Ryan Murphy lleva ya mucho tiempo defendiendo los Derechos LGTBI. Después de firmar un acuerdo con Netflix valorado en más de 300 millones de dólares, y  dedicar su premio en los Emmy a las víctimas de crímenes de odio del colectivo LGBTI anunció que donaría todos sus beneficios de POSE a organizaciones LGTB.

Murphy aprovechó que la Fundación TrevorLIVE le homenajeó con un premio para ofrecer un discurso en el que anunció que va a crear una nueva organización, financiada con unos cuantos millones de dólares, para detener a los políticos que usan la retórica anti-LGTB para ganar votos.

“Quiero que esos políticos odiosos y equivocados dejen de contaminar nuestro éter ético y moral“, dijo el productor, que ha decidido crear esta nueva fundación tras las Midterms de hace unas semanas. “Basándome en lo de este otoño, creo que ahora es posible crear un movimiento que proteja y nutra a los nuestros“.

La intención de Murphy es que esta nueva organización, que está previsto que entre en funcionamiento en 2020, sirva tanto para financiar a candidatos que se enfrenten a políticos LGTBfóbicos como para animar a los votantes LGTB+ a registrarse y votar. Porque hay algo Y si no te gusta ninguno, votas al PACMA. Pero VOTAS.

Murphy, además, no perdió la ocasión de mencionar a los políticos que estarán en el punto de mira de esa asociación, como Lindsey Grahah, una republicana de Carolina del Sur que hace unos meses dudó de la veracidad de los testimonios de las víctimas del acosador sexual Brett Kavanaugh. O Mike Lee, de Utah, que está en contra del matrimonio igualitario y ha presentado una Ley de Libertad Religiosa.

Además Murphy anunció que acababa de donar 50.000 dólares a la ONG The Trevor Project.

Fuente CNN, vía HazteQueer

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En estos tiempos de regresión política en Estados Unidos, la protección legal contra la discriminación de las personas LGTB es una de las principales batallas que se están librando en ese país, tanto a nivel local y de los estados como en el nivel federal, en el que la administración Obama fue incapaz de consolidar una legislación garantista. Analizamos la situación al hilo de dos noticias contrapuestas. Una, procedente de la justicia federal, muy favorable: por segunda vez en la historia reciente, y a pesar de los esfuerzos de la administración Trump (que se personó en el proceso), una Corte de Apelaciones ha considerado que la orientación sexual es una categoría protegida por la Ley de Derechos Civiles por lo que la protección laboral se refiere. Otra, procedente de la política, desfavorable: 21 senadores republicanos han presentado un proyecto de ley que haría legal la discriminación homófoba. 

El contexto: ausencia de una ley contra la discriminación laboral LGTBfoba

La aprobación de una ley que prohíba a nivel federal la discriminación laboral por razones de orientación sexual o identidad de género ha sido una de las reivindicaciones históricas del colectivo LGTB estadounidense. A día de hoy la legislación varía según los estados, e incluso hay normas distintas según el condado o la localidad de residencia, de manera que en muchos lugares sigue siendo legal negar un empleo a un candidato solo por ser gay, lesbiana, bisexual o transexual. Desde 1994, de hecho, diversas variantes de una propuesta de ley de no discriminación en el empleo (ENDA, por sus siglas inglesas) han sido presentada ante el Congreso, sin que ninguna haya prosperado. Ni siquiera en 2007, con un Congreso de mayoría demócrata: entonces solo pasó el filtro de la Cámara de Representantes y ello a cambio de retirar del proyecto la protección a las personas transexuales.

El último intento fue el que tuvo lugar en 2013. En noviembre de ese año el Senado, aún con mayoría demócrata, consiguió aprobar un proyecto presentado inicialmente por el senador Jeff Merkley con apoyo “bipartidista”, aspecto que es muy valorado en la política interna estadounidense: diez senadores republicanos se adhirieron al proyecto. Lamentablemente los republicanos no movieron un dedo por conseguir que el proyecto avanzase en la Cámara de Representantes, que controlaban de forma mayoritaria. El proyecto quedaba, una vez más, en vía muerta. La victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016 y el tsunami republicano acabaron con cualquier esperanza de aprobación.

Obama y Trump: las órdenes ejecutivas de la discordia

Para compensar la no aprobación de la ENDA, Barack Obama dictó en 2014 una orden ejecutiva que de forma explícita prohibía a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a cerrar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género (categoría esta última que antes no gozaba de ningún tipo de protección). Unos 14 millones de personas que trabajaban para empresas dependientes del gobierno federal vieron de esta forma reforzada su seguridad jurídica ante posibles acciones discriminatorias. Se trata, en cualquier caso, de una orden ejecutiva, no de una ley. Donald Trump puede revertirla al margen del Congreso, y de hecho esa fue una de las posibilidades que se barajó tras su victoria.

Finalmente la reversión no se materializó y Trump mantiene de momento la orden de Obama. Ahora bien, ya en varios momentos los medios estadounidenses han recogido su intención de emitir otra orden ejecutiva a favor de la “libertad religiosa” que la convertiría en papel mojado.

La batalla en los tribunales: el caso Zarda

Pero la posición de la administración Trump respecto a la discriminación de los trabajadores LGTB tiene más frentes, no solo el referido a las empresas que trabajan con la administración federal. De fondo, existe una larga discusión jurídica, que radica en si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral por motivos de “raza, color, religión, sexo u origen nacional”, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual. Tradicionalmente, la justicia estadounidense había adoptado en este punto una interpretación “literalista”, según la cual si “orientación sexual” no forma parte de la lista de circunstancias citadas en el texto de ley, no puede considerarse cubierta.

Pero en abril de 2017, por primera vez desde que en 1964 Estados Unidos aprobase su histórica Ley de Derechos Civiles, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito (con sede en Chicago y jurisdicción sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin), consideró que la discriminación laboral por razones de orientación sexual sí queda cubierta por la misma. Y hace solo unas pocas semanas otra Corte de Apelaciones, en este caso del 2º Circuito (con sede en Nueva York y jurisdicción sobre los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont), emitía un fallo en el mismo sentido.

Una decisión, la del 2º Circuito de Apelaciones, que ha sido además toda una bofetada a la administración Trump, cuyo Departamento de Justicia llegó a personarse en el proceso judicial para argumentar que la legislación federal contra la discriminación laboral no debía aplicarse a la orientación sexual. El caso en litigio, Zarda v. Altitude Express, dirime una denuncia por discriminación interpuesta por Donald Zarda, un instructor de paracaidismo que fue despedido poco después de que su empresa supiese de su orientación sexual.

Estaremos atentos a cómo evoluciona el tema, aunque la cuestión tiene altas probabilidades de acabar siendo revisada antes o después por el Tribunal Supremo. Por lo pronto, el hecho de que el Departamento de Justicia decidiese personarse en Zarda v. Altitude Express para apoyar la causa homófoba dice mucho de la dirección que la administración Trump ha decidido escoger. Al frente del Departamento de Justicia, recordemos, está nada más y nada menos que Jeff Sessions, uno de los políticos estadounidenses con un historial más activamente anti-LGTB.

Los republicanos rescatan la FADA, una propuesta de ley discriminatoria

En este contexto, los republicanos han decidido reactivar una de sus propuestas: la de la llamada First Amendment Defense Act (FADA), una ley que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones de los estados o de la administración federal, a personas y negocios que discriminen a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos. La FADA, que en cierto modo podría considerarse “el reverso tenebroso” de la ENDA, fue introducida por primera vez en el Congreso estadounidense en 2015 y recabó significativos apoyos entre los legisladores republicanos, aunque entonces no prosperó y ni siquiera llegó a ser votada en ninguna de las dos cámaras.

El Partido Republicano, sin embargo, la incluyó en su plataforma electoral de 2016, y ahora un grupo de 21 senadores de ese partido, liderados por Mike Lee (senador por Utah) ha decidido presentarla de nuevo. De acuerdo a su literalidad, la FADA persigue impedir “que el Gobierno federal tome cualquier medida discriminatoria” contra personas, negocios o instituciones por su “creencia religiosa o convicción moral de que el matrimonio es o debe ser reconocido como la unión de un hombre y una mujer” o de que “las relaciones sexuales fuera del matrimonio son inadecuadas”. En la práctica, de ser aprobada, la FADA haría prácticamente inservible cualquier tipo de medida antidiscriminatoria por razones de orientación sexual, y no solo a nivel laboral: también en materia de prestación de servicios, vivienda o cobertura sanitaria o de cualquier otro tipo de cónyuges del mismo sexo.

Veremos qué sucede finalmente. A día de hoy, teniendo en cuenta que faltan menos de ocho meses para las elecciones “de medio término”, en las que se renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y dado los recientes reveses republicanos en elecciones parciales (como la derrota del LGTBfobo Roy Moore en Alabama), todo apunta a que la FADA cuenta con pocas posibilidades de salir adelante y constituye más un “postureo” hacia el electorado ultraconservador que otra cosa. Pero de lo que no cabe duda alguna es de que la discusión sobre cómo permitir la discriminación legal de las personas LGTB sigue muy viva entre los republicanos. En 2018.

Fuente Dosmanzanas

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Nos cuenta Dosmanzanas que los senadores republicanos Ted Cruz y Mike Lee han presentado un proyecto de ley que pretende que la autoridad federal se pliegue a la legislación que cada estado estipule sobre el matrimonio. La administración federal dejaría así de reconocer un matrimonio del mismo sexo legalmente contraído en cuanto cambiara su residencia a un estado que no admita el matrimonio igualitario. El mismo proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Representantes el pasado mes de enero por el congresista republicano Randy Weber.

Tras la derogación de la sección 3 de la DOMA (la ley que impedía que la autoridad federal reconociera los matrimonios entre personas del mismo sexo) por parte del Tribunal Supremo, el gobierno de los Estados Unidos ha articulado una serie de instrucciones en sus distintos departamentos para que los matrimonios del mismo sexo puedan acceder a los beneficios federales establecidos para las parejas casadas, tanto en materia de Hacienda, como de Justicia, Inmigración o empleo público civil y militar. El requisito es que dicho matrimonio haya sido celebrado en un estado que permita ese tipo de uniones. La administración federal seguirá reconociendo el matrimonio como válido aunque la pareja cambie su residencia a un estado que no reconozca los enlaces entre personas del mismo sexo. La validez de un matrimonio depende del lugar donde se ha contraído.

Eso es lo que pretenden cambiar el congresista republicano por Texas Randy Weber en la Cámara de Representantes, y los también republicanos  Ted Cruz (senador por Texas) y Mike Lee (senador por Utah) en el Senado, todos ellos miembros de la corriente ultraconservadora Tea Party, mediante la presentación de la “Ley de defensa del matrimonio en los estados”. Los tres han introducido sendos proyectos de ley para que el reconocimiento por parte de la autoridad federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo no dependa del estado donde se han contraído sino del estado de residencia. Así, una pareja que se haya casado en California, estado que reconoce el matrimonio igualitario, perdería sus derechos federales en el caso de que trasladase su domicilio a Texas, que no lo reconoce. La validez del matrimonio dependería, pues, del lugar de residencia.

El congresista Weber, que confesaba no haber leído la sentencia del Tribunal Supremo, presentó su proyecto el pasado mes de enero, arguyendo que los estados tienen “una autoridad histórica y esencial para definir la relación marital” y acusando a la administración del presidente Obama de “intentar usar un subterfugio para expandir el matrimonio entre personas del mismo sexo a todos los estados”. Los mismo argumentos, incluida la acusación directa a la administración presidencial, eran utilizados por el senador Cruz, una de las estrellas emergentes de la corriente más conservadora del Partido Republicano, que insistía en que “debemos respetar a los estados, y la definición del matrimonio se debe dejar a los legisladores elegidos democráticamente, no dictada desde Washington. Este proyecto de ley va a salvaguardar la capacidad de los estados para preservar el matrimonio tradicional para sus residentes”.

Argumentos claramente contradictorios

Curiosamente, todos estos representantes eran fieles partidarios de la integridad de la DOMA, incluyendo la sección ya derogada que hacía prevalecer el criterio de la administración federal sobre la legislación estatal respecto al matrimonio. Por supuesto, en ese caso se trataba de matrimonios entre personas del mismo sexo.

También resulta contradictorio que el propio Mike Lee, junto a otros representantes del mismo perfil ultraconservador, presentara el pasado año la “Ley sobre el matrimonio y la libertad religiosa”, que pretende garantizar que tanto empresarios como empleados públicos puedan negarse a prestar sus servicios a los matrimonios del mismo sexo, aun en los estados donde están permitidos legalmente. Todo ello, según el senador Lee, para “salvaguardar la libertad religiosa de los cristianos”. Es decir, según estos representantes, el respeto a la “autoridad histórica y esencial” de los estados para definir la relación marital se pierde cuando esa definición ampara a las parejas del mismo sexo.

Pocos visos tienen de prosperar estos proyectos de ley, tanto por el control demócrata del Senado como por la imposibilidad de superar un más que probable veto presidencial. Todo parece indicar, según los analistas, que se trata de un gesto de cara al sector más conservador del Partido Republicano, con las elecciones presidenciales de 2016 en el punto de mira. Aunque está por ver si en este momento de cambio que viven los Estados Unidos el gesto no acaba volviéndose en contra de los propios republicanos, entre los cuales no faltan los que recelan cada vez más de este tipo de iniciativas (hoy mismo recogemos como ellos mismos han dado al traste con dos propuestas de carácter homófobo promovidas desde su sector más conservador en los estados de Kansas e Indiana).

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