Este sábado, 3 de junio de 2017, se han cumplido treinta años desde que Josep Teixidor, más conocido como “Richard” y Jesús Lozano presentasen ante el Registro Civil de Vic (Barcelona) su solicitud para contraer matrimonio. Era el año 1987. Su solicitud fue rechazada, pero Josep y Jesús abrieron el camino que llevaría, en 2005, a la aprobación del matrimonio igualitario en España.

“La petición formal de matrimonio (…) entró en el despacho de la juez titular de Instrucción de Vic, Julia Novellas, con todos los requisitos legales necesarios. La juez reconoce que le causó extrañeza la solicitud, pero la firmeza y la convicción que mostraron los peticionarios (…) hicieron que lo tomara en serio”, contaba el diario El País en un artículo publicado días más tarde. Richard y Jesús tenían por aquel entonces 39 y 19 años. El primero, abiertamente gay, regentaba un bar en Taradell, cerca de Vic. Jesús, bisexual, era cocinero y estaba pendiente de hacer el servicio militar, aunque pese a su edad era ya padre de una niña. Eran pareja desde pocos meses antes y querían hacer lo que otras tantas parejas en su situación: contraer matrimonio.

La petición se chocó de bruces con la realidad jurídica del momento. Ningún país del mundo había legislado todavía el matrimonio igualitario. Holanda, el primero, no lo hizo hasta 2001. Es más: faltaban todavía dos años para que Dinamarca aprobase, en junio de 1989, la primera ley de uniones entre parejas del mismo sexo. Pero a Josep y Jesús no les importó. Como cuenta con detalle Jordi de Planell en Nació Digital, la pareja tomó la decisión después de discutirlo con el periodista Albert Om, un habitual del bar de Richard. “Un día nos explicó que había un vacío legal y que, si lo intentábamos, quizás conseguiríamos casarnos”, explica Richard treinta años después. A través de Om la pareja contactó con el abogado Ferran Font, que los asesoró. Finalmente lo hicieron. Según explica Richard a Nació Digital, aún recuerda la cara de sorpresa del funcionario que los atendió: “El pobre chico no daba crédito”. Albert Om publicó la noticia en El 9 Nou, una publicación local, y a partir de ahí la noticia trascendió a nivel nacional. Richard y Jesús recibieron el apoyo inmediato del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) y de la noche a la mañana se convirtieron en un símbolo de la lucha en favor de los derechos LGTB en una época en la que la visibilidad era considerablemente menor a la de hoy en día. 

Como era previsible, la solicitud de matrimonio fue rechazada: primero por un juez de Solsona, luego en la Audiencia de Barcelona. El primero de los rechazos dio lugar a la que por entonces fue la mayor manifestación en favor de los derechos LGTB de la historia de España fuera de una gran ciudad (el 3 de octubre de 1987, en la Plaza Mayor de Vic, donde se concentraron cerca de 4.000 personas). La lucha se trasladó luego a Madrid, pero se vio interrumpida en 1992. Jesús fue víctima de la drogadicción y aquello acabó con su relación de pareja, y como consecuencia con la batalla legal. Pero su valentía hizo removerse conciencias, tanto dentro del movimiento LGTB (parte del cual rechazaba la idea de pedir el acceso igualitario al matrimonio, una institución que consideraba caduca) como fuera del mismo. La idea de que dos personas del mismo sexo pudieran casarse comenzó a ocupar tribunas de opinión en los medios. A raíz del caso, Magda Oranich y Jordi Petit firmaban, en octubre de 1987, un artículo en El País titulado “La cuestión del matrimonio civiI entre ‘gays’ [aún entrecomillado en el original]“. La primera frase del artículo era la siguiente: “El matrimonio entre gays o lesbianas no ha sido reconocido todavía en ningún lugar del mundo, pero tiene defensores”. Parece mentira que solo hayan pasado 30 años…

En el camino quedó Jesús Lozano, que falleció en 2012. Richard sigue hoy muy vivo. Pero sus nombres son ya historia del activismo, un activismo que a base de valentía y visibilidad ha conseguido importantes avances que a nosotros nos toca consolidar.

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Sabor agridulce dos años después de la aprobación de la ley catalana contra la LGTBfobia: una sola sanción y despliegue incompleto

Estos días se cumplen ya dos años desde que el Parlamento catalán aprobase la ley de derechos de las personas gais, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. Un texto que incorporó un capítulo sancionador específico y que contó además con un amplio respaldo político. Solo Partido Popular y Unió Democràtica de Catalunya (hoy ya una fuerza extraparlamentaria) se opusieron. Fue todo un triunfo de los colectivos LGTB catalanes, verdaderos impulsores de un texto histórico. Dos años después, el balance es agridulce. Para algunos, decepcionante: solamente se ha impuesto una sanción, pese a que que ha habido decenas de denuncias, y el despliegue efectivo de la ley deja mucho que desear.

La Generalitat de Cataluña ha impuesto la primera sanción económica por homofobia por un caso de insultos a un trabajador de un centro residencial para ancianos que tuvieron lugar el marzo pasado. La sanción ya se ha hecho efectiva y la persona infractora se ha tenido que hacer cargo de un pago de 300 euros. Es la única sanción que ha sido impuesta como consecuencia de la ley ha consistido en una multa de 300 euros al trabajador de una residencia de mayores, que negó el paso a un visitante por encontrarse fuera del horario de visitas. Ello generó una discusión en la que el sancionado, conocedor de la orientación sexual de la víctima, le llamó “maricón de mierda”. Una sanción de la que se ha mostrado satisfecha la consejera catalana de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, que ha alabado tanto la valentía de la víctima que se atrevió a denunciar como la de las personas que fueron testigos de la agresión.

En la presentación del borrador creado por FELGTB para la Ley de Igualdad LGTBI y de No Discriminación, se quiso insitir en la importancia de que las leyes tengan recorrido y fuerza para poder aplicarse. Elementos que se convierten en algo básico para que las normas no se queden en papel mojado, como nos demuestran las noticias que nos llegan desde la Generalitat de Cataluña.

Según un comunicado hecho público por el Departamento del que es titular Bassa, desde que se aprobó la ley en octubre de 2014 el organismo ha recibido 81 denuncias formales: De las 81 denuncias que ha recibido el Área para la igualdad de trato LGTBI, 67 por insultos de carácter LGTBfobo, ya sea en persona o por otros medios, como redes sociales (entre las que hay 34 insultos en persona, 16 a través de les redes sociales y 17 en otros medios), 5 por amenazas y otras 5 por agresiones. Por lo que se refiere al tratamiento de las denuncias, se han abierto 32 expedientes administrativos de acuerdo a la ley, mientras que el resto se han derivado a la vía penal o laboral o se ha considerado que quedaban fuera del ámbito competencial de la Generalitat de Catalunya. El mismo comunicado, no obstante, reconoce que además de las denuncias se han atendido 140 notificaciones de vulneraciones de derechos reconocidos en la ley catalana y “centenares” de consultas al teléfono 012. Otras fuentes, de hecho, hablan directamente de 181 denuncias registradas.

Según ha confirmado Dolors Bassa, Consellera de Trabajo y Asuntos Sociales, ya ha llegado la primera sanción por un caso de homofobia. La víctima fue increpada y menospreciada por su orientación y su valentía al denunciar ha permitido instrumentar la sanción, así como gracias a las personas que fueron testigos.

Además, Dolors Bassa ha querido señalar que la sanción tiene “un gran simbolismo”, porque pone de manifiesto la tolerancia cero de la administración y la sociedad ante las conductas contra el colectivo LGTBI, así como un paso adelante en la lucha por los derechos de estas personas, y ha animado a que denuncien cualquier vulneración de los derechos que sufran.

¿Vaso medio lleno o medio vacío, en cualquier caso? Pues los colectivos LGTB no se muestran precisamente satisfechos. Hasta el punto de que Eugeni Rodríguez, portavoz del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), presidente del Observatori contra l’Homofòbia y de hecho uno de los promotores de la ley, decidía no acudir al acto organizado por la Generalitat para conmemorar su segundo aniversario como muestra de protesta por la inacción política. Las entidades LGTB catalanas quieren que la ley se desarrolle de forma efectiva y se aplique en todos y cada uno de sus aspectos: que se refuerce la atención a las víctimas, de forma que puedan ser atendidas de forma inmediata, así como que se desarrolle un servicio de prevención del acoso por LGTBfobia en las escuelas o un plan de inserción laboral de las personas transexuales, por mencionar algunos ejemplos.

Para Eugeni Rodríguez, un problema fundamental es la falta de recursos. “El Govern solo dispone de dos técnicos que se ocupan de las cuestiones LGTB, y que encima tienen otras misiones asignadas. En la Comunidad de Madrid, donde gobierna el PP, hay 17”, ha declarado a Nació Digital. Aun así, Rodríguez sí reconoce un cierto cambio de actitud entre el anterior gobierno de Convergència i Unió y el actual de Junts Pel Sí.

Las entidades LGTB catalanas, en cualquier caso, están ya trabajando en un documento en el que expresarán cuáles son las prioridades que a su juicio deben atenderse. Para ello se han reunido estos días con representantes de todos los grupos parlamentarios (aunque los del PP se marcharon de la reunión antes de que finalizase) así como del gobierno catalán. El objetivo: un calendario con medidas concretas y fechas para su despliegue.

Las leyes hay que desplegarlas y aplicarlas…

Lo hemos constatado en ocasiones anteriores y en otras comunidades autónomas, no solo en Cataluña. El esfuerzo de los colectivos acaba consiguiendo la aprobación, a veces con importante ruido mediático, de excelentes leyes contra la LGTBfobia o contra la discriminación de las personas transexuales (la peor, sin duda, la ley gallega, que carece de capítulo sancionador al no haber querido incluirlo el PP en su momento…). Cuando llega sin embargo la hora de su despliegue reglamentario, de dotarlas presupuestariamente o simplemente de implementarlas de forma efectiva (tareas todas ellas de menor “brillo político”) comienzan a producirse las demoras. De ahí la necesidad de seguir contando con colectivos LGTB fuertes e independientes, porque las fuerzas que operan en contra de nuestros derechos sí que no descansan.

Fuente Redacción Chueca/Dosmanzanas

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