El Tribunal Constitucional de Rumanía vuelve a posponer la resolución del recurso presentado por una pareja de hombres, casada en Bélgica, para el reconocimiento legal de su enlace. Pero el retraso conlleva esta vez un atisbo de esperanza: antes de tomar su decisión, que estaba prevista inicialmente para el pasado martes, los jueces rumanos consultarán con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su parecer sobre el asunto.

Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, tendrán que esperar aún para conocer el desenlace de su demanda para ver reconocido su matrimonio. La pareja se casó legalmente en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Los representó la abogada Iustina Ionescu de la organización Accept.

Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Llegada esa fecha, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no está tomada y volvía a posponer el fallo, que se esperaba para el martes 29 de noviembre. Pero esta semana, el tribunal anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces puedan consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta parte de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo.

La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de los miembros es un ciudadano comunitario. La resolución podría sentar un importante precedente, como recuerda Katrin Hugendubel de ILGA-Europa: muchas parejas, perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias, “estarán esperando también con impaciencia el resultado de este caso”.

Sobre las perspectivas que se abren con el nuevo escenario, en el que entra en juego la justicia europea, se pronunció también la abogada de los demandantes Iustina Ionescu: “Es alentador. El Tribunal manda el mensaje de que Rumanía es un miembro de los países europeos que comparten unos valores comunes, como la libertad de movimiento”. Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano pide opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace difícil hacer un pronóstico sobre el resultado final.

Del alto tribunal con sede en Luxemburgo han salido sentencias favorables para los derechos LGTB, como la que prohibió las pruebas denigrantes para los solicitantes de asilo homosexuales o la que equiparaba los derechos laborales de las parejas del mismo sexo a las que se prohíbe el matrimonio con los de las parejas casadas. Otras han sido más decepcionantes, como cuando el año pasado consideraba considera lícito que se pueda prohibir a los gais donar sangre.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

Para que la iniciativa prospere, debe ser aprobada por el 75% de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. La posibilidad de que el referéndum se realizara de manera coincidente con las elecciones generales del próximo diciembre fue descartada por el Senado rumano, por lo que la consulta quedó pospuesta hasta la próxima legislatura. Si el plebiscito se produce finalmente y los ciudadanos respaldan la propuesta homófoba, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

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La Marcha del Orgullo de Chisináu, la capital moldava, fue interrumpida a poco de iniciarse por centenares de LGTBfobos, que portaban banderas moldavas, ortodoxas y crucifijos. La Policía, como medida de seguridad, decidió disolver la Marcha, que duró apenas quince minutos. Moldavia se sitúa entre los países de Europa con mayores carencias en cuanto a la igualdad de derechos y protección contra la discriminación de sus ciudadanos LGTB.

El pasado domingo 22 de mayo, la asociación de defensa de los derechos LGTB  GenderDoc-M había convocado una Marcha del Orgullo por las calles de Chisináu, la capital de Moldavia, bajo el lema Fără frică (Sin miedo). La convocatoria, la cuarta en celebrarse en la capital, logró reunir a unos 300 manifestantes, que de manera pacífica reclamaban por las calles de su ciudad la igualdad de derechos para los ciudadanos LGTB. Entre los participantes se encontraban representantes diplomáticos de Alemania, Francia, Suecia y los Estados Unidos.

Según testigos, nada más iniciarse la Marcha se podía ver a un sacerdote ortodoxo, rodeado de una veintena de adeptos, que arrojaban agua bendita a los manifestantes. Poco a poco, el grueso de los LGTBfobos fue incrementándose, hasta que se reunieron cientos de ellos, que insultaban, amenazaban y arrojaban huevos a los manifestantes, mientras enarbolaban banderas moldavas, ortodoxas y crucifijos.

La Policía decidió disolver la manifestación y conducir a los participantes hasta un lugar seguro, cuando apenas habían transcurrido 15 minutos desde su inicio. Arnaud Gauthier-Fawas, un activista de la Inter-LGBT francesa presente en la Marcha moldava, describía así lo sucedido: “Estoy triste y orgulloso a la vez. Triste porque se acabó muy rápidamente, pero muy orgulloso al mismo tiempo por todo el trabajo que hicieron los organizadores”.

Ya en mayo de 2015, GenderDoc-M propuso la celebración de una Marcha por las calles de Chisináu. Según el informe de ILGA-Europa, dos días antes del evento, la Policía solicitó a GenderDoc-M que cambiase la ubicación y la fecha, debido a una supuesta preocupación por la seguridad. La compañía de autobuses contratada para llevar a los participantes a la Marcha no se presentó, tras recibir una llamada de Policía. Miembros de Occupy Pedofilyaj, el infame grupo LGTBfobo de procedencia rusa, amenazaron a los participantes y les arrojaron huevos podridos, sin que hubiera ningún acusado por delitos contra el orden público.

Moldavia ocupa el puesto 42 (sobre 50) entre los países europeos en cuanto al respeto de los derechos de las personas LGTB, según la lista confeccionada por ILGA-Europa. El matrimonio igualitario está prohibido constitucionalmente, sin que haya ningún reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. En 2012 se aprobó una ley de igualdad, que, debido a las presiones de la Iglesia ortodoxa, solo reconocía el derecho a la no discriminación por razón de la orientación sexual en el mercado de trabajo, sin establecer el mismo derecho en los demás ámbitos. En el año 2013, el Gobierno aprobó una ley que prohibía la “propaganda homosexual”, a semejanza de la rusa, que afortunadamente fue derogada tres meses después de su entrada en vigor, como contrapartida a la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea. Según una encuesta efectuada en 2014, el 76 % de los moldavos opinan que la homosexualidad es una enfermedad que se puede curar.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Arnaud Gauthier-Fawas, Chisinau, Discriminación, Genderdoc-M, Homofobia, ILGA, Inter-LGBT, Moldavia, Occupy Pedofilyaj, Orgullo LGTB, Visibilidad LGTB

Como ya es habitual en estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es también lo acostumbrado, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. En este año, encabeza la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, pero que, sin embargo, aún mantiene una legislación distinta e inferior para las parejas del mismo sexo. También es de señalar la bajada en la clasificación del Reino Unido, que la encabezaba en los años anteriores y ahora desciende al tercer puesto. España sube uno respecto al año anterior, hasta alcanzar la quinta posición.

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertad de asociación (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.

Malta encabeza este año la clasificación, sin duda debido a la aprobación de una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues es la única que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. Malta ha aprobado asimismo una ley que prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. Sin embargo, en materia de igualdad y familia, Malta sigue estableciendo diferencias entre las parejas del mismo o distinto sexo, pues solo estas últimas pueden contraer matrimonio, dejando para las parejas del mismo sexo la posibilidad de las uniones civiles, una legislación de inferior rango para un mismo hecho.

El Reino Unido baja dos posiciones respecto a la clasificación obtenida desde el año 2011, en que comenzó a encabezar el listado. Bélgica, por su parte, conserva su segunda posición. España alcanza la quinta, subiendo un puesto respecto al año pasado. A destacar también el descenso de países como Holanda y Noruega, que el pasado año empataban con España, y, sobre todo, el de Suecia, que desciende desde la cuarta plaza hasta la duodécima.

Aunque el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTBI no reste puntuación, como en el caso de Croacia, que supera a las mencionadas Holanda, Noruega o Suecia cuando su población, mediante referéndum, corroboró en 2013 una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España se ve mermada debido, sobre todo, a la falta de disposiciones de rango constitucional que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También se señala que España carece de instituciones de ámbito nacional que se ocupen de vigilar y arbitrar los supuestos de discriminación de las personas LGTBI. Otra de las carencias es que las legislaciones que protegen contra la discriminación en el trabajo y el acceso a los servicios de las personas LGTBI son únicamente de ámbito territorial (autonómico o municipal). Por ello, el objetivo en el apartado de la igualdad y no discriminación solo alcanza el 35 %. La falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales, ocasionan que ese apartado solo se sitúe en el 59 % de logros. Sin embargo, sí consigue un 100 % en lo que respecta a la familia (matrimonio igualitario y adopción) y las libertades de reunión, asociación y expresión.

Entre los acontecimientos que han tenido lugar en el pasado 2015, ILGA destaca el fallecimiento de Pedro Zerolo y la dedicatoria de una plaza en su memoria en Madrid. También se hace eco de la controversia con la circular interna del Metro de Madrid, luego anulada, que instaba a sus interventores a estrechar la vigilancia en determinadas estaciones y trayectos de personas identificadas como gais. Sin abandonar la capital, da cuenta de que, por primera vez, la bandera arcoíris adornó el edificio del Ayuntamiento durante las fiestas del Orgullo.

El informe recoge la estadística facilitada por el Ministerio del Interior respecto a los crímenes de odio perpetrados en 2014, de los cuales las agresiones a personas LGTBI representaban el 40 % (un informe luego corregido en el referido al 2015). Sin abandonar el organismo, ILGA también hace referencia a las declaraciones del ministro Jorge Fernández Díaz y su disgusto por si su hijo se casara con otro hombre. Alcanzando todo el espectro social y mediático, ILGA engloba en los discursos de odio los comentarios de Los Chunguitos en el programa Gran Hermano VIP, en los que decían preferir “un hijo deforme antes que maricón”.

Aun así, ILGA sigue destacando que la aceptación social de la homosexualidad en España continúa siendo muy alta, situándose muy por encima de la media europea. Es más, según los informes a disposición de la organización, España se situaría a la cabeza mundial a ese respecto.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Fuente Dosmanzanas

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Un interesantísimo trabajo de Dosmanzanas que nos permite ver lo que nos estamos jugando en estas elecciones…

El actual secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, finaliza su mandato en diciembre de 2016. Desde dosmanzanas queremos dar a conocer el perfil de los aspirantes y, sobre todo, analizar cuál es su trayectoria y su compromiso con los derechos de las personas LGTB. La importancia de este puesto diplomático para nuestra colectivo, siempre que exista un compromiso real, reside en la posibilidad de defender el respeto de los derechos humanos de aquellos que, como venimos informando a diario, son perseguidos en sus países por motivo de su orientación sexual o su identidad de género; un tema de absoluta urgencia internacional.

Cuatro mujeres y cinco hombres, en su mayoría procedentes de países de Europa del Este, participan hasta el momento en la carrera por la secretaría general de la ONU. Si bien es cierto que no existe ninguna restricción legal respecto al número de mandatos que un secretario general puede permanecer en el cargo, ninguno ha estado más de dos hasta la fecha (cada mandato tiene una duración de 5 años). Por primera vez en la historia, el debate para la elección no será únicamente a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad de la ONU. Según han justificado desde los órganos de Gobierno, se trata de una “apertura” que pretende dar más transparencia al proceso e implicar a la sociedad civil.

Con todo, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China) siguen disponiendo de su derecho a veto. En la práctica, la ejecución de dicho derecho puede ser muy perjudicial para los candidatos más comprometidos con la igualdad. Muy especialmente teniendo en cuenta la LGTBfobia de estado de Rusia, bajo la presidencia de Vladimir Putin.

El otro escollo puede ser China. Aunque el gigante asiático está inmerso en un lento proceso de aperturismo LGTB (impensable hace solo unos años), no hay que olvidar que las relaciones Rusia-China pasan por uno de sus mejores momentos. Sin duda, la Administración estadounidense de Barack Obama es la más progresista y la más comprometida con el colectivo LGTB en estos momentos, entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. A su vez, los lazos entre el bloque occidental (encabezado por Estados Unidos) y Rusia se han ido deteriorando como consecuencia de una serie de desafortunadas posiciones políticas rusas.

En este contexto, nueve aspirantes optan hasta ahora a la secretaria general de la ONU, en sustitución del surcoreano Ban Ki-moon (que lleva en el cargo desde el 1 de enero de 2007).

1) Vesna Pusić (Croacia)

Pusić, como recogía en 2013 dosmanzanas, se opuso al referéndum para prohibir el matrimonio igualitario en Croacia. En aquel momento ejercía como ministra de Asuntos Exteriores. Ahora, en su presentación informal como candidata a secretaria general de la ONU, ha defendido expresamente la necesidad de defender los derechos de la comunidad LGTB (como podéis ver en el vídeo de arriba). Aunque admite que en algunos escenarios esta reivindicación puede resultar “controvertida”, expresaba que del mismo modo puede serlo reclamar la igualdad de la mujer en otros casos y no por ello se debe dejar de hacer.

También en 2013, Pusić firmó con el ministro de Relaciones Exteriores montenegrino, Igor Lukšić (a la sazón, otro de los aspirantes a la secretaría general de la ONU) una declaración bilateral Croacia-Montenegro para proteger los derechos de la comunidad LGTB. “Estamos comprometidos con el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación”, aseveraba Pusić.

Se le considera como una de las más abiertas defensoras de la comunidad LGTB entre todos los candidatos, en los medios de comunicación generalistas de todo el mundo. Es presidenta honoraria del Partido Popular de Croacia-Liberales Demócratas. A pesar de la confusión que puede generar el nombre de la formación, en el ámbito europeo se adscribe a la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (en el que se integran diputados del PNV, de Convergència Democràtica de Catalunya, de UPyD o de Ciudadanos, entre otros) y no al Partido Popular Europeo. Vesna Pusić es doctora en sociología, tiene 62 años y habla ingles y alemán, además de croata. Rusia podría oponerse a su nombramiento debido a su abierta posición favorable a los derechos LGTB.

La diplomacia de Arabia Saudí ha advertido a Pusić que tomarán medidas contra “cualquier intento de imposición de los valores sociales que no son aceptados internacionalmente, y que no son reconocidas en todo el sistema”. Una clara demostración de la LGTBfobia institucional reinante en esta región del planeta.

2) Igor Lukšić (Montenegro)

En 2011, siendo primer ministro de Montenegro, el socialista Igor Lukšić defendió el derecho del colectivo LGTB a celebrar por primera vez el Orgullo en este país balcánico (que apenas 5 años antes se había independizado de Serbia). “Tanto si tenemos una opinión personal como otra, tenemos que afrontar el hecho de que hay diferencias en la sociedad, que este tipo de temas forman parte del cuerpo de los derechos humanos. Dejemos a las personas marchar y mostraremos que somos una sociedad civilizada”, manifestaba entonces Lukšić (tenía 34 años).

Desgraciadamente, un ataque con gas lacrimógeno contra un concierto que tenía lugar en Podgorica (capital de Montenegro) con ocasión del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia forzó a los organizadores a cancelar el Orgullo en 2011. Habría que esperar hasta 2013 para que pudiera materializarse el Orgullo LGTB. Eso sí, desafiando la violencia homófoba.

Además de primer ministro de Montenegro (de 2010 a 2012), fue anteriormente ministro de Finanzas (de 2004 a 2010), diputado del Parlamento de Montenegro (de 2001 a 2003) y diputado del Parlamento de Serbia y Montenegro de 2003 a 2006. Desde 2012, es viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores e Integración Europea. En su biografía destaca la publicación de tres libros de poesía. Asimismo, es profesor universitario de Economía y habla cinco idiomas (serbio, inglés, italiano, francés y alemán). A sus 39 años, es el candidato más joven a la secretaria general de la ONU.

3) António Guterres (Portugal)

Durante la campaña “Libres e Iguales” que lanzó la ONU en 2015, en calidad de presidente de ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados), António Guterres recordaba que “más de 40 países de todo el mundo reconocen ahora como mi oficina, que la persecución contra las personas LGTB puede ser un motivo válido para el asilo de acuerdo con la Convención de Refugiados de 1951. Mi esperanza es que cada vez más Estados miembros adoptan este enfoque en el futuro”.

Guterres también añadía en ese momento que “las personas que huyen de la discriminación y la violencia por ser homosexuales y transexuales, a menudo experimentan múltiples persecuciones: en su propio país y en los países de asilo, incluso dentro de sus propias familias y comunidades. En este día, hago un llamamiento a los Estados y las sociedades para proporcionar a estas personas una mejor protección, y eliminar todas las formas de violencia y discriminación”. Dosmanzanas se hacía eco de dicha campaña, así como del avanzado informe en materia de derechos LGTB publicado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A sus 67 años, el único aspirante de la Europa Occidental, ha dedicado más de 20 años al servicio público. Fue primer ministro de Portugal (entre 1995 y 2002) y presidente de la Internacional Socialista (entre 1999 y 2005). Fundó la asociación portuguesa de consumidores DECO y el Consejo Portugués de Refugiados. Habla cuatro idiomas, entre los que se encuentra el castellano. Su activa y apasionada defensa de los derechos de los refugiados podría suponer un freno para su candidatura, dadas las posturas radicales que muchos gobiernos de la Unión Europea están adoptando en este sentido.

4) Irina Bokoba (Bulgaria)

Como directora general de la UNESCO, Irina Bokova lanzó en 2014 un potente mensaje contra el acoso escolar LGTBfóbico para “desarrollar y poner en práctica políticas de tolerancia y respeto a través de y en la educación”. Bokova explicaba que “la educación de calidad va más allá de la lectura, la escritura o el cálculo”, razón por la cual “es inseparable la transmisión de los valores de respeto a todas las personas, sin distinción de origen, color de piel, sexo, idioma, religión, discapacidad, estado de salud, y orientación sexual. Esta lucha es tanto más urgente hoy, cuando los países han adoptado leyes que discriminan a las personas LGBT. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, cuando uno derecho es violado, todos los demás se vuelven vulnerables”.

Irina Bokova participó en la redacción la Constitución de Bulgaria en su transición hacia la democracia, a principios de los 90. Además de diputada entre 2001 y 2005, Bokova ha desempeñado las funciones de vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior, Defensa y Seguridad, ha sido miembro de la Comisión para la Integración Europea y vicepresidenta de la Comisión Conjunta Parlamentaria.

Algunos analistas la consideran prorrusa. Sin embargo, esta mujer de 63 años (cuya familia estuvo vinculada al comunismo búlgaro), aún contando con un hipotético apoyo de Rusia, ha dejado claro que denuncia y condena la discriminación al colectivo LGTB, especialmente a los segmentos más vulnerables. Su candidatura se encuentra entre las favoritas para ocupar la secretaría general de la ONU, aunque solo llegado el momento veremos si consigue los apoyos suficientes.

5) Helen Clark (Nueva Zelanda)

Se trata de la única aspirante que procede de un país no europeo; concretamente de Nueva Zelanda. Fue la primera mujer el dirigir el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, desde esta posición, ha denunciado la LGTBfobia de estado desarrollada por distintos países (aunque no de forma explícita, queda clara la alusión contra las legislación rusa).

En 2014, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, criticaba que “en el último año, se han promulgado leyes anti-LGBT perjudiciales con el pretexto de proteger a los niños y a las familias. Este tipo de leyes punitivas tienen el poder de fomentar la homofobia y la transfobia, y pueden tener efectos sumamente nocivos en la vida de los pueblos, destrozando la autoestima, aumentando la marginalización y obstaculizando el acceso a los servicios de salud, entre otros”.

Para Clark, “estas leyes otorgan a las personas LGBT la función de ‘chivos expiatorios’ y representan una distracción de los verdaderos desafíos sociales y de desarrollo que los países deben enfrentar. Las leyes anti-LGBT se basan en la conjetura errónea de que la homosexualidad representa un peligro para el tejido social de un país”.

No obstante, proseguía diciendo que “la evidencia demuestra todo lo contrario: en los países que han despenalizado la conducta sexual hacia el mismo sexo, no se ha observado ningún tipo de amenaza contra la institución del matrimonio ni el bienestar de los niños. De hecho, la despenalización ha sido un paso clave para que las personas LGBT, históricamente oprimidas, puedan prosperar y participar activamente, como miembros respetados de la sociedad”. Leer más…

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Los ciudadanos suizos han votado negativamente, aunque por un estrechísimo margen del 50,8 % frente al 49,2 %, a una reforma de la definición constitucional del matrimonio que hubiera supuesto la exclusión del mismo para las parejas del mismo sexo. La reforma LGTBfoba, sin embargo, se escondía bajo el velo de una rutinaria y aparentemente inocua cuestión fiscal, en un ardid del Partido Demócrata Cristiano que finalmente no le ha dado los frutos deseados. El proyecto de ley de matrimonio igualitario, presentado hace un año, puede proseguir su andadura parlamentaria sin el escollo de tener que derribar una barrera constitucional.

La iniciativa del Partido Demócrata Cristiano (PDC, o CVP según sus siglas alemanas) bajo el título Für Ehe und Familie – Gegen die Heiratsstrafe, pretendía excluir de la institución matrimonial a las personas homosexuales a través de una argucia semántica y estaba encaminada originariamente a eliminar lo que consideraban una discriminación fiscal de algunos –no todos–  matrimonios en Suiza, que deben pagar más impuestos que las parejas no casadas que se encuentran en una situación similar. El objetivo de los democristianos era, pretendidamente, acabar con lo que denominaban “multa matrimonial”. Pero en la redacción de la propuesta de reforma constitucional que titularon “Para el matrimonio y la familia – contra la multa matrimonial”, se introdujo también una definición excluyente del matrimonio.

La reforma implicaba una nueva redacción del artículo 14 de la Constitución suiza, que actualmente reza así: “Se garantizan los derechos al matrimonio y a la familia”. Con la redacción propuesta por el PDC, se hubiera añadido al mismo artículo el siguiente texto: “El matrimonio es la relación a largo plazo y legalmente regulada entre hombre y mujer. A efectos fiscales, es una comunidad económica. No puede ser penalizado respecto a otros modelos de vida, especialmente en materia fiscal y de seguridad social”.

Los activistas LGTB suizos reprobaron lo que consideraban una redacción engañosa del texto de la consulta. La campaña del PDC y el título de la iniciativa hacían hincapié en terminar con una discriminación (la fiscal), mientras que la discriminación LGTBfoba de la medida quedaba oculta si no se leía la literalidad de la reforma constitucional propuesta.

De haber obtenido la victoria, el matrimonio excluyente hubiera quedado blindado a nivel constitucional y solo una nueva reforma de la Carta Magna en un futuro podría haber abierto ese derecho a las parejas del mismo sexo. Suiza se hubiera convertido en el primer país de Europa occidental en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución, a semejanza de la situación en la que se encuentran varios países de Europa central y oriental como Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Sin embargo, los ciudadanos suizos (en contra, por cierto, de lo que aventuraban las encuestas) han rechazado la reforma de la definición del matrimonio, en una votación que ha formado parte del conjunto de referéndums celebrados este 28 de febrero. Aunque la iniciativa ha logrado ser aprobada en la mayoría de los cantones, el conjunto de los votos negativos ha supuesto un 50,8 % del total de los participantes, frente a un 49,2 % de votos favorables. Para ser aprobada, la reforma debía contar con una mayoría favorable tanto en votos globales como en cantones, por lo que ha sido finalmente rechazada. En realidad, el conjunto de la ciudadanía ha votado en el mismo sentido que lo hicieron ambas cámaras del Parlamento, que rechazaron mayoritariamente la medida, aunque eso no evitó la convocatoria de la consulta popular.

Queda así allanado el camino para la iniciativa de matrimonio igualitario, cuya tramitación parlamentaria comenzó en febrero de 2015. El “Matrimonio civil para todos” recibió entonces el visto bueno de la Comisión de Derechos del Consejo Nacional (la cámara baja del Parlamento suizo) por doce votos a favor frente a nueve en contra y una abstención. El pasado septiembre de 2015, el proyecto superaba otro trámite, al recibir el visto bueno del órgano equivalente en el Consejo de los Estados, la cámara alta. De superar la tramitación parlamentaria, la iniciativa deberá someterse a referéndum, por suponer también una reforma constitucional.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, CVP (Suiza), Discriminación, Eslovaquia, Homofobia, Hungría, Letonia, Lituania, Matrimonio, Moldavia, Montenegro, PDC (Suiza), Polonia, Serbia, Suiza, Ucrania

General Armenia, Asia Central, Derechos LGTB, Europa, Gambia, Graeme Reid, Human Rights Watch, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituana, Moldavia, Nigeria, Rusia, Ucrania, Uganda

Situación de incertidumbre para la comunidad LGTB en Suiza. Solo hace unos meses informábamos del comienzo del trámite parlamentario de una iniciativa de matrimonio igualitario. Pues bien, esta semana hemos sabido de una reforma en sentido contrario, que de ser aprobada blindaría el matrimonio excluyente en la Constitución al definirlo como la unión de un hombre y una mujer. La decisión sobre esta segunda reforma está en manos de los ciudadanos, que la votarán en referéndum en febrero del año que viene.

La iniciativa del Partido Demócrata Cristiano (PDC) estaba encaminada originariamente a eliminar lo que consideran una discriminación fiscal de algunos –no todos–  matrimonios en Suiza que deben pagar más impuestos que las parejas no casadas que se encuentran en una situación similar. El objetivo de los democristianos era que acabar con lo que denominan “multa matrimonial”. Pero en la redacción de la propuesta de reforma constitucional que han titulado “Para el matrimonio y la familia – contra la multa matrimonial”, se introduce también una definición excluyente del matrimonio.

El artículo 14 de la Constitución suiza establece que:

Se garantizan los derechos al matrimonio y a la familia.

Con la redacción propuesta por el PDC, se añadiría al mismo artículo la siguiente frase:

El matrimonio es la relación a largo plazo y legalmente regulada entre hombre y mujer. A efectos fiscales, es una comunidad económica.

Con este cambio, el matrimonio excluyente quedaría blindado a nivel constitucional y solo una nueva reforma de la Carta Magna en un futuro podría abrir este derecho a las parejas del mismo sexo. Se trata, de hecho, de la situación en la que se encuentran varios países de Europa central y oriental como Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Suiza se convertiría, si los ciudadanos lo aprueban en el referéndum, en el primer país de Europa occidental en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución.

El concepto es que algunas parejas casadas tienen que pagar más impuestos que las parejas heterosexuales no casadas; la iniciativa está tratando de cambiar esto. Este referéndum sobre la desgravación fiscal para parejas casadas también podría cambiar la Constitución para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

“El matrimonio es a largo plazo y legalmente regulada la relación entre el hombre y la mujer. En lo que respecta a la fiscalidad, es una comunidad económica”, se propone en el párrafo adicional. “No se debe poner en una situación de desventaja en comparación con otros modelos de relación, ni en los impuestos, ni en los seguros sociales”.

Los críticos contra estos cambios alegan que el voto rompería la unidad de la regla de procedimiento del referéndum suizo, ya que obligaría a los ciudadanos a decidir sobre dos cuestiones – la fiscalidad de las parejas casadas y la definición de matrimonio – en lugar de sólo uno. Un informe del Consejo Federal Suizo dice que no hay problema con el voto, ya que hay una “coherencia fáctica” entre las dos partes de la iniciativa.

Los activistas LGTB reprueban lo que consideran una redacción engañosa del texto de la consulta. La campaña del PDC y el título de la iniciativa hacen hincapié en terminar con una discriminación (la fiscal), mientras que la discriminación homófoba de la medida queda oculta si no se lee la literalidad de la reforma constitucional propuesta. También critican que la cuestión que se somete a referéndum no cumpla la regla de la “unidad de la materia”. Esto es, que las consultas ciudadanas deben abordar un solo tema y no dos como en este caso (derecho fiscal y definición del matrimonio).

El Gobierno suizo ha rechazado esta crítica con el argumento de que los asuntos que se someten a votación guardan relación entre sí. Ahora solo queda esperar al resultado de las urnas el 28 de febrero de 2016. Para ser aprobada, la reforma debe contar con una mayoría favorable en votos globales y en cantones. No se requiere una participación mínima. Cabe destacar que ambas cámaras del Parlamento han votado contra la medida, si bien ello no impide un resultado favorable a la misma en la consulta.

Aunque el Parlamento rechazó las modificaciones propuestas, el informe del Consejo Nacional también pide a los representantes de los cantones que recomienden a los ciudadanos votar a favor de la propuesta.

Según la ley suiza, para que una iniciativa se apruebe no sólo la mayoría de los ciudadanos deben votarla, también se tiene que producir similar resultado en los cantones.

Con independencia del resultado de este referéndum, la iniciativa de matrimonio igualitario cuya tramitación adelantábamos en febrero de este año continúa su andadura parlamentaria. El “Matrimonio civil para todos” recibió entonces el visto bueno de la Comisión de Derechos del Consejo Nacional (la cámara baja del Parlamento suizo) por doce votos a favor frente a nueve en contra y una abstención. El pasado septiembre, el proyecto superaba otro trámite al recibir el visto bueno del órgano equivalente en el Consejo de los Estados, la cámara alta. De superar la tramitación parlamentaria, la iniciativa deberá someterse a referéndum, por suponer también una reforma constitucional.

En 2014, una encuesta realizada por la organización LGBTI suiza Cruz Rosa mostró que, en el referéndum para reducir los impuestos e ilegalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, el 30,2% tendería a votar sí, en comparación con un 52,1% que votaría en contra y el 17,6% de los votantes estaría indeciso.

Pacto civil de solidaridad (PACS). El término alude a una forma de unión civil entre dos adultos bajo la ley francesa. El PACS establece derechos y responsabilidades pero menos que un matrimonio, en particular en materia de adopción. Ofrece un cierto estatuto legal a las parejas del mismo sexo, pero es utilizado mayoritariamente por parejas de sexo opuesto. Una forma de unión civil se estableció en unos 20 países, principalmente en Europa y América del Norte, desde finales de 1990, entre ellos, Suiza.

En el ámbito social, la propia diversidad cultural y étnica de la Confederación, favoreció un mayor grado de respeto y tolerancia hacia los distintos grupos que conforman la nación. Cada año se celebran diversos eventos en favor de los derechos LGBTI y la diversidad sexual, tales como marchas del orgullo gay, festivales y manifestaciones varias, entre los que se destacan el Festival de Cine Pink Apple, el Christopher Street Day, el Día para salir del armario y el Festival del Orgullo de Zúrich.

Zúrich, la ciudad más poblada de Suiza, se percibe como una ciudad tolerante hacia la comunidad gay, ofreciendo una amplia variedad de atractivos para el turismo homosexual. En julio de 1993 se creó en la ciudad el «Schwulenarchiv Schweiz», organización sin fines de lucro destinada a recopilar y preservar el material referente a los homosexuales en el país. En marzo de 2009, fue electa Corine Mauch como alcaldesa de Zúrich, convirtiéndose en la primera mujer y abiertamente lesbiana en ostentar dicho cargo.

Fuente Ragap y Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Bielorrusia, Bulgaria, Consejo Federal Suizo, Corine Mauch, Croacia, Cruz Rosa, Discriminación, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Matrimonio, Matrimonio igualitario, Moldavia, Montenegro, Pacto civil de solidaridad (PACS), Partido Democrático Popular Cristiano, PDC (Suiza), Polonia, Referendum, Serbia, Suiza, Ucrania

La homofobia de Estado en Kirguizistán es más fuerte que las protestas. El Parlamento de la ex república soviética de Asia Central ha aprobado este miércoles en segunda lectura el proyecto de ley contra la libertad de expresión de los ciudadanos LGTB y quienes los apoyan. El texto, más duro que el ya vigente en Rusia, establece multas y penas de cárcel para cualquiera que informe positivamente sobre la homosexualidad.

En abril del año pasado informábamos del comienzo de la tramitación por parte del Gobierno de la república centroasiática de un proyecto de ley que persigue castigar con multas y/o cárcel a todos aquellos que difundan una actitud positiva hacia “la sodomía, el lesbianismo y otras formas de comportamiento sexual no tradicional” que las hagan parecer “atractivas” o “despierten interés” en las mismas. El texto prohíbe la difusión por cualquier medio de contenidos de este tipo, así como la organización y participación en asambleas pacíficas en las que se informe sobre la realidad LGTB. Sus promotores han justificado la reforma en la necesidad de “salvaguardar y proteger los valores familiares, humanos, morales e históricos tradicionales de la sociedad kirguís”.

Se trata de una ley, en definitiva, en la línea de la ya vigente en la vecina Rusia, pero aún más dura, en tanto que ya ni siquiera se contempla la excusa de “proteger a los menores”. Toda información positiva sobre homosexualidad quedará vetada, aunque esté dirigida solo a adultos. Según la propuesta inicial, las penas podrían ascender hasta seis meses de prisión y una sanción de hasta 5.000 som (unos 73 euros), que se incrementarían -si los destinatarios de la información son menores- hasta el año de cárcel y 6.000 som de multa (88 euros). La participación en reuniones o asambleas en las que se trate de forma positiva la realidad LGTB se penará con multas de hasta 1.600 som (24 euros). Según denunció Human Rights Watch (HRW), para ello Kirguizistán ha debido modificar sus leyes sobre libertad de prensa y de asociación (así como su código penal), algo que según su director para Europa y Asia Central, Hugh Williamson, va en contra de la Constitución kirguís y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Kirguizistán.

El texto tiene que pasar aún una tercera lectura en el Parlamento y ser firmado por el Presidente, pero los resultados de las dos votaciones hasta el momento (79 a favor frente a 7 en contra en la primera, 90 a favor frente a solo 2 en contra en la segunda) hacen presagiar que saldrá adelante sin dificultades. La ratificación definitiva podría producirse en octubre, antes de las elecciones legislativas previstas para entonces. El proyecto de ley ha recibido la condena del gobierno de los Estados Unidos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También ha sido rechazado por el Parlamento Europeo, que pidió expresamente al gobierno kirguís su retirada.

La dura realidad del colectivo LGTB en Kirguizistán

Kirguizistán es el séptimo país de la órbita de la antigua Unión Soviética en discutir un proyecto de este tipo, tras Rusia (que inició la senda homófoba), Ucrania, Moldavia, Lituania, Armenia y Kazajistán, aunque solo en el primero ha entrado plenamente en vigor.

En cualquier caso, la situación del colectivo LGTB en Kirguizistán es ya muy dura, como muestra un informe de Human Rights Watch que recogimos a principios de 2014. Los testimonios hablan de amenazas continuas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales o violaciones. Especialmente frecuentes son el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de los extorsionados se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos.

En las semanas que siguieron a la publicación del informe, uno de los activistas que contribuyó a su elaboración fue amenazado de muerte. La sede de Labrys, una asociación de defensa de los derechos LGTB de Kirguizistán, fue atacada con cócteles molotov el pasado 3 de abril, sin que por suerte hubiera que lamentar daños personales. Y el mes pasado, un grupo de activistas que se habían congregado para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia fue acosado por radicales y retenido durante horas por la policía. Los políticos del país y los líderes religiosos (Kirguizistán es un país de mayoría musulmana, aunque hay una importante población ortodoxa) también añaden leña al fuego de la estigmatización social de gays, lesbianas y transexuales desde los medios de comunicación.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Armenia, Discriminación, Estados Unidos, Human Rights Watch, Kazajistán, Kirguisia, Kirguistán, Kirguizistán, Labrys, Lituania, Moldavia, Naciones Unidas, Parlamento Europeo, Rusia, Ucrania

Los organizadores del Orgullo de Bratislava, la capital eslovaca, han comunicado su decisión de cancelar la Marcha de este año. El fracasado referéndum que tuvo lugar el pasado mes de febrero, en el que se pretendía cercenar los derechos de la comunidad LGTB, ha ocasionado un ambiente generalizado de hostilidad que los responsables del Orgullo encuentran poco propicio para este tipo de evento. Sin embargo, si se celebrarán otros actos reivindicativos, con la promesa de volver a desfilar por las calles de Bratislava en 2016.

Este hubiera sido el sexto Orgullo celebrado en Bratislava, cuyo objetivo principal hubiera sido el de propiciar un debate sobre la igualdad de derechos de la población LGTB eslovaca. Tras unos primeros años en los que el hecho de salir a las calles reivindicando esa igualdad fue sobre todo un acto de valentía, en los últimos años la Marcha del Orgullo había añadido a ese carácter reivindicativo un matiz festivo y cultural, como sucede en muchos otros países de todo el mundo.

Este año, sin embargo, la población eslovaca se ha visto enfrentada a un referéndum, convocado a instancias de Alianza por las Familias (una asociación similar a la española Foro de la Familia) y que contaba con el apoyo explícito de la iglesia católica eslovaca. En la consulta se pedía a los eslovacos que privaran aún más de derechos a sus conciudadanos LGTB, con una reforma legal que impediría la adopción homoparental y reforzaría la prohibición del matrimonio igualitario, que ya consta en la Constitución eslovaca después de que fuera modificada a este respecto en 2014.

El referéndum, sin embargo, tan solo logró sacar a las calles a un 21,4% de la ciudadanía, que aunque votó masivamente en contra de los derechos LGTB, estaba muy lejos del 50% necesario para alcanzar la validez. Pero lo que sí consiguió es crear un creciente ambiente de hostilidad generalizada hacia gais, lesbianas y bisexuales, propiciado sobre todo por la intervención directa en la campaña de la jerarquía de la Iglesia católica, cuya labor en contra de la igualdad de derechos mereció incluso la felicitación del papa Francisco.

Las asociaciones LGTB han considerado que ese ambiente hostil era poco propicio para la celebración de la ya tradicional Marcha del Orgullo. Debido a ello, los organizadores del  Orgullo Dúhový (arcoíris) de Bratislava han aplazado la convocatoria de esa Marcha hasta el 2016, aunque sí que será convocado otro tipo de actos reivindicativos e informativos. El equipo formado por las organizaciones NGOs Queer Leaders Forum, Iniciatíva Inakosť y Nomantinels emitía un comunicado en los siguientes términos:

Queremos que el Orgullo sea percibido como una expresión pacífica, placentera y cultural de orgullo, como contraste a las degradaciones y sacrificios que los LGBTI experimentan constantemente en sus vidas. Por lo tanto, hemos decidido expresar nuestro orgullo de una manera diferente a la de una marcha por la ciudad. Participaremos en diversos eventos y campañas. Eslovaquia necesita conocer las historias de las personas LGBT, de sus padres, sus hijos, amigos y colegas. Por lo tanto, vamos a recopilar esas historias, en colaboración con la Plataforma de Asociaciones Medioambientales, para a continuación poder llevarlas a todo el pueblo de Eslovaquia.

Esperemos que las convocatorias que aún persisten se desarrollen con total tranquilidad, y que la Marcha de Bratislava pueda volver a celebrarse en 2016.

La realidad LGTB eslovaca

La situación tanto jurídica como social de las personas LGTB en Eslovaquia, como se puede comprobar, sigue siendo difícil. Las relaciones homosexuales en Checoslovaquia fueron despenalizadas en 1962, y desde 1990 la edad de consentimiento es la misma que la de las relaciones heterosexuales. La incorporación de Eslovaquia a la Unión Europea les llevó a implementar una legislación antidiscriminatoria. Por lo que respecta al reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, hasta ahora se han producido tres intentos de regular las uniones civiles, en los años 1997, 2000 y 2012, ninguno de los cuales ha prosperado; tampoco es posible la adopción conjunta.

Asimismo, cabe recordar que Eslovaquia cuenta con un elevado índice de población católica y que forma un bloque con otros países de Europa central y oriental como Polonia, Hungría, Croacia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, cuyas constituciones prohíben el matrimonio igualitario.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Aliancia za Rodinu, Bielorrusia, Bratislava, Bulgaria, Croacia, Discriminación, Eslovaquia, Hungría, Iniciatíva Inakosť, Jorge Bergoglio, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, NGOs Queer Leaders Forum, Nomantinels, Orgullo LGTB, Papa Francisco, Polonia, Referendum, Serbia, Ucrania

Un año más, ILGA Europa ha dado a conocer su informe anual sobre la situación de los derechos LGTB en el continente europeo. Como es costumbre, junto al estudio se incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTB. España baja hasta la sexta posición, empatada con Holanda y Noruega, desbancada por los sorprendentes ascensos de Malta, que alcanza el tercer puesto, y sobre todo de Croacia, un país cuya población votó mayoritariamente en referéndum a favor de la discriminación de las personas LGTB. En cuanto al descenso en la calificación de España, han pesado las políticas en materia sanitaria y servicios sociales del gobierno del Partido Popular, entre las que se incluyen la restricción del tratamiento hormonal para los hombres transexuales, el bloqueo de las técnicas de reproducción asistida para lesbianas y mujeres bisexuales o el hecho de que las personas que viven con VIH no puedan acceder a ciertas profesiones o servicios como residencias para mayores o seguros de salud o de vida, sin que se articulen medidas legislativas para impedir la patente discriminación que eso supone.

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación, derecho de familia, crímenes y discursos de odio, reconocimiento legal de la identidad de género, libertad de asociación y asilo. Dicho porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.

Ello explica el ascenso de Malta hasta la tercera posición, pues tras promulgar en 2014 una ley de uniones civiles que incluía a las parejas del mismo sexo, en abril de 2015 ha aprobado una avanzada ley de identidad de género que reconoce y ampara los derechos de las personas transexuales e intersexuales. Sin embargo, cabe señalar que los gais, lesbianas y bisexuales malteses siguen sin ser iguales ante la ley, pues sus parejas no merecen el mismo reconocimiento que las parejas heterosexuales.

Ese es también el caso de Croacia, con el agravante de que en este caso fue el propio pueblo croata quien en 2013 corroboró en referéndum una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario. Tras esa decisión, en julio de 2014 el gobierno de Croacia aprobó una ley de uniones civiles que sí incluía a las parejas del mismo sexo (aunque no les permite adoptar conjuntamente), lo cual le ha proporcionado el ascenso hasta la quinta plaza en el listado de ILGA. A pesar de ello, hay que reiterar que las parejas LGTB croatas están discriminadas constitucionalmente por decisión popular.

Aunque cabe recordar, como de costumbre, que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTB no reste puntuación, sino que parece sumarla. También cabe preguntarse qué medidas legislativas a favor de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales ha adoptado Rusia en el último año para que su porcentaje se incremente del 6 al 8 % y abandone el último puesto de la clasificación.

Como en los últimos años, el Reino Unido vuelve a ocupar el primer lugar, seguido de nuevo por Bélgica. Esta es la lista ordenada por calificación:

• Reino Unido: 86 %
• Bélgica: 83 %
• Malta: 77 %
• Suecia : 72 %
• Croacia: 71 %
• Holanda: 69 %
• Noruega: 69 %
• España: 69 %
• Dinamarca: 68 %
• Portugal: 67 %
• Francia: 65 %
• Islandia: 63 %
• Finlandia: 62 %
• Alemania: 56 %
• Austria: 52 %
• Hungría: 50 %
• Montenegro: 46 %
• Luxemburgo: 43 %
• Albania: 42 %
• Irlanda: 40 %
• Grecia: 39 %
• Georgia: 36 %
• República Checa: 35 %
• Estonia: 34 %
• Eslovenia: 32 %
• Andorra : 31 %
• Bosnia-Herzegovina: 29 %
• Serbia: 29 %
• Eslovaquia: 29 %
• Rumania: 28 %
• Suiza: 28 %
• Bulgaria: 27 %
• Polonia: 26 %
• Italia: 22 %
• Liechtenstein: 19 %
• Lituania: 19 %
• Chipre: 18 %
• Kosovo: 18 %
• Letonia: 18 %
• Moldavia: 16 %
• Bielorrusia: 14 %
• San Marino: 14 %
• Macedonia: 13 %
• Turquía: 12 %
• Mónaco: 11 %
• Ucrania: 10 %
• Armenia: 9 %
• Rusia: 8 %
• Azerbaiyán: 5 %

La situación en España

Entre los datos que destaca ILGA sobre la situación española, está el informe del Ministerio del Interior que señala que el mayor porcentaje entre los delitos de odios son aquellos que tienen a las personas LGTB como víctimas, al alcanzar el 39,9 % del total. A ello suma la habitual intolerancia y agresividad contra el colectivo LGTB por parte de la jerarquía de la iglesia católica, con el cardenal Fernando Sebastián a la cabeza calificando a la homosexualidad como “deficiencia tratable”.

Pero son las restricciones impuestas por el gobierno del Partido Popular en materia sanitaria y de servicios sociales las que tienen una mayor influencia en la calificación de ILGA. Entre ellas, la exclusión de las mujeres sin pareja masculina de la cobertura de las técnicas de reproducción asistida, que afecta a las lesbianas y mujeres bisexuales; la retirada del Reandron, tratamiento hormonal muy utilizado por los hombres transexuales, de la financiación pública; la no articulación de medidas legislativas para impedir la discriminación de las personas que viven con VIH en el acceso a ciertas profesiones o servicios, como las residencias para mayores o seguros de salud y de vida; el imperdonable hecho de que, desde 2009, no se haya concedido ninguna solicitud de asilo a personas LGTB perseguidas en su país, a pesar de que la legislación europea lo establezca; o  el vergonzoso convenio de adopción con Rusia, que se doblega ante su legislación homófoba y no solo impide a las parejas del mismo sexo y a las personas solteras optar a la adopción, sino que permite a Rusia hacer un seguimiento de los menores ya adoptados.

ILGA señala que las carencias en estos y en otros ámbitos a veces son aliviadas por determinadas Comunidades Autónomas. Así, destaca la aprobación en comunidades como Extremadura de una avanzada ley contra la discriminación de las personas LGTBI, a semejanza de la promulgada anteriormente en Cataluña. O la entrada en vigor de la ley integral de identidad de género en Andalucía, a la que califica como una de las más avanzadas de Europa. ILGA, sin embargo, echa en falta más legislación de este tipo de ámbito nacional.

Algunos de los datos positivos son ambivalentes. Aunque ILGA señala que los hijos de parejas del mismo sexo masculina nacidos por gestación subrogada en otros países ya pueden ser registrados, también advierte de que no ha sido así hasta que se tuvo que acatar una sentencia del tribunal de Estrasburgo. También alaba que el actual rey, Felipe VI, haya recibido a los representantes de los colectivos LGTB en diversos actos oficiales, pero critica que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no se haya reunido con esos mismos representantes después de más de dos años de reiteradas solicitudes al respecto.

También hay datos claramente positivos para ILGA, como la presentación por parte del Ministerio del Interior del primer protocolo policial específico para los delitos de odio. También destaca la sentencia del Tribunal Supremo a favor de Maribel Blanco, una mujer lesbiana que ha conseguido ser declarada madre legal del hijo concebido por la que ahora es su expareja mediante fecundación in vitro, pese a no existir entre ellas relación matrimonial y a que la madre biológica se oponía a ello.

Existe un dato por el que ILGA alaba a España especialmente: según los informes a disposición de la organización, España está a la cabeza mundial en cuanto a la aceptación social de la homosexualidad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, y en 2014.  España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Os podéis descargar (en formato PDF) tanto el informe anual, como la tabla con todos los datos o el mapa.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Felipe de Borbón, Fernando Sebastián, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Maribel Blanco, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Soraya Sáenz de Santamaría, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

En su audiencia general de este miércoles, el papa Francisco ha querido mostrar su apoyo a la iglesia eslovaca por su labor ante el referéndum LGTBfóbico que tendrá lugar este sábado 7 de febrero. Francisco valida así el trabajo denodado que los líderes católicos eslovacos han llevado a cabo, tanto para que la consulta popular fuera convocada como para propiciar un resultado desfavorable a los derechos LGTB. Una muestra más de que, fuera de puntuales gestos por parte de Francisco, la oposición a los derechos LGTB por parte de la jerarquía católica sigue siendo rotunda e inamovible.

Como informábamos el pasado mes de noviembre, Eslovaquia celebró un referéndum LGTBfóbico este sábado 7 de febrero, en el que se consultará a la ciudadanía sobre la privación de derechos a las personas LGTB. El pebliscito se realizará a instancias de Alianza por las Familias (una asociación similar a la española Foro de la Familia) y cuenta con el apoyo explícito de la iglesia católica eslovaca. Las tres preguntas que se formularán, después de obtener la aprobación del Tribunal Constitucional son: “¿Cree que el matrimonio debe considerarse exclusivamente como la unión de un hombre y una mujer?”, “¿Cree que debe prohibirse que las parejas o grupos de personas del mismo sexo puedan adoptar hijos?” y “¿Cree que la escuela no debe poder obligar a los niños a asistir a clases de educación sexual o sobre eutanasia sin que sus padres estén de acuerdo con lo que se les va a enseñar?”.

En realidad, la respuesta a la primera pregunta no cambiará nada en el marco legislativo eslovaco, pues en junio del pasado 2014 se modificó la Constitución para que el matrimonio quedara definido como “el vínculo entre un hombre y una mujer”. Para los integrantes de la asociación LGTBfóbica, según declararon en su día, “el cambio de la Constitución no es suficiente” ya que “nos negamos a que Eslovaquia permita experimentos sociales con niños y familias”, en alusión a la adopción homoparental, y por ello iniciaron la recogida de firmas para la convocatoria del referéndum. Lamentablemente, con gran éxito, pues consiguieron 420.000 firmas de apoyo a la consulta discriminatoria, sobre una población de aproximadamente 5.425.000 habitantes.

A escasos días de la consulta, el papa Francisco quiso mostrar su apoyo a la postura de la iglesia católica eslovaca, aprovechando la audiencia general del pasado miércoles. En su alocución, les dirigió las siguientes palabras: “Saludo a los peregrinos de Eslovaquia y, por medio de ellos, quiero expresar mi agradecimiento a toda la iglesia eslovaca, animando a todos a continuar en sus esfuerzos en defensa de la familia, célula vital de la sociedad”.

Entre estos esfuerzos que han merecido el agradecimiento del papa se cuentan la participación de algunos miembros de su Conferencia Episcopal en un programa televiso, alentando el voto contrario a los derechos LGTB en el referéndum, o la publicación de una carta pastoral de idéntico propósito el pasado 1 de febrero. También han solicitado expresamente desde su página web fondos para la Alianza por las Familias.

Martin Macko, director ejecutivo de la organización LGTB Iniciatíva Inakosť, lamenta que “por primera vez en la historia moderna de Eslovaquia la iglesia católica esté tan involucrada en una campaña política”. Según Macko, el debate público LGTBfóbico fue iniciado por la iglesia católica en 2013, cuando convocó una marcha en contra del aborto y de los derechos LGTB, pues “antes había organizaciones y grupos contrarios a los derechos de las personas LGBT en Eslovaquia, pero eran marginales, como marginales eran esos temas en el debate público”·

La situación tanto jurídica como social de las personas LGTB en Eslovaquia sigue siendo difícil. Las relaciones homosexuales en Checoslovaquia fueron despenalizadas en 1962, y desde 1990 la edad de consentimiento es la misma que la de las relaciones heterosexuales. La incorporación de Eslovaquia a la Unión Europea les llevó a implementar una legislación antidiscriminatoria. Por lo que respecta al reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, hasta ahora se han producido tres intentos de regular las uniones civiles, en los años 1997, 2000 y 2012, ninguno de los cuales ha prosperado; tampoco es posible la adopción conjunta.

Eslovaquia forma un bloque con otros países de Europa central y oriental como Polonia, Hungría, Croacia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, cuyas constituciones prohíben el matrimonio igualitario. A este grupo probablemente se unirá Macedonia, cuyo Parlamento votó en enero de 2015 una reforma constitucional en este sentido, que aún debe ser convalidada y promulgada.

Por otra parte, el Papa advierte a los obispos lituanos de la “influencia de ideologías” que pretenden “desestabilizar la familia”. Les pide que colaboren a la “construcción civil y cultural de la sociedad” y “Preocúpense porque las comunidades cristianas sean siempre lugares de acogida, abiertas y constructivas“

‘Han venido a Roma con su juventud, y también con su heroísmo. De hecho, entre ustedes hay algunos hermanos jóvenes, pero sobre todo prelados que han atravesado el triste período de la persecución. Gracias por su testimonio de Jesucristo y por su servicio al santo pueblo de Dios”, escribe el Santo Padre en el discurso que entregó el lunes a los obispos de la Conferencia Episcopal de Lituania al final de su quinquenal visita ‘‘ad Limina”.

‘Lituania siempre ha tenido pastores cercanos a su rebaño y solidarios con él -prosigue- A lo largo de la historia de la nación, han acompañado con entrega a su gente, no sólo en el camino de la fe y a la hora de afrontar las dificultades materiales, sino también en la construcción civil y cultural de la sociedad, que tiene su sustrato histórico y de identidad en la fuerza de Evangelio y el amor a la Santísima Madre de Dios. Ustedes son los herederos de esta historia, de este patrimonio de caridad pastoral, y lo demuestran con la energía de su acción, la comunión que los anima y la perseverancia en la consecución de las metas que les indica el Espíritu”.

”Queridos hermanos, conozco sus fatigas apostólicas. Si durante mucho tiempo la Iglesia en su país ha sido oprimida por regímenes fundados en ideologías contrarias a la dignidad y la libertad humana, ahora se enfrentan a otros peligros, como el secularismo y el relativismo. Para ello, junto a un incansable anuncio del Evangelio y los valores cristianos, no hay que olvidar un diálogo constructivo con todos, incluso con los que no pertenecen a la Iglesia o están lejos de la experiencia religiosa. Preocúpense porque las comunidades cristianas sean siempre lugares de acogida, abiertas y constructivas, estímulo para toda la sociedad en la búsqueda del bien común’‘.

Francisco no olvida el esfuerzo incesante y la atención que los obispos lituanos prestan a su clero y los invita a rezar para que Dios les conceda ”sacerdotes generosos y capaces de sacrificio y dedicación”. Y también ”laicos convencidos que sepan asumirse responsabilidades dentro de la comunidad eclesial y dar una valiosa contribución cristiana a la sociedad” a quienes los prelados deben animar a estar presentes, ”con la fuerza de una fe adulta , en la vida civil, cultural, política y social’‘.

El Papa toca después el tema de la familia sobre cuya belleza, valores y retos que enfrenta en nuestra época la Iglesia está reflexionando, y llama a los prelados a dar como pastores ”su contribución a esta gran obra de discernimiento’‘ y sobre todo a prestar gran atención a la pastoral familiar, ”de modo que los cónyuges sientan la cercanía de la comunidad cristiana y se sientan ayudados a “no conformarse a la mentalidad de este mundo, sino a renovarse continuamente en el espíritu del Evangelio.

”De hecho, su país -observa el Santo Padre- que ha entrado de lleno en la Unión Europea, está expuesto a la influencia de las ideologías que querrían introducir elementos de desestabilización de las familias, fruto de un malentendido sentido de la libertad personal. Las seculares tradiciones lituanas en este ámbito les ayudarán a responder, según la razón y la fe, a tales desafíos’‘.

Tras instar a los prelados lituanos a prestar una especial atención a las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada y a no esperar que sean sus sacerdotes los primeros en buscarlos, sino a salir ellos a su encuentro, el Papa los exhorta a la solicitud por los pobres.

‘‘Incluso en Lituania, a pesar del desarrollo económico actual -concluye- hay muchos necesitados, desempleados, enfermos, abandonados. Estén cerca de ellos. Y no se olviden de aquellos. Especialmente entre los jóvenes, que por diversas razones abandonan el país y tratan de abrirse un camino nuevo en el extranjero. Su creciente número y sus necesidades requieren atención y cuidado pastoral por parte de la Conferencia Episcopal, para que puedan mantener la fe y las tradiciones religiosas de Lituania”.

Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Aliancia za Rodinu, Alianza por las Familias (Eslovaquia), Bielorrusia, Bulgaria, Conferencia Episcopal de Eslovaquia, Croacia, Discriminación, Eslovaquia, Hungría, Iglesia Católica, Iniciatíva Inakosť, Letonia, Lituania, Macedonia, Martin Macko, Moldavia, Montenegro, Papa Francisco, Polonia, Referendum, Serbia, Ucrania

Por si no fuera suficiente el ataque a los derechos humanos y a la igualdad de las personas que supuso el veto al matrimonio igualitario la pasada primavera, Eslovaquia celebrará un referéndum LGTBfóbico con el pretexto de “proteger a la familia”. La consulta ciudadana previsiblemente se producirá el 7 de febrero de 2015, según ha anunciado el presidente de la república, Andrej Kiska. La organización católica Alianza por las Familias (en eslovaco “Aliancia za Rodinu”) ha sido la principal promotora de esta iniciativa discriminatoria. Para sus integrantes “el cambio de la Constitución no es suficiente” ya que “nos negamos a que Eslovaquia permita experimentos sociales con niños y familias”, en alusión a la adopción homoparental.

La LGTBfobia sigue avanzando en el seno de la Unión Europea. Eslovaquia, país miembro desde 2004, aprobó en junio de este año un artículo en su Constitución que impide el matrimonio a toda pareja no heterosexual. Ahora, planea la celebración de un referéndum para principios de 2015 a instancias de Alianza por las Familias (una asociación similar a la española Foro de la Familia). En un principio, la consulta contemplaba cuatro preguntas, aunque una de ellas fue considerada inconstitucional en octubre. Las tres que han superado el “análisis” constitucional son: “¿Cree que el matrimonio debe considerarse exclusivamente como la unión de un hombre y una mujer?”, “¿Cree que debe prohibirse que las parejas o grupos de personas del mismo sexo puedan adoptar hijos?” y “¿Cree que la escuela no debe poder obligar a los niños a asistir a clases de educación sexual o sobre eutanasia sin que sus padres estén de acuerdo con lo que se les va a enseñar?”.

La única de las preguntas que ha sido excluida perseguía prohibir el reconocimiento de cualquiera de los derechos que tradicionalmente se consideran propios del matrimonio a otras formas de convivencia alternativa, lo que en la práctica cerraba la puerta al reconocimiento jurídico de uniones civiles o incluso de parejas de hecho. El propio presidente de la república, Andrej Kiska, se había opuesto previamente a esta cuestión.

Alianza por las Familias, a través de su página web, ha recogido hasta el momento 420.000 firmas de apoyo a esta consulta discriminatoria (sobre una población de aproximadamente 5.425.000 habitantes). “Nos complace que la enmienda a la Constitución fuera un primer paso necesario para proteger a la familia. Sin embargo, es necesario ir más allá, para evitar el escenario de Croacia, donde después de definir el concepto de ‘matrimonio’ se introdujeron las uniones civiles”, abiertas a parejas del mismo sexo. Así, sin ningún tapujo a la hora de defender una postura tan cargada de odio homófobo, Alianza por las Familias justifica la “necesidad” del referéndum.

Activistas LGTB fomentarán la abstención

Para Romana Schlesinger, directora ejecutiva de la asociación LGTB eslovaca Queers Leaders Forum, “el hecho de votar sobre cuestiones relativas a los derechos humanos, como el derecho a la familia, solo ilustra lo absurdo de la situación”. En este sentido, Schlesinger ha añadido que “vamos a apelar a la gente a no participar en el referéndum. El motivo particular de esta decisión es el principio de que los derechos humanos no se deben votar”. Del mismo modo se ha expresado Martin Macko, perteneciente a Iniciatíva Inakosť, otra agrupación LGTB: “animamos a la gente a no participar en el referéndum”. Este activista, planteaba una pregunta, “si los problemas de las familias eslovacas se resolverán tras la prohibición de adoptar niños a la comunidad LGBT”.

Quien sí ha anunciado su movilización a favor del referéndum es la Conferencia Episcopal de Eslovaquia, ya que “son temas por los que trabaja la Iglesia”. Por su parte, el presidente de la república, Andrej Kiska, ha anunciado que acudirá a las urnas. Sobre la fecha anunciada, el 7 de febrero de 2015, Kiska cree que es una buena opción porque no coincidirá con vacaciones. Asimismo, el presidente espera que los debates durante la campaña y el proceso de referéndum sean “tolerantes” y “respetuosos”. Cabe recordar que Andrej Kiska asumió la presidencia el pasado 15 de junio. A las elecciones se presentó como independiente, compitiendo directamente contra el homófobo primer ministro Robert Fico.

La difícil realidad de Eslovaquia

La situación tanto jurídica como social de las personas LGTB en Eslovaquia, por lo demás, sigue siendo difícil. Las relaciones homosexuales en Checoslovaquia fueron despenalizadas en 1962, y desde 1990 la edad de consentimiento es la misma que la de las relaciones heterosexuales. La incorporación de Eslovaquia a la Unión Europea les llevó a implementar una legislación antidiscriminatoria. Por lo que respecta al reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, hasta ahora se han producido tres intentos de regular las uniones civiles, en los años 1997, 2000 y 2012, ninguno de los cuales ha prosperado; tampoco es posible la adopción conjunta.

Eslovaquia forma un bloque con otros países de Europa central y oriental como Polonia, Hungría, Croacia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, cuyas constituciones prohíben el matrimonio igualitario.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Aliancia za Rodinu, Alianza por las Familias (Eslovaquia), Andrej Kiska, Bielorrusia, Bulgaria, Conferencia Episcopal de Eslovaquia, Croacia, Discriminación, Eslovaquia, Hungría, Iglesia Católica, Iniciatíva Inakosť, Letonia, Lituania, Martin Macko, Moldavia, Montenegro, Polonia, Queers Leaders Forum, Referendum, Romana Schlesinger, Serbia, Ucrania, Unión Europea

De poco han servido los llamamientos de los activistas LGTB de Kirguizistán: el Parlamento de la ex república soviética de Asia central ha aprobado este miércoles, en primera lectura, el proyecto de ley contra la libertad de expresión de los ciudadanos LGTB y quienes los apoyan, por 79 votos a favor y 7 en contra. El texto, más duro que el ya vigente en Rusia, establece multas y penas de cárcel para cualquiera que informe positivamente sobre la homosexualidad.

Ya en marzo informábamos del comienzo de la tramitación por parte del Gobierno de la república centroasiática de un proyecto de ley que persigue castigar con multas y/o cárcel a todos aquellos que difundan una actitud positiva hacia “la sodomía, el lesbianismo y otras formas de comportamiento sexual no tradicional” que las hagan parecer “atractivas” o “despierten interés” en las mismas. El texto, que tiene que pasar dos lecturas más en el Parlamento y ser firmado por el Presidente, prohíbe la difusión por cualquier medio de contenidos de este tipo, así como la organización y participación en asambleas pacíficas en las que se informe sobre la realidad LGTB. Sus promotores han justificado la reforma en la necesidad de “salvaguardar y proteger los valores familiares, humanos, morales e históricos tradicionales de la sociedad kirguís”.

Se trata de una ley, en definitiva, en la línea de la ya vigente en la vecina Rusia, pero aún más dura, en tanto que ya ni siquiera se contempla la excusa de “proteger a los menores”. Toda información positiva sobre homosexualidad quedará vetada, aunque esté dirigida solo a adultos. Según la propuesta inicial, las penas podrían ascender hasta seis meses de prisión y una sanción de hasta 5.000 som (unos 72 euros), que se incrementarían -si los destinatarios de la información son menores- hasta el año de cárcel y 6.000 som de multa (86 euros). La participación en reuniones o asambleas en las que se trate de forma positiva la realidad LGTB se penará con multas de hasta 1.600 som (23 euros). Según denunció Human Rights Watch (HRW), para ello Kirguizistán ha debido modificar sus leyes sobre libertad de prensa y de asociación, algo que según su director para Europa y Asia Central, Hugh Williamson, va en contra de la Constitución kirguís y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Kirguizistán.

Condena de Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos ha rechazado con contundencia esta medida. La embajada estadounidense en Biskek emitió un comunicado la semana pasada, cuando comenzó su discusión parlamentaria: “Nadie debería ser silenciado o encarcelado por quién es o a quién ama. Las leyes que discriminan a un grupo de personas amenazan los derechos fundamentales de todas las personas”, reza el documento, que instaba también a los diputados kirguises a oponerse a la norma.

La dura realidad del colectivo LGTB

La situación del colectivo LGTB en Kirguizistán es muy dura, como demuestra otro informe de HRW que recogimos en febrero de este año. Los testimonios hablan de tormentos diarios como amenazas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales o violaciones. Especialmente frecuentes son el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de los extorsionados se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos. En las semanas que siguieron a la publicación del informe, uno de los activistas que contribuyó a la elaboración de este informe fue amenazado de muerte. Los políticos del país también añaden leña al fuego de la estigmatización social de gays, lesbianas y transexuales desde los medios de comunicación.

Kirguizistán es el séptimo país de la órbita de la antigua Unión Soviética en discutir un proyecto de este tipo, tras Rusia (que inició la senda homófoba), Ucrania, Moldavia, Lituania, Armenia y Kazajistán, aunque solo en el primero ha entrado plenamente en vigor la ley.

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia., Islam Armenia, Biskek, Discriminación, Estados Unidos, Hugh Williamson, Human Rights Watch, Kazajistán, Kirguizistán, Lituania, Moldavia, Rusia, Ucrania

Activistas LGTB de la república exsoviética de Kirguizistán han lanzado una llamada de auxilio al resto del mundo para denunciar las intenciones de su Gobierno de aprobar una ley contra la “propaganda homosexual” mucho más dura que ya la vigente en Rusia. Como no podía ser de otra manera, desde dosmanzanas nos hacemos eco de la llamada y pedimos la colaboración de todas las personas, organizaciones e instituciones que a cualquier nivel puedan contribuir a difundirla o presionar a las autoridades de ese país.

Ya en marzo recogíamos la noticia, gracias al esfuerzo de difusión de Human Rights Watch (HRW). El Gobierno de la república centroasiática de Kirguizistán (también conocida como Kirguistán y Kirguisia) ha iniciado la tramitación de un proyecto de ley que persigue castigar con multas y/o cárcel a todos aquellos que difundan una actitud positiva hacia “la sodomía, el lesbianismo y otras formas de comportamiento sexual no tradicional”. Según el borrador, sería ilegal transmitir “nociones distorsionadas de equivalencia social entre relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales” o “información sobre relaciones sexuales no tradicionales que despierte interés en dichas relaciones”. La norma restringiría también la participación en “asambleas pacíficas que intenten divulgar públicamente cualquier información sobre cualquier forma de relación sexual no tradicional”. Sus promotores justificaban la reforma en la necesidad de “salvaguardar y proteger los valores familiares, humanos, morales e históricos tradicionales de la sociedad kirguís”.

Se trata de un proyecto, en definitiva, en la línea del ya vigente en la vecina Rusia, pero aún más duro, en tanto que ya ni siquiera se contempla la excusa de “proteger a los menores”. Toda información positiva sobre homosexualidad quedaría vetada, aunque esté dirigida solo a adultos. Según la propuesta inicial, las penas podrían ascender hasta seis meses de prisión y una sanción de hasta 5.000 som (unos 67 euros), que se incrementarían -si los destinatarios de la información son menores- hasta el año de cárcel y 6.000 som de multa (80 euros). HRW denunciaba que para ello Kirguizistán modificaría sus leyes sobre libertad de prensa y de asociación, algo que según su director para Europa y Asia Central, Hugh Williamson, va en contra de la Constitución kirguís y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Kirguizistán.

Petición de ayuda

Es por eso que los activistas de Kirguizistán, que a diferencia de otros países apenas si recibe atención mediática fuera de sus fronteras, han pedido ayuda para difundir la situación y conseguir al menos una cierta presión internacional que haga a su gobierno pensárselo dos veces. Piden, por ejemplo, que se organicen concentraciones de protesta frente a embajadas y consulados de Kirguizistán, y que en la medida de lo posible se traslade a las autoridades de los diversos países la preocupación por este proyecto.

En este sentido, los activistas valorarían especialmente las acciones que provengan de países de Asia o de América Latina, para evitar la sensación de que se trata de una campaña promovida solo por países occidentales. También serían muy bien recibidos pronunciamientos de líderes religiosos musulmanes inclusivos.

A los países y organizaciones donantes de fondos a Kirguizistán los activistas LGTB de ese país piden que se aseguren que los receptores de ayuda sean agentes que no promuevan o apoyen políticas homófobas y tránsfobas, pero que no se presione con amenazas de retirar la ayuda, que consideran pueden ser contraproducentes. También han publicado un listado de personalidades LGTBfobas de Kirguizistán para que en la medida de lo posible se les haga el vacío a no ser que condenen el proyecto.

Insertamos por último el contacto de varios activistas LGTB de Kirguizistán a los que se puede escribir directamente en inglés para más información. Se trata de correos electrónicos que son públicos y que pueden compartirse:

• Dastan Kasmamytov (Danik) dastanurbek@gmail.com
• Ruslan Kim ruslan.kimm@gmail.com
• Syinat Sultanalieva sultanalievas@gmail.com
• Amir Mukambetov a.mukambetov@gmail.com

La dura realidad del colectivo LGTB

La situación del colectivo LGTB en Kirguizistán es muy dura, como demuestra otro informe de HRW que recogimos en febrero. Los testimonios hablan de tormentos diarios como amenazas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales o violaciones. Especialmente frecuentes son el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de los extorsionados se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos. En las semanas que siguieron a la publicación del informe, uno de los activistas que contribuyó a la elaboración de este informe fue amenazado de muerte. Los políticos del país también añaden leña al fuego de la estigmatización social de gays, lesbianas y transexuales desde los medios de comunicación.

Kirguizistán es el séptimo país de la órbita de la antigua Unión Soviética en discutir un proyecto de este tipo, tras Rusia (que inició la senda homófoba), Ucrania, Moldavia, Lituania, Armenia y Kazajistán, aunque solo en el primero ha entrado plenamente en vigor la ley.

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia. Amir Mukambetov, Armenia, Dastan Kasmamytov, Discriminación, Hugh Williamson, Human Rights Watch, Kazajistán, Kirguisia, Kirguistán, Kirguizistán, Lituania, Moldavia, Rusia, Ruslan Kim, Syinat Sultanalieva, Ucrania

Nuevo golpe homófobo en un país europeo. El partido Dirección-Socialdemocracia (Smer-SD) del primer ministro eslovaco Robert Fico ha aprobado en el Parlamento del país una reforma de la Constitución que, entre otros puntos, excluye definitivamente a las parejas del mismo sexo del derecho al matrimonio.

Los socialdemócratas, que gobiernan con mayoría absoluta, han contado con el apoyo del principal partido de la oposición, el Movimiento Cristiano Democrático (KDH), para alcanzar la mayoría de tres quintos necesaria para reformar la ley fundamental eslovaca. Además de introducir cambios en el poder judicial, el matrimonio queda ahora definido como “el vínculo único entre un hombre y una mujer”, cerrando por tanto la puerta a una posible apertura de este derecho, en el futuro, a las parejas del mismo sexo. La nueva redacción constitucional ha obtenido 102 votos favorables de los 150 diputados con escaño en la Naródná Rada, el parlamento unicameral eslovaco.

Organizaciones de defensa de los derechos LGTB ya han expresado su decepción ante la acelerada reforma de la carta magna. Martin Macko, de Iniciatíva Inakost’, critica la discriminación hacia las familias homoparentales, que se presentan como una amenaza frente a la “completa protección del matrimonio” exclusivamente heterosexual que consagra la nueva redacción. Por su parte, Amnistía Internacional ha censurado que los cambios, y en particular el que instaura la discriminación basada en la orientación sexual, se hayan decidido a puerta cerrada y sin debate. Los ciudadanos LGTB no serán los únicos afectados por la reforma, que también podría generar problemas a las personas divorciadas o a los progenitores solteros. El Comité para la Igualdad de Género, un consejo consultivo del Estado eslovaco, ha alertado de que el nuevo artículo podría entrar en contradicción con el cuerpo legal existente, que establece la protección de todas las formas de familia.

La situación tanto jurídica como social de las personas LGTB en Eslovaquia, por lo demás, sigue siendo difícil. Las relaciones homosexuales en Checoslovaquia fueron despenalizadas en 1962, y desde 1990 la edad de consentimiento es la misma que la de las relaciones heterosexuales. La incorporación de Eslovaquia a la Unión Europea les llevó a implementar una legislación antidiscriminatoria. Por lo que respecta al reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, hasta ahora se han producido tres intentos de regular las uniones civiles, en los años 1997, 2000 y 2012, ninguno de los cuales ha prosperado; tampoco es posible la adopción conjunta. Eslovaquia se une ahora a otros países de Europa central y oriental como Polonia, Hungría, Croacia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, cuyas constituciones prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia. Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Dirección-Socialdemocracia (Eslovaquia), Eslovaquia, Hungría, Iniciatíva Inakosť, Letonia, Lituania, Matrimonio, Moldavia, Montenegro, Movimiento Cristiano Democrático (Eslovaquia), Naródná Rada, Polonia, República Checa, Robert Fico, Serbia, Ucrania, Unión Europea

Se ha dado a conocer el habitual informe anual sobre la situación de los derechos LGTB en el continente europeo que confecciona ILGA Europa. Junto al estudio, como también es costumbre, se incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTB. España sube un puesto respecto al año anterior y se sitúa en el tercer lugar de la lista, por detrás del Reino Unido y Bélgica. Sin embargo, en el informe se señala la alineación del gobierno español con el sector de la sociedad más reacio al reconocimiento de los derechos LGTB y, en especial, la hostilidad evidente de la alcaldesa de Madrid hacia las celebraciones del Orgullo. Quien repite el último lugar de la clasificación es Rusia, cuyas medidas contra la llamada “propaganda homosexual” siguen pesando de manera ostensible.

Como en el año 2013, la clasificación se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación, derecho de familia, crímenes y discursos de odio, reconocimiento legal de la identidad de género, libertad de asociación y asilo. Dicho porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. En esta ocasión, el país que ha experimentado un incremento mayor de su porcentaje de cumplimiento es Malta, debido a sus recientes avances en cuando a los derechos LGTB, como la ley de uniones civiles aprobada el pasado mes de abril.

El Reino Unido vuelve a ocupar el primer lugar, aumentando su porcentaje por la aprobación del matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales y Escocia, aunque no se deja de señalar que aún no es legal en Irlanda del Norte. Sorprende, sin embargo, que Croacia también incremente su calificación tras el referéndum en el que su población reformó su Constitución para prohibir el matrimonio igualitario. Recordamos, como siempre, que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación. La lista es la siguiente:

• Reino Unido: 82%
• Bélgica: 78%
• España: 73%
• Holanda: 70%
• Noruega: 68%
• Portugal: 67%
• Suecia: 65%
• Francia: 64%
• Islandia: 64%
• Dinamarca: 60%
• Malta: 57%
• Croacia: 56%
• Alemania: 56%
• Hungría: 54%
• Austria: 52%
• Montenegro: 47%
• Finlandia: 45%
• Albania: 38%
• Eslovenia: 35%
• República Checa: 35%
• Estonia: 35%
• Irlanda: 34%
• Grecia: 31%
• Eslovaquia: 31%
• Serbia: 30%
• Bulgaria: 30%
• Suiza: 29%
• Luxemburgo: 28%
• Rumanía: 28%
• Polonia: 28%
• Georgia: 26%
• Italia: 25%
• Lituania: 22%
• Andorra: 21%
• Bosnia-Herzegovina: 20%
• Chipre: 20%
• Letonia: 20%
• Liechtenstein: 18%
• Kosovo: 17%
• Moldavia: 17%
• Turquía: 14%
• San Marino: 14%
• Bielorrusia: 14%
• Macedonia: 13%
• Ucrania: 12%
• Mónaco: 10%
• Armenia: 9%
• Azerbaiyán: 7%
• Rusia: 6%

Situación en España

Respecto a España, aunque mejore su calificación, subiendo además un puesto en la lista, el informe no deja de reflejar el deterioro de algunos derechos y, sobre todo, el cambio de actitud del partido gobernante. Dice la introducción a la situación española (los hiperenlaces son nuestros):

“A pesar de los avances en favor de los derechos de las personas LGBTI en los últimos años, el nuevo Gobierno de centroderecha, incluyendo a algunos ministros individuales y a la alcaldesa de Madrid, ha demostrado su interés por responder a las preocupaciones de los votantes más conservadores. La recesión económica ha sido un pretexto para reducir la financiación a las ONG clave, y una reforma del sistema de salud también apareció para bloquear los tratamientos de fertilidad para mujeres solteras y lesbianas en el sistema público”.

Aparte de lo destacado en el preámbulo, el informe denuncia el surgimiento de la violencia homófoba, a imitación de los grupos rusos, bajo el nombre de “Proyecto Pilla-Pilla”, aunque también valora cómo fue rápidamente abortada tras la detención de sus líderes. Se significa asimismo la desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía del temario escolar, con la consiguiente eliminación de cualquier referencia al respeto a la diversidad afectiva y sexual.

Apartado especial merece la patente animosidad de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, hacia la celebración del Orgullo en la ciudad que gestiona, informando de las fuertes multas que ha impuesto a las asociaciones convocantes. Según recoge el informe, dichas asociaciones denuncian la pretensión del ayuntamiento de acabar así con el Orgullo, una fiesta que convoca a más de 1.500.000 ciudadanos.

En cuanto a aspectos positivos, se destaca la salida del armario de la diputada Ángeles Álvarez, la aprobación de la ley integral de transexualidad de Andalucía, la dedicatoria de una plaza en Barcelona a la mujer transexual asesinada Sonia Rescalvo, o el hecho de que España aparezca en la encuesta de Pew Research Center como el país del mundo con mayor aceptación de la homosexualidad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual.  España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Podéis descargaros (en formato PDF) tanto el informe anual, como la tabla con todos los datos o el mapa.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Ana Botella, Andorra, Ángeles Álvarez, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

La organización internacional pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha emitido una comunicado alertando de los planes del Gobierno de la república centroasiática de Kirguizistán (o Kirguistán) contra la libertad de expresión de los ciudadanos LGTB y quienes los apoyen. El proyecto de ley establece multas y penas de cárcel para cualquiera que informe positivamente sobre la homosexualidad.

En la iniciativa legal, que se encuentra en fase de discusión pública desde el pasado día 26, se definen las “relaciones no tradicionales” como “la sodomía, el lesbianismo y otras formas de comportamiento sexual no tradicional”. Las penas para el ambiguo “delito” de “crear una actitud positiva hacia orientaciones sexuales no tradicionales” ascienden a seis meses de prisión y una sanción de hasta 5.000 som (unos 67 euros), que se incrementarían hasta el año de cárcel y 6.000 som de multa (80 euros) si los destinatarios de la información son menores.

Según el borrador, sería ilegal transmitir “nociones distorsionadas de equivalencia social entre relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales” o “información sobre relaciones sexuales no tradicionales que despierte interés en dichas relaciones”. De aprobarse, el proyecto de ley restringiría también la participación en “asambleas pacíficas que intenten divulgar públicamente cualquier información sobre cualquier forma de relación sexual no tradicional”. Sus autores justifican la necesidad de la reforma para “salvaguardar y proteger los valores familiares, humanos, morales e históricos tradicionales de la sociedad kirguís”.

Para conseguir su objetivo, el Gobierno del país prevé modificar las leyes sobre libertad de prensa y de asociación, algo que según el director de Human Rights Watch para Europa y Asia Central, Hugh Williamson, va en contra de la Constitución kirguís y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Kirguizistán. Williamson ha animado, además, al Consejo de Europa a “enviar un mensaje firme” a la exrepública soviética, que aspira a firmar un acuerdo de asociación con el órgano internacional. “Intentar excluir a las personas LGTB como ‘no tradicionales’ es cínico y peligroso, y pretende deshumanizarlas”, añadió el portavoz de HRW, que calificó la ley de “draconiana” e instó a sus promotores a “retirarla inmediatamente”.

La dura realidad del colectivo LGTB

La situación del colectivo LGTB en Kirguizistán es muy dura, como demuestra otro informe de Human Rights Watch, del que nos hicimos eco el pasado mes de febrero. Los testimonios recogidos hablan de tormentos diarios como amenazas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales o violaciones. Especialmente frecuentes son el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de estos hombres se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos. En las semanas que siguieron a la publicación del informe, uno de los activistas que contribuyó a la elaboración de este informe fue amenazado de muerte.

La escena política también añade leña al fuego de la estigmatización social de gays, lesbianas y transexuales desde los medios de comunicación. Asimismo, según informa HRW, el partido nacionalista Kalys había convocado dos manifestaciones contra lo que ellos llaman “propaganda homosexual”. Kirguizistán se convierte en el séptimo país de la órbita de la antigua Unión Soviética en discutir un proyecto de este tipo, tras Rusia (que inició la senda homófoba), Ucrania, Moldavia, Lituania, Armenia y Kazajistán, aunque solo en el primero de estos ha entrado plenamente en vigor la ley.

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia. Armenia, Consejo de Europa, Hugh Williamson, Human Rights Watch, Kalys, Kazajistán, Kirguizistán, Lituania, Moldavia, Rusia, Ucrania