Ya son cuatro los asesinatos a precandidatxs. El gobierno anunció un esquema de protección para las personas LGBT que participen en las elecciones.

La tarde del 26 de febrero el médico estaba a bordo de su automóvil en la clínica donde trabajaba cuando fue atacado con armas de fuego de manera directa. Otro médico de la clínica confirmó que ya no tenía vida, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

En su comunicado la Fiscalía no mencionó el rol que Miguel Ángel Zavala tenía en el proceso electoral en curso en México. Ese mismo día, en menos de 12 horas también asesinaron a Armando Pérez Luna. Como Zavala, Pérez Luna aspiraba a la presidencia municipal de Maravatío pero por el Partido Acción Nacional (PAN).

En conferencia de prensa el gobernador del estado, comentó que la Fiscalía no le informó del asesinato de ambos aspirantes a la municipalidad de Maravatío. Dijo que quienes aspiren a un cargo de elección popular y sientan amenazas de algún grupo delictivo, informen y soliciten apoyo directamente con su gobierno.

Este martes 5 de marzo, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC) presentó un esquema de protección para precandidatxs. Será coordinado junto al instituto Nacional Electoral (INE).

Hasta ahora, dijo, hay 23 solicitudes de protección. Los gobiernos estatales se encargarán de brindar seguridad a candidaturas locales, y las de presidencia, gobernaturas y diputaciones del Congreso de la Unión estarán bajo protección del gobierno federal.

Al menos tres precandidates LGBT asesinades en lo que va de 2024

En enero de este año Agencia Presentes reportó los asesinatos de Samantha Gómez Fonseca y Miriam Ríos. Ambas mujeres trans aspiraban a un cargo de elección popular para estas elecciones. Con el asesinato del aspirante Miguel Ángel Zavala suman tres personas LGBT asesinadas que buscaban un puesto político en este proceso electoral 2023-2024.

“Las condiciones de inseguridad están afectando a las personas LGBT. Ya lo vimos con Miriam Ríos en Jacona, ahora con el doctor Zavala en Maravatío, que parece más un asunto electoral. Pero esto atraviesa a las poblaciones más cuando hablamos de acciones afirmativas en donde los partidos políticos se niegan a ceder espacios. Estas condiciones inhiben la participación política en un estado donde los temas de seguridad son tratados con desdén por parte de la autoridad estatal. Y en dónde el gobernador dice ‘no vayan a pedir permiso con los malos porque así les va a ir’. En vez de abonar a una cultura democrática y de ejercicio de ciudadanía, lo dificulta”, dijo a Presentes, el activista Raúl Martínez Rojas, integrante de Michoacán es Diversidad y del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio.

En lo que va del 2024, se registraron al menos 48 asesinatos contra personas que buscaban un puesto de elección popular en el actual proceso electoral en México. Los datos fueron difundidos por Data Cívica en su sitio Votar Entre Balas.

Sin datos de cómo afecta la violencia política a candidates LGBT

En México desde hace varios procesos electorales ha aumentado la violencia política, entendida como actos que buscan “dañar o menoscabar el goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía al votar, ser votada(o), en el ejercicio de un cargo público y/o en afiliación/asociación”, según define el Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunque el INE cuenta con acciones afirmativas respecto a candidaturas de personas pertenecientes a poblaciones históricamente vulneradas, entre ellas las personas LGBT, no hay un observatorio para conocer cómo la violencia política afecta a estos grupos.

Al respecto de grupos históricamente vulnerables, el INE únicamente cuenta con un protocolo de atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género y un Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS).

A nivel federal no hay una institución que recabe datos sobre la violencia política. Sin datos oficiales es complejo definir que exista una motivación por odio o prejuicio en contextos electorales cuando las personas candidatas son parte de la diversidad sexual.

No son hechos aislados

Miguel Ángel Zavala Reyes era médico en una clínica de Michoacán.

En los últimos procesos electorales se ha documentado el incremento de violencia y cómo ésta “se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influenciar la vida pública de estados y municipios”, informa Data Cívica.

De 2018 a lo que va de 2024 registraron en México 1693 actos de violencia electoral, según los datos recabados por la organización Data Cívica.

Los datos históricos que elabora Data Cívica sobre violencia electoral reúnen asesinatos, desaparición, amenazas, ataques armados, atentados y secuestros. Todos ellos dan cuenta que sucede sobre todo a nivel municipal y el 78.1% de las víctimas son hombres. Y que es en Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca en dónde más ha ocurrido esta violencia.

Una investigación elaborada por Crisis Group, una organización no gubernamental independiente que investiga territorios con recurrencia de conflictos violentos, afirma en este artículo que “las elecciones mexicanas son más que una competencia entre candidatos por el respaldo popular. También son un foro para que los grupos criminales obtengan, prolonguen y consoliden su acceso al poder estatal”.

Y que Michoacán es, desde el inicio de la estrategia de seguridad militarizada conocida como “guerra contra el narcotráfico” instaurada en 2006 por el expresidente Felipe Calderón, uno de los estados más violentos, también, durante los procesos electorales.

“Un proceso electoral donde la seguridad no es pilar central genera una inhibición del voto de la ciudadanía”

En la última semana los líderes en Michoacán del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) informaron que al menos cuatro y tres aspirantes, respectivamente, decidieron no participar en las elecciones por las condiciones de inseguridad en Michoacán durante este periodo electoral 2023-2024.

“Tenemos que insistir en el tema de seguridad. Un proceso electoral donde la seguridad no es pilar central pone en riesgo no solo a los candidatos y las candidatas, y genera una inhibición del voto de la ciudadanía para que pueda salir a un proceso electoral, incluso durante las campañas. Y que puedan acercarse con seguridad a escuchar propuestas de los candidatos, las candidatas. También hay que voltear a ver a la ciudadanía, ¿qué escenario le estamos ofreciendo para que escuchen las propuestas de quienes hoy quieren gobernar o legislar nuestro estado, nuestro país?”, agregó Raúl Martínez Rojas.

Geo González

Fuente Agencia Presentes

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