El recientemente reelegido presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acaba de prohibir que la mal llamada “ideología de género” entre en las escuelas del país, calificándola de “antinatural, antidios y antifamilia”.

SAN SALVADOR – El gobierno del presidente Nayib Bukele, ha intensificado sus críticas y políticas contra la ideología de género. Colectivos LGBTI y feministas denuncian retrocesos en el acceso a derechos en instituciones del Estado.

Luego de su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un evento desarrollado en Estados Unidos por grupos conservadores y de ultraderecha, Bukele declaró al movimiento Padres en Acción que su gobierno no permite el desarrollo de contenidos académicos con ideología de género ni en escuelas ni colegios.

“(Nuestros hijos) se los confiamos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles en sus vidas, biología, matemática, cosas importantes para su aprendizaje. Luego vienen y quieren meterles ideologías. Quieren meterles cosas contrarias a la naturaleza”, dijo en declaraciones con la directora de Moms for Liberty, una organización que busca expulsar la llamada ideología de género de las escuelas.

En la CPAC intervinieron, además, el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) y el mandatario argentino, Javier Milei, quien esta semana también anunció que prohibirá el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública del país sudamericano.

Un poder inconstitucional

Bukele, de 42 años de edad, se ha autodefinido como “el dictador más cool del mundo”. Ganó a inicios de febrero la reelección con una aplastante victoria pese a la prohibición de la Constitución que impide los mandatos consecutivos.

De origen palestino, Nayib es uno de los diez hijos de Armando Bukele Kattán, un fallecido empresario y fundador de cuatro mezquitas en El Salvador.

“Nos hacen pagar (impuestos) para que tengan una educación contraria a la naturaleza, contraria a Dios, contraria a la familia, contraria a lo que los padres queremos, ese es el verdadero peligro y hay que erradicar eso de las escuelas”, agregó.

“Es un plan premeditado para destruir a las futuras generaciones”, sostuvo Bukele.

Falsas promesas

Previo a su elección como presidente en 2019, Bukele había manifestado su apoyo y respaldo a los derechos de la población LGBTI y de las mujeres. Sin embargo, una de las primeras medidas que impulsó al llegar al poder fue la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social, a la que pertenecía la Dirección de Diversidad Sexual.

🏳️‍🌈 Sigan apoyando y aplaudiendo a alguien que esta en contra de sus derechos, alguien que habla de mejorar la educación y en 5 años ni una sola reforma al sistema y si en este nuevo periodo las hay, esta claro que serán encontrar de nuestra libertad . 💅👠#Ladydrag pic.twitter.com/7GGRrSVmb6

— LadyDrag (@LadyDragES) February 29, 2024

El mandatario descartó que el país se contemplaran cambios en materia de aborto, matrimonio del mismo sexo y la eutanasia en un pliego de reformas a la Carta Magna que fueron promovidas por un equipo de abogados dirigidos por su propio vicepresidente, Félix Ulloa.

“He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia”, escribió Bukele en septiembre de 2021.

Un año más tarde, el gobierno prohibió emitir un contenido de identidad sexual en la televisora estatal canal 10 y anuló un contrato con un instituto de formación docente que transmitía un programa educativo, después de recibir presiones ciudadanas que argumentaban supuesta ideologización a estudiantes.

La directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH), Mónica Linares, denunció que en noviembre pasado la Corte Suprema de Justicia decidió terminar un acuerdo con la organización para realizar jornadas de sensibilización de jueces y personal de la corte por las solicitudes cambio de nombres e identidad.

Regimen de Excepción

Pero las principales críticas a su gobierno derivan de la aplicación de casi dos años de un Régimen de Excepción para combatir a las pandillas llamadas “maras”. La polémica medida que suspende algunos derechos constitucionales ha permitido detener a más de 75.000 presuntos miembros de estas estructuras.

Según datos oficiales, en 2023, el número de homicidios en El Salvador se redujo un 68.8% debido a la continuidad del estado de emergencia. El año pasado se cometieron 154 asesinatos, frente a los 495 del año previo, mientras que se reportó una tasa de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas del continente.

Durante 24 meses, las organizaciones de derechos humanos contabilizan unas 236 muertes bajo custodia del Estado y más 5,775 de personas a quienes les han violado los derechos humanos. Entre ellas reportan 53 vulneraciones a poblaciones LGBTI+, de las cuales 39 son detenciones arbitrarias, afectando principalmente a mujeres trans y hombres gay.

Escuelas sin ideología de género

Luego de las declaraciones de Bukele a Padres en Acción, el periodista y analista venezolano Eduardo Menoni, publicó en su cuenta de X: “ÚLTIMA HORA: DURÍSIMO GOLPE AL LOBBY LGBTIQ+. El ministerio de educación de El Salvador CONFIRMA que ha expulsado de guías, libros y materiales educativos, todo rastro de la ideología de género de las escuelas. • ¿Apoyas esta CONTUNDENTE MEDIDA ordenada por Nayib Bukele?”, escribió.

El ministro de Educación, José Mauricio Pineda, citó el post de Menoni y confirmó que “todo uso o todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”, sin dar detalles.

“Todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”, ha confirmado el ministro de Educación de El Salvador, José Mauricio Pineda, siguiendo las instrucciones de Bukele, que cree importante “que se retome a Dios en las escuelas, que se retome la moral, el civismo, que se aprendan las cosas tradicionales, como matemática e historia, […] nadie está en contra de modernizarse, de lo que estamos en contra es que metan ideologías antinaturales, antidios, antifamilia, eso no cabe en nuestras escuelas”, dijo.

Diputados oficialistas publicaron mensajes de respaldo a la medida de prohibir la enseñanza de ideología de género, mientras que simpatizantes de Bukele alabaron sus declaraciones. Un caricaturista identificado como @KikeCastaneda2 dibujó una mano que dice El Salvador depositando en un recipiente de la basura banderas de la población LGBTI, con la frase que “no quede rastro”.

Agencia Presentes solicitó un pronunciamiento oficial del Ministerio de Educación, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta, sin embargo, en una breve publicación en X, la cartera de Estado que los contenidos con ideología de género fueron expulsados de guías, libros y materiales educativos.

El ministerio de Salud ordenó esta semana retirar todo material que tenga que ver con diversidad sexual y documentos que permitían identificar el género de los usuarios en los centros asistenciales, denunciaron activistas LGBTI.

Para la tribuna y contra la Constitución

“Tal parece que están buscando quedar bien con estos grupos que se oponen a los derechos de las mujeres y las personas LGBTI. Está claro que hay un sentido político de buscar, provocar y promover la discriminación, a pesar que la Constitución de la república, prohíbe la discriminación hacia las personas por cualquier razón”, dijo a Presentes Mariana Moisa, de la Colectiva Feminista.

Por su parte, el activista, Erick Ortiz, dijo que el oficialismo estaba recurriendo al miedo construido sobre la base de la desinformación que existe sobre la población LGBTI.

“Ese caballito imaginario que llaman ‘ideología de género’, en este caso, no es más que un paraguas para explotar políticamente las vidas de personas que siempre hemos estado excluidas, y radicalizar religiosamente a su base de aplaudidores”, escribió Ortiz en X.

“Las personas LGBT+ seremos solo unas más en la larga lista de perseguidas que se utilizarán para atornillar su narrativa de víctima (y paladín de las causas absurdas). Mientras engaña ahora a las derechas huérfanas de proyecto político, como antes lo hizo con la izquierda salvadoreña, el Señor de Los Sueños (Bukele) construye un Estado cuya única finalidad es la de imponer una dinastía familiar cleptocrática. Y para ello, el camaleón mutará las veces que sean necesarias” agregó.

Nelson Rentería

General, Homofobia/ Transfobia. Armando Bukele Kattán, Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH, Colectiva Feminista, Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Donald Trump, Eduardo Menoni, El Salvador, Erick Ortiz, Homofobia/Transfobia, Ideología de género, Javier Milei, Machismo, Mariana Moisa, Moms for Liberty, Mónica Linares, Nayib Bukele, Padres en acción

Paula Rosales

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Anabel Belloso, Apolonio Tobar, Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), Barrio 18, Derechos LGTBIQ+, El Salvador, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Homofobia/Transfobia, Karla Avelar, Mara Salvatrucha MS-13, Mónica Linares, Nuevas Ideas, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero

Por Paula Rosales, desde San Salvador

Organizaciones LGBTI de El Salvador condenaron el asesinato de Katherine Rosmery Duvall, una mujer trans cuyo crimen no ha sido esclarecido por las autoridades. Informes preliminares de la fiscalía señalan que Katherine fue asesinada a balazos la noche del 3 de septiembre en la populosa residencial Altavista, municipio de Ilopango, 14 kilómetros al este de la capital. Pero hasta hoy no se ha podido reconstruir qué pasó. Las instituciones del Estado tampoco dieron mayores detalles sobre el hecho o capturas de los responsables.

Katherine se dedicaba a la lectura del tarot, y lo último que se supo de ella fue que se preparaba para la celebración de su natalicio. “Ya casi cumplo años, mis amores”, escribió el 3 de septiembre en su cuenta de Facebook.

La directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH), Mónica Linares, comentó a Presentes que hace dos años Duvall había puesto una denuncia por acoso de la policía.

“Katherine era acosada por la policía. La policía era la que le ponía renta (extorsión), llegaba a la casa de ella y la extorsionaba, llevándose televisores y cosas así. Y amenazándola con que si no se las daba, le iban a imponer cargos y se la iban a llevar presa”, dijo Linares.

Presentes solicitó información oficial sobre la muerte de Katherine a la Policía Nacional Civil, pero la institución no respondió.

“Exigimos a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil, realicen las investigaciones pertinentes para traer justicia en este nuevo crimen cometido hacia nuestra comunidad, pedimos al gobierno garantice la seguridad de nuestras compañeras. ¡Las mujeres trans, no están seguras! ¡Exigimos justicia!” expresó a través de un comunicado la organización salvadoreña AMATE. Desde HT también condenaron el asesinato “pidiendo al universo brinde fortaleza a sus familiares y amigos y a la vez exigimos a las autoridades correspondientes realizar una exhaustiva investigación y que el peso de la ley caiga sobre quienes acabaron con su vida”.

Trans violentadas por el Estado en El Salvador

El informe “Basta de genocidio trans”, presentado en 2019 por ASPIDH y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS) da cuenta de cómo en El Salvador las mujeres trans son violentadas por instituciones del Estado. De acuerdo al estudio, mujeres trans reportaron que sufrieron algún tipo de discriminación y acoso de parte de instituciones estatales: el 46% en los hospitales, un 36% en la Policía, un 6% en la Fuerza Armada y alcaldías, y un 3% en las universidades.

“Exigimos a la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, realicen las investigaciones pertinentes para traer justicia en este nuevo crimen cometido hacia nuestra comunidad, pedimos al gobierno garantice la seguridad de nuestras compañeras”, expresó la organización Amate.

Esta es la segunda muerte de una mujer trans en El Salvador en lo que va de 2020. En enero fue asesinada Briyit Michelle Alas en el municipio de Ciudad Delgado.

El Congreso de El Salvador reformó en 2015 el Código Penal para tipificar los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, hasta la fecha todos los casos continúan impunes.

Únicamente tres de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz  cuyo asesinato fue condenado por primera vez por la Justicia de El salvador como un transfemicidio, Anahy Miranda y Tita Andrade.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH, Delitos de Odio, El Salvador, Homofobia/Transfobia, Katherine Rosmery Duvall, Mónica Linares, Personas trans

Por Paula Rosales, desde El Salvador

Un tribunal de El Salvador emitió hoy un inédito fallo en contra de tres policías acusados de privar de libertad, golpear y tirar desde la patrulla en marcha a Camila Díaz Córdova, una mujer trans de 29 años de edad.

Por medio de un proceso deductivo, el juez primero de sentencia consideró que los agentes de seguridad del Estado Luis Alfredo Avelar, Carlos Valentín Rosales Carpio y Jaime Geovany Mendoza Rivas tuvieron participación del hecho, por lo que la condena de veinte años fue por el delito de homicidio agravado. Pero no se reconoció que fuera un crimen de odio hacia la identidad de género.

“Para nosotras como ASPIDH es un sabor dulce y amargo al mismo tiempo, es dulce porque por lo menos ha habido una condena por fin por la muerte de una compañera trans y amargo porque al final no pusieron el agravante de crimen por odio y eso  nos deja un mal sabor de boca porque no llegamos a la sentencia que esperábamos que eran 50 años. Obviamente estos 20 años pueden ser apelados y pueden ser disminuidos a la mitad”, dijo a Presentes Mónica Linares, directora de Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.

Para el magistrado, los agentes sometieron y esposaron a Camila en la parte de atrás de la patrulla, no la llevaron a un lugar donde estableció la bitácora policial, la abandonaron en un lugar solitario y peligroso y descartó que haya sido arrollada por un automóvil, tal y como sostenía la defensa.

“Los imputados han tenido participación en el hecho, porque los únicos que lesionaron a la víctima son los agentes”, dijo el juez.

La mayoría de casos contemplados como crímenes motivados por odio a la identidad, orientación y expresión de género han sido desestimados en las cortes del país. Únicamente tres de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz, Anahy Miranda y Tita Andrade.

El fallo a favor de Camila Díaz es el primero con una condena en el país centroamericano.

El caso inicialmente contemplaba tres delitos: privación de libertad, homicidio agravado con el perjuicio de haber sido motivado por el odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero solo quedó firme uno.

“Como Fiscalía nos sentimos satisfechas porque creemos que se le hizo justicia a Camila verdad, el juez decidió condenarlos a 20 años de prisión a cada imputado por el delito de homicidio agravado”, dijo a la prensa la fiscal del caso, Gisela Meléndez.

Todavía está pendiente una resolución de tipo civil, luego que la fiscalía pidiera la cantidad de 1,000 dólares de reparación a la familia de Díaz por cada agente procesado.

“Yo sé que se hizo justicia, porque agarraron a estas personas desde el momento que asesinaron a mi hijo, las están procesando y si no hubiera sido así no hubiera llegado este proceso hasta donde está ahorita, por eso pienso que se ha hecho justicia”, dijo a Presentes la mamá de Camila, Edith Córdova a Presentes.

Camila fue deportada en 2017 desde Estados Unidos después que le negaran el asilo humanitario por carecer de arraigo en el país del norte, emigró por las amenazas a muerte de la pandilla del barrio, una de las más sangrientas de Centroamérica.

“Mi sentimiento más grande es que desde el momento en que a mí me dijeron ‘tu hijo no está, tu hijo desapareció’ desde que lo asesinaron mi sentimiento más grande es que mi hijo jamás va a volver a estar conmigo, nadie lo va a borrar de mi mente, de mi corazón, siempre va a estar ahí”, agregó la madre.

La última noche de Camina

De acuerdo a la investigación de la fiscalía, la madrugada del 31 de enero de 2019, los policías sentenciados llegaron para atender una emergencia en una calle al norte de la capital, en la que tenían un reporte que Díaz estaba realizando disturbios en la vía pública, por lo que fue arrestada y llevada en una patrulla.

Durante el trayecto, se sospecha a partir de las evidencias, que la mujer trans fue golpeada por los agentes y luego lanzada a una carretera, donde fue rescatada con vida minutos más tarde por una ambulancia. Camila Díaz Córdova murió en un hospital el 3 de febrero de 2019.

“Me quedo sorprendida de verdad, creo que era algo que yo esperaba, esta es una de las mejores noticias que he tenido después de tanta situación que hemos pasado, de tanta espera, de tanta lucha, de tanta zozobra, todo esto fue muy largo, pero ahora he recibido una de las mejores noticias”, dijo a Presentes Virginia Flores, amiga de Camila.

Los acusados

El agente Luis Alfredo Avelar, de 35 años de edad, estudió ciencias religiosas en la Universidad Católica de Occidente. Emigró de manera irregular a Estados Unidos y fue deportado el 26 de abril de 2019. Renunció a la institución policial en 2008 y se reintegró en 2012. En su expediente consta que ha cometido faltas leves: ausentarse en horas laborales y abandono de servicio.

El segundo imputado es el agente Carlos Valentín Rosales Carpio, de 37 años de edad. Era el de mayor jerarquía en el grupo que atendió la llamada de emergencia. En la prueba de ingreso, en la parte de derechos humanos obtuvo una nota de cuatro de diez puntos.

El tercer imputado es Jaime Geovany Mendoza Rivas, de 28 años de edad. En su expediente el agente no tiene faltas disciplinarias y recibió el reconocimiento a la excelencia policial.

“No compartimos el criterio del juez por haberse basado en una imputación, como el mismo lo manifestó, en una imputación subjetiva, ya que nosotros consideramos que no se logró establecer que efectivamente ellos lo hayan golpeado”, dijo a la prensa el abogado José Cabezas, uno de los defensores de los agentes.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), Carlos Valentín Rosales Carpio, Delitos de Odio, El Salvador, Jaime Geovany Mendoza Rivas, Luis Alfredo Avelar, Mónica Linares, Transfeminicidio

Jaime Natividad Rubio Ramos,

Por Paula Rosales, desde San Salvador

Jaime Natividad Rubio Ramos, un hombre gay de 28 años, es la segunda víctima LGBT+ asesinada en una semana en la zona oriental de El Salvador. En este país aún no hay víctimas fatales de la pandemia de coronavirus, pero en 2020 ya se documentan al menos tres crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual. Dos de ellas, asesinadas en la última semana.

De acuerdo a testimonios de pobladorxs, Jaime se encontraba departiendo el 15 de marzo junto a otras personas en la Laguna de Olomega, municipio de El Carmen, departamento de La Unión, a 170 kilómetros al sudeste de la capital del país.  Fue la ultima vez que lo vieron con vida. “Pobladores de la zona escucharon disparos y al día siguiente encontraron el cadáver de la víctima. El cuerpo sin vida tenía entre diez y doce horas de fallecido, por tanto el levantamiento y las diligencias se realizaron el día 16. Sabemos que Jaime recibió tres disparos”, dijo a Presentes una fuente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos que solicitó reserva.

Jaime se dedicaba a organizar eventos y a crear coreografías para eventos de belleza en diferentes departamentos del país centroamericano. De acuerdo a fuentes consultadas por Presentes, era un joven emprendedor que se esforzaba para destacar con su trabajo.

“Jaime era un joven muy trabajador, con todo un mundo para descubrir en nuestro país, que no te da muchas oportunidades y menos siendo miembro de nuestra comunidad LGBTIQ, donde tantas veces se nos margina. Me siento muy mal. Es un asesinato que en verdad me afecta”, dijo a Presentes Edgar Zelaya, diseñador de modas y colega de trabajo de Jaime.

Presentes consultó a la delegación de la policía en el municipio de El Carmen, pero se negaron a responder. No es la primera vez que la institución a cargo de la seguridad pública niega información a este medio.

“La oficina fiscal de La Unión, confirma que el occiso Jaime Natividad Rubio, según la información preliminar recolectada en la escena pertenecía al colectivo LGBTI. La investigación por el momento está centrada en determinar el perfil social de la víctima, para establecer una línea de investigación”, afirmó a Presentes una fuente fiscal.

Dos asesinatos a LGBT+ en una semana

Tita Andrade Umaña

Con el asesinato de Jaime, ya son al menos tres los crímenes de odio hacia personas LGBT+ reportados en El Salvador en lo que va de 2020.

Tita Andrade Umaña, una persona trans de 32 años, salió de su casa el viernes 6 de marzo en el municipio de Intipucá en el departamento de La Unión, 180 kilómetros al sureste de la capital de El Salvador. La encontraron asesinada, el sábado 7 en un descampado del caserío La Agencia, en una zona rural del oriente del país centroamericano.

El primer transfeminicidio de 2020 se perpetró el 16 de enero contra Briyit Michelle Alas, una mujer trans de 21 años. Briyit fue asesinada de cinco disparos y después fue lanzada a un barranco en Ciudad Delgado, a ocho kilómetros de la capital. Por este crimen aún no hay personas detenidas.

El congreso reformó en el año 2015 el código penal e incluyó al homicidio agravado el perjuicio de crímenes cometidos por odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero desde la reforma ningún caso ha logrado condena con esta tipificación.

Sin justicia, con impunidad

“Los asesinatos van a seguir ocurriendo porque nosotras somos la cara visible de toda la población LGBTI y somos las más expuestas en cuanto al ojo público. Con nuestros crímenes siempre ha existido impunidad en el país”, dijo Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.

“Las acusaciones han disminuido porque existe mucha corrupción en las autoridades. Aunque los jueces quieran hacer su trabajo, las autoridades correspondientes de acusar y defender siempre terminan llegando a un acuerdo donde sale favorecido el culpable”, expresó Linares a Presentes.

Aumentaron los asesinatos en el último trimestre de 2019 

De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, presuntamente asesinada por policías y Anahy Miranda, han sido judicializados.

Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.

Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador.

El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.

El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda, fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán, Rosa Granados, una activista trans de 28 años asesinada en su casa de cuatro disparos en su cabeza. Vivía en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión, a 182 kilómetros al este de San Salvador.

Cristi Conde Vásquez, mujer trans de 28 años, fue asesinada el jueves 19 de diciembre. Fue perseguida y llevada a un sitio en donde le propinaron unos cinco disparos, de acuerdo a un reporte de la Policía Nacional Civil.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele,

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), Briyit Michelle Alas, Caserío La Agencia, Cristi Conde Vásquez, Delitos de Odio, El Salvador, Intipucá, Jaime Natividad Rubio Ramos, La Unión, Mónica Linares, Nayib Bukele, Personas trans, Ronald Asael Cáceres Campos, Tita Andrade Umaña

Tita Andrade Umaña

Por Paula Rosales, desde San Salvador

Tita Andrade Umaña, una persona trans de 32 años, salió de su casa el viernes 6 de marzo en el municipio de Intipucá en el departamento de La Unión, 180 kilómetros al sureste de la capital de El Salvador. La encontraron asesinada, el sábado 7 en un descampado del caserío La Agencia, en una zona rural del oriente del país centroamericano. Por la autopsia se logró determinar quién era.

Residentes de la zona reportaron un conato de incendio y al verificar hallaron el cuerpo calcinado en un 90 por ciento, de acuerdo al reporte policial de La Unión. La fiscalía general anunció el martes 10 en su cuenta de Twitter que hay una persona detenida, sospechosa de haber cometido el crimen. Aunque en los trámites judiciales, Tita es llamada por su nombre asignado al nacer.

“Se ha decretado detención administrativa en contra de Ronald Asael Cáceres Campos, por el delito de homicidio simple de Jaime Ulises Andrade Umaña, miembro de la comunidad LGBTI. El hecho ocurrió el día sábado 7 de marzo en Intipucá, La Unión”, informó la institución. “La detención se hizo efectiva este día a las 15 horas, como resultado de investigación de la fiscalía. Se ha logrado recabar abundante prueba en contra del acusado”, publicó el ente.

«Se desconoce el móvil que originó el homicidio. La causa de la muerte está por determinarse mediante autopsia, ya que la víctima presentaba quemaduras en todo el cuerpo y hasta ahora aún no tenemos el resultado de la autopsia», expresó a la prensa el oficial de servicio de la policía.

Ronald Asael Cáceres Campos,

Tita es la segunda víctima asesinada de la población LGBTI en El Salvador en lo que va de 2020. Las investigaciones de estos crímenes avanzan muy poco en el país. La gran mayoría queda impune debido a investigaciones débiles que no permiten el enjuiciamiento de los responsables.

El primer transfeminicidio de 2020 se perpetró el 16 de enero contra Briyit Michelle Alas, una mujer trans de 21 años. Briyit fue asesinada de cinco disparos y después fue lanzada a un barranco en Ciudad Delgado, a ocho kilómetros de la capital. Por este crimen aún no hay personas detenidas.

El congreso reformó en el año 2015 el código penal e incluyó al homicidio agravado el perjuicio de crímenes cometidos por odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero desde la reforma ningún caso ha logrado condena con esta tipificación.

Sin justicia, con impunidad

“Los asesinatos van a seguir ocurriendo porque nosotras somos la cara visible de toda la población LGBTI y somos las más expuestas en cuanto al ojo público. Con nuestros crímenes siempre ha existido impunidad en el país”, dijo Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.

“Las acusaciones han disminuido porque existe mucha corrupción en las autoridades. Aunque los jueces quieran hacer su trabajo, las autoridades correspondientes de acusar y defender siempre terminan llegando a un acuerdo donde sale favorecido el culpable”, expresó Linares a Presentes.

Tita Andrade Umaña

Aumentaron los asesinatos en el último trimestre de 2019 

De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, presuntamente asesinada por policías y Anahy Miranda, han sido judicializados.

Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.

Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador.

El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.

El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda, fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán, Rosa Granados, una activista trans de 28 años asesinada en su casa de cuatro disparos en su cabeza. Vivía en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión, a 182 kilómetros al este de San Salvador.

Cristi Conde Vásquez, mujer trans de 28 años, fue asesinada el jueves 19 de diciembre. Fue perseguida y llevada a un sitio en donde le propinaron unos cinco disparos, de acuerdo a un reporte de la Policía Nacional Civil.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele,

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencias/ Agencia Presentes/Cristianos Gays

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Por Paula Rosales

La población LGBTI de El Salvador está preocupada por las señales de “autoritarismo” que mostró el presidente Nayib Bukele al irrumpir, junto con soldados y policías armados, en el salón de sesiones de la Asamblea Legislativa el domingo 9 de febrero. Fue con la intención de presionar a los diputados para que aprobaran negociar un préstamo de 109 millones de dólares para financiar sus planes de seguridad.

Organizaciones feministas y LGBTI se congregaron en la Plaza del Monumento al Salvador del Mundo a protestar ante el avance de la militarización del Estado y por la amenaza de destruir el sistema democrático del país centroamericano.

Bukele, que asumió su mandato el 1 de junio de 2019, ha sido cuestionado por sus censuras a la prensa, violaciones al derecho de información de ciudadanos, despidos numerosos en diferentes instituciones del Estado y nepotismo.

El mandatario de 38 años también se ha pronunciado en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y solo está de acuerdo con practicar el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro.

Al principio de su mandato, Bukele suprimió la Secretaria de Inclusión Social, institución encargada para velar por los derechos y por hacer cumplir el decreto presidencial que establecía la erradicación de la discriminación en todo el Estado de la población LGBTI.

“La población LGBTI está muy preocupada respecto a estas más recientes señales de autoritarismo que ha mostrado el presidente Bukele. Siempre que se trata de políticas de militarización de la vida pública es la población LGBTI una de las que queda más expuesta a sufrir abusos de parte de los militares”, dijo a Presentes Roberto Zapata, de la asociación AMATE.

El informe “Basta de genocidio trans”, elaborado por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans) y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS), muestra cómo en El Salvador las mujeres trans son violentadas por instituciones del Estado, específicamente por los cuerpos de seguridad, del total de denuncias recibidas el 36% fue atacada por la Policía y el 6% por la Fuerza Armada.

“Estos sistemas de represión solo incrementan los niveles de vulnerabilidad. Insistimos muchas veces que estos contextos militarizados nada han favorecido para reducir la violencia, la violencia únicamente se ve reflejada o pretenden clasificarla en la violencia pandilleril y no en otros tipos de violencia como la violencia de género, sabemos que las mujeres y la población LGBTI estamos inmersas en esas condiciones de vulnerabilidad”, dijo a Presentes Yanilet Mejía, activista lesbiana feminista e integrante de la organización las Hijas de Safo.

De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, asesinada presuntamente por policías y Anahy Miranda, están siendo judicializados. El señalado por asesinar a Anahy le fue impuesta una fianza de 10 mil dólares para continuar el proceso en libertad.

Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.

Un episodio oscuro

Después de irrumpir el recinto, Bukele se sentó en la silla del diputado presidente e hizo una oración para pedir “consejo divido” para la decisión de eliminar la Asamblea Legislativa con sus 84 diputados.

El mandatario salió del palacio legislativo y azuzó a la población que había llegado a apoyarlo afuera del edificio y los motivó a aplicar el artículo 87 de la Constitución Nacional que se refiere al derecho a la insurrección.

“Cuando funcionarios rompan el orden constitucional el pueblo salvadoreño tiene derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restablecer el orden constitucional. Yo le pregunté a Dios y Él me dijo: “paciencia”. En unos meses vamos a tener esta asamblea, porque la vamos a tomar por la fuerza”, arengó Bukele.

Para diversos sectores del país y organismos internacionales, el joven mandatario salvadoreño provocó uno de los episodios más “oscuros” desde la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a doce años de conflicto armado (1980-1992).

“Creo que esto nos está poniendo en un contexto de peligrosidad a todas las mujeres, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres trans y población LGBTI, todas estamos quedando en un estado de vulnerabilidad con la militarización porque estamos siendo gobernados por uniformados, creo que El Salvador debe de cambiar la táctica y nuestros gobernantes deben de ser creadores de paz”, dijo a Presentes Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano- ASPIDH Arcoíris Trans.

Defensoras y activistas consideran la medida como una clara usurpación de poderes, un retroceso en los derechos y convertiría al país centroamericano en un país sin garantías constitucionales.

“Vemos con profunda preocupación los hechos ocurridos este domingo 9 de febrero de 2020, ya que constituyen un retroceso en materia de derechos humanos e injerencia en la independencia de los órganos del Estado”, expresaron las organizaciones LGBTI en un comunicado.

El Salvador permitió desde el año 2009 que las Fuerzas Armadas se involucren en la seguridad pública del país, decisión que ha sido cuestionada por los organismos defensores de derechos humanos por los altos niveles represivos y el aumento de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, violaciones y golpizas.

Fuente Agencia Presentes

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