Juan Andrés De La Maza Comandante en jefe de la Armada (Izda) y el Ministro de Defensa Nacional, Baldo Prokurica (Dcha)

Además defiende las terapias reparativa de la homosexualidad. Así lo denunció el Movilh, organismo que exigirá a la Armada retirar al instante esos contenidos de la Academia Naval de Guerra, sancionar a los responsables  y ofrecer disculpas públicas. Junto con pedir la intervención del Ministerio de Defensa, el Movilh solicitará a la Contraloría establecer responsabilidades de mando y analiza acciones legales

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy a la Academia de Guerra Naval, dependiente de la Armada, por “impartir a sus estudiantes contenidos de odio que dañan la dignidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer (LGBTIQ+)”

El vocero del Movilh, Óscar Rementería, señaló que se trata “de discursos de odio sin precedentes, que promueven la ignorancia, los prejuicios y contenidos falsos, todo lo cual violenta de manera descarada y violenta los derechos humanos, nuestra legislación y los tratados internacionales ratificados por Chile”.

En concreto, la Armada enseña y difunde a través de su Revista Marina que  la homosexualidad es una “tiranía”, una “inmoralidad”, una “actitud sexual depravada” que “desmantela las normas sexuales”. Además señala que la despatologización de la homosexualidad por parte de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) obedeció a intereses políticos, no científicos y que solo entre el 1 y 3% de la población es LGBTIQ+

Así quedó establecido en la Revista Marina de la Academia de Guerra Naval, la cual recomienda a sus estudiantes leer el texto “La Revolución sexual global. La destrucción de la libertad en nombre de la libertad” de la socióloga Gabriele Kuby.

En un texto escrito por el almirante y ex comandante en Jefe de la Armada, Miguel Vergara Villalobos, la Academia de Guerra Naval  “lejos de solo resumir o de llamar a una lectura crítica de dicho libro, se cuadra con el mismo y con cada uno de sus contenidos”, señaló Rementería

En efecto, la Academia de Guerra Naval señala que el libro de Gabriele Kuby explica “como el afán de libertad ha redundado en el libertinaje y en la ideología de género, lo que a su vez ha subvertido la sexualidad humana”, tras lo cual procede a resumirlo y validar sus contenidos. Así es como la Academia de Guerra Naval termina su artículo de la siguiente manera: “Este libro, fuera de alertarnos, nos plantea una acuciante pregunta: ¿Debemos estar avergonzados y pedir disculpas quienes profesamos la fe católica y postulamos el matrimonio entre un hombre y una mujer, con vistas a la procreación?”

Rementería explicó que “este nuevo discurso  de  odio implica además la intervención de las FFAA en asuntos legislativos y civiles. Y es una intervención reciente de la Armada. Aparece publicada en la edición número 974 de la Revista Marina del 2020 y que hasta hoy difunde en su web. Es decir, tras Ley Zamudio, tras el estallido social y tras todos los cambios que ha experimentado el país a favor de la Igualdad la Armada, con Juan Andrés De La Maza  a la cabeza, promueve de manera horrorosa la homofobia, tanto en la versión impresa, como digital de su revista. Aquí, De La Maza debe ofrecer disculpas públicas, mientras el Ministro de Defensa Nacional, Baldo Prokurica. debe asumir la responsabilidad que le compete”.

El vocero del Movilh apuntó que “con la misma virulencia la Armada se lanza contra las mujeres y los derechos sexuales reproductivos, añadiendo a su homofobia, el machismo y la misoginia. Esperamos sanciones ejemplares contra los responsables de este abuso, mientras en paralelo exigiremos a la Armada el retiro inmediato de estos contenidos, el ofrecimiento de disculpas públicas y una aclaración sobre lo ocurrido a todas y cada una de las personas a las cuales ha mal educado y enseñado en contenidos falsos y odiosos que incitan a la violencia. También solicitaremos la intervención y las explicaciones al Ministerio de Defensa, También solicitaremos la intervención y las explicaciones al Ministerio de Defensa, mientras  pediremos a la Contraloría establecer responsabilidades de mando y analizamos acciones legales”, finalizó Rementería.

El texto

A continuación el Movilh reproduce de manera íntegra algunos de los párrafos difundidos por la Academia de Guerra Naval:

“El objetivo del programa cultural revolucionario -manejado por las élites del poder mundial, con la connivencia de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE)- es la libertad absoluta, sin restricciones naturales ni morales. Se busca liberarse de la tiranía de la naturaleza. Para ello se intenta deconstruir la sexualidad masculina y femenina promoviendo, entre otras cosas, la equivalencia legal de la relación homosexual con el matrimonio”

“….Un año después se celebró la Conferencia de Pekín, controlada por feministas radicales . El documento final no respeta la dignidad humana, trata de destruir la familia, minimiza la maternidad, pretende imponer actitudes sexuales depravadas, promueve la homosexualidad, el lesbianismo, la promiscuidad sexual, etc.. Posteriormente, en la Conferencia de Glen Cover, en New York, los activistas radicales lograron imponer su estrategia, transformando los acuerdos de Pekín en tratados internacionales vinculantes; es decir, crearon una nueva realidad social.”

-La clave es presentar cualquier oposición como un acto de discriminación arbitraria. Se intenta lograr “que todos los países del mundo cambien sus constituciones, leyes, instituciones sociales, sistemas educativos y las actitudes básicas de sus ciudadanos, para imponer y obligar legalmente a aceptar y privilegiar la homosexualidad y otras identidades y comportamientos no-heterosexuales”

“Nos encontramos en “una situación en que una pequeña minoría de la población (LGBTI), cuyas diferencias sexuales difieren de la inmensa mayoría, ha logrado imponer una verdadera revolución”. El punto de inflexión ocurrió en 1973, cuando la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) “decidió eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades que podían ser tratadas mediante procedimientos terapéuticos”, lo que bloqueó todo debate científico de la larga investigación sobre las causas de la homosexualidad. Esta “decisión de la APA no fue producto de un debate científico, sino de la presión política sobre determinadas personas que no pudieron soportarla”

– “Si se consideran los millones de dólares que se orientan a promover la agenda LGTBI y el compromiso de los más altos niveles de la política, se podría pensar que la homosexualidad es un fenómeno masivo. Sin embargo, las encuestas representativas en las sociedades occidentales indican que solo entre el 1 y 3% de la población se identifica como homosexuales. Empero, incluso en altas esferas de gobierno, se “usan cifras variadas y muy exageradas que no provienen de fuentes serias”

 -“Hoy no se puede analizar científicamente la posibilidad de cambiar la condición homosexual de una persona. Quienes se atrevan a infringir esta prohibición son sometidos a una estridente persecución por parte de los grupos de interés LGBTI, que “hacen todo lo posible por sacar de la conciencia ciudadana el mensaje de que la orientación homosexual puede cambiar a una heterosexual”

– “Es una contradicción evidente que un movimiento que lucha por la abolición de la heterosexualidad obligatoria haga lo posible por negar que las tendencias homosexuales puedan ser cambiadas. (…). El movimiento homosexual marcha bajo la bandera de la libertad, la tolerancia y la no-discriminación, pero limita la libertad de opinión, la libertad de ciencia y la libertad terapéutica en particular”.

Fuente MOVILH

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Miles de militares británicos que fueron despedidos por ser homosexuales podrán recuperar las medallas de servicio que les fueron retiradas al ser expulsados de las fuerzas armadas.

Los defensores de los derechos de los homosexuales acogieron la medida como el “primer paso de un viaje”, pero afirmaron que cuestiones como los antecedentes penales perdidos, los derechos de pensión perdidos y los historiales de servicio aún manchados deben ser resueltos por el Ministerio de Defensa.

Los hombres gays y las mujeres lesbianas tuvieron prohibido servir en el ejército británico hasta el año 2000. Entre 200 y 250 fueron expulsados cada año a causa de su sexualidad, y con frecuencia se les retiraron las medallas de servicio.

En algunos casos, las medallas eran arrancadas físicamente del uniforme de un militar tras una condena en un consejo de guerra. Los culpables de ser homosexuales a veces eran condenados a una pena de prisión, normalmente de varios meses.

Johnny Mercer, ministro de veteranos, dijo que el anuncio “aborda una injusticia histórica”. Afirmó que su intención era demostrar que “el ejército es un lugar positivo para todos los que decidieron servir” y animó a quienes creyeran que cumplían los requisitos para solicitarlo.

El año pasado, Joe Ousalice, de 70 años, veterano de las Malvinas, recibió personalmente de manos del secretario de Defensa, Ben Wallace, su medalla por largos servicios y buena conducta, que le había sido retirada en 1993 tras un consejo de guerra. Recuperó su medalla tras emprender una acción legal, que llevó al Ministerio de Defensa a pedirle disculpas y a prometerle que revisaría la situación en general.

Ousalice, que es bisexual, había servido 18 años como oficial de comunicaciones en la Royal Navy antes de ser despedido por cargos que, según él, eran inventados. Joe Ousalice, de 68 años, se desempeñó como operador de radio en la Guerra de las Malvinas en 1982, además de servir en Irlanda del Norte y Medio Oriente durante sus 18 años de carrera en la Royal Navy. La marina llevó a Ousalice a un tribunal militar en 1993 y lo declaró culpable de estar en la cama con otro hombre. Aún niega el cargo, pero el hecho de que es bisexual se reveló durante la audiencia, y la Marina lo despidió para que no “corrompiera” a otros.

La marina confiscó las tres insignias de buena conducta de Ousalice y una medalla de servicio prolongado y buena conducta. Dijo que lo cortaron con unas tijeras después de que fue acusado. En mayo de 2019, el veterano de las Malvinas anunció que planeaba demandar al Ministerio de Defensa (MoD), representado por el grupo de defensa de los derechos humanos Liberty, para recuperar sus medallas. En diciembre de 2020, Ousalice recibió una disculpa del Ministerio de Defensa y se le restablecieron los honores militares, y en una ceremonia el miércoles 22 de enero, finalmente se le volvió a otorgar su medalla de largo servicio y buena conducta.

“Esto no es ni mucho menos suficiente“, dijo Ousalice. “Básicamente, cuando te quitan la medalla, la medalla decreta efectivamente lo que obtienes para tu pensión. Al quitarme la medalla y las tres insignias de buena conducta que tenía, me recortaron el rango. Tuve que esperar hasta los 60 años para cobrar la pensión, cuando podría haberla obtenido inmediatamente”.

Según ITV, Ousalice dijo: “Pensé que estos son 27 años de mi vida llegando a una conclusión ahora. De hecho, recuperé la medalla. Estoy extasiado, pero estoy un poco confundido porque estaban sucediendo muchas cosas. Necesitaba sacar mucho de mi pecho. Fue una desgracia. Después no pude conseguir un trabajo. Estaba bien preparado para cada puesto al que fui y me rechazaron porque las fuerzas armadas no me dieron una referencia y, sin embargo, aquí estoy 27 años después. Fue sólo con la ayuda de [la abogada] Emma Norton y Liberty y la amenaza de llevarlos al Tribunal Superior de Londres que alguien cambió de opinión”.

 El año pasado, se reveló que más de 150 personas han solicitado una compensación al ejército del Reino Unido, alegando que fueron despedidas debido a su orientación sexual. Pero el activista por los derechos LGBT + Peter Tatchell dijo que es probable que el número real de personas despedidas por ser LGBT + “ascienda a miles” porque “las cazas de brujas militares continuaron sin cesar desde finales de la década de 1940 hasta 1999”.

Craig Jones, director ejecutivo conjunto de Fighting with Pride, una organización benéfica que apoya a los veteranos LGBT+, describió la medida como el “primer paso de un viaje” y dijo que creía que ministros como Mercer irían más allá.

“Las vidas de las personas se vieron destrozadas por la prohibición. Tenemos que considerar la posibilidad de devolver a la gente sus comisiones y órdenes de detención, los indultos reales de las condenas, la ayuda para el reasentamiento y, sí, hay un caso abrumador para la compensación y la restauración de las pensiones”, añadió Jones.

El Ministerio de Defensa dijo que el gobierno estaba trabajando “para examinar y comprender el amplio impacto de las prácticas anteriores a 2000 en las fuerzas armadas”. Esto, según el Ministerio, garantizará que “más allá de la devolución de las medallas, se reconozca el impacto de este error histórico y se aborde adecuadamente”, aunque no se dieron más detalles.

Los veteranos que fueron expulsados antes del año 2000 dijeron que fueron víctimas de investigaciones encubiertas, incluyendo filmaciones secretas, o de un acoso reiterado por parte de la policía militar durante varios años en un intento de demostrar que eran homosexuales.

El último militar que fue enviado a prisión por ser homosexual fue David Bonney, que fue declarado culpable en un consejo de guerra en Cornualles en 1993. Bonney se alistó en la RAF a los 17 años, en 1987, y dijo que había “aprendido y aceptado que era gay” cuando sirvió durante la primera guerra del Golfo.

Bonney dijo que fue objeto de una investigación de dos años después de que se encontrara un ejemplar de Gay Times en su habitación. Eso incluyó, dijo, “poner micrófonos en mi habitación, hacer que me siguieran, colocar agentes fuera de los bares gay locales para espiar a la gente que entraba, utilizar las comisarías locales para llevar a mis amigos, para entrevistarlos y, en general, crear terror y miedo entre mis amigos y asociados”.

El consejo de guerra le condenó a seis meses de prisión, de los cuales cumplió cuatro, incluido un mes de aislamiento, y le dejó antecedentes penales, aunque tras una apelación su baja fue cambiada a honorable. Dijo que esperaba que el Ministerio de Defensa “enmendara y compensara la injusticia y el acoso efectivo que sufrí”.

Solo se volvió legal ser gay o bisexual en el ejército del Reino Unido en 2000. La Ley Turing prometía indultos para los veteranos LGBT +, pero pocos se han materializado.

En 2017, la Ley Turing, que lleva el nombre de Alan Turing, el descifrador de códigos de la Segunda Guerra Mundial y pionero de la informática que estaba convencido de su homosexualidad en 1952, fue aprobada para perdonar a los hombres homosexuales condenados en el pasado por su sexualidad. Turing murió por suicidio en 1954 tras su condena y fue indultado póstumamente por la reina en 2013.

Se dijo que hasta 15.000 hombres homosexuales eran elegibles para que se borraran sus “delitos” cuando se aprobara la ley. La ley también significó que las condenas de alrededor de 50,000 hombres homosexuales que habían muerto fueran automáticamente indultadas, mientras que aquellos que aún estaban vivos podían solicitar indultos legales.

El entonces ministro de Justicia, Sam Gyimah, dijo que en ese momento la aprobación de la ley fue “verdaderamente trascendental”. Gyimah dijo que el gobierno “nunca podrá reparar el daño causado”, pero “nos hemos disculpado y tomado medidas para corregir estos errores“.

Según un artículo de la BBC de 2019, solo 189 personas vivas habían visto anuladas sus condenas como parte de la ley.

Fuente Pink News

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Miembros de IGY en mascarillas, 6 de abril de 2020Crédito de la foto: página de Facebook de IGY

La División de Seguridad y Social del Ministerio de Defensa de Israel aprobó esta semana la solicitud de Israel Gay Youth (IGY) para establecer una escuela preparatoria premilitar, informó Israel Hayom el jueves (משרד הביטחון אישר לראשונה: ארגון גאה יקים מכינה קדם צבאית).

IGY es una ONG voluntaria LGBTQ dirigida a la juventud israelí. IGY proporciona un marco social para que los jóvenes se reúnan y defiendan a los jóvenes LGBTQ en 22 ciudades de Israel, y atienden a más de 1,500 jóvenes al año. La ONG está reconocida y apoyada por el Ministerio de Educación.

La decisión del Ministerio de Defensa sienta un precedente, ya que nunca antes se había establecido una escuela preparatoria premilitar para futuros reclutas homosexuales. Según Israel Hayom, la escuela pre-militar recibirá su acreditación del Ministerio de Defensa en dos años si cumple con los criterios, y necesariamente estará abierta a la población general de jóvenes pre-militares, no solo a los homosexuales.

La escuela IGY fue la única aprobada por el Ministerio de Defensa este año cuando normalmente se aprueban dos escuelas premilitares cada año. Esto enfureció a otros grupos que no ganaron la licitación y que se consideran más aptos para dirigir una escuela preparatoria. Estos incluyen la Women’s International Zionist Organization (WIZO) -Organización Sionista Internacional de Mujeres (WIZO)-, HaShomer HaChadash y Aharai! que han estado trabajando durante muchos años con énfasis en el alistamiento en las FDI.

Israel Hayom se enteró de que al menos una de estas organizaciones tiene la intención de apelar la decisión.

“No nos habría importado si hubiera sido posible establecer dos escuelas preparatorias, hubiera estado bien que IGY estableciera una, pero en una situación en la que solo se establece una escuela preparatoria pre-militar, debería entregarse a un grupo que trata más sustancialmente del reclutamiento de las FDI ”, se quejó un funcionario de uno de estos grupos que pidió permanecer en el anonimato. “¿Qué experiencia tiene el grupo IGY en el mundo de los cursos preparatorios? Trabajan con jóvenes homosexuales y hacen un trabajo maravilloso en su campo, pero no tiene nada que ver con las FDI “.

El Ministerio de Defensa respondió: “La División de Seguridad y Social del Ministerio de Defensa opera de acuerdo con la ley y las directivas del ministerio. El Comité que se ocupa del reconocimiento de las escuelas preparatorias premilitares incluye, entre otros, un representante de las FDI y un representante del asesor jurídico del aparato de defensa. Después de un examen en profundidad de todas las solicitudes presentadas, el comité decidió, por unanimidad, que la iniciativa IGY es la más adecuada “.

Fuente Jewishpress.com

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Con el objetivo de recibir con la debida preparación la futura promulgación de la Ley de Identidad de Género. El Movilh propuso además incorporar la realidad LGBTI en los planes de estudio de los uniformados.

El Ministerio de Defensa y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se reunieron hoy para analizar la realidad de las personas lesbianas, gays, bi, trans e intersexuales (LGBTI) en las Fuerzas Armadas, acordándose el trabajo conjunto para prevenir y erradicar toda forma de discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género.

En cita con el jefe del Gabinete del Ministerio de Defensa , Pablo Urquízar, y con la jefa de Asesoría Jurídica, Alicia De la Cruz, el Movilh propuso trabajar “desde ya un plan que garantice la plena igualdad de derechos para los uniformados y uniformadas trans al interior de las Fuerzas Armadas”.

“Si bien a la fecha ningún integrante de las FFAA ha reconocido públicamente ser trans, esta es una realidad que está a la vuelta de la esquina y el Estado tiene el deber de implementar a tiempo las medidas para garantizar un trato digno y respetuoso a este grupo humano”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez

“Habrá personas trans que asumirán su identidad una vez al interior de las FFAA (como ya ha ocurrido en Gendarmería) y otras lo harán al postular su ingreso a la Armada, la Fuerza Aérea o el Ejército. Cuando ello ocurra, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas deben tener claro como reaccionar, con miras a garantizar la plena igualdad”, apuntó la vocera del Movilh, Cristina Poblete.

Tanto Urquízar como De la Cruz se comprometieron a “implementar en el breve plazo una mesa de trabajo sobre la materia que tenga resultados concretos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género, por lo que esperamos próximamente encuentros de tipo más técnico”, redondeó Poblete.

Otros temas abordados fueron “la necesaria modificación del Acuerdo de Unión Civil, norma que no regula el régimen patrimonial de las FFAA. Al respecto, el Ministerio de Defensa fue claro en respaldar esta reforma, por lo que cuando se avance en ello, emitirá un pronunciamiento favorable”, dijo Jiménez.

“De igual manera hubo consenso en la necesidad de establecer un enlace entre el Ministerio de Defensa y nuestra organización para resolver a tiempo las denuncias por discriminación que uniformados lesbianas, gays, bi o trans nos hacen llegar, y se estudiará como se reactivará el Grupo de Asesor de Trabajo de las FFAA, donde representantes de todas sus ramas definen medidas para hacer frente a la homofobia, la transfobia y otras formas de discriminación”, apuntó el Movilh.

“Por último, acordamos que se explorarán estrategias para incorporar a la realidad LGBTI en los planes de estudio de los uniformados, algo que ya ocurre en Carabineros y en la Policía de Investigaciones”, finalizó el Movilh

Conviene recordar que tras denuncias y movilizaciones del Movilh entre el 2012 y 2013 las FFAA derogaron toda las normativas internas que impedían el ingreso de personas LGBTI a sus filas, mientras que distintas ramas establecieron trabajos conjuntos con dicha organización de la diversidad sexual y de género. Ello derivó en las primeras salidas del armarios de uniformados gays y lesbianas, así como el reconocimiento a su derecho a conformar familias y parejas con personas de su mismo sexo.

Fuente MOVILH

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El Ministerio de Defensa de Alemania ha creado un centro de apoyo con el fin de apoyar a las personas LGTB que sufren algún tipo de acoso para que se sientan seguros. Con esta iniciativa se pretende erradicar la violencia por parte de compañeros o autoridades del ejército. 

La discriminación LGTB puede estar en todas partes por ello crear espacios destinados de manera exclusiva al refugio del Colectivo debería de ser una orden obligada hasta que se termine con la violencia hacia aquellos que actúan y viven de una manera diferente. Alemania, sabiendo que el ejército ha sido desde sus inicios un lugar de conflicto en este caso, ha elaborado una iniciativa a tener en cuenta.

El Ministerio de Defensa alemán ha creado un centro de apoyo para el Colectivo LGTB que está alistado en sus filas con el fin de que, ante cualquier tipo de acoso y/o agresión, se vea respaldada por una serie de personas que juegan a favor de los derechos y de la intimidad de cada uno de nosotros.

La apertura de puertas de este centro fue el pasado viernes y desde entonces ha tenido muy buena acogida. La instancia se ha inscrito en el Departamento de Igualdad de Oportunidades, Diversidad e Inclusión del Ministerio de Defensa y entre otras muchas tareas de entre las que destaca el dar apoyo psicológico a las personas que han sufrido algún tipo de discriminación en el bundeswehr (término que define al ejército alemán) también se realizarán estudios para ver cómo evolucionan las conductas desde la existencia de esta nueva organización.

“Nos tomamos en serio vuestras peticiones. Todo aquel que tenga miedo no puede dar lo mejor de sí, y no podemos permitirnos eso” ha comentado Úrsula Von der Leyen, Ministra de Defensa que hace unos días participó en la conferencia de “Orientación Sexual e Identidad en la Bundeswehr”

A pesar de que estamos ante una noticia bastante interesante de cara a la discriminación de las minorías, lo cierto es que no todos los miembros de las fuerzas armadas han recibido esta idea como algo positivo, ya que consideran que el ejército tiene cosas mucho más importantes que atender y esto de aquí, puede esperar.

La decisión de este consejo se tomó a finales de enero después de que se conociese un caso de abuso sexual en un cuartel del ejército dónde siete personas fueron destituidas de su cargo al verse implicados de manera directa e indirecta. Se espera que con esta nueva iniciativa la violencia quede completamente erradicada.

Fuente Universogay

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A los reclutas se les obligaba a desnudarse por completo mientras sus instructores les filmaban, así como a realizar prácticas con clara intención sexual durante las cuales eran fotografiados.

El Ministerio de Defensa alemán investiga varios casos de presuntos “rituales sexuales” sádicos durante la instrucción de reclutas de un cuartel en el sur del país, según informa este viernes el semanario Der Spiegel.

De acuerdo con ese medio, las sospechas se centran sobre un grupo de soldados de un cuartel del Land de Baden-Würtemberg, que habrían sometido a pruebas humillantes a los aspirantes a ingresar en el cuerpo de auxiliares sanitarios.

La ministra de Defensa, la conservadora Ursula von der Leyen, ha intervenido personalmente para el esclarecimiento del caso, mientras que el inspector general del Ejército, Volker Wieker, ha encargado una investigación interna del asunto.

Por parte del estamento judicial, la Fiscalía de Hechingen abrió el pasado martes diligencias contra siete soldados, prosigue ese medio. El detonante de las investigaciones fue la denuncia de una lugarteniente ante el comisionado del Gobierno para el Ejército, el llamado Defensor del Soldado, Hans-Peter Bartels, que afirmaba haber asistido a escenas denigrantes.

A los reclutas se les obligaba a desnudarse por completo mientras sus instructores les filmaban, así como a realizar prácticas con clara intención sexual durante las cuales eran fotografiados.

Fuente Cáscara Amarga

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La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, las coordinadoras Trabajando en Positivo y CESIDA (Coordinadora estatal de VIH y sida) y la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) llevan meses solicitando una reunión con la Dirección General de la Función Pública para pedir la eliminación de las exclusiones médicas no justificadas de personas con VIH en las oposiciones a Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado. Pues bien, ya hay una respuesta: el Gobierno simplemente se niega a considerar una revisión de las exclusiones amparándose en un supuesto mayor riesgo de transmisión, que según han expresado estas organizaciones no se ajusta ni a la legislación vigente ni a la evidencia científica existente.

El pasado 29 de septiembre la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC CCOO), las coordinadoras Trabajando en Positivo, CESIDA (Coordinadora estatal de VIH y sida) y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, (FELGTB) solicitaron por carta una reunión con el nuevo director general de la Función Pública, Javier Pérez Medina, para pedir que se eliminen las exclusiones médicas no justificadas en las oposiciones. Las organizaciones ya se habían dirigido a la anterior directora general para abordar y valorar la exclusión de las personas con el VIH de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y de Instituciones Penitenciarias pese a que vivir con el VIH no suponga ningún perjuicio en el desempeño de sus funciones en estos puestos.

Si en las anteriores ocasiones no se había tenido respuesta por parte de Función Pública, en esta sí que han respondido y para sorpresa de las organizaciones lo hace justificando las exclusiones médicas bajo el criterio de garantizar el derecho a la salud del artículo 43.1 de la Constitución Española.

A lo largo de 2014 y 2015, las organizaciones mencionadas han remitido cartas tanto a la Dirección General de la Función Pública como al Ministerio de Sanidad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la Dirección General de la Guardia Civil, el Consejo de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, aunque oficialmente solo habían recibido respuesta desde Instituciones Penitenciarias y Guardia Civil. Ahora por fin, y tras la llegada de un nuevo director general, Javier Pérez Medina, ha habido una respuesta por parte de Función Pública, pero esta no ha podido ser más decepcionante.

Según un escrito remitido por el subdirector general de Relaciones Laborales de dicho departamento, “es el reconocimiento y la protección de este derecho [el derecho a la salud que garantiza el artículo 43.1 de la Constitución] el que impone a la Administración la obligación de evitar cualquier circunstancia o situación que pueda significar un riesgo para la salud, por mínimo que este sea, lo que justificaría una aplicación rigorista del ya mencionado cuadro de exclusiones médicas”.

El texto añade que “las funciones de las personas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado conllevan la posibilidad de mayor riesgo de contagio en el ejercicio profesional, por lo que se justifica suficientemente el establecimiento de un criterio de acceso distinto al que pueda utilizarse con relación a otros cuerpos de la Administración”.

José Marín, representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, explica que “es la segunda ocasión en la que un organismo público utiliza el riesgo de transmisión a terceras personas como justificación para la exclusión de las personas con VIH de estas profesiones, tras la respuesta de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias en octubre del año 2014”.

Para Julio Gómez, representante de la Coordinadora Trabajando en Positivo, “es una lástima ver que los avances que se producen en este sentido en otros países, como México, donde recientemente se ha reformado la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas para eliminar como una causal de retiro a personas con VIH, no se lleven a cabo también en España”. “El estigma y la discriminación se convierten en un importante obstáculo para la respuesta al VIH, más cuando ésta proviene de los propios organismos públicos, que deberían ser los primeros en dar ejemplo y favorecer la normalización del VIH”, añade.

Para Santiago Redondo, vocal de salud de FELGTB, la respuesta de la Dirección General de la Función Pública demuestra su desconocimiento “de los avances que ha habido respecto a la transmisión del VIH y continúa sobrevalorando el riesgo de transmisión del VIH y por lo tanto discriminando a las personas con VIH”.

Por su parte, según Juan Ramón Barrios, presidente de la Coordinadora estatal de VIH y sida,“esta justificación no responde a la legislación vigente, las recomendaciones por las que se rigen estas normativas están obsoletas, son de 1995. Y aunque existen diferentes referencias normativas a partir de las que se podría limitar el acceso y el desempeño de una persona con VIH en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, éstas hacen referencia a que sea el estadio clínico de la enfermedad el que impida la realización de las tareas habituales de la profesión, pero en ningún caso a la posibilidad de transmisión del VIH a otras personas”.

Pese a la negativa, en un comunicado conjunto las citadas organizaciones han insistido  en su  compromiso “para continuar trabajando a la hora de eliminar las exclusiones médicas no justificadas en el desempeño público” y acabar con una medida discriminatoria que no se ajusta a la evidencia científica disponible. Estas entidades vienen insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de adaptar los reglamentos que dan cabida a este tipo de exclusiones para adecuarlos a lo establecido por la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Fuente Ragap y Dosmanzanas

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