La asociación ha reconocido dos violaciones y múltiples agresiones físicas y verbales

El colectivo Arcópoli ha hecho público el balance provisional de incidentes de odio por LGTBfobia ocurridos durante la celebración del Orgullo LGTB en Madrid, un evento que se extiende durante varios días y que convertida ya en la principal fiesta popular de la capital moviliza a cientos de miles de personas. Arcópoli, promotor principal del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, ha identificado al menos 35 incidentes, además de dos agresiones sexuales a dos chicos. Otro dato preocupante: la tasa de denuncias sigue siendo muy baja. Solo 5 incidentes fueron denunciados a Policía o Guardia Civil, aunque Arcópoli ha puesto varios más en conocimiento de la Fiscalía.

Arcópoli ha registrado un total de 35 incidentes contra miembros del colectivo LGTB durante la celebración del Orgullo, entre las que se encuentran violaciones, agresiones verbales y físicas.

Según ha informado la asociación en un comunicado, del 23 de junio al 8 de julio han registrado dos violaciones a dos chicos gays, tres agresiones físicas, 12 agresiones verbales, un abuso sexual y daños a la propiedad, entre otros episodios.

Arcópoli ha tenido constancia de dos violaciones a dos chicos de menos de 25 años en la ciudad de Madrid el fin de semana de la manifestación del Orgullo. Una fue denunciada ante la Policía y hay varios detenidos, puesto que fue una violación múltiple. La otra no ha sido denunciada aunque sí fue atendida en el hospital. “Seguimos investigando las condiciones en las que se produjeron ambas. Desde Arcópoli nunca habíamos tenido constancia de agresiones sexuales en el Orgullo”, añaden desde el colectivo madrileño con gran preocupación.

Además, la asociación ha registrado que en Rivas Vaciamadrid han apedreado una luna de un vehículo al ver la bandera arcoíris dentro; en Parla un chico de 18 años ha sido expulsado de su casa porque su madre se enteró de que era gay; en Algete han realizado varias pintadas homófobas a raíz de la primera celebración del Orgullo; y en Torrelodones por segundo año han llenado de pintadas homófobas la zona arcoíris con mensajes iguales como ‘Arcópoli not welcome’ y algunos dedicados a la alcaldesa.

También, Arcópoli ha afirmado que han aparecido pegatinas en Getafe, Algete y Galapagar contra el colectivo LGTBI. Del mismo modo, han tirado huevos a una bandera arcoíris en una fachada en el Escorial; y han aparecido pegatinas con contenido lgtbfobo en varios distritos de Madrid, así como una pintada amenazante en un local gay en Centro ‘tomate Orlando sodomita frito’ (en relación al ataque terrorista a una discoteca LGTB en EEUU) y un banco arcoíris de Vallecas.

Durante los días de la celebración del Orgullo en Madrid se han registrado varias agresiones verbales, con insultos y amenazas a personas LGTB, así como una tentativa de abuso sexual por parte de varios chicos heterosexuales a una pareja gay durante la manifestación “para humillarles públicamente”, según la asociación.

Hubo una agresión física a un trabajador en un restaurante y un chico denunció que un taxista cuando vio que era gay, le bajó del coche, le agredió físicamente y le dejó tirado. Y la noche del Orgullo, en un local en Argüelles donde una discoteca celebraba una sesión ‘gay’, un chico sufrió una agresión física con fractura de mandíbula después de que otro chico le diera un empujón, le dijera que “los maricones no deberíais estar aquí” y le diera un cabezazo; además fue expulsado del local por estar “implicado en una riña”.

Para Arcópoli la tasa de denuncia de estos incidentes ha sido “bajísima”. A día de hoy, han registrado 179 incidentes de odio al colectivo LGTB en la Comunidad de Madrid en lo que va de año, un número “desgraciadamente” muy similar al de 2017 por estas fechas, por lo que nada apunta a que estén bajando los incidentes de odio. «Seguimos teniendo un gran rechazo a acudir a denunciar pese a las recomendaciones y a nuestra labor de asesoramiento y acompañamiento. Solo 5 de estos incidentes han sido denunciados a Policía o Guardia Civil. Además el Observatorio ha interpuesto 7 denuncias ante la Fiscalía por pintadas y discurso de odio». La existencia de entidades como el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, el Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya o el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, en este sentido, sigue siendo clave.

La entidad promovida por Arcópoli, por cierto, ha aprovechado el momento para destacar «la apuesta de varios Ayuntamientos por la integración y visibilidad del Orgullo LGTB, como Parla, Algete, Torrelodones, Móstoles, Bustarviejo, San Sebastián de los Reyes o Madrid» así como para dar un agradecimiento especial a la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid y a Metro de Madrid, «por su coordinación con el Observatorio y su compromiso todo el año, pero en especial en el Orgullo».

El coordinador general de Arcópoli, Yago Blando, ha declarado que la visibilidad es la “principal arma en la lucha por la igualdad”. “Seguiremos visibilizando nuestra diversidad y nuestra pluma como libre desarrollo de la personalidad de cada cual, necesitamos un mayor compromiso de las instituciones para que estos ataques a nuestra dignidad no provoquen ninguna marcha atrás en nuestro empoderamiento, que es lo que buscan”, ha añadido.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia: contacto

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, promovido por Arcópoli con el apoyo de la Fundación 26 de Diciembre, del colectivo Fuenla Entiende y del Movimiento Contra La Intolerancia, entre otros colectivos y asociaciones, se puso en marcha a principios de 2016. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados.

Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org

Fuente Arcópoli/Cristianos Gays

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Otra vez una adolescente trans se ha quitado la vida en España. En esta ocasión ha ocurrido en Móstoles (Madrid). A pesar de que se desconocen públicamente muchas de las circunstancias que rodearon su suicidio, las reacciones no se han hecho esperar. No es de extrañar. Las recientes campañas tránsfobas de HazteOír, la desesperante lentitud con la que se están acometiendo los cambios legislativos necesarios para abordar de una vez la realidad de los menores trans y el recuerdo de Alan y de Ekai, otros dos adolescentes trans que también se quitaron la vida, pesan demasiado.

La noticia la difundía este viernes el colectivo Móstoles feminista en su página de Facebook. «Hoy tenemos también una lamentable noticia, ayer una mujer trans de 17 años se suicidó, aquí en nuestra ciudad, vecina y alumna de una compañera. Thalía acababa de comenzar su tratamiento hormonal. Algo, ese algo que a menudo se llama presión social, maltrato institucional o acoso, llevo a Thalía a quitarse la vida. Sentimos y nos indignamos con casos como el suyo. Nunca, nadie, debería decirnos como tenemos que ser», contaba Móstoles Feminista.

Carla Antonelli se hacía eco poco después en su cuenta de Twitter, denunciando la «insoportable presión social» que sufren las personas trans menores de edad y los discursos de odio a los que se tienen que enfrenta :

De nuevo día muy oscuro, como informa @MostFeminista, una adolescente trans 17 años, Thalia, se ha quitado la vida en Mostoles, insoportable presión social, discursos #IdeologíaDelOdio que llevan al limite vidas que rompen en mil añicos, DEP, #NosQueremosVivxs #ThaliaContigo❤️ pic.twitter.com/n009Lc3B06

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 5 de mayo de 2018

La Plataforma por los Derechos Trans, por su arte, ha expresado su gran dolor por la «reiterada y lamentable forma con que los jóvenes trans ‘gritan’ al mundo, que esta sociedad está enferma si no es capaz de crear condiciones culturales, sociales y participativas, donde todas y todos quepamos y donde el derecho a ser sea un derecho que vertebre la convivencia social». «Hay que dar urgentemente una respuesta transversal e integral a todas las situaciones y ámbitos donde las personas trans son objeto de discriminación; la educación, atención sanitaria, inclusión laboral, el deporte y la identidad legal, han de proteger el derecho a la identidad sexual y expresión de género”, ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé.

Los detalles sobre el suicidio de Thalía se desconocen públicamente. Según ha podido saber dosmanzanas de fuentes que la conocen, su historia es compleja y en ella entran también en juego otras circunstancias personales ajenas a la condición trans de la chica. Pero no nos cabe la menor duda de que la realidad social a la que hoy día siguen teniendo que enfrentarse las personas trans menores de edad ha contribuido.

Es urgente actualizar el marco legislativo de los menores trans

En febrero de este año otro adolescente trans, Ekai, se suicidó en Ondarroa (Vizcaya). Y en las navidades de 2015 era Alan el que se quitaba la vida en Rubí (Barcelona). De otros muchos seguramente ni trascienda su nombre. Quizá no sea suficiente para acabar totalmente con la sangría, pero a la vista de lo que está sucediendo resulta ya urgente actualizar el marco legislativo español en materia de transexualidad para ofrecer una mayor protección a los más vulnerables, los menores trans.

Por un lado, deben desarrollarse e implementarse en la práctica las diferentes leyes que sobre esta materia están aprobando las comunidades autónomas, de forma que estas no se conviertan en papel mojado. Por otro, sigue pendiente la actualización de la ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez (el propio Tribunal Supremo ha cuestionado su constitucionalidad por ese motivo) y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal. Una ley que en 2007 significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es un texto ya desfasado.

A este respecto, el Congreso tramita en estos momentos una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores. La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance.

Por último, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros.

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Ampliamos la noticia que publicábamos el pasado sábado día 7 (pinchad en las imágenes para ampliarlas).

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia ha presentado su segundo informe anual, correspondiente al año 2017. Un año durante el cual la entidad recogió un total de 321 incidentes de odio motivados por LGTBfobia en la Comunidad de Madrid, un número significativamente mayor que el recogido en 2016 (240). Aun así, el Observatorio considera que esta cifra no es más que la punta de un inmenso iceberg cuya mayor parte continúa invisible bajo la superficie.

El informe fue presentado de modo oficial el pasado miércoles en un acto que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Madrid y que contó con la presencia, entre otras personalidades políticas, de la delegada de Igualdad del Ayuntamiento, Celia Meyer. Es, en cualquier caso, un documento accesible para todos. Puedes descargarlo en formato PDF desde la página web del Observatorio, aunque te desgranamos a continuación algunos de sus datos.

Por lo que se refiere al tipo de incidente la casuística es muy diversa. Los más frecuentes fueron las agresiones verbales (120), seguidos de los discursos de odio (70), las agresiones físicas (57), las amenazas (27) y la denegación de servicios (18), aunque no han faltado, por ejemplo, las agresiones sexuales (8, entre ellas dos violaciones a un chico gay y a un chico trans) o las expulsiones del hogar (4):

Gais entre 20 y 24 años, la “víctima tipo”

Por lo que se refiere a las víctimas, el Observatorio tiene registradas un total de 299, un número inferior al de incidentes al no incluir este recuento a las víctimas de los discursos de odio en redes sociales. El perfil más frecuente es el de hombre gay cis (208 casos, un 70%), seguido de las mujeres lesbianas cis (40 víctimas, un 13%) y de las personas trans, con independencia de su orientación sexual (37, un 12%). De estas 37 víctimas trans, 29 fueron mujeres y 8 hombres.

Otras 9 víctimas (un 3%) fueron personas cis heterosexuales (que también pueden ser víctimas del odio LGTBfobo, ya sea por ser confundidas con personas LGTB o por acompañarlas). En concreto, 6 mujeres y 3 hombres. Otras 5 víctimas (algo menos de un 2%) fueron personas bisexuales (en este caso los cinco fueron hombres):

Por lo que se refiere a la edad, solo constan datos de 143 personas. El tramo con más víctimas es el de 20 a 24 años, seguido del de 25 a 29. Hay que tener en cuenta, en este sentido, la cada vez mayor visibilidad de los jóvenes LGTB, aunque no puede descartarse el sesgo de edad en la utilización y conocimiento del Observatorio por su mayor publicidad en redes sociales:

Por lo que se refiere a los agresores, el propio Observatorio reconoce que su estudio es muy complicado, “ya que la víctima por lo general no se centra tanto en el agresor, sino en lo que le ha sucedido”. En cualquier caso, el recuento reconoce 209 agresores diferentes, de los cuales la inmensa mayoría (89%) fueron varones. Su edad solo se ha podido registrar en 89 casos. Entre estos, el colectivo más numeroso es el de los menores de 18 años (25), seguido del intervalo de 30 a 39.

La ciudad de Madrid, a la cabeza 

Por lo que se refiere a la localización física de los incidentes, el grupo más numeroso es el que se produjo directamente en la calle (59), seguido de internet y redes sociales (51) y transporte público (29). Por municipios, y tal y como sucedió el año anterior, es la ciudad de Madrid la que registró un mayor número de incidentes (196), seguida de Móstoles (14), Alcalá de Henares (7) y Alcobendas, Fuenlabrada, Leganés y Parla con 5. A continuación está Getafe con 4 incidentes; Arganda del Rey, Collado Villaba, Galapagar, Pinto y Pozuelo de Alarcón con 3; Majadahonda y Torrelodones con 2, y finalmente Alcorcón, Algete, Boadilla, Ciempozuelos, Fuente El Saz de Jarama, Guadalix de la Sierra, Las Rozas, Navalcarnero, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Valdemoro y Villaviciosa de Odón con 1 incidente cada una.

Dentro de la ciudad de Madrid, y también como sucediera en 2016, es el distrito Centro (aquel en el que se produce la mayor visibilidad) el que concentra la mayoría de las agresiones (81), seguido de Moncloa-Aravaca (13) y Retiro (13). Vicálvaro es el único distrito en el que no consta ningún incidente.

Denuncias: solo el 31%

De los 321 incidentes registrados, solo 101 han sido denunciados de una forma u otra, ya sea directamente a la Policía Nacional (48 casos), a la Fiscalía (36), a las diferentes policías municipales (15), la Guardia Civil (1) o al Juzgado de Guardia (1). Este número supone solo el 31% de los incidentes registrados, una cifra baja pero algo mayor que la registrada el año anterior (un 25%).

Más incidentes, sí… Pero también más visibilidad

A la hora de evaluar las cifras, el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia lo tiene claro. “Hay un constatable aumento de los delitos de odio al colectivo LGTB en la Comunidad de Madrid desde hace unos años. Esto se produce porque las generaciones más jóvenes son más visibles que las generaciones que tienen más de 30 años. En especial las y los jóvenes considerados como ‘millennials’ son especialmente visibles en lugares donde el resto de las personas LGTB les cuesta más”, expresa el informe. “Hoy en día la visibilidad sigue siendo el principal factor a tener en cuenta. La sociedad es proLGTB en lo que se denomina la corrección política pero en cuanto hay que visibilizar a las personas LGTB en ámbitos más novedosos como puede ser unos semáforos inclusivos o la colocación de una bandera del arcoíris en un balcón oficial como se hace con otras muchas banderas en un guiño de inclusión social, provocan airadas protestas, que algunas de ellas llegan
a ser constitutivas de delitos de odio”, añade.

El Observatorio, en concreto, destaca como ejemplo lo sucedido con los semáforos inclusivos en la ciudad de Madrid, que “generaron más de 200 ataques en redes al colectivo LGTB”. “Palabras como ‘desequilibrado, raro, anormal, enfermo, aberrante, desorientación sexual, desviados, denigrante, asqueroso, putos enfermos, conducta sexual desordenada, depravados, desvergonzados, deficientes, contra natura, abominable, denegerados, degradación moral, asquerosos mugrosos chupadores de trancas, tarados, invertidos, vacas locas que son tontos de nacimiento, repugnantes, perversión, sodomita’ fueron algunas de las que se localizaron por la visibilidad de los semáforos en la ciudad”, relata el informe.

La mayoría de los incidentes no se recogen: el ejemplo del cruising

Pese a todo, el Observatorio lo tiene claro: los incidentes de los que tienen conocimiento siguen siendo solo la punta del iceberg. “Son un número muy inferior al que realmente se produce. Desde nuestra percepción y tras ver cómo las víctimas, incluso formadas como activistas, no llegan a denunciar ni siquiera comunicar al Observatorio los casos hasta que no les preguntas directamente o que muchas siguen interiorizándolo como algo ‘normal’, creemos que aproximadamente registramos en torno al 2-5% de los incidentes de odio o discriminatorios que realmente ocurren en nuestra región”, expresa el informe.

“Tenemos numerosas sombras de actuación. En lugares como los de cruising no llegamos. Hemos realizado un registro de casi un centenar de zonas en la Comunidad de Madrid donde se practica cruising de forma asidua y no tenemos forma de llegar más que a una o dos de esas zonas. Y seguimos sospechando que el cruising es un foco de incidentes de odio oculto”, añade el texto. En este sentido, el informe reconoce que incluso entre el propio colectivo el cruising “sigue siendo visto de forma peyorativa y es complicado que se reconozca que se estaba practicando. Por ello cuando surge un incidente de odio en estas
circunstancias, en la gran mayoría de las veces queda en ese espacio de sombra al que no accedemos. Esto lo hemos podido comprobar en 2017, cuando hemos podido actuar con un caso claro de ataque homófobo a varios chicos practicando cruising y dos de las víctimas nos han relatado varios incidentes de ese mismo día, así como otros muchos incidentes que han
podido vivir en los últimos tiempos, algunos de ellos muy graves, y que en ningún momento se hicieron públicos”.

218 páginas que conviene leer

El informe del Observatorio, en el que además de los colectivos promotores participan los 14 ayuntamientos madrileños conveniados hasta la fecha, cinco universidades, así como Metro de Madrid, el Colegio de Abogados de Madrid y UGT Madrid es, sin duda, un trabajo encomiable, que también recoge, en sus 218 páginas, una comparativa nacional e internacional sobre los delitos de odio al colectivo LGTB, así como un repaso a los nuevos observatorios que han ido surgiendo en España y recomendaciones específicas a las diferentes administraciones involucradas. El Observatorio también señala, y lo hace de forma muy detallada, la falta de desarrollo reglamentario de dos importantes leyes regionales relacionadas con el colectivo: la ley integral de transexualidad y la ley contra la discriminación por LGTBfobia.

En palabras de Yago Blando, coordinador de Arcópoli, el informe del Observatorio “es una pieza fundamental a la hora de poder luchar contra la LGTBfobia tanto a nivel autonómico como local, ya que proporciona una radiografía real de las incidencias, y el poder hablar directamente con las víctimas nos concede una forma inmejorable de poder observar tanto las deficiencias institucionales como las necesidades futuras”.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia: contacto

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, promovido por Arcópoli y del que ya forman parte casi una veintena de colectivos y asociaciones, se puso en marcha a principios de 2016. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados.

Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org

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Aroa y Laura, la pareja de mujeres que vivía con sus tres hijos de 10, 8 y 5 años en una vivienda de Móstoles propiedad de la diócesis de Getafe, han sido finalmente desahuciadas. “Estuvimos intentando paralizarlo de todas las formas posibles, pero no lo conseguimos. No se pudo hacer nada. Los de la diócesis no nos plantearon nada, todo lo que querían era que nos fuéramos a la calle, les daba igual, decían que ya llevábamos un año en una vivienda que no era nuestra y que ya estaba bien”, ha declarado Aroa a eldiario.es. Lamentable final para una historia que conocimos hace unos meses y en la que la discriminación lesbófoba parece haber jugado su papel.

En octubre contábamos la historia, recogida también entonces por eldiario.es: el obispado de Getafe conseguía entonces de la justicia la orden de desalojo. La familia había ocupado ilegalmente el piso, que se encontraba vacío, en julio. Según aseguró entonces la pareja, representantes de la diócesis les ofrecieron la posibilidad de acceder a un alquiler social asequible, pero cuando se enteraron del carácter homoparental de la familia retiraron la oferta.

La jueza que emitió la orden de desahucio condenó a la pareja por un delito leve de usurpación de inmuebles y les impuso una sanción de 270 euros, muy por debajo de los 900 que reclamaba la diócesis en atención “a la mala situación económica referida por las denunciadas”. La familia se encuentra, de hecho, en una situación económica muy precaria. Aroa lleva varios años en paro, mientras que Laura cobra menos de 500 euros. Laura, Aroa y sus hijos, de hecho, ya se habían enfrentado en 2014 a otro proceso de desahucio, en esta ocasión promovido por Bankia. Aquel desahucio lo consiguieron paralizar y comenzaron a negociar un alquiler social, pero finalmente la pareja decidió voluntariamente dejar el piso por sus condiciones insalubres.

Siempre según su versión, entraron en el piso de Móstoles propiedad de la Iglesia gracias a que “unos chavales les dejaron las llaves” sin saber quien era el propietario. “Cuando llegamos (…) estaba lleno de polvo y abandonado. En el contador de la luz había una pegatina que señalaba que no había suministro desde el 2013”, contaron en su momento, una versión que niega la diócesis, según la cual el piso es ocupado con frecuencia por religiosos que trabajan por la zona o que se encuentran de visita. Un piso que por cierto se encuentra por el momento vacío, después de que el desahucio se ejecutase finalmente la semana pasada. El Ayuntamiento de Móstoles se ha comprometido a buscarles una alternativa. Mientras tanto, los niños se encuentran en casa de un abuelo.

Lo dijimos en octubre: a pesar de que la diócesis de Getafe niega que el hecho de ser una familia homoparental haya influido en la decisión de forzar su desalojo, dados los antecedentes de su obispo, Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, no nos cuesta gran esfuerzo creer la versión de Laura y Aroa. López de Andújar fue uno de los firmantes de un documento en el que cargaban contra la Asamblea de Madrid por aprobar una ley contra la discriminación por LGTBfobia, documento que llegaban a enmarcar en una supuesta obligación de “luchar contra el mal”. 

También lo dijimos entonces, y lo repetimos ahora: incluso dejando de lado la existencia de discriminación lesbófoba, la historia de esta familia es ilustrativa, por un lado, de la situación de la España real (en la que un porcentaje importante de la población vive al borde de la exclusión social), y por otro, de la escala de prioridades de una parte de la jerarquía católica: el mismo obispo que se indignó porque un Parlamento libremente elegido legislara contra la discriminación de una minoría no ha tenido problema en desahuciar a una familia.

Fuente Dosmanzanas

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Y que dicen que????… que estamos en el Jubileo de la Misericordia???? ¿Y de qué se reirá el sr. obispo? Estos obispos no son cristianos…

La diócesis de Getafe ha conseguido que una jueza ordene el desalojo de la vivienda que ocupan en Móstoles de Aroa y Laura, una pareja de mujeres, y de sus tres hijos de 10, 8 y 5 años. La familia ocupó ilegalmente el piso, propiedad de la diócesis, en julio. La vivienda se encontraba vacía. Según asegura la pareja, representantes de la diócesis les ofrecieron la posibilidad de acceder a un alquiler social asequible, pero cuando se enteraron del carácter homoparental de la familia retiraron la oferta.

Según cuenta eldiario.es, la misma semana en la que la familia ocupó la vivienda llamaron a su puerta dos sacerdotes. “Se pensaban que éramos hermanas. Nos dijeron que nos iban a dar un alquiler social en una casa que tenían en Móstoles, añadieron que a ese piso le faltaban un par de arreglillos pero que se pondrían en contacto con nosotras. Sin embargo, una vez que se enteraron de que éramos pareja, fueron a saco. Ya ni había opción a alquiler social, ni a nada”, explica Aroa.

Lo cierto es que tras aquella visita la diócesis inició el proceso judicial para proceder finalmente al desahucio. Sobre la razón por la que la diócesis tiene un piso vacío, su argumentación es que la vivienda está destinada a sacerdotes que trabajan por la zona o que están de visita. Respecto a que la familia se quede sin un techo, la diócesis se lava las manos y deriva a Caritas y al Ayuntamiento la responsabilidad de buscarle una alternativa habitacional.

La jueza que ha emitido la orden de desahucio ha condenado a la pareja por un delito leve de usurpación de inmuebles y les ha impuesto una sanción de 270 euros, muy por debajo de los 900 que reclamaba la diócesis en atención “a la mala situación económica referida por las denunciadas” (aun así es una cifra superior a los 180 que pedía la Fiscalía). El desahucio se hará efectivo, previsiblemente, el próximo miércoles. La familia se encuentra, de hecho, en una situación económica muy precaria. Aroa lleva cuatro años en paro, mientras que Laura acaba de empezar a trabajar pero cobrando menos de 500 euros. “Necesitamos una renta social, porque no nos podemos permitir pagar los 600 euros mensuales de alquiler que piden en un piso normal. Tenemos que dar de comer a nuestra familia”, afirma Aroa.

Eduardo Gutiérrez, concejal de Urbanismo de Móstoles, asegura por su parte que la diócesis se ha negado a aplazar un par de meses el desahucio para dar tiempo a encontrar una solución satisfactoria. “La familia está buscando un alquiler social. Le transmití esa idea al diácono del obispado y le pedí tiempo, que aplazasen un par de meses la fecha del desahucio. Me dijeron que en el Consistorio teníamos viviendas y que ocupasen una de las nuestras porque las suyas eran para sacerdotes”, ha asegurado a eldiario.es Gutiérrez, que niega que en este preciso momento el Ayuntamiento disponga de viviendas vacías.

Laura, Aroa y sus hijos ya se enfrentaron en 2014 a otro proceso de desahucio, en esta ocasión promovido por Bankia, una entidad bancaria rescatada con dinero público. Aquel desahucio lo consiguieron paralizar y comenzaron a negociar un alquiler social, pero finalmente la pareja decidió voluntariamente dejar el piso por sus condiciones insalubres. Siempre según su versión, entraron en el piso actual gracias a que “unos chavales les dejaron las llaves” sin saber quien era el propietario. “Cuando llegamos no notamos que antes estuviese alguien viviendo aquí, estaba lleno de polvo y abandonado. En el contador de la luz había una pegatina que señalaba que no había suministro desde el 2013”, cuenta Aroa, una versión que niega la diócesis, según la cual el piso ha estado ocupado por religiosos “hasta hace poco” y en estos últimos meses también lo ha utilizado el párroco de Arroyomolinos.

La España real

Dados los antecedentes del obispo de Getafe, Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, lo cierto es que no nos cuesta gran esfuerzo creer la versión de Laura y Aroa, según la cual al conocer la diócesis el carácter homoparental de la familia ocupante de la vivienda se negó a darles una alternativa. López de Andújar, recordamos, fue uno de los firmantes de un documento en el que cargaban contra la Asamblea de Madrid por aprobar una ley contra la discriminación por LGTBfobia, documento que llegaban a enmarcar en una supuesta obligación de “luchar contra el mal”. 

En cualquier caso, incluso dejando de lado este aspecto, la historia de esta familia es bien ilustrativa, por un lado, de la situación de la España real, en la que un porcentaje muy importante de la población vive al borde de la exclusión social o instalada plenamente en ella, y por otro de las auténticas prioridades de la jerarquía católica, o al menos de una parte de ella. Que un obispo se indigne de esa forma porque un Parlamento libremente elegido legisle contra la discriminación de una minoría y sin embargo no tenga el menor problema en desahuciar a una familia dice mucho.

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El próximo 10 de abril, concejales LGTB de diversas partes del país expondrán su visión y experiencia como representantes de los gobiernos municipales visibles como acto cúlmen de los I Encuentros Municipales LGTB que organiza la asociación Arcópoli junto a la Concejalía de Bienestar de Móstoles

¿Qué políticas enfocadas al colectivo LGTB están en marcha en los municipios españoles? ¿Cómo podrían mejorar? ¿Es la visibilidad de las y los políticos LGTB necesaria para un cambio social más respetuoso con la Diversidad?

Éstas y otras preguntas relacionadas con el abordaje de las demandas LGTB por los gobiernos municipales tendrán cabida en los I Encuentros Municipales LGTB que organiza la asociación universitaria Arcópoli junto a la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad de Móstoles y la Federación de Municipios de Madrid.

En centro cultural Villa de Móstoles será el espacio en el que del 8 al 10 de abril activistas, representantes políticos y de la administración podrán exponer sus perspectivas sobre el papel de los gobiernos municipales en el respeto a la diversidad afectiva, sexual y de género.

Tal y como expone Arcópoli, con estos encuentros quieren dar herramientas a concejalías, técnicos de ayuntamientos y activistas para impulsar las políticas LGTB en todos los municipios, partiendo siempre de las experiencias de otros municipios o de entidades para llevar a cabo estas iniciativas.

En este mismo sentido, la asociación ha subrayado su intención de confeccionar un libro blanco de propuestas municipales para la igualdad LGTB así como una declaración de igualdad firmada por los asistentes.

Como acto cúlmen de los Encuentros, se ha invitado a seis representantes LGTB de concejalías de diversas partes del país para que compartan su experiencia como representantes visibles del colectivo en sus ayuntamientos. 

Entre ellos, se encuentran Purificación Causapié (PSOE- Ayuntamiento de Madrid), Fran Sánchez (CUP- Concejal de Ripollet), Javier Maroto (PP- Exalcalde de Vitoria), Sergi Campillo, (Compromís- Concejal de Valencia) Daniel González (IU- Ayuntamiento de Sevilla) más un/a representante de Podemos pendiente de confirmación.

¿Qué me espera?

Los I Encuentros Municipales LGTB se dividirán en tres jornadas desde el viernes 8 al domingo 10 de abril y tendrán como objeto de estudio los siguientes temas, que serán abordados por integrantes de los gobiernos municipales y representantes del activismo LGTB:

• Gestión policial de la Diversidad y su impulso desde los ayuntamientos. Una mesa redonda tratará los retos que supuso para el Ayuntamiento de Fuenlabrada foementar el acercamiento a la población LGTB y los logros que han obtenido tras la implementación de estos programas de formación y sensibilicación.
• Instalaciones municipales inclusivas: Se expondrá la forma correcta de abordar la diversidad sexual y de género en centros de salud, polideportivos,  estadios, puntos de información, bibliotecas, dependencias municipales, casas de cultura y centros de mayores.
• Municipios grandes, municipios pequeños y entorno rural: Análisis de las diferencias, similitudes y problemáticas sobre los problemas a los que se enfrentan los Ayuntamientos  de más de 75.000 habitantes, municipios medios y otros de ñambitos más reducido.

• Colegios, Institutos y políticas de Juventud: Presentación de campañas, actividades y formas de introducir la realidad del colectivo LGTB a los más jóvenes y en todos los niveles educativos, así como las necesiadades de este colectivo, según las posibilidades de las competencias municipales y su coordinación con la administración autonómica.
• Fomento del asociacionismo, implicación de otras instituciones: Debate en torno al impulso del asociacionismo LGTB en ciudades medias y grandes, así como los cambios más relevantes que introducirán las próximas leyes Trans y LGTB que se serán adoptadas en Madrid.
• Buenas prácticas de los Ayuntamientos: Recomendaciones a la hora de trabajar la Diversidad Sexual y de Género, ya sea mediante la compra de libros de temática LGTB para la biblioteca municipal, la adecuación de los formularios de los Ayuntamientos a la diversidad familiar, etc.

Serán unas jornadas abiertas a cualquier persona que quiera formarse en estos temas y recibirán una acreditación de su formación.

 I Encuentros Municipales LGTB

Cuándo: Del 8 al 10 de abril

Dónde: Centro cultural Villa de Móstoles (Plaza de la Cultura, 1. Móstoles)

Precio: 5€ / 15€ Comida y cenas, sin alojamiento / 35 € Alojamiento viernes y sábado

Inscripción: Mediante formulario

Más información: encuentrosmunicipales.wp.com

Fuente Arcópoli / Chueca.com

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Móstoles se convierte en “la primera localidad de España” en disponer de este servicio municipal

El Ayuntamiento de Móstoles ha suscrito un convenio con la asociación Arcópoli para desarrollar un servicio “pionero” de atención a víctimas de delitos de odio causados por la orientación sexual o identidad de género.

El objetivo es mejorar la equiparación social y legal del colectivo LGTB que reside en el municipio y Móstoles se convierte en “la primera localidad de España” en disponer de este servicio municipal, según ha señalado el alcalde David Lucas (PSOE) tras rubricar el convenio.

Esta colaboración, ha señalado Lucas, nace en un contexto de incremento de agresiones al colectivo LGTB, cifradas por la asociación Acrópoli en un total de 33 agresiones por delitos de odio al colectivo LGTB en lo que va de año en la Comunidad de Madrid, la última de ellas producida el pasado fin de semana.

“Hay que tomarse más en serio este tipo de agresiones por odio hacia personas con una condición sexual diferente”, ha asegurado el regidor, quien además ha explicado que “hay que revisar y supervisar más los protocolos de actuación” y que, por eso, “es fundamental la firma de este convenio”.

Desde este nuevo servicio municipal, que no va a tener coste para el Consistorio, se proporcionará atención primaria a las víctimas, basado en la escucha activa y en el refuerzo de la autoestima, y se les asesorará, apoyará y motivará si deciden denunciar la agresión.

Por otro lado, desde la asociación Arcópoli se ofrecerá “el acompañamiento de la víctima al hospital para la solicitud de un parte de lesiones -en caso de que fuera necesario-“, según ha señalado el representante de Arcópoli que ha rubricado el convenio, Rubén López.

Además, este servicio “integral” supone llevar a cabo actividades formativas con la Policía Local, con especial atención a la elaboración de un Protocolo de Atención a Víctimas de LGTBfobia, donde se ofrecerá formación contra la discriminación a los agentes y al profesorado de colegios e institutos de Móstoles.

Lucas ha insistido en la necesidad de hacer una labor educativa en los centros de primaria y secundaria para “erradicar esta lacra social” y espera que “Móstoles se convierta en un ejemplo para otros ayuntamientos de España” con la puesta en marcha de este servicio.

El convenio que se ha rubricado hoy tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016 y se podrá prorrogar anualmente hasta un máximo de tres años.

Fuente Agencias/Cáscara Amarga

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