Carlos López ha denunciado ante la Guardia Civil un videomontaje sobe su persona difundido en redes sociales por posible delito de odio. La pieza denunciada incluye además contenido racista.

El pasado 3 de abril, el candidato a la alcaldía de Torre Pacheco por el Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) y, hasta ahora, concejal de Hacienda y Comunicación, Carlos López, interpuso una denuncia ante la Guardia Civil por la difusión de un videomontaje homófobo y racista sobre su persona. El vídeo difundido es un montaje sobre un vídeo real del edil socialista en el que felicitaba el Ramadán a la comunidad musulmana de Torre Pacheco, localidad en la cual uno de cada cinco ciudadanos es musulmán.

En el vídeo se sustituye la voz de López para dar paso a un discurso que en palabras del propio edil son «denigrantes, racistas, homófobas, que no puedo reproducir porque incumpliría las normas de cualquier red social», según ha denunciado en Twitter. «Torre Pacheco tiene que aspirar a algo más, a ser un pueblo en el que merece la pena vivir en el que tenemos que hacer una convivencia amable, pacífica y de disfrute de la diversidad», ha declarado el candidato socialista a la alcaldía en un vídeo en el que responde al montaje:

https://twitter.com/karloslopez/status/1643016086097477633?s=20

Carlos López ya ha hecho frente en otras ocasiones a la circulación de noticias falsas en el pueblo que culpaban de un presunto aumento de la violencia a la población musulmana, precisamente cuando los datos evidenciaban una bajada de la tasa de criminalidad.

Los insultos homófobos hacia López son especialmente graves, ya que el edil es abiertamente gay y uno de los principales impulsores de ‘Roldán con Orgullo’, una de las celebraciones con más tirón del mes del Orgullo LGTBI+ en la Región de Murcia y que supone un importante elemento dinamizador para esta pedanía de Torre Pacheco.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Homofobia/Transfobia, LGTBIfobia, Murcia, PSRM-PSOE, Racismo, Región de Murcia, Roldán, Roldán con Orgullo, Torre Pacheco, Xenofobia

General, Homofobia/ Transfobia. Ámbito laboral, Antonia García Sánchez, Ayuntamiento de Totana, Discriminación, Javier Baños, Lesbiana, Murcia, Totana

La discoteca niega que se tratase de homofobia y argumenta que su etiqueta no permite que los chicos lleven los hombros descubiertos. El local ya se vio envuelto en otra polémica en 2019, cuando una pareja aseguró haber sufrido una agresión de tintes homófobos por parte de su personal, que la discoteca también negó en su momento.

El pasado fin de semana un joven se disponía a entrar a la discoteca Maná San Javier, situada en la costa del Mar Menor en la Región de Murcia, cuando según asegura le fue denegada la entrada por los porteros del local. En la publicación en la que denuncia el hecho, el joven afirma que los porteros le indicaron que no cumplía la norma de vestimenta del local: «El portero me dijo que mi ropa no era adecuada, me señaló a unos chicos que iban en camisa y me dijo ‘hay que ir así’, bien vestido».

Afortunadamente, el joven contaba en el aparcamiento del local con ropa de recambio y pudo entrar a disfrutar de la noche. «No sé si fue homofobia, sexismo o clasismo, solo sé la impotencia que sentí y lo mal que lo pasé por un momento. Parece una tontería pero no nos dejan ser nosotros mismos», añadió en su publicación de Instagram.

La periodista del diario La Verdad Alexia Salas se puso en contacto con la dirección del local, que explicó de esta manera el incidente: «Aquí entra todo el mundo, pero con una etiqueta de vestimenta, por eso los chicos no pueden entrar con los hombros descubiertos ni camisetas de tirantes». Una etiqueta de vestimenta basada en la heteronormatividad para el público masculino al no permitir esta prenda, que hoy día visten muchos jóvenes gais y con expresión de género diversa.

Se da la circunstancia de que en agosto de 2019 un chico denunció públicamente una agresión de tintes homófobos sufrida junto a su pareja por parte de los porteros del mismo local, de la que nos hicimos eco en su momento, y que la discoteca también negó.

En sentido contrario, el pasado mes de mayo la discoteca Maná participó con un espectáculo en la clausura de la Muestra de Cine LGTBI de la Región de Murcia impulsada desde el Colectivo LGTBI No Te Prives y la Filmoteca Regional, donde se repartieron a los asistentes flyers con descuentos para acudir a la reapertura de la discoteca. Fue, de hecho, el único local que participó de una manera tan visible (zancudos bailarines incluidos en un espacio reducido) en este acto:

https://twitter.com/javiperiodista/status/1528126196780781569?s=21&t=IvAUXnn3cQ66qtdeB8lQUg

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Croo top, Discoteca "Maná", Discriminación, Expresión de género, Homofobia/Transfobia, LGTBIfobia, Mar Menor, Murcia, Región de Murcia, San Javier

El colectivo Galactyco de Cartagena denuncia el diagnóstico recibido por una joven de 19 años en el Hospital Reina Sofía de Murcia.

Tras una visita al ginecólogo en uno de los hospitales más importantes de la capital murciana, una joven de 19 años recibió un diagnóstico en el que la categoría «Enfermedad actual:» se completó con el adjetivo «Homosexual».

Ocurrió el pasado 4 de octubre y la identidad del profesional no ha sido revelada. Ha sido el colectivo Galactyco (Gais, Lesbianas Bisexuales y Trans Activistas de Cartagena y Comarca) el que ha denunciado esta situación que atenta contra la dignidad de la paciente, la de la comunidad LGTBI+ de la Región de Murcia y contradice lo dictado por la Organización Mundial de la Salud en 1990, año en el que este organismo desclasificó la homosexualidad como enfermedad. Pese a ello «en el Sistema Murciano de Salud (SMS) algunos profesionales continúan asumiendo la orientación sexual como una enfermedad», han denunciado desde Galáctyco.

«Dado que durante siglos este error supuso un trato estigmatizante, discriminatorio, violento y denigrante hacia todas las personas cuya orientación sexual fuera distinta a la heterosexualidad, desde este colectivo denunciamos públicamente la ignorancia manifiesta con tintes lgtbifóbicos que supone relacionar orientación sexual con enfermedad», ha señalado la asociación en una nota de prensa.

El colectivo cartagenero acusa «al Gobierno Regional de Murcia, a la Consejería de Sanidad, y al Sistema Murciano de Salud, de dejadez institucional para aplicar la Ley 8/2016 de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que tras 5 años aprobada permanece como un adorno legislativo».

Galáctyco ha remitido escritos tanto a la consejería como al SMS exigiendo «rectificación y disculpas inmediatas a la paciente», así como la aplicación de la Ley LGTBI de la Región de Murcia que en materia sanitaria, compromete al Gobierno de la Región a garantizar un trato respetuoso hacia las personas LGTBI y a que los profesionales sanitarios cuenten con una formación e información adecuada sobre homosexualidad, bisexualidad, transexualidad e intersexualidad.

El colectivo considera «alarmante, inaceptable e intolerable que a fecha de hoy los profesionales de los que depende un tratamiento adecuado de nuestra salud ignoren las realidades de las personas LGTBI».

En el momento de redacción de esta noticia, ni la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social ni la de Salud en la Región de Murcia se han pronunciado sobre este hecho.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Galactyco, Homofobia/Transfobia, Hospital Reina Sofía, Lesbofobia, Murcia, Región de Murcia, Servicio Murciano de Salud

Actualización 04/05/2021

Raúl Gómez, un joven de 18 años, ha denunciado públicamente el acoso homófobo que sufre por parte de su propia madre, de la actual pareja de esta y de su tío. El joven, vecino de Fortuna (Murcia), ha sido objeto tanto de amenazas verbales como de agresiones físicas. Su abuela materna es el único apoyo con el que cuenta dentro de su familia.

Raúl Gómez, un joven de Fortuna, denunció a varios familiares por cuatro episodios de agresiones físicas. Según explica la víctima, de 18 años, “he sufrido palizas por parte de mis tíos y de mi padrastro debido a mi condición de homosexual”, hechos que  puso  en conocimiento de la Guardia Civil y declarará ante el juez el próximo 11 de mayo en Cieza.

Según relataba el joven a La Opinión de Murcia el pasado 14 de abril, la relación con su madre no es buena desde hace años, pero ha sido a raíz de que ella iniciase su actual relación cuando ha ido a peor. Su padrastro, según cuenta, es un homófobo recalcitrante que, segú sus propias palabras, «odia a los maricones». El chico asegura a LA VERDAD que, “mi madre conoció a una persona que acababa de salir de la cárcel y empezó una relación con él. Ambos comenzaron a hacerme la vida imposible, porque me agredían de forma continua”.

El joven les ha interpuesto dos denuncias, la primera ante la Guardia Civil tras una discusión con su madre, durante la cual ella le propinó una bofetada y su padrastro no paró de dedicarle insultos homófobos, y una segunda ante la Policía Nacional, aunque este cuerpo remitió también la investigación a la Guardia Civil.

Tras la primera denuncia, de hecho, el joven, ya mayor de edad, se marchó a vivir a casa de su abuela materna. «Como pongas la denuncia, date por muerto», asegura que le espetó su padrastro. De acuerdo al relato del adolescente a La Opinión, su madre y padrastro no le permiten ni siquiera recoger sus pertenencias, entre ellas su ropa y una televisión que se había comprado con sus ahorros (asegura que lleva trabajando desde los 15 años), así como unos 2.000 euros en metálico.

Raúl se fue entonces a vivir con su abuela. “Ella siempre me ha respetado y me ha querido tal y como soy”, señala. Sin embargo, el pasado miércoles, cuando el joven se encontraba a las puertas de su nueva casa, su tío y su tía arremetieron contra él, insultándolo y agrediéndolo en plena calle. “Mi tío llegó a sacarme un cuchillo y me amenazó. Me dijo que iba a venir toda la familia a matarme”.

El acoso homófobo a Raúl, sin embargo, ha ido a más, al unirse a este su tío, que hace pocos días le exigió que retirara las denuncias contra su madre y ante la negativa del joven le propinó un fuerte puñetazo en el rostro que le provocó una hemorragia en el interior de la cavidad bucal (ver captura). La abuela del chico, de hecho, ha confirmado que su hijo ha llegado a personarse en su casa con un cuchillo «diciendo que quería matarlo (a Raúl)». «Su madre le acosa desde bien pequeño llamándole maricón y no acepta que su hijo sea homosexual», se lamenta la abuela ante las cámaras de 7 Televisión, el canal autonómico murciano.

Según la víctima, estos dos familiares cumplieron su amenaza y este viernes por la mañana acudieron a la vivienda junto su madre y el novio de esta. “Volvieron a agredirme y a insultarme”. Raúl logró escapar y se dirigió a la alcaldesa, Finabel Martínez, para pedirle ayuda. “Estoy siendo víctima de estas agresiones porque soy homosexual. Lo único que pido a las autoridades es que me ayuden y me escuchen. No entiendo por qué, si mis familiares me han pegado, no han acabado presos”, afirma.

Por su parte, la alcaldesa señaló que el asunto se encuentra en manos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. “Desde el primer momento hemos estado en contacto con este joven y le hemos mostrado todo nuestro apoyo y ayuda”.

José Manuel Hernández, abogado del joven, considera que su defendido es víctima de un delito de odio a manos de su propia familia. «Estaríamos ante un caso de lesiones y amenazas en el ámbito doméstico con las connotaciones de que se ha elegido a la víctima por su orientación sexual», declaraba en su día a La Opinión. En este sentido, el abogado recordaba que cualquier delito tipificado en el Código Penal «se convierte en un delito de odio cuando se elige a la víctima por su orientación sexual». Ahora Hernández ha confirmado que a las denuncias previas se ha sumado otra contra su tío.

El colectivo murciano No Te Prives, por su parte, ha confirmado en redes sociales que se han puesto en contacto tanto con el joven agredido por su familia como con la Guardia Civil:

Condenamos cualquier forma de #LGTBIfobia. No te Prives se ha puesto en contacto con la víctima y con la @guardiacivil sobre este caso de homofobia https://t.co/77bUkLDXda

— Colectivo No te prives (@cnoteprives) April 30, 2021

Fuente La Verdad de Murcia/La Opinión de Murcia/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. 7 Televisión, Adolescentes LGTBI, Agresiones, Delitos de Odio, Familia, Fortuna, Homofobia, Homofobia/Transfobia, La Opinión de Murcia, La Verdad de Murcia, LGTBIfobia, Murcia, Raúl Gómez, Violencia LGTBIfoba

Un hombre de 34 años y una mujer de 33 han sido detenidos en Molina de Segura (Murcia) por un presunto delito de odio por su acoso continuado a una mujer trans. Un acoso que comenzó en 2019, cuando la víctima visibilizó su proceso de transición, pero que no ha denunciado hasta que su vida se convirtió en un auténtico infierno.

Según informa el diario murciano La Opinión, el acoso tránsfobo se remonta al verano de 2019, cuando la mujer comenzó a hacer visible su proceso de transición y la apreja ahora detenida comenzó a humillarla en cuanto tenía ocasión. Pese a todo, la víctima era reacia a denunciar, por miedo a las represalías, por lo que optó por modificar sus rutinas para evitar cruzarse con sus agresores. Pero estos continuaron su acoso, hasta el punto de amenazarla e incluso agredirla físicamente. Finalmente, la mujer denunció los hechos ante la Policía Nacional, que en colaboración con la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior, llevaron a cabo una investigación que permitió recabar indicios suficientes de la existencia de un posible delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, procediendo a la localización y detención de los presuntos autores.

Siempre según La Opinión, se ha dado cuenta también al Juzgado de Instrucción de Molina de Segura para la adopción de las medidas oportunas, así como al Fiscal Provincial Delegado contra los Delitos de Odio y Discriminación.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Delitos de Odio, La Opinión de Murcia, LGTBIfobia, Ministerio del Interior, Molina de Segura, Murcia, Personas trans, Transexualidad, Transfobia, Violencia LGTBIfoba

Tras conocerse la presentación de una moción de censura para desplazar al PP de Gobierno de Murcia, el líder regional de los socialistas, Diego Conesa, destacaba que el mal llamado «PIN parental», al que también se oponían desde Ciudadanos, había sido una de las claves del movimiento, junto a la «falta de transparencia en la gestión» y la «corrupción del escándalo de las vacunas». Las maniobras posteriores del PP, que se ha asegurado el apoyo de tres diputados tránsfugas de Ciudadanos a cambio de incorporarlos al Gobierno regional, han dado al traste con el intento de desplazar a los populares del Gobierno regional y anular la influencia de Vox. 

La Región de Murcia se despertaba la mañana del pasado miércoles con el registro de una moción de censura del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) y Ciudadanos contra el popular Fernando López Miras, que desde las elecciones de 2018 gobernaba en coalición con el propio Ciudadanos con apoyo externo de Vox, la formación de extrema derecha. El motivo era la tensión creciente en el seno del gobierno entre populares y naranjas, motivado por el reciente escándalo de la vacunación contra la covid-19 de la cúpula de Sanidad (así como del concejal Felipe Coello, ya dimitido, en el Ayuntamiento de Murcia), las denuncias cruzadas en el consistorio de la capital entre los populares y el concejal de Ciudadanos Mario Gómez con acusaciones de espionaje y corrupción de por medio y, finalmente, el nuevo acercamiento del PP a la extrema derecha de Vox en materia educativa que, como adelantábamos en febrero, supondrá previsiblemente la reintroducción del la censura parental en las aulas a cambio de su voto favorable a los Presupuestos autonómicos de 2021. Un acuerdo entre PP y Vox que se confirmaba días después.

Pese a que todas eran cuestiones de peso para la formación naranja, el partido Ciudadanos se había opuesto a volver a implantar la medida estrella de la extrema derecha en las aulas. Un giro significativo, dado que aunque el partido naranja siempre se había sentido incómodo con la medida, en la práctica la había tolerado. Es necesario recordar, de hecho, que hasta que la justicia la suspendió cautelarmente la medida llegó a estar vigente en la región mientras la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, Isabel Franco, también ejercía como vicepresidenta única de la comunidad autónoma. Franco es, precisamente, una de las tres tránsfugas de Ciudadanos que finalmente han dado al traste con la posibilidad de cambio al frente del Gobierno de Murcia.

El que más rotundamente indicó que el retorno de la censura parental a la Región de Murcia supuso un acelerador del intento de moción de censura fue el líder de los socialistas en la Región de Murcia, Diego Conesa. El secretario general de los socialistas murcianos manifestaba la mañana del 10 de marzo en el programa de televisión Al Rojo Vivo que «el PP es un juguete roto en manos de la ultraderecha. Queriendo de nuevo reavivar los fantasmas de la censura educativa con el pin parental han acelerado este proceso y esta toma de decisiones».

En cualquier caso, el Gobierno central ya ha anunciado que volverá a recurrir la censura parental denunciando ante los tribunales a todas las comunidades autónomas que la apliquen, sean la Región de Murcia, Andalucía o Madrid, otras dos comunidades en las que Vox, desde su posición de fuerza en los parlamentos regionales, exige la aplicación de la medida (hasta ahora este recurso solo había sido necesario en Murcia). Además, según informa Fuensanta Carreres en el diario La Verdad de Murcia, la censura parental quedará sin efectividad tras la aplicación en el currículo de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE, también conocida como «Ley Celaá»). Sin embargo, en la Región de Murcia al menos modificaría la naturaleza de las charlas que históricamente venía impartiendo el colectivo No Te Prives, ya que los contenidos de educación afectivo-sexual pasarían a ser impartidos por los profesores y no por los profesionales de la asociación.

Moción de censura condenada al fracaso

Por lo que se refiere a la moción de censura contra López Miras, está queda condenada al fracaso tras la maniobra del PP asegurándose el apoyo de tres tránsfugas de Ciudadanos, a los que a cambio incorpora al Gobierno (dos son nuevos consejeros, la tercera es Isabel Franco, que sigue como vicepresidenta). Los naranjas perderán así, muy probablemente para siempre, la posibilidad de presidir por primera vez una comunidad autónoma (la candidata era la hasta pocos días consejera de Empresa, Ana Martínez Vidal). Habrá que ver qué pasa, eso sí, con los municipios que entraban también en el pacto inicial entre el PSRM y Ciudadanos, y donde los naranjas han gobernado hasta ahora con el PP habiendo sido los socialistas la opción más votada en las pasadas elecciones: Murcia, Caravaca de la Cruz, Ceutí, Fuente Álamo y Pliego, que pasarían a ser regidos por los socialistas.

General, Homofobia/ Transfobia. Al rojo vivo, Ana Martínez Vidal, Asamblea Regional de Murcia, Censura parental, Ciudadanos, Diego Conesa, Discriminación, Educación, Felipe Coello, Fernando López Miras, Homofobia, Isabel Franco, La Verdad, LGTBIfobia, Murcia, No Te Prives, Pin parental, PP, PSOE, Veto parental, VOX

«El Consejero de Presidencia y Hacienda ha ratificado por escrito a Vox la voluntad y el compromiso «indudable» del Ejecutivo murciano de aplicar la censura parental, medida estrella de la formación de extrema derecha, y le ha transmitido que ya se trabaja en la modificación de los decretos que impiden su aplicación.

El Gobierno de la Región de Murcia vuelve a hacer un guiño a Vox (la fuerza más votada en las últimas elecciones generales en la región) poniendo en el punto de mira a la educación en valores y al colectivo LGTBI+. Mediante un documento escrito, el consejero de Presidencia y Hacienda ha asegurado a la formación de extrema derecha  que ya se trabaja en regular la autorización de los padres para charlas en centros educativos. Este documento es un informe del grado de cumplimiento del acuerdo alcanzado por PP, Ciudadanos y Vox para aprobar los Presupuestos de 2020 de la Comunidad Autónoma. Ahora, con la negociación para la aprobación de los Presupuestos de 2021 en marcha, el Gobierno regional parece apretar el acelerador para contar con los votos de la extrema derecha, a la cual necesita si el resto de la oposición se opone a las cuentas.

Según el diario La Verdad, el documento confirma que está en marcha la modificación de los tres decretos que establecen el currículo de Primaria, Secundaria y Bachillerato. El eufemismo que utilizan desde el Gobierno de San Esteban para aplicar la censura parental es «aumentar la colaboración y participación de las familias en la toma de decisiones relativas a los procesos educativos de sus hijos». El texto añade que se busca «adoptar las medidas adecuadas para garantizar que la enseñanza de los contenidos curriculares deba estar presidida por la objetividad, la neutralidad, el respeto, el pluralismo y el uso de criterios científicos», términos ambiguos y que, según la interpretación del texto, podrían validar o denegar una misma actividad en el aula.

Según indica también el texto, la Consejería de Educación no ha recibido durante el curso pasado ninguna reclamación de alumnos, padres o docentes, en cuanto a la idoneidad o no de actividades complementarias. Este periodo realmente solo correspondería a los meses de septiembre de 2019 a marzo de 2020, periodo en el que hubo actividad presencial en las aulas.

Hay que recordar, en este sentido, que la pandemia por coronavirus azotó a España justo después de que el Ministerio de Educación llevara a los tribunales al Ejecutivo autonómico al implantar la censura parental, una medida que permite a los padres homófobos impedir que sus hijos acudan a charlas sobre diversidad afectivo-sexual, principalmente impartidas por profesionales del colectivo LGTBI de la Región de Murcia, No Te Prives. Una medida que se aplaudió desde los sectores más reaccionarios y contrarios al avance de los derechos de las personas LGTBI+. A continuación, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendió de forma cautelar su implantación. Una vez finalizado el curso escolar 2019-2020, el alto tribunal murciano archivó el recurso contra la censura parental al haber expirado el ámbito temporal de aplicación de la medida. Sin embargo, con la vuelta a una relativa normalidad en las aulas y la aparente sensación de que la presencialidad va a continuar durante el vigente curso 2020-2021, resucitan las exigencias de la extrema derecha para implantar la que desde el inicio de la legislatura regional ha sido su medida estrella. La censura parental, recordemos, fue una de las pocas condiciones que acordó la extrema derecha con el Partido Popular y Ciudadanos para apoyar los Presupuestos de la comunidad (de hecho es la primera medida que se enumera en el documento rubricado por las tres formaciones).

De confirmarse la noticia, es de prever que el Gobierno de España active de nuevo la vía judicial contra la medida. También es esperable que, pase lo que pase, el discurso de la extrema derecha, de nuevo protagonista de la agenda política y mediática, continúe intentando socavar la profesionalidad del personal que imparte estas charlas, creando de nuevo un conflicto que no existía y legitimando el discurso de odio contra el alumnado, colectivos y la población LGTB+ en general.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Censura parental, Ciudadanos, Discriminación, Educación, Homofobia, La Verdad, LGTBIfobia, Murcia, Pin parental, PP, Veto parental, VOX

Los institutos son un lugar para la educación académica y en valores, pero también para muchos jóvenes LGTBIQ+ son un infierno… especialmente cuando lo que falta es la educación. Sin ir más lejos, un niño de 11 años ha sufrido una brutal agresión homófoba y, como resultado, ha acabado hospitalizado en Murcia.

Sucedió en el instituto Isaac Peral de Cartagena (Murcia), donde un joven de 11 años recibía una brutal paliza por parte de un individuo de 15 años, que lo esperó a la salida y lo atacó por detrás.

La historia es tan bestial como el parte de lesiones, golpes por la espalda, rotura del tabique nasal…al parecer, el ensañamiento fue tal que una madre de un alumno tuvo que acercarse para alejar a la víctima de su agresor, que como resultado de la paliza ha tenido que ser intervenido al no poder respirar bien.

Como ha relatado la familia, no era la primera vez, sino que el presunto agresor lo hostigaba y acosaba con frecuencia llamándole maricón y otras agresiones verbales.

Ingresado en el hospital un niño de 11 años por una agresión homófoba: rotura de tabique nasal, lesiones, golpes. En #Cartagena #Murcia.

El agresor le dio un puñetazo por la espalda que le dejó inconsciente y una vez en el suelo patadas.

Educar en diversidad es urgente. pic.twitter.com/4oguR3I8Yv

— Toño Abad 🏳️‍🌈 (@antonioabadg) November 7, 2020

Casi tan duro como este hecho es que el propio instituto ha reconocido que sabían de estos hechos, y que ha sido en esta ocasión cuando lo han expulsado 15 días. La familia del menor se encuentra actualmente recogiendo firmas para que esta expulsión temporal se convierta en definitiva, además de haber interpuesto acciones legales.

Para evitar que estos tristes y desagradables incidentes es esencial contar con una educación igualitaria e inclusiva con espacio para la visibilidad LGTBIQ forme parte del programa. Asimismo, es necesario ser tajante contra estas actitudes.

Pero también contar con partidos que respeten la dignidad y velen por los derechos de las personas. Cabe destacar que en la ciudad murciana VOX es el partido más votado, con propuestas como el Pin Parental, de la mano del partido de Santi Abascal con la colaboración de Ciudadanos y el Partido Popular.

Fuente 20 Minutos, vía AmbienteG

General, Homofobia/ Transfobia. Agresión, Ámbito educativo, Cartagena, Delitos de Odio, Homofobia/ Transfobia, Instituto Isaac Peral, Murcia

El exjuez Fernando Ferrín Calamita, quien fue inhabilitado en 2009 por obstaculizar de forma intencionada la adopción de una menor solicitada por la esposa de su madre biológica, continúa hostigando a las mujeres que en su día lo demandaron. Recientemente, Calamita, de conocidas convicciones homófobas, empleó su perfil en la red social Facebook para incitar al odio contra ambas mujeres, difundiendo una carta llena de bulos —en la que llegar a afirmar que, tras separarse, la pareja había entregado a la menor a los servicios sociales—, que se hizo viral y motivó montones de insultos y amenazas hacia las susodichas.

La historia comienza en la primavera de 2006, cuando Vanesa inició los trámites para adoptar a la hija biológica de su esposa, con el fin de constar como madre de la niña a instancias administrativas y judiciales. El exjuez Fernando Ferrín Calamita, que entonces se encontraba al frente de un Juzgado de Familia en Murcia, se encargó de tramitar aquella solicitud de adopción —y, además, se opuso desde el principio al asunto—. Por esa razón, Vanesa se vio obligada a interponer una demanda contra dicho juez a comienzos de 2008, al sospechar que el jurista estaba cometiendo un delito de prevaricación judicial, pues este había impuesto una serie de trámites innecesarios —como pedir que se nombrara a un defensor judicial a los menores, o que se realizasen una serie de preguntas a la psicóloga del caso acerca de la conveniencia de que la niña conviviera con dos mujeres—.

«La niña pasó más de dos años sin poder tener los apellidos de sus madres y sin que la madre no biológica pudiera pedir ningún tipo de permiso. Esta no era la primera vez que este juez hacía cosas de ese estilo. Ya había otra gente que había sufrido lo suyo con él, pero ahí fue cuando ya le abrieron un expediente disciplinario y, además, ellas lo demandaron», explica a dosmanzanas Ade Campillo, presidenta de ASFAGALEM (Asociación de Familias de Gais y Lesbianas de la Región de Murcia).

A finales de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia condenó a Calamita a dos años, tres meses y un día de inhabilitación, y a pagar 6.000 euros de indemnización, por «retraso malicioso». El fiscal, el abogado de la pareja y el propio condenado —quien argumentaba que la menor «tenía derecho a vivir en una familia normal»— recurrieron. Al final, el Supremo acabó condenando en 2009 por prevaricación al juez, aumentando además de dos a diez años el periodo de inhabilitación para ejercer como tal.

Durante sus diez años de inhabilitación, Ferrín Calamita no perdió el tiempo. Además de solicitar el indulto al Ministerio de Justicia —algo que le fue denegado—, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional —recurso que no fue admitido a trámite— y, además, llegó a escribir un libro —titulado Yo, víctima de la cristofobia: El calvario de un juez católico por cumplir la ley en España—. Los editores del manual aseguraban del autor que el pobre había sido «presionado, amenazado, extorsionado y, finalmente, expulsado de su trabajo, teniendo que pasar por un verdadero calvario profesional y familiar; incluido el linchamiento mediático y la merma de su salud». Además, cabe señalar que durante todo ese tiempo recibió el apoyo público de la plataforma de ultraderecha HazteOír.

En 2019, al cumplirse los diez años de suspensión, el Tribunal Supremo rechazó rehabilitar a Fernando Ferrín Calamita por «una auténtica compulsión homófoba». Sin embargo, él decidió volver a la carga recientemente, escribiendo y compartiendo en su perfil de Facebook una carta dirigida a «Candela, la niña adoptada» —quien hoy es ya una adolescente—, relatándole una serie de hechos falsos —desmentidos públicamente por la madre biológica de la niña— de los que varios portales se hicieron eco sin molestarse en contrastar la información. «Ha llegado a mi conocimiento recientemente que se han divorciado y que te han abandonado y entregado a los servicios sociales. Lo siento mucho. El tiempo me ha venido a dar la razón, por desgracia. He hecho gestiones para averiguar tu paradero, pero lógicamente no me han facilitado ningún dato en ese organismo de la Consejería de la CARM que ahora se llama de Familias y LGTBI», rezaba la misiva con la que el exjuez pretendía justificar lo que hizo en su día, seguir dando rienda suelta a su homofobia y, sobre todo, incitar al odio contra las madres de la menor.

«En primer lugar, necesitamos parar el bulo y el odio hacia la familia concreta, porque están difundiendo una foto de ellas que salió cuando ocurrió aquello, están diciendo sus nombres, el nombre y edad de la niña, etc. Como juez de familia que ha sido, él sabe perfectamente que tú no puedes abandonar a una niña en servicios sociales. Sabe que, en todo caso, los servicios sociales podrían retirarte a la niña porque esté en una situación de abandono, desamparo o peligro. No sabemos qué pretendía, si es una cuestión de venganza o qué. Pero lo peor de todo es el odio que está generando en redes sociales», apostilla preocupada Campillo. Una pesadilla que, por desgracia para sus protagonistas, se alarga ya demasiado en el tiempo.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Ade Campillo, Adopción, ASFAGALEM, Delitos de Odio, Discriminación, Homofobia/Transfobia, Homoparentalidad, Lesbofobia, LGTBIfobia, Murcia

Los dos partidos del Gobierno (Ciudadanos y PP)  acercando posturas con Vox  EFE

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha acordado suspender, de manera cautelar y mientras dura la tramitación del recurso interpuesto por el Ministerio de Educación, la ejecución del mal llamado «PIN parental» por parte del Gobierno murciano. Una medida que desde hace años vienen reclamando organizaciones ultraconservadoras como HazteOír, que el Gobierno de Murcia ha hecho suya y que autoriza a los padres a prohibir que sus hijos acudan a charlas educativas sobre diversidad y contra la LGTBIfobia.

Mucho se ha escrito sobre el «PIN» o veto parental, una medida que, ya antes de que la polémica saltara a primer plano de la actualidad nacional, el Gobierno murciano había implementado el pasado mes de agosto a través de una instrucción de la Consejería de Educación, que ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que fuesen a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria debían ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos tenían que dar su autorización expresa. Semanas más tarde, en el marco de las negociaciones presupuestarias entre PP, Ciudadanos y Vox, las tres formaciones que dan sostén al Gobierno de Murcia (aunque la formación de extrema derecha no forma parte del mismo), acordaron darle mayor rango normativo.

Fue entonces cuando el debate se hizo extensivo al nivel nacional, a pesar de que como hemos dicho la medida ya se encontraba en vigor desde el inicio del curso, y el Gobierno de España tomó cartas en el asunto. El Ministerio de Educación, a cuyo frente se encuentra Isabel Celáa, dio en enero un plazo de un mes a la Consejería de Educación de Murcia a que retirara las instrucciones a los centros. El Gobierno murciano hizo caso omiso y en febrero presentó un recurso por la vía contencioso-administrativa. El Gobierno español considera que la normativa educativa prescribe que son los docentes, en el marco de la autonomía pedagógica de los centros educativos, quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos correspondientes. Por otra parte, considera que el veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a  este tipo de actividades supondría una «objeción de conciencia encubierta» que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española. El Ministerio entiende además que el veto parental colisiona con el derecho constitucional fundamental a la educación, además de contravenir diversos tratados internacionales ratificados por España, la legislación sobre la violencia de género y la normativa específica en materia LGTBI.

De hecho, se da la circunstancia de que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Las instrucciones del Gobierno murciano, suspendidas cautelarmente

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha decidido suspender cautelarmente las instrucciones de la Consejería murciana de Educación hasta decidir sobre el recurso del Ministerio de Educación. El tribunal, conviene aclarar, no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión: la suspensión tiene lugar ya que «puesto que las instrucciones impugnadas despliegan sus efectos durante el presente curso escolar, y este concluye a finales de junio (…) una eventual sentencia estimatoria podría quedar carente de virtualidad».

A ello se une que el alto tribunal murciano no considera que la suspensión suponga un riesgo para el derecho de los padres a intervenir en la educación de sus hijos ya reconocido por las leyes, estimando que ya «existen mecanismos suficientes, en principio, para que los padres expresen su no conformidad y que sean valoradas las concretas razones de la misma, lo que es algo distinto de la autorización para cada actividad».

El auto de suspensión cautelar no es firme y contra el mismo se puede interponer recursos de reposición. Estaremos atento a cómo evolucionan los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Ciudadanos, Discriminación, Educación, HazteOir, Homofobia, Isabel Celáa, LGTBfobia, Ministerio de Educación, Murcia, Pin parental, PP, VOX

La formación ultraconservadora fue expulsada por la Policía Local de las inmediaciones de un colegio en Leganés donde pretendía asustar a los padres con informaciones erróneas sobre los contenidos de diversidad sexual y de género que pueden ser impartidos a sus hijos.

La ultraderecha crecida en el terreno político redobla sus esfuerzos por trasladar su batalla ideológica a los centros escolares con el foco puesto en los menores. Si Vox hace valer su poder nacional y autonómico para imponer sus exigencias a los gobiernos que se mantienen gracias a sus votos (o abstenciones), HazteOír se encarga de caldear el ambiente en los centros educativos y redes sociales.

Tras un inicio de curso en el que HazteOír llevó a cabo un envío masivo de material homófobo y con ataques y mentiras sobre la diversidad sexual y de género, acompañado de formularios del mal llamado «PIN parental» dirigido a centros educativos y AMPAS, ahora la estrategia de la asociación se traslada a la calle y a las redes sociales. En una agenda perfectamente orquestada, HazteOír publicita sus ataques a la libertad de cátedra de los centros escolares en medios impresos conservadores exigiendo que los padres puedan vetar que sus hijos participen en actividades educativas de los mismos y poniendo a su disposición un servicio de WhatsApp para asesorar contra lo que ellos llaman el «adoctrinamiento de género». Una batalla que también han comenzado a llevar a las puertas de los centros educativos. Este ha sido el caso de la concentración a las puertas del colegio público Miguel Hernández de Leganés. Un acto en el que los ultraconservadores pretendían montar una mesa y repartir entre los padres formularios para aplicar el veto parental.

El acto, sin embargo, no fue permitido por la Policía Local, ya que la ordenanza municipal impide el reparto de publicidad en la vía pública sin una autorización previa que nunca recibieron en la formación ultra. Las siete personas que formaban la comitiva tuvieron que conformarse con exhibir carteles a favor del veto y repartir algún formulario aislado. Un formulario que algunos padres rompieron frente a ellos y que, de momento, carece de legalidad alguna en la Comunidad de Madrid, ya que por el momento la medida estrella de la ultraderecha solo está implantada en la Región de Murcia y vagamente planteada en el acuerdo presupuestario entre PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía. Medida que contradice a las leyes LGTBI de ambas comunidades, a lo expresado en los apartados de las actividades complementarias en la LOMCE y a las instancias europeas de educación en valores.

Una polémica, la del veto parental, que no más que otro intento de colocar en el centro del debate político y mediático un conflicto que las cifras se encargan de calificar como inexistente. Las denuncias y quejas presentadas pertenecen a miembros de HazteOír y un número residual de padres. De hecho, en la Región de Murcia, única comunidad autónoma en la que está vigente el veto parental, no existía hasta enero ni un solo caso de denuncia o queja por parte de los progenitores. Sin embargo HazteOír ya se encargó de felicitar al Gobierno regional por la implantación de la censura parental que desde hce años venía siendo demandada por los sectores más reaccionarios de la sociedad murciana, representados por ejemplo por el presidente de la Universidad Católica San Antonio, José Luis Mendoza.

Es conveniente recordar que la plataforma de ultraderecha HazteOír es una institución a la que el Ministerio del Interior retiró recientemente su estatus de utilidad pública tras su discurso de odio contra menores trans. Un estatus que, a su vez, había sido concedido por el Gobierno del Partido Popular en 2013.

General, Homofobia/ Transfobia. Colegio Miguel Hernández, Discriminación, HazteOir, Homofobia, José Luis Mendoza, Leganés, LGTBfobia, Madrid, Murcia, Universidad Católica San Antonio de Murcia, VOX, WhatsApp

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) emprenderá acciones legales si el Gobierno de Murcia cumple su anuncio de blindar el veto parental exigido por Vox a través de la modificación en los decretos de currículum educativos de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Así, de publicarse, la Federación recurrirá dicho decreto. Además, confía en que el Ministerio de Educación mantenga su compromiso de actuar, si esto ocurre, a pesar de las últimas modificaciones anunciadas por la Consejería de Educación murciana.

En este sentido, la responsable de políticas identitarias de FELGTB, Paula Iglesias, recuerda que “el veto parental, a pesar de sus últimas modificaciones, sigue vulnerando varias de las leyes recogidas por la legislación española, la Convención de los Derechos del Niño de la ONU ratificada por España y va en contra del interés superior del menor, presente en el ordenamiento jurídico del estado”. Además, denuncia que “se trata de una medida que vulnera el derecho del alumnado al conocimiento y que deja desprotegida a la infancia frente a la LGTBIfobia a la que la ultraderecha está incitando de manera recurrente desde la esfera pública”.

En este sentido, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, manifiesta que “nuestras leyes prohíben el veto parental porque son un reflejo de nuestra sociedad y nuestra sociedad rechaza el veto parental porque quiere que sus menores crezcan informados y educados en el respeto, la igualdad y los derechos humanos. El veto parental sigue dejando a parte del alumnado aislado a merced de posibles ideas LGTBIfóbicas, racistas o machistas de sus familias”.

Así, denuncia cómo la Consejería de Educación de Murcia ha adoptado el discurso LGTBIfóbico de la ultraderecha al anunciar que las charlas impartidas por el funcionariado no estarán expuestas al veto parental al entenderse que las personas funcionarias cuentan con una “neutralidad ideológica”.

“Las charlas en diversidad afectivo- sexual, familiar y de género, al igual que las charlas contra el racismo, el machismo o las que tratan sobre la inclusión de las personas con discapacidad son formaciones en derechos humanos impartidas por el tercer sector que nadan tienen que ver con contenidos ideológicos”, asegura. “Permitir a las familias que eviten que sus menores reciban este tipo de educación es lanzar el mensaje de que vivimos en una sociedad donde la xenofobia, el machismo o la LGTBIfobia son comportamientos aceptables”, añade.

“Arrebatar a los menores su derecho al conocimiento es una forma de discriminación contra la que el estado de derecho debe actuar. Se les está privando, entre otros aspectos, de conocer herramientas para identificar el machismo o las relaciones tóxicas, prevenir las ITS o combatir el acoso escolar”, asegura.

Asimismo, recuerda que el veto parental es una medida impulsada en contra de la voluntad mayoritaria de la sociedad española. “En los últimos días, hemos visto a multitud de entidades sociales, organizaciones feministas, de personas migrantes, sanitarias, de infancia, asociaciones de familias o representantes de la comunidad educativa, entre otros, rechazar frontalmente esta iniciativa. Ya somos más de 200 entidades las que nos hemos adherido a un manifiesto para exigir su inmediata retirada”, recuerda.

Fuente FELGTB

General, Homofobia/ Transfobia. Convención de los Derechos del Niño, España, FELGTB, Homofobia/Transfobia, LGTBIfobia, Murcia, ONU, Paula Iglesias, Pin parental, Uge Sangil, VOX

Los dos partidos del Gobierno (Ciudadanos y PP)  acercan posturas con Vox para cerrar los presupuestos EFE

La traición, sobre todo, de Ciudadanos, es escandalosa. Se han entregado a VOX y los ultracatólicos… Y luego se extrañan de ser mal recibidos en la manifestación del Orgullo. Defienden los vientres de alquiler pero se despreocupan luego de los niños/as… ¡Cuánta hipocresía!

Malas noticias las que nos llegan desde la Región de Murcia.  PP, Ciudadanos y Vox han llegado a un acuerdo para reforzar a nivel normativo lo que el partido de extrema derecha denomina «PIN parental», es decir, la obligatoriedad de que los alumnos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir a charlas contra la LGTBIfobia. Una medida que lleva meses en vigor, pero a la que ahora se dará mayor cobertura normativa.

Colectivos como No Te Prives vienen impartiendo este tipo de charlas desde hace años, siempre después de que los centros lo soliciten, con objeto de prevenir el acoso por orientación sexual o o identidad de género y fomentar el respeto a la diversidad. En abril de 2018, de hecho, la Consejería de Educación anunciaba que más de 1.300 alumnos recibirían este tipo de formación en el marco de un programa organizado por la propia Consejería en colaboración con No te Prives. Un anuncio que provocó la inmediata movilización del «Foro de la Familia», que consiguió de la consejera la promesa de que la asistencia a estas charlas quedarían supeditadas a la autorización paterna (en su momento nos hicimos eco de ello). La medida no se llegó a implementar formalmente, pero tras las pasadas elecciones autonómicas, en las que el PP, Ciudadanos y Vox conformaron una mayoría parlamentaria que dio el gobierno a una coalición de los dos primeros (Ciudadanos rechazó la opción de conformar una mayoría alternativa con el PSOE) por fin se materializó. En una resolución del pasado mes de agosto de la secretaría general de la Consejería de Educación se ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que fuesen a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria debían ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos tenían que dar su autorización expresa.

La decisión del Gobierno murciano fue muy contestada en su momento por la oposición, que destacó que la resolución contravenía el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de educación primaria en la Región de Murcia, y que establece que las actividades complementarias son obligatorias, salvo aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen de una aportación económica. El sindicato Comisiones Obreras, por su parte, interpuso recurso de alzada contra la resolución. Es por eso que ahora PP, Ciudadanos y Vox han acordado, en el contexto de la negociación de los presupuestos de la región, reforzar la medida a nivel normativo, tal y como ha confirmado el consejero murciano de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán. Todo apunta, según recoge el diario La Verdad, a que la trampa dialéctica que en esta ocasión usarán PP y Ciudadanos para teatralizar su «distancia» con Vox será huir de la expresión «PIN parental», tan del agrado de la extrema derecha y de colectivos ultraconservadores como HazteOír. «Más allá de como lo llamemos, sea ‘pin parental’ o formulario de autorización expresa para actividades complementarias, en lo que sí hay un consenso entre los tres partidos es en que haya libertad por parte de los padres de poder autorizar o no a sus hijos cuando imparte una charla alguien que es ajeno al centro, con independencia de los que se dé», ha declarado Celdrán.

La ley regional contra la LGTBIfobia, papel mojado

Por supuesto, ni la resolución del pasado agosto ni lo que se ha adelantado del acuerdo sobre este punto entre los tres partidos de la derecha murciana menciona en ningún momento las siglas LGTBI, pero a nadie se le oculta que su objeto no es otro que el de desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia, dando así cumplimiento a las exigencias de Vox.

Se da la curiosa circunstancia de que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia  (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Volvemos a insistir, como venimos haciendo desde que en diciembre de 2018 Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz y se convirtiera, apenas un año más tarde, en la tercera fuerza política de España: el problema no es tanto el programa concreto de la formación de extrema derecha (que por el momento no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en ellos en diversas comunidades y numerosos ayuntamientos, colocan al colectivo LGTBI, y especialmente a sus grupos más vulnerables (como los menores, en este caso) en una situación complicada. Medidas como el «PIN parental» contribuyen a crear un clima hostil al alumnado LGTBI, hacia los que puedan ser percibidos como pertenecientes al colectivo sin serlo, o a los hijos de parejas homoparentales. También supone el empoderamiento de los elementos más reaccionarios de la comunidad educativa. Confiemos en que desde el Gobierno de España y desde el Congreso de los Diputados se ejerza suficiente contrapeso.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. CC OO, Ciudadanos, Discriminación, Educación, Foro de la Familia, Homofobia, Javier Celdrán, La Verdad, LGTBfobia, Murcia, No Te Prives, Pin parental, PP, VOX

Los carteles, de estética infantil e inspiración católica, aunque sin firma reconocible, identifican al movimiento LGTBI con una manzana envenenada y un dragón que ataca hogares formados por familias heteroparentales cristianas. El movimiento feminista o la Memoria Histórica también han sido objetivo de los ultras en estos impresos.

La LGTBIfobia parece haberse instalado en el día a día de los murcianos, reforzada tras la victoria de la ultraderecha en las pasadas elecciones generales en la Región de Murcia. Si justo tras conocerse los resultados aparecían pintadas homófobas y amenazantes contra un alcalde pedáneo, ahora la Navidad se tiñe de odio en algunos centros escolares, como el Instituto de Educación Secundaria Floridablanca o el Colegio concertado Santa María del Carmen, en cuyas inmediaciones se han podido encontrar carteles en los que se ataca al colectivo LGTBI, al movimiento feminista o a la Memoria Histórica.

Los carteles alertan del «peligro» del movimiento LGTBI en dos versiones distintas. En una, la manzana de Blancanieves adquiere los colores de la bandera arcoíris bajo las leyendas «¡cuidado!» y «veneno» bajo la mirada de la bruja del cuento. En otra versión, un dragón escupe llamas arcoíris contra una casa coronada por la imagen de una virgen en la que vive una familia heteroparental con hijos. En esta ocasión las leyendas rezan «firme fe» y «resistencia».

Otros carteles también invitan a «darle la vuelta al feminismo», transformando el símbolo de la lucha por los derechos de la mujer en un hogar copado por la cruz cristiana. En otra versión se reivindica la Memoria Histórica únicamente como los asesinatos de religiosos y quema de iglesias durante la Guerra Civil.

Un acto de odio que no solo supone un ataque a la comunidad LGTBI y a los símbolos que nos representan. Supone sobre todo la creación de un clima hostil al alumnado LGTBI, hacia los que puedan ser percibidos como pertenecientes al colectivo sin serlo, o a los hijos de parejas homoparentales, todos en su mayoría menores de edad en estos centros. También supone el empoderamiento de los integrantes homófobos de dichos centros o comunidades educativas. Hay que recordar que la LGTBIfobia es una de las principales causas de acoso escolar o bullying y se encuentra entre las causas fundamentales de delitos de odio en España.

En el caso de la Región de Murcia, además, La LGTBIfobia condiciona de forma significativa la actividad educativa, especialmente después de que el Gobierno regional haya cedido ante Vox e impuesto lo que la formación de extrema derecha denomina «pin parental» para la asistencia a charlas sobre diversidad sexual y de género.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Delitos de Odio, Discriminación, Educación, Homofobia, LGTBfobia, Murcia, Violencia LGTBIfoba

La organización ultraconservadora ha mandado cartas, formularios del documento bautizado por los extremistas como «PIN parental» y un manual «contra el adoctrinamiento de género» a 23.000 colegios de toda España. Los últimos centros en recibir este material han sido los centros de Galicia.

HazteOír protagonizó el pasado mes de septiembre su particular ‘Vuelta al cole’ contra la diversidad afectivo-sexual y de género poniendo nuevamente en el foco de su batalla a los menores. La organización ultraconservadora, a la que el Gobierno retiró el estatus de utilidad pública el pasado mes de febrero, elaboró y envió un kit a 23.000 centros escolares de toda España (públicos y concertados) y a sus Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (Ampas). Este incluye una carta dirigida a la dirección y profesorado del centro en la que se insta a mostrar una actitud combativa ante lo que ellos definen como «adoctrinamiento en ideología de género».

Un «adoctrinamiento» que viene dado, según la organización, por los cursos de Educación sobre Diversidad Afectivo-Sexual y de Género que asociaciones LGTBI imparten a petición de numerosos centros de enseñanza en horario lectivo. Una capacidad reconocida en la LOMCE para que los centros educativos, basados en su propia autonomía, decidan qué formaciones resultan adecuadas para impartir dentro del horario escolar. En este sentido, el kit también incluye un formulario de «PIN parental» para que los padres exijan conocer los contenidos impartidos por cada curso o taller establecido dentro del horario del centro y que sea impartido por personal externo, así como tener la capacidad de que sus hijos e hijas acudan o no a estas formaciones. En la inmensa mayoría de las comunidades autónomas esta exigencia no es válida, pero tras las presiones de Vox para investir un Gobierno autonómico, el Ejecutivo de la Región de Murcia se plegó ante la formación de ultraderecha e implantó la autorización obligatoria de los padres o tutores para que los alumnos puedan acudir a este tipo de actividades. De la misma forma, PP y Ciudadanos han pactado su implantación en Andalucía.

El kit se completa con un extenso manual en el que HazteOír ridiculiza y ataca a la diversidad sexual, a las formaciones que imparten los cursos y a las personas que se sienten sensibilizadas con la causa. En uno de los folletos de la misma campaña, «Mis hijos, mi decisión: Protege a los niños del adoctrinamiento en ideología de género», la organización ultraconservadora llega a asegurar que «existen planes oficiales de adoctrinamiento en las aulas que contemplan iniciar a niños y niñas de 0 a 6 años en juegos eróticos». No es la primera vez que se utiliza esta técnica por parte de HazteOír, que en el logotipo que exhibe en su web se define como «víctima de la ideología de género». Ya en el año 2016 realizó otro envío masivo a centros docentes con material homófobo atacando los progresos de las leyes LGTBI en los parlamentos autonómicos. Acción que ya le costó a la plataforma ultra denuncias y aperturas de diversos expedientes.

Un envío de material que busca apartar al alumnado general del conocimiento y respeto a la diversidad sexual y de género, y que además tendrá consecuencias directas sobre el alumnado LGTBI, al que hará más difícil encontrar el apoyo que necesita en unas etapas de su vida en las que este hecho diferencial les puede llevar a la soledad, a ser víctimas de acoso por sus compañeros y, en múltiples ocasiones, a pensar en el suicidio.

Ante este hecho, la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CC. OO.) interpuso a finales de septiembre una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por difundir materiales que «incitan al odio» en centros escolares. La rama educativa del sindicato pidió a la Fiscalía que impidiese su reparto a los centros escolares.

Llega dos meses después a Galicia

Lamentablemente, la medida adoptada por CC. OO. no impidió que dos meses después el material de HazteOír llegase a la comunidad educativa gallega. Desde el colectivo de Vigo Nós Mesmas han denunciado la llegada «masiva» de este material a todos los centros en los que trabaja la Rede Educativa de Apoyo LGTBIQ+. Nós Mesmas está a la espera de un rechazo público de la Xunta de Galicia y la Consellería de Educación a este material, claramente contrario a la legislación vigente gallega como la Estrategia de Igualdad entre hombres y mujeres vigente hasta 2020 o el Protocolo de Atención a Menores Trans de 2017.

Por eso, Nós Mesmas ha pedido a la Xunta una condena pública más allá del apoyo en privado y una guía de actuación para todos los centros y Ampas que reciban la documentación de HazteOir.

Educación al gusto de la ultraderecha

«Es como si unos padres que creyeran en el creacionismo pidieran el ‘PIN parental’ cuando se va a explicar a Darwin en Ciencias Naturales, o que los que creen que la Tierra es plana pudieran disculpar la ausencia de sus hijos a clase de Geografía», expuso el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC. OO., Francisco García, al interponer la denuncia. La responsable del gabinete jurídico de este organismo, Carmen Perona, también destacó que la recepción de este material ha provocado «tensión» y «miedo» entre algunos directores y directoras de centros y responsables de Ampas.

En cualquiero caso, el éxito de los ultraconservadores, tanto en su vertiente de organización social (HazteOír) como en su vertiente política (Vox), es haber situado en el debate su idea de «PIN parental», contrario a una ley educativa vigente, la LOMCE, en sus apartados de autonomía de los centros educativos, de atención a la diversidad y educación en valores. Un elemento que por el momento solo parece instaurado en la Región de Murcia (y próximamente en Andalucía), pero tras este movimiento de los ultras parece que será el caballo de batalla en todos los territorios de España donde tengan presencia o puedan condicionar un Gobierno.

Desde diversos colectivos LGTBI se critica que, si finalmente los postulados de los ultraconservadores se imponen, solo acudirán a las charlas de diversidad los alumnos pertenecientes a la comunidad LGTBI y los que ya estén concienciados, dejando fuera a los que necesitan aprender que la diversidad sexual y de género es un aspecto que enriquece a nuestra sociedad y que en ningún aspecto debe considerarse como algo negativo. Otra manera de perpetuar la homofobia, bifobia y transfobia en nuestra sociedad, lanzándoles a las personas LGTBIfobas el mensaje de que su odio está justificado y es aceptable.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. AMPA, Andalucía, Carmen Perona, CC OO, Discriminación, Educación, FE-CC OO, Francisco García, Galicia, HazteOir, Homofobia, LGTBfobia, Murcia, Nós Mésmas, Pin parental, Transfobia, VOX

«La ultraderecha está envalentonada con el resultado de las elecciones y con su discurso de odio pasan cosas como esta», ha asegurado el político socialista, que ve reforzado su compromiso con la defensa de los derechos y libertades colectivos.

Como bien sabemos, el partido de ultraderecha Vox, fue el partido más votado en Murcia en las últimas elecciones generales. Una comunidad que ya estaba llevando a cabo reformas de sus Estatutos Autonómicos, como el del derecho de identidad de género.

Pues bien Vox, ya está empezando a derogar todas estas reformas, incluyendo las leyes LGTB que ya estaban aprobadas. Y el problema es que ahora con Vox gobernando en Murcia, las cosas solo van a ir a peor.

Por eso no es de extrañar las pintadas de odio que han aparecido en un parque en la localidad murciana de Algezares, dirigidas al alcalde Juan José Garre del PSOE. Mensajes de odio, que afortunadamente los servicios públicos ya se han encargado de borrar.

Pero que dejan en evidencia el sentimiento actual de la región murciana hacia el colectivo LGTB. Y no es la primera vez que ocurre algo similar, en el año 2018 el ayuntamiento de Murcia concedió una subvención de más de 8000 euros a una organización católica que ofrecía terapias de conversión.

Frases como «Muere alcalde maricón», «Maricas HDP [hijos de puta] fuera», «Asco» y un intento de dibujar una esvástica aparecieron el pasado martes en un columpio del parque frente al cual se sitúa la Junta Municipal de Algezares, una pedanía del municipio de Murcia.

El objetivo de las pintadas no es otro que Juan José Garre, el alcalde pedáneo. Se trata de un político visible y casado con su pareja que goza de un importante apoyo vecinal: en las pasadas elecciones municipales consiguió por segunda vez la victoria, consiguiendo en esta ocasión la mayoría absoluta de vocales en su Junta Municipal. Se trata, de hecho, de los pocos pedáneos que han reeditado el apoyo a fuerzas progresistas. Solo 3 de las 59 pedanías que conforman el municipio de Murcia votaron mayoritariamente al PSOE, formación para la que Garre ha obtenido el apoyo en los niveles local, regional y también nacional.

El alcalde ha presentado denuncia de los hechos:

Ante los que quieren quitarnos libertades y derechos. Ante la intolerancia y homofobia. Ante las amenazas e insultos. No nos callamos! #nopasaran #NiUnPasoAtras https://t.co/1ibbMemAZW

— Juan Jose Garre (@jj_garre) 15 de noviembre de 2019

Y ha recibido el apoyo de vecinos y del PSOE.

✖️Faltas de respeto contra nuestro alcalde pedáneo @jj_garre en Algezares

No entendemos que en pleno siglo XXI “marica” siga siendo un insulto

Esta intolerancia solo conseguirá demostrar lo que realmente propagáis: odio y fanatismo

❤️Compañero, cuenta con nosotros pic.twitter.com/tYBYHdNPxy

— Grupo PSOE Murcia (@GrupoPSOEMurcia) 12 de noviembre de 2019

Cargos electos de formaciones políticas diversas han manifestado su apoyo a Garre, incluyendo al primer teniente de alcalde y concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez (Ciudadanos); la segunda teniente de alcalde del municipio de Murcia y concejal de Juventud y Movilidad Sostenible, Rebeca Pérez (Partido Popular), e incluso del representante de Vox en la pedanía, Ernesto Ballester. «Estoy abrumado por el cariño recibido, incluso se ha montado una concentración de apoyo, estoy muy agradecido», ha expresado Garre.

Gracias a mi partido @PSOE y a todas sus gentes. Con ello hago extensivo mi agradecimiento a todas las personas que me han mostrado su apoyo. NI UN PASO ATRÁS! https://t.co/KMIFtcV7cz

— Juan Jose Garre (@jj_garre) 14 de noviembre de 2019

Además, los vecinos de Algezares convocaron para el pasado sábado, día 16, una concentración a las 12:00 horas en la Plaza de la Rosaleda:

Mañana en #Algezares. Gracias a todos los vecinos y vecinas. pic.twitter.com/SsxJL0tzJU

— Juan Jose Garre (@jj_garre) 15 de noviembre de 2019

Garre también ha indicado que este hecho solo sirve para «reforzar la ilusión y determinación en favor de los derechos y libertades colectivos». «Ayer fue la gota que colmó el vaso», ha añadido el pedáneo, en referencia a la última propuesta del partido de extrema derecha, la derogación de la ley murciana contra la discriminación de las personas LGTBI.

Por otra parte, el grupo socialista del Ayuntamiento de Murcia ha presentado una denuncia por la aparición de las pintadas.

El discurso de odio arrecia en Murcia

Como hemos comentado, Vox, que se siente reforzada tras ser la fuerza más votada en la comunidad autónoma el pasado 10 de noviembre, ya ha pedido en la Asamblea regional la derogación de la ley contra la discriminación de las personas LGTBI. Tras el pacto entre PP, Ciudadanos y Vox, que los naranjas niegan y que es aún más evidente tras hacerse Vox con la presidencia de la comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua en la Región de Murcia, el discurso homófobo, bifobo, tránsfobo, machista, supremacista y xenófobo ha quedado legitimado en todo el territorio regional y respaldado por una parte significativa de la población en las urnas.

Cabe recordar que tras las elecciones autonómicas, Vox ya había puesto encima de la mesa la derogación de la ley LGTBI, que PP y Ciudadanos no aceptaron. Sin embargo, los partidos de Gobierno sí han cedido ante una de las principales exigencias de los ultra católicos: implantar el mal llamado «pin parental» en la Región de Murcia para evitar las charlas contra la LGTBIfobia en los centros escolares. Una deriva LGTBIfoba que parece que solo acaba de comenzar.

Fuente Agencias/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Algezares, Ciudadanos, Delitos de Odio, Elecciones Generales 2019, Homofobia, Juan José Garre, LGTBIfobia, Murcia, PP, PSOE, Violencia LGTBIfoba, VOX

El Ayuntamiento de Murcia concedió en 2018 una subvención de 8.500 euros a «Mater Familiae», una organización vinculada a la Diócesis de Cartagena que entre sus servicios ofrece «atender los casos en los que se una desviación de la conducta sexual», aunque, eso sí, asegura hacerlo «con especial delicadeza». El Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia ha anunciado la apertura de una investigación y recuerda a la población que las mal llamadas «terapias» de conversión de la homosexualidad son inadmisibles de acuerdo al conocimiento científico actual.

Lo ha denunciado el grupo municipal del PSOE: el Ayuntamiento de Murcia, gobernado en 2018 por el PP gracias al apoyo de Ciudadanos (los populares perdieron la mayoría absoluta en la capital murciana 2015) concedió 8.500 euros a «Mater Familiae» para subvencionar un proyecto de «intervención en familias en situación de dificultad social».  «Mater Familiae» es una entidad vinculada a la diócesis de Cartagena que se define como un «centro de orientación familiar» que integra entre sus filas profesionales abogados, psiquiatras, pedagogos y psicólogos. La entidad ofrece «formación prematrimonial, reconocimiento de la fertilidad y orientación familiar», y según puede leerse en el apartado de metodología del proyecto presentado en su momento al Ayuntamiento «atiende con especial delicadeza» los casos en los que hay una «desviación de la conducta sexual», en lo que claramente parece una alusión a las «terapias» de conversión. En ese mismo documento puede leeerse que «Mater Familiae» trabaja como telón de fondo con «la antropología adecuada que se desprende del Magisterio de la Iglesia y los escritos de los Papas»:

Nos resulta absolutamente anacrónico el apoyo del Ayuntamiento de Murcia a una asociación que se dedica a reconvertir las desviaciones sexuales», ha criticado la concejala socialista Esther Nevado, para la cual estas supuestas terapias «han sido desautorizadas por la comunidad científica internacional y tan sólo son defendidas por los grupos afines a la extrema derecha». La concejala de Derechos Sociales y Familia, Pilar Torres, se ha defendido argumentando que el Ayuntamiento de Murcia concedió en 2018 subvenciones a 127 entidades sociales «de todo tipo de ideologías» y ha asegurado en el documento de memoria presentado por «Mater Familiae» para la justificación de la subvención «no consta ninguna actividad referida a intervención o atenciones a conductas sexuales desviadas».

El Colegio de Psicólogos de Murcia investigará el caso

Ante la gravedad de lo denunciado por el PSOE murciano, el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia (COPRM) ha anunciado la puesta en marcha de un proceso de investigación para conocer «qué se está haciendo por parte de la asociación y quién está llevando a cabo los tratamientos».

Al mismo tiempo, el COPRM expresa su rechazo a la utilización de las conocidas como «terapias» de conversión y recuerda que «como colegio profesional, nuestra postura está en consonancia con la de la Asociación Americana de Psicología (2009), que en base a más de 80 estudios científicos, declaraba del todo inadmisible que los profesionales de la salud mental indicaran, instaran o hicieran creer a sus pacientes que es posible modificar su orientación sexual y convertirse en heterosexuales mediante algún tipo de intervención terapéutica o tratamiento».

«Aprovechamos para recordar que el COPRM cuenta con un grupo de trabajo sobre intrusismo, que analiza las ofertas realizadas por personas, que sin la requerida cualificación profesional, prometen con sus ‘terapias’ curaciones o logros milagrosos. Por eso, desde el COPRM enviamos el mensaje a todos los murcianos para que acudan a un psicólogo colegiado para consultar todas aquellas cuestiones que estén relacionadas con su salud emocional y la de los suyos», añade el comunicado.

***

La última noticia acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que  ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., gran aliado de Israel, California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

***

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras o de conversión, Ayuntamiento de Murcia, Ciudadanos, Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia, Diócesis de cartagena, Discriminación, Esther Nevado, Homofobia, Iglesia Católica, LGTBfobia, Mater Familiae, Murcia, Pilar Torres, PP, PSOE

La Fiscalía reclama una indemnización de 170.000 euros

“En ocasiones llegaba incluso a agredir a los menores y a agarrarlos fuertemente para que no escapasen mientras realizaba con ellos las conductas sexuales”

08.11.2019 | RD/Efe

El fiscal ha pedido penas que suman 45 años de prisión para un hombre que ejerció como sacristán en una iglesia parroquial de Cieza (Murcia) y al que acusan de violar a tres monaguillos menores de edad a los que presuntamente llegó a agredir y atemorizar para que accedieran a sus deseos carnales.

Las conclusiones provisionales de la fiscalía, a las que ha tenido acceso Efe, reclaman así mismo que sea condenado a indemnizar a los perjudicados con cantidades que suman 170.000 euros.

Afirma el ministerio público que los hechos, que serán juzgados por la Audiencia Provincial de Murcia, se sucedieron entre 1999 y 2003, cuando el procesado ejerció como sacristán y supuestamente “mantuvo de manera reiterada relaciones sexuales de diverso tipo con los menores”.

Para ello, añade la fiscalía, se prevalió de su condición de sacristán y se ganó el favor de los niños dándoles regalos.

Además, “en ocasiones llegaba incluso a agredir a los menores y a agarrarlos fuertemente para que no escapasen mientras realizaba con ellos las conductas sexuales”.

Si los perjudicados no accedían a sus peticiones, los amenazaba supuestamente con no dejarles ejercer como monaguillos en la misa o impedirles salir en procesión, según la acusación estatal, para los hechos son constitutivos de un delito continuado de violación y tres continuados de agresión sexual.

Además de las penas de prisión y las indemnizaciones solicitadas, reclama la inhabilitación absoluta del acusado y que se le prohíba acercarse a menos de 500 metros de las víctimas durante 25 años en uno de los casos y 15 años en los otros dos.

Fuente Religión Digital

General Abusos sexuales, Cieza, Murcia, Sacristán

El Trifachito andaluz: Vox, PP y C,s

PP y Ciudadanos, los partidos que gobiernan Andalucía con el apoyo parlamentario de Vox, han llegado a un nuevo acuerdo con la formación de extrema derecha para que los alumnos de la región deban contar con permiso expreso de los padres para poder asistir a charlas contra la LGTBfobia. Andalucía se convierte así en la segunda comunidad autónoma en la que se implanta lo que la extrema derecha gusta llamar «PIN parental» después de que la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia (también en manos de PP y Ciudadanos y respaldado parlamentariamente por Vox), emitiera hace unas semanas una resolución en ese mismo sentido.

«Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución española», reza el texto del acuerdo alcanzado entre las tres formaciones de derecha y que forma parte de un acuerdo amplio que permitirá al Gobierno andaluz ver aprobados los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma con el apoyo de Vox. El diario digital Infolibre ha preguntado a la formación de extrema derecha si con dicho acuerdo dan por cumplida su exigencia de que se apruebe el «PIN parental» y así se lo han confirmado.

Andalucía, región en la que PP y Ciudadanos buscaron el apoyo de Vox para lograr la mayoría absoluta y desbancar del Gobierno al PSOE (que durante la legislatura anterior gobernaba precisamente el apoyo de Ciudadanos), se convierte así en la segunda comunidad autónoma en la que la formación de extrema derecha consigue implantar de forma efectiva su agenda anti-LGTB. Hace pocas semanas conseguía un triunfo parecido en Murcia, donde una resolución de la secretaría general de la Consejería de Educación ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria sean comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos otorguen su autorización expresa. Por supuesto, la resolución no menciona en ningún momento las siglas LGTBI (al igual que el acuerdo andaluz), pero a nadie se le oculta que su objetivo no es otro que el desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia.

Las leyes regionales contra la LGTBIfobia, papel mojado

Al igual que comentamos en su momento al hablar de Murcia, en nuestro humilde entender el acuerdo de PP y Ciudadanos con Vox atenta contra la ley regional contra la LGTBIfobia aprobada por unanimidad del Parlamento andaluz en diciembre de 2017 (por aquel entonces Vox era todavía una fuerza extraparlamentaria). Su artículo 13.2 dice que «se garantizará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la educación infantil, explicando la diversidad afectivo-sexual sin estereotipos a fin de facilitar un conocimiento objetivo y sin prejuicios, con absoluto respeto a los derechos humanos, utilizando para ello los recursos pedagógicos necesarios», mientras que su artículo 15.2 asegura que «los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas que se reconocen LGTBI, así como dar cabida a proyectos curriculares que contemplen o permitan la educación afectiva y sexogenérica y eviten e impidan la discriminación. Para ello dispondrán de herramientas, recursos y estrategias para educar en la diversidad sexual, de género y familiar, prevenir el acoso escolar y educar en el respeto y la igualdad, tanto desde la educación formal como desde la no formal, incorporando al currículum los contenidos de igualdad».

Insistimos también, como venimos haciendo desde que hace ya casi un año Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz: el problema no es tanto el programa concreto de Vox (que no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en la formación de extrema derecha para acceder o aferrarse al poder en lugares como Andalucía, Madrid o Murcia, han acabado por completar un escenario poco halagüeño para los derechos LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Andalucía, Ciudadanos, Discriminación, Educación, Homofobia, Junta de Andalucía, LGTBfobia, Murcia, Parlamento de Andalucía, PP, VOX