El Movilh se reunió con la Cancillería y ha dialogado informalmente sobre los contenidos del Acuerdo con los ministros Blumel y Larraín con la subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren. En tanto, el 2 de abril sesionará la Comisión Mixta sobre la Ley de Identidad de Género.

El gobierno del presidente Sebastián Piñera ya inició el análisis del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) firmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el avance de diversas medidas, como la ley de identidad de género.

Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia ya están recopilando antecedentes para conocer el estado de avance del Acuerdo.

El tema fue abordado hoy por el Director del Departamento de Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Pablo Crisóstomo, y el Movilh, en lo que fue la primera reunión formal entre el nuevo gobierno y el movimiento LGBTI.

En paralelo, el Movilh conversó informalmente sobre el ASA con la subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren, mientras que algunos de los contenidos del acuerdo, como la ley de identidad de género y la adopción homoparental, fueron dialogados ayer en el Congreso Nacional con los ministros Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y de Justicia, Hernán Larraín.

“Esperamos tener completamente claro y definido el futuro del ASA la primera semana de abril”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

En relación a la Ley de Identidad de Género, uno de los compromisos que asumió el Estado en el ASA, ayer se definieron los nombres de los senadores/as de la Comisión Mixta que analizará el proyecto de ley. Se trata de Felipe Kast (Evópoli), Jacqueline Van Rysselberghe (Biobio), Alejandro Navarro (Indp), Adriana Muñoz (PPD), Juan Latorre (RD). A ellos/as se suman los/as diputados/as Diego Paulsen (RN), Matías Walker (DC), Raúl Saldívar (PS) y Natalia Castillo (RD).

La Comisión Mixta sesionará el 2 de abril entre las 15:30 y las 17:00 horas en el Salón de los Presidentes del Ex Congreso Nacional en Santiago. Ahí se adoptarán las normas de funcionamiento de la Comisión y, por cierto, los contenidos del proyecto que esperamos se transforme en ley antes de finalizar abril.

En relación a la adopción homoparental, otro compromiso del ASA, la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados analizó ayer la reforma a ley de adopciones. “En este punto deberá primar el interés superior del niño, lo cual implica abrirse a las familias homoparentales”, puntualizó el Movilh.

Contraloría: acuerdo firmado por el Estado y el Movilh para avance de matrimonio igualitario y ley de identidad de género es legal y vinculante.

Fuente MOVILH

General Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Juan Pablo Crisóstomo, Ley de Identidad de Género, Lorena Recabarren, MOVILH, Rolando Jiménez, Sebastián Piñera

El edil Marcelo Pereira se reunió con el Movilh y garantizó apoyo para el cambio de nombre y sexo legal de personas trans. El movimiento expuso además sobre los derechos de la diversidad sexual en un foro convocado por el municipio, así como en colegios y cárceles de la Región Metropolitana.

El alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, y el director de Desarrollo Comunitario, Miguel Ángel Cuadros, se reunieron este viernes con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) llegando a importantes acuerdos para promover los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI).

En la ocasión Pereira comprometió una mayor participación del municipio para el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, que se conmemora cada 17 de mayo, por lo cual junto al izamiento de la bandera de la diversidad se explorará la realización de otras actividades.

Del mismo modo, la municipalidad fortalecerá el trabajo de su Oficina de la Diversidad y no Discriminación y pondrá a un abogado a disposición de las personas trans de Coquimbo que necesiten tramitar en tribunales su cambio de nombre y sexo legal.

“Estas medidas son gran ayuda para toda la población LGBTI y, en particular, para la calidad de vida de las personas trans. Valoramos sinceramente el gran compromiso y sensibilidad del acalde y de todo su equipo con la igualdad y con los derechos de los sectores discriminados”, dijo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Por su lado, Pereira enfatizó que “como alcalde seguiré luchando por la Ley de Igualdad de Género y el énfasis ahora lo ponemos en el cronograma de actividades para manifestar el apoyo que estamos dando como Municipalidad, porque corresponde que la comunidad participe y lo comprenda. Me pongo a disposición para cooperar y educar para juntos entregar la información para que la comunidad logre entender que la discriminación no tiene ningún sentido”.

Minutos después de la cita Jiménez expuso en el foro “Genero e Inclusión” que organizó la Oficina de la Diversidad y No Discriminación de Coquimbo en el Club Social Municipal. El dirigente del Movilh compartió el panel con la Presidenta del Colegio de Periodistas de la Región de Coquimbo, Nathalie Castillo, y con la representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Fernanda Glaser

El foro tuvo como fines “identificar y reflexionar sobre los últimos avances legislativos en materia de equidad de género tales como la despenalización del aborto en 3 causales, Ley Antidiscriminación y el Acuerdo de Unión Civil”, así como “expresar opiniones y/o puntos de vista sobre iniciativas legislativas que buscan erradicar las desigualdades de género, como son el Proyecto de Identidad de Género y el Matrimonio Igualitario”

En la conversación participaron estudiantes de enseñanza media y dirigentes de organizaciones territoriales y funcionales.

Capacitaciones en la Región Metropolitana

Junto a la sensibilización en temáticas LGBTI en Coquimbo, el Movilh capacitó el jueves pasado en la materia a docentes de la Escuela Poeta Óscar Castro de La Granja (en la fotografía), mientras que un día más tarde empoderó en sus derechos a internos e internas del Centro de Cumplimiento Penitenciario Santiago Sur.

Mientras la primera charla surgió a raíz de la realidad de estudiantes trans, la segunda fue coordinada por la Defensoría Penal Pública Penitenciaria con miras a promover derechos de los internos/as LGBTI.

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Chile, Coquimbo, Fernanda Glaser, Ley de igualdad de género, Marcelo Pereira, Matrimonio igualitario, Miguel Ángel Cuadros, MOVILH, Nathalie Castillo, Rolando Jiménez

El órgano rechazo un recurso  de los diputados J.A Kast, Arturo Squella y Juan Antonio Coloma Álamos que buscaba declarar ilegal el acuerdo firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD)

La Contraloría General de la República descartó que existiera alguna ilegalidad en el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) firmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y calificó de vinculante los compromisos ahí asumidos, entre los que se cuentan impulsar y aprobar el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la filiacióny  adopción homoparental, entre otras leyes y políticas públicas contra la homofobia y la transfobia.

De esa manera, la Contraloría rechazó un recurso presentado por los diputados José Antonio Kast Rist, Arturo Squella Ovalle y Juan Antonio Coloma Álamos, quienes alegaron que el Acuerdo y, en especial sus contenidos, eran ilegales, al igual que la firma de los ministros/as que sellaron el ASA con el Movilh.

Al respecto la Contraloría dictaminó que “los tratados internacionales forman parte de la preceptiva que en el desempeño de sus funciones los entes públicos deben observar”.

Explicó que los acuerdos alcanzados en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), como ocurre con el ASA firmado por el Estado y el Movilh “constituyen la aplicación de un medio de solución de controversias implantado bajo la jurisdicción de un organismo internacional, cuyas normas son parte del ordenamiento jurídico nacional, al tratarse de un tratado internacional suscrito, ratificado y promulgado por la República de Chile.” “Bajo tal predicamento, los acuerdos adoptados al alero de esa preceptiva -y por tanto, las obligaciones y derechos que emanan de esa convención-, resultan vinculantes para el Estado que los suscribe”, añadió la Contraloría.

“En cuanto al contenido del Acuerdo, se advierte que, en virtud del mismo, Chile se compromete a realizar una serie de acciones, tales como promover políticas y programas de gobierno relativas a medidas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el ámbito educacional, de salud, entre otros, inclusión de la diversidad sexual e identidad de género, así como también, promover una serie de iniciativas legales que busquen incorporar a la legislación interna derechos para las minorías sexuales -lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales-, como el matrimonio igualitario, todas las cuales se enmarcan dentro del ámbito de los derechos que reconoce esa Convención, como también propenden al cumplimiento de los compromisos asumidos por Chile al promulgar la CADH”,  dijo la Contraloría.

“Por consiguiente, cabe concluir que en el aspecto señalado no se advierte ilegalidad en la suscripción del Acuerdo de Solución Amistosa (…) firmado ante el comisionado de la CIDH por los ministros de Estado que en ese pacto se consignan”, apuntó el órgano contralor.

En relación a las atribuciones legales para que distintos ministros “concurrieran firmando a nombre del Estado de Chile el Acuerdo que se analiza”, aspecto cuestionado por los parlamentarios Kast, Squella y Coloma, la Contraloría también validó el procedimiento. “Esta Contraloría General no tiene reparos que formular en cuanto a la intervención de las autoridades que suscribieron el pacto en análisis”, apuntó el órgano.

Conviene recordar que el ASA fue firmado por la CIDH, el Movilh y los entonces ministros de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; de la Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz; de Justicia; Javiera Blanco; de Educación, Adriana DelPiano; de Salud, Carmen Castillo y de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual.

“Estamos muy satisfechos con este pronunciamiento de la Contraloría, pues corta de raíz las intenciones de cualquier autoridad por desconocer el carácter vinculante del acuerdo y su legalidad. Es claro que, sea cual sea el Gobierno de turno, a todos los poderes del Estado les corresponde contribuir al más fiel cumplimiento del acuerdo en el marco de un trabajo conjunto y coordinado con el movimiento LGBTI, les guste o no”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez. “El dictamen es particularmente relevante en momentos cuando el nuevo Gobierno aún no define cómo seguirá cumpliendo el ASA y está discutiendo leyes vinculada a la diversidad sexual, como la de identidad de género y reformas al Código Penal. Esperamos una definición y el trabajo conjunto en breve, tal cual se establece en el ASA”, dijo Jiménez.

Dictamen de la Contraloría aquí

Acuerdo de Solución Amistosa aquí

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Arturo Squella, ASA, Contraloría, Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), José Antonio Kast Rist, Juan Antonio Coloma Álamos, MOVILH, Rolando Jiménez

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) ha presentado su 16º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género. Los datos que arroja el informe son preocupantes: en 2017, un año que el propio MOVILH ha calificado como “de la furia” contra personas y activistas, las denuncias por LGTBfobia en ese país experimentaron un aumento del 45,7%. El informe recoge como uno de los detonantes de este aumento la presencia en Chile del “autobús de odio” de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO. Como dato optimista el MOVILH recoge 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGTBI en todo el país. 

Los grupos contrarios a la igualdad de derechos para las personas LGBTI multiplicaron sus discursos y acciones en el último año a lo largo de todo Chile, un hecho sin precedentes. Pese a ello, las víctimas están alcanzado justicia, a un punto que en 2017 el Poder Judicial se transformó en el más progresista del Estado.

Un alarmante aumento del 45.7% experimentaron los casos y denuncias por homofobia y transfobia en Chile, hecho que contrasta con 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGBTI en los más variados planos, reportó el XVI Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género lanzado hoy por el Movimiento Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

Debido al explosivo incremento de los abusos, el 2017 fue calificado como el “Año de la Furia” contra los activistas y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI) , aunque resalta y brilla de manera positiva que el Judicial se transformó en el poder estatal más progresista en la temática y el que más protege los derechos humanos de las personas con identidad de género u orientación sexual diversa, mientras que en la Derecha política destaca la expresión pública de profundas diferencias sobre estos tópicos.

El Año de la Furia

“El 2017 fue un año de violencia extrema contra las personas LGBTI, las familias homoparentales, los adolescentes y niños/as trans y los defensores de DDHH, en tanto los opositores a la igualdad cursaron iniciativas sin precedentes para torpedear todo tipo de legislación y/o política pública favorable a la diversidad sexual y de género”, indica el informe.

Añade que “la inédita cruzada del Bus del Odio en el Gran Santiago provocó un efecto de odiosidad en cadena: fue emulada en regiones, los grupos homo/transfóbicos potenciaron la virulencia de sus discursos y las autoridades ultraconservadoras dieron la mano a la campaña, dotándola de cierta “validez” en el escenario público en tanto era presentada como una forma de expresión neutral, en vez de nociva para la dignidad de los seres humanos”.

El estudio explica que el “contexto de los comicios presidenciales y parlamentarios hizo lo suyo. Las candidaturas contrarias a la igualdad extremaron su rechazo a la diversidad sexual y de género, a un punto que lo convirtieron en una de las banderas de sus campañas, algo inédito en la historia democrática del país”.

“En tanto, toda medida pro LGBTI fue enfrentada con iniciativas violentas que iban desde la presentación de recursos judiciales, hasta las golpizas y ataques en la vía pública, en especial contra los defensores de los derechos humanos”, indica la investigación.

“El Año de la Furia contra las personas LGBTI conoció de acciones y discursos tan cavernarios como las que tenían tribuna en la década de los 90, siendo la prueba más simbólica de ello el hecho de que fuese la propia presidenta de la República, Michelle Bachelet, la que se convirtiera en una de las víctimas de la homofobia y la transfobia al ser insultada en el Tedeum evangélico por su apoyo a los derechos de las personas LGBTI y de las mujeres”, sostiene el estudio.

Las cifras de la discriminación

Los casos y denuncias por homofobia y transfobia incrementaron un 45,7% en 2017, conociéndose 484 episodios de odio, la cifra más alta que se tiene registro y que por si sola acumula el 20% del total de abusos ocurridos en los últimos 16 años.

Los 484 hechos se dividieron en 2 asesinatos, 56 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles, 1 abuso policial, 38 casos de discriminación laboral y 20 de exclusión educacional, 77 movilizaciones homo/transfóbicas, 38 episodios de marginación institucional, 11 obstáculos para el acceso a servicios o productos en los espacios públicos o privados, 72 abusos propinados por familiares, amigos o vecinos, 166 declaraciones de odio y 3 casos de vulneración de derechos en la cultura, los medios y el espectáculo.

En 7 de las 11 categorías de discriminación aumentaron los abusos, registrándose el incremento más alto en las declaraciones de odio (245% más que en 2016), seguida por los abusos en cultura y medios (200%), las movilizaciones homo/transfóbicas (108%), la discriminación educacional (53%), las agresiones físicas o verbales cometidas por civiles (40%), los atropellos impulsados por familiares o vecinos (28%) y las exclusiones laborales (18%).

El 20% de los casos afectó a gays; con un alza del 26% en relación al 2016; el 18% a trans; el 14% a lesbianas y el 48% a la diversidad sexual y de género como conjunto. Los denuncias por abusos contra trans bajaron un 17% y contra lesbianas un 1,4% en comparación con el 2016.

Del total de abusos fueron responsables 49 instituciones y 304 personas, buena parte de éstas vinculadas a movimientos ultra católicos, ultra-evangélicos, neonazis o de extrema derecha.

Las regiones que más casos de discriminación registraron en 2017 fueron la Metropolitana (31%), Valparaíso (14%), Biobío (10.1%) y Coquimbo, (4.6%), seguidas por Los Lagos (3.7%), La Araucanía (2.5%), Antofagasta (2.3%), Maule, (2.1%) Libertador Bernardo O´Higgins (1,7%), Región de Magallanes y la Antártica Chilena (1.2%) Tarapacá (0.6%), Atacama (0.4%), Los Ríos (0.2%), Arica y Parinacota (0.2%) y Aysén (0%).

En tanto las regiones donde más aumentaron los casos o denuncias en comparación con el 2016 fueron Libertador Bernardo O´Higgins (300%), Coquimbo (266%), Los Lagos (157%), La Araucanía (100%), Biobío (88%), Magallanes y la Antártica Chilena (50%), Metropolitana (39%) y Antofagasta (10%).

Los movimientos LGBTI intervinieron en el 97.2 % de los casos, brindando ayuda y orientación a las víctimas.

Ranking Anual de la homofobia y transfobia

A nivel individual encabezaron el Ránking Anual de la Homofobia y la Transfobia 2017 los asesinos de personas LGBTI (Cristián Andrés Muñoz Muñoz, César Antonio Araneda Palma, Bernabé Vega y Héctor Morales), seguidos en el segundo lugar por la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda; el presidente de la Ong Padres Objetores, Francisco Fritis y el director de Citizen Go, Luis Losada.

Con ellos/as comparten el segundo lugar los senadores Manuel José Ossandón e Iván Moreira, los diputados José Antonio Kast e Ignacio Urruria y el ex alcalde de Talca, Juan Castro Prieto. Le siguen, en el tercer puesto la psicóloga de la Fundación Restauración, Marcela Ferrer y, en el cuarto, el magistrado Ricardo Blanco.

El quinto lugar lo integran los senadores Juan Antonio Coloma, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer, Francisco Chahuán, los diputados José Manuel Edward, María José Hoffman, Patricio Melero, Iván Norambuena, Claudia Nogueira, Arturo Squella, Osvaldo Urrutia, Felipe Ward y René Manuel García. (Listado completo, hasta la ubicación 25, se encuentra en el informe).

A nivel institucional lideran el Ranking el Observatorio Legislativo Cristiano, la Ong Padres Objetores y Gendarmería, todos en el primer lugar. Le siguen la Catedral Evangélica, Citizen Go y Hazte Oír, el Colegio Español de Coquimbo, Colegio Instituto Cristiano Gandarillas de Maipú, el Liceo Bicentenario Italia, la UDI, la Iglesia Católica, el Consejo Regional del CNCA en el Maule, la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (Soched). A estos suman diversas iglesias evangélicas, ongs ultra-conservadoras y empresas como el Club Playa Luna y Pre-Unic. (Listado completo hasta la ubicación 18 se encuentra en el informe)

 Poder Judicial, el más progresista

“El Poder Judicial llegó tarde a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI y las familias homoparentales, pero cuando lo hizo superó en apertura a los otros poderes del Estado, avanzando a pasos agigantados y sin precedentes”, sostiene el informe. Añade que la “evolución acelerada del Poder Judicial desde el 2015, se consolidó en 2017 a un punto que temas como los derechos de niños y niñas trans, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental ya los tiene zanjados a nivel institucional, pues se ha pronunciado a favor amparado en una perspectiva de derechos humanos. Por el contrario, el Legislativo aún no aprueba estas leyes y las medidas del Ejecutivo se mueven entre consensos, además de poner el acelerador para la tramitación legislativa de manera coyuntural y discontinua”.

“Moviéndose en los márgenes de las leyes; lo que ata de manos en algunos puntos al Poder Judicial mientras no se cuente con el matrimonio igualitario; durante el 2017 los tribunales dictaron 5 fallos a favor de los derechos de internas/as LGBTI recluidos/as en centros penitenciarios, además de cambiar el nombre y sexo legal de 89 personas, en circunstancias que en 2006 sólo había autorizado a 7”, precisa el estudio.

Detalla que “la Corte Suprema aplicó además dos veces la Ley Zamudio por homofobia, además de entregar la tuición de sus dos hijos a un hombre que vivía con su pareja del mismo sexo. Hubo otros cinco fallos de distintos tribunales contra los abusos laborales a personas LGBTI, mientras que las cortes rechazaron dos recursos de protección contra las políticas educacionales pro diversidad y una querella por prevaricación que una ONG había presentado contra el juez Luis Fernández por haber cambiado el nombre y sexo legal de una niña trans”.

“A la par fue condenado el asesino transfóbico de Litzi Odalis Parrales y se sancionó a dos mujeres que habían agredido a una madre por defender a su hijo de apenas 8 años de insultos homofóbicos”, sostiene el Movilh

Se trata así de al menos 107 fallos favorables a los derechos LGBTI dictados en el plazo de un año, lo cual contrasta con el pasado homofóbico y transfóbico del Poder Judicial” apunta la investigación.

“En efecto, la transformación del Judicial es radical y profunda cuando se recuerda que de todos los poderes del Estado es el que más ha aparecido en el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia, ocupando la Corte Suprema el primer lugar en los años 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2012 y el 2013, mientras que en 2014 quedó en el sexto puesto”, recuerda el estudio. “Nunca antes algún ente experimentó tal nivel de cambio en torno a los derechos LGBTI, aspecto que merece todos los aplausos y convierte al Judicial en el poder del Estado más progresista en la materia, lo cual sólo se mantendrá si se profundiza en la mima línea, al margen de cuáles sean las autoridades de turno”, apunta el informe.

 Exacerbación de diferencias en la Derecha

Otro “sello del 2017 es la exacerbación de las diferencias entre la Derecha política sobre los derechos humanos de las personas LGBTI, en tanto se hicieron más visibles que nunca los extremos: por un lado una deshumanizada homofobia y transfobia y por otro la promoción de la no discriminación, estando en el centro quienes rechazan la igualdad plena, pero evitan ofender o denigrar a través de sus discursos”, indica el informe.

Añade que “el proceso fue nítido en el contexto de las elecciones presidenciales, estando en la ultra-homofobia y transfobia los candidatos Manuel José Ossandón y José Antonio Kast y en el lado opuesto Felipe Kast, el primer abanderado de derecha en cuadrarse con el matrimonio igualitario”.

La investigación enfatiza que “las disputas públicas entre la derecha sobre temáticas LGBTI también se apreciaron en otros contextos, como le llegada a Chile del Bus del Odio, la campaña Arcoíris que insta a instituciones públicas y privadas a izar la bandera de la diversidad, los debates sobre la ley de matrimonio y la ley de identidad de género y la reunión del Comando de Piñera con el Movilh, hechos coyunturales que convirtieron al 2017 en el año con mayor exposición de las distintas posturas de la Derecha”. “El desafío para la Derecha será comprender que la no discriminación por orientación sexual e identidad de género es un tema de DDHH y que, en consecuencia, deben respetarse al margen de cualquier consideración política, ideológica o valórica. En caso contrario, simplemente no se respetan los derechos humanos, un talón de Aquiles para la Derecha cuando se trata de igualdad legal para las personas LGBTI”, apunta el estudio.

 61 hitos positivos, 6 negativos

El estudio destaca, por último, que el año “hubo 67 hechos de transcendencia que marcaron la historia de los derechos humanos de las personas LGBTI”.

En el plano de las políticas públicas, la Superintendencia de Educación lanzó una circular para proteger derechos de estudiantes trans; el Servicio de Salud de Reloncavi se transformó en el cuarto del país donde pueden gestionarse las cirugías de readecuación corporal; el Hospital Sótero del Río elaboró un programa sobre identidad género; el Minsal enfatizó su rechazo a las terapias reparativas de la homosexualidad; el Primer Plan Nacional de Derechos Humanos incorporó temáticas LGBTI; se publicó un sitio web estatal para informar y sensibilizar sobre el matrimonio igualitario y Bachelet se convirtió en la primera mandataria en dar un mensaje pro igualdad con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, al igual que la ministra de Educación Adriana Delpiano.

Además la Municipalidad de Providencia distribuyó entre sus funcionarios la circular número 1 sobre no discriminación, mencionando todas las categorías protegidas por la Ley Zamudio; su símil de Recoleta inauguró la Biblioteca Pública Pedro Lemebel; el municipio de Quellón organizó la Primera Marcha por la Inclusión y la Diversidad de la comuna y Las Condes y la Plaza de Tribunales de Concepción desplegaron la bandera de la diversidad. En tanto, las piletas de la Plaza Cruz, de la Plaza Bélgica y de las rotondas Paicaví y Lomas de San Sebastián, en la región del Biobío, fueron iluminadas con los colores del arcoíris, al igual que el Arco de la Universidad de Concepción.

En el plano legislativo se aprobó una reforma al Acuerdo de Unión Civil que extiende a los convivientes los 5 días de permiso laboral y la presidenta Bachelet presentó en el Congreso Nacional un Proyecto de Ley que Sanciona la Incitación a la Violencia Física y el Proyecto de Matrimonio Igualitario, lo cual fue antecedido por dos históricas ceremonias sobre la materia celebradas en La Moneda, en el marco del cumplimiento del acuerdo firmado ante la CIDH.

En el mismo ángulo, la bancada del PS presentó un proyecto de ley que sanciona la incitación al odio, parlamentarios de la Nueva Mayoría ingresaron una iniciativa que permite la adopción aparejas del mismo sexo y la Cámara de Diputados aprobó una resolución impulsada por el PC que rechazó los mensajes discriminatorios promovidos por el autodenominado “Bus de la Libertad”.

En el campo judicial hubo 107 sentencias favorables a los derechos humanos de las personas LGBTI y de las familias homoparentales, destacando la tuición de sus dos hijos entregada a un padre, pese al homofóbico rechazo de la madre, y un fallo que validó la determinación del juez Luis Fernández de cambiar el nombre y sexo legal de una niña de 5 años.

En el terreno cultural, académico y/o mediático el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) lanzó su primera guía contra la homofobia y la transfobia, la cinta “Una Mujer Fantástica” fue seleccionada para representar a Chile en la carrera por los Oscar; la Universidad Academia de Humanismo puso en marcha un reglamento que garantiza el respeto al nombre y sexo social de las personas trans; la Universidad de Chile se transformó en la primera Casa de Estudios en impartir un curso sobre la realidad de las personas LGBTI y la actriz Daniela Vega se convirtió en la primera mujer trans en participar de un spot publicitario.

En el campo social y de las movilizaciones, el Metro de Santiago adhirió con una campaña al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el Movimiento LGBTI celebró la Primera Muestra de Cine LGBTI en Aysén, la Primera Campaña contra la Homofobia en el Fútbol, la primera marcha del Orgullo en Punta Arenas y la Primera Marcha por el Interés Superior del Niño y de la Niña en Santiago, además de convocar al primer debate sobre el matrimonio igualitario organizado por la sociedad civil en el Congreso Nacional.

En tanto, el testimonio público de la joven Carla Aranda González, hija de una líder homo/tranfóbica, brilló al causar debate nacional e internacional y acelerar la tramitación de la ley de identidad de género

En la línea política, Guido Girardi leyó en Sala una declaración del movimiento LGBTI y Carolina Goic se convirtió en la primera presidenta de la DC y abanderada de ese partido en respaldar el matrimonio igualitario, al igual que Felipe Kast, pues fue el primer pre-candidato de Derecha en apoyar dicha ley.

En el escenario internacional la Corte Interamericana de DDHH estableció que el matrimonio igualitario y la protección y respeto de la identidad de género están garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos; el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que prohíbe la pena de muerte contra las personas que tienen relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo; la OEA dio luz verde a la “Resolución sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, donde incluye a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas; Chile y Canadá asumieron la co-presidencia de la Coalición por la Igualdad de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI); el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que Australia violentó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al negarse a rectificar la partida de nacimiento de una mujer trans casada y Luz de Luna (Moonligth), una cinta con temática LGBTI, ganó el Óscar como mejor película.

Los hitos negativos fueron las campañas de odio de los autodenominados buses de la “Libertad” y de la “Familia”; una querella que una ONG presentó contra el juez Luis Fernández porque había autorizado el cambio de nombre y sexo legal de una niña de 5 años; el despacho por parte del Senado de una propuesta de ley de identidad de género que excluye a niños, niñas y casados y patologiza a los mayores de 18 años; las ofensas contra la presidenta Bachelet en el Te Deum evangélico y el sensible fallecimiento el diseñador de la bandera LGBTI, Gilbert Baker.

Por último, en 2017 salió a la luz el primer crimen homofóbico cometido por agentes de la Dictadura.

Informe completo aquí

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas Chile, CitizenGO, Delitos de Odio, Discriminación, HazteOir, Homofobia, Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas, Lesbofobia, LGTBfobia, Luis Fernández Espinosa, Luis Losada, Marcela Aranda, MOVILH, Transfobia, Una mujer fantástica

Y exige además reformar la Ley Zamudio y terminar con abusos contra mujeres en razón de su orientación sexual o identidad de género, tras informe enviado por el Movilh, Miles y Amanda Jofré al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw)

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de Naciones Unidas expresó ayer a Chile su preocupación por la discriminación y abusos que padecen en nuestro país las personas en razón de su orientación sexual e identidad de género, recomendado una serie de medidas legislativas y de políticas públicas que fueron parte de un informe enviado al referente internacional por el Movimiento de Integración y Liberación (Movilh)  en alianza con la Corporación Miles y el Sindicato Amanda Jofré.

“Valoramos profundamente que el Cedaw tomara nota de lo que denunciamos. Más aún que lo propuesto en nuestro informe fuese exigido a Chile. La situación de las mujeres lesbianas, bi y trans en Chile es grave, con debilidades en el terreno legislativo y de las políticas públicas, lo cual fue ampliamente recogido por el Cedaw”, indicó el Movilh.

“Doble es el mérito del Cedaw, pues recomienda a Chile avanzar en la Ley de Identidad de Género, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y la reforma a la ley Ley Zamudio, por lo cual usaremos este texto para las reuniones que tengamos con las autoridades, a objeto de que entiendan que nuestras demandas, son también compartidas por la ONU”, finalizó el Movilh

Las preocupaciones

En sus observaciones finales, el Cedaw expresó su preocupación porque “el proyecto de Ley de identidad de género sigue pendiente”, “la Ley 20.609 (2012) sobre discriminación sigue siendo de alcance limitado y no incluye una definición integral de discriminación contra la mujer”.

Esto implica, añadió el Cedaw, una “falta de implementación efectiva de la Ley 20.609, junto con la carencia de un mecanismo judicial para juzgar los casos de discriminación” lo cual da paso a “un aumento en el número de casos de discriminación contra mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales”.

El Cedaw criticó además “la falta de disposiciones legislativas claras que prohíban los procedimientos médicos innecesarios a los lactantes intersexuales y los niños hasta que alcancen una edad en la que puedan dar su consentimiento libre, previo e informado”, así como “el apoyo inadecuado y la falta de recursos efectivos para las personas intersexuales, que se han sometido a procedimientos quirúrgicos médicamente innecesarios, a una edad muy temprana, a menudo con consecuencias irreversibles, lo que resulta en sufrimiento físico y psicológico a largo plazo”.

Basado en el informe del Movilh, Miles y el Sindicato Amanda Jofré, al Cedaw también le preocupó “el uso reportado de violencia por parte de agentes del Estado contra las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, la falta de datos sobre enjuiciamientos y condenas en tales casos”, y “las barreras discriminatorias que enfrentan las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales al acceder al sistema judicial”

Muy especialmente expresó preocupación porque “la legislación actual no incluye disposiciones claras con respecto a los derechos de filiación y los derechos de los padres para las parejas del mismo sexo; y no permite los procedimientos de adopción que reconocen a ambos padres”, todos aspectos denunciados por el Movilh, Miles y Amanda Jofré al Cedaw.

Recomendaciones

En ese sentido, el Cedaw recomendó a Chile:

–“Adoptar el proyecto de Ley de Identidad de Género con las enmiendas propuestas” por la sociedad civil organizada.

-“Adoptar el proyecto de Ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo (Boletín núm. 11422-07) y garantizar la protección de la filiación y los derechos de los padres”.

–“Adoptar medidas legislativas claras que prohíban explícitamente la realización de tratamientos quirúrgicos u otros tratamientos médicos innecesarios a niños intersex hasta que alcancen una edad en la que puedan dar su consentimiento libre, previo e informado; proporcionar a las familias con niños intersex un asesoramiento y apoyo adecuados; y asegurar que se brinde información a los profesionales médicos sobre la prohibición legal de intervenciones quirúrgicas u otras intervenciones médicas innecesarias para niños intersexuales”.

“Acelerar la aprobación del proyecto de ley sobre el derecho de Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Boletín No. 11077-07) y asegurar que la ley reconozca la interseccionalidad entre violencia y discriminación, afectando particularmente a las mujeres migrantes, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad y mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales

-“Modificar la Ley Nº 20.480 para ampliar la definición de femicidio a fin de incluir todas las muertes motivadas por motivos de género e intensificar las medidas para prevenir los femicidios y garantizar la investigación, levantamiento y condena de los perpetradores”

–“Proporcionar capacitación en profundidad para el poder judicial y otras autoridades estatales para abordar la discriminación y violación de derechos experimentados por lesbianas, bisexuales , mujeres transgénero e intersexuales.

– “Establecer procesos para eliminar las resoluciones y prácticas discriminatorias contra las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales dentro del sistema de justicia”

–“Garantizar que las víctimas de discriminación y violencia de género tengan acceso a recursos oportunos y efectivos que puedan consistir en la restitución, indemnización o rehabilitación, y alentar a las mujeres a denunciar incidentes de violencia de género, incluida la violencia doméstica, y garantizar que todos los casos de violencia contra la mujer se investigan efectivamente y que los autores son debidamente procesados”.

–“Mejorar la coordinación con el Congreso Nacional y la sociedad civil e incluir plenamente a los grupos desfavorecidos las mujeres en el diseño y la implementación de políticas y programas públicos, en línea con el artículo 2 de la Ley N ° 20.609”

–“Adoptar una estrategia general dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar la cultura machista y estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad. También recomienda que esta estrategia aborde las formas de discriminación contra las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes y las mujeres migrantes, así como las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales”

–“Abordar la falta de medidas de protección para garantizar la dignidad y la integridad de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, incluso sensibilizando a la opinión pública sobre sus derechos, en cooperación con la sociedad civil, y adoptar medidas para prevenir los delitos de odio y garantizar investigaciones, enjuiciamientos, condenas y el suministro de una reparación adecuada a las víctimas, incluida la reparación y la indemnización” y

–“Asegurar el acceso efectivo a la justicia para personas intersexuales que se han sometido a tratamientos quirúrgicos u otros tratamientos médicos innecesarios sin su consentimiento previo y considerar el establecimiento de un fondo de compensación estatal”.

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. CEDAW, Chile, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), Corporación Miles, Ley Zamudio, MOVILH, Naciones Unidas, Sindicato Amanda Jofré

Querida Presidenta, te echaremos de menos… Al tiempo…

Con motivo del término de Gobierno de la mandataria, el Movilh lanza un balance de los últimos 4a años de gestión, calificándola como la más progresista conocida hasta ahora.

El segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (2014-2018) dio saltos significativos para la no discriminación, la inclusión y la igualdad de derechos de las personas lesbianas gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales, transformándose en el más progresista en estas materias conocido hasta ahora en la historia del país.

Desde lo simbólico; aspecto relevante para el debate sociocultural y para la visibilidad; a lo concreto; que impacta directamente en la calidad de vida de las personas; la administración de Bachelet mejoró la situación LGBTI en políticas públicas, leyes y de derechos humanos, luciéndose sus gestiones para asegurar la permanencia de las transformaciones más allá de su gobierno y/o, si se quiere, para dificultar cualquier estancamiento o retroceso futuro.

Hubo altos y bajos, por cierto, y deudas no saldadas. También es efectivo que al momento de asumir Bachelet, las condiciones socioculturales estaban dadas para perfeccionar o ampliar los cambios que venían ocurriendo desde antes, lo cual es una realidad tanto local como internacional.

Sin embargo, hay elementos cruciales que explicitan, por si solos, la existencia de transformaciones selladas por la gestión de la mandataria y con impacto en la calidad para los derechos humanos LGBTI.

En primer lugar, y para comprender el proceso, debe recordarse que el gobierno previo de la mandataria (2006-2010) fue lamentable para la igualdad de derechos de las personas LGBTI, pues además de no cumplirse ninguna de las promesas electorales, obstaculizó las transformaciones que venían en ascenso desde 1991. Su segunda gestión, sin embargo, además de superar las deficiencias de la primera, avanzó más y mejor, pues en algunos casos rompió los límites de algunos de los grupos homo/transfóbicos de la época.

De la mano de lo anterior, viene el segundo punto. La mandataria pasó a ser la más criticada y rechazada por los sectores opositores a la igualdad, quienes con desesperación llegaron al extremo de ofenderla, agredirla y calumniarla con afirmaciones y calificativos tan deleznables como irracionales e inverosímiles.

El hecho más representativo de ello fue el Te Deum evangélico del 2017, donde la mandataria fue insultada (“vergüenza nacional”, “asesina”, “hija del demonio”) además de sufrir un montaje con fines político-electorales sin precedentes para perjudicar su gestión, sólo por su aporte a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI.

En otras palabras, la mandataria fue a todas luces víctima de la homofobia, de la transfobia y de la misoginia por liderar el avance de los derechos humanos para sectores históricamente postergados.

Más aún, la Presidenta y buena parte de sus ministros, ministras y otros servidores/as públicos/as efectivamente comprometidos/as con los derechos LGBTI, debieron sortear los rechazos u obstáculos a estos temas de figuras de su propio conglomerado, y por cierto, de aquella parte de la Oposición que tiene tintes abiertamente homo/transfóbicos.

La posibilidad de transformaciones chocó además con la baja de Bachelet en las encuestas luego de que en febrero del 2015 dos de sus parientes, su hijo Jorge Dávalos, y su nuera, Natalia Compagnon, fueran acusados de enriquecimiento ilícito o irregular, lo cual dinamitó la popularidad de la presidenta.

Pese a ello y a las variadas e injustas deslealtades que enfrentó en la arena política, Bachelet avanzó, lo que vuelve doblemente elogiable su aporte en temática LGBTI.

La administración de la Presidenta adquiere con propiedad el calificativo de progresista, cuando transformó a la prevención y erradicación de la homofobia y la transfobia en un compromiso de Estado que trasciende su gestión.

Tal aporte, el más significativo en materia LGBTI, ocurrió en 2016 cuando el Ejecutivo firmó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solución amistosa donde el Estado se comprometió a impulsar todas y cada una de las demandas de la población de la diversidad sexual y de género, entre esas el matrimonio igualitario.

Fue en este contexto que en 2017 la presidenta Michelle Bachelet presentó el proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario al Congreso Nacional y lanzó los primeros sitios web estatales sobre la plena igualdad para las parejas del mismo sexo y sobre la ley de identidad de género, previa realización de dos históricas ceremonias sobre la materia que encabezó en La Moneda.

En paralelo, la mandataria ingresó al Parlamento un proyecto de ley que sanciona la incitación a la violencia física, incluyendo a la población LGBTI como sector protegido, y dio, también desde el 2017, un decidido impulso al proyecto de ley de identidad de género.

Además de presentarse proyectos, se promulgaron leyes. A tal punto que se pasó de una sola norma que mencionaba explícitamente a los derechos de las personas LGTI, la Ley Zamudio 20.609, a contar con cinco más que protegen las categorías de orientación sexual e identidad de género y/o a las parejas del mismo sexo.

Durante el mandato fueron promulgadas la Ley 20.750 que Permite la Introducción de la Televisión Digital Terrestre (2014), la Ley 20.830 que crea el Acuerdo de Unión Civil (2015), la Ley 20.968 que Tipifica los Delitos de Tortura y de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (2016), la Ley 20.940 que Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales (2016) y la Ley 21.042 que extiende a los convivientes civiles los 5 días de permiso laboral de los casados (2017). A estas se suman la Ley que Crea la Subsecretaría de Derechos Humanos (2015), que si bien no menciona explícitamente a la diversidad sexual y de género, hace clara referencia a los principios antidiscriminatorios de la Ley 20.609.

En el campo de las políticas públicas la situación fue similar.

En el área educacional, la administración de Bachelet partió por desbloquear el acceso a sitios web de los grupos LGBTI desde establecimientos escolares (2014), por pedir a las escuelas que dejaran de recomendar el homofóbico libro “Juventud en Extasis II” (2014) y por patrocinar el primer libro infantil sobre diversidad familiar “Nicolás tiene dos papás” (2014).

Luego, el Mineduc lanzó la Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018, donde garantiza la no discriminación a la diversidad sexual y de género (2015), e incorporó en las efemérides del Calendario Escolar el Día Internacional contra Homofobia y la Transfobia (2015-2016), mientras que en el marco del Acuerdo por la Igualdad la Superintendencia de Educación lanzó la circular “Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la Educación” (2017) y el el texto “Orientaciones para la inclusión de las personas LGBTI en el sistema educativo” (2017, actualizado el 2018). A estos se sumó la edición y distribución en colegios de todo el país de la más amplia documentación sobre derechos LGBTI, en el marco de la una nueva Política en Educación, Sexualidad, Afectividad y Género. Se trata de los textos Orientaciones para la participación de las comunidades educativas”,  “Orientaciones para promover espacios de participación y sana convivencia escolar”,  más dos polípticos sobre salud sexual y reprodutiva  y otro sobre prevención de la violencia.

En Salud, el Hospital San Juan de Dios de La Serena (2014), el Servicio de Salud de Reloncavi (2017) y el Hospital Sótero del Río (2018) se sumaron a los de Valparaíso y Talcahuano donde las personas trans pueden gestionar las cirugías de readecuación corporal, mientras que el Minsal lanzó una circular que impide someter a intervenciones a los recién nacidos intersex hasta que puedan decidir sobre sus propios cuerpos (2015), anuló una polémica y discriminatoria reforma que buscaba asociar a personas gays y trans con el Virus Papiloma Humano y la Hepatitis B (2016) y por primera vez rechazó las terapias reparativas de la homosexualidad, advertencia que replicó un año más tarde (2016-2017)

En el campo laboral, el Ministerio del Trabajo, Tricolor y el Movimiento LGBTI firmaron el primer convenio tripartito contra la homo/transfobia (2015); la Dirección del Trabajo emitió un dictamen que adecuó el principio de no discriminación a lo establecido en la Ley Zamudio (2014) y resolvió, antes de la existencia de una legislación, que los cinco días de permiso laboral para quienes contrajeran matrimonio también eran aplicables a los convivientes civiles del sector privado (2016). Por su lado, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) otorgó igual derecho a sus trabajadores/as (2015).

En el terreno de la estadísticas, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, Casen, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social, incluyó consultas sobre la diversidad sexual y de género (2015-2016), mientras que el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv, perteneciente a esa cartera) se lució al dar las señales más progresistas de su historia para los derechos LGBTI: auspició eventos contra la homo/transfobia, fue el primer servicio en izar la bandera del arcoíris en todo el país, creó Comisiones Regionales de la Diversidad Sexual y de Género y distinguió a activistas mujeres que luchan contra la lesbofobia y transfobia (2014-2018).

En tanto, el Servicio Nacional de Menores (Sename) destacó al pronunciarse a favor de la adopción y filiación homoparental, llegando incluso a organizar un seminario sobre la materia, y al declarar idóneas para adoptar a parejas del mismo sexo (2015).

A la par, Bachelet lanzó en 2017 el Primer Plan Nacional de Derechos Humanos, incorporando las temáticas LGBTI.

En el terreno de los derechos humanos, la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Movimiento de la Diversidad Sexual y de Género desarrollaron un programa para orientar y ayudar a las personas LGBTI víctimas de la violencia (2016-2018), mientras que el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género consideró, al menos discursivamente, como femicidios los asesinatos de lesbianas o bisexuales en manos de sus parejas del mismo sexo (2016).

En el campo internacional el Ministerio de Relaciones Exteriores jugó un rol difícil de superar. Junto con gestionar que el Estado y el Movilh lograran finalmente en 2016 firmar el Acuerdo por la Igualdad ante la CIDH, la Cancillería apoyó todas las resoluciones sobre orientación sexual e identidad de género en órganos multilaterales y lideró y empujó varias iniciativas en el extranjero.

En efecto, en la ONU Chile dio su voto favorable a dos resoluciones sobre “Orientación Sexual e Identidad de Género” aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos ( 2014-2016) y a una tercera que prohíbe la pena de muerte contra las personas que tienen relaciones sexuales con otras de su mismo sexo (2017). Además el Estado rechazó en la ONU una resolución que consideraba como válida sólo a la familia compuesta por una madre, un padre e hijos (2014), y junto a Estados Unidos consiguió que el Consejo de Seguridad abordara los derechos LGBTI (2015), lo cual nunca antes había ocurrido.

Más aún, en 2015 por primera vez en la historia una presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se manifestó a favor de los derechos LGBTI en la Asamblea General de la ONU y, un año más tarde, la mandataria se refirió en el mismo lugar a los compromisos del Acuerdo por la Igualdad que firmó con el Movimiento LGBTI.

Con anterioridad, en 2014, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay habían leído en la ONU una declaración conjunta a favor de los derechos de la diversidad sexual y de género.

En la OEA, en tanto, el Estado chileno dio su voto favorable a dos resoluciones sobre “Promoción y Protección de los Derechos Humanos” que incluyen a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas (2016 y 2017) y a otra específica sobre derechos LGBTI (2014), además de suscribir la “Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” (2015).

A la par, en 2017 Chile y Canadá asumieron la co-presidencia de la denominada Coalición por la Igualdad de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI), una instancia lanzada en 2016, y junto a otros siete países nuestro Estado creó el Grupo de Trabajo LGBTI de la OEA (2016).

Además, Chile y otros 54 países lanzaron el “Llamamiento Ministerial a la acción para una Educación inclusiva y equitativa para todas y todos los educandos en un entorno exento de discriminación y violencia” (2016), mientras que la Cancillería chilena marcó distancia con Irán en materia de derechos humanos de la diversidad sexual y de género, en el marco de la visita a Santiago del ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, un hecho inédito (2016).

Por último, el Departamento de Extranjería lanzó una circular que permite a los matrimonios igualitarios y uniones civiles contraídos en el extranjero optar a la residencia en Chile (2015) y, junto a otros Estados, nuestro país firmó en Washington una declaración contra la homofobia y la transfobia (2014).

El Ministerio Secretaría General de Gobierno hizo lo suyo al impulsar en el Parlamento y el mundo partidario la última tramitación del Acuerdo de Unión Civil y acelerar desde el 2017,  bajo la conducción de la ministra Paula Narváez, la tramitación del Proyecto de Ley de Identidad de Género, en medio de una oposición que en muchas ocasiones provenían de sectores de alianza oficialista.

En los ámbitos más simbólicos la Presidenta marcó hitos de carácter histórico: permitió iluminar La Moneda con los colores del arcoíris con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia (2016-2017), dio un mensaje en el marco de tal fecha (2017), ambos hechos pioneros y conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en compañía de la actriz Daniela Vega (2018)

Como en todo, sin embargo, hubo puntos negativos bajo la administración de Bachelet: la presentación de la ley de matrimonio igualitario a sólo seis meses de terminar su mandato, la preocupación solo en el último año de Gobierno por la tramitación de la ley de identidad de género  y, muy lamentablemente, los atropellos a derechos humanos cometidos en determinados órganos públicos, lo cual se suma a la indiferencia de algunas carteras para impulsar transformaciones.

Son los casos del Ministerio de Defensa, que sólo dejó en el papel las políticas antidiscriminatorias sin contribuir a promover los derechos de los/as uniformados/as LGBTI que fueron denigrados/as por su orientación sexual, lo cual fue un retroceso, pues las FFAA venían por un excelente camino de apertura hasta el 2014.

En tanto, en 9 fallos distintos, dos de ellos de la Suprema, se demostró que Gendarmería tortura, agrede y/o discrimina a internos/as LGBTI, siendo incapaz el Ministerio de Justicia de resolver estos problemas pese a continuas peticiones del movimiento de la diversidad sexual y de género. Situaciones similares se vivieron en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cuya representación en el Maule fue sancionada por homofobia laboral, y en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que fue indiferente a la discriminación padecida por una madre bisexual en una Casa de Acogida, además de no implementar ninguna política focalizada en mujeres trans, ni formalizar los buenos discursos pro-igualdad a favor de lesbianas y bisexuales en alguna circular u instructivo.

En un ángulo parecido, el Ejecutivo se mantuvo al margen de los ataques verbales o físicos padecidos por defensores de DDHH LGBTI y en la casi totalidad de los abusos más públicos contra las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género no fijó una condena pública, pese a ser necesaria tal gestión para aminorar la sensación de impunidad de que gozan los victimarios.

El Ministerio de Salud, en tanto, fue totalmente ineficiente en el combate del VIH/SIDA al punto de  convirtir al país en el que más aumentó casos en América Latina. El Minsal tampoco cumplió ni en lo básico algunos de los acuerdos pro derechos LGBTI asumidos por el Estado ante la CIDH, además de ser incapaz para regular formalmente los recursos que Fonasa otorga al proceso de readecuación corporal de las personas trans, pese a que tal demanda se formuló apenas asumió el Gobierno.

Finalmente, algunas autoridades oficialistas establecieron alianzas  con el movimiento social según simpatías o coincidencias políticas-ideológicas, en vez de garantizar un trato igualitario y justo a la sociedad civil (lo cual de paso afecta la labor del funcionario público), mientras que el Estado no derogó y/o reformó los artículos 365 y 373 del Código Penal, aún cuando lo primero es una exigencia formulada en 2007 por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y lo segundo fue pedido al país desde su Primer Examen Periódico Universal, en 2009.

En términos generales, sin embargo, el Gobierno de Bachelet resultó ser el más progresista conocido hasta ahora en materia de derechos humanos de las personas LGBTI, mereciendo por ello un gran reconocimiento de parte de la población LGBTI.

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Chil, Derechos LGTBI, Gobierno, Michelle Bachelet, MOVILH

El Movilh además considera que el Ministerio de Desarrollo Social debe incorporar el vocablo “familias” en vez de “familia”. Las temáticas son parte del acuerdo que el Estado de Chile selló con el Movilh ante la CIDH.

Luego de que el presidente Sebastián Piñera llamara a un Acuerdo Nacional por la Infancia, anunciara una reforma a la Ley de Adopciones y un nuevo nombre para el Ministerio de Desarrollo Social, el Movilh dijo esperar que tales transformaciones “tengan una perspectiva de derechos humanos y no discriminación, tal cual como el Estado de Chile lo comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

El vocero del Movilh, Óscar Rementería, precisó que “un Acuerdo Nacional por la Infancia sin duda debe incluir a todos los niños y niñas, sea cual se su orientación sexual e identidad de género, y garantizar respeto e igual dignidad y derechos a las diversas familias. Todo ello enmarcado en el Interés Superior del Niño”.

En tal sentido, anunció que, “como Movilh nos sumaremos al debate por un Acuerdo Nacional de la Infancia y esperamos que la ley de identidad de género incluya a niños y niñas y que la reforma a la Ley de Adopciones contemple a las parejas del mismo sexo. Lo único que debe importar es el interés superior del niño y eso pasa por buscar la mejor familia posible para los menores de 18 años, lo cual en nada se relaciona con la orientación sexual o la identidad de género de quienes los tienen bajo cuidado”.

“El interés superior del niño no es un concepto antojadizo, ni arbitrario, ni obedece a creencias religiosas o ideológicas de ningún tipo. Esperamos que ello sea comprendido, muy en particular al recordar que la adopción homoparental es un compromiso que el Estado firmó con nuestra organización ante la CIDH y que debe cumplirse”, dijo Rementería.

El vocero del Movilh puntualizó que “en paralelo haremos gestiones para que el nombre del nuevo ministerio de desarrollo social incorpore el concepto “familias”, en vez de “familia”. La sociedad, la cultura, la jurisprudencia y las leyes y políticas pública aprobadas por Chile en la última década dan cuenta de que existe una diversidad familiar y que todas las formas de construir familia merecen respeto”.

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Acuerdo Nacional por la Infancia, Familias Homoparentales, Ley de Adopciones, MOVILH, Óscar Rementería, Sebastián Piñera

Los 5 documentos fueron trabajados por el Mineduc y el Movilh en el marco del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa firmado ante la CIDH

Los textos escolares que se distribuyen cada año a los colegios van acompañados este 2018 de un inédito dosier sobre educación en sexualidad, afectividad y de género que aborda los derechos de los estudiantes lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) que fueron trabajados por el Mineduc y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Se trata de tres libros y dos cartillas, la más amplia documentación sobre la materia distribuida hasta ahora en los colegios, que incluyen de manera oficial a la realidad LGBTI en el Plan de Formación Ciudadana y el Programa de Sexualidad, Afectividad y Género con el objetivo de que sean trabajados en las aulas, desde la etapa parvularia.

Los textos se denominan “Orientaciones para la partipación de las comunidades educativas” (pronto online), “Orientaciones para promover espacios de participación y sana convivencia escolar”, más una versión actualizada del libro “Orientaciones para la inclusión de las personas LGBTI en el sistema educativo chileno”. A estos se añaden dos polípticos sobre sobre salud sexual y reprodutiva  y otro sobre prevención de la violencia, los cuales pueden además usarse como póster.

Con tales textos, se cumple una parte del Acuerdo de Solución Amistosa  el Estado de Chile firmó con el Movilh ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se implementa la política educación pro derechos LGBTI más integral conocida hasta ahora en Chile”

“Valoramos profundamente estos avances liderados por la ministra de Educación, Adriana Delpiano, y por el equipo de la Unidad de Transversalidad Educativa de la División de Educación General, con la cual trabajamos codo a codo estos valiosos documentos”, apuntó el Movilh

Contenidos de textos escolares

Junto a una versión más actualizada y precisa del texto las “Orientaciones para la inclusión de las personas LGBTI en el sistema educativo”, los nuevos libros permiten hablar de una política integral a favor de los derechos de la diversidad sexual y de género.

En efecto, el libro “Orientaciones para la participación de las comunidades educativas”, enmarcada en el Plan de Formación Ciudadana del Mineduc, tiene por fines “significar las formas de participación ya conocidas” e invita a “crear otras nuevas; a revisar los espacios, estructuras y condiciones que se presentan para la participación”, dando para ello información normativa, conceptual y guía de trabajos prácticos.

Entre otros, se incorpora a la Ley Zamudio 20.609 y a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña como contexto normativo. En este punto, conviene recordar que la Observación General Número 15 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU reinterpretó el artículo 2 de la Convención, extendiendo el principio de no discriminación a las personas.

El libro “Orientaciones para la participación…” establece además la necesidad de generar espacios garantizados de no discriminación a la diversidad sexual y de género y, muy especialmente, sugiere actividades para tratar la temática en reuniones con apoderados de enseñanza básica o media y en la sala de clases.

En tanto, el documento “Orientaciones para promover espacios de participación y sana convivencia escolar”, analiza y define la inclusión, los derechos humanos y la no discriminación y enfatiza las razones de abordar las exclusiones arbitrarias en las aulas.

En este plano se aborda de manera específica la discriminación por orientación sexual y la identidad de género, dándose especial relevancia a la doble vulnerabilidad.

“Si bien existen vivencias comunes de exclusión en todas las mujeres, a causa de su sexo, aquellas cuya orientación sexual no es la heterosexual vivirán estas exclusiones en formas particulares. Desde esta perspectiva, lo central es comprender que las lógicas discriminatorias funcionan en distintos niveles para actuar contra ellas y lograr su superación”, indica el texto.

“Es necesario no hacer generalizaciones en nombre las personas LGBTI y dar cuenta de las formas particulares de discriminación que pueden experimentar sus miembros. Así, mientras gays y lesbianas pueden sufrir de malos tratos y/o no poder expresarse cabalmente dentro del espacio escolar, sobre ellas, pesa también la cultura patriarcal, que reproduce la idea de que las mujeres tienen menos derechos para ejercer la sexualidad (sea ésta dirigida a igual o distinto sexo). Estudiantes transexuales por otro lado, se desenvuelven habitualmente en establecimientos educacionales donde no se respeta su identidad de género, es decir, su nombre y sexo social”, añade el documento.

“Los y las adolescentes lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) son víctimas habituales de la discriminación arbitraria, no sólo en el espacio escolar, sino muchas veces también en sus familias”, puntualiza el texto, junto con proponer actividades para enfrenar estas y otras formas de exclusión arbitraria.

Los polípticos, por tanto, abordan mecanismos para la salud sexual y para enfrentar y erradicar la violencia en las escuelas, haciendo mención a la situación particular de personas LGBTI.

Fuente MOVILH

Biblioteca, General Acuerdo de Solución Amistosa, Ámbito educativo, Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña, Ley Zamudio 20.609, Mineduc, MOVILH, Plan de Formación Ciudadana

Así lo reportó el Movilh en el marco del Día Internacional de la Mujer. El organismo lamentó que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género carezca de toda política para hacer frente a la violencia contra trans.

Un total de 908 mujeres lesbianas, bi y tran han denunciado en Chile atropellos en razón de su orientación sexual desde el 2002 a la fecha,  en un contexto donde solo el 8% se atreve a reportar abusos, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la vocera del Movilh, Cristina Poblete, precisó que “los abusos van desde agresiones físicas y verbales hasta asesinatos, pasando por violencia intrafamiliar y negación  u obstáculos para el ejercicio de derecho básicos en los campos de la salud, la educación,  el trabajo y el reconocimiento a  la identidad”. “Son mujeres que sufren, y sufrimos, dobles o triples formas de discriminación y abusos, lo cual se agudiza cuando las afectadas pertenecen a zonas pobres o carecen de educación. En torno a la múltiples forma de exclusión el Estado de Chile no ha implementado ninguna política pública”, añadió.

Poblete redondeó que “igual de lamentable es que el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, y antes el Sernam, no han creado desde la recuperación de la democracia ninguna política para hacer frente a los abusos que padecen las mujeres trans”. “Las mujeres trans no son recibidas en las Casas de Acogida cuando son violentadas por sus parejas, ni siquiera son consideradas en las estadísticas de los femicidios. Se trata de una situación extrema frente a la cual el Estado ha sido sordo, ciego y mudo”, criticó Poblete.

La dirigente recordó que en 2016 el Estado firmó un compromiso con el Movilh ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género implementara medidas a favor de las trans. “Pero nada de ello ha ocurrido hoy. La deuda es gravísima e instamos a saldarla en breve”, finalizó Poblete

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Casas de Acogida, Chile, Cristina Poblete, Día Internacional de la Mujer, Lesbianas, Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, MOVILH, Mujer, Transexualidad

Ampliamos la noticia de la que ya dimos cuenta ayer viernes…

Daniela Vega ha vuelto a Chile. Junto con el equipo de Una mujer fantástica, la actriz ha sido recibida por la todavía presidenta Michelle Bachelet. Y a la salida del Palacio de La Moneda ha pronunciado un breve pero contundente discurso, en el que denuncia que a día de hoy su país continúe negándole a ella y al resto de las personas trans su derecho a ver reconocido legalmente su identidad. “En mi carnet hay un nombre que no es mi nombre”, ha destacado. Entretanto, espoleado por el hecho de que el Óscar para una película tan valiente haya llegado antes que la ley de identidad de género (que lleva esperando casi cinco años) el Congreso de Chile parece que por fin se apresura a dar los pasos finales. Veremos si culmina el proceso…

“La gente trans existió desde el día 1 de existencia de la humanidad”, arrancaba el discurso de Daniela Vega, que alababa la capacidad del cine, y del arte en general, para contribuir a la mejora de la humanidad y explorar sus límites. “Y esta película propone donde están los límites de la empatía, qué cuerpos pueden habitarse, qué amores son o no conquistables, y quién pone esa barrera. Esta película lo que hace es preguntarse cosas, es cuestionárselo todo, desde el género, la familia, el amor, la muerte, la vida…”, continuaba. Pero Daniela Vega no se limitaba a hablar de la película en la que tan magistralmente interpreta a una mujer despreciada por la familia de su pareja, recientemente fallecida, y discriminada por su condición de mujer trans. La actriz denunciaba su propia situación en la vida real: “En mi carnet hay un nombre que no es mi nombre, porque el país en el que yo nací no me entrega esa posibilidad, y el tiempo pasa, y el reloj corre, y la gente se va, esperando eso…”:

Una noticia que ilustra bien la situación de Daniela Vega es el hecho de que la Municipalidad de Ñuñoa, que hace solo unos días anunciaba el nombramiento de la actriz como “hija ilustre”, haya dado marcha atrás por las “dificultades administrativas”que supone inscribirla con un nombre distinto al que aparece en sus documentos oficiales, y haya decidido en su lugar crear un “premio comunal a las Artes” con el que homenajearla.

Empujón al proceso de aprobación de la ley de identidad de género

Esta semana hacíamos, de hecho, un repaso a la situación del proyecto de ley de identidad de género en Chile, que comenzó a tramitarse hace casi cinco años. Ahí comentábamos que ya había pasado por Senado (primero) y por Cámara de Diputados (después), que habían aprobado dos versiones distintas. La de la Cámara de Diputados era mucho más avanzada y próxima a las demandas de los colectivos, pero en el último momento la falta de aprobación de un artículo dejaba en un limbo legal la situación de los menores transexuales. En cualquier caso, al tratarse de dos textos distintos, la propuesta debía volver de nuevo al Senado y pasar después, en caso de que este rechazase el texto de la Cámara de Diputados, a una fase de conciliación entre las dos cámaras.

Y así ha sido lo que ha sucedido, de hecho: el Gobierno de Bachelet declaraba por fin el proyecto como de “suma urgencia” y forzaba su paso por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que rechazaba las mejoras introducidas por la Cámara de Diputados. Sobre el papel ello podría considerarse una noticia negativa, pero en la práctica supone que ahora debe ser una comisión mixta Senado-Cámara de Diputados la que debe llegar a un acuerdo.

Y es en este paso final del procedimiento en el que los activistas LGTB tienen depositadas las esperanzas de que el proyecto más avanzado se imponga, corrigiéndose si es posible el “agujero legal” sobre los menores transexuales al que dio lugar la votación de la Cámara de Diputados (por un lado, se rechazó una propuesta que restringía el cambio de nombre y sexo legal a los mayores de 18 años, mientras que por otro, por falta de quórum, fue rechazado el artículo que definía los pasos que debían seguir los menores para rectificar su partida de nacimiento). “Si bien es cierto la Cámara de Diputados había mejorado en enero pasado el deficiente proyecto que le había enviado el Senado, no todo estaba resuelto, por lo que lo mejor era pasar a Comisión Mixta y sin la revisión de una Comisión que había sido hostil a esta iniciativa durante cuatro años de tramitación”, ha expresado el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH).

Estaremos atentos a lo que sucede, que será ya con un Congreso renovado (este próximo 11 de marzo comienza su andadura una nueva legislatura).

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Una mujer fantástica ha ganado el Óscar a la Mejor película en lengua no inglesa. Es la primera vez que una película chilena lo logra. Su protagonista, Daniela Vega, ocupa las portadas de los periódicos de su país. La presidenta saliente, Michelle Bachelet, se felicita en Twitter. Lo mismo hace el presidente entrante, Sebastián Piñera. La municipalidad de Ñuñoa, en Santiago de Chile, quiere nombrar a Vega hija ilustre. Sin embargo, la actriz que pasea el nombre de Chile por todo el mundo se ve obligada a viajar con pasaporte masculino. Hace casi cinco años que comenzó en el Congreso de Chile la tramitación de una ley de identidad de género, y en todo un lustro los políticos chilenos han sido incapaces de aprobarla. Pocas veces como tras el Óscar a Una mujer fantástica queda al descubierto la hipocresía de la clase política (o al menos de una parte importante de ella) cuando de derechos LGTB se trata. 

La legislación sobre identidad de género comenzó a tramitarse en Chile en mayo de 2013. Tuvieron que pasar más de cuatro años para que por fin, en junio de 2017, nos hiciéramos eco de la aprobación del proyecto por el Senado chileno. Lo hacíamos, eso sí, en tono agridulce: el proyecto suponía pocas mejoras sobre la situación actual, al mantener la tutela judicial y la patologización de la transexualidad (exigía informes médicos con carácter obligatorio) y al excluir a menores y a personas casadas.

Por fortuna, tras la presión y denuncia de los colectivos, el proyecto resultó sensiblemente mejorado a su paso por la Cámara de Diputados: los mayores de 18 años, según esta nueva versión, podrán cambiar su nombre y sexo legal con un trámite administrativo en el Registro Civil sin necesidad de ningún tipo de certificado médico o psicológico (aunque en el caso de personas casadas el trámite deberá realizarse en tribunales de familia).

El proyecto, tal y como fue despachado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, posibilitaba también que los menores de 18 años pudiesen solicitar su cambio de nombre y sexo legal, aunque en este caso la decisión sí debía recibir el visto bueno de los tribunales de familia y el menor se veía obligado a contar con el consentimiento de sus padres, madres o tutores legales, además de aportar certificados o testimonios que acreditasen la identidad de género. En cualquier caso, ello suponía una sensible mejora sobre el proyecto que fue aprobado por el Senado, que negaba a los menores cualquier posibilidad de ver legalmente reconocida su identidad. Sin embargo, cuando llegó la hora de votar artículo a artículo la ley, de nuevo los políticos chilenos fallaron a sus conciudadanos LGTB. Por un lado, se rechazó una propuesta que restringía el cambio de nombre y sexo legal a los mayores de 18 años, mientras que por otro, por falta de quórum, también fue rechazado el artículo que definía los pasos que debían seguir los menores de 18 años para rectificar su partida de nacimiento. Niños, niñas y adolescentes trans quedaban así atrapados en un “limbo legal” de díficil solución… a no ser que se corrija el proyecto. “Tal ambigüedad, que vuelve agridulce la jornada de hoy, deberá resolverla una Comisión Mixta”, expresaba en su momento el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH).

En estos momentos, y como muy pedagógicamente muestra en la siguiente infografía la Fundación Iguales (otro colectivo LGTB chileno), el texto debe ser examinado de nuevo por la Comisión de Derechos Humanos del Senado y pasar después a una fase de conciliación entre las dos cámaras:

Este es el status actual del proyecto de ley de identidad de género. Seguimos trabajando y empujando por los derechos de la diversidad. https://t.co/JezrMA9XyP pic.twitter.com/8LfpHWTcmN

— Fundación Iguales (@IgualesChile) 1 de marzo de 2018

Un proceso que podría mejorar el proyecto o quizá suponer retrocesos sobre lo aprobado. Con la dificultad añadida de que en muy pocos días (el 11 de marzo) un nuevo y muy fragmentado Congreso, resultante de las elecciones del pasado noviembre, comienza su andadura. Ese día también se producirá el relevo presidencial, de forma que el conservador Sebastián Piñera asumirá de forma efectiva la presidencia del país.

“Chile ha hecho historia con un guión que expone lo peor y mejor de nuestro país. Sin ir más lejos, Daniela Vega está representando a todo un país ante el mundo con un pasaporte que no respeta su nombre, ni su género. Representa a un país cuyas leyes violentan sus derechos humanos más básicos”, expresaba este mismo lunes el MOVILH. “La felicidad de gobernantes y legisladores por el triunfo de Una mujer fantástica exige como mínima coherencia dar discusión inmediata a la ley de identidad de género, protegiendo derechos de personas trans desde su niñez y sin letras chicas. Una ley que no incorpore a niños y niñas es lapidar la infancia de las personas trans. Eso el Estado de Chile no lo puede seguir tolerando”., ha añadido su portavoz, Rolando Jiménez.

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que en enero de este mismo año la Corte Interamericana de Derechos Humanos daba a conocer una contundente opinión consultiva en la que entre otras cosas se considera que el cambio de nombre, la adecuación de la imagen, así como la rectificación a la mención del sexo o género en los registros y en los documentos de identidad para que estos sean acordes a la identidad de género autopercibida es un derecho protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Como consecuencia, los Estados están en la obligación de reconocer, regular y establecer los procedimientos adecuados para tales fines. La Corte Interamericana, además, especifica cuáles deben ser las condiciones mínimas a las que deben adecuarse estos procedimientos. Entre ellas, no deben incluir la exigencia de certificaciones médicas o psicológicas patologizantes ni requerir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o tratamientos hormonales.

Teniendo en cuenta que Chile es uno de los países que acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana, lo lógico sería que la ley de identidad de género sea aprobada ya respetando dichas premisas. Y así lo expresaba la todavía Presidenta Michelle Bachellet

El creciente consenso en torno a que Chile tenga una ley de identidad de género, debe transformarse en hechos concretos. Por ello, decidí darle suma urgencia al proyecto que está en su última etapa en el Congreso. ¡Las personas transgénero no pueden seguir esperando!

— Michelle Bachelet (@mbachelet) 6 de marzo de 2018

Veremos sí es así, se preguntaba Dosmanzanas… Hoy podemos de cir que, anteayer…

El Senado despachó a Comisión Mixta el Proyecto de Ley de Identidad de Género

Luego de que el Gobierno diese discusión inmediata a la tramitación en medio del debate causado por “Una Mujer Fantástica”

El Senado rechazó anoche las modificaciones a la Ley de Identidad de Género propuestas por la Cámara de Diputados, diferencia que deberá ser zanjada por una Comisión Mixta cuya composición se conocerá tras el cambio de mando.

La medida se adoptó luego de que el Gobierno elevara de suma urgencia a discusión inmediata el proyecto, lo cual llevó al Senado a eximir a la iniciativa del examen de su Comisión de Derechos Humanos, que presidente Jacqueline Van Rysselberghe,  y a despacharla a Comisión Mixta.

“Si bien es cierto la Cámara de Diputados había mejorado en enero pasado el deficiente proyecto que le había enviado el Senado, no todo estaba resuelto, por lo que lo mejor era pasar a Comisión Mixta y sin la revisión de una Comisión que había sido hostil a esta iniciativa durante 4 años de tramitación”, dijo el Movilh.

En efecto, en junio pasado el Senado despachó su propuesta de ley de identidad de genero, la cual al igual que el proyecto original excluía a los niños, niñas y adolescentes y a las personas casadas, además de exigir certificados psiquiátricos o psicológicos a los mayores de 18 años para cambiar su nombre y sexo legal en el Registro Civil, entre otras deficiencias.

La Cámara de Diputados mejoró todos essos problemas, pero dejó un vacío: si bien incluyó a niños y niñas, no reguló el proceso judicial o administrativo que les permitirá cambiar su nombre o sexo legal, resultando así necesaria la Comisión Mixta,.

Tras ser analizado por la Comisión Mixta, el proyecto será sometido a votación de las salas del Senado y de la Cámara.

El efecto de Una Mujer Fantástica

En clara referencia al debate causado por la cinta “Una Mujer Fantástica”, y horas antes de la revisión en sala del Senado, la presidenta Bachelet sostuvo, como aparece más arriba,  ayer en twitter que “el creciente consenso en torno a que Chile tenga una ley de identidad de género, debe transformarse en hechos concretos. Por ello, decidí darle suma urgencia al proyecto que está en su última etapa en el Congreso. ¡Las personas transgénero no pueden seguir esperando!”.

En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez (cuyas gestiones lograron en  poco más de año acelerar y superar tres años previos de lenta y engorrosa tramitación de la ley), dijo que si bien “lo deseable habría sido tener despachado el proyecto de ley (…) es importante que hayamos logrado concluir el tercer trámite, porque era lo que nos habíamos propuesto”.

“Cada uno de estos pasitos son fundamentales para el resultado final” , redondeó, junto con valorar que “Una Mujer Fantástica” hubiese instalado “en el debate público una realidad que han vivido las personas trans durante todo este tiempo, sin reconocimiento y sin garantía de sus derechos”.

Minutos después del despacho del proyecto en el Senado, el equipo de “Una Mujer Fantástica” se reunió en el Palacio de La Moneda con al presidenta Michelle Bachelet

En la ocasión la actriz Daniela Vega sostuvo que “en este país hoy, en el que yo regreso con el equipo feliz, en mi carnet hay un nombre que no es mi nombre, y es porque el país donde yo nací no me entrega esa posibilidad”. “Una y otra vez se ha ido postergando” el proyecto de ley de identidad de identidad de género, dijo para cuestionar que “¿No es más caro tener en la Comisión de Derechos Humanos 5 o más años una ley que puede ser despachada en 6 sesiones porque no le cuesta un peso al Estado?”.

Por su lado, el Movilh apuntó esta jornada que “el cine ha demostrado ser una poderosa herramienta para los cambios políticos, por tanto de parte del movimiento LGBTI los/as creadores/as y responsables de “Una Mujer Fantástica” merecen un doble aplauso. Además de dar un Oscar a Chile, han contribuido a acercar una ley necesaria, que suma casi 5 años de tramitación legislativa y más de 10 años debate público”.

Fuente Dosmanzanas/MOVILH

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En el marco de los arreglos para el traspaso de mando. El Movilh valoró que los derechos LGBTI fuese uno de los temas debatidos y recordó que el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género son un compromiso de Estado, y en cuanto tal involucra al Gobierno.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) dijo hoy “mirar con buenos ojos” que los derechos de la diversidad sexual y de género fueran una de las temáticas abordadas ayer por la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, y su sucesora, Cecilia Pérez, además de recordar que “que el matrimonio igualitario es un compromiso de Estado y como tal involucra al gobierno”.

Tras la cita Narváez sostuvo que la “reunión que hemos sostenido ha sido de carácter informativo, una reunión muy fructífera, muy productiva, y hemos traspasado lo que han sido los principales elementos de la agenda ministerial, poniendo énfasis en lo que hemos avanzado en materia de diversidad sexual (…) Lo que consideramos un importante logro, el haber podido ingresar el proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario y también haber avanzado de manera importante en la tramitación del proyecto de Ley de Identidad de Género“, informó Narváez

En tanto, Pérez señaló que “siempre ha estado en la preocupación del presidente Piñera la reivindicación de los derechos de todas las personas y por cierto de la agenda de diversidad de género, ya que le interesa poder hacer los esfuerzos para que en nuestro país vayamos avanzando en materia de discriminaciones y derechos de nuestros compatriotas”.

Añadió que “dentro del programa de gobierno de Sebastián Piñera no está el compromiso de sacar adelante el matrimonio igualitario, o de liderar su tramitación, no obstante, y tal como el presidente ha señalado, el asunto ya está en el Parlamento y son los parlamentarios quienes llevarán adelante esa discusión”.

Para el Movilh “es una buena señal para los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intesex que altas autoridades del gobierno, tanto entrante como, saliente dialoguen sobre estos temas y coincidan en la necesidad de erradicar la discriminación. Esto refleja un clima país favorable a la igualdad que esperamos se siga traduciendo en políticas públicas y se ponga al día en sus graves deudas: la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario”.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, enfatizó que “son graves deudas por cuanto la ley de identidad de género cumplirá cinco años de tramitación sin ser aprobada, mientras que el proyecto de ley de matrimonio igualitario no ha tenido avance alguno en el Congreso Nacional, pese a ser ambas normas compromisos internacionales que el Estado asumió en un acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

En ese sentido, es importante recalcar que “el Estado involucra a sus tres poderes, por tanto, todos éstos deben contribuir a hacer real el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Cada autoridad debe tener una visión de Estado y por cierto un compromiso con la universalidad de los derechos humanos, lo que en este caso por cumplir el ASA. La labor del Poder Ejecutivo no se termina entonces con la sola presentación del proyecto de ley y de la Legislativo con la sola aprobación de leyes. Debe existir retroalimentación en el marco de sus compertencias”.

Fuente MOVILH

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Luego de que el certamen diera visibilidad a trans, lesbianas, gays y al activismo de la diversidad sexual y de género.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) declaró hoy a la 59 versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que animan Rafael Araneda y Carolina de Moras,  como la más amigable de su historia con las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), luego de que por diversas razones se reflejara y visibilizara la realidad y variedad de este sector social.

“En el mundo el espectáculo y de los eventos televisados nunca antes un programa o certamen dio en el marco de su desarrollo tanta y positiva visibilidad a la diversidad sexual y de género, lo cual convierte sin lugar a dudas a la 59 versión del Festival de Viña en la más “LGBTI Friendly” de su historia. Felicitamos con mucha emoción y alegría a Chilevisión por dar este gran paso a favor de la igualdad de derechos”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Daniela Vega y Nomi Ruiz

Añadió que “humanizar y dar sentido social a un evento artístico refleja un claro compromiso con la comunicación para el desarrollo que visibiliza la diversidad del país y la une de manera sana y entretenida. Chilevisión como organizador del festival ha dejado un estándar muy alto y difícil de superar en este plano”.

De esa manera, el Movilh se refirió al hecho de que la gala del festival incluyera en su alfombra roja a dos artistas trans, Daniela Vega y Nomi Ruiz, así como por segundo año consecutivo a Di mondo y su pareja Eric Javits.

Di mondo y Eric Javits

Durante la noche inaugural, el certamen destacó la presencia de una pareja lésbica, Camila y Paula, a quienes el canal invitó para que presenciaran el espectáculo de Miguel Bosé.

Junto a ello, el canal incluyó al activismo LGBTI, pues además invitó al dirigente histórico del Movilh, Rolando Jiménez, a un homenaje que el pasado lunes brindó a Bosé la Municipalidad de Viña del Mar, así como a la noche inaugural del certamen.

“Me sentí muy a gusto en estos dos espacios. Agradezco de corazón este gran gesto de Chilevisión con los derechos humanos y el  activismo LGBTI”, apuntó Jiménez.

Fuente MOVILH

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La actriz y la cantante se convirtieron en las primeras mujeres trans en participar del evento televisado.

La participación conjunta de la actriz Daniela Vega y de la cantante Nomi Ruiz en la gala del Festival Internacional de Viña del Mar se transformó en un hito para los derechos de las personas trans, consideró el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Tras desfilar por la alfombra roja el pasado viernes, Vega sostuvo que “es importante para mí entender los espacios comunitarios como algo que se puede trabajar con mayor diversidad. Abrir los espacios a la diversidad. Entender la diversidad como lo más rico que tenemos puede ser simplemente vital. Por eso estoy aquí”.

En tanto, la cantante estadounidense líder del grupo Jessica 6 y ex integrante de Hercules and love affair sostuvo que “fue fantástico participar de este evento. Es mostrar amor y apoyarnos entre las mujeres. Es un mensaje de poder femenino“,.

Para el Movilh la sumatoria de las artistas a la gala “era un momento que faltaba ver en el marco de un festival que es parte de la tradición chilena. Este momento era una deuda de los eventos televisados en Chile. Los talentos indiscutibles de Daniela Vega y Nomi Ruiz han hecho posible una noche histórica que traspasa la barreras de los prejuicios y contribuye a comprender la importancia de reconocer y respetar los derechos de las personas trans”

El organismo añadió que “estas dos mujeres, estas dos artistas tienen en común la perseverancia y el hecho de ser una esperanza de un mundo mejor para otras personas trans que a diario ven pisoteados sus derechos sólo por su identidad de género. Hoy Daniela y Nomi han corrido la cerca de la desigualdad, han ayudado a normalizar la diversidad de ser, de amar, de sentir”.

“Felicitamos a Chilevisión por abrir estos espacios y por convertir nuevamente a la alfombra roja de la gala del Festival de Viña del Mar en un escenario de inclusión y de igualdad, que es capaz de valorar talentos por sobre cualquier otra consideración”, agregó el movimienyo.

“De manera muy especial nos sacamos el sombrero ante Daniela Vega, quien ha convertido el 16 de febrero en una fecha relevante para las personas trans en Chile y en el mundo, pues junto a desfilar en la gala, el mismo día se supo que será una de las presentadoras de los premios Oscar, un hecho sin precedentes para nuestro país y para artistas con identidad de género diversa del planeta”, apuntó el Movilh.

“Es el talento lo que tiene a Daniela Vega en el lugar donde se encuentra. No su identidad de género. Y ese es justamente el gran aporte que hace a la inclusión de las personas trans. Todas y todos podemos desempeñarnos y destacar en cualquier oficio o actividad al margen de nuestras orientaciones sexuales o identidades de género. Mientras exista discriminación seguirá siendo necesario decirlo y reforzarlo”, puntualizó la organización.

Fuente MOVILH

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Miles, Movilh y el Sindicato Amanda Jofré denunciaron las torturas en Gendarmería contra mujeres trans y la ausencia de programas focalizados para atender a bisexuales, lesbianas o transgéneros que son víctimas de violencia.

En una comunicación conjunta con la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) y el Sindicato Trans Amanda Jofré, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció ante Naciones Unidas una serie de atropellos que en Chile padecen las mujeres lesbianas, bisexuales y trans.

La denuncia se hizo llegar al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de Naciones Unidas, el cual analizará el desempeño de Chile en la materia en el marco de su 69 período de sesiones, a desarrollarse en Suiza entre hoy  y el 9 de marzo próximo.

En su informe los organismos denunciaron los continuos abusos y torturas que padecen en manos de gendarmes las mujeres trans recluidas en diversos centros penitenciarios, así como la carencia de presupuestos, servicios o programas estatales focalizados para la promoción de los derechos humanos de ese sector social, como también de las lesbianas y bisexuales.

“La situación en Gendarmería es alarmante, en menos de dos años los tribunales han dictado nueve fallos que demuestran golpizas, insultos, negación de medicamentos y total rechazo al respeto a la identidad de género. Hemos tocado todas las puertas para revertir esta situación, pero no fuimos escuchados. De ahí que recurriéramos a la ONU”, dijo el Movilh.

A la par se reportó que “las Casas de Acogida o Centros para Las Mujeres no brindan ayuda a mujeres, trans, mientras que sus funcionarios/as no están capacitados para atender y/u orientar lesbianas o bisexuales que sufren violencia intrafamiliar o en manos de sus parejas”.

“También informamos a la ONU que Chile carece de un protocolo de atención en salud para resguardar los derechos de las mujeres, bisexuales y lesbianas que atienda a sus realidades específicas. La atención está pensada, diseñada y ejecutada sólo para mujeres heterosexuales”, redondeó el Movilh.

A la par se denunció que Chile no ha aprobado el matrimonio igualitario, ni la ley de identidad de género ni ha reformado la Ley Antidiscriminatoria 20.609, pese a ser ambas medidas compromisos internacionales.

Por último se reportó que la Ley Nº 20.480 sobre Tipificación del Delito de Femicidio no considera a las mujeres trans, y que la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar no es clara sobre los derechos de las personas LGBTI.

Las organizaciones denunciantes esperan que en función de su denuncia, la ONU haga recomendaciones y/o exigencias a Chile para mejorar la calidad de vida de las mujeres lesbianas, bisexuales o trans.

Fuente MOVILH

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Sostiene que los principios de igualdad y no discriminación abarcan a las categorías de orientación sexual e identidad de género, lo cual fue festejado por el Movilh.

La Política de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial lanzada el pasado 2 de febrero apunta a erradicar todo tipo de abusos contra las mujeres, además de incorporar a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas, lo cual fue aplaudido por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

“Valoramos profundamente la sensibilidad del Poder Judicial en torno los derechos LGBTI y que se ha traducido en hechos concretos en los últimos años. Sostener en su nueva política que la igualdad y la no discriminación incorpora los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) es hacerse cargo de la universalidad de los derechos humanos, lo cual aplaudimos”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Anunció que, “en este mismo contexto en un nuevo estudio que lanzaremos en 2018 daremos cuenta sobre los cambios que ha experimentado el Poder Judicial en los últimos 26 años en torno a los derechos humanos LGBTI”

La nueva política del Poder Judicial

La nueva Política de Igualdad de Género y No Discriminación surgió de una investigación interna efectuada el 2015 y el 2016 y de diversos talleres donde participaron representantes del sector, lo cual fue la base para realizar un diagnóstico y propuestas tendientes a eliminar los problemas que afectan a las mujeres y a las personas LGBTI.

Ya en su introducción la Política resalta que si a las exclusiones padecidas por las mujeres, “sumamos las de aquellas personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual, que vivencian de manera interna un género distinto al sexo que les asignaron al nacer o cuya expresión de identidad es distinta a la determinada por su biología, entre otros, las manifestaciones de violencia y discriminación se multiplican”.

Redondea que aún cuando “los compromisos internacionales de Derechos Humanos firmados por nuestro país han puesto los derechos a la igualdad y no discriminación en el nivel más alto de nuestro ordenamiento jurídico, existe aún una brecha entre los derechos proclamados y su efectivo ejercicio”.

Así, y alineado con la misión, visión y ejes fundamentales del Plan Estratégico 2015-2020 del Poder Judicial, la nueva Política se plantea como fin “garantizar la igualdad de género y la no discriminación en todo el quehacer del Poder Judicial” y como propósito “promover la incorporación de la igualdad de género y la no discriminación en la atención de usuarios y usuarias y en el ejercicio de la labor jurisdiccional, con miras a garantizar un efectivo acceso a la justicia a toda la población, así como el establecimiento de relaciones igualitarias entre quienes integran este Poder del Estado”.

“Materializar las obligaciones y estándares internacionales de derechos humanos en materia de igualdad, no discriminación y acceso a la justicia, supone una transformación cultural que lleva a eliminar los estereotipos que encasillan a las personas de acuerdo a su sexo biológico en roles, comportamientos, atributos y actividades, los que pueden obstaculizar su participación en todas las esferas de la vida social, política, económica y cultural y el ejercicio de sus derechos fundamentales en condiciones desigualdad”, sostiene la Política.

En tal sentido, la Política “se hace cargo y reconoce, además, que la convergencia o superposición del género con otras múltiples formas de discriminación, como pueden ser la edad, la discapacidad, la raza, el origen étnico, la clase social, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, la condición de migrantes, entre otros factores, aumenta el riesgo de que algunas personas sean víctimas de discriminación compuesta, lo que obliga al Estado y, en este caso, al sistema de administración de justicia, a adoptar todas las medidas de protección que sean necesarias para evitar violaciones de sus derechos humanos en base a esta combinación de uno o más factores con su sexo”.

Para su quehacer, la Política considera como principios fundamentales la igualdad, la no discriminación de género, el enfoque de género con acceso a la justicia, la no violencia de género y la participación e inclusión.

“El Principio de Igualdad refiere al goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas, independiente de su sexo, género identidad de género y/u orientación sexual, y el acceso a los bienes y servicios indispensables para el diseño y ejecución de su proyecto de vida, incluyendo aquellos de carácter judicial. Este principio reconoce la importancia de la adopción de aquellas medidas que resulten apropiadas para garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones a todas las personas”, sostiene la política.

Además, “para los efectos de la presente Política, el Principio de No Discriminación de Género refiere a la prohibición de toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, género, identidad de género y/u orientación sexual, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil de las personas independientemente de su estado civil o cualquiera otra condición”.

Como ejes estratégicos se incorporan, por último, actividades para la no discriminación, el enfoque de género, la no violencia y el desarrollo de capacitaciones.

Nueva política aquí

Fuente MOVILH

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Se busca votar antes del término de Gobierno la idea de legislar el matrimonio y que la identidad de género llegue a Comisión Mixta, en el marco del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado firmó ante la CIDH.

El vocero (s) del Gobierno, Omar Jara, abordó ayer con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) los compromisos del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Con la sola presentación del proyecto de ley de matrimonio igualitario el Estado solo cumple a medias el ASA, pues deben agilizarse su trámite legislativo. En ese sentido, el Gobierno comprometió que hará las gestiones para que la Comisión de Constitución del Senado vote la idea de legislar en marzo próximo, antes del cambio de gobierno”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez

Añadió que en relación a la ley de identidad de género “el compromiso en el ASA es darle tramitación legislativa continua. Por tanto, el proceso continuará en marzo, cuando el Ejecutivo gestionará que el proyecto sea votado en Sala del Senado y luego pase a comisión mixta”.

La reunión tuvo lugar luego de que medios difundieron que a juicio del Ejecutivo sus compromisos en torno al matrimonio igualitario estaban resueltos con la sola presentación del proyecto de ley, a lo cual el Movilh reaccionó precisando que “lo firmado por el Estado ante la CIDH es que hará todas las gestiones necesarias para la aprobación de la norma y, por tanto, el proceso y el compromiso no se acaba hasta que se transforme en ley. Lo mismo ocurre en en el caso de la ley de identidad de género. Por tanto, este proceso va incluso más allá del gobierno actual”.

El Movilh apuntó que en marzo “enviaremos nuestro informe a la CIDH sobre los grados de cumplimiento del ASA, cuyo evaluación final sobre la actual administración estatal dependerá que las regiones que realice el Ejecutivo hasta el día 11 de ese mes y, por cierto, de los resultados de las medidas.

Fuente MOVILH

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Insultos fueron propinados por una representante de la Codepu.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) condenó hoy los insultos homofóbicos que una representante de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Codepu, lanzó en una reunión contra dirigentes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

En una carta dirigida al presidente del Movilh, Ramón Gómez, la directora del INDH, Consuelo Contreras, enfatizó que “repudiamos y condenamos cualquier forma de agresión en todos sus tipos y manifestaciones, especialmente las que sufrieron los señores Rolando Jiménez y Diego Ríos del Movilh por dichos homofóbicos el pasado 29 de enero en el Hotel Gran Palace”.

En relación a la propuesta del Movimiento LGBTI de generar un protocolo contra la homofobia o la transfobia, Contreras añadió que “agradecemos como INDH y tomamos en consideración la idea de Movilh para trabajar en la elaboración de una manual y protocolo cuya finalidad sea erradicar cualquier forma de violencia en toda su expresión que empañe la sana convivencia que como agrupaciones, organizaciones y corporaciones de derechos humanos tenemos el deber moral de dar el ejemplo”.

La reacción, que tuvo lugar luego de que Movilh solicitara un pronunciamiento, fue valorada por Gómez, “en tanto da la relevancia que amerita a un hecho tan grave como es que personas que se dicen defensoras de los derechos humanos desacrediten o insulten a otras en razón de su orientación sexual”. “Exigimos a la Codepu que esté a la altura de las circunstancias y sancione a la responsable de estos abusos, en vez de silenciarlos o ser cómplice de los mismos”, finalizó Gómez.

El pasado 29 de enero una representante de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo señaló en referencia a los dirigentes del Movilh, Rolando Jiménez y Diego Ríos, que “con estos maricones no se puede”, en el marco de una discusión por la destitución del abogado Branislav Marelic como director del INDH.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Branislav Marelic, Codepu, Consuelo Contreras, Diego Ríos, Homofobia/Transfobia, Instituto Nacional Derechos Humanos (INDH), MOVILH, Ramón Gómez, Rolando Jiménez

Luego de que a colectividad religiosa acusara al Movilh promover la pedofilia y la prostitución infantil.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentó una inédita demanda contra la Catedral Evangélica y el director de Comunicaciones del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas, Cristián Nieto, por afirmar que dicha organización LGBTI promueve la pedofilia y la prostitución infantil.

La demanda por indemnización de perjuicios fue presentada en el 25 Juzgado Civil de Santiago, donde el Movilh alegó que los dichos de Nieto difundidos por la Catedral Evangélica en sus redes sociales constituyen una injuria motivada por homofobia, lo cual daña a la organización.

En un discurso dado en la Catedral Evangélica, Nieto sostuvo que el “Movilh está pidiendo que una relación sexual entre un adulto y un niño menor de 14 años sea consentida. Ustedes se imaginan lo que es un niño abandonado en una calle, debajo de un puente que le ofrezcan un par de zapatillas Nike o un polerón a cambio de mantener esa relación sexual con ese adúltero (sic), o ese pecador? ¿Comprándose a ese niño?”.

En su demanda el Movilh sostuvo que tal injuria provoca daño moral, además de incitar al odio y la discriminación, lo cual violenta diversos artículos del Código Civil, de la Ley Antidiscriminatoria y de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.

“Esperamos que se haga justicia y que los tribunales fallen a nuestro favor sancionando a la Iglesia y al Pastor y exigiéndoles que eviten incurrir nuevamente en estos discursos de odio. Ya es habitual que en este país personas u grupos supuestamente amparados en una religión acusen a activistas o movimientos LGBTI de abusar de niños. Esta situación es intolerable y debe erradicarse de raíz”, sostuvo el Movilh

“Antes no recurrimos como Movilh a Tribunales, pues no nos habían injuriado directamente, a diferencia del Pastor Nieto que acusa explícitamente a nuestra organización con el respaldo de la Catedral. Los hechos son claros y esperamos justicia”, finalizó la organización.

Fuente MOVILH

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Este luego de que el vocero subrogante, Omar Jara, dijera que el compromiso era solo presentar la iniciativa al Congreso. El Movilh lamentó  la “falta de voluntad política del Comisión de Constitución del Senado y las imprecisiones del Ejecutivo sobre sus compromisos en torno al matrimonio igualitario”.

Con sorpresa y molestia reaccionó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, (Movilh) luego de que el vocero (s) de Gobierno, Omar Jara, sostuviera que el Ejecutivo cumplió con sus compromisos sobre al matrimonio igualitario al enviar el proyecto al Congreso Nacional “El proceso de participación de la sociedad civil (en la etapa pre-legislativa) y el ingreso del proyecto fue lo que hizo el Gobierno de la presidenta Bachelet, porque ese, insisto, era el compromiso que había asumido el Gobierno” dijo Jara.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, señaló que “lamentamos profundamente que el señor Jara no leyese el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado firmó con nuestra organización ante al Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), pues el compromiso asumido en mucho mayor que la presentación del proyecto de ley”.

Añadió que “en el ASA el Estado reconoce que la prohibición del matrimonio igualitario violenta los derechos humanos. En ese sentido, junto a la presentación de la iniciativa, el Gobierno se comprometió a impulsar, dentro de sus competencias, el debate legislativo. Por tanto, mientras no se cumpla ese impulso, el compromiso está cumplido a medias. Aquí el mínimo para esta etapa era que se votara la idea de legislar”.

En tal contexto, el Movilh acusó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado de “total falta de voluntad política para legislar sobre la materia. Las comisiones también tienen poder para decidir qué poner o no en tabla y los esfuerzos que hicieron desde ingresado el proyecto de ley son nulos”.

“Aquí llamamos al Ejecutivo, al futuro Gobierno y al Congreso Nacional a cumplir con los compromisos internacionales del Estado y, muy particularmente, a avanzar con celeridad. Si se reconoce en el ASA que prohibir el matrimonio igualitario es una violación a los derechos humanos, lo lógico es actuar en consecuencia”, finalizó Jiménez.

Fuente MOVILH

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