El pasado 13 de abril se produjo un nuevo ataque a activistas LGTB rusos en la localidad de Múrmansk. Los atacantes lanzaron un gas acre contra la sede de Maximum, una organización de ayuda a las víctimas de la discriminación homófoba, cuando en su interior aún permanecían dos personas, que sufrieron episodios de asfixia y náuseas. Los activistas denuncian también la pasividad de las fuerzas del orden, que no actuaron hasta que se presentó una denuncia pese a que habían sido avisados del ataque por un testigo.

A las 6 de la tarde del pasado 13 de abril, unos desconocidos lanzaron algún tipo de gas lacrimógeno contra la sede de la organización LGTB Maximum, situada en la ciudad portuaria de Múrmansk, cercana a la frontera con Noruega y Finlandia. Dos activistas aún se encontraban aún en el local cuando se produjo el ataque, que les provocó fuertes episodios de asfixia y vómitos. Uno de ellos era Violetta Grudina, que fue quién se encargó de llamar a la policía.

Sin embargo, las fuerzas del orden solo aparecieron transcurridos 40 minutos desde la llamada, y no iniciaron ninguna investigación. Tan solo ofrecieron a Violetta la posibilidad de cursar una denuncia. La activista se puso más tarde en contacto con la comisaría, en cuyas dependencias la invitaron a personarse. Allí supo que un testigo ocular de los hechos había avisado del ataque en su momento. La policía, sin embargo, no actuó hasta la llamada de Violetta. El encargado del caso ha comunicado a Violetta que el día 14 se había dado inicio a una investigación sobre el caso

La sede de Maximum se define como un centro de asistencia psicológica y de apoyo legal a las víctimas de la discriminación y la homofobia social. Como tal, la organización ha sido multada recientemente con 300.000 rublos de multa (5.360 euros, 4.900 dólares) por vulnerar la ley contra la “propaganda homosexual” vigente en Rusia, pues bajo esa normativa el trabajo de información positiva de la homosexualidad que realizan es considerado ilegal.

Para poder continuar con la labor y evitar la sanción, las autoridades exigían a Maximum que se inscribiera como “agencia extranjera”, lo que fue absolutamente rechazado por la organización LGTB. Maximum, como otras muchas asociaciones del mismo tipo, queda así en situación de ilegalidad, y por tanto sujeta tanto a sanciones administrativas como indefesnsa ante la hostilidad social.

Este nuevo ataque es una muestra más de la homofobia de estado vigente en Rusia, representada sobre todo por la legislación aprobada en 2013 por su Parlamento, que prohíbe informar positivamente sobre “relaciones no tradicionales” a menores y que ha servido para acallar, cualquier reivindicación de los derechos LGTB, con continuadas detenciones de aquellos activistas que valientemente se resisten a permanecer en silencio. También han tenido lugar despidos de funcionarios que declaran abiertamente su orientación sexual y cierres de medios que respaldan las reivindicaciones de los activistas.

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Las autoridades rusas han declarado “agente extranjero” a la organización ‘Máximo’. La asociación trabaja a favor del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTB en el país. La consideración de una asociación como “agente extranjero”, además de un mayor control e incluso multas por parte del gobierno, va dirigida a empeorar la imagen de la organización, al vincular a la misma a una tapadera de los países occidentales para influir en Rusia.

La organización, que desarrolla su actividad en la localidad de Murmansk (muy próxima a la frontera con Finlandia), podría tener que cerrar en caso de que la multa que imponga el gobierno ruso sea excesivamente alta, dado que la ley que legitima al gobierno para considerar a una organización como “agente extranjero” permite a las autoridades imponer multas millonarias.

Desde la organización LGTB alegan que “de acuerdo con el gobierno, el reparto de folletos, prensa y reclamaciones sobre la necesidad de cambiar las leyes en relación a la comunidad LGTB, es una actividad política por la cual somos un agente extranjero“.

El gobierno ruso inventó la figura de “agente extranjero” de cara a perseguir a las organizaciones de derechos humanos del país, al hacer creer a los ciudadanos que las mismas están patrocinadas por los países occidentales para expandir sus culturas en Rusia.

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