El pedido, mediante el planteo de inconstitucionalidad de la ley 17.032 (que reconoce desde el Estado a la Iglesia Católica como autoridad de culto y espiritual), había llegado a la Justicia tras el rechazo de la iglesia salteña de adecuarse a la ley de identidad de género.
La Corte confirmó lo apelado y respondió amparándose en el principio de neutralidad religiosa del Estado que figura en la Constitución. En esta línea, considera que la práctica religiosa es un hecho de índole privada y que esos registros sólo se rigen por las leyes canónicas.
“La forma y el contenido de los registros sacramentales, como así también lo atinente a su modificación o alteración, son temas exclusivamente vinculados con la realización de los fines específicos de la Iglesia Católica”.
En diálogo con Presentes, Rueda dijo: «No estoy sola. Hay miles de personas LGBT en América Latina que somos personas católicas en la institución y en la Corte Suprema nos hemos presentado más de 40 organizaciones de Argentina y América Latina solicitando una audiencia pública para poder contar y expresar nuestra posición como personas LGTB dentro de las instituciones católicas. Eso lo ha silenciado la Corte Suprema. El procedimiento ha desconocido nuestro pedido de audiencia y ha generado una sentencia violenta, que vulnera nuestros derechos más fundamentales como el derecho a la identidad y a la libertad religiosa, y además nos niega el carácter discriminatorio de la institución».
“Es un fallo que ratifica el heterosexismo”
En 2019, tras el pedido de Rueda, la respuesta del obispo de Salta fue que el derecho canónico es ajeno a “ficciones jurídicas”. Entonces la activista presentó su denuncia en el Juzgado nro. 58 de Salta. Desde allí se rechazó el pedido. En noviembre de 2019 La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil también rechazó la solicitud.
“Muches compañeres trans son católiques. Fueron bautizades, hicieron la catequesis, tomaron la comunión, se confirmaron. Y luego fueron expulsades de sus comunidades religiosas por su identidad de género”, -explica Rueda-. “Tenemos derecho a participar de la vida religiosa de nuestras iglesias en condiciones de igualdad y respeto. No deberían negarnos los sacramentos por nuestra identidad de género”, dijo Rueda a Presentes en 2019.
Rueda tiene un largo recorrido de activismo por los derechos de las personas LGBTIQ+. Nació en Salta y de chica se instaló en Buenos Aires junto a su familia. Militó la Ley de Identidad de Género y el matrimonio igualitario junto a históricas como Lohana Berkins y Diana Sacayán. Fue la presidenta y una de las fundadoras de Mujeres Trans Argentina, organización que continúa integrando.
«Hay una voz colectiva silenciada por la Iglesia Católica y por la Corte Suprema que niega la oportunidad de hablar de este tema. En términos históricos hemos perdido la oportunidad de debatir públicamente con organizaciones de derechos humanos, basándose en una ley de Onganía que homologa a los católicos a decidir quiénes y cómo podemos profesar nuestra fe. Es un fallo que ratifica la heterosexualidad compulsiva,, el heterosexismo y el cisbinarismo dentro de las instituciones católicas. La dimensión de daño que ha generado la Corte es enorme y me obliga a denunciar a nuestro país en las instancias internacionales para poder pedir justicia y reconocimiento de mi identidad de género en el ejercicio de mi libertad religiosa», agregó Rueda a Presentes.
Alba Rueda la Catedral de Salta. Crédito: Luli Leiras
Vulneración de la identidad y de la libertad de culto
Luego de esto, Rueda decidió interponer un recurso extraordinario federal. En este recurso se argumenta que: “los efectos civiles de la regulación estatal del sexo según la Ley de Identidad de Género abarcan todos los aspectos de la vida de las personas, incluso el religioso.Y que “la demandada incurre en un trato discriminatorio hacia su persona que desconoce su pleno derecho a la identidad de género, obstruye su participación igualitaria en la vida religiosa comunitaria y vulnera su derecho a la libertad de culto en su faz individual y colectiva. Concluye que la sentencia desconoció el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional al otorgar al ordenamiento canónico mayor jerarquía que a las normas constitucionales”, según se desprende del reciente fallo de la Corte Suprema.
Comentarios desactivados en La activista trans Alba Rueda fue reconocida por la revista Time como una de las 100 líderes del futuro
La activista trans y Representante Especial de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la Cancillería Argentina, Alba Rueda, fue incluida en la lista TIME100 Next como una de las y los 100 líderes del futuro.
BUENOS AIRES, Argentina. Alba Rueda, activista trans y funcionaria argentina, fue seleccionada por la revista Time entre les 100 líderes emergentes del mundo que están definiendo próximas generaciones de liderazgo. “Me parece que es una atención que el mundo tiene sobre el valor de nuestros recorridos”, expresó a Presentes sobre la noticia.
“El año pasado estuve en el reconocimiento de las 100 más influyentes en la BBC con lo cual me parece también que hay una mirada sobre la Argentina y sobre lo que puede aportar nuestro país”, sostuvo la activista.
Rueda tiene un largo recorrido de activismo por los derechos de las personas LGBTIQ+. Nació en Salta y de chica se instaló en Buenos Aires junto a su familia. Militó la Ley de Identidad de Género y el matrimonio igualitario junto a históricas como Lohana Bernkins y Diana Sacayán. Fue la presidenta y una de las fundadoras de Mujeres Trans Argentina, organización que continúa integrando.
“Alba Rueda’s leadership matters. She is tireless and will fight until governments truly serve, respect, and reflect all people, including trans people,” writes Jessica Stern #TIME100Nexthttps://t.co/e97P7gXvBT
“Ni Alba Rueda ni yo recordamos la primera vez que nos reunimos. Pero a lo largo de los años a menudo estuvimos juntas en paneles insistiendo en que los gobiernos aborden de manera significativa la deshumanización de las personas LGBTQI+ y respeten los derechos humanos”. Así comienza el artículo de Time sobre Alba, escrito por la enviada especial de Estados Unidos para promover los derechos humanos de las personas LGBTQI+, Jessica Stern. Fue publicado ayer en el marco de la lista TIME100 Next.
Stern destacó los roles políticos que pudo asumir Rueda, especialmente el ser Representante Especial de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de Género. “Ahora tiene una plataforma global”, resaltó. En esa labor, organizó la Conferencia Global LGBTI 2022 de la Coalición por la Igualdad de Derechos donde se reunieron más de 140 organizaciones y representantes de 42 países. “Alba animó a todos a luchar más duro por las personas LGBTQI+ a nivel internacional”, dijo Stern sobre ese evento.
Para Alba, la importancia de que personas travestis y trans asuman espacios de representación política se da principalmente por dos cuestiones. “La primera es la misma importancia que tiene que las mujeres hablen en espacios internacionales como una voz válida dentro de la agenda política que tiene características particulares”, sostuvo.
“Las personas travestis y trans hacemos un enorme aporte a nuestros sistemas de gobierno”.
Por otra parte, resaltó que desde esos lugares puedan poner como prioridad el hecho de que las “personas travestis, trans y LGBT+ están atravesadas por la pobreza, por la desigualdad, por la violencia, por la falta de justicia, por una falta de mirada transfeminista”. En este sentido, resaltó además el “enorme aporte que hacemos travestis y trans a nuestras democracias, a nuestros sistemas de gobierno”.
“El aporte que hacemos desde la perspectiva de género y diversidad fija prioridades de gestión en nuestro gobierno. Y esto tiene que ver con el enfoque que le dimos a la desigualdad estructural sabiendo que se necesitan políticas públicas concretas para dar respuestas”, dijo la funcionaria.
Alba Rueda junto al canciller argentino, Santiago Cafiero. Foto: Cancillería
A los meses de gestión desde que le tocó asumir el nuevo cargo, Rueda los definió como “muy intensos”. “Todo este año tuvo que ver con continuar una agenda que en términos de política exterior que ya está constituida por parte de las organizaciones LGBTIQ+ y por parte de los ámbitos de Estado que trabajan en esta perspectiva que ya tienen una agenda de trabajo. Entonces era tomar contacto con ellas para saber cuáles eran esas prioridades. La Conferencia por la Igualdad de Derechos LGBTIQ+ que se hizo hace menos de un mes en Argentina era una de las prioridades. El Anti Gender Movement, que es el movimiento anti género, fue uno de los ejes centrales de ese encuentro”, describió.
Además, desde su equipo trabajaron en la renovación del mandato del experto independiente en Naciones Unidas (Víctor Madrigal-Borloz). Esto lo reconoció como “fundamental” para el impulso de políticas internacionales para el colectivo LGBTIQ+. Mientras, apoyan a otros países para avanzar en materia de derechos conquistados. “Otro de los puntos clave para trabajar es el apoyo que le dimos a sus países que están trabajando con proyectos de ley sobre identidad de género. Estos países son del Sudeste asiático y nosotras estuvimos en Vietnam y estamos en contacto con otros países. Queremos aportar 10 años de experiencia en nuestro país sobre la ley de identidad de género”, contó.
Descriminalización, una tarea urgente
Sobre las políticas que son urgentes para el colectivo LGBTIQ+ en el mundo destacó como fundamental la descriminalización. “Uno de los más urgentes es la descriminalización de la homosexualidad -así dicho en genérico- (de las personas LGBTIQ+) en el mundo. La primera y la más urgente es la pena de muerte”, subrayó.
“El liderazgo de Alba importa. Es incansable y luchará hasta que los gobiernos realmente sirvan, respeten y reflejen a todas las personas, incluidas las personas trans”, concluyó la enviada especial Stern en su escrito.
Comentarios desactivados en Censo 2022: la pregunta por identidad de género, un avance en la mira de las Terfs
Qué casualidad que una de ellas sea profesora de la Universidad de Navarra, ligada al Opus Dei…
La pregunta por la identidad de género, que por primera vez se hará en el censo en la Argentina, viene a saldar una deuda. Grupos trans-excluyentes buscan frenar este avance.
La pregunta por la identidad de género, que por primera vez se hará en el censo de este año en la Argentina, es una victoria para los colectivos LGBTTTNB+ del país. Viene a saldar, además, una deuda con las organizaciones que durante todos estos años aunaron esfuerzos por registrar a sus comunidades. Sin embargo, grupos que se consideran feministas buscan frenar este avance en materia de derechos.
En materia de géneros, el gran avance en este 11° censo de la Argentina es la incorporación de la pregunta 3 en el apartado de «Población» sobre la identidad de género.
Antes de llegar a esta pregunta, el cuestionario interroga sobre el “sexo asignado al nacer” y ofrece tres opciones de respuesta: mujer/femenino; varón/masculino y x/ninguna de las anteriores.
Luego viene la pregunta: cómo se considera la persona de acuerdo a la identidad de género. La respuesta tiene ocho opciones: mujer; mujer trans/travesti; varón; varón trans/masculinidad trans; no binario; otra identidad/ninguna de las anteriores; prefiero no contestar; ignorado.
Ambas preguntas están destinadas a la totalidad de la población censada.
«Me parece un gran avance. Es algo que va en consonancia con las leyes y normas que tenemos en la Argentina. Es consecuencia de todo el aparato legislativo anterior», dijo a Presentes SaSa Testa, activista no binarie y magíster en Estudios y Políticas de Género.
Cómo se llega a la pregunta por la identidad de género
En el censo del 2010 se realizó la pregunta dicotómica que arrojaba como opciones si la persona censada era varón o mujer. Fue un paso importante: se detallaba que no importaba lo que las personas censistas opinaran, se debía respetar lo que la cada quien respondiera. Así lo indicaron a Presentes fuentes cercanas al proceso censal. En instancias anteriores a 2010, en cambio, les censistas marcaban por observación la opción que “creían” adecuada.
Esta pregunta se aplicó en 2010 a la totalidad de la población y arrojó como resultados más de diecinueve millones y medio de varones (19.523.766) y más de veinte millones y medio de mujeres (20.593.330), según datos del INDEC.
El censo de este año, que se demoró dos a causa de la pandemia, no podía ignorar la historia: la Ley de Matrimonio Igualitario (2010) y la Ley de Identidad de Género (2012).
Muchos estudios demográficos, base de las muestras y encuestas posteriores a los censos, se basan en la variable de sexo binario. Por lo tanto, cómo incorporar la pregunta por la identidad de género fue un debate al interior del proceso censal. Así se definió continuar con la pregunta por el «sexo» agregándole «asignado al nacer», que permite establecer una comparabilidad con los resultados de censos anteriores. A ella se le suma, luego, la pregunta por la identidad de género.
“Necesitamos saber”
Alejandra Silvestre es una mujer trans-travesti de 32 años, oriunda de Gualeguay, Entre Ríos, y presidenta de Mujeres Trans Argentina. También es profesora de Ciencia Política e integra el consejo asesor del observatorio de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) del Ministerio de Educación de la Nación. Ella considera esta pregunta «es necesaria» para conocer la situación del colectivo travesti trans y a fin de que se desarrollen políticas públicas que garanticen derechos.
«Primero es importante marcar los objetivos que tiene un censo poblacional. No es solo saber cuántas personas hay en un determinado territorio, sino muchas cosas más: conocer el nivel socioeconómico que tiene la población, la accesibilidad a los servicios públicos, el nivel educativo, etc. Esos datos van a dar una perspectiva al Estado para las políticas públicas que deben llevarse a cabo«, planteó.
Partiendo de esa base, dijo: «Nos parece sumamente necesaria la pregunta de cuál es la identidad de género de la persona. Necesitamos saber cuántas personas travestis y trans hay en el país, donde están distribuidas, cuántas han migrado de las provincias, qué nacionalidades tienen, cómo viven«.
Además resaltó: «son las organizaciones las que tuvimos que estar rastreando y censando dónde estaban las travas lugar por lugar» todo este tiempo.
Presentación judicial contra esta pregunta
Pese a este progreso en materia de derechos, un grupo de mujeres que se consideran dentro del movimiento feminista presentó una cautelar que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, a cargo de la Jueza Macarena Marra Giménez, que busca modificarla, en la Ciudad de Buenos Aires.
La presentación judicial apunta a quitar las categorías «mujer» y «varón» en la pregunta por la identidad de género porque las consideran categorías del sexo. Por lo tanto exigen que «se sustituya la opción mujer trans por feminidades trans» y «se elimine la opción varón trans (quedando como opción la ya existente masculinidades trans)».
En la medida cautelar, las mujeres se presentan «en tanto mujeres (hembras de la especie humana, seres humanos y personas adultas del sexo femenino)». Y se consideran «habilitadas para reclamar tutela efectiva para evitar la disolución de la categoría mujer que se va consumando silenciosamente a través del dictado de normas que aparentan ser secundarias pero que todas juntas y simultáneamente conduce a ese resultado: la anulación jurídica de la categoría mujer».
Entre las firmantes hay funcionarias públicas e investigadoras de instituciones de renombre. Ellas son María José Binetti, doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra, España e investigadora del CONICET con sede en el Instituto Interdisciplinario de Estudio de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y Graciela Tejero Coni, historiadora, directora del Museo de la Mujer e integrante del Consejo Asesor ad honorem del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades.
También Valentina Cruz, profesora de filosofía y licenciada en Psicología; Marisa Andrea Piumatti, directora del Instituto de Estudios Legislativos del Colegio de Abogados de La Plata e integrante de la agrupación “Mujeres en la Abogacía”; y Julieta Luisa Bandirali, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires.
«Son personas que están inmersas en los temas de género y algunas de ellas incluso en lugares del funcionariado público. Y desde ese lugar están cuestionando una política pública porque el censo es una acción que permite pensar políticas públicas a futuro. ¿Qué clase de políticas públicas se pueden pensar cuando un sector de la sociedad no se encuentra incluido? Todo lo que se produzca pecaría de parcialidad», cuestionó Testa.
Para la presidenta de Mujeres Trans Argentina, además, no se puede «volver a debates biologicistas de que si tenés pene sos hombre y si tenés vagina sos mujer«. «Esos debates ya los dio el órgano más democrático que tenemos que es el Congreso de la Nación. Tenemos una Ley de Identidad de Género en cuyo artículo 2 dice que la identidad de género va a ser de acuerdo a cómo las persona se autoperciba», arremetió.
Repudio y convocatoria a juntar firmas
También se posicionó contra esta presentación judicial el Frente Orgullo y Lucha, junto a otras organizaciones del país. Este Frente que nuclea a organizaciones de la diversidad sexual de todo el país inició una convocatoria alertando: Censo 2022: El derecho a la identidad de género es una libertad de todxs y está bajo ataque”.
Desde el frente consideraron que el censo 2022 es «un paso fundamental para terminar con el binarismo cis-hetero-sexista en los registros estadísticos que invisibilizaron históricamente la existencia de otras identidades y expresiones de género que no se encuadren en el binomio varones/mujeres«.
“Expresamos nuestro apoyo a la pregunta por identidad de género del Censo 2022, y repudiamos por reaccionaria e infundada la presentación judicial en su contra que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12. Hemos conquistado el derecho a la identidad de género, registrada y respetada por el Estado y todas las instituciones, y no daremos ni un paso atrás”, dice el texto donde invitan a sumar firmas.
En caso de que el Poder Judicial dé lugar a la medida cautelar,Frente Orgullo y Lucha, (26.743)», apuntaron.
También cuestionaron los argumentos planteados por el grupo de mujeres. «Bajo la defensa de la categoría mujer como biológica y cromosómica, se constituye un acto de profundo transodio. Es un absurdo y una falacia absoluta sostener que el reconocimiento de las identidades de género de todas las personas, incluidas las personas trans, borre la identidad ‘mujer’ o que entre en conflicto con un instrumento totalmente armónico con este derecho como es la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)».
La pregunta: en torno al acceso a derechos
Desde Mujeres Trans Argentina, consideran que la herencia patriarcal binaria y heteronormativa se desarrolló con gran “naturalidad” adoptando el sexo como registro de las personas, como una categoría de ciudanía, donde se inscriben derechos, servicios y políticas desarrolladas para la población basada en estas varones y mujeres. Y ejemplifican: «El impacto y el daño sobre la comunidad LGBTTTNB+ es enorme. Por ejemplo, en el contexto en que se desarrolló la pandemia del VIH, las políticas sanitarias en torno a la prevención, abordaje y desarrollo de la pandemia de VIH no tuvo en cuenta la población trans, y la falta de datos, de desarrollos específicos hizo que las organizaciones locales y a nivel mundial sean las primeras en dar el alerta sobre que la invisibilización implica la muerte directa de uno de los sectores más empobrecidos por un sistema cisbinario heterosexista que piensa solo en varones y mujeres».
Desde la misma organización de mujeres trans explican que, a medida que se visibilizaron los planteos de la comunidad LGBTTTNB+, de la implicancia en la ausencia de políticas públicas, se busca ampliar el registro de las personas en virtud del diseño, prevención y abordaje en políticas públicas. «Es decir, la pregunta del Censo 2022 sexo fue problematizada en torno al acceso a derechos, en virtud del ejercicio de derechos de ciudadanías. El censo de poblaciones busca esto, registrar a las poblaciones en nuestro país. El problema del grupo TERF en Argentina es que busca restringir derechos, no ampliarlos, el interés de ellas no es preservar la categoría de las mujeres sino que no se amplíe el concepto de mujeres respecto al acceso a las políticas públicas«.
Los pendientes del censo
Sin bien la incorporación de la pregunta por la identidad de género es un enorme avance, quedan pendientes y críticas.
Para Testa, por ejemplo, «a pesar de que tenemos la posibilidad de hablar de nuestras identidades, la categoría de sexo asignado al momento del nacimiento sigue siendo una categoría binaria«.
«El sexo asignado al nacer es para mi un hecho performativo que se produce sobre la observación de la genitalidad externa de la personas. Pero nada dice de repente de su constitución cromosómica. Esa pregunta me hace ruido», dijo Testa.
Además, consideró que «si hay una palabra para masculino y femenino es raro que no haya una para la ‘x’, como podría ser ‘intersex’. Ahí de nuevo hay un borramiento».
También el campo «mujer trans/travesti» trajo inquietudes en el colectivo dado que muchas personas que se consideran travestis no se consideran mujeres trans.
Sin embargo, hay algo que queda claro para el Frente Orgullo y Lucha. «El Censo 2022 es el primero que releva la identidad de género en todo el país, constituye un hito para deshacer mecanismos patriarcales que violentan nuestros cuerpos e identidades».
Después de cuatro años aprobada y cajoneada, se reglamentó la ley de cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires. La Ley nº14.783 fue impulsada por la activista travesti Diana Sacayán y se votó en septiembre de 2015. Un mes después la militante por los derechos humanos fue asesinada con saña en su departamento. Desde entonces el gobierno de María Eugenia Vidal tuvo la reglamentación frenada hasta hoy, que fue publicada en el Boletín Oficial.
“El sector público de la provincia de Buenos Aires debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”, se lee en la publicación.
La reglamentación lleva la firma del Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, del ministro de Gobierno, Federico Salvai y de la gobernadora María Eugenia Vidal. La Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo deberán garantizar que esto ocurra.
Durante estos cuatro años las organizaciones de la diversidad sexual exigieron al gobierno de la provincia de Buenos Aires su implementación pero no obtenían respuestas.
“Esta reglamentación la recibimos con sentimientos encontrados: en principio porque la ley se sancionó en 2015 y la gobernadora María Eugenia Vidal tardó 4 años en reglamentarla a través de un decreto, algo que creemos que llega muy tarde en relación a que durante 4 años murieron muchas compañeras nuestras de hambre, por la exclusión, la falta de recursos, sobre todo de trabajo. Pero también hay que celebrarla, tenemos esperanzas de que algo cambie”, explicó a Presentes la activista Claudia Vázquez Haro, presidenta de OTRANS Argentina.
Por su parte, la activista Alba Rueda, presidenta de Mujeres Trans Argentina, coincidió en que “es para celebrar: para poner foco en que tenemos la ley Diana Sacayán reglamentada. Esto es una gran noticia para la comunidad travesti trans”. Aunque al igual que la presidenta de OTRANS advirtió sobre la tardanza: “Vidal es ese paréntesis, esa suspensión de la democracia en el recorrido de los derechos de las personas trans. Vidal tenía el texto guardado hasta días antes de terminar su gestión”.
Además seguró que pedirán una entrevista con el futuro gobernador Axel Kicillof para hablar sobre la reglamentación.
Próximos pasos
En el Anexo de la publicación se detallan cómo será reglamentada. En primer lugar, la Administración Pública Provincial deberá comunicar al Ministerio de Trabajo en los próximos 90 días el número total de personas que se desempeñan bajo su órbita. Con esa base, deberán calcular las vacantes que se tienen que generar para poder cumplir con el cupo.
Además, indica que se creará el “Registro de Solicitantes de Empleo ‘Amancay Diana Sacayán’” que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. Allí se asentarán las postulaciones de personas travestis, transexuales y transgénero que aspiren a ocupar vacantes abiertas o reservadas bajo la Ley N° 14.783. La información contenida en ese registro será confidencial.
Una mesa integrada por el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Derechos Humanos deberá monitorear el cumplimiento de la ley, donde tendrán “participación consultiva” las organizaciones trans.
Por qué una ley de cupo Diana Sacayán
La argumentación de la ley explica el reconocimiento internacional que hubo ante la Ley de Identidad de Género. Luego cita la ley nº14.783 y retoma sus argumentos: “Las personas travestis, transexuales y transgénero de Argentina se encuentran entre las poblaciones más vulneradas históricamente del país, por lo que padecen persecución, exclusión y marginación sistemáticas, lo cual les genera enormes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato y al efectivo goce de sus derechos humanos”.
“A causa de la criminalización, discriminación y exclusión sistemática a la que fueron y están aún expuestas, las personas travestis, transexuales y transgénero suelen ser víctimas de rechazo, marginación y violencia brutal desde una temprana edad, lo cual se traduce en violencia en el seno familiar y en la expulsión del hogar durante la adolescencia, así como de las escuelas e institutos educativos a los que concurren, forzándolas a vivir en la extrema pobreza, con frecuencia debiendo valerse de actividades y economías criminalizadas para su subsistencia, lo cual, a su vez, ha contribuido a que un gran número de personas travestis, transexuales y transgénero registre antecedentes por detenciones en vía pública, procesamientos y condenas penales”, sigue la argumentación.
El texto publicado en el Boletín Oficial de la provincia más poblada de la Argentina reconoce que la ley fue impulsada “desde la sociedad civil por la activista Amancay Diana Sacayán, cuya labor contribuyó decididamente a la sanción de la ley objeto de la presente reglamentación” e indica que el objetivo es “revertir una situación de exclusión y discriminación estructural basada en el prejuicio contra las personas travestis, transexuales y transgénero”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había explicado en 2015 que esta norma tiene la capacidad de “contribuir no sólo a reducir los niveles de pobreza que enfrentan las personas trans, sino también pueden asistir a reducir el número de asesinatos y actos de violencia policial, en la medida que disminuyan el número de personas travestis, transexuales y transgénero en economías informales criminalizadas contribuyendo, asimismo a derrumbar estereotipos y prejuicios relacionados con la identidad de género”.
La sanción de la Ley N° 14.783 también fue destacada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como uno de los aspectos positivos del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos en el quinto informe periódico presentado por la Argentina.
Municipios que ya habían avanzado
A pesar de no estar reglamentada, en algunos municipios y universidades se tomó la decisión política de llevar a cabo el cupo laboral travesti trans. Karina Nazábal, a cargo de la Secretaría de políticas de Género y Niñez de la Defensoría del Pueblo provincial, presentó el año pasado un informe donde advierte que a pesar de la no reglamentación por parte del Poder Ejecutivo provincial, los municipios de Morón, Lanús y Azul, Chivilcoy, Quilmes, Avellaneda, Almirante Brown, Merlo, Tres de Febrero y San Miguel adhirieron a la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans. En la Universidad Nacional de La Plata, la facultad de Psicología decidió presentar un proyecto de Inclusión Laboral para Personas Trans en el Consejo Directivo que fue aprobado en septiembre de este año. Además el Municipio de Mar del Plata también la implementó así como la Universidad de Mar del Plata, que ya tiene en su plantilla a las primeras trabajadoras trans.
Comentarios desactivados en Salta: agredieron a dos trans y después la policía las maltrató
Por Elena Corvalán, desde Salta
Dos hombres y tres mujeres atacaron a dos mujeres trans que estaban almorzando. A una de ellas le provocaron lesiones serias en la boca. Fue el sábado 26 de octubre por la tarde en la ciudad de Salta. Más tarde, cuando las víctimas fueron a radicar la denuncia en la comisaría, la Policía en principio se negó a tomarla. Recién accedió a registrarla cuando llegó hasta ahí la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) y activista de Mujeres Trans Argentina, Pía Ceballos.
La policía no quiso tomar la denuncia
“El sábado 26 de octubre en horas de la tarde en el microcentro de la ciudad de Salta, cinco personas atacaron a dos compañeras travestis trans provocando consecuencias terribles en la salud física y emocional. Al dirigirse a la comisaría 2da. para asentar la denuncia, la respuesta inicial de parte de la Policía fue no querer tomarla, y después hubo una demora ‘habitual’ en la toma de la misma y en la actuación para brindar protección a las personas en situación de violencia”, informó el OVcM en un comunicado en el que expresó su preocupación por la violencia social hacia las personas del colectivo LGBTI.
Las dos víctimas de la agresión denunciaron a cinco personas. A tres de ellas incluso las identificaron con nombre y apellido, según contó a Presentes una de las denunciantes. Ambas son trabajadoras sexuales que realizan esta actividad en inmediaciones del lugar donde fueron agredidas y temen represalias.
En la denuncia contaron que cuando estaban almorzando en la esquina de Lerma y La Rioja, pasaron dos hombres y comenzaron a insultarlas sobre su identidad de género. N, que es oriunda de Orán, les recriminó esta conducta y como respuesta recibió golpes de puño y puntapiés hasta que cayó al suelo. “Allí continuaron pateándola, en ese momento su amiga intentó intervenir y también fue agredida por los hombres, luego cuando la dicente logró pararse se acercó una de las mujeres (…) y le propinó un golpe con un palo de amasar en la boca, lesionándola, lo que también causó que le aflojen los dientes”, dice el relato policial.
La otra de las víctimas, A, contó a Presentes que quiso “calmar la situación, que no le siguieran pegando” a su amiga, cuando “vino uno de los chabones y también me agarró de los pelos, me dio un rodillazo, me pegó en la mandíbula, en los labios. Justo nos salvó la vecina porque, si no, nos iban a dejar tiradas y ensangrentadas”. La agresión le dejó un hematoma en la mandíbula y el labio partido. A N el golpe con el palo de amasar le rompió los dientes.
A contó que esta chica se sumó luego a la agresión. “Salió de la casa con un palo y dijo ‘vos, puto, que te hacés la mina acá’ y le pegó con el palo”. “Cuando fue la Policía, nosotras le dijimos que ella también había sido una de las agresoras y no la llevó. Recién la demoró cuando fue a la Comisaría a averiguar sobre los varones demorados y cuando ya había llegado la directora del Observatorio, Pía Ceballos”, contó A.
La ayuda de otra vecina, que además de intervenir para impedir que las siguieran golpeando llamó al 911, evitó más daños. Las agredidas dijeron que era la primera vez que se cruzaban con estas personas. La Policía identificó a los agresores como FC (quien dijo ser malabarista de profesión) y MB, y a la estudiante DMP. No se brindó información sobre las identidades de las otras dos mujeres que participaron del ataque.
El Observatorio envió hoy una nota al fiscal penal Horacio Guillermo Córdoba Mazunaric solicitándole medidas de protección para las víctimas. También le enviaron una recomendación del OVcM “para dar cuenta de las trayectorias de violencias que padecen las personas travestis trans”.
La denunciante que habló con Presentes dijo que en el momento de la agresión no sintió miedo, “pero después sí” porque “nos amenazaron” y “como nosotras somos trabajadoras sexuales ahí por la zona, y como ellos viven ahí nomás, el miedo es a que nos vuelvan a cruzar, a que vengan y tomen represalias por lo que pasó”.
Tras la agresión, las dos chicas tuvieron que enfrentar el maltrato policial. Además de que demoraron la toma de la denuncia, los agentes no llamaron a la ambulancia a pesar de que las heridas de N eran evidentes, ni les permitieron pasar al baño. Hasta les negaron un vaso de agua.
“Nosotras, si no tenemos a alguien que pueda hablar o alguien así que sepa que no se puede joder, no nos dan bolilla, porque esto pasó a las 4 de la tarde y recién nos estuvieron tomando la denuncia a las 6. Nos daban vuelta y hasta los mismos policías se nos reían en la cara”, relató A. Dijo que por eso llamaron a Pía Ceballos, que es también referente en Salta de Mujeres Trans de Argentina.
Consultada por Presentes, Ceballos lamentó que esta nueva agresión ocurrió “a pocos días de celebrarse 16 años de la Marcha del Orgullo este sábado (2 de noviembre)” que precisamente tiene como una de las consignas principales “basta de violencia policial, basta violencia social”. La directora habló también de la violencia institucional que padece el colectivo.
Piden políticas de prevención
En el comunicado difundido hoy el Observatorio destacó que es importante la “comprensión de la cadena estructural de violencia y discriminación que atraviesan las personas de la disidencia sexual y que tiene consecuencias graves como el travesticido y transfemicidio”. Y solicitó la intervención del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta, a través de las subsecretarías de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos y de Políticas de Género, para asistir a las víctimas en el primer caso y para llevar adelante “campañas efectivas de prevención, para reducir las violencia hacia este colectivo”.
Además el OVcM remitió notas al subsecretario de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos, Leandro Exequiel Ramos, pidiéndole ayuda para las “víctimas de agresiones por supuestos hechos de discriminación y odio en su contra ante su identidad de género autopercibida”, y a la subsecretaria de Género, Rosaura del Carmen Gareca, informándole de las demoras de la Policía en tomarles la denuncia a las chicas, así como “la posterior actuación para brindar protección de las personas en situación de violencia”, sostuvo el organismo.
Ceballos destacó que hay un montón de funcionarios que quizás no toman el peso a estos hechos de violencia y maltrato porque “no saben lo que es andar de un lugar a otro y pasar estas situaciones complejas”.
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La Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de Alba Rueda de rectificar la identidad de género en sus registros de bautismo y confirmación.
En diálogo con Presentes, Rueda dijo: «No estoy sola. Hay miles de personas LGBT en América Latina que somos personas católicas en la institución y en la Corte Suprema nos hemos presentado más de 40 organizaciones de Argentina y América Latina solicitando una audiencia pública para poder contar y expresar nuestra posición como personas LGTB dentro de las instituciones católicas. Eso lo ha silenciado la Corte Suprema. El procedimiento ha desconocido nuestro pedido de audiencia y ha generado una sentencia violenta, que vulnera nuestros derechos más fundamentales como el derecho a la identidad y a la libertad religiosa, y además nos niega el carácter discriminatorio de la institución».
Alba Rueda la Catedral de Salta. Crédito: Luli Leiras
21 de abril de 2023
Agencia Presentes
Alejandra Silvestre es una mujer trans-travesti de 32 años, oriunda de Gualeguay, Entre Ríos, y presidenta de 
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