El Tribunal Constitucional de Rumanía ha sentenciado que la reforma para prohibir el estudio de la diversidad en la identidad de género en todas las instituciones educativas es contraria a la ley fundamental del país. El proyecto en cuestión fue aprobado por el Parlamento el pasado mes de junio. El presidente del país, Klaus Iohannis, rechazó promulgarlo con su firma por considerarlo contrario a la libertad de expresión, al principio de igualdad y a los derechos de los menores. En su lugar, la remitió al Constitucional, que ahora le ha dado la razón.

En junio de este año, el Senado rumano aprobó una modificación de la ley de educación para prohibir «la propagación de teorías y opiniones sobre la identidad de género si esta es un concepto separado del sexo biológico». Se trataba de una proposición de ley del democristiano Partido del Movimiento Popular del expresidente Traian Băsescu (PMP, ahora extraparlamentario), que recibió el apoyo de los socialdemócratas (PSD) y de los socioliberales de PRO Rumanía, una escisión del PSD. La centrista Unión Salvar Rumanía (USR) y los representantes de la minoría húngara se opusieron, mientras que el conservador Partido Nacional Liberal (PNL), a la cabeza del Gobierno, se abstuvo.

La iniciativa pretendía extenderse a todas las instituciones educativas y mereció la condena unánime de universidades, profesores, organizaciones estudiantiles y asociaciones LGTBI. La Universidad de Bucarest advirtió de que suponía una vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión, mientras que el la Alianza Nacional de Organizaciones Estudiantiles consideró que llevaría el país «a la Edad Media» y sería un ataque directo a la comunidad trans. La organización LGTBI MozaiQ inició una recogida de firmas contra la propuesta que sumó más de 55.000 adhesiones.

El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, fue sensible a estos llamamientos y rechazó promulgar la ley con su firrma, al considerar que supondría una legitimación de la censura y que vulneraría numerosos preceptos constitucionales. En el uso de sus prerrogativas, que en el sistema semipresidencial de Rumanía son relativamente amplias, Iohannis remitió el texto el pasado mes de julio al Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre su contenido. El fallo llegó el 16 de diciembre y, aunque no se ha hecho pública aún la argumentación, da la razón al presidente y declara nula la proposición de ley por inconstitucional.

Desde MozaiQ se han felicitado por la sentencia del alto tribunal, que supone «un triunfo conjunto de la sociedad civil y de las personas que apoyan a la comunidad LGTB en Rumanía». Y, en especial, a «la comunidad transgénero, que más que nunca tuvo el valor de levantarse, luchar por los derechos civiles y hacerse oír». En resumen, «un avance para la democracia en Rumanía».

La tentación regresiva en los derechos LGTBI en Rumanía

Rumanía viene experimentando ciertos retrocesos en materia de derechos de la comunidad LGTBI en los últimos años impulsados por la vía política. Afortunadamente, en 2018 la ciudadanía dio la espalda al referéndum que pretendía incluir en la Constitución la prohibición expresa al matrimonio igualitario. En 2019, sin embargo, el Senado rechazaba dos proposiciones de ley de uniones civiles que incluían a parejas del mismo sexo. Cabe destacar, en este sentido, que la falta de compromiso con los derechos LGTBI se extiende tanto a derecha como a izquierda. Particularmente significativo es el posicionamiento de los socialdemócratas (PSD), que apoyaron el blindaje constitucional del matrimonio excluyente y también votaron a favor de la reforma educativa que ahora ha abortado el Tribunal Constitucional. Más sensibles a la igualdad LGTBI se han mostrado el presidente Klaus Iohannis y la formación centrista y anticorrupción USR.

Fuente Dosmanzanas

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Una comisión del Senado rumano ha rechazado dos proposiciones de ley de uniones civiles para las parejas de distinto o del mismo sexo. El primer proyecto lo había redactado el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación y contaba con el apoyo de 42 parlamentarios de cuatro partidos diferentes. Pero el senador socialdemócrata (PSD) Șerban Nicolae, vicepresidente de la comisión, opinó que la medida «no está justificada» ni «responde a ninguna necesidad social». A diferencia de la primera, que excluía la adopción conjunta, la segunda propuesta dejaba este asunto abierto. La habían elaborado los liberales del ALDE y se saldó también con el rechazo de la comisión.

La posibilidad de aprobar una ley de uniones civiles se viene discutiendo en Rumanía desde hace más de diez años. En 2008, el senador de la minoría húngara Péter Eckstein-Kovács presentaba una proposición de ley que decayó con la convocatoria de las elecciones de ese año. En 2011, fue un senador liberal-conservador (PNL), Viorel Arion, el que introdujo un nuevo texto, que llegó a recibir un dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. Pero el Gobierno del conservador Emil Boc rechazó su tramitación. Dos años después, el diputado verde Remus Cernea lo volvía a intentar en la cámara baja, donde se topó con el rechazo de la comisión.

Hace ahora un año, el Consejo Nacional contra la Discriminación (CNCD) redactó una propuesta legislativa que presentó al Gobierno y a los partidos con representación parlamentaria. En su elaboración participaron también asociaciones LGTB como ACCEPT y MozaiQ. Se trata de una regulación de las parejas del mismo o de distinto sexo que otorga derechos similares al matrimonio en áreas como la seguridad social, fiscalidad o prevención de la violencia doméstica. La medida excluye la posibilidad de la adopción conjunta para las parejas del mismo sexo, que en cambio verían reconocido su matrimonio contraído legalmente en otro país como una unión civil.

Se redactó una proposición de ley sobre la base del texto presentado por el CNCD, que fue secundada por 42 parlamentarios del PSD, PNL, USR (Unión Salvar Rumanía, anticorrupción) y UDMR (minoría húngara). El 31 de octubre del año pasado se registraba la medida ante el Parlamento. Paralelamente, el diputado Andrei Gerea y el senador Ion Popa, ambos de ALDE, presentaban su propia proposición de ley de uniones civiles el 2 de noviembre. El texto equipara las parejas unidas con los matrimonios en materia de herencia, pensión de viudedad, seguridad social y obtención de la ciudadanía, entre otros. A diferencia de la propuesta multipartita, no prohibía ni regulaba la adopción conjunta.

El pasado martes 12 de marzo, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, con mayoría socialdemócrata, rechazaba ambas propuestas. Sobre la primera, el vicepresidente Șerban Nicolae opinaba que «no está justificada» ni «responde a ninguna necesidad social». Edward Dirca, senador del USR y uno de los firmantes del texto, le replicó que «ya va siendo hora» de crear un marco legal de uniones civiles. Los representantes de las asociaciones LGTB también lamentaron el dictamen desfavorable y recordaron que Italia y Grecia recibieron sanciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no regular las uniones entre personas del mismo sexo.

El fracaso del referéndum contra el matrimonio igualitario

En julio de 2016 comenzó en Rumanía un proceso para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario. Fue cuando el Tribunal Constitucional dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación promovida por la Coalición por la Familia (un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa), que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo de 2017 se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada en septiembre del año pasado. En ambos casos se alcanzó la mayoría requerida de dos tercios.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tuvo vía libre para ser votada en referéndum. El objetivo era cambiar la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Para que el resultado de la consulta popular fuera válido, debía participar al menos el 30% del censo electoral y los votos favorables superar el 50%. El plebiscito se celebró en dos jornadas, el 6 y 7 de octubre y fracasó estrepitosamente al congregar tan solo al 20,41% de la población con derecho a voto.

La situación de las parejas del mismo sexo en Rumanía

Todo este proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se desarrolló parcialmente de forma paralela a la batalla legal de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica y presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre de 2016 que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario.

Posteriormente, el alto tribunal rumano dio a conocer los considerandos de su decisión. Los jueces se remitían a la sentencia europea y la interpretaban de acuerdo con legislación rumana. Concretamente, establecen que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la protección de la vida privada y familiar que consagra el artículo 26.1 de la Constitución rumana:

Las autoridades públicas respetarán y protegerán la vida íntima, familiar y privada.

El Constitucional consideraba que este artículo debía interpretarse en un sentido inclusivo con las personas LGTB. Aún más, afirmaba que las parejas del mismo sexo «tienen derecho, con el tiempo y de acuerdo con la ley, a disfrutar de un reconocimiento legal y jurídico de sus derechos y obligaciones». Las derivaciones legales de esta formulación no están claras, porque el alto tribunal no ha ordenado el reconocimiento inmediato de las parejas del mismo sexo, sino que deja la regulación en manos del legislativo. La traslación del mandato de igualdad, por tanto, puede durar aún mucho tiempo, si es que se llega a producir. Expertos legales opinan que el fallo solo obliga a las autoridades a reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos y obligaciones que a las parejas de distinto sexo no casadas. Es decir, casi ninguno en la actualidad, ya que Rumanía sigue careciendo de una ley de uniones civiles tras el rechazo de las dos últimas propuestas.

Fuente Dosmanzanas

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El viceprimer ministro de Rumanía, Paul Stanescu, anuncia que el referéndum para modificar la Constitución del país e ilegalizar el matrimonio igualitario tendrá lugar en Mayo.

Liviu Dragnea, presidente del Partido Socialista Democrático, está a favor de ese referéndum pero quiere debatir la legalización de las uniones civiles.

Ya hace unos meses publicábamos que en Rumanía están decididos a hacer un referéndum para decidir si prohíben el matrimonio igualitario ya que la constitución rumana reconoce el matrimonio como la unión de dos cónyuges, pero no especifica el género de los mismos. Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. El objetivo de los sectores LGTBfobos es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Así que los contrarios al matrimonio igualitario (que son, básicamente, todos los partidos políticos) se pusieron manos a la obra y enviaron al Parlamento 3.000.000 de firmas pidiendo que se modificara la Constitución para dejar claro que el único matrimonio legal en Rumanía sea entre un hombre y una mujer; y los políticos anunciaron un referéndum. El movimiento no está exento de polémica, no solo porque ya sabemos que los derechos de una minoría nunca han de ser sometidos al voto de la mayoría sino porque el Tribunal Constitucional rumano ya dejó claro que una cosa es tener en cuenta esas firmas para hacer leyes y otra plantear un referéndum para modificar la Constitución, que curiosamente es algo inconstitucional, aunque lo avaló en julio de 2016.

Paul Stanescu (izda) y Liviu Dragnea (Dcha)

Hace unos días el viceprimer ministro rumano, Paul Stanescu, anunció que dicho referéndum tendrá lugar en mayo. Y eso dio pie a Liviu Dragnea, presidente del Partido Socialista Democrático -que actualmente está en el poder-, a decir que el país no puede pretender que la minoría LGTB+ no existe.

Pero Stanescu y el PSD y tanto él como el partido se han mostrado a favor de llevar a cabo ese referéndum y que se ilegalice el matrimonio igualitario. Stanescu pretende apoyar la ilegalización del matrimonio a la vez que propone legalizar las uniones civiles. En un discurso en el Parlamento Dragnea dijo que le gustaría explorar la posibilidad de legalizar dichas uniones: “Le he pedido a Victor Negrescu (ministro de Asuntos Europeos) que se reúna con diferentes ONG que representan a esta minoría para poder aprobar una legislación que solucione este problema.”

Vasile Banescu

Dragnea parece querer seguir el camino de Italia, que no aprobó el matrimonio pero sí una especie de uniones civiles que en la práctica son papel mojado porque no sirven para casi nada y que el partido de Berlusconi quiere modificar para que sirvan aún menos.

Al igual que en Italia los católicos fueron los culpables de ese desastre, en Rumanía la Iglesia Ortodoxa se opone radicalmente: “Aprobar las uniones civiles contribuiría al declive de la importancia del matrimonio y de la familia, y cambiaría el papel decisivo que la familia juega en la sociedad rumana“, ha dicho Vasile Banescu, portavoz de los Ortodoxos.

Por su parte las organizaciones LGTB+ no ven con malos ojos estas uniones civiles porque creen que es vital que el gobierno reconozca legalmente las parejas homosexuales. Para Florin Buhuceanu, presidente de la organización pro-derechos LGTBI Accept, cree que esta legalización pondría fin “al sufrimiento de los miembros de nuestra comunidad en los momentos más duros de la vida” y añade que ésta sería una forma “de reconocer que las personas de nuestra comunidad disfrutan de los mismos derechos“. Eso no quita, obviamente, que todos estén radicalmente en contra de ese referéndum al que consideran divisorio, caro y legalmente innecesario.

El diputado verde Remus Cernea y  Florin Buhuceanu

El diputado verde Remus Cernea, que en 2014 presentó un proyecto de ley de uniones civiles abierto a las parejas del mismo sexo que fue rechazado por el Parlamento, define la iniciativa de referéndum como “un ejemplo de la tiranía de la mayoría”. Para Cernea, “esos tres millones de personas que han firmado no aceptan la igualdad de derechos, y quieren imponer sus puntos de vista homofóbicos al conjunto de la sociedad”.

El representante verde confía, sin embargo, en que se afiance al apoyo a la igualdad de derechos, pues “a pesar del gran número de los que promueven la homofobia, cada vez hay más personas que hablan y escriben a favor de los derechos LGTBI. Pero todavía tenemos que hacer frente a la enorme ola de las fuerzas conservadoras, apoyadas por algunas de las iglesias de Rumania. Será una batalla larga y difícil”.

Vlad Viski

Vlad Viski, presidente de MozaiQ, una organización de defensa de los derechos LGTBI de Rumanía, afirma que la “Coalición por la Familia” no se detendrá si tiene éxito en la prohibición del matrimonio igualitario. Entre sus planes están la intención de proponer la prohibición del aborto y la pornografía, legislar políticas que desalienten el divorcio, e instar la prohibición de cualquier tipo de educación sexual en las escuelas.

Según teme Viski, “la comunidad LGTBI de Rumanía parece tener muy pocas opciones en la batalla contra el Goliat que es la Iglesia ortodoxa. Los grupos locales cuentan con pocos fondos, muy pocas personas fuera del armario y dispuestas a representar la causa, y todavía hay miedo entre los activistas a pedir abiertamente la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Para el activista, con este referéndum se pone también en juego el futuro de las libertades en Rumanía: “En estos días y en los próximos meses, Rumanía se enfrenta a una decisión importante, no sólo sobre los derechos LGTBI, sino también sobre el camino que quiere tomar en lo que respecta a la democracia, los valores europeos, la separación entre Iglesia y Estado y la protección de las minorías. Puede optar por volver a un pasado donde el aborto y la homosexualidad eran ilegales, o puede seguir avanzando y apoyar a sus ciudadanos LGTBI, la igualdad y la justicia para todos, independientemente de su raza, etnia, orientación sexual, identidad de género, capacidades físicas o condición socioeconómica”.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

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Tras la presión de los grupos ultra conservadores, el presidente socialista de Rumanía se plantea hacer un referéndum para blindar la definición del matrimonio en la Constitución y prohibir así los matrimonios igualitarios. 

Hay una cosa que en esta web nunca nos vamos a cansar de repetir: los derechos de la minoría nunca han de ser votados por la mayoría. Cuando la mayoría vota sobre los derechos que no le afectan, la minoría sale perdiendo. Y eso pasa porque la parte de la mayoría contraria a esos derechos siempre es mayor que la minoría; y la parte de la mayoría que estaría a favor de esos derechos ni siquiera va a votar porque no le afecta.

Es lo que casi pasa  en Australia y es justo lo que podría pasar este otoño en Rumanía, país en el que el partido en el poder (el Partido Socialista Democrático) quiere celebrar en los próximos meses un referéndum para que el pueblo vote si quieren restringir constitucionalmente la definición del matrimonio, lo que prohibiría de forma absoluta cualquier posible reforma a favor del matrimonio igualitario.

El movimiento, que tiene el apoyo del presidente Liviu Dragnea, surge de una iniciativa de 30 organizaciones ultra (tanto ortodoxas, como de derechas) que bajo el nombre Coalición por la Familia presentaron tres millones de firmas para exigir al gobierno que prohibiera los matrimonios igualitarios. En julio de 2016 el Tribunal Constitucional del país aprobó la iniciativa y dio luz verde al parlamento para que llevara a cabo esa reforma.

Desde los grupos LGBT del país denuncian que Rumanía está dando muchos pasos atrás en materia de derechos civiles por culpa de grupos formados por la Iglesia Ortodoxa y neo-protestantes financiados dirigidos por norteamericanos. “Es inaceptable que un partido que se dice europeo y social-democrático se plantee liderar la batalla para restringir los derechos de las personas LGBTI“, dice Vlad Viski (presidente de la organización LGBTI MozaiQ). Según Viski desde que Rumanía despenalizó la homosexualidad hace 16 años (sí hija, en 2001) el gobierno no ha dado ni un paso para crear leyes que protejan al colectivo y, sin embargo, cede a la presión de los intolerantes para limitar los derechos de las personas LGTB. Gran parte de esa presión proviene de la Iglesia Ortodoxa, que proclama que respecto a la homosexualidad “no existe la tolerancia“.

Liviu Dragnea, presidente de Rumanía

Según Viski la idea del referéndum va contra la Constitución del país: “El propio Tribunal Constitucional de Rumanía ya declaró que el procedimiento parlamentario para modificar la Constitución es inconstitucional.” Y es que el Tribunal Constitucional dio luz verde a que el Parlamento tuviera en cuenta los tres millones de firmas de los grupos homófobos para legislar contra la igualdad, pero no aprobó que se modifique la carta magna del país.

Además Viski avisa de que los ultras conservadores no se detendrán cuando consigan limitar los derechos LGBTI puesto que la agenda de la Coalición por la Familia pasa también por limitar los derechos reproductivos, prohibir la educación sexual en las escuelas y la pornografía: “apoyan la cancelación de las ayudas a los anticonceptivos y son contrarios al aborto. Además proponen que los padres de menores que quieran divorciarse sean obligados a asistir a terapia de pareja.”

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

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El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, ha efectuado unas declaraciones en las que ha defendido el derecho a la diversidad de los ciudadanos y el respeto a las minorias, además de condenar el extremismo religioso, cuando se le ha preguntado acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque no ha efectuado una defensa del matrimonio igualitario, ni mencionado explícitamente al colectivo LGTB, su actitud respecto a los derechos de las minorías le posiciona a una enorme distancia del habitual discurso a favor de la “familia tradicional”, del que recientemente hizo gala el propio primer ministro del país.

Rumanía está actualmente inmersa en un debate público sobre los derechos de las parejas del mismo sexo. Por un lado, el Tribunal Constitucional debe resolver el recurso presentado por una pareja de hombres, casada en Bélgica, para el reconocimiento legal de su enlace. Tras el último aplazamiento, se espera que lo haga antes de que finalice este mes de octubre. Por otro lado, el grupo homófobo “Coalición por la Familia”, fuertemente alentado por la influyente Iglesia ortodoxa, ha logrado reunir los 3 millones de firmas necesarias para la convocatoria de un referéndum que prohíba constitucionalmente el matrimonio igualitario.

Debido a esto, en la última conferencia de prensa ofrecida por el presidente Klaus Iohannis, el mandatario fue interrogado por su opinión al respecto. Sin ofrecer un apoyo explícito a la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Rumanía, Iohannis sí que abogó por el respeto y la tolerancia hacia las minorías: “es importante reiterar algo en lo que creo”, declaraba, “que se debe volver a la tolerancia y la aceptación de los demás. No somos todos iguales, ninguno de los grupos étnicos o religiosos”.

El presidente sí que tuvo duras palabras para quienes quieren enfrentar la religión con los derechos civiles, al estimar que “es un error prestar obediencia y tomar el camino de la fe extrema. No lo apoyo. Yo creo en la tolerancia, la confianza y la apertura hacia los demás”. Es más, Iohannis considera que “el fanatismo religioso no ayuda a la sociedad. Si ser cristiano implica la tendencia hacia el fanatismo… se envía una señal equivocada”.

Quizás este alegato del presidente Iohannis a favor de la tolerancia puede estar fundamentado en su propia identidad. Él mismo es miembro de la minoría étnica de origen germano  y de la minoría luterana, si bien pertenece al Partido Nacional Liberal, muchos de cuyos miembros se han afiliado al conservador Partido Popular en el Parlamento europeo, un grupo que no se distingue precisamente por su defensa de los derechos LGTB.

Vlad Viski, presidente de la asociación de defensa de los derechos LGTB MozaiQ, considera que las declaraciones del presidente Iohannis son importantes, aunque demasiado comedidas: “Los comentarios de Klaus Iohannis son una primicia en Rumania. Por primera vez, un político importante se muestra en apoyo de la diversidad. Sin embargo, sus declaraciones no van tan lejos como quisiéramos, ya que Iohannis no especificó que se estuviera refiriendo a la comunidad LGBTI, sino que evitó el uso de una referencia directa a las personas LGBTI. El primer ministro de Rumania, Dacian Ciolos, sin embargo, ha salido hoy en apoyo de la llamada ‘familia tradicional’, lo cual es decepcionante y demuestra que la lucha de las personas LGBTI está lejos de concluir”.

A pesar de ello, según Viski la comunidad LGTB ha reaccionado a las declaraciones de Iohannis con satisfacción, mientras que los homófobos han expresado su ira. “Los partidarios de la ‘Coalición por la Familia’ han tomado una postura muy agresiva, de condena a Iohannis”, afirma el activista, “se han observado en todos los medios cientos de comentarios llenos de odio. Esto demuestra el discurso extremadamente homófobo y transfóbo que está siendo promovido por aquellos que tratan de prohibir el matrimonio homosexual en la Constitución”.

Dos procesos paralelos sobre el matrimonio igualitario

Como señalábamos, los derechos LGTB en Rumanía están pendientes en la actualidad de dos procesos, que deben ser resueltos próximamente.

Por un lado, la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, contrajo matrimonio en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Los representó la abogada Iustina Ionescu de la organización Accept.

Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Tribunal Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Pero en esa fecha, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no estaba tomada y volvía a posponer el fallo, esta vez hasta octubre. El alto tribunal conminaba a las partes a comparecer de nuevo para presentar sus alegatos. Para Dordeanu, la extensión y la complejidad del asunto hacían necesaria una deliberación más profunda. “Es un caso muy complejo” y de “elevado impacto mediático” que podía crear un importante precedente.

El otro proceso que se está llevando a cabo en Rumanía tiene que ver con la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento, cuyas dos cámaras deberán aprobarla con una mayoría de dos tercios para luego ser sometida a consulta popular. Existe la posibilidad de que el referéndum se celebre conjuntamente con las próximas elecciones generales, lo cual hace temer que la campaña electoral se centre en los derechos de la población LGTB, con el consiguiente riesgo de que la profunda LGTBfobia social llegue hasta los discursos políticos y electorales.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. Por ello, la Coalición por la Familia de Rumanía ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Presentadas las firmas en el Parlamento, la propuesta debía obtener un dictamen favorable del Tribunal Constitucional, que debía revisar si la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana, es contraria a la Carta Magna.

Sin embargo, el alto tribunal decidió el pasado 20 de julio que se puede permitir la discriminación constitucional de parte de la población de Rumanía en función de su orientación sexual, por lo que la iniciativa popular puede continuar el trámite parlamentario. Para que prospere, debe ser aprobada por el 75% de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Constitucional de Rumanía ha pospuesto de nuevo la resolución del recurso presentado por una pareja de hombres, casada en Bélgica, para el reconocimiento legal de su enlace. El fallo, que se aplaza al mes de octubre, podría ser determinante para el proceso de prohibición constitucional del matrimonio igualitario que tiene lugar en el país.

La pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, contrajo matrimonio en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Los representó la abogada Iustina Ionescu de la organización Accept.

Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Este martes, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no está tomada y volvía a posponer el fallo, esta vez hasta octubre. El alto tribunal conmina a las partes a comparecer de nuevo para presentar sus alegatos. Para Dordeanu, la extensión y la complejidad del asunto hacen necesaria una deliberación más profunda. “Es un caso muy complejo” y de “elevado impacto mediático” que puede crear un importante precedente, según el presidente de la sala.

El presidente de la organización LGTB MozaiQ, Vlad Viski, animó a armarse de paciencia ante el retraso en la resolución del caso y destacó como positivo que se vayan a oír de nuevo los argumentos a favor de la igualdad en la más alta instancia judicial del país. Según expertos legales citados por el Gay Star News, sin embargo, es muy probable que el Constitucional rumano rechace de todas formas la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento, cuyas dos cámaras deberán aprobarla con una mayoría de dos tercios para luego ser sometida a consulta popular. Existe la posibilidad de que el referéndum se celebre conjuntamente con las próximas elecciones generales, lo cual hace temer que la campaña electoral se centre en los derechos de la población LGTB, con el consiguiente riesgo de que la profunda LGTBfobia social llegue hasta los discursos políticos y electorales.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. Por ello, la Coalición por la Familia de Rumanía ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Presentadas las firmas en el Parlamento, la propuesta debía obtener un dictamen favorable del Tribunal Constitucional, que debía revisar si la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana, es contraria a la Carta Magna.

Sin embargo, el alto tribunal decidió el pasado 20 de julio que se puede permitir la discriminación constitucional de parte de la población de Rumanía en función de su orientación sexual, por lo que la iniciativa popular puede continuar el trámite parlamentario. Para que prospere, debe ser aprobada por el 75% de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Fuente Dosmanzanas

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El Orgullo LGTB de Bucarest ha reunido a más de 2.500 personas. Con una participación bastante superior a la de pasadas ediciones, el activismo LGTB ha exigido con más fuerza la igualdad de derechos. Carla Antonelli, activista y diputada socialista en la Asamblea de Madrid, ha protagonizado una de las intervenciones, en la que animaba al activismo LGTB rumano a luchar contra el veto constitucional al matrimonio igualitario. En este sentido, hace solo unas semanas informábamos de la iniciativa homófoba de la Coalición por la Familia de Rumanía, que ha recogido tres millones de firmas para forzar al Gobierno a prohibir los enlaces entre personas del mismo sexo. Como viene siendo costumbre, un grupo de parafascistas ha convocado una contramanifestación LGTBfóbica.

Las familias diversas han sido las protagonistas del Orgullo LGTB de Bucarest en su edición de 2016. Se trata de una elección de especial relevancia ante el reto de defender la diversidad, frente al posible veto del matrimonio igualitario en la Constitución del país. La organización Rainbow Families România (Familias Arcoíris de Rumanía) es una de las que ha llamado a luchar “por la familia que ya tenemos, la familia que queremos y la familia 3 millones de personas nos quieren negar”.

En la misma línea, ACCEPT, MozaiQ y PSI-Rumanía (las entidades convocantes del Orgullo LGTB de Bucarest) han advertido de que “la decisión de limitar los derechos civiles y las libertades puede dirigir a Rumanía hacia una camino radical de extrema derecha, cada vez más común en la región”. Las asociaciones igualitarias citan como ejemplos preocupantes casos próximos como los de Hungría, Polonia, Rusia o Turquía, y alertan que “vemos varias sociedades en la deriva hacia el autoritarismo”.

Las importantes reivindicaciones que activismo LGTB rumano tiene por delante han hecho que crezca la participación hasta superar el doble de la del año pasado. A la edición de 2014 apenas asistieron 400 personas, sobre todo por miedo a la fuerte LGTBfobia social existente en Rumanía.  Aquel año, la comunidad LGTB se enfrentaba a otro órdago discriminatorio: el Parlamento rumano bloqueaba una proposición de ley de uniones civiles que pretendía incluir a las parejas del mismo sexo.

Carla Antonelli: una voz del activismo español en Rumanía

La incansable activista Carla Antonelli se ha sumado a la manifestación del Orgullo LGTB de Bucarest, celebrada el pasado sábado 25 de junio en la capital rumana. Antonelli se dirigía a los asistentes para animarles a defender los derechos del colectivo LGTB, aduciendo que “son posibles, además de fundamentales, y que en España hubo un tiempo que los contemplábamos como inalcanzables”. Sobre la realidad de las personas trans en Rumanía, Carla Antonelli recuerda que solo pueden acceder al proceso sanitario de una cirugía genital tras la sentencia judicial de un tribunal y un largo periplo por todo por todo tipo de comités médicos y psiquiátricos. El cambio de la documentación solo es posible si se ha pasado por una intervención quirúrgica genital.

En su cuenta de Twitter, la diputada socialista en la Asamblea de Madrid anunciaba el comienzo del Orgullo LGTB de Bucarest y se lamentaba de algunos insultos discriminatorios contra los manifestantes:

Comienza #BucharestPRIDE de Rumanía, pasa coche a toda velocidad al grito “maricones” y con + orgullo lucen Arcoiris pic.twitter.com/HSFPSxsEwM

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 25 de junio de 2016

La extrema derecha vuelve a protagonizar una contramanifestación

A las 12 del mediodía del sábado, poco tiempo antes del inicio del Orgullo LGTB de Bucarest, los militantes de Noua Dreapta (Nueva Derecha) se manifestaban en contra de la diversidad de orientación sexual e identidad de género. Tras pancartas como “3 millones reclaman la normalidad”, los parafascistas rumanos dejaron claro que apoyan la reforma constitucional para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y no solo eso, los convocantes aprovecharon para “denunciar” el caso de los Barbu, la familia rumana en el Reino Unido cuyos hijos fueron dados en adopción a una pareja homosexual británica. Poco más de 100 personas dieron apoyo a estos radicales.

“Los niños rumanos no quieren caer en las manos de los homosexuales británicos ni holandeses o en las manos de los homosexuales franceses, por lo que es hora de unirse al partido Nueva Derecha, el principal promotor de los valores tradicionales de la familia”, aseguran en un comunicado.

Según el Eurobarómetro de 2015, del que ILGA se hace eco, un promedio del 58 % de los ciudadanos rumanos cree que la discriminación basada en la orientación sexual está generalizada en el país. Asimismo, el 56 % considera que la discriminación por identidad de género es habitual.

Fuente Dosmanzanas

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La “Coalición por la Familia” de Rumanía, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar la Constitución para que se prohíba expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Presentadas en el Parlamento, el único medio para evitar la celebración de la consulta popular es un dictamen del Tribunal Constitucional que declarase contrario a la Carta Magna la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana.

La Constitución de Rumanía describe el matrimonio como la unión de dos esposos, sin especificación de su sexo, aunque la legislación actual no permite el matrimonio para las parejas del mismo sexo y ni siquiera existe ningún tipo de unión civil o reconocimiento legal semejante. A pesar de ello, los grupos opuestos al matrimonio igualitario, encabezados por la Iglesia ortodoxa, temen que una decisión judicial o un futuro impulso político puedan establecer la inclusión en la institución matrimonial de las parejas del mismo sexo. Los diferentes grupos decidieron unirse y formar la “Coalición por la Familia”, con el propósito de impulsar una iniciativa popular al respecto.

Según la legislación rumana, la convocatoria popular de un referéndum necesita de 500.000 firmas para poder ser presentada ante el Gobierno. La “Coalición por la Familia” ha logrado recoger alrededor de 3.000.000, que ya han sido presentadas en el Parlamento, con el objetivo de reformar la Constitución para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, además de prohibir expresamente las uniones de personas del mismo sexo.

Satisfacción entre los LGTBfobos

El presidente de la “Coalición por la Familia”, Mihai Gheorghiu, expresaba su satisfacción por el logro porque considera que “estamos asistiendo a una primicia histórica, tanto a nivel nacional como europeo: tres millones de ciudadanos rumanos, en un gran esfuerzo de solidaridad, han firmado la iniciativa para la modificación de la Constitución. Es más, Rumania forma  parte de una tendencia europea. Hay una iniciativa europea para definir el matrimonio en estos términos y tenemos los ejemplos de Croacia y Eslovenia el año pasado, que ya han dado lugar a referendos exitosos para incluir esta definición en sus constituciones”.

En efecto, el pasado 2015 la población de Eslovenia votó mayoritariamente a favor de la derogación del matrimonio igualitario, que había sido aprobado por su Parlamento. Los croatas votaron en 2013 la reforma de su Constitución para definir expresamente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. También lo hacen así otras constituciones de países de Europa central y oriental, como Polonia, Hungría, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia.

Una muestra de la actitud hipócrita e intolerante de quienes apoyan la discriminación de las personas LGTB son las declaraciones de Laura Sturzu, una de las firmantes de la iniciativa de referéndum:

Me decidí a firmar el apoyo a esta iniciativa porque creo que la Constitución del país debe estar en consonancia con nuestros valores, nuestros principios y nuestras tradiciones.

Hace poco visité España y me indignó ver a las parejas homosexuales caminando de la mano o besándose ostentosamente en las calles o enfrente de niños pequeños. Yo respeto la elección sexual y el comportamiento de todo el mundo, siempre que se exprese de forma privada. No quiero que nuestros valores tradicionales sean sustituidos por este tipo de comportamientos.

 Alarma entre los defensores de los derechos LGTB

El diputado verde Remus Cernea, que en 2014 presentó un proyecto de ley de uniones civiles abierto a las parejas del mismo sexo que fue rechazado por el Parlamento, define la iniciativa de referéndum como “un ejemplo de la tiranía de la mayoría”. Para Cernea, “esos tres millones de personas que han firmado no aceptan la igualdad de derechos, y quieren imponer sus puntos de vista homofóbicos al conjunto de la sociedad”.

El representante verde confía, sin embargo, en que se afiance al apoyo a la igualdad de derechos, pues “a pesar del gran número de los que promueven la homofobia, cada vez hay más personas que hablan y escriben a favor de los derechos LGTBI. Pero todavía tenemos que hacer frente a la enorme ola de las fuerzas conservadoras, apoyadas por algunas de las iglesias de Rumania. Será una batalla larga y difícil”. También expresa su confianza en que el Tribunal Constitucional anule la convocatoria del referéndum porque “no puede revisarse la Constitución si la reforma da lugar a la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”, tal como se establece en la legislación rumana.

Vlad Viski, presidente de MozaiQ, una organización de defensa de los derechos LGTBI de Rumanía, afirma que la “Coalición por la Familia” no se detendrá si tiene éxito en la prohibición del matrimonio igualitario. Entre sus planes están la intención de proponer la prohibición del aborto y la pornografía, legislar políticas que desalienten el divorcio, e instar la prohibición de cualquier tipo de educación sexual en las escuelas.

Según teme Viski, “la comunidad LGTBI de Rumanía parece tener muy pocas opciones en la batalla contra el Goliat que es la Iglesia ortodoxa. Los grupos locales cuentan con pocos fondos, muy pocas personas fuera del armario y dispuestas a representar la causa, y todavía hay miedo entre los activistas a pedir abiertamente la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Para el activista, con este referéndum se pone también en juego el futuro de las libertades en Rumanía: “En estos días y en los próximos meses, Rumanía se enfrenta a una decisión importante, no sólo sobre los derechos LGTBI, sino también sobre el camino que quiere tomar en lo que respecta a la democracia, los valores europeos, la separación entre Iglesia y Estado y la protección de las minorías. Puede optar por volver a un pasado donde el aborto y la homosexualidad eran ilegales, o puede seguir avanzando y apoyar a sus ciudadanos LGTBI, la igualdad y la justicia para todos, independientemente de su raza, etnia, orientación sexual, identidad de género, capacidades físicas o condición socioeconómica”.

Fuente Dosmanzanas

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