Por Rosario Marina

Fotos: gentileza Otrans Argentina

¿Cuál es la situación de las personas travestis y trans en las cárceles argentinas? ¿Cuántxs son, quiénes son y cómo viven? Un estudio exhaustivo de la organización OTRANS Argentina se adentró en los penales federales y bonaerenses para generar datos reales y construir un documento que pruebe “la violencia sistémica a la que son sometidos los cuerpos travestis y trans” en situación de encierro.

Pamela Macedo Panduro.

Pamela Macedo Panduro, militante de Otrans y migrante, falleció el 1 de enero de 2017 mientras estaba detenida en la Unidad Penal Nro. 32 de Florencia Varela, provincia de Buenos Aires.

Angie Velázquez Ramírez y Damaris Becerra Jurado también murieron en cárceles bonaerenses. Brandi Bardales Sangama en el hospital platense San Martín, después de que la policía bonaerense allanara su casa. Este informe se inició a partir de sus muertes.

Damaris Becerra Jurado

Un informe pionero

“Nuestra investigación surge de hechos puntuales, relacionados con el aumento de las detenciones arbitrarias y armados de causas y, el desencadenante que produjo las muertes de cuatro compañeras en el 2017, detenidas en la ciudad de La Plata”, explica en el informe Claudia Vázquez Haro, presidenta de OTRANS y directora del proyecto.

El informe es el primero y único en su tipo. No existe ninguna organización trans que haya relevado antes las condiciones de detención del colectivo travesti-trans en el país.

En total, se hicieron 87 visitas a cárceles en la provincia de Buenos Aires y en el ámbito federal, entre enero y julio de 2019. La investigación fue financiada por el Fondo Internacional Trans.

Cuántas son y dónde están

El informe contabilizó la situación de encierro de 94 mujeres trans en las unidades N° 44 de Batán, N° 2 de Sierra Chica y N° 32 de Florencio Varela (todas ellas en provincia de Buenos Aires). En estas últimas, dos se encuentran alojadas personas trans con varones cis. En el Servicio Penitenciario Federal, la investigación regisró a 44 mujeres travestis y trans en la Unidad Carcelaria de Ezeiza. Dos tercios de las trans en situación de encierro tienen entre 25 y 40 años.

Hasta el 2015, el Ministerio de Justicia de la Nación no contabilizó a las personas trans travestis en sus estadísticas. Recién a partir de ese año, tres después de la sanción de la Ley de Identidad de Género, el Estado empieza a saber cuántas son las trans encarceladas.

Según el informe, aunque en Argentina han habido avances, “el sistema penitenciario ha quedado en un desfase teórico que se traduce en el ejercicio de prácticas institucionales que no logran dar una respuesta adecuada”.

Sin antecedentes y sin condena

En 2019, en las cárceles bonaerenses el 82% de las personas travestis y trans entrevistadas en el marco de este informe no tenía antecedentes: ésta es la primera vez que pisaron una unidad de detención penal. Entre quienes sí habían estado presas, menos de la mitad había recibido una condena.

En el ámbito federal la situación se parece: más del 50% de las entrevistadas nunca antes habían sido encarceladas ni habían cometido ningún delito.

El informe identificó el aumento en la cantidad de migrantes privadas encarceladas. “La mayoría de mujeres travestis y trans privadas de la libertad son migrantes. Un gran porcentaje de ellas se encuentra procesada, esperando una condena firme o la libertad”, explica el informe.

Migrantes: cada vez más

Según los datos del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2015 el 52% de las travestis y trans encarceladas en unidades penales del país eran argentinas. Al año siguiente representaban el 59%. El segundo grupo más importante era el de las peruanas, representando el 39% de las presas trans y travestis.

Sin embargo, según los datos relevados por la investigación, tres años después la proporción no se ha sostenido: en provincia, el grupo de nacionalidad argentina es de un porcentaje menor al migrante, en una proporción de 30% y 70% respectivamente.

Hoy, en la provincia de Buenos Aires, el 70% de la entrevistadas privadas de su libertad son extranjeras: la mayoría de Perú, otras de Ecuador. En el ámbito federal, el 55% son extranjeras. Las nacionalidades coinciden y se suma República Dominicana.

Las detenciones arbitrarias a trans y travestis migrantes, que llegan a la Argentina huyendo de las violencias y el transodio en sus países de origen, son solamente una cara de la discriminación que sufren por parte de la Justicia. Este año, un juez de La Plata, Juan José Ruiz, fue suspendido por haberle agravado la pena a una trans por ser migrante, vulnerando el derecho a la igualdad de trato y al principio de no discriminación. La medida la tomó el Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia.

Argentinas o migrantes, las impulsoras de este informe pusieron el foco en las pocas visitas que reciben casi todas ellas de sus familiares. En Sierra Chica hay una chica trans que no recibe visitas hace tres años.

“De las migrantes, ni sus consulados se ocupan de ellas. La cantidad de migrantes detenidas me generó muchas interrogantes al igual que la edad de las compañeras”, explicó Claudia Vázquez Haro a Presentes. “Se observa unas condiciones que contribuyen al deterioro de la salud: la situación habitacional agrava los problemas y los paliativos a las falencias respecto de una alimentación adecuada y de la provisión de medicamentos”, explica el informe.

«Las cárceles son depósitos humanos»

A Claudia, directora del proyecto, le llamó la atención las condiciones inhumanas de detención. ¿Cómo eso agrava la salud de las que viven con enfermedades crónicas?

Los datos indican que el 73% de las travestis y trans en cárceles bonaerenses padece algún tipo de enfermedad. Una de las infecciones más comunes es el VIH-sida. En el ámbito federal, el 55% tiene alguna enfermedad, siendo el VIH-sida la más común.

“El informe es un importante capital simbólico y político en términos de poder sistematizar la situación en que se encuentran travestis y trans”, dijo Vázquez Haro a Presentes. El objetivo final, explicó, es que los datos sirvan no sólo exigirle al Estado el cumplimiento de políticas públicas para el colectivo trans y travesti, sino también para poder denunciar ante organismos internacionales cómo se violan los derechos humanos del colectivo trans y travesti en el encierro en Argentina. “Las cárceles son depósitos humanos donde se termina desechando la vida de las compañeras trans y travestis”, concluyó.

Los ejemplos abundan. Uno de ellos: Mónica Mego, una trans peruana de 36 años, entró caminando a una cárcel de la provincia de Buenos Aires y quedó postrada, parapléjica, en la cama de un hospital de La Plata. Había estado casi un año detenida sin condena, acusada de narcomenudeo.

Ordenan pabellones travestis y trans en unidad penal Florencio Varela

A contramano de lo que suele ocurrir la mayoría de las veces en la Justicia, este año el fiscal Franco Picardi -titular de la Fiscalía Federal N° 5- emitió dictámenes para pedir que trans acusadas (en dos causas distintas) del delito de venta de drogas a baja escala fueran sobrevenidas y evitaran ir a la cárcel . En ambos escritos, el fiscal consideró que se trataba de sobrevivientes «en estado de necesidad disculpante y falta de acceso a derechos básicos».

En consonancia, el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 7, a cargo de  Sebastián Casanello, decidió sobreseer a cinco de ellas. Se trató de una decisión histórica de la Justicia argentina, que admitió el estado de «necesidad disculpante» en que actuaron las acusadas y reconoció la falta de derechos que afronta el colectivo travesti-trans, fuera y dentro de las cárceles argentinas.

Fuente Agencia Presentes

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Por Luciana Bertoia

Mónica Mego, una trans peruana de 36 años, entró caminando a una cárcel de la provincia de Buenos Aires y hoy está postrada, parapléjica, en la cama de un hospital de La Plata. Hace casi un año que está detenida sin condena, acusada de narcomenudeo. Después de meses de dolores y reclamos para que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) la hiciera atender, quedó paralítica y sin control de esfínteres. Denunció por torturas al SPB – que depende del Ministerio de Justicia provincial de María Eugenia Vidal-, pero su presentación no avanzó. En simultáneo, los penitenciarios accionaron contra un defensor por haber ido a visitar a Mónica, supuestamente acompañado por una periodista. Esa investigación se mueve a pasos agigantados y ya pasó por las manos de tres fiscales. Distintos organismos dicen que se trata de un caso de torturas que el Estado provincial quiere impedir que se investigue, lo que motivó la intervención de la Corte Suprema bonaerense.

La denuncia de Mónica entró a la fiscalía general de La Plata el 5 de julio de este año. La presentó el abogado de la Defensoría de Casación bonaerense Aníbal Hnatiuk. En un par de hojas, Mónica relataba cómo su vida se desmoronó en menos de un año, desde que quedó privada de su libertad. Los dolores renales empezaron en octubre del año pasado, cuando estaba detenida en la Alcaidía de Olmos. La atención del SPB consistía en suministrarle Ibuprofeno. Ella fue notando cómo crecía una protuberancia y también cómo los penitenciarios incumplían su promesa de llevarla a un hospital extramuros para que la atendieran y trataran.

Cuando la trasladaron a la Unidad 32 de Florencio Varela, Mónica ya casi no podía caminar. Sus compañeras de pabellón entraron en una huelga de hambre para reclamarle al SPB que la hiciera tratar. La respuesta del SPB fue ponerla en un “buzón” – una celda de castigo – y dejarla horas sin atención. El 21 de mayo, una compañera que colaboraba con el área de Sanidad quiso levantarla, pero Mónica se desmoronó. “Se me murió el cuerpo totalmente”, escribió en su denuncia.

Al día siguiente, la operaron en el Hospital San Martín de La Plata. La protuberancia que ella notaba era un absceso epidural por una tuberculosis no atendida. Cuando salió del quirófano, los médicos le dijeron que no iba a volver a caminar: debería vivir el resto de su vida con pañales y sonda.

Días después, la volvieron a llevar a Olmos. La dejaron en una cama sin rotarla y se le formaron escaras, dejándola expuesta a infecciones múltiples. Una tortura adicional para alguien que vive con otras patologías crónicas.

La cárcel, un dispositivo para morir

“Esto que pasó con Mónica es algo sobre lo que veníamos alertando desde 2017, cuando murieron cuatro compañeras que estaban privadas de su libertad”, dice Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans.

Pamela Macedo Panduro falleció el 1 de enero mientras estaba detenida en la Unidad Penal Nro. 32 de Florencia Varela, Provincia de Buenos Aires.

La organización está por dar a conocer una investigación federal realizada con apoyo del Fondo Internacional Trans, que detalla los padecimientos de las personas trans en situación de encierro. “El informe va a dar cuenta de cómo se agravaron las condiciones de detención, malos tratos, tortura y muerte en estos cuatro años de macrismo”, adelanta. El 95 por ciento de las entrevistadas denunció que al menos una vez sufrió malos tratos, violencia verbal o física de las fuerzas de seguridad. En las cárceles, hay una triple discriminación– explica Vásquez Haro–: ser travesti, migrantes y pobres.

Según el último informe de la CPM, a diciembre del año pasado, eran 94 las mujeres trans detenidas en las cárceles bonaerenses. La mayoría de ellas están alojadas en la Unidad 32 de Florencio Varela. El resto se reparte entre la Unidad 44 de Batán y la Unidad 2 de Sierra Chica.

La población trans en cárceles creció un 36 por ciento entre 2017 y 2018 – al calor de la retórica manodurista. Hasta el año pasado, el 86 por ciento de las personas trans detenidas lo estaba por tener un procesamiento. O sea, sin sentencia ni revisión de sentencia. Como sucedió con Mónica.

La justicia le reclama a la justicia

El viernes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, Eduardo de Lázzari, firmó una resolución en la que le apuntaba directamente al Procurador General Julio Conte Grand. Por un lado, le reclamaba que le informe qué se hizo con la denuncia que presentó Mónica desde el hospital. Por otro, hacía una exhortación a todas las autoridades que intervienen en el caso para que no entorpezcan la acción de defensores de los derechos humanos.

Mario Coriolano, defensor de Casación, fue a visitarla mientras estaba en una cama en Olmos. Lo hizo a partir de un pedido del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) – que consideró que la falta de atención, las burlas y el hostigamiento que padeció Mónica podía catalogarse como un caso de tortura. Terminó denunciado Coriolano por el titular del SPB, Xavier Areses, por haber supuestamente permitido el ingreso de una periodista – lo que sería prácticamente una hazaña porque es el propio SPB quien controla ingresos y egresos de las cárceles.

“El de Mónica es un caso testigo porque pone sobre la mesa lo más brutal y estereotipado del sistema de justicia: de un sector de los fiscales, de la judicatura y el SPB”, dice Coriolano a Presentes. “Desde una perspectiva de género hay una intersección de vulnerabilidades. Es una mujer trans, peruana y eso llevó a que se la involucrara falsamente en un tema de drogas”.

La resolución de De Lázzari surgió después de que llegaran ante el máximo tribunal provincial presentaciones de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), del CNPT y del Vicario Episcopal de Solidaridad de la Diócesis de Quilmes.

La CPM presentó dos hábeas corpus por la situación de Mónica y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que extendió a todo el colectivo trans privado de su libertad en la provincia de Buenos Aires.Es probable que se repitan las presentaciones en las próximas semanas e incluso que se sumen nuevas organizaciones para apoyar el reclamo.

Mónica está actualmente detenida en prisión domiciliaria en el Hospital San Juan de Dios de La Plata, pero las organizaciones que siguen su caso vienen reclamando que se la traslade al Hospital El Dique, de Ensenada, porque es el centro médico ideal para tratar dolencias crónicas.

“Es de interés que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. La respuesta del Estado para Mónica debe ser reparatoria”, reclama Ignacio Di Giano, director del Programa de Recepción de Denuncias de la CPM. “Esta chica entró caminando y se va a ir en una silla de ruedas en el mejor de los casos”.

Fuente Agencia Presentes

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