Aunque ya habíamos hablado de esta noticia, ampliamos el tema:

El Ministerio del Interior ha hecho público a inicios de este mes de octubre el informe sobre evolución de los delitos de odio en España a lo largo de 2021. Un documento que arroja resultados inquietantes. Globalmente, en 2021 se produjo un aumento del 5,63% de los delitos de odio respecto a 2019, lo que confirma la tendencia alcista de años precedentes (interrumpida solo el año 2020 «por la pandemia de la covid-19», según el propio Ministerio reconoce). Especialmente preocupante resulta, sin embargo, el crecimiento de los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género, cuyo número no se había reducido en 2020 (277 en 2020, 278 en 2019) y que en 2021 se disparó un 68,2%, hasta alcanzar la cifra de 466. Porcentualmente, los delitos de odio por LGTBIfobia constituyen ya el 27% del total de delitos de odio en España.

El documento de Interior ofrece datos sobre los delitos e incidentes de odio por motivos racistas, xenófobos, antisemitas, antigitanos, creencias o prácticas religiosas, aporofobia, orientación sexual e identidad de género, por sexo/género, ideología, por razones generacionales, enfermedad y discapacidad que conocieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el año 2021. En este sentido, el sistema estadístico de criminalidad registró en España un total de 1.724 delitos de odio y 78 infracciones administrativas y otros incidentes.

Los delitos de odio contabilizados por Interior se distribuyen de la siguiente forma: antisemitismo (11), aporofobia (10), creencias o prácticas religiosas (63), discapacidad (28), orientación sexual e identidad de género (466), racismo y xenofobia (639), ideología (326), por razón de sexo/género (107), por discriminación generacional (35), por enfermedad (21) y por antigitanismo (18). Por razones de fidelidad a los datos, conviene aclarar que en esta entrada seguimos la nomenclatura usada por el propio Ministerio:

Como vemos, por número total de delitos registrados, el racismo y la xenofobia repite por segundo año consecutivo como la motivación principal, ocupando la orientación sexual e identidad de género el segundo lugar, si bien en en términos porcentuales el crecimiento de los delitos por LGTBIfobia es superior. En términos de crecimiento porcentual, solo el antisemitismo y la discriminación generacional superan a la LGTBIfobia, aunque con cifras absolutas muy inferiores.

La tendencia, lamentablemente, es clara.

Por lo que respecta al número de sucesos esclarecidos, en el caso de los delitos por LGTBIfobia ascendieron a 314 (el 67,4%).

Perfil de víctimas y agresores

En cuanto al perfil de las víctimas de delitos por LGTBIfobia, 398 fueron hombres (un 75%) y 132 mujeres (un 25%). Lamentablemente el informe no detalla el número ni el porcentaje de víctimas cis/trans, lo que impide conocer con precisión el peso que el odio tránsfobo, especialmente azuzado en los últimos años desde diferentes sectores políticos y mediáticos, tiene sobre el total de delitos por LGTIfobia. Un aspecto que el informe debería corregir en próximas ediciones.

En cuanto a la edad, 68 víctimas eran menores, 136 tenían entre 18 y 25 años, 187 entre 27 y 40 años, 77 entre 41 y 50 años, 56 entre 51 y 65 años y 6 eran mayores de 65 años.

Por lo que refiere a los autores de delitos por LGTBIfobia, se identificaron como detenidos o investigados un total de 209 personas (176 hombres y 33 mujeres). 36 eran menores, 60 tenían de 18 a 25 años, 70 de 26 a 40 años, 24 de 41 a 50 años, 16 de 51 a 65 años y 3 eran mayores de 65 años.

Por lo que se refiere a las nacionalidades de víctimas y agresores, el informe no detalla los datos por motivación, aunque sí ofrece los datos globales. En este sentido, el 65,5% de las víctimas totales de delitos de odio eran de nacionalidad española y el 34,5% extranjeras, mientras que el 75,6% de los agresores eran de nacionalidad española y el 24,4% extranjeros.

Cataluña por delante en términos absolutos, País Vasco en términos relativos

De los 466 delitos de odio por LGTBIfobia contabilizados por el Ministerio, 101 ocurrieron en Cataluña, 70 en Madrid y 65 en el País Vasco, las tres comunidades autónomas que repiten de nuevo el dudoso honor de ocupar este «podio» en cifras absolutas (si bien respecto a 2020 Madrid adelanta al País Vasco).

En términos relativos (número de incidentes conocidos por 100.000 habitantes) es el País Vasco el que ocupa la primera posición, por delante de Navarra y Madrid. Cabe discutir, por supuesto, si el número de delitos por comunidad es un reflejo real de su situación o si puede reflejar, al menos en parte, una mayor concienciación de las víctimas a la hora de denunciar o una mayor capacidad de detección.

La punta de un gigantesco iceberg

Dicho todo esto, conviene tener en cuenta que, según explican los expertos, una parte muy significativa de quienes sufren agresiones físicas o verbales, o amenazas con tintes LGTBIfóbicos, ni siquiera llega a denunciar. Así, según datos publicados en 2019 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, solo el 21% de las personas que son víctimas de un ataque físico o sexual por ser LGTBI habían denunciado a la Policía o a alguna organización.

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Puedes descargar el informe completo de Interior correspondiente al año 2021 pinchando aquí.

Fuente Dosmanzanas

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El Ministerio del Interior del Reino Unido reconoció que los solicitantes de asilo que se identifican como LGTBI+ tienen más probabilidades de sufrir discriminación en Ruanda, pero no ha descartado la deportación de personas vulnerables a África Oriental.

En un informe de 101 páginas publicado la semana pasada, el gobierno británico expuso una “Revisión de la tramitación del asilo” como parte de sus planes, anunciados formalmente en abril, de enviar a Ruanda a las personas que intenten buscar refugio en el Reino Unido.

El documento documentaba incidentes de personas LGTBI+ que se enfrentaban a la discriminación en el empleo, la sanidad y el sector de la justicia en el país de África Oriental. “En relación con Ruanda… existe preocupación por el trato que reciben algunas personas LGTBI+, pero seguiremos considerando el impacto en este grupo y tendremos en cuenta más pruebas en el transcurso de la asociación”, dijo el departamento gubernamental en una “Evaluación de Impacto sobre la Igualdad” publicada el lunes.

El Nuevo Árabe se puso en contacto con el Ministerio del Interior del Reino Unido, que no proporcionó más aclaraciones sobre la seguridad de los solicitantes de asilo LGTBI+, y no dio ninguna indicación de que fuera a paralizar las reubicaciones, que están previstas para los próximos meses.

“La homosexualidad se despenalizó en 2010. En este momento, las investigaciones apuntan a que los malos tratos son más que puntuales”, se lee en la propia evaluación de “Igualdad” del Ministerio del Interior.

El gobierno británico empezará a informar de su traslado a Ruanda esta semana. Se espera que los vuelos tengan lugar en los próximos meses.

La ministra del Interior británica, Priti Patel, admitió que “llevará tiempo” que la política sea operativa, y añadió: “Vemos varios obstáculos y barreras, principalmente por parte de bufetes de abogados especializados que quieren bloquear el traslado de personas”.

Una organización benéfica británica que está preparando un recurso legal contra la política es Freedom From Torture. Cuando se le preguntó por la posibilidad de que los solicitantes de asilo LGTBI+ fueran enviados a Ruanda, Freedom From Torture declaró a The New Arab: “Estamos muy preocupados por la seguridad de enviar a solicitantes de asilo LGTBI+ a un país con un historial tan pobre de defensa de las personas LGTBI+ de la persecución”.

“Los esfuerzos de las directrices del Ministerio del Interior publicadas anoche, que disimulan estos riesgos señalando los intercambios entre el presidente ruandés y la presentadora estadounidense Ellen DeGeneres, serían risibles si lo que está en juego no los hiciera tan potencialmente letales”, añadió la entidad.

El año pasado, las autoridades ruandesas acorralaron y detuvieron arbitrariamente a más de una “docena de personas homosexuales y trans, trabajadores del sexo, niños de la calle y otros” antes de una conferencia de alto nivel celebrada en junio, según Human Rights Watch. Las personas entrevistadas que se identificaron como homosexuales o transgénero afirmaron que los agentes de seguridad les acusaron de “no representar los valores ruandeses”, dijo el organismo de vigilancia.

Según una encuesta incluida en la revisión del asilo del Ministerio del Interior, el 89 por ciento de los encuestados clasificó a las personas LGTBI+ como un “grupo inmoral”.

Fuente: Al-Araby

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El Ministerio del Interior ha hecho público su informe sobre evolución de los delitos de odio en España a lo largo de 2020, un año marcado por la pandemia de covid-19. Globalmente, se produjo una disminución en el número de delitos recogidos respecto a 2019 del 16,5%. Lamentablemente, dicha tendencia global no se extendió a los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género, cuyo número apenas cambió (277 en 2020, 278 en 2019). Hay que recordar que en 2019 esta categoría ya había experimentado un aumento del 8,6% respecto al año precedente. Porcentualmente, los delitos de odio por LGTBIfobia constituten ya el 19,8% del total de delitos de odio en España.

El documento de Interior ofrece datos sobre los delitos e incidentes de odio por motivos racistas, xenófobos, antisemitas, antigitanos, creencias o prácticas religiosas, aporofobia, orientación sexual e identidad de género, por sexo/género, ideología, por razones generacionales, enfermedad y discapacidad que conocieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido, a lo largo de 2020, el sistema estadístico de criminalidad registró en España un total de 1.334 delitos de odio, un 16,5% menos que en 2019. Dichos incidentes se distribuyen de la siguiente forma: antisemitismo (3), aporofobia (10), creencias o prácticas religiosas (45), discapacidad (44), orientación sexual e identidad de género (277), racismo y xenofobia (485), ideología (326), por razón de sexo/género (99), por discriminación generacional (10), por enfermedad (13) y por antigitanismo (22).

Por razones de fidelidad a los datos, conviene aclarar que en esta entrada seguimos la nomenclatura usada por el propio Ministerio:

Por número total de hechos registrados, varias de las motivaciones experimentaron una tendencia descendente respecto al 2019 (el antisemitismo, la aporofobia, las creencias o prácticas religiosas, el racismo/xenofobia y la ideología). La orientación sexual e identidad de género permaneció sin apenas cambios (277 delitos en 2020 frente a 278 en 2019). El resto de categorías aumentan. La que más, los ataques contra personas con discapacidad (pasan de 26 a 44, un 69,2%), por razón de enfermedad (de 8 a 13, un 62,5%) y el antigitanismo (de 14 a 22, un 57,1%).

En términos porcentuales sobre el total de hechos registrados, los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género suponen ya el 19,8% de los delitos de odio en España. Un crecimiento de 3,5 puntos respecto a 2019, cuando dicho porcentaje ascendió al 16,3% (el número total de incidentes por odio ha disminuido, mientras que el de incidentes específicos por odio LGTBfobo ha permanecido estable).

Nota: al total de hechos conocidos desglosados por las mencionadas categorías con relevancia penal (1.334) hay que sumar además 67 infracciones administrativas y otros incidentes, hasta sumar un total de 1.401.

Cataluña, País Vasco y Madrid, por delante

De los 277 delitos de odio por LGTBIfobia contabilizados por el Ministerio, 69 ocurrieron en Cataluña, 45 en el País Vasco y 40 en Madrid, las tres comunidades autónomas con mayor número de registros.

Por lo que se refiere al perfil de las víctimas, de un total de 328, hubo 253 hombres y 73 mujeres (en dos casos nos consta el dato). El informe no detalla, en este sentido, el número ni el porcentaje de víctimas cis/trans. Sí que se detalla su edad: 35 de ellas fueron menores. Por lo que se refiere al perfil de los responsables identificados, la inmensa mayoría (el 91,4%) fueron hombres (127, frente a 12 mujeres).

Por lo que se refiere a la nacionalidad, en la mayoría de los casos víctimas y responsables de delitos de odio fueron de nacionalidad española (el 86,4% de las víctimas y el 84,7% de los autores), pero en este aspecto el informe da datos globales no desglosados por tipología de incidente de odio. Lo mismo ocurre con la edad de los responsables y con el «tipo de hecho» (lesiones, amenazas, discriminación, trato degradante, agresión sexual, etc.), cuyos datos se dan agregados.

La punta de un gigantesco iceberg

Dicho todo esto, conviene tener en cuenta que, según explican los expertos, una parte muy significativa de quienes sufren agresiones físicas o verbales, o amenazas con tintes LGTBIfóbicos, ni siquiera llega a denunciar. Así, según datos publicados en 2019 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, solo el 21% de las personas que son víctimas de un ataque físico o sexual por ser LGTBI habían denunciado a la Policía o a alguna organización.

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Puedes descargar el informe completo de Interior correspondiente al año 2020 pinchando aquí.

Fuente Dosmanzanas

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Un hombre de 34 años y una mujer de 33 han sido detenidos en Molina de Segura (Murcia) por un presunto delito de odio por su acoso continuado a una mujer trans. Un acoso que comenzó en 2019, cuando la víctima visibilizó su proceso de transición, pero que no ha denunciado hasta que su vida se convirtió en un auténtico infierno.

Según informa el diario murciano La Opinión, el acoso tránsfobo se remonta al verano de 2019, cuando la mujer comenzó a hacer visible su proceso de transición y la apreja ahora detenida comenzó a humillarla en cuanto tenía ocasión. Pese a todo, la víctima era reacia a denunciar, por miedo a las represalías, por lo que optó por modificar sus rutinas para evitar cruzarse con sus agresores. Pero estos continuaron su acoso, hasta el punto de amenazarla e incluso agredirla físicamente. Finalmente, la mujer denunció los hechos ante la Policía Nacional, que en colaboración con la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior, llevaron a cabo una investigación que permitió recabar indicios suficientes de la existencia de un posible delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, procediendo a la localización y detención de los presuntos autores.

Siempre según La Opinión, se ha dado cuenta también al Juzgado de Instrucción de Molina de Segura para la adopción de las medidas oportunas, así como al Fiscal Provincial Delegado contra los Delitos de Odio y Discriminación.

Fuente Dosmanzanas

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ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo y los países de Asia Central. Tal como lo efectuó el pasado año, el informe se ha publicado de manera separada a la clasificación por países, que se dará conocer posteriormente. El documento de ILGA Europa destaca que la pandemia mundial causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la debilidad del progreso alcanzado en cuanto a los derechos LGTBI, especialmente vulnerable a la explotación por parte de quienes se oponen a los derechos humanos. Los informes recibidos por ILGA Europa desde los distintos países señalan un aumento de los abusos y de la incitación al odio contra las personas LGTBI tanto en el ámbito familiar como social, destacando sobre todo la utilización por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de fuerzas políticas para usar a la población LGTBI como chivo expiatorio de la pandemia.

Los datos que han llegado a ILGA Europa en 2020 desde los distintos países europeos y de Asia Central han puesto de manifiesto la debilidad de los derechos alcanzados con tanta dificultad a lo largo de los últimos años. Han aumentado extraordinariamente los abusos y la incitación al odio hacia las personas LGTBI, que en muchos casos han tenido que volver a vivir en entornos familiares y sociales de gran hostilidad. Mientras las organizaciones de defensa de los derechos LGTBI han tenido que orientar su trabajo a proveer necesidades básicas como el alojamiento o la alimentación, en muchos países los gobiernos han excluido específicamente a este colectivo de sus paquetes de ayudas. Han resurgido los discursos contra la población LGTBI por parte de las autoridades políticas, convirtiéndola en el chivo expiatorio de la pandemia, sobre todo en aquellos países con regímenes autoritarios.

El aumento de los discursos de incitación al odio se ha comprobado tanto en fuentes oficiales como en los medios de comunicación y las redes sociales. Los discursos de odio contra los ciudadanos LGTBI por parte de miembros de partidos políticos han aumentado considerablemente en Albania, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Estonia, Finlandia, Hungría, Italia, Kosovo, Letonia, Moldavia, Macedonia del Norte, Polonia, Rusia, Eslovaquia y Turquía. Por parte de líderes de las distintas confesiones religiosas se han propagado en Bielorrusia, Grecia, Eslovaquia, Turquía y Ucrania, llegando incluso a culpar directamente a las personas LGBTI de la expansión de la COVID-19. También se han incrementado en las redes sociales de Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chequia, Malta, Montenegro, Rusia y Turquía, y en los medios de comunicación clásicos de Eslovenia y Ucrania. La incitación al odio es un problema permanente en Georgia, Irlanda, los Países Bajos, Macedonia del Norte, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España y el Reino Unido.

La prohibición de los actos del Orgullo y otro tipo de eventos en defensa de los derechos LGTBI, que forman parte de los derechos de reunión y manifestación, ha sido creciente. Estas prohibiciones han estado a la orden del día en Polonia y Hungría, con gran repercusión internacional, y también en los países de Asia Central. Informantes de distintos países han expresado su temor de que las medidas legislativas y la presión social LGTBIfoba de Polonia y Hungría se expandan a otros territorios. En Bielorrusia se produjeron brutales represiones que incluyeron arrestos, detenciones y torturas de personas LGTBI. Existen procesos judiciales abiertos contra manifestantes LGTBI en Rusia y en Turquía, mientras que en Ucrania se reprimieron los actos del Orgullo de Odessa. En Bulgaria los manifestantes fueron atacados por extremistas y en Francia aumentó la brutalidad policial contra las protestas.

ILGA Europa expresa una gran preocupación por el incremento en la oposición a los derechos de las personas trans en toda Europa, que está afectando al avance del reconocimiento legal de género. El retroceso es palpable en Austria, Croacia, Finlandia, Hungría, Lituania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia y el Reino Unido, mientras que existe un estancamiento en Alemania, Andorra, Chipre, Chequia, Georgia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Suecia. Las fuerzas que se oponen al reconocimiento de la autodeterminación del género esgrimen falsos perjuicios a los derechos de las mujeres o la supuesta «protección de la infancia» que tiene como consecuencia la exclusión de los menores trans de las medidas legislativas.

En cuanto a los derechos de las parejas LGTBI, existe un estancamiento en varios países, como Andorra, Bulgaria, Chequia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Serbia y Eslovaquia. En la parte positiva se encuentra la aprobación del matrimonio igualitario en Irlanda del Norte y el avance en el proceso legislativo para su implementación en Suiza. También destaca la importancia de la introducción de las uniones civiles en Montenegro y la promesa del gobierno serbio de aplicar una medida semejante en este 2021.

Pero ILGA Europa advierte de que mucho del progreso conseguido en los últimos años se está cuestionando por la falta de aplicación práctica. Aunque en varios países la legislación ha avanzado considerablemente a favor de los derechos LGTBI, muchas de esas medidas no se están aplicando de hecho, por falta de voluntad política. Eso ocasiona que en muchos de esos países las personas LGTBI deban acudir a los tribunales para que sus derechos sean reconocidos o para que se aclare la legislación existente.

La situación en España

En el apartado correspondiente a España, ILGA Europa informa sobre la situación de los distintos derechos en 2020.

La situación creada por la COVID-19 ha endurecido los problemas de los solicitantes de asilo LGTBI, que han sufrido ataques por parte de extremistas LGTBIfobos. Para ayudar a paliar esa situación, la asociación Kifkif inauguró el centro Pedro Zerolo para acoger a 20 solicitantes de asilo y refugiados LGTBI.

El grueso de los discursos de odio se ha dirigido en 2020 contra las personas trans. ILGA Europa destaca los ataques hacia las mujeres trans por parte de la presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón. También señala que un sector del PSOE se ha unido al discurso de odio tránsfobo propio de la ultraderecha, al calificar el derecho de la autodeterminación de género como una amenaza al feminismo y clamar contra la llamada «teoría queer». ILGA Europa destaca que la posición oficial del PSOE es tradicionalmente de apoyo a las reivindicaciones del colectivo LGTBI, pero que este posicionamiento de un sector del partido ha ocasionado en los dos últimos años un retraso en la reforma de las leyes a favor de los derechos trans.

En cuanto a la violencia contra las personas LGTBI en España, ILGA Europa hace referencia al informe del Ministerio del Interior del pasado año, según el cual en 2019 se documentaron 278 crímenes de odio contra las personas LGTBI. Sin embargo, señala que según el EU LGTBI Survey II de la Agencia Europa de los Derechos Fundamentales, tan solo el 16 % de los delitos de odio son denunciados a las autoridades o a las organizaciones de defensa de los derechos LGTBI. Los distintos Observatorios contra la LGTBIfobia reclaman la aprobación de leyes que protejan a las personas LGTBI de estas agresiones. ILGA Europa distingue en este apartado los asesinatos de dos mujeres trans en Asturias en los dos últimos años.

Debido a la pandemia de la COVID-19, en 2020 no pudieron llevarse a cabo con normalidad las celebraciones del Orgullo LGTBI, limitándose a actos online. El lema de 2020 hacia especial referencia a los derechos de las mujeres trans.

En la parte positiva, ILGA Europa destaca la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la prohibición del cambio registral del sexo a los menores trans. También refiere la aprobación en Cantabria de la ley LGTBI, con la única oposición de los diputados de ultraderecha. En el plano social y cultural, señala la salida del armario del cantante Pablo Alborán y la candidatura de Valencia para los Gay Games de 2016.

Fuente Dosmanzanas

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Un informe de las Naciones Unidas encontró que la República Islámica de Irán impuso la tortura con descargas eléctricas a niños LGBT +, entre otras violaciones de derechos humanos.

El activista británico LGBT + Peter Tatchell dijo a The Jerusalem Post que los abusos del régimen se hacen eco de los tratamientos médicos anti-LGBT + por parte de los nazis y otros regímenes fascistas.

Tatchell pidió que Irán sea expulsado de las asociaciones y conferencias médicas internacionales en Twitter.

Javaid Rehman, el relator especial de las Naciones Unidas para Irán, escribió sobre “informes de que niños lesbianas, gays, bisexuales y transgénero fueron sometidos a descargas eléctricas y la administración de hormonas y medicamentos psicoactivos potentes”.

Irán penaliza actualmente el sexo entre hombres con pena de muerte y el sexo entre mujeres con 100 latigazos.

Según un informe de la ONU, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación de que estas prácticas pudieran estar ocurriendo en 2016, “con el propósito de ‘curar’” a los niños LGBT +. “El derecho internacional es claro en la protección de los derechos humanos de todas las personas, incluidas las personas LGB e intersexuales. El trato denunciado a estas personas viola sus derechos a la libertad, juicio justo, integridad, privacidad, dignidad, igualdad ante la ley, no discriminación y la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, consagrados en ley internacional. “

El Ministerio del Interior del Reino Unido ha actualizado sus políticas sobre Irán como resultado del informe de la ONU de 2018 recientemente resurgido.

Afirma que los niños LGBT + en Irán informan haber sido sometidos a violencia física y mental, incluidas “palizas y flagelaciones, así como formas de abuso psicológico como el aislamiento forzoso y el aislamiento de amigos y la sociedad, negligencia y abandono, insultos verbales y amenazas de muerte”.

Para las lesbianas y los hombres trans, informa que “estos abusos a menudo van acompañados de amenazas o realidades de ser coaccionados a matrimonios concertados”.

El informe establece que cada caso “debe ser considerado en base a sus hechos”, pero sostiene que “si una persona LGBTI no vive abiertamente como tal, y una razón material para esto es el miedo a la persecución que seguiría si viviera abiertamente, entonces también debe ser considerado refugiado “.

El año pasado, se informó que seis de cada diez iraníes homosexuales habían sido agredidos por familiares y casi la mitad había sido agredidos sexualmente en público.

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Las últimas noticias acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que un arzobispo brasileño,fue  acusado de abusar de seminaristas al intentar “curar” su homosexualidad. Mientras  Cientos de líderes religiosos declaran que todas las personas LGBT + son “valiosas” en una llamada a la prohibición global de la terapia de conversión. Recordábamos como un obipo, José Ignacio Munilla, que se jactaba en la televisión vasca de haber “curado” homosexuales “cuenta con una especie de guardia de corps clerical, integrada por un puñado de curas ‘revertidos’, así llamados por sus compañeros de presbiterio, porque muchos de ellos se sometieron, al parecer con éxito, a las técnicas de reversión de la homosexualidad.” Un mes antes, la diputada ultraderechista de Vox, Macarena Olona, al negarse a apoyar en el Congreso de los Diputados de España la Ley presentada para prohibir las terapias de conversión para gays, lesbianas y bisexuales, y que se sancione drásticamente a cualquier persona u organismo que ofrezca «curarnos» de nuestra orientación sexual afirmó:“Cualquier persona, sea o no homosexual, tiene que acudir a un especialista a que le ayude a encontrar su identidad”. Antes, la Subsecretaria de DDHH de Chile Lorena Recabarren quería que la Ley Zamudio permitiese en ciertos casos las terapias para “curar” la homosexualidad o la transexualidad, lo que provocó las protestas del MOVILH. Antes, que la asociación española Abogados Cristianos se querella contra Ignacio Aguado por hacer pública la multa a la coach de terapias para personas LGTBI, y que, ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays. Y Canadá prohibirá las «terapias de conversión» a nivel nacional.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., gran aliado de Israel, California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente The Jerusalem Post /Cristianos Gays

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El Ministerio del Interior ha hecho público el informe 2019 sobre evolución de los delitos de odio en España. Un documento que ofrece datos sobre los delitos e incidentes de odio por motivos racistas, xenófobos, antisemitas, antigitanos, creencias o prácticas religiosas, aporofobia, orientación sexual e identidad de género, por sexo/género, ideología, por razones generacionales, enfermedad y discapacidad que conocieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante el pasado año. Los datos no son precisamente tranquilizadores por lo que a la realidad LGTB se refiere: los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género de los que Interior tiene noticia experimentaron un aumento del 8,6% respecto al año precedente. Solo las categoría de delitos por racismo/xenofobia y antigitanismo (de nueva creación) registraron un aumento mayor.

A lo largo de 2019, el sistema estadístico de criminalidad registró en España un total de 1.598 delitos de odio, lo que supone un 8,3% más que en 2018. Dichos incidentes se distribuyen de la siguiente forma: antisemitismo (5), aporofobia (12), creencias o prácticas religiosas (66), discapacidad (26), orientación sexual e identidad de género (278), racismo y xenofobia (515), ideología (596), por razón de sexo/género (69), por discriminación generacional (9), por enfermedad (8) y por antigitanismo (14). Por razones de fidelidad a los datos, conviene aclarar que en esta entrada seguimos la nomenclatura usada por el propio Ministerio.

Varias de las motivaciones experimentaron una tendencia descendente respecto al 2018. Sucede con el antisemitismo, la aporofobia, las creencias o prácticas religiosas o la discriminación generacional. En el caso de la discriminación por sexo/género no hay cambios, mientras que en el resto aumentan. La que más, el antigitanismo (pasa de 0 a 14 incidentes registrados), aunque en este caso se debe a un artefacto estadístico, dado que en años precedentes esta categoría no aparecía separada. Los delitos de odio por racismo/xenofobia, por su parte, experimentaron un alza del 20,9% (pasaron de 426 a 515), mientras que los relacionacionados con la orientación sexual o la identidad de género de la víctima pasaron de 156 a 278 (un 8,6% más).

Nota: al total de hechos conocidos desglosados por las mencionadas categorías con relevancia penal (1.598 en 2019) hay que sumar además 108 infracciones administrativas y otros incidentes (108), hasta sumar un total de 1.706.

Cataluña, Andalucía y Madrid, a la cabeza

Centrándonos ya en los delitos de odio motivados por orientación sexual o identidad de género, de los 278 contabilizados por el Ministerio, 101 ocurrieron en Cataluña, 42 en Andalucía y 40 en Madrid.

Por lo que se refiere al perfil de las víctimas, de un total de 321, hubo 230 hombres y 89 mujeres (en dos casos nos consta el dato). El informe no detalla, en este sentido, el número ni el porcentaje de víctimas cis/trans. Sí que se detalla su edad: 37 de ellas fueron menores de edad. Por el contrario, el Ministerio solo registró dos víctimas mayores de 65 años. Por lo que se refiere al perfil de los responsables identificados, la inmensa mayoría (el 84,7%) fueron hombres (116, frente a 21 mujeres).

Por lo que se refiere a la nacionalidad, en la mayoría de los casos víctimas y responsables fueron de nacionalidad española, pero en este aspecto el informe da datos globales no desglosados por tipología de incidente de odio. Lo mismo ocurre con la edad de los responsables y con el «tipo de hecho» (lesiones, amenazas, discriminación, trato degradante, agresión sexual, etc.), cuyos datos se dan agregados.

Campaña de sensibilización del Ministerio del Interior

Dicho todo esto, conviene tener en cuenta que, según explican los expertos, una parte muy significativa de quienes sufren agresiones físicas o verbales, o amenazas con tintes LGTBfóbicos, ni siquiera llega a denunciar. Algo que también sucede en otras categorías de delitos de odio. Es por eso que el Ministerio del Interior, que el pasado 22 de julio presentaba un nuevo protocolo de actuación policial ante los delitos de odio, estrenaba además una campaña de sensibilización en redes sociales que, bajo la etiqueta #AcabaConElOdio, pretende concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de denunciar todos aquellos episodios de los que sean testigos:

El odio nos envenena, representa un riesgo real de fractura de nuestra sociedad…

Desde 2013, los delitos de odio han aumentado un 45% en España

Pero solo 2 de cada 10 son denunciados

No te calles, denuncia #AcabaConElOdio pic.twitter.com/ZcgO0Fy26M

— Ministerio del Interior (@interiorgob) July 22, 2020

El Ministerio del Interior también ha presentado una nueva funcionalidad específica de la aplicación para móviles Alertcops, diseñada para facilitar una inmediata conexión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el caso de ser víctima o testigo de un delito de odio, transmitir imágenes del suceso, acceder a información sobre esta tipología delictiva y confirmar, de manera sencilla, segura y telemática, la alerta ante un posible caso de discriminación ilícita.

Puedes descargar el informe completo de Interior pinchando aquí.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. #AcabaConElOdio, Alertcops, Andalucía, Bifobia, Cataluña, Delitos de Odio, Discriminación, España, Estadísticas, Homofobia, LGTBIfobia, Madrid, Ministerio del Interior, Transfobia, Violencia LGTBIfoba

Los ultracatólicos anuncian que sacarán otro autobús contra “el feminismo radical y la ideología de género”

El Ministerio del Interior considera la campaña del bus tránsfobo como “una falta de respeto y un menosprecio” a otras opciones

Una fantástica decisión que hace justicia… La asociación ultracatólica HazteOír lleva años esparciendo su odio, veneno y homofobia por toda España. Y, hasta ahora, lo ha hecho con el apoyo directo del Gobierno de España. Porque, desde el año 2013, cuando gobernaba el PP, se les concedió la declaración de utilidad pública. Y así han estado… hasta ahora. Porque, según informa la Cadena Ser el actual Ministerio del Interior acaba de dictaminar que una asociación que falta el respeto y la dignidad de personas o colectivos es imcompatible con ser de utilidad pública.

Los autobuses homófobos ya no será “de utilidad pública”. El Ministerio del Interior ha revocado a ‘HazteOir‘, responsable de los tristemente famosos buses naranjas con el lema “Los niños tienen pene, las niñas vagina“, su declaración de Asociación de Utilidad Pública, al considerar que sus campañan suponen “una falta de respeto y un menosprecio” a otras opciones ciudadanas.

En una resolución, el departamento dirigido por el ministro Marlaska sostiene que la campaña del autobús incumplió el requisito de promover el interés general. Pese a todo, Interior deja claro que no se cuestiona el derecho de HazteOir a ejercer su liberad ideológica.

Sin embargo, campañas como la del autobús resultan “incompatibles” con la condición de utilidad pública de una asociación, puesto que “producen objetivamente el efecto de denigrar o minusvalorar otras concepciones sobre la familia, la identidad de género, la educación de la infancia, etc.“

Ante el rechazo general

La resolución por la que el Ministerio decide revocar la Utilidad Pública a HazteOír es un documento de 12 páginas al que ha tenido acceso la Cadena SER que concluye argumentando que “es incompatible con la utilidad pública la promoción de las propias ideas de forma extralimitada en que hizo HazteOir, faltando al respeto y a la dignidad de las personas o colectivos que en nuestra sociedad tienen una concepción distinta en materia de orientación sexual“.

El ministerio dirigido por Grande Marlaska considera, además, que la asociación ha incumplido la ley que regula el Derecho de Asociación y obliga a promover el interés general, dado que la campaña “ha tenido una amplia difusión y, aun estando amparada por la libertad ideológica y de expresión o difusión de las propias ideas, supone una falta de respeto por otras opciones distintas a las defendidas por esta entidad“.

Para amparar la revocación de la utilidad pública, el Ministerio añade además dos informes. Uno de la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad, en el que acusan a HazteOír de ir en contra de la Constitución al enfrentarse “con la promoción y respeto del valor superior de la igualdad y el respeto del derecho fundamental en la igualdad de trato y no discriminación“; y otro de la Dirección General de Familia e Infancia que asegura que HazteOír no defiende el interés general en el ámbito social porque sus campañas “no aportan un valor añadido a la sociedad en su conjunto para que pueda valorarse que concurre la utilidad pública“.

¡Oh casualidad… HazteOír y Vox al alimón!

En las alegaciones que presentó HazteOir, la asociación denuncia que “toda la propuesta de resolución se funda en varias mentiras”, asegurando que “no iba contra nadie, ni faltaba al respeto a nadie” sino que “se limitaba a difundir un derecho constitucional de los padres a exigir formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones“.

Asimismo, se amparan en la “libertad de expresión” y en la “pluralidad”. “¿Cómo se puede sancionar a HazteOir.org retirándole la declaración de utilidad pública con el argumento de que su forma de pensar ha molestado a algunos? Esta manera de argumentar es propia de las dictaduras, pero no de las democracias”, denuncia.

Contra esta orden, la asociación podrá interponer recurso ante el Ministerio de Interior en un mes o ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en dos meses.

HazteOir ya ha anunciado en sus redes sociales que “en las próximas semanas pondremos en circulación un autobús para denunciar el feminismo radical. Esta es nuestra respuesta a a la resolución del Ministerio del Interior”. “Nuestra respuesta es contundente: vamos arecurrir la resolución ante los tribunales y a poner en circulación en las próximas semanas un nuevo autobús contra el feminismo radical y la ideología de género”, concluyó la asociación.

El gobierno socialista (apoyado por chavistas, separatas y terroristas) nos quita la “utilidad pública”. Respuesta: fletamos otro @BusHazteOir Hablaremos de #Feminismos, #Género, y otras hierbas (amargas). ¡Y VENDRÁ A #CÁDIZ, @JM_Kichi no lo dudes!https://t.co/2hmFW75gHw

— HazteOir Cádiz (@HazteoirCadiz) 5 de febrero de 2019

HazteOír era hasta ahora entidad de utilidad pública, un privilegio que le concedió en 2013 el Gobierno del Partido Popular y que permite que sus donantes y socios puedan beneficiarse de considerablesa ventajas fiscales. Al margen de que organización ultraconservadora mantenga al día sus obligaciones administrativas, hay que recordar que, para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que a nuestro juicio no coincide con el ideario de HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por mencionar solo un ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

Sin embargo, el anterior ministro del Interior, del partido Popular, Juan Ignacio Zoido, se negaba de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”. Y, por si fuera poco, HazteOír decidía movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP…

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia salvo algunos obispos como Juan Antonio Reig Plá y Luis Argüello rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”. Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

El pasado mes de agosto, tras recoger algunos medios que el Ministerio de Interior descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas», una noticia de la que también se hacían eco algunas páginas LGTBI y que desató la polémica en redes sociales, fuentes socialistas y del propio Ministerio anunciaban la apertura de un expediente a la organizaicón ultraconservadora para ver si «persistía» su utilidad pública. Y ya, por fin, ha ocurridol  el estatus de HazteOír hadejado de ser de utilidad pública.

Coda Final: Para el que no lo sepa, ser de utilidad pública tiene muchas ventajas. Por ejemplo, no pagar IBI, tener más puntos a la hora de optar a subvenciones públicas, beneficios fiscales de cara al IRPF o el Impuesto de Sociedades… Aunque HazteOír cuenta con muchos adeptos que contribuyen con sus donaciones a la actividad de la asociación, sin duda este es un importante mazazo a sus cuentas y ya no serán una carga para el errio público. Y sí, nos alegramos muchísimo.

Fuente Agencias/ Religión Digital/ HazteQueer/AmbienteG/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Cadena Ser, España, HazteOir, Homofobia/Transfobia, Ministerio del Interior

Hace unos días anunciábamos que el Gobierno de Canadá quiere conmemorar el 50º aniversario de la despenalización de la homosexualidad con la emisión de una moneda especial de un dólar de curso legal. Se desconoce todavía cuál será el diseño de la moneda, contra la que grupos ultraconservadores ya han empezado a hacer campaña. Entre ellos CitizenGO, la marca internacional de la organización HazteOír.

Las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo fueron despenalizadas en Canadá en 1969, siendo primer ministro Pierre Trudeau. El propio Trudeau había introducido la propuesta de reforma del Código Penal un par de años antes, cuando ocupaba la cartera de Justicia. «No hay lugar para el estado en los dormitorios de la nación», argumentó entonces, una frase que ya ocupa un lugar en la historia de los derechos LGTB en Canadá:

50 años después, el Gobierno que precisamente preside Justin Trudeau, hijo de Pierre Trudeau, ha decidido commemorar aquel momento con la acuñación de una moneda de dólar canadiense (un «loonie», como es conocida popularmente esta moneda) que será de curso legal, si bien se desconoce todavía cuál será su diseño. Una decisión que confirmaba el propio ministro de Economía de Canadá en Twitter el pasado 22 de diciembre:

Stay tuned Canada! Incredibly proud to have approved this new loonie to commemorate the 50th anniversary of the decriminalization of homosexuality in Canada – an important milestone, and strong reminder of the work still to do. https://t.co/I2nTJZzzKR

— Bill Morneau (@Bill_Morneau) 21 de diciembre de 2018

Un anuncio coherente con la trayectoria de Justin Trudeau como primer ministro, caracterizada por la defensa de los derechos LGTB sobre todo a nivel de gestos (lo que no deja de tener su importancia) pero también de algunas decisiones concretas, como la emisión de pasaportes que reconocen las identidades no binarias con una tercera opción de género o el acogimiento de refugiados LGTB víctimas de persecución en Chechenia.

La conmemoración del 50 aniversario de la despenalización de la homosexualidad en Canadá, sin embargo, no gusta a los grupos ultraconservadores. Es el caso, por ejemplo, de Campaign Life Coalition, un colectivo de los autodenominados «provida», cuyo portavoz considera la decisión «algo que uno esperaría de la China comunista, de la antigua Unión Soviética o del todopoderoso estado alemán de los años treinta y cuarenta, que usaron el aparato del gobierno para asegurarse de que ningún ciudadano escapaba al adoctrinamiento». Así, tal cual.

En este contexto, CitizenGo, que no es otra cosa que la marca internacional de la organización HazteOír, ha iniciado una campaña de protesta contra la decisión, que en estos momentos ha conseguido unas 30.000 adhesiones. «’Legal’ no significa ‘moral’. No todo lo que es ‘legal’ debe ser conmemorado. Hay muchas cosas que son perfectamente legales en Canadá que no solo son cuestionables, sino que son profundamente inmorales», argumenta la petición. «¿Por qué debería esta práctica sexual divergente e impopular ser subrayada en nuestras monedad circulantes?», añade en otro párrafo. «Es más, muchos canadienses consideran la homosexualidad pecaminosa, de acuerdo a las enseñanzas del judaísmo y el cristianismo», continúa. La petición llega a asegurar que la homosexualidad supone un riesgo para la salud. «Los homosexuales activos no viven tanto como los no homosexuales y son propensos a más enfermedades. Debemos conmemorar un estilo de vida que coloca a las personas en un mayor riesgo de daño?», añade.

Una petición cargada de odio, en definitiva, en la misma línea que las que pone en marcha CitizenGo en otros países. Por ejemplo en Kenia, donde directamente han llegado a promover una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

En España siguen siendo de utilidad pública

Como bien sabemos, CitizenGo es la marca internacional de HazteOír, una organización a la que en 2013 el Gobierno del Partido Popular decidió conceder el estatus de utilidad pública. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza». Una definición que a nuestro juicio no casa con HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, como hemos visto arriba.

Es cierto que en agosto de 2018, después de que se divulgara una noticia según la cual el Gobierno de Pedro Sánchez descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas», el Ministerio de Interior anunció la apertura de un expediente «para ver si persiste la utilidad pública». Ha pasado casi medio año y HazteOír sigue manteniendo dicho estatus.

Importantes ventajas fiscales

Según informó en su momento infoLibre, ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Campaign Life Coalition, Canadá, CitizenGO, Discriminación, España, HazteOir, Homofobia, InfoLibre, Justin Trudeau, LGTBfobia, Ministerio del Interior, monedas, Pierre Trudeau, PP, PSOE

El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska, ha anunciado en su cuenta de Twitter la apertura de un expediente «para ver si persiste la utilidad pública de HazteOír» después de la publicación, por parte de eldiario.es, de una noticia según la cual Interior descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas». Una noticia de la que también se hacían eco algunas páginas LGTBI y que desató la polémica en redes sociales.

La noticia de eldiario.es se remitía a fuentes de Interior, según las cuales no se planteaba la retirada dado que HazteOír mantiene al día sus obligaciones administrativas. Y ello a pesar de que las mismas fuentes reconocían que la Secretaría General Técnica del Ministerio podría considerar que, al margen de dichas obligaciones, una entidad no cumple con los requisitos para ser de utilidad pública.

Tras difundirse la noticia se desataba la polémica sembrando la confusión en redes sociales, que denunciaban la supuesta falta de coherencia entre la posición del PSOE en la oposición y la inactividad del Gobierno.

Pocos minutos después, sin embargo, comenzaban a sucederse las reacciones entre políticos socialistas, que desmentían la noticia: desde la diputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, hasta el diputado en el Congreso Odón Elorza, pasando por el secretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital, Francisco Polo:

Con respecto noticia que @desdelamoncloa no retirará “utilidad pública” a HazteOir, nada + lejos verdad, fue @PSOE tanto en Congreso como en parlamentos quien lo ha pedido, y desde @interiorgob se están lo pasos necesarios para que así sea #StopBulos 🖐 https://t.co/gn0Vf3plxl

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 17 de agosto de 2018

🔴 Para vuestra información, esta noticia NO es correcta.
Desde el ministerio del interior se darán los pasos necesarios para quitarle la declaración de Utilidad Pública a HazteOir https://t.co/WmPNCLMnga

— Odón Elorza (@odonelorza2011) 17 de agosto de 2018

Está noticia no es correcta. Pedro Sánchez salió a criticar duramente a HO por su lamentable iniciativa, lo llevamos al Congreso y no hemos cambiado nuestra posición. https://t.co/VWBZ6hxnq7

— Francisco Polo (@franciscopolo) 17 de agosto de 2018

También la cuenta oficial del PSOE desmentía la noticia:

El ministro del @interiorgob ya ordenó la apertura de un expediente sobre la utilidad pública de #HazteOir. Los socialistas lo tenemos claro 👇🏼 pic.twitter.com/gg0INBDCbf

— PSOE (@PSOE) 17 de agosto de 2018

Y lo más importante, el propio Ministerio del Interior anunciaba en Twitter la apertura, por fin, de un expediente a HazteOír para comprobar si esta organización sigue siendo de «utilidad pública»:

Abierto un expediente por orden del ministro de @interiorgob para ver si persiste la utilidad pública de HazteOirhttps://t.co/Ks6usx4c5G

— Ministerio Interior (@interiorgob) 17 de agosto de 2018

Una noticia que nos agrada si al final una organización de odio como HazteOír pierde sus privilegios.

En 2013 el Gobierno del Partido Popular decidió conceder a HazteOír un reconocimiento que no merece. Al margen de que la organización ultraconservadora mantenga al día sus obligaciones administrativas, hay que recordar que, para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que a nuestro juicio no coincide con el ideario de HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por mencionar solo un ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

Sin embargo, el anterior ministro del Interior, del partido Popular, Juan Ignacio Zoido, se negaba de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

Y, por si fuera poco, HazteOír decidía movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP…

Importantes ventajas fiscales

Según informó en su momento infoLibre, ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

El Congreso pidió la revocación por mayoría absoluta

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

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Por primera vez en democracia, un presidente del Gobierno de España es revocado de su cargo por el Congreso de los Diputados. El PP de Mariano Rajoy pierde la Moncloa al prosperar la moción de censura presentada por el PSOE, como consecuencia de la sentencia de la trama Gürtel (en la que se reconoce la financiación ilegal del PP). Pedro Sánchez se ha convertido en presidente gracias a los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, PDeCat, Esquerra Republicana, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias. Desde el punto de vista LGTB, el desalojo del PP del Gobierno de España debería contribuir a impulsar el avance de las futuras leyes de igualdad LGTBI y de reforma de la ley de identidad de género. Esperamos además asistir a la retirada del estatus de «utilidad pública» y sus consiguientes beneficios a la organización ultra HazteOír, tras la negativa del PP de Rajoy hace solo unos meses. También se espera poder tumbar la ley mordaza, impulsar políticas feministas o hacer cambios en RTVE, entre otras cosas.

Mariano Rajoy deja de ser presidente del Gobierno de España y, sin ambages, podemos decir que no hay absolutamente nada que agradecerle ni por lo que recordarle en materia LGTB. Todo lo contrario. El historial LGTBfóbico del PP de Rajoy es extenso y conocido, a pesar de los intentos reiterados de Javier Maroto de blanquear la imagen de su partido y de su líder. En dosmanzanas lo hemos dicho por activa y por pasiva cada vez que Maroto ha repetido esta misma mentira: el recurso del PP contra el matrimonio igualitario no se refería solo «al nombre».

Mariano Rajoy, y con él su partido, sobre el que ha ejercido desde que es su presidente el máximo control, son quienes más daño han hecho a los derechos LGTB en nuestra reciente historia. En 2005, y tras apoyar una brutal campaña en su contra desencadenada por los sectores más reaccionarios de la sociedad española, Rajoy asumía como propia la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. También buscaba, por ejemplo, despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el «cuarto motivo de inconstitucionalidad» defendido en el recurso, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos.  Rajoy, incluso después de haber acudido como invitado a la boda del propio Maroto, se negaba a reconocer como un error la presentación de aquel recurso.

En septiembre de 2017, el ministro del Interior, el popular Juan Ignacio Zoido, se escudaba en el «Estado de derecho» para no retirarle a HazteOír el estatus de utilidad pública y sus consiguientes beneficios. Mientras que Zoido estuvo al frente de la alcaldía sevillana protagonizó algunos lamentables episodios de desprecio institucional hacia las personas LGTB, como la negativa a izar la bandera arcoíris o la eliminación de un programa de asesoramiento a mujeres lesbianas.

Por otra parte, el retroceso experimentado por nuestro país en las clasificaciones internacionales sobre derechos LGTB es consecuencia directa de la inactividad manifiesta del Gobierno del PP a la hora de seguir profundizando los cambios iniciados bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El relevo de Mariano Rajoy solo puede ser considerada, en este sentido, una magnífica noticia.

Pedro Sánchez abrazando a Pedro Zerolo

Deseable impulso a las leyes LGTB pendientes

Habrá que ver si el cambio de Gobierno contribuye al avance de las leyes pendientes en el Congreso en materia LGTB. La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI era registrada en mayo de 2017, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP en la manifestación del Orgullo 2017, y que los populares han roto de forma descarada.

Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.

A finales de febrero de este año, la Mesa del Congreso de los Diputados desbloqueaba por fin estas dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB (la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como «ley de identidad de género»), y que de acuerdo a la lógica parlamentaria deberían contar con el respaldo final de la mayoría del Congreso.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso otra proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista sobre identidad de género, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de de las leyes integrales de transexualidad arriba mencionadas. El futuro de esta norma, que se encuentra en un estadio parlamentario más precoz, es incierto.

Debemos ser conscientes de todas formas de que la Mesa del Congreso sigue controlada por PP y Ciudadanos (la posición de estos últimos, en este sentido, sigue siendo decisiva a la hora de ralentizar o no el proceso legislativo) y de que los populares siguen disponiendo de mayoría absoluta en el Senado. Esto no es una novedad: ya en los tiempos de Rodríguez Zapatero el Senado, en manos de los populares, vetó leyes como la del matrimonio igualitario, un veto que fue posteriormente levantado por la mayoría absoluta del Congreso. No hay razones para que este escenario final favorable no se repita en la actualidad.

A nadie se le esconde el hecho de que un Gobierno favorable a la igualdad de las personas LGTB, en cualquier caso, debería actuar de catalizador del avance. Esperemos que así sea. Mientras tanto, y centrándonos en el día de hoy, no podemos sino celebrar por todo lo alto que Mariano Rajoy abandone el Gobierno de España. No lo echaremos de menos ya que ha sido un presidente tóxico para los Derechos LGTBI+.

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La organización ultraconservadora HazteOír celebró el pasado sábado en el restaurante Pedro Larumbe de Madrid la 14º edición de sus premios anuales. Es un evento al que en condiciones normales no prestaríamos atención, pero la presencia de representantes oficiales de la Policía Nacional y Guardia Civil, que recogieron sendos galardones y que pronunciaron discursos elogiosos hacia HazteOír, no creemos que deba obviarse. Resulta altamente preocupante que mandos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado confraternicen de esa manera con una organización que ha hecho de la lucha contra los derechos civiles de las personas LGTBI y de la promoción del odio tránsfobo su principal razón de ser. Máxime cuando este año el escenario estaba decorado con referencias al “autobús del odio” y a la propuesta de ley contra la LGTBIfobia.

Los premios HazteOír no son más que una expresión más de la ideología reaccionaria de dicha organización. Entre los premiados este año hay personajes como Alicia Rubio, autora de un libro contra “la ideología de género”, el sacerdote Custodio Ballester, que el pasado mes de junio pronunció una homilía homófoba en Hospitalet de Llobregat en la que calificó la homosexualidad de “pecado gravísimo” (fue denunciado ante la Generalitat por el Observatori contra l’Homofòbia, pero la denuncia fue archivada) o Nathalie de Williencourt, fundadora de Homovox, un grupúsculo francés formado supuestamente por homosexuales contrarios al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental, y que según HazteOír es “una de las asociaciones de homosexuales más importantes de Francia”.

Nada nuevo bajo el sol, en definitiva. Si este año nos hacemos eco de estos premios es porque a su acto de entrega acudieron mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, ya que ambos cuerpos habían sido también galardonados (por su actuación frente a las movilizaciones independentistas de Cataluña). En concreto, acudieron el general de la Guardia Civil Arturo Espejo y el comisario y jefe del Área de Publicaciones del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía, Mario Hernández. Y más allá de las corteses palabras de agradecimiento, ambos aprovecharon sus discursos para elogiar, aunque fuese sin entrar en detalles, a la organización HazteOír. El general Arturo Espejo, en su discurso, alabó la existencia de “catalizadores que nos permitan la convivencia en sociedad”, entre los que citó a “la familia”, “la religión” y “la educación”. Más explícito fue Mario Hernández, que aseguró que “los valores de dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales que promueve esta asociación [en referencia a HazteOír] son principios que nuestros conciudadanos han mandado proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. 

Habrá quienes consideren una muestra de simple educación que representantes cualificados de la Guardia Civil y de la Policía Nacional acudiesen a recibir unos premios que HazteOír les había concedido. A nosotros, sin embargo, no deja de llamarnos la atención que desde los Ministerios de Interior y Defensa, responsables últimos de ambos cuerpos, se tenga este gesto ante una organización que simple y llanamente promueve el odio contra una minoría. Especialmente preocupante resulta el tono cómplice de los discursos, que podrían haberse limitado a un agradecimiento genérico. O que, por el contrario, podrían haber incorporado una mención al carácter de garantes de los derechos de todos los ciudadanos, con independencia de su orientación sexual o de su identidad de género, que se le suponen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Más aún cuando el acto de HazteOír, como bien puede apreciarse en el vídeo que lo recoge en su integridad, se abrió precisamente con alabanzas de los presentadores al “autobús del odio” contra los niños y niñas transexuales, y cuando los representantes de Guardia Civil y Polícia Nacional (y el resto de premiados) recogieron sus galardones y pronunciaron sus discursos de agradecimiento en un escenario decorado, entre otros elementos, con una reproducción del autobús y con un panel con la leyenda “Ley Mordaza LGTBI: Van a por tus hijos”. 

HazteOír se niega a pagar la multa impuesta por la Comunidad de Madrid

Precisamente este jueves se ha conocido la cuantía de la multa que la Comunidad de Madrid ha impuesto a HazteOír por la difusión de un panfleto, enviado en su momento a colegios de toda España, en el que denigraba los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades en materia LGTBI. En respuesta a una denuncia de Arcópoli, y en aplicación de la ley madrileña contra la LGTBfobia, la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid ha considerado a HazteOír merecedor de una sanción leve y le ha impuesto una multa de 1.500 euros por emitir en dicho panfleto “expresiones de carácter vejatorio hacia las personas LGTBI”.

Una sanción que, pese a su levedad, ha sido saludada por Arcópoli por su carácter simbólico, pero que HazteOír ya ha anunciado que se niega a pagar. Sin duda animada por sus recientes victorias en los conservadores tribunales madrileños, la organización ultraconservadora está dispuesta a seguir batallando en los tribunales. Medios no le faltan para ello. Recordemos, además, que gracias a su declaración como “entidad de utilidad pública” en 2013, y que el Ministerio del Interior se niega a retirarle, los donantes y socios de HazteOír se benefician de ventajas fiscales. Según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones, los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

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El ministro Zoido confirma que el gobierno del PP no piensa retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido ninguna ley y están al día con sus obligaciones con la Administración.

En marzo de este año el mismo gobierno del PP sí retiró la Utilidad Pública a otras organizaciones sin necesidad de que hubiera una resolución judicial o un conflicto legal de por medio.

Espaldarazo del Gobierno a la organización ultraconservadora HazteOír, a la que mantendrá el estatus de utilidad pública que en su momento le concedió Jorge Fernández Díaz salvo que exista una resolución judicial que la condene. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha escudado en el “Estado de derecho” para justificar su decisión, duramente criticada por los partidos de la oposición, que consideran que el Gobierno puede perfectamente retirar a HazteOír la declaración de utilidad pública, al igual que ha hecho con otras entidades en el pasado.

El ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, compareció  en el Congreso de los Diputados el pasado martes 12 de septiembre para explicar si el gobierno del Partido Popular pensaba retirar o no la Utilidad Pública que en 2013 el también ministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, había concedido a Hazte Oír.

Todos sabíamos que las probabilidades de que esto ocurriera eran mínimas, y efectivamente lo que temíamos se ha cumplido: Zoido ha dicho que Hazte Oír va a seguir siendo de utilidad pública. Y es curioso, porque aunque en su momento no necesitaron que ningún juzgado ni nadie externo al gobierno recomendara conceder esa clasificación, ahora dice que “hoy por hoy es imposible” retirar la Utilidad Pública al grupo ultra católico porque Hazte Oír está al corriente de todas sus obligaciones con la Administración y con la Justicia y que “no podemos ignorar la ley. Nos guste o no, tenemos que respetar los trámites.”

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces se advirtió del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). Este martes, sin embargo, el ministro Juan Ignacio Zoido, interpelado en la Comisión de Interior del propio Congreso, se ha negado a tomar dicha decisión, argumentando que para ello tiene que esperar a que una resolución judicial determine que HazteOír ha cometido un delito de odio. “En el caso que nos ocupa, el ministro [en alusión a él mismo] no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al estado de derecho, porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos”, ha asegurado.

Por si acaso a alguien le da por pensar que lo que pasa es que Zoido es un poquito… como los de HazteOír, el ministro ha aclarado que “les puedo asegurar, en el caso que nos ocupa, que el ministro no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al Estado de Derecho. Porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos.”

Evidentemente esta excusa de que el Gobierno no puede retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido la ley no se la cree nadie. Como ha explicado la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, el Gobierno tiene plena capacidad para retirar ese privilegio sin necesidad de una sentencia judicial:

Q dice #Zoido no puede iniciar revocación utilidad pública #HazteOir hasta justicia pronuncie, como si Gob no tuviera capacidad.. #amiguitos pic.twitter.com/58hvcDB1FA

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 12 de septiembre de 2017

De hecho, y esto es muy curioso, en marzo de este mismo año toda la oposición en bloque votó a favor de retirarle el título a Hazte Oír. Es decir, que es un trámite político y no judicial. Y fíjate si es así que el propio gobierno del PP, a través de una orden firmada por el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, retiró ese mismo mes la Utilidad Pública a seis asociaciones sin que en ninguno de esos casos hiciera falta una resolución judicial que ahora parece tan necesaria para hacer lo mismo con Hazte Oír.

Para que quede más claro: El PP No retira la utilidad publica a Hazte Oir porque no le da la real gana, y punto. Porque poder, pueden.

Por cierto, en su intervención Zoido ha dicho que en caso de que Hazte Oír incumpla alguna ley “actuaremos con rapidez y diligencia” para proceder a retirarles la Utilidad Pública y ha recordado que la asociación presidida por Ignacio Arsuaga  no ha recibido ninguna subvención pública, pero… los beneficios fiscales que reciben sus socios y que ayudaron a que el presupuesto de la organización se duplicara en tan sólo un año ya debería contar como subvención pública.

Diputados del PSOE, de Unidos Podemos, de Ciudadanos o del PNV han expresado su disconformidad con el criterio del ministro, asegurando que HazteOír no cumple los requisitos para ser entidad de utilidad pública y que ello basta para que dicho estatus le sea retirado. En concreto, el diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto ha recordado que el Gobierno ya ha retirado la condición de utilidad pública a otras asociaciones por decisión propia. El año pasado, por ejemplo, lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia interpuesta por un colectivo ultraconservador.

De hecho, según el texto de la citada ley orgánica 1/2002, la declaración de utilidad pública puede ser revocada “previa audiencia de la asociación afectada e informe de las Administraciones públicas competentes, por Orden del Ministro que se determine reglamentariamente, cuando las circunstancias o la actividad de la asociación no respondan a las exigencias o requisitos fijados en el artículo 32″.

Quien sí ha apoyado al ministro ha sido la diputada María del Mar Blanco, portavoz adjunta del PP en la Comisión de Interior. Tras asegurar que el PP consideró en su momento un “verdadero disparate” la campaña de HazteOír y que su partido defiende los derechos de las personas LGTBI “sin complejos [sic]“, Blanco ha argumentado que los partidos no pueden “robar” el papel de la justicia, como hizo, según ha afirmado, el “tramabús” de Podemos (un autobús fletado por este partido político con rostros de personajes relacionados de una u otra forma con la corrupción política).

HazteOír se felicita por la posición del Gobierno

En un comunicado de prensa emitido tras la comparecencia del ministro Zoido, HazteOír ha emitido un comunicado de prensa en el que se felicita por la posición del Gobierno, que a su juicio “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

La organización ultraconservadora ha recordado además que antes del espaldarazo del Gobierno ya recibió el de la Audiencia Provincial de Madrid, que en un auto del que fue ponente el juez Eduardo de Urbano aseguraba que esta organización tiene derecho a dirigirse a los padres, “a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones” (curiosa afirmación, teniendo en cuenta que el auto se pronunciaba no sobre un acto convocado por HazteOír y de asistencia voluntaria, sino de un autobús que se paseó por las calles luciendo mensajes que de forma explícita y en un tono ofensivo negaban la existencia de niños y niñas transexuales). El auto, de hecho, enmarcaba los lemas del autobús en un “debate de ideas” y subrayaba que “las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”. Se trataba, como en su momento señalamos, de un texto de marcado contenido político, que incluso se permitía también comparar el autobús de HazteOír con el “tramabús” de Podemos.  No nos resultó especialmente sorprendente conocer, poco después de hacerse público el auto, el carácter conservador del juez Eduardo de Urbano.

En definitiva, un nuevo gesto favorable del Gobierno del PP a HazteOír, organización a la que en su momento quiso privilegiar y a la que ahora se resiste a retirar ese privilegio.

Es hora de que nuestro gobierno apruebe una Ley LGTB. A ver si así, entre otras muchas cosas, conseguimos que la LGTBfobia se considere de una vez el delito de odio que es y entonces  Zoido tenga una excusa para hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo.

Fuente  EstoyBailando/Dosmanzanas

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Nueva agresión homófoba durante unas fiestas patronales. En esta ocasión, en Castelló d’Empuries (Girona), el pasado 4 de agosto, a una pareja de chicos. El Observatori contra l’Homofòbia denuncia lo sucedido en un comunicado y reclama un mayor despliegue de la ley catalana contra la LGTBfobia.

Eran alrededor de las cuatro de la madrugada cuando una pareja de chicos fue agredida por un grupo de tres jóvenes de entre 18 y 20 años en un aparcamiento municipal. Según recoge El Periódico, la agresión se produjo cuando la pareja les recriminó los comentarios despectivos de los agresores por darse un beso. A uno de ellos le propinaron una patada en el vientre y a otro un fuerte puñetazo en la cara que le ha provocado un edema leve en el pómulo derecho. Este último presentó denuncia en la comisaría de Figueres. Los agresores no han sido todavía identificados.

Según el comunicado del Observatori contra l’Homofòbia, esta entidad ha activado su deber de intervención “para que la Dirección General de Igualdad se valga de todos los mecanismos existentes en la Ley 11/2014 para que este nuevo atentado contra la libertad sexual de los ciudadanos no quede impune” y ha establecido un canal de comunicación con los Mossos d’Esquadra (policía autonómica catalana) para conocer las acciones que se están realizando respecto a este caso. El presidente del Observatori, Eugeni Rodríguez, ha lamentando especialmente que este tipo de hechos ocurran en el contexto de una fiesta mayor y ha reclamado prevención y campañas de divulgación dirigidas a jóvenes “para prevenir y combatir la violencia en cualquiera de sus expresiones”.

La de Castelló d’Empuries se suma a la ya larga lista de agresiones por LGTBfobia que este año 2017 están diendo denunciadas en Cataluña, de algunas de las cuales hemos dado cuenta (la última de ellas, a finales de junio, también ocurrió en un contexto festivo: la celebración de la noche de San Juan, en Arbeca, en la comarca leridana de Les Garrigues). Por no hablar de otros lamentables incidentes, como los comentarios homófobos de un profesor de instituto de Lleida.

De hecho, según la estadística de delitos de odio del Ministerio del Interior correspondiente a 2016, Cataluña ha seguido siendo la comunidad que más delitos de odio por LGTBfobia registró oficiamente (60). El Observatori contra l’Homofòbia, por su parte, tuvo noticia de 84 incidencias (también, como hemos visto que sucede en Madrid, los datos recogidos por las entidades vinculadas a colectivos arrojan un número mayor de agresiones que las que oficialmente se denuncian). Al margen de que ello pueda ser también indicativo de que en Cataluña se denuncia más, lo cierto es que el problema existe y es serio. No es extrañar que tras lo sucedido en Castelló d’Empuries Eugeni Rodríguez haya vuelto a insistir, una vez más, en la necesidad de desarrollar y aplicar como es debido la ley catalana contra la LGTBfobia, una demanda que ya es un clamor de los colectivos catalanes.

Fuente Dosmanzanas

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Nueva agresión homófoba en el contexto de unas fiestas locales, en esta ocasión en Picassent (Valencia). Una pareja de chicos que iban cogidos de la mano fueron golpeados con saña entre insultos homófobos por varios chicos. Los agredidos, aunque confiesan sentirse atemorizados por lo sucedido, no han dudado sin embargo en denunciar los hechos y hacerlos públicos ante los medios de comunicación como forma de resistencia ante el odio.

David y Javier, de 27 y 22 años, han narrado lo sucedido, por ejemplo, a Las Provincias. Los dos chicos salían cogidos de la mano de un local en la madrugada del sábado cuando los agresores les llamaron “maricones de mierda” y casi sin darles tiempo a reaccionar se abalanzaron sobre ellos y les golpearon con los puños y dándoles patadas. “No paraban de repetir ‘te voy a matar hijo de puta, te voy a matar’. Tuvimos suerte de que algunos de nuestros amigos estaban cerca”, explican.

La intervención de otras personas les salvó de lo que posiblemente hubiera sido una tragedia mayor, pese a lo cual sufren secuelas físicas (cortes y contusiones en rostro, antebrazos y manos) y emocionales. Sin embargo, pese al temor y a la ansiedad, los dos han cursado la correspondiente denuncia por un delito de odio ante la Guardia Civil de Picassent y han querido hacer público lo sucedido como la mejor forma de combatir la homofobia. “Son cuatro niñatos pero no pienso permitir que nadie me insulte. No voy a esconderme por ser gay. ¿No puedo ir cogido de la mano con mi pareja? (…) Ya está bien”, declaraba David a Levante, otro diario local valenciano.

Los agresores han sido ya identificados. Algunos de ellos cuentan por antecedentes por agresiones y dos de ellos son menores. No se trata, por desgracia, de la primera agresión por LGTBfobia de la que nos hacemos eco que se produce en el contexto de celebraciones o fiestas locales. A finales de junio, una pareja de mujeres era agredida en Arbeca (Lleida), durante la noche de San Juan. En mayo, un chico trans era agredido en la Feria de Jerez. Son solo dos de las más recientes.

La alcaldesa de Picassent, la socialista Conxa García, ha expresado su repulsa por lo sucedido mediante un comunicado oficial del Ayuntamiento. En la misma línea se ha pronunciado el Partido Popular de Picassent. Compromís per Picassent, por su parte, ha pedido al Ayuntamiento que además de expresar su repulsa adopte un papel activo y ponga en marcha medidas para evitar que hechos así se repitan en el futuro, como una campaña de concienciación contras las agresiones homófobas en las próximas fiestas.

Comunidad Valenciana, la quinta en número de incidentes por LGTBfobia

Según el el informe 2016 sobre Incidentes relacionados con los Delitos de Odio en España, recientemente hecho público por el Ministerio del Interior, la Comunidad Valenciana, con 17 incidentes, fue la quinta en el número total de incidentes por orientación sexual o identidad de género de los que hubo constancia oficial en 2016, por detrás de Cataluña, la Comunidad de Madrid, el País Vasco y Andalucía. Por provincias, la de Valencia, con 9 incidentes, fue también la quinta, tras Barcelona, Madrid, Vizcaya y Navarra.

En cualquier caso, según explican los expertos, una parte muy significativa de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos ni siquiera llega a denunciar. Algo que confirman, por ejemplo, los datos de los observatorios promovidos desde el colectivo LGTB. En Cataluña, por ejemplo, según el informe correspondiente al año 2016 del Observatori contra l’Homofòbia, la entidad tuvo noticia de 84 incidencias por LGTBfobia, frente a las 60 oficialmente recogidas. Más divergencia se produce incluso en el caso de la Comunidad de Madrid: el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, en su primer informe anual, referido precisamente a 2016, recogió un total de 240 incidentes de odio motivados por LGTBfobia, un número considerablemente mayor a los 42 incidentes recogidos por las cifras oficiales.

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Cataluña dispone de una muy avanzada ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, pero la evidencia indica que no se está aplicando, al menos no como se debiera. Hace tiempo que el Observatori contra l’Homòfobia lo viene denunciando, pero este miércoles, 28 de junio, la Crida LGBTI ha querido visibilizar el malestar del colectivo LGTBI catalán ocupando durante unos minutos el vestíbulo de la Dirección General de Igualdad de la Generalitat y pidiendo la dimisión de la jefa del área encargada de su aplicación, Maria Lluïsa Jiménez.

Según asegura la Crida LGBTI en un comunicado, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, del que depende la Dirección General de Igualdad, “está ignorando de manera sistemática lasdenuncias por LGTBIfobia, dejando sin efecto práctico la ley 11/2014”. “Ya solamente el Observatori contra l’Homofòbia ha presentado, desde que se aprobó la ley, más de 200 casos, de los cuales se han tramitado menos de 80 y solo se han resuelto dos, uno con sanción y el otro -el caso del autobús tránsfobo de HazteOír- con medidas cautelares. El resto de casos han sido archivados o ni siquiera han sido estudiados”, denuncia la Crida. “La principal consecuencia no es otra que el refuerzo de los agresores, ya sean personas individuales o empresas como El Corte Inglés, que siguen incumpliendo la ley con la seguridad de que no recibirán sanción alguna. En Cataluña, la LGTBIfobia sale gratis”, se lamenta este colectivo.

Ante esta realidad, la Crida pide a la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, así como a la directora general de Igualdad, Mireia Mata, el cese de la jefa del Área de Igualdad de Trato y No Discriminación de las personas LGTBI, Maria Lluïsa Jiménez, “y su sustitución por una persona comprometida con nuestros derechos y libertades”. La Crida considera que este cese debe acompañarse además de una decidida voluntad política de dar un giro a la situación, revisar los más de 70 casos tramitados y no sancionados, “así como el resto de denuncias que no han llegado a ser tramitadas”, bajo la supervisión de entidades LGTB, como por ejemplo el propio Observatori contra l’Homofobia. La Crida también pide que se proceda de una vez al completo desarrollo reglamentario de la ley, que permita la aplicación de sanciones contundentes, así como que se le dote de una partida presupuestaria adecuada para que no siga siendo “papel mojado”.

Una hora de ocupación

Para hacer oír sus demandas, activistas de la Crida ocuparon este miércoles, de forma pacífica, el vestíbulo de la Dirección General de Igualdad de la Generalitat, en la calle Sepúlveda de Barcelona.

Allí estuvieron durante una hora, durante la cual desplegaron una pancarta y varias banderas arcoíris, entonaron consignas reivindicativas, pegaron pasquines explicativos en cristales y paneles y atendieron a la prensa. En el exterior del edificio arrojaron además un bote de humo rosa. Aunque una pareja de Mossos d’Esquadra se personó en el lugar, la protesta trancurrió de forma pacífica y sin incidentes.

Ley catalana contra la LGTBfobia: un instrumento que está para ser aplicado

En octubre de 2014 nos felicitábamos por la aprobación por el Parlamento catalán de la histórica ley 11/2014, pero conforme el tiempo ha ido pasando se ha hecho cada vez más evidente la escasa voluntad política de aplicarla. El Observatori contra l’Homofòbia lo viene denunciando casi desde el principio, pero muy especialmente estos últimos meses, en los que los episodios de LGTBfobia en Cataluña están creando una considerable alarma. Muy significativo, en este sentido, fue lo sucedido en Lleida hace escasas semanas, cuando la Generalitat decidió “perdonar” sin sanción alguna al profesor de un instituto público que hizo en clase comentarios homófobos, siendo la presión de los colectivos y la reacción social las que le hicieron dar marcha atrás y abrirle finalmente expediente.

No está de más recordar otra vez que según el informe sobre delitos de odio recientemente presentado por el Ministerio de Interior, Cataluña es la comunidad autónoma con el mayor número de delitos motivados por la orientación o identidad sexual de las víctimas. 

Fuente Dosmanzanas

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Tras la publicación ayer de los datos por parte del Ministerio del Interior de incidentes relacionados con los delitos de odio durante 2016, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) considera que, ante las preocupantes cifras de ataques motivados por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas, el Gobierno debe apostar de una vez con contundencia por la aprobación de la ley específica de Igualdad LGTBI.

Según esos datos, los incidentes que más han aumentado entre 2015 y 2016 son los relacionados con la orientación sexual y la identidad de género (36,1%). Este hecho es especialmente llamativo en un contexto en el que el conjunto de todos los delitos de odio en 2016 se ha reducido en un 4,2% en comparación con los relativos a 2015.

El Ministerio del Interior ha asegurado que su desafío “no es otro que seguir apostando por dar la máxima protección y atención a las víctimas de los delitos de odio, fomentar la sensibilidad en las instituciones policiales ante el tratamiento de las víctimas por delitos de odio, evaluar la eficacia de las políticas públicas realizadas hasta el momento, poner en marcha otras nuevas e identificar vulnerabilidades que no hayan sido tratadas adecuadamente en evaluaciones de riesgos previos”.

Sin embargo, y como recuerda Jesús Generelo, presidente de FELGTB, “las herramientas punitivas que contempla la actual legislación no son suficientes, es fundamental trabajar desde nuevas perspectivas y dar garantías a las víctimas”.

FELGTB viene impulsando la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI, presentada el 4 de mayo en el Congreso de los Diputados y pendiente de la aceptación a trámite. “Cada nuevo dato nos hace ver que algo está fallando, que las agresiones hacia nuestro colectivo siguen siendo muy elevadas, y que el agresor medio es muy joven. En nuestra proposición de ley incluimos elementos educativos y pedagógicos que son imprescindibles para evitar que se produzca este incremento de delitos”, ha explicado el presidente de FELGTB.

Más información

La proposición de Ley de Igualdad LGTBI (oficialmente, Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales y transgénero) fue registrado en el Congreso de los Diputados el pasado 4 de mayo por el Grupo Parlamentario Confederado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tras el proceso de negociación llevado a cabo por parte de FELGTB con todos los grupos políticos con representación parlamentaria.

El Gobierno tiene de plazo hasta el 17 de junio de 2017 a las 14:00 horas para admitir a trámite el debate de esta proposición de ley. “El Gobierno no debería apurar los plazos. Debe obedecer a la Constitución y apoyar esta demanda histórica del colectivo LGTBI, tenemos el convencimiento de que respaldará su debate en las Cortes para mejorar, si fuera necesario, el contenido de nuestra iniciativa. Debemos reducir los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género; somos las personas directamente afectadas y estamos poniendo sobre la mesa nuestra propuesta para solucionarlo. Confiamos en que seremos escuchadas”, ha concluido Jesús Generelo.

CONSULTA AQUÍ EL INFORME DEL MINISTERIO DE INTERIOR

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El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia ha presentado el que es su primer informe anual, correspondiente a 2016. Un año durante el cual esta entidad recogió un total de 240 incidentes de odio motivados por LGTBfobia en la Comunidad de Madrid, un número considerablemente mayor al registrado en las cifras oficiales. Unos datos que demuestran la discordancia existente entre la LGTBfobia real y la denunciada por los cauces oficiales, una realidad sobre la que las personas LGTB tenemos certeza en base a nuestra experiencia subjetiva pero que ahora queda confirmada. No es de extrañar, en todo caso: incluso entre los 240 casos reportados por el Observatorio, solo se denunciaron 59.

El informe, de 181 páginas, fue presentado el jueves 16 de febrero por sus responsables en un acto que contó con la presencia, entre otras personalidades políticas, del concejal de Ahora Madrid y tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital, Mauricio Valiente; de la también concejala y portavoz del grupo municipal socialista Purificación Causapié y del subdelegado del Gobierno en Madrid, Luis Martínez-Sicluna, además de diversos alcaldes de municipios madrileños.  Es un documento, en cualquier caso, accesible para todos, que puedes descargar en formato PDF desde la página web del Observatorio, algunos de cuyos datos más interesantes pasamos a desgranar.

Respecto a la tipología de los incidentes, el mayor porcentaje corresponde a agresiones verbales (77). Les siguen agresiones físicas (59, siendo seis de ellas calificadas como “muy graves”); amenazas (31), incidentes relacionados con el discurso de odio (25, incluyendo expresiones discriminatorias e incitaciones al odio en internet y redes sociales), acoso (20), humillaciones (10), pintadas (4), expulsiones de locales (4) y agresión sexual (1), además de otros 10 casos variados clasificados como “otros” (abuso de autoridad, mala praxis, prohibición de educación en diversidad sexual en un colegio, rechazo a la bandera arcoíris, provocaciones o incidente en el transporte público).

Muy importante: de los 240 incidentes registrados, solo 59 fueron denunciados. Sobre todo fueron denunciadas las agresiones físicas, pero incluso en este caso las denuncias ni siquieran cubrieron la mitad de los casos: solo fueron denunciadas 26. Las agresiones verbales y las amenazas, de hecho, apenas si sumaron denuncias.

Gais entre 25 y 29 años, víctima “tipo”

Por lo que se refiere al perfil de las víctimas (un total de 316 personas), la mayor parte fueron hombres gais o percibidos como tales (224), seguido de mujeres lesbianas o percibidas como tales (42), personas transexuales (40, 34 mujeres y 6 hombres), personas bisexuales (6, 4 mujeres y 2 hombres) y personas heterosexuales (4, 2 hombres y 2 mujeres). Por edades, el intervalo con mayor número de víctimas es el de 25 a 29 años (109), seguido del de 20 a 24 (78). El informe, en este caso, admite la posibilidad de que haya un sesgo de edad en la utilización y conocimiento del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia: dada su mayor publicidad en redes sociales, podría estar llegando más a la franja de edad juvenil, enmascarando los casos de personas mayores de 30 años. “También es cierto que las personas LGTB menores de 30 años son en general más visibles, y por tanto tienen más posibilidades de ser identificadas por los potenciales agresores”, explica.

Por lo que se refiere a los agresores, durante el año 2016 el Observatorio ha tenido constancia de 352 agresores (el 93% hombres). Con respecto a su edad, se tiene constancia en 291 casos. La mayoría se encuentra en el rango de 25 a 29 años (159), seguido del de 30 a 39 años (62). Nueve agresores de cuya edad se tiene constacia eran menores de edad. Un dato interesante que arroja el informe es que en el caso de los agresores mayores de 40 años se aprecia una mayor relación personal con la víctima, ya sean familiares, vecinos o incluso superiores en el ámbito laboral, educativo o universitario.

La capital, la que más incidentes registra

Por lo que se refiere a aquellos incidentes en los que es posible atribuir una localización geográfica concreta, la mayor parte han tenido lugar en el municipio de Madrid (185), a grandísima distancia de Fuenlabrada y Parla (3 incidentes cada uno); Leganés, Alcalá de Henares y Getafe (2 incidentes cada uno) y Galapagar, Villanueva de la Cañada, San Sebastián de los Reyes, Torres de la Alameda, Villaviciosa de Odón, San Fernando de Henares, Humanes, Coslada, Aljavir, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Torrelodones y Ciempozuelos (un incidente por localidad).

Ya en el municipio de Madrid, los distritos de Centro y Moncloa-Aravaca concentran la mayor parte de las agresiones registradas (72 y 23, respectivamente) seguidos de Retiro (12 casos). El informe atribuye esta distribución al hecho de que Centro y Moncloa-Aravaca (especialmente la zona universitaria) sean los dos distritos con mayor visibilidad de las personas LGTB. De hecho, una gran parte de los hechos registrados tuvieron lugar en los alrededores de Chueca (distrito Centro) y cerca de pubs o discotecas dirigidas a clientes LGTB.

Discordancia con los datos oficiales

Más allá de los datos brutos, lo cierto es que el dato recogido por el Observatorio es claramente superior a los datos históricos que ofrece el Ministerio de Interior. A falta de conocer los datos oficiales de 2016, en 2015 los datos del Ministerio solo recogieron 19 agresiones en la Comunidad de Madrid. Aún teniendo en cuenta las diferencias metodológicas, la discordancia es muy grande. El propio Observatorio cree que en 2016 se repetirá esa discordancia. “El dato que figura según el registro del Observatorio de 58 denuncias probablemente no quede reflejado en el próximo informe del Ministerio, porque en algunos casos la motivación LGTBfoba de la agresión no ha quedado bien registrada en la denuncia, y en otros se ha interpuesto en policías municipales, datos que el Ministerio aún no recoge”, asegura el informe. “En España el caso del Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya (Comunidad con una población similar a la de Madrid aunque más dispersa) es significativo porque el primer año que se puso en marcha los resultados fueron análogos (223 casos), salvando las distancias temporales”, añade.

Aún así, el Observatorio está seguro que sus propios datos son incompletos y pueden suponer “en torno al 10% de las incidencias que realmente se están produciendo en la sociedad madrileña”. Por un lado hay razones organizativas, pero por otro existe el convencimiento de que hay una serie de agresiones que de forma estructural no se denuncian o se denuncian poco. Es el caso, por ejemplo, de la discriminación tránsfoba. “Varias personas transexuales han trasladado la idea de que si cada vez que reciben un insulto o una amenaza tuvieran que contactar, estarían haciéndolo todo el día: se normaliza la violencia. De igual modo, se nos ha trasladado que hay personas transexuales que directamente evitan algunas calles y barrios para no sufrir incidentes (…) También en ocasiones se niegan a coger el metro para no encontrarse en un espacio cerrado y sin vigilancia con alguien que puedan interpretar como potencial agresor. De igual modo el colectivo de personas transexuales que ejercen la prostitución, aunque ha contactado varias veces con el servicio, sigue sin contar la violencia que sufre”, explica el informe.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia: contacto

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, promovido por Arcópoli con el apoyo de la Fundación 26 de Diciembre, del colectivo Fuenla Entiende y del Movimiento Contra La Intolerancia, entre otros muchos colectivos y asociaciones, se puso en marcha a principios de 2016. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados.

Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org

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La formación contra delitos de odio es fundamental para garantizar la seguridad de las minorías.

La máxima autoridad de la Universidad Católica de Ávila es Jesús García Burillo, que considera que la homosexualidad no es tan legitima como la heterosexualidad.

FECyLGTB+ pide a la Junta de Castilla y León que apoye a su Universidad Pública de Salamanca, como garantía de calidad e imparcialidad científica en la docencia.

 La FECyLGTB+, Federacion Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más, considera preocupante para la protección de las minorias que una Universidad católica asuma la docencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, de los funcionarios que nos protegen a todas y todos. Una institucion con una ideología religiosa determinada, contraria a la igualdad de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más, no puede impartir una docencia de calidad, imparcial y científica, que garantice la formación que necesitan los policias para identificar, comprender y proteger a las minorías frente a los delitos de odio.

Queremos recordar que la Universidad Católica de Ávila está encabezada jerarquicamente por el Obispo de Ávila, que considera la homosexualidad como menos legítima que la heterosexualidad llegando a afirmar estar alarmado de que con la aprobación del matrimonio igualitario “la homosexualidad se presenta como una opción tan legítima como la heterosexual”. A juicio de FECyLGTB+, una institución encabezada jerarquicamente por alguien que afirma que la homosexualidad no es tan legitima como la heterosexualidad, dificilmente podrá impartir la formación necesaria para los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en materia de delitos de odio, como recoge el Protocolo de Actuacion para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de Odio y Conductas que Vulneran las Normas Legales sobre Discriminación , aprobado por el ministerio del interior.

Queremos recordar que en los dos últimos años, el numero de delitos de odio, especialmente las agresiones a la diversidad sexual, no han hecho más que aumentar en España. Es necesario mejorar la implementación del protocolo y promover nuevas medidas contra las agresiones a la diversidad sexual, pero esta concesión a una Universidad con una ideología que no respeta dicha diversidad nos genera, como colectivo, gran inquietud, pues tememos que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lejos de avanzar para protegernos de los delitos de odio, sean formados en la creencia de que la homosexualidad no es tan legitima como la heterosexualidad, con las consecuencias que ello puede tener para nuestra seguridad.

Para Ignacio Paredero, Presidente de FECyLGTB+ “Una Universidad Católica no puede formar a la policía que nos protege a todos, incluso a los que dicha iglesia considera ilegítimos. Como colectivo LGTB+, que los policías que nos protegen reciban formación de una Universidad encabezada por quien nos considera ilegítimos, sencillamente, nos da miedo”.

Pepa Tascón, vicepresidenta de FECyLGTB+ ha afirmado que “España ya no es que sea aconfesional, es que es multicultural y está poblada por habitantes de diferentes religiones y creencias. Confiamos en que se inste a la Junta de Castilla y León a que la formación de nuestra Policía, la de todos, vuelva a la Universidad pública, neutral y aconfesional”.

Fuente FECyLGTB+

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