Mapa del cupo laboral travesti-trans en Argentina

Después de cuatro años aprobada y cajoneada, se reglamentó la ley de cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires. La Ley nº14.783 fue impulsada por la activista travesti Diana Sacayán y se votó en septiembre de 2015. Un mes después la militante por los derechos humanos fue asesinada con saña en su departamento. Desde entonces el gobierno de María Eugenia Vidal tuvo la reglamentación frenada hasta hoy, que fue publicada en el Boletín Oficial.

“El sector público de la provincia de Buenos Aires debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”, se lee en la publicación.

La reglamentación lleva la firma del Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, del ministro de Gobierno, Federico Salvai y de la gobernadora María Eugenia Vidal. La Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo deberán garantizar que esto ocurra.

Durante estos cuatro años las organizaciones de la diversidad sexual exigieron al gobierno de la provincia de Buenos Aires su implementación pero no obtenían respuestas.

“Esta reglamentación la recibimos con sentimientos encontrados: en principio porque la ley se sancionó en 2015 y la gobernadora María Eugenia Vidal tardó 4 años en reglamentarla a través de un decreto, algo que creemos que llega muy tarde en relación a que durante 4 años murieron muchas compañeras nuestras de hambre, por la exclusión, la falta de recursos, sobre todo de trabajo. Pero también hay que celebrarla,  tenemos esperanzas de que algo cambie”, explicó a Presentes la activista Claudia Vázquez Haro, presidenta de OTRANS Argentina.

Por su parte, la activista Alba Rueda, presidenta de Mujeres Trans Argentina, coincidió en que “es para celebrar: para poner foco en que tenemos la ley Diana Sacayán reglamentada. Esto es una gran noticia para la comunidad travesti trans”. Aunque al igual que la presidenta de OTRANS advirtió sobre la tardanza: “Vidal es ese paréntesis, esa suspensión de la democracia en el recorrido de los derechos de las personas trans. Vidal tenía el texto guardado hasta días antes de terminar su gestión”.

Además seguró que pedirán una entrevista con el futuro gobernador Axel Kicillof para hablar sobre la reglamentación.

Próximos pasos

En el Anexo de la publicación se detallan cómo será reglamentada. En primer lugar, la Administración Pública Provincial deberá comunicar al Ministerio de Trabajo en los próximos 90 días el número total de personas que se desempeñan bajo su órbita. Con esa base, deberán calcular las vacantes que se tienen que generar para poder cumplir con el cupo.

Además, indica que se creará el “Registro de Solicitantes de Empleo ‘Amancay Diana Sacayán’” que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. Allí se asentarán las postulaciones de personas travestis, transexuales y transgénero que aspiren a ocupar vacantes abiertas o reservadas bajo la Ley N° 14.783. La información contenida en ese registro será confidencial.

Una mesa integrada por el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Derechos Humanos deberá monitorear el cumplimiento de la ley, donde tendrán “participación consultiva” las organizaciones trans.

Por qué una ley de cupo Diana Sacayán 

La argumentación de la ley explica el reconocimiento internacional que hubo ante la Ley de  Identidad de Género. Luego cita la ley nº14.783 y retoma sus argumentos: “Las personas travestis, transexuales y transgénero de Argentina se encuentran entre las poblaciones más vulneradas históricamente del país, por lo que padecen persecución, exclusión y marginación sistemáticas, lo cual les genera enormes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato y al efectivo goce de sus derechos humanos”.

“A causa de la criminalización, discriminación y exclusión sistemática a la que fueron y están aún expuestas, las personas travestis, transexuales y transgénero suelen ser víctimas de rechazo, marginación y violencia brutal desde una temprana edad, lo cual se traduce en violencia en el seno familiar y en la expulsión del hogar durante la adolescencia, así como de las escuelas e institutos educativos a los que concurren, forzándolas a vivir en la extrema pobreza, con frecuencia debiendo valerse de actividades y economías criminalizadas para su subsistencia, lo cual, a su vez, ha contribuido a que un gran número de personas travestis, transexuales y transgénero registre antecedentes por detenciones en vía pública, procesamientos y condenas penales”, sigue la argumentación.

El texto publicado en el Boletín Oficial de la provincia más poblada de la Argentina reconoce que la ley fue impulsada “desde la sociedad civil por la activista Amancay Diana Sacayán, cuya labor contribuyó decididamente a la sanción de la ley objeto de la presente reglamentación” e indica que el objetivo es “revertir una situación de exclusión y discriminación estructural basada en el prejuicio contra las personas travestis, transexuales y transgénero”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había explicado en 2015 que esta norma tiene la capacidad de “contribuir no sólo a reducir los niveles de pobreza que enfrentan las personas trans, sino también pueden asistir a reducir el número de asesinatos y actos de violencia policial, en la medida que disminuyan el número de personas travestis, transexuales y transgénero en economías informales criminalizadas contribuyendo, asimismo a derrumbar estereotipos y prejuicios relacionados con la identidad de género”.

La sanción de la Ley N° 14.783 también fue destacada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como uno de los aspectos positivos del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos en el quinto informe periódico presentado por la Argentina.

Municipios que ya habían avanzado

A pesar de no estar reglamentada, en algunos municipios y universidades se tomó la decisión política de llevar a cabo el cupo laboral travesti trans. Karina Nazábal, a cargo de la Secretaría de políticas de Género y Niñez de la Defensoría del Pueblo provincial, presentó el año pasado un informe donde advierte que a pesar de la no reglamentación por parte del Poder Ejecutivo provincial, los municipios de Morón, Lanús y Azul, Chivilcoy, Quilmes, Avellaneda, Almirante Brown, Merlo, Tres de Febrero y San Miguel adhirieron a la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans. En la Universidad Nacional de La Plata, la facultad de Psicología decidió presentar un proyecto de Inclusión Laboral para Personas Trans en el Consejo Directivo que fue aprobado en septiembre de este año.  Además el Municipio de Mar del Plata también la implementó así como la Universidad de Mar del Plata, que ya tiene en su plantilla a las primeras trabajadoras trans.

Fuente Agencia Presentes

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Laly Heredia Escobar fue asesinada en la madrugada del 3 de febrero en Camino de Cintura. Tenía un tiro en la cadera y a su alrededor había varias vainas servidas, calibre 9mm.

Una vecina que caminaba por la calle dio el alerta: al amanecer del domingo 3 de febrero, el cuerpo de una joven travesti asesinada yacía en el cruce de avenida Monseñor Bufano y Arribeños, Camino de Cintura, a la altura de Los Pinos (La Matanza, pcia de Buenos Aires). Tenía un tiro en la cadera y a su alrededor había varias vainas servidas, calibre 9mm. Fue llevada a la Comisaría 4° de Los Pinos. Sus compañeras travestis y trans estaban casi seguras de quién se trataba. Recién en la noche del 3 de febrero, su hermana y su pareja la identificaron: era Laly Heredia Escobar.

Tenía 36 años, había venido desde Lima (Perú) a la Argentina hace 10 años. Vivía en Morón (provincia de Buenos Aires), en una vivienda que alquilaba junto a Emanuel Ferraro, albañil. “Estamos en pareja hace 9 años. Ella salió de casa el sábado a medianoche, me había dicho que volvía a las 5, pero no vino nunca. Me enteré de lo que pasó por las redes”, contó Ferraro a Presentes.

Ayer, cuando la foto de Laly empezó a circular en Facebook, Ferraro y una de las hermanas de Laly que vive en Argentina (el resto de la familia vive en Lima), fueron a la comisaría y en la 4° de Los Pinos reconocieron el cuerpo.

“Por lo que me dijo la policía, la mataron a eso de las 3 de la mañana. Ella estaba trabajando, cuando la abordó un hombre pidiendo servicios (sexuales), y ahí la ejecutaron de una, en la puerta de un hotel sobre Camino de Cintura. Creemos que estuvo agonizando de las 3 a las 7 de la mañana. Nadie la ayudó”.

“Todavía no hay una hipótesis certera de quién la mató o por qué” informaron fuentes judiciales a esta agencia.

La causa está caratulada como “homicidio agravado por uso de armas”. Interviene la Unidad Fiscal de Investigación de Homicidios del departamento judicial de La Matanza. Hasta ahora, lo poco que se sabe es que fue asesinada de un tiro en la cadera. Pero antes de matarla, le dispararon varias veces. Se descarta que se haya tratado de un robo: no le sustrajeron la plata que llevaba encima.

Las vainas de las balas halladas junto a su cuerpo son .9 mm, el calibre utilizado por las armas de la policía. “Es el calibre más común. Por el calibre no generamos una hipótesis de trabajo”, dijeron fuentes judiciales.

El lunes a la tarde la familia seguía tratando de reunir los fondos para el velatorio. Y planeando cómo organizarse para pedir justicia. Quieren hacer una marcha, articulando con organizaciones de travestis y trans. “Estamos conmocionados. Laly era increíble, había venido a la Argentina a buscar una vida mejor. Viajaba una vez al año a Perú a ver a su mamá, les mandaba plata, siempre vivió abocada a su familia, no quería que les faltara nada. Se puso una mochila enorme. Tenía sueños. Ella sabía de la violencia que sufren las chicas en la calle, sabía que está todo muy mal. Había vivido lo que viven todas las que trabajan en la calle con la policía. Pero no andaba en nada raro”, dijo su pareja.

“Nos violentan hasta después de muertas”

Poco después de conocerse el travesticidio de Laly, el diario Crónica informó acerca de los hechos infringiendo la ley de identidad de género y tratándola en masculino. Al respecto, la activista travesti Violeta Alegre escribió:

“Ese proceso es una de las tantas particularidades de nuestras identidades, donde los medios de comunicación nos violentan hasta después de muertas, que aún no somos luz. Detenernos a leer los comentarios de nuestras noticias casi con festejo de nuestras muertes nos muestran el mundo horrible en donde nos tocó estar, por ser quienes queremos, por resultante de un Estado que no se responsabiliza ni siquiera de garantizarnos un descanso en paz, nos quieren muertas, lo sabemos.

Hoy encontraron a otra compañera muerta de un tiro, hoy en el feminismo hay un desparpajo de mensajes fascistas en contra de nosotras, hoy nuestras identidades están padeciendo mucha más violencias en la calle, desde insultos, botellazos, en manos de las fuerzas policiales, o un tiro. Hoy no van a compartir nuestras noticias ni a generar un revuelo como pasó con la noticia aberrante de La Nazión, ni el mainstream del feminismo que les encanta contar cuerpxs vivos y selecciona algunas muertas, tampoco nos darán luz”.

En el Camino de Cintura (que atraviesa varias jurisdicciones), muchas chicas travestis y trans sobreviven ejerciendo la prostitución, expuestas a las violencias de todo tipo, incluida la policial. Si bien puede haber algunas de ellas que se identifiquen como trabajadoras sexuales, son muchas más las que recurren a la prostitución como único medio de subsistencia, tras haber sido excluidas y expulsadas de otros ámbitos como la educación y el trabajo.

A fin de empezar a hacer algo para revertir la exclusión laboral, en la provincia de Buenos Aires, la ley de Cupo Laboral Travesti Trans Diana Sacayán (impulsada por esta activista de derechos humanos) fue aprobada por la legislatura hace más de 3 años, en septiembre de 2015. Pero al día de hoy no se reglamentó.

Muertes travestis y trans en lo que va de 2019

La de Laly Heredia es la segunda muerte violenta de una travesti en lo que va de 2019 en Argentina. Pero las organizaciones de travestis y trans que recolectan datos aseguran que en los primeros 31 días del año hubo al menos diez muertes de travestis y trans.

Jésica Benavídez, 33 años, Entre Ríos

De esas muertes, dos están siendo investigadas por la justicia. Una de ellas en Entre Ríos, a partir del 24 de enero, cuando en Paraná un vecino encontró el cuerpo sin vida de Jésica Benavídez, una mujer trans de 33 años. Sobrevivía a cuentagotas como trabajadora sexual y vivía en situación de extrema pobreza. Sus compañeras la llamaban “La Nicky”. Era oriunda de Santa Elena (La Paz) y había llegado a la capital entrerriana hace más de 10 años.

Mirta Antonella Eva Di Marzo, 30 años, Salta

Días después, el 27 de enero, tras pasar tres meses en coma a raíz de un brutal ataque de odio, falleció Mirna Antonella Eva Di Marzo, de 30 años, en Güemes (Salta). Estaba inconsciente, en terapia intensiva desde el 21 de octubre, cuando fue atacada por un hombre a la salida del boliche Caribe, en General Güemes (a 50 kilómetros de la ciudad de Salta). “El discurso de odio es el que mató a Mirna y es el que sigue matando a mujeres trans”, dijo el abogado de su familia, José Lazarte, a Presentes, la semana pasada, al conocerse la noticia.

Las víctimas silenciadas

Ante la falta de datos oficiales de muertes travestis y trans, las organizaciones y activistas llevan un listado en el que documentan tanto las muertes violentas (travesticidios) así como las muertes causadas por la exclusión (travesticidio social: falta de acceso a derechos básicos como educación, salud, trabajo, vivienda, trabajo, la mayoría de estas muertes se vinculan a enfermedades de las que no mueren prematuramente otras poblaciones).

Forman parte de esta lista, que no sale en los medios:

Mariana Quinteros, La Rioja, 48 años

Jessica Paola Ochoa, CABA, 36 años

Carolay, CABA

Yamile, CABA, 24 años

Sandra Cantero, Reconquista, Santa Fe

Gabriela Farias, Lomas de Zamora, Bs As

Yesica Neira, Comodoro Rivadavia, 56 años

Luciana Anahi, CABA (oriunda de Güemes, Salta), 28 años

Laly apenas superó en un año el promedio de vida estimado para este colectivo en América Latina: 35 años. Los datos volcados en esta nota fueron confirmados a Presentes por diversas fuentes.

Fuente Agencia Presente  , vía SentidoG

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Una niña de Quilmes de siete años pidió el cambio de género y nombre en su partida de nacimiento y en el DNI. Lo hizo a través de sus padres, como exige la Ley de Identidad de Género. Cuando la familia consultó en el Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires sobre el estado del trámite les avisaron que el nuevo documento estaba en camino. Unos días más tarde recibieron un sobre con documentación oficial: no era el DNI y la partida de nacimiento de su hija, era una notificación que rechazaba el pedido.

Un niño de ocho años de Punta Indio y otro de La Plata también recibieron una notificación de rechazo. Es la primera vez en seis años, desde la aprobación y promulgación de la ley, que el Estado le niega a menores de 13 años el derecho a la identidad de género: desde 2013 más de 20 niños y niñas obtuvieron sus DNI con la identidad autopercibida. Ahora las asociaciones AboSex e Infancias Libres, que acompañan a las familias de los niños y las niñas trans, anticiparon que llevarán los casos “hasta las máximas instancias locales e internacionales de protección de derechos humanos”.

El Registro de las Personas argumentó el rechazo diciendo que se debe conformar un equipo multidisciplinario que analice si los menores de 13 años tienen “el grado de madurez suficiente para prestar un consentimiento válido”. “Es una interpretación totalmente arbitraria”, explicó a Cosecha Roja Alejandro Joma, representante de la asociación AboSex. “Cualquier niño que puede entender que hace el cambio de género puede pedir el cambio de DNI sin importar la edad. Es una batalla que ya fue saldada y por la cual se luchó mucho”, agregó.

“Las personas trans luchamos mucho para tener esta ley y ahora no se respeta. A los niños les afecta mucho no poder ver reflejado su nombre en el DNI o que no les respeten el nombre en el colegio o en el médico”, dijo a Cosecha Roja Matias Veneziani, secretario de la Asociación Civil Infancias Libres.

La Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada y promulgada en mayo de 2012, otorga el derecho a todas las personas a que se les reconozca su identidad de género. En el artículo 5 establece que los niños, niñas y adolescentes que deseen efectuar un cambio de género y nombre deben hacer el pedido “a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor”. El Registro de las Personas está obligado a reconocer la identidad de género “sin necesidad de ningún trámite judicial”.

En 2013 Lulú se convirtió en la primera niña trans en tener DNI con nombre femenino. Se asumió nena desde que nació y a los cuatro años le dijo a su mamá Gabriela: “Yo no soy un nene, soy una nena. Ya no me llamo Manuel, me llamo Lulú”.

Gabriela entendió que no debía imponerle a su hija una identidad que no era la suya. Así, las dos juntas comenzaron un recorrido de acompañamiento y de lucha contra la incomprensión, la negación y la discriminación cada vez que la llevaba a anotar a un taller, danza o patín o cuando iban a una guardia médica para que la atendieran.

Lulú necesitaba un DNI que reconociera su derecho a la identidad. Durante un año insistieron para que el Registro de las Personas de Buenos Aires rectificara sus datos. A pesar de que en 2012 había sido sancionada la ley de Identidad de Género, la titular del registro y el asesor de Menores e Incapaces del Tribunal de Morón consideraban que la nena no tenía capacidad para decidir sobre su identidad.

En octubre de 2013, el jefe de ministros de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, le entregó a Gabriela Mansilla la nueva partida de nacimiento y el DNI de su hija. “Todas las personas trans fueron niños en algún momento, pero no existía en la sociedad la posibilidad de percibirlo”, dijo Gabriela ese día. Y agregó: “El temor lo tenemos los adultos, no los niños, ya que en el jardín los compañeros no tienen ningún problema en aceptarla tal como ella se siente”.

A partir de la publicación de esta nota, la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires realizó una presentación de oficio ante el Registro Nacional de las Personas de la provincia para que las autoridades informen los fundamentos del rechazo al reconocimiento de la identidad de género de niños y niñas trans. “Actuamos de oficio por la gravedad y el retroceso que implica esta decisión de apartarse de lo que establece la legislación”, explicó el defensor del Pueblo adjunto de Buenos Aires, Walter Martello.

Fuente: Cosecha Roja, vía SentidoG

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Policías del distrito gobernado por el macrista Ramiro Tagliaferro les ordenaron a dos adolescentes separarse con al argumento de que hacían “algo inmoral”. “Estaban una arriba de la otra”, les dijeron a quienes salieron en defensa de las chicas.

Ni la ley de matrimonio igualitario ni la legislación que permite que una pareja del mismo sexo pueda adoptar hijos ni los avances en la igualdad de derechos de los últimos años, ni nada. Para la Policía Municipal de Morón, que dos chicas adolescentes se besen o abracen en una plaza pública “es un acto contra la moral”. “¿En qué posición estaban?”, las increpó uno de los agentes que se acercó a una pareja para exigirles que se separen.

El hecho ocurrió el miércoles pasado alrededor de las 18:30 en la plaza Alsina, de Villa Sarmiento, localidad de Morón, el partido que gobierna Ramiro Tagliaferro, intendente de Cambiemos y ex marido de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. El final de la secuencia fue filmado por una testigo que pasaba casualmente por allí y se acercó para ver lo que ocurría.

“Era un día nublado y no había nadie en la plaza”, contó a Página/12 Verónica Luque, la testigo. Antes de que los policías entraran en escena contra las adolescentes, “que tenían entre 16 y 17 años”, ella había pasado por el lugar y las vio “sentadas en un banco, una enfrente de la otra como cualquier pareja”. Minutos después, volvió a cruzar por allí y los agentes hablaban con las chicas.

Según le contaron las adolescentes, los municipales “les habían pedido que se separaran porque (estar así) ‘era algo inmoral’ y porque ‘había chicos en la plaza’”. Según la testigo, en los alrededores no había nadie, solo un hombre paseando a un perro. Fue entonces cuando comenzó la escena registrada en el video publicado en las redes sociales.

-Estamos cuidando la plaza y acá hay menores –argumentó un uniformado.

-Las chicas no estaban haciendo nada ilegal –respondió la testigo.

-Nadie les dijo que estaban cometiendo un delito. Como estaban una arriba de la otra, se les pidió amablemente de que desistan de esa posición.

Luego, la discusión fue por los fundamentos con que los policías amonestaron a la pareja. En la escena se oye cómo uno de los efectivos no quiso identificarse y le dijo que debía remitirse “a un destacamento de la localidad de El Palomar”. El otro sí lo hizo. Ambos negaron haber increpado a las chicas por ser lesbianas y adujeron haberlo hecho por supuestos reclamos de vecinos molestos ante “las exhibiciones” de la pareja en la plaza. “No pueden estar así”, añadió y las acusó de estar “una arriba de la otra”.

Luque siguió defendiendo a la pareja y les pidió a los agentes que precisaran qué legislación les impedía estar juntas en un espacio público. No le supieron responder. “Solo decían que era una cuestión de moral y que lo hubieran hecho con cualquier pareja”. Inmediatamente se acercaron otros dos agentes de la Policía Bonaerense a respaldar a sus camaradas. Luego de esto, las adolescentes, “que tenían entre 16 y 17 años”, se fueron de la plaza. “Cuando vi que eran cuatro me dio miedo”, reconoció.

Este diario se comunicó en tres oportunidades con la Municipalidad de Morón para que las autoridades den su versión de los hechos o las explicaciones que correspondiesen, pero la requisitoria no tuvo respuesta.

“Si los policías que te van a cuidar se van a regir por su propia moralidad y no se van a querer identificar, la verdad que deja una sensación de mayor inseguridad de la que ya vivimos”, reflexionó Verónica. No obstante, agregó, la clave está en “tomar coraje” y no ser indiferentes ante situaciones como esas, “porque si ahora las dejamos pasar, luego se van a venir cosas peores”.

Fuente Página 12, vía SentidoG

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La Corte Suprema argentina ratifica, por unanimidad, la condena por abusos al cura Grassi

El religioso fue hallado culpable de abusos a varios niños huérfanos, y pasará 15 años en prisión

El Obispado de Morón recuerda que el sacerdote tiene prohibido “el ejercicio público del ministerio“

Julio César Grassi es un abusador de menores. Lo ha confirmado, por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de Argentina. El cura argentino ya fue condenado en 2009 a 15 años de prisión por “abuso sexual agravado” contra los niños, pero permaneció en libertad condicional hasta 2013.

Cronología del ‘caso Grassi’ con enlaces a artículos.

Grassi quedó bajo sospecha en 2002, cuando el programa “Telenoche Investiga” de Canal 13 difundió un informe donde se ventilaban denuncias contra el titular de la “Fundación Felices Los Niños” por supuesto abuso deshonesto de menores a los que debía proteger. Estuvo solo un mes en prisión y luego esperó su juicio oral en libertad; en 2009 fue condenado por solo dos de los 17 cargos que pesaban en su contra y recibió una sentencia a pasar 15 años tras las rejas. Sin embargo, tampoco quedó detenido. Grassi sigue en libertad y ahora la Suprema Corte bonaerense confirmó esa resolución.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó hoy la condena a 15 años de prisión al Padre Grassi por los delitos de “abuso sexual agravado” contra un menor de edad en la Fundación Felices Los Niños.

La Justicia desestimó por unanimidad los recursos presentados en la causa que tiene como imputado al sacerdote Julio César Grassi, convalidando lo decidido por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

De este modo, quedó firme la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n°1 de Morón, Provincia de Buenos Aires, que condenó a Grassi de 15 años de prisión como autor reiterado de los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y guarda del menor-víctima en concurso real entre sí.

Fue condenado en junio de 2009 a 15 años de prisión por abusar sexualmente de “Gabriel”, un niño de 13 años de edad. El religioso fue sentenciado por “abuso sexual agravado, corrupción de menores agravada por su condición de sacerdote” contra un menor que en el 2002, con 19 años, había relatado en un programa de televisión cómo había sido abusado por el sacerdote cuando tenía 15 años y vivía en la Fundación Felices los Niños dedicada a rehabilitar a niños de la calle, de la que Grassi era responsable. Fue detenido el 24 de octubre de 2002, veinticuatro horas después de que el programa televisivo revelara su implicación en el abuso de cinco chicos.

Sin embargo, el Padre gozó de libertad condicional hasta que fue detenido en 2013 luego de que el fallo fuera ratificado en tres instancias y tras esta confirmación, le quedarían más de doce años de prisión efectiva. El sacerdote está actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria Nro. 41 de Campana, Provincia de Buenos Aires.

El abogado querellante, Juan Pablo Gallego, se mostró muy conforme con la resolución e incitó a que la Iglesia tome una decisión sobre su continuidad como Padre. “No hay más dudas, no hay más complot, no hay más ataques a las victimas. Es un cura pedófilo y debe ser expulsado de la Iglesia”, indicó en declaraciones a TN.

La sentencia es firme, y ya no caben recursos. Tras conocerse el fallo, el Obispado de Morón -diócesis a la que pertenecía Grassi- emitió un breve comunicado en el que destaca que “desde el inicio del juicio el sacerdote fue separado de toda función pastoral de la diócesis”, al tiempo que el obispo, Luis Eichhorn, “le prohíbe el ejercicio público del ministerio“.

En la nota, se añade que “la Santa Sede dispuso una investigación preliminar sobre las denuncias de la conducta de este sacerdote de la cual surgió un informe enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe“, y se afirma que “el Obispado actuará de acuerdo a los procesos canónicos vigentes que disponga la Santa Sede, los que serán informados debida y oportunamente a la opinión pública.“

Tras la confirmación definitiva de la Corte Suprema, le restarían doce años de prisión efectiva. El sacerdote está actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria Nro. 41 de Campana, provincia de Buenos Aires.

Comunicado del Obispo de Morón:

Morón, 21 de marzo de 2017

Ante el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso del sacerdote Julio César Grassi, el Obispado de Morón manifiesta que:

Desde el inicio del juicio el sacerdote fue separado de toda función pastoral de la diócesis.
Está vigente sobre este sacerdote la medida dictada por el obispo de Morón -Mons. Luis Eichhorn- que le prohíbe el ejercicio público del ministerio.

Oportunamente la Santa Sede dispuso una investigación preliminar sobre las denuncias de la conducta de este sacerdote de la cual surgió un informe enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe.

El Obispado actuará de acuerdo a los procesos canónicos vigentes que disponga la Santa Sede, los que serán informados debida y oportunamente a la opinión pública.

Bergoglio y el polémico Grassi, condenado por abusar de menores

Por su parte, y según informa Sergio Rubín en Valores Religiosos, el caso Grassi siempre dividió a la Iglesia entre los que lo consideraron culpable y los que creían en su inocencia. Como la cuestión era tan polémica, la cúpula del Episcopado decidió encargarle a un destacado penalista, Marcelo Sancinetti, un estudio del caso tras lo cual concluyó que el sacerdote era inocente.

Jorge Bergoglio, el primer papa argentino, era la figura máxima de la Iglesia Católica en Buenos Aires y Cardenal cuando el cura Julio César Grassi, perteneciente a su Diócesis, condenado en dos instancias a 15 años de prisión por corrupción de menores y abuso sexual, hechos ocurridos en su Fundación “Felices los Niños”.

Según declaró en una entrevista al diario Perfil en 2009, el mismo Grassi aseguraba que Bergoglio “jamás” le había soltado la mano. Investigaciones periodísticas de la época indican que Bergoglio no sólo continuaba protegiéndolo a través de la Iglesia, sino que además era su confesor, y uno de los pocos que acudían a la Fundación a hablar con él. “Hablo con él, me apoya mucho espiritualmente y me cree”, dijo Grassi sobre Bergoglio antes de ser condenado a 15 años de prisión.

Francisco siguió defendiendo al cura Grassi diciendo que es inocente y que había sido víctima de un complot mediático.  Recordemos que Bergoglio era su confesor. Y era el Presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina y Cardenal.

Bergoglio encomendó un estudio secreto de dos tomos con el propósito de desacreditar no solo a “Gabriel” sino también a otras dos víctimas que habían denunciado a Grassi y convencer a los magistrados de la Suprema Corte bonaerense de la inocencia de Grassi. Según dijo el abogado de una de las víctimas, el libro se hizo llegar a los magistrados del tribunal superior que se preparaban a pronunciarse sobre la apelación interpuesta por la defensa de Grassi.. Se cree que el encargo de Bergoglio es una de las razones por las que Grassi permaneció en libertad durante más de cuatro años después de ser condenado. Finalmente fue enviado a la cárcel en septiembre de 2013.

En septiembre de 2013, Monseñor Marcelo Cuenca Revuelta, arzobispo de Río Negro, declaró públicamente que el padre Julio César Grassi (sacerdote ya condenado cuya culpabilidad había sido confirmada por dos tribunales de apelaciones) era “completamente inocente”. Él también dijo que Grassi había sido incriminado injustamente por personas desconocidas que querían castigar a Grassi e impedir que la Iglesia ayudara a los niños pobres.

Acaso por lo controvertido internamente que resultaba el tema llevó al obispo de Morón, Luis Eichhorn, del cual depende Grassi, a dilatar el juicio eclesiástico, cuyo veredicto es determinante para disponer o no la expulsión expulsión del sacerdote del ejercicio de su ministerio.

Eichhorn apeló al argumento de que no era conveniente avanzar decididamente en el juicio eclesiástico mientras estaba actuando la justicia para no aparecer interfiriendo, un criterio aceptado por los canonistas, aunque no necesariamente de observancia obligatoria.

Ahora, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las instancias judiciales se cumplieron y todo indica que el proceso interno se acelerará, Por el bien de la Iglesia, es importante que concluya rápidamente.

A pesar de la condena recibida en 2009, Grassi permaneció en libertad hasta septiembre de 2013, cuando la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó su apelación y lo encarceló de inmediato para que comenzara a cumplir su condena de 15 años de prisión. Aun así, sigue siendo sacerdote católico.

Además fue condenado a dos años más de prisión  por el delito de malversación de fondos de la Fundación y por el desvío de las donaciones en beneficio propio. En julio de 2014 el director de hogares de la Fundación Felices los Niños, Juan Manuel Casolati, lo denunció ante la Fiscalía número 8 de Morón, por el robo de la comida de los niños y las donaciones de la Fundación, que le son enviadas semanalmente en vez de ir a la Fundación, para que el padre pueda pagar prebendas y solventarse una vida de lujo en prisión mientras los niños pasan necesidades y viven en pésimas condiciones.

En 2007, Bernárdo Álvarez, Obispo de Tenerife, hizo unas declaraciones que afectaron la sensibilidad de quienes no rigen sus vidas ni su ética según los principios de la Iglesia Católica. “Puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso, si te descuidas, te provocan”, explicó refiriéndose a la práctica, en el clero, de abusar sexualmente de personas.

La revista Barcelona reveló que el sacerdote español se sumaba al puñado de prelados que reclama “la inmediata libertad” del padre Julio César Grassi (hacer click sobre el recorte para leer), condenado a 15 años de prisión por abuso de menores. Lo que para cualquiera sería un sorbete amargo de tragar, para el fundador de la Fundación Felices Los Niños ha constituido un espaldarazo. Su gran amigo personal, el animador Raúl Portal, habría perdido la alegría desde la última vez que opinó públicamente sobre el caso Grassi:  “Esta es una victoria dolorosa, pero recuerden que nadie ganó un partido sin perder un set. Mirá lo que quedó del violador serial. Si te acordás, eran como treinta los chicos que lo acusaban y le decían ‘violador serial’, ahora resulta que solamente violó a uno y dos veces, es un chiste”, se ufanó Portal en junio de 2009, la primera de las dos veces en que Grassi fue condenado y dejado en libertad, simultáneamente.

Fuente: La Nación/Terra/BishopAccountability.org

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