semanas que nos hacíamos eco de un informe de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW), en el que alertaban de un aumento de la represión policial contra la población LGTBI en Camerún. El sustento legal de esta persecución es la norma que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta cinco años de prisión, además de cuantiosas multas. Las consecuencias son terribles para las personas LGBTI, forzadas a vivir bajo la amenaza constante de los arrestos y la violencia.

Entre los casos que denunciaba HRW se encuentra la detención de dos mujeres trans el pasado 8 de febrero en la ciudad de Duala, por llevar atuendos femeninos. Fueron acusadas de conducta homosexual, indecencia pública y carecer de documentación en el momento de la detención. Las víctimas se identifican como Shakiro y Patricia, respectivamente. La primera es muy conocida en las redes sociales en Camerún, donde ha publicado vídeos hablando de su identidad de género.

El martes de la semana pasada se dio a conocer la sentencia del caso. El tribunal ha declarado culpables de todos los cargos a ambas mujeres y las condena a cinco años de cárcel y sendas multas de 200.000 francos CFA, el equivalente a unos 304 euros. Se trata de la pena más alta que prevé el código penal del país para los delitos imputados. Los abogados de las acusadas anuncian que presentarán recurso y denuncian que el fallo es «una decisión política» del Gobierno de Camerún, que, como se ha visto también en otros países, azuza la LGTBIfobia social para su propio beneficio político.

El activismo local denuncia, además, los malos tratos sufridos por las detenidas en una cárcel de hombres. Según estas fuentes, Shakiro y Patricia fueron golpeadas, amenazadas de muerte, insultadas y obligadas a firmas declaraciones contra su voluntad. «Los policías les fijaron las manos a la espalda durante treinta minutos y las golpearon con sus botas», afirman, mientras las llamaban «maricones asquerosos». Unos abusos que, por desgracia, son habituales contra las personas sospechosas de comportamiento homosexual o de identidad de género no normativa en el país africano.

La dura realidad de la comunidad LGTBI camerunesa

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la complicada situación de las personas LGTB en Camerún, uno de los países con una LGTBIfobia social y de Estado más pujante. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones y abusos policiales, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.

En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a prisión acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las “pruebas” que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados habían estado bebiendo Baileys, una bebida poco masculina. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecía, abandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En julio de 2013 se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. También en 2013, fue sentenciado a nueve años de cárcel Cornelius Fonya, acusado de mantener relaciones con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Su abogado, Walter Atoh, ha debido huir del país tras ser amenazado de muerte, mientras se dilucida la apelación. Un año después, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.

A finales de 2015, Joshua Mbarga, un activista LGTB, sufrió la invasión de su hogar por unos delincuentes que intentaron matarle tras robarle con total impunidad. Alertada por los vecinos, la Policía intervino hasta que los asaltantes decidieron acusar a Mbarga de pretender mantener relaciones sexuales con uno de ellos. En ese momento la víctima se convirtió en objeto de investigación.

En octubre de 2016, tuvo lugar una redada masiva en un local de ambiente LGTB de Yaundé, con un fuerte dispositivo policial que detuvo a todos los clientes y trabajadores presentes en el local. En diciembre del mismo año, fueron detenidos otros doce hombres por posesión de lubricantes y preservativos, algo considerado por las autoridades como prueba de comportamiento homosexual. A finales de 2017, tres jóvenes fueron detenidos tras caer en una trampa tendida por miembros del ejército, por lo que deberán ser juzgados por un tribunal militar. Y en enero de 2018, el asalto a un local de ambiente homosexual por un grupo de militares se saldaba con muerto y varios heridos graves.

Como explicábamos más arriba, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel en Camerún, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de «flagrante delito». Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la policía ignora este requerimiento.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alice Nkom, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Camerún, Cornelius Fonya, Duala, Human Rights Watch, Joshua Mbarga, LGTBIfobia, Naciones Unidas, Neela Ghoshal, Policía, Violencia policial, Walter Atoh, Yaundé

Oleada de persecución LGTBIfoba en Camerún. La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha emitido un informe en el que alerta del recrudecimiento de la represión contra la comunidad LGBTI en el país africano. Desde febrero de este año, HRW ha contabilizado al menos 24 casos de detención arbitraria, amenazas y agresiones de las fuerzas de seguridad a personas sospechosas de comportamiento homosexual o de identidad de género no normativa. Camerún es una de las naciones con una LGTBIfobia social y de Estado más arraigada.

La ONG Human Rights Watch ha redactado su informe sobre la base de entrevistas con grupos locales de apoyo a la comunidad que han aportado abundante documentación sobre los abusos denunciados, y ha llegado a la conclusión de que la represión LGTBIfoba se ha redoblado en los últimos meses. El sustento legal de esta persecución es la norma que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta cinco años de prisión. Una ley que «incrementa el riesgo de las personas LGTB de sufrir maltrato, torturas y agresiones sin consecuencias para los atacantes», según Neela Ghoshal, de HRW.

Las consecuencias son terribles para la comunidad. El pasado 8 de febrero, la policía detuvo en la ciudad de Duala a dos mujeres trans, que fueron acusadas de conducta homosexual, carecer de documentación e indecencia pública. Solo seis días después, seis jóvenes eran arrestados, entre ellos un menor de edad, bajo la acusación de homosexualidad. Tras ser sometidos a malos tratos, fueron liberados ese mismo día.

El 24 de febrero, una redada de la policía a una asociación de prevención y asistencia a personas con VIH se saldó con trece detenidos acusados de homosexualidad. Todos fueron puestos en libertad en los días siguientes, aunque tres de ellos denunciaron agresiones sufridas en la comisaría, así como amenazas, insultos y la obligación de firmar declaraciones que no les permitieron leer. Una mujer trans de 26 años que se contaba entre los arrestados fue forzada a someterse a una prueba de VIH y a un examen anal, una humillante tortura que es práctica habitual en la persecución LGTBIfoba en Camerún y otros países.

La dura realidad de la comunidad LGTBI camerunesa

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la complicada situación de las personas LGTB en Camerún, uno de los países con una LGTBIfobia social y de Estado más pujante. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones y abusos policiales, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.

En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a prisión acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las “pruebas” que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados habían estado bebiendo Baileys, una bebida poco masculina. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecía, abandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En julio de 2013 se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. También en 2013, fue sentenciado a nueve años de cárcel Cornelius Fonya, acusado de mantener relaciones con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Su abogado, Walter Atoh, ha debido huir del país tras ser amenazado de muerte, mientras se dilucida la apelación. Un año después, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.

A finales de 2015, Joshua Mbarga, un activista LGTB, sufrió la invasión de su hogar por unos delincuentes que intentaron matarle tras robarle con total impunidad. Alertada por los vecinos, la Policía intervino hasta que los asaltantes decidieron acusar a Mbarga de pretender mantener relaciones sexuales con uno de ellos. En ese momento la víctima se convirtió en objeto de investigación.

En octubre de 2016, tuvo lugar una redada masiva en un local de ambiente LGTB de Yaundé, con un fuerte dispositivo policial que detuvo a todos los clientes y trabajadores presentes en el local. En diciembre del mismo año, fueron detenidos otros doce hombres por posesión de lubricantes y preservativos, algo considerado por las autoridades como prueba de comportamiento homosexual. A finales de 2017, tres jóvenes fueron detenidos tras caer en una trampa tendida por miembros del ejército, por lo que deberán ser juzgados por un tribunal militar. Y en enero de 2018, el asalto a un local de ambiente homosexual por un grupo de militares se saldaba con muerto y varios heridos graves.

Como explicábamos más arriba, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel en Camerún, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de «flagrante delito». Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la policía ignora este requerimiento.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alice Nkom, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Camerún, Cornelius Fonya, Duala, Human Rights Watch, Joshua Mbarga, LGTBIfobia, Naciones Unidas, Neela Ghoshal, Policía, VIH, Violencia policial, Walter Atoh, Yaundé

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha determinado que Finlandia no tuvo en cuenta el interés superior del hijo de una pareja de mujeres cuando rechazó su solicitud de asilo, ni lo protegió contra un riesgo real de daño irreparable cuando la familia no tuvo otra opción que regresar a Rusia. Una decisión que ILGA, la federación que agrupa a más de 1600 colectivos y organizaciones LGTBI de todo el mundo, ha saludado como un hito importante. «En el sistema de la ONU, este es el primer caso relacionado con el asilo que afecta a un niño que se enfrenta a riesgos específicos por la orientación sexual de sus madres, y por la familia que forman», ha declarado Kseniya Kirichenko, su coordinadora de programas. «Esta es también la primera vez que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU toma una decisión sobre cuestiones de orientación sexual, y el primer caso sobre niños en familias del mismo sexo en la práctica de los órganos de los tratados en general», ha añadido.

Según informa ILGA, la decisión del Comité se refería a una solicitud presentada en nombre de A. B., que ahora tiene 11 años, un niño que había huido de Rusia junto con sus madres después de que la familia se enfrentara a acoso y amenazas, y de que él mismo empezara a sufrir acoso y aislamiento en la escuela. Hay que recordar, en este sentido, la especial situación que vive Rusia, un país en el que a la LGTBIfobia social se superpone desde hace más de una década una creciente LGTBIfobia de Estado que en 2013, después de que varias regiones lo hicieran por su cuenta, cristalizó en una ley estatal que prohíbe el mero hecho de informar positivamente de la homosexualidad a menores. Leyes que en la práctica hacen imposible celebrar el Orgullo LGTBI o simplemente enarbolar una bandera arcoíris.

Temiendo por su seguridad, la familia huyó a Finlandia, donde el niño empezó a ir a la escuela, hizo amigos y ya no tuvo que vivir con el temor a hablar abiertamente sobre su realidad familiar. Sin embargo, Finlandia rechazó su solicitud de asilo. Aunque las autoridades finlandesas reconocieron las experiencias pasadas de amenazas, acoso y discriminación, concluyeron que no podían considerarse constitutivas de persecución. A la familia no le quedó más remedio que regresar a Rusia. Sin embargo, la denuncia contra Finlandia acabó por llegar a Naciones Unidas.

Ahora el Comité de los Derechos del Niño, órgano de las Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de los estados miembro, ha concluido que Finlandia no tuvo en cuenta el interés superior del pequeño como consideración primordial al evaluar la solicitud de asilo ni lo protegió contra un riesgo real de daño irreparable en caso de devolución a Rusia. El Comité considera que el Estado finlandés violó los artículos 3, 19 y 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño y que tiene la obligación de proporcionar una reparación efectiva a la familia damnificada, incluida una «indemnización adecuada». La decisión del Comité fue informada por una intervención de terceros presentada conjuntamente por ILGA Mundo, ILGA-Europa, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Child Rights International Network (CRIN) y Network of European LGBTIQ* Families Associations (NELFA).

«Esta es una decisión importante, que establece las normas necesarias para la protección de los niños de las familias LGBTI que están en mayor riesgo de discriminación, especialmente en países como Rusia, donde las personas LGBTI se enfrentan a la estigmatización y las hostilidades en su vida cotidiana», ha declarado Arpi Avetisyan, jefa de litigios de ILGA-Europa, que ha remarcado además la obligación de los estados de garantizar siempre que el interés superior del niño se tenga en cuenta de forma efectiva y sistemática en el contexto de los procedimientos de asilo y que no se les discrimine por la orientación sexual de sus padres. «En el pasado, hemos visto que las decisiones internacionales sobre solicitantes de asilo lesbianas, gais y bisexuales han llevado a concederles la residencia en los Estados demandados», ha añadido por su parte Kseniya Kirichenko. «Esperamos que Finlandia también garantice que esta familia pueda volver y tener por fin una vida feliz y segura», ha añadido. Esperemos que sea así.

Puedes descargar la decisión completa del Comité de los Derechos del Niño aquí (en inglés).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Arpi Avetisyan, Asilo, Child Rights International Network (CRIN), Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Discriminación, Finlandia, ILGA, ILGA Europa, Kseniya Kirichenko, LGTBIfobia, Menores, Naciones Unidas, NELFA, Rusia

La atleta sudafricana Caster Semenya, abiertamente lesbiana, ha dado un nuevo paso en los tribunales para poder proseguir su carrera deportiva en la alta competición. En 2018 la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) aprobó un reglamento sospechosamente selectivo que tiene como fin impedir que Semenya pueda competir, a no ser que se medique para rebajar sus niveles de andrógenos, que de forma natural sintetiza en mayor cantidad que la mayoría de las mujeres. Por ello, tras dos apelaciones infructuosas (en 2019 en el Tribunal de Arbitraje Deportivo y este mismo año en el Tribunal Supremo Federal de Suiza) la atleta ha decidido elevar su lucha al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Caster Semenya ha dejado claro que continuará su lucha judicial para competir sin discriminación y para «ayudar a crear un mundo más igualitario». Además de Semenya, el reglamento restrictivo del atletismo mundial también impediría que la medallista de plata Francine Niyonsaba de Burundi y la medallista de bronce Margaret Wambui de Kenia compitan en los 800 metros en los Juegos de Tokio del próximo año, condicionando así la clasificación.

La sudafricana, que fue ganadora en 800 metros lisos en los mundiales de 2009 y 2017, así como el oro en la misma categoría en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, siempre ha sido discutida por algunos debido a una supuesta intersexualidad (realidad con la que ella no se siente identificada). Y la aprobación del nuevo reglamento de la IAAF la dejaba prácticamente fuera de juego de la alta competición, como recogía en su momento dosmanzanas, que ha seguido de cerca sus dos carreras: la deportiva y la de la igualdad.

En la primavera de 2019 se hizo pública la vergonzosa decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (también conocido como TAS, sus siglas en francés), que daba la razón a la IAAF en su disputa con Semenya. Y el pasado mes de septiembre, la atleta tampoco corrió mejor suerte en el Tribunal Supremo Federal de Suiza (al que apeló por encontrarse en el país alpino la sede del TAS).

Lejos de rendirse, recientemente la deportista olímpica ha llevado su reivindicación hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y no abandonará la batalla en los tribunales hasta que la IAAF admita «el error» que ha cometido y despeje el reglamento de una discriminación tan aberrante que la obligue a abandonar su carrera deportiva, a medicarse o a competir «como hombre» (todas ellas soluciones inaceptables).

Las instituciones sudafricanas se vuelcan con Semenya

El Gobierno de Sudáfrica ha dejado claro el apoyo a su compatriota y declara que «es más que la lucha individual» de una atleta. La Comisión para la Igualdad de Género (CGE) y la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica (SAHRC) «se unen para perseguir la injusticia contra Caster Mokgadi Semenya». Una injusticia que «afecta a las mujeres negras en los países en desarrollo».

Asimismo, según explican las citadas instituciones gubernamentales, «se trata de restaurar su dignidad humana y sus derechos a participar y tener ingresos del deporte, así como los derechos de otros deportistas, que también han sido discriminados y perjudicados por la nueva normativa discriminatoria de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) que entró en vigor en 2019».

Ambas instituciones creen que el resultado del Tribunal Supremo Federal de Suiza equivale a una grave violación del derecho a la integridad corporal, la dignidad humana y la privacidad de atletas como Caster Semenya, «cuyos cuerpos, sin tener la culpa, producen lo que se considera altos niveles de testosterona».

Por lo tanto, la CGE y la SAHRC están «firmemente decididas a organizar una defensa y apoyo a nivel mundial y nacional para las mujeres atletas como Caster Semenya y cualquier otra persona que incumpla la nueva regulación de la IAAF». La CGE y la SAHRC incluirán al Presidente de la República de Sudáfrica, Cyril Matamela Ramaphosa, en su calidad de Presidente de la Unión Africana, los Ministerios de la Mujer, la Juventud y las personas con discapacidad y Deportes, Arte y Cultura; la Asamblea Nacional a través de los Comités de Cartera de Mujeres, Jóvenes y Personas con Discapacidad y Deportes, Artes y Cultura, así como el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación. Esta petición no se limitará a Sudáfrica y África, sino también a las Naciones Unidas.

El Parlamento sudafricano aprobaba a finales de 2020 una moción sin previo aviso que no solo condena las acciones de la IAAF contra Caster Semenya como una «injusticia y violación de los derechos humanos», sino que también resuelve que hará «todo lo que esté en su poder» para ayudarla en su lucha por la justicia y la igualdad.

Por su parte, el abogado Greg Nott (del bufete Norton Rose Fulbright, que defiende a Semenya), publicó un artículo el pasado 18 de noviembre en el que asegura que la «#OperationRunFree sigue ganando impulso». «Los negros continúan surgiendo de las cenizas de la opresión para dejar su huella en la historia. Tenemos a Kamala Harris convirtiéndose en la primera mujer, negra e india-americana vicepresidenta de los Estados Unidos. Y Lewis Hamilton empató recientemente el récord de carreras de Fórmula 1 de Michael Schumacher para convertirse en el piloto más exitoso en la historia de este deporte».

«Desafortunadamente, la arena internacional del atletismo todavía no está ‘abierta a todos’ por así decirlo y es por eso que nuestra campeona olímpica Caster Semenya no renuncia a su lucha contra la discriminación en el atletismo internacional», agrega Nott.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. #OperationRunFree, Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, Atletismo, Caster Semenya, Cyril Matamela Ramaphosa, Discriminación, Francine Niyonsaba, Gobierno de Sudáfrica, Greg Nott, hiperandrogenismo, Intersexualidad, Lesbianas, Margaret Wambui, Naciones Unidas, Norton Rose Fulbright, Sudáfrica, Tribunal Arbitral del Deporte, Tribunal de Arbitraje Deportivo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Supremo Federal de Suiza

David Aruquipa y Guido Montaño, en sus perfiles de Facebook, utilizan la misma palabra para definir su situación sentimental: “casado”. Los dos son, desde este jueves, la primera unión civil de personas del mismo sexo reconocida por el Estado de Bolivia.

Bolivia ha reconocido una unión civil entre personas del mismo sexo por primera vez después de que una pareja gay llevara su batalla por el reconocimiento a los tribunales. David Aruquipa, 48, y Guido Montaño, 45, tuvieron su relación reconocida por el registro civil de Bolivia luego de una batalla legal de dos años el viernes (11 de diciembre), informa Reuters.

El matrimonio entre personas del mismo sexo aún no es legal en Bolivia y la constitución del país define el matrimonio como entre un hombre y una mujer. Mientras tanto, los esfuerzos para legalizar las asociaciones civiles se han estancado repetidamente.

La batalla legal de Aruquipa y Montaño comenzó en 2018 cuando el registro civil boliviano se negó a reconocer su unión, argumentando que el país no permitía los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El tribunal constitucional de Bolivia dictaminó en julio que el registro civil debe reconocer su relación como unión libre. El tribunal también dictaminó que la constitución del país debe interpretarse de manera que se ajuste a las normas de derechos humanos e igualdad.

#Bolivia David Aruquipa y de Guido Montaño son la primera unión libre de personas del mismo sexo reconocida por el Estado de Bolivia como unión civil. pic.twitter.com/gm0wchluoA

— Emergentes (@emergentemedio) December 12, 2020

Cinco meses después de la sentencia judicial, Aruquipa y Montaño finalmente reconocieron legalmente su relación el viernes. El Servicio de Registro Cívico de Bolivia (Sereci) reconoció por primera vez la “unión libre” entre dos personas del mismo sexo en el país, tras una larga batalla legal emprendida por la pareja, según una resolución hecha pública este viernes.

El Sereci decidió “disponer el registro de la unión libre entre David Víctor Aruquipa Pérez y Guido Alvaro Montaño Durán”, de acuerdo a este documento que anula otra resolución adoptada por la misma institución en 2018. En aquel momento, el Servicio se había negado al pedido de la pareja para inscribir su unión de hecho, que suma ahora más de 11 años, según contaron ellos recientemente a la AFP.

Aruquipa, administrador de empresas de 48 años, y Montaño, un abogado de 45, emprendieron entonces una batalla legal para lograr el reconocimiento.

En su objeción, el Sereci había argumentado que las leyes bolivianas no contemplaban la unión entre personas del mismo sexo. El Servicio invocó, para ello, el artículo 63 de la Constitución de Bolivia, que señala que el matrimonio es entre una mujer y un hombre y que “las uniones libres o de hecho (…) sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, y producirán los mismos efectos que el matrimonio civil”.

La pareja acudió entonces al Tribunal Constitucional, que recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en 2017 que “es obligación de estados reconocer los vínculos familiares de las personas del mismo sexo y protegerlos”.

Tras el cambio de parecer, la defensora del Pueblo (ombudsman), Nadia Cruz, celebró este viernes que el Sereci “haya determinado registrar la unión libre de los ciudadanos David Aruquipa y Guido Montaño. Este precedente fortalece el principio de igualdad ante la ley y permitirá a ésta y otras parejas del mismo sexo ejercer sus derechos sin discriminación”, añadió Cruz en un comunicado.

Organizaciones de la comunidad LGTBI destacaron también que el fallo constitucional y la nueva resolución “ponen a Bolivia en un escenario de mayor respeto a los derechos de las diversidades, de freno a la discriminación y de igualdad entre todos los habitantes de nuestro país”.

Tras el fallo de la corte en julio, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo: “Las parejas de gays y lesbianas son una parte integral del tejido social de Bolivia y merecen ser reconocidas por el Estado y sus instituciones. “Todos los registros civiles en Bolivia deberían dejar de tratarlos como ciudadanos de segunda clase y comenzar a reconocer sus sindicatos”.

Fuente Agencias

General, Historia LGTBI Bolivia, Celia Taborga, David Aruquipa, Guido Montaño, Maribel Colque, Matrimonio igualitario, Naciones Unidas, Registro Cívico (Sereci), Unión libre