“No se puede dejar solo al alumnado frente a problemas de integración, discriminación y rechazo”. Así se expresaba Luciano Alonso, consejero andaluz de Educación, cuando presentaba el pasado mes de junio el protocolo de actuación para menores transexuales que deberán seguir los colegios e institutos financiados con fondos públicos. En este sentido, más de 30 familias andaluzas, con hijos transexuales que no han alcanzado la mayoría de edad, se han reunido este fin de semana en Sevilla. El objeto de la cita ha sido analizar el nuevo contexto legal, tras la entrada en vigor de la ley integral de transexualidad, y manifestar la necesidad de apremiar la aprobación de la orden que obligue al cumplimiento del citado protocolo de actuación en todos los centros públicos y concertados de las diferentes etapas educativas de la comunidad autónoma.

El verano comenzó con buenas noticias para el colectivo LGTB de Andalucía, ya que el Parlamento regional aprobaba la proposición de ley para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, presentada por los grupos parlamentarios socialista y de IULV-CA. Una relevante noticia en materia de igualdad y de derechos, fruto del esfuerzo y de la lucha del activismo de las organizaciones trans andaluzas. Solo unos días después de la aprobación de la ley, el consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, anunciaba el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz.

La finalidad del protocolo es poder establecer las oportunas orientaciones y pautas de intervención para una adecuada atención educativa al alumnado transexual, así como garantizar el libre desarrollo de su personalidad. La norma, entre otros aspectos, recoge la necesidad de que el centro acuerde con la familia el nombre con el que dirigirse al alumno, además de respetar su libre elección de la indumentaria y el uso de los aseos en función de su identidad.

Por todo ello, ahora que se acaba el verano y comienza un nuevo curso escolar, ATA Sylvia Rivera (Asociación de Transexuales de Andalucía) y la organización Chrysallis Andalucía, han celebrado una reunión en Sevilla, con más de 30 familias con menores trans, para exigirle a la Junta que acelere la tramitación de la orden para que el protocolo de actuación pueda empezar a aplicarse cuanto antes. Mar Cambrollé, presidenta de ATA Sylvia Rivera, ha expresado sobre esto que “el libre desarrollo de la personalidad  y el respeto a la identidad de género de los menores trans, no pueden depender de la ‘gracia’ y la ‘voluntad’ de los centros educativos”. Por este motivo se justifica la “urgente la aprobación de la Orden que  obligue a su cumplimiento y convierta  el carácter ‘graciable’ que actualmente presenta este protocolo en un ‘derecho’ para todos  los menores trans de Andalucía”.

Por su parte, la presidenta de Chrysallis Andalucía, Pilar Sánchez, se ha lamentado de que el procolo no esté ya vigente, porque este hecho ha provocado “algunos problemas de desinformación a nivel de Centros y de toda la comunidad educativa” que, además, está generando “un gran desgaste  para estas familias”. En el encuentro entre familias y entidades LGTB también han partidipado la diputada de Izquierda Unida Alba Doblas, miembro de la Comisión de Igualdad del Parlamento de Andalucía, y Juan Gavilán, antropólogo y profesor de la Universidad de Málaga.

Impedir casos como el de la niña discriminada en Málaga

La ley integral de transexualidad en Andalucía es la tercera de estas características que se aprueba en España, tras las de Navarra y Euskadi, aunque es sin duda el marco legislativo más amplio y ambicioso que se desarrolla en una cámara autonómica, a falta de una norma de carácter estatal que garantice la igualdad de todos los ciudadanos con independencia de su territorio de origen o de residencia.

Meses antes de la probación de la ley andaluza y del anuncio por parte de la Junta del protocolo de actuación en los colegios e institutos públicos y concertados, asistimos a lamentables sucesos tránsfobos como el de Gabi, la niña transexual a la que un colegio religioso concertado de Málaga se negó a respetar su identidad de género. La familia de Gabi deció llevar el caso ante los tribunales, basándose en que el centro ignoró los informes y “manifestaron una posición intransigente que consistió en tratar a Gabi de manera particular, señalándola como diferente”. El colegio, además, se jactó de que, con independencia de cualquier informe, “nunca trataría a la menor de manera acorde a su condición femenina”.

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Riley Matthew Moscatel

Triste historia la que nos llega desde Croydon, en Pensilvania (Estados Unidos), donde un adolescente transexual se ha quitado la vida arrojándose frente a un tren en marcha. Riley Matthew Moscatel, de 17 años, había salido del armario como chico hace unos meses. Contaba con el apoyo de sus amigos y de su familia, que sin embargo se encontraba aún en proceso de aceptación y seguía dirigiéndose a Riley como si fuera una chica.

Según algunos amigos, Riley, que se había cortado el pelo y trataba de disimular sus pechos, se encontraba frustrado por las dificultades de acceder a tratamiento hormonal hasta los 18 años, edad que no había cumplido todavía. “Me veis como la persona más feliz del colegio, pero soy un prisionero de mi propio cuerpo”, escribía el adolescente en una nota que dejó colgada en su perfil de Instagram antes de morir. Un texto (cuyo pantallazo insertamos abajo) que impresiona y nos permite adivinar el sufrimiento que Riley sentía.

La muerte del joven quizá podría haberse evitado de existir una mayor sensibilidad social hacia la realidad de los menores transexuales, aún muy incomprendida con independencia de que hablemos de Estados Unidos, España o de otros países. Es imposible saberlo: todo apunta a que el joven padecía una depresión pese a contar con una red de apoyo familiar y social, y que en su situación emocional pesaban también otros factores, como las altas expectativas que familia y amigos parecían tener sobre su futuro.

En cualquier caso, una de las enseñanzas que podemos extraer de la historia de Riley, por ejemplo, es la importancia de detalles que desde fuera pueden parecer menores, como por ejemplo el uso de los pronombres. Su propia madre, devastada por la muerte de su hijo, seguía refiriéndose a él en femenino en declaraciones a la prensa. Algo que parecía disgustar especialmente a Riley. “Vosotros decís ‘ella’, ‘hija’, y yo no digo nada”, expresaba en su nota, que terminaba con un doloroso “siento no ser la hija que queríais. De vuestro amigo/HIJO [en mayúsculas en el original], Riley Matthew Moscatel”.

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Una estudiante transexual de tan solo 13 años ha denunciado que su escuela no le permitía regresar este curso con su nueva identidad de género. Hasta ahora, Rachel Pepe había acudido a la escuela secundaria Thorne, en Middletown (Nueva Jersey), como Brian. Pero hace cinco meses salió del armario como chica transexual, tras años de soledad y depresión, y fue en ese momento cuando su madre, Angela Peters, comunicó a la escuela que su hija volvería a las aulas el próximo curso como Rachel y no como Brian. Para su sorpresa, el centro les comunicó que no podría hacerlo y que tampoco encontrarían otra escuela que se lo permitiese. Según los expertos, esta decisión supone una violación de las leyes federales y estatales contra la discriminación.

“Sentía que me faltaba algo, que algo andaba mal“, ha declarado Rachel en relación a su identidad de género. “Pero fue hace poco cuando me di cuenta de que lo que quería era ser una chica”, añadía, explicando que escogió el nombre de Rachel porque “le encajaba“. Angela Peters, por su parte, ha explicado que su hija ha sufrido una auténtica depresión. “Y no puedo enviarle como Brian porque volvería a entrar en depresión de nuevo”, añade preocupada. “Se bajaba del autobús llorando. Luego sea costaba durante 17 ó 20 horas y se negaba a volver [a la escuela]. “Una madre sabe cuando algo va mal”, asegura Peters.

Muchas han sido las excusas esgrimidas para justificar la negativa. Un funcionario le dijo a la madre que el centro no estaba equipado para atender a una estudiante transexual. También le argumentaron que “no pueden llamarla Rachel porque en su certificado de nacimiento pone Brian“. Sin embargo, Peters asegura que la escuela permite el uso de apodos. Por si esto fuera poco, también le comentaron que su hija podría alterar la relación chico-chica en la escuela y que los exámenes estandarizados requieren el nombre y el sexo legal.

Tras la polémica, marcha atrás

William O. George, superintendente del distrito escolar, anunciaba sin embargo este lunes que trabajaría con el equipo del centro para garantizar que Rachel pueda volver. También aseguró que el personal de las escuelas públicas de Middletown recibiría una formación especial en materia LGTB.

Andrea Bowen, directora ejecutiva de la organización Garden State Equality, ha felicitado al superintendente George “por dar los pasos correctos para garantizar la seguridad y la salud de los estudiantes”. “Esta es una victoria para los estudiantes transexuales de todo el mundo”, añadía. Rachel, por su parte, desea que su historia pueda ayudar a otros adolescentes que estén viviendo la situación que ella ha vivido. Se da la circunstancia de que el pasado mes de abril el Departamento de Educación de Estados Unidos aclaró que el Título IX, la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en la educación, se extendía también a los estudiantes LGTB.

En cualquier caso, la falta de sensibilidad respecto a la realidad de los menores transexuales en los centros educativos parece ser un problema que no conoce de fronteras. Ahora ha sido en Estados Unidos, pero no debemos olvidar lo sucedido hace pocos meses mucho más cerca: en Málaga, donde una menor transexual que acudía a un colegio religioso concertado (es decir, subvencionado con fondos públicos) se vio obligada a trasladarse de centro, pese a lo cual el colegio vio renovado su concierto (aunque la entrada en vigor de la ley integral de transexualidad en Andalucía y el nuevo protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz deberían hacer imposible su continuidad si persiste la misma actitud).

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Como ya habíamos anunciado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha presentando este viernes el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz, que establece medidas para prevenir, detectar y evitar acciones discriminatorias en los centros sostenidos con fondos públicos.  Con la presentación de este protocolo culmina una semana histórica para el colectivo transexual en Andalucía, en la que también ha sido aprobada una avanzada ley integral de transexualidad.

El protocolo tiene como objetivo establecer orientaciones y pautas de intervención para una adecuada atención educativa al alumnado transexual así como garantizar el libre desarrollo de su personalidad. Así por ejemplo, en los casos que se requiera, la comunidad educativa del centro escolar se dirigirá al alumno o alumna con el nombre que acuerde la familia con la dirección del colegio o instituto. También se adecuará la documentación administrativa del centro (listas de clase, boletín informativo de calificaciones, carnet de estudiante…) en aquellas situaciones en la que se estime conveniente, considerando el género con el que se siente identificado el alumno o la alumna. Además, se garantizará la libertad en el uso de la vestimenta con la que el estudiante se sienta identificado. Si en el centro es obligatorio vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del escolar a vestir con ropas o uniforme femenino o masculino, en función de la identidad de género manifestada.

Otra de las medidas previstas en el documento es que se eviten realizar actividades diferenciadas por sexo en los colegios y en los casos en el que centro no disponga de aseos o vestuarios unisex, se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos que le corresponda de acuerdo con su identidad de género.

El consejero de Educación ha explicado que el protocolo se ha desarrollado al amparo de un marco normativo “amplio y garantista”, en referencia a la reciente aprobación en el Parlamento andaluz de la ley integral de transexualidad. Asimismo ha avanzado que el siguiente paso es establecer el desarrollo normativo de esta ley por lo que se refiere a la atención a este alumnado. Para ello, se modificará la orden de 2011 que regula otros protocolos relativos a convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, con lo que quedará “completamente garantizada la obligación del cumplimiento del protocolo” por parte de todos los centros públicos y concertados y en todas la etapas educativas. Andalucía blindará así su sistema normativo contra episodios de discriminación tránsfoba como el sucedido hace unos meses en Málaga, donde una niña transexual se vio obligada a abandonar un colegio religioso concertado que se negó a respetar su identidad de género.

“Esta medida no viene a ampliar derechos ni a reconocer privilegios, solo viene a garantizar que las personas transexuales, por su diferencias, diversidad y circunstancias personales, no tengan menos derecho que el resto de los ciudadanos”, ha declarado Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), colectivo que han colaborado en la elaboración del protocolo.

Un verdadero ejemplo de progreso en materia LGTB

Si en ocasiones anteriores nos hemos mostrado críticos con algunas de las actuaciones de la Junta de Andalucía por su falta de energía, en esta ocasión no podemos sino felicitar a dicho organismo y a las fuerzas políticas que la gobiernan, PSOE e IULV-CA, que han demostrado que cuando existe voluntad política real es posible adoptar decisiones efectivas en favor de los derechos LGTB que vayan más allá de gestos meramente simbólicos.

También debemos hacer extensiva dicha felicitación a los colectivos trans andaluces, que tanto han luchando por conseguir un marco normativo que hasta donde llega el nivel competencial de la comunidad autónoma andaluza es uno de los más avanzados del mundo. Esperemos ahora que su implementación práctica se haga lo más rápida y eficazmente posible.

Fotografía Nuevos Republicanos 1905

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“La emisión es un ejemplo de la miseria moral e ideológica que consume a la radio televisión pública”, opinaba La Gaceta, el fracasado diario de Intereconomía que mantiene sin embargo su versión digital, y que responsabiliza del programa a dos directivos de La 2 “heredados de la etapa en la que Luis Fernández presidía el entonces ente público y Zapatero ocupaba el Palacio de la Moncloa”.

Más rabia mostraba incluso la organización ultraconservadora HazteOír, enfurecida porque Televisión Española se haya “dedicado a promocionar la más perversa ideología de género, aquella que se encamina a convertir a nuestros hijos, ya desde las edades más tempranas, en meros conejillos de indias de la reingeniería social”. “El Proyecto Zapatero no ha muerto, ni mucho menos, con la llegada del PP al Gobierno”, afirma HazteOír…

Por mal que haya sentado a los tránsfobos recalcitrantes, lo cierto es que El sexo sentido, documental producido por Televisión Española y emitido el 15 de junio por La 2, es un excelente trabajo y un magnífico ejemplo del servicio público que se supone debe ejercer una cadena estatal. Si no pudiste verlo en su momento, o si nos sigues desde fuera de España, el programa ya está disponible en la web de Televisión Española, pinchando aquí.

Y pinchando aquí tienes además acceso a otros contenidos relacionados con el documental.

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Exigen responsabilidades políticas por un caso de acoso homofóbico a un menor en el colegio

El colegio concertado Nuestra Señora de Montserrat, de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), ha sido condenada a indemnizar a un alumno con 50.770 euros por el acoso homófobo que de forma continuada recibió durante cuatro cursos. “El centro escolar disponía de datos y observaciones que suficiente y debidamente analizados podían haber permitido prever y corregir los comportamientos de acosos que se produjeron a lo largo de los cursos”, determina la sentencia del juzgado de primera instancia de la localidad.

J. M. M. llegó a la escuela en 2004. Un año después comenzó a sufrir el acoso de sus compañeros por ser homosexual. “Me llamaban maricón”, explicó a la jueza. También denunció que recibía codazos y que lo intentaron hacer caer por las escaleras. La situación se fue agravando hasta que en 2007, en una excursión a un paraje natural, algunos compañeros intentaron arrojarlo del jeep en el que viajaban. La dirección del centro admitió en un informe que ese día se produjeron “pequeños incidentes”. Dos estudiantes que testificaron durante el juicio confirmaron sin embargo lo sucedido. “Lo intentaron echar del jeep y durante la hora de comer le intentaron meter un palo por el culo”, narraron. Ese día el chico acabó en urgencias por un cuadro de ansiedad. Sus compañeras también declararon que los insultos eran habituales y que sus acosadores “avisaban al resto de compañeros de que no lo tocaran porque se podían infectar”.

Tras este episodio, el colegio emprendió algunas medidas, como hablar con las familias y realizar charlas sobre la intolerancia, pero según determina ahora la sentencia en ningún caso se tomaron “medidas de control y vigilancia sobre los menores afectados en el incidente, ni tampoco ninguna medida disciplinaria”. En 2009 uno de sus compañeros colgó en un blog la foto del chico junto a mensajes homófobos y amenazas de muerte. Fue el episodio que precipitó la salida de J. M. M. del colegio. El chico necesitó tratamiento psiquiátrico durante más de dos años para recuperarse.

Según la directora, el chico era “poco tolerante” con sus compañeros

La directora del colegio llegó a negar en un informe que existiera acoso, responsabilizando al joven y a su familia de lo sucedido. Según afirmó, el joven “sobrevalora los hechos que le pasan en la escuela cuando los explica diariamente a la familia, pero no busca soluciones, ni tampoco el asesoramiento del tutor. Su demanda a la escuela consiste en llamar la atención del profesorado mediante quejas constantes del resto del grupo”. La directora consideró que el chico tenía una “actitud poco tolerante con el resto de sus compañeros”, lo que daba lugar a ser “poco aceptado”, así como que estaba “sobreprotegido” por su madre. Por lo que se refiere a los profesores, algunos minimizaron lo sucedido, aunque otros admitieron que habían tenido que interceder en alguna ocasión ante “acciones violentas” hacia la víctima.

La sentencia del juzgado de primera instancia de Cerdanyola considera sin embargo probado que “si desde el principio hubiera habido un seguimiento de la interrelación entre la víctima y el resto de alumnos por parte del centro escolar, con total seguridad se hubiera evitado el problema que afectó al menor”. El centro ya ha anunciado que recurrirá la sentencia.

J.M.M., que tiene ahora 19 años, recuerda su estancia en el colegio como un infierno. “Me hicieron la vida imposible. Me sentí humillado. Como una mierda. Me encerré en casa. Caí en una depresión y estuve a punto de suicidarme”, explica. Afortunadamente las cosas han cambiado: hoy día se encuentra bien, deseando empezar una nueva etapa en la universidad, y se muestra satisfecho con la sentencia. “Es un precio bajo para lo que pasé, pero estoy orgulloso por la lucha”, ha declarado.

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El próximo domingo 15 de junio La 2 de Televisión Española, en su programa Documentos TV, emite El sexo sentido, un documental de producción propia sobre menores transexuales que recoge diversos testimonios tanto de niños y niñas como de sus padres.

Historias como las de Ariel, de 5 años, hija de padre gitano; Patri, un chico de 11 años que observa con angustia los primeros cambios femeninos en su cuerpo; Edurne, de 17 años, tratada con inhibidores hormonales, por lo que su cuerpo nunca llegó a desarrollar caracteres masculinos y que espera con impaciencia poder someterse a la cirugía de reasignación genital… Estas y otras historias prometen ofrecernos un retrato de la realidad de los menores transexuales y de los diferentes problemas a los que ellos y sus familias se enfrentan a diario.

Álex explica su caso en el documental ’El sexo sentido’rtve

PRENSA RTVE 28.05.2014Televisión Española presenta el documental ‘El sexo sentido‘, una producción propia del programa de La 2 ‘Documentos TV‘, con guión de Concha Inza y realización de Manuel Armán. Desde una perspectiva social, médica y legal, este trabajo muestra la historia de menores transexuales, apoyados por sus familias, que reclaman ser tratados según el sexo con el que se identifican. Se preestrenará en Cineteca de Matadero Madrid el jueves 29 de mayo, dentro del ciclo ‘Somos documental‘, y llegará a La 2 el domingo 15 de junio en ‘Documentos TV’.

Entre los dos y los tres años los niños ya saben a qué sexo pertenecen. Uno de cada 10.000 hombres y una de cada 40.000 mujeres se sienten del género contrario al que fueron asignados al nacer. Los primeros signos de transexualidad pueden aparecer muy pronto. Las familias de todos los protagonistas del documental coinciden en que sus niños y niñas manifestaron, prácticamente desde que empezaron a hablar, con una insistencia y una firmeza sorprendente, que pertenecían al sexo contrario al de sus genitales.

Leo, uno de los protagonistas del documental ’El sexo sentido’rtve

Las familias se enfrentan a la situación de asimilar que tienen un hijo o hija transexual entre la sorpresa y la soledad. Todavía no existe una legislación específica sobre menores transexuales, aunque se trabaja para desarrollar iniciativas. A nivel médico, los bloqueadores de la pubertad son una opción para detener temporalmente el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios hasta iniciar un tratamiento con hormonas femeninas o masculinas. Pero no hay un criterio único para acceder a este tratamiento, lo que aboca a las familias a una búsqueda contra el tiempo.

‘El sexo sentido’ muestra a la primera generación de niños y niñas transexuales que, desde la primera infancia, están siendo capaces de decir cómo se sienten y de exigir ser tratados según el sexo con el que se identifican. El documental aborda esta realidad de la mano de expertos del Programa de Información y Atención a Homosexuales y Transexuales de la Comunidad de Madrid y de la Unidad de Identidad de Género del Hospital Clinic de Barcelona, entre otras entidades. También se acerca a los protagonistas de estas historias y a su entorno familiar, social y escolar.

‘El sexo sentido’ se preestrenará en Cineteca, dentro del ciclo ‘Somos documental’ el jueves 29 de mayo a las 20.30 horas. A la sala de cine ubicada en Matadero Madrid asistirán Concha Inza y Manuel Armán, guionista y realizador del documental, y algunos de sus protagonistas, que participarán en el coloquio posterior a la proyección.

El documental se estrenará en La 2 el domingo 15 de junio a las 23.00 en ‘Documentos TV’.

Por su parte, RTVE.es tiene disponible toda la información sobre este trabajo en www.rtve.es/somosdocumental. La web incluye un avance del documental y fotografías. Además, los usuarios tienen disponible una invitación para asistir a la proyección en Cineteca.

‘Somos documental’

El último jueves de cada mes, Cineteca, la sala de cine ubicada en Matadero Madrid, preestrena un documental que se emite posteriormente en La 2. Todos los títulos que se ofrecen están producidos o coproducidos por TVE. La cadena pública renueva cada año su compromiso con la producción de documentales y es uno de los principales promotores de este tipo de trabajos audiovisuales. Esta temporada se han ofrecido, dentro de este ciclo, ‘Quiero ser Messi’, ‘Y no llevaste luto por mí. El Cordobés’, ‘Albert Boadella, el código del buen juglar’, ‘Tolerancia Cero’, ‘Pertegaz, el hombre que vistió a los cisnes’ o ‘Gervasio Sánchez’.

Documentos TV se emite, según la web de Televisión Española, los domingos a las 23:00 horas. Os dejamos con un pequeño adelanto…

Fuente TVE

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 Un niño de cinco años ha sido expulsado de una escuela en Warwickshire en Reino Unido al aparecer vestido de princesa. 

Un centro dependiente de una parroquia de Rugby, en Inglaterra, ha prohibido a una madre llevar a su hijo de cinco años a su “club de juegos” mientras siga acudiendo vestido de princesa. La madre, que no entiende el problema, denuncia ser objeto de discriminación y así lo ha contado a los medios.

El niño, de nombre Romeo Clarke, acude cada miércoles por la tarde a un centro de juegos dependiente de la Rugby Christian Fellowship Church (una parroquia pentecostal local). Allí los niños de 5 a 7 años se entretienen durante hora y media a cambio de una libra semanal. A Romeo, que tiene tres hermanas mayores, le encanta vestirse de princesa, ponerse zapatos de tacón, pintarse las uñas y jugar con la Barbie, actitudes consideradas “femeninas” de acuerdo a los roles de género tradicionales. No consta, al menos no ha sido recogido por los medios, que Romeo tenga identidad de género femenina, y su madre sigue refiriéndose a él en masculino (criterio que por ello hemos seguido también). El niño acude al colegio con uniforme masculino y su madre intenta potenciar en él actividades extraescolares “masculinas”, como la escalada o la natación, pero sin imponérselo. “Ahora creo que quiere hacer ballet”, afirma su madre.

Es por eso que los responsables del centro se pusieron en comunicación con la madre, Georgina Clarke, y le dijeron que el niño no podía volver salvo que vistiera ropa masculina, para no causar “confusión” al resto de los niños. Los profesores decían que sus compañeros se sentían ofendidos por las vestimentas que traía el niño, ya que acostumbraba a venir vestido como una princesa Disney.Pero Clarke se niega a obligar a su hijo a dejar de vestir de princesa en sus momentos de juego. “Llevar vestidos es lo que le gusta, si le hace feliz para mí está bien”, afirma. Clarke también sostiene que ha hablado con algunos otros padres y a ninguno le preocupa el tema. Winston Morris, el padre de Romeo, también apoya a su hijo, a pesar de estar separado de su madre. “No me importa que se ponga vestidos. Él tiene que ser lo que quiera ser”, afirma, y asegura que el niño “no volverá” al centro que “le ha señalado”.

Bex Venables, una de las responsables del centro, afirma por su parte que “la información que Georgina Clarke está trasladando es incorrecta. El hijo de Georgina puede acudir al Buzz Children’s Club [el centro de juegos], pero se le ha pedido que vista ropa correspondiente al sexo que figura en su formulario de registro, que es masculino. Esta petición no es distinta de la que le hace su colegio, donde el viste uniforme de niño. El Buzz Children’s Club seguimos nuestras directrices para evitar cualquier confusión, posible conflicto o que el niño sea molestado por otros niños”.

Os dejamos con un vídeo de The Daily Mail que incluye declaraciones de la madre e imágenes del niño disfrutando con uno de sus vestidos rosas:

https://www.youtube.com/watch?v=kCf6pgZTPDU

Fuente Dosmanzanas

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Fuente El Tiempo

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Ya era hora… Leemos en Religión Digital: . estas palabras que han sido recogidas por todos los medios  (El País, Público, El Mundo…)

“Tenemos que ser muy fuertes. Con los chicos no se juega”, exclamó Francisco

Bergoglio clama contra los niños esclavo o el reclutamiento de menores soldado

Francisco pidió hoy perdón por los abusos sexuales cometidos con niños por “bastantes” sacerdotes y dijo que la Iglesia no dará ningún “paso atrás” al abordar esta cuestión. El pontífice precisó que no habrá “un paso atrás en lo que se refiere al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner”.

 “Tenemos que ser muy fuertes. Con los chicos no se juega”, exclamó el papa.

 Francisco interrumpió un discurso que tenía preparado para improvisar algunas palabras en las que pidió perdón por el mal perpetrado por sacerdotes a niños.

 “Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes, bastantes en número, no en comparación con la totalidad (han hecho). (Quiero) hacerme cargo de pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños”, afirmó el papa en español.

 Después prosiguió su discurso a la delegación de la Oficina Internacional Católica de la Infancia (BICE), a la que recibió en el Vaticano, explicando que “en una sociedad bien constituida los privilegios sólo deben ser para los niños y los ancianos, porque el futuro de un pueblo está en manos de ellos”.

 “Los niños porque ciertamente llevarán adelante la fuerza de la historia. Los ancianos porque son la sede de la sabiduría de un pueblo y tienen que aportar esa sabiduría”, agregó.

 Texto completo del discurso del Papa:

  Queridos amigos,

les doy las gracias por este encuentro. Aprecio sus esfuerzos en favor de los niños: es una expresión concreta y actual de la predilección que el Señor Jesús tiene por ellos.

A mí me gusta decir que en una sociedad bien constituida los privilegios sólo deben ser para los niños y los ancianos, porque el futuro de un pueblo está en manos de ellos. Los niños porque ciertamente llevarán adelante la fuerza de la historia. Los ancianos porque son la sede de la sabiduría de un pueblo y tienen que aportar esa sabiduría ¿no?

Podemos decir que el BICE nació de la maternidad de la Iglesia. En efecto, tuvo su origen a partir de la intervención del Papa Pío XII en defensa de los niños, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, esta organización se ha comprometido siempre en promover la defensa de los derechos del menor, contribuyendo también a la Convención de las Naciones Unidas de 1989. Y en esta labor colabora constantemente con las oficinas de la Santa Sede en Nueva York, en Estrasburgo y sobre todo en Ginebra.

Usted, con delicado espíritu de fineza, habló del buen trato. Le agradezco, esta expresión suave, pero me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes. Bastantes en número, no en comparación con la totalidad. Hacerme cargo de pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. La Iglesia es conciente de este daño; es un daño personal y moral de ellos, pero hombres de Iglesia. Y no vamos a dar un paso atrás en lo que se refiere al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner, al contrario. Creo que debemos ser muy fuertes. Con los chicos no se juega.

En nuestros días, es importante llevar adelante los proyectos contra el trabajo esclavo, contra el reclutamiento de niños soldados y cualquier tipo de violencia sobre los menores.

Dicho en positivo, es preciso reafirmar el derecho de los niños a crecer en una familia, con un padre y una madre capaces de crear un ambiente idóneo para su desarrollo y su madurez afectiva. Seguir madurando en la relación y confrontación con lo que es la masculinidad y la femineidad de un padre y de una madre y a seguir así madurando, ir armando su madurez afectiva.

Esto comporta al mismo tiempo apoyar el derecho de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos. Y en este punto quisiera manifestar mi rechazo a todo tipo de experimentación educativa con los chicos. Con niños y jóvenes no se puede experimentar. No son cobayas de laboratorio Los horrores de la manipulación educativa que hemos vivido en las grandes dictaduras genocidas del siglo XX no han desparecido; conservan su actualidad bajo ropajes diversos y propuestas que, con pretensión de modernidad, fuerzan a caminar a niños y jóvenes por el camino dictatorial del “pensamiento único”.

Me decía hace un poco más de una semana un gran educador: a veces uno no sabe si con estos proyectos – se refería a proyectos concretos de educación – uno manda al chico a la escuela o a un campo de reeducación.

Trabajar por los derechos humanos presupone mantener siempre viva la formación antropológica, estar bien preparados en la realidad de la persona humana, y saber responder a los problemas y desafíos que plantean las culturas contemporáneas y la mentalidad difundida por los medios de comunicación social. Obviamente no se trata de acurrucarnos en cobertizos de protección, que hoy día son incapaces de dar vida, que dependen de culturas que ya está pasadas… que… no eso no. Eso está mal. Pero enfrentar con los valores positivos de la persona humana los nuevos desafíos que nos traen las culturas nuevas.

Para ustedes, se trata de ofrecer a sus dirigentes y funcionarios una formación permanente sobre la antropología del niño, porque es ahí donde los derechos y las obligaciones tienen su fundamento. De ella depende el planteamiento de los proyectos educativos, que obviamente tienen que ir progresando tienen que ir madurando, tienen que acomodarse a los signos de los tiempos. Respetando siempre la identidad humana y la libertad de conciencia.

Gracias de nuevo. Les deseo un buen trabajo. Me viene a la mente el logo que la comisión de protección de niñez y adolescencia tenía en Buenos Aires, que Norberto conoce muy bien. El logo de la Sagrada Familia arriba de un burrito, escapando a Egipto, defendiendo ese Niño. A veces para defender hay que escapar. A veces hay que quedarse y proteger. A veces hay que pelear. Pero siempre hay que tener ternura. Gracias por lo que hacen»

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Otro terrible caso de acoso escolar homofóbico. Cinco menores, dos chicas y tres chicos, han sido detenidos en Málaga por varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía por acosar en clase y a través de las redes sociales a dos compañeros de instituto. Una de las víctimas es un chico que llevaba recibiendo insultos y vejaciones de carácter  homófobo desde junio de 2013. La otra era una amiga suya a la que atacaban por el simple hecho de defenderle.

La investigación se inició a principios de marzo tras la denuncia presentada por las madres de las dos víctimas que declaraban que sus hijos, menores de edad, estaban siendo acosados por otros jóvenes, tanto en el instituto donde todos estudiaban como a través de las redes sociales. Según la Policía, la situación de acoso llegó a ser “tan insoportable” que incluso una de las víctimas llegó a plantearse dejar los estudios si tenía que continuar acudiendo al mismo instituto que sus agresores. Y si uno de los menores faltaba a clase por encontrarse indispuesto, el otro tampoco acudía al instituto por temor a sus compañeros.

Al hilo de lo sucedido, la Policía Nacional ha aprovechado para recordar la puesta en marcha de la campaña “Todos contra el acoso escolar” para concienciar de la importancia de frenar estas conductas violentas en las aulas, difundiendo mensajes y vídeos a través de sus redes sociales. También se ha habilitado el correo seguridadescolar@policia.es para denunciar, de forma confidencial, los casos de violencia.

Los agentes especializados que acuden a los centros escolares indican a los alumnos que si son víctimas de acoso pidan ayuda. Además, hacen hincapié en la importancia de concienciar a la víctima de que no es inferior a nadie y crear pautas correctas para responder a las amenazas, humillaciones o maltrato del acosador. Por último, insisten en la necesidad de que si alguien es testigo de acoso no actúe como cómplice, y que si reciben vídeos o fotos en las que se humilla a un compañero, se denuncie.

Precisamente hace pocos meses se daba a conocer el informe “Diversidad y convivencia en los centros educativos”, que recogía la preocupante situación de las víctimas de acoso escolar homofóbico en España. Una triste realidad que está más latente que nunca y ante la cual la comunidad educativa debe dejar de mirar para otro lado.

Fuente Dosmanzanas

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Montserrat Magnien, madre de Carla, con un retrato de su hija. El Mundo, Carlos García Pozo

La Fiscalía de menores de Oviedo ha sobreseído el caso del suicidio de Carla Díaz, una adolescente de 14 años que en abril de 2013 se quitó la vida tras ser víctima de acoso, entre otros motivos, por su orientación bisexual. Carla estudiaba en el colegio Santo Ángel de la Guarda, un centro católico concertado. El colectivo LGTB asturiano XEGA ha considerado “inaudito” que se archive el caso sin diligencia probatoria alguna, lo que impide a la madre de Carla, Montserrat Magnien, ejercer la acusación particular y la priva de su derecho a que se investigue lo sucedido en profundidad.

El colectivo asturiano ha emitido un comunicado en el que muestra su apoyo incondicional a la familia de Carla y a sus abogados, Luis Manuel Fernández y Leticia de la Hoz, que con la colaboración de la Asociación Contra el Acoso Escolar solicitarán la reapertura de la causa. “XEGA exige que las autoridades educativas de Asturias indaguen también este caso, por si el centro educativo ha cometido algún tipo de actuación no conforme a la ley, y en todo caso, espera que este lamentable hecho reafirme a la Consejería de Educación en su compromiso con la erradicación de cualquier forma de acoso escolar y muy en especial el que se basa en la orientación sexual o identidad de género de los menores acosados”, añade la nota.

Carla Díaz, que presentaba estrabismo y que había hecho pública su condición de bisexual, se suicidó el 11 de abril de 2013 saltando desde un acantilado de Gijón después de ser acosada en su colegio. Según explica el diario El Mundo, agentes policiales recogieron en su momento el testimonio de una de sus compañeras según la cual “a raíz de hacerse pública su condición de bisexual (…) comenzaron a meterse con ella, llegando a insultarla con frases tipo: bollera, virola [bizca] y otras frases similares, e incluso en una ocasión le arrojaron agua procedente de los baños. (…) Ella no entendía por qué estas personas se metían con ella si nunca les había hecho nada”.

Los indicios de acoso parecen claros

El Mundo ha tenido acceso al atestado policial, a los testimonios de las menores en comisaría, a documentos internos del colegio Santo Ángel de la Guarda y a algunos de los mensajes que se intercambiaron las compañeras de Carla en las redes sociales tras su muerte. Si algo parece desprenderse de toda esta documentación son los indicios de que Carla Díaz sufrió un brutal acoso. O al menos esa es la percepción que tenían parte de sus compañeras. “Carla se suicidó por tu culpa”, “todo el SAG [el colegio Santo Ángel de la Guarda] se metía con ella” o “Yo sí, me metí con ella, le pegué, nos pegamos, pero, y? fui la única persona acaso? Creo que no, eh, hay mucha gente más que ahora no da la cara, que hizo lo mismo, incluso peor que yo”, son algunos de los comentarios recogidos. Es más, según ha explicado la abogada Leticia de la Hoz a La Nueva España, “en este caso se da una circunstancia que no se suele dar en otros y es que tenemos varias actas de reuniones de la madre con la tutora del centro en las que por escrito se habla de acoso escolar. Le ponen nombre al problema y ese documento nos parece fundamental a la hora de razonar nuestra nueva denuncia”.

Carla, de hecho, ya había comenzado a autolesionarse haciéndose cortes en las muñecas meses antes de quitarse la vida. “A partir de los cortes no la dejábamos un minuto sola, la llevábamos al colegio y la íbamos a buscar. Empezó a saltarse clases, a bajar el rendimiento. Sabía que pasaba algo en clase, pero no sabía el qué. Luego supe lo que fueron esos dos años para ella: la insultaron, le hicieron daño, la persiguieron, vi un vídeo en el que aparecen unas crías riéndose diciendo que le pegaban porque les salía de los cojones. Crearon un muñeco virtual muy feo, bizco, y le pusieron de nombre Carla, el monito Carla… Es muy duro saber que estaba pasando esto y nadie hizo nada”, explica su madre.

“Hicieron con Carla lo mismo que con Jokin. La obligaron a matarse. Es terrible”, ha declarado Encarna García, presidenta de la Asociación Contra el Acoso Escolar, que se plantea la posibilidad de denunciar por prevaricación al fiscal de menores de Oviedo, Jorge Fernández. Encarna García se refiere al antecedente de Jokin Ceberio, el adolescente vasco de 14 años que se suicidó en 2004 tras sufrir acoso y cuyo caso recibió gran atención mediática.

Fuente Dosmanzanas

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El Ayuntamiento de Málaga exige a la Junta andaluza elaborar un protocolo de atención a menores transexuales en colegios

La familia de Gabi, la niña transexual a la que un colegio religioso concertado de Málaga se negó a respetar su identidad de género, ha presentado una querella por denegación de la prestación de servicio público de causa discriminatoria contra la directora del centro y contra el obispo de Málaga, Jesús Catalá, en calidad de presidente de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, a la que pertenece. Según la querella, estos ignoraron en todo momento los informes médicos y psicológicos de la menor y mostraron al respecto una posición intransigente.

La querella explica que todos los profesionales consultados coincidieron en que es absolutamente necesario reconocer a la niña, cuya identidad femenina está plenamente asentada, el género que siente como propio. La familia aportó al colegio los informes en los que constaba que la niña ha sido diagnosticada de “disforia de género”, término que la medicina sigue todavía utilizando para referirse a la realidad transexual, junto a otros documentos, con el fin de que el centro “comprendiera la identidad de género de la menor y procediera respetuosamente en consecuencia”. Sin embargo, tanto el colegio como la fundación “consideraron este asunto como una cuestión de principios” e ignorando los informes “manifestaron una posición intransigente que consistió en tratar a Gabi de manera particular, señalándola como diferente” dejando además claro que con independencia de cualquier informe “nunca tratarían a la menor de manera acorde a su condición femenina”.

Para la familia, queda claro que los querellados, más que poner en duda los informes, “en realidad han actuado como si no creyeran en la existencia misma de la realidad a la que se refiere el término técnico ‘disforia de género’”. A la niña se le asignó el servicio de minusválidos y se manifestó a la familia que, aunque podía ir en ropa deportiva, “no se le permitiría utilizar el uniforme que usaban el resto de sus compañeras”. Es más, tras una reunión entre las partes se apuntó a la familia que en caso de acudir vestida de niña no le impedirían la entrada pero la “acogerían en una sala” y le dirían a la madre que no llevaba el uniforme adecuado.

Hechos que para el abogado de la familia, Oliver Roales, son claramente constitutivos “de una auténtica prohibición de acceso a las aulas” por lo que considera que se ha producido un delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio, consumado cuando se produjo la “expulsión de facto” (la familia se vio obligada a trasladar a la menor de colegio).

Un caso lamentable

Como hemos recogido en entradas anteriores, la Fiscalía decidió en su momento el archivo de la investigación que había abierto al considerar que la actitud del centro no era constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente. La Unión Progresista de Fiscales llegó por cierto a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, y que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

En paralelo, la Consejería andaluza de Educación anunció en diciembre la apertura de un expediente al centro que podía acabar con la retirada del concierto. Sin embargo, hace una semana se conocía que Junta y colegio habían alcanzado un acuerdo por el que este solo era apercibido “por imponer la uniformidad obligatoria”. Pero el problema, conviene recordar, no era que a Gabi se le impusiera un uniforme obligatorio, sino que el uniforme que se le imponía era el masculino. En este sentido, la Junta andaluza se limitó a instar al centro a que además del respeto a la libertad de uso del uniforme se garantizara al máximo la convivencia “aceptando la identidad sexual del alumnado en la actividad interna del colegio”. De admitir de nuevo a la pequeña asegurando el máximo respeto a su identidad de género o resarcir el daño causado, nada.

De hecho, una vez firmado el acuerdo de conciliación la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria se permitió incluso desmentir a la Junta y explicar que el expediente con el que esta amenazó en diciembre al colegio no llegó ni siquiera a ser abierto. Respecto al episodio de discriminación tránsfoba, la Fundación no expresó rectificación alguna y argumentó que ya la Fiscalía había archivado el procedimiento.

Enfrentamiento entre IULV-CA y el consejero

La Junta de Andalucía, recordemos, está gobernada por una coalición entre PSOE e IULV-CA. En este sentido, es interesante el rifirrafe dialéctico que tuvo lugar hace unos días entre la portavoz para asuntos de igualdad del grupo parlamentario de IULV-CA, Alba Doblas, y el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso.

Doblas criticó la actitud de “postureo” de Alonso en este tema después de que este argumentara en el pleno del Parlamento andaluz que la actuación de su departamento se había basado “en la legalidad vigente”. Doblas sostuvo que existen motivos para retirar el concierto al centro y defendió que no se puede saldar un problema de derechos humanos con “una regañina”.

Fuente Dosmanzanas

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La Asociación de transexuales, indignada con el acuerdo entre la Junta andaluza y el colegio transfóbico de Málaga

“Veremos si la Junta transmite un mensaje de contundencia contra la discriminación o acaba por hincar las rodillas ante el obispado de Málaga y permite que lo sucedido se diluya en el tiempo como si nada hubiera pasado”. La frase es nuestra: la incluíamos en nuestra anterior entrada dedicada al tema, en la que expresábamos nuestro temor de que la Junta de Andalucía no se atreviera a retirar la subvención al colegio religioso de Málaga que se negó a respetar la identidad de género de una niña transexual, hasta el punto de que la familia se vio obligada a cambiarla de centro. Un temor que se ha visto confirmado este lunes. La Junta ha llegado a un acuerdo con el centro que salda el episodio con un simple “apercibimiento”. De admitir de nuevo a la pequeña asegurando el máximo respeto a su identidad de género o resarcir el daño causado, nada.

Como informamos hace poco más de dos semanas, la familia se vio obligada a sacar a Gabi, una niña transexual de siete años, del Colegio San Patricio. Se trata de un centro concertado (es decir, financiado con fondos públicos aportados en este caso por la Junta de Andalucía) dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, vinculada al Obispado de Málaga. El centro se negó desde principios de curso a respetar la identidad de género de la niña, negándose a que apareciera en las listas escolares con nombre femenino, a que pudiera vestir el uniforme de niña y a que fuera tratada de hecho como una niña en todas las actividades del centro.

Tras divulgarse la historia, la fiscal andaluza contra la violencia de género, Flor Torres, que amplió sus competencias para asumir también la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, abrió diligencias de investigación. El centro no dio marcha atrás y la Fiscalía decidió finalmente el archivo de la investigación al considerar que su actitud no era constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente. La Unión Progresista de Fiscales llegó por cierto a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, y que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

Mientras tanto la niña acudía a clase vestida de chándal, prenda que es igual en el caso de los niños y de las niñas, y solo se le permitía usar el baño de discapacitados. Pero según explicó el abogado de la familia, Oliver Roales, la situación se volvió ya insostenible, “no se le estaba tratando dignamente ni se le estaba proporcionando el derecho a la educación”. Para la familia, que tomó la decisión de sacar a la niña del centro “con todo el dolor de su corazón” se trató de hecho de una expulsión forzada.

Un acuerdo sobre la no obligatoriedad del uniforme

Tras conocer el abandono del centro por parte de la niña, la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia Alba, lamentó que fueran los “injustificados prejuicios ideológicos del centro docente” los que motivaron la decisión de la familia, que en todo caso “respetaba”. A la Junta, sin embargo, le quedaba un as en la manga. En diciembre Educación anunció la apertura de un expediente al centro que podía acabar con la retirada del concierto. Un procedimiento administrativo que ha seguido adelante… hasta ahora. Este lunes Junta y colegio alcanzaban un acuerdo por el que este simplemente era apercibido “por imponer la uniformidad obligatoria”. “El el caso de que el centro reincidiera en mantener dicha medida, la Junta de Andalucía iniciaría las actuaciones para proceder a la retirada del concierto educativo”, añadía el Ejecutivo andaluz. La Junta ha recordado al centro que la legislación vigente “especifica taxativamente que los centros no pueden exigir contraprestaciones, cargas o gastos económicos para las familias sin contar con la voluntad de estas, aspecto contemplado en los términos contractuales de los conciertos educativos”.

Aspecto sin duda muy loable, el de censurar la uniformidad obligatoria, pero que más bien parece una forma alambicada de soslayar el problema de fondo: la discriminación tránsfoba ejercida por el colegio. El problema no era que a Gabi se le impusiera un uniforme obligatorio, sino que el uniforme que se le imponía era el masculino. En este sentido, la Junta andaluza se ha limitado a instar al centro a que además del respeto a la libertad de uso del uniforme “se garantice al máximo la convivencia aceptando la identidad sexual del alumnado en la actividad interna del colegio”. Nos preguntamos qué grado de compromiso supone esto para el colegio. Si la pequeña Gabi volviera ¿se le permitiría vestir ropa de niña con total libertad? ¿se usaría su nombre femenino en las listas? ¿se le permitiría usar el baño de niñas?

La Fundación Diocesana, gran vencedora

El episodio se salda con la victoria clara de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, que una vez firmado el acuerdo de conciliación se ha permitido incluso desmentir a la Junta y explicar que el expediente con el que esta amenazó en diciembre al colegio no ha llegado ni siquiera a ser abierto. Respecto al episodio de discriminación tránsfoba, resulta significativo que la Fundación no exprese rectificación alguna y argumente que la Fiscalía archivó el procedimiento. No parece que exista propósito de enmienda.

Un final decepcionante, aún más si se tiene en cuenta que la decisión de sancionar al centro dependía de una administración gobernada por una coalición entre PSOE e IULV-CA, a la que se supone mayor sensibilidad a los derechos LGTB. Resulta en cualquier caso poco creíble que la Junta no dispusiera de suficiente margen de maniobra como para haber forzado un acuerdo más favorable a los intereses de la menor discriminada.

Fuente Dosmanzanas

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La pasada semana se presentó la investigación Homofobia en las aulas: ¿Educamos en la diversidad?, investigación llevada a cabo por voluntarios del colectivo madrileño COGAM durante el curso 2012/2013 en 37 centros educativos de la comunidad de Madrid. Se trata del estudio más amplio realizado hasta la fecha en Madrid sobre homofobia y bifobia escolar, y los datos que arroja son muy preocupantes: de todos aquellos alumnos de entre 12 y 17 años que se definen como no heterosexuales, el 80 % oculta su orientación por miedo al rechazo. Y es que 1 de cada 10 de los que la han revelado sufre agresiones físicas.

Leemos en el Huffington Post que ya no se puede mirar hacia otro lado. Ahora ya tenemos cifras que ponen de manifiesto sin dudar lo que tantas veces hemos denunciado. El 32% del alumnado piensa que se discrimina a los alumnos con orientación sexual diferente a la heterosexual. Así lo demuestra la Investigación Homofobia en las Aulas: ¿educamos en la diversidad afectivo-sexual?, llevada a cabo por el Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), a través de encuestas realizadas a más de 5.200 alumnos de entre 12 y 17 años repartidos en 37 centros educativos de la Comunidad de Madrid. Se trata, por tanto, de una muestra lo suficientemente amplia como para que se empiece a abordar esta intolerable situación con la seriedad que merece.

Si bien es cierto que se ha conseguido mucho en los últimos años -matrimonio igualitario (2005), ley de identidad de género (2007), etc.-, lo cierto es que aún queda mucho por hacer para alcanzar la plena igualdad real de las personas homosexuales, transexuales y bisexuales. Esta es la principal conclusión que se deriva del estudio referido. La discriminación por orientación sexual e identidad de género sigue muy presente en nuestra sociedad, y, de manera singular, muchas veces dramática, en los centros educativos.

 El estudio presentado en COGAM recientemente analiza siete dimensiones o variables de la homofobia: prejuicios, comportamiento homófobo, rechazo familiar, discriminación en el centro educativo, rechazo por parte de los compañeros, actitud del profesorado y agresiones físicas. Más del 90% del alumnado LGB percibe rechazo hacia la homosexualidad en al menos una de estas dimensiones.

 Son muchos, en efecto, los alumnos que consideran que “las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo son reprobables”. De igual manera, son numerosos los alumnos que opinan que los homosexuales y bisexuales son “seres inferiores”, que no están capacitados para ocupar determinados puestos de trabajo, o que la transexualidad es una enfermedad. Como dato curioso, los varones bisexuales con progenitores de origen extranjero son los más susceptibles de ser víctimas de acoso de carácter homofóbico y, además, son quienes más rechazo experimentan.

 Urge hacer frente a esta situación. La sociedad, los progenitores y, especialmente, los poderes públicos tienen que empezar a actuar para mostrar la realidad de esta comunidad, fomentando el respeto y la convivencia entre todas las personas con independencia de cuál sea su orientación sexual o identidad de género.

 En el ámbito doméstico, son muchos, a día de hoy, los alumnos que creen que serían rechazados por sus familias. Particularmente, el 78% del alumnado que manifiesta rechazo hacia las personas LGTB piensa que, a su vez, sería rechazado por su familia si fuera homosexual, transexual o bisexual. Este dato demuestra que aún existen muchos núcleos familiares que no educan a sus hijos en la igualdad, mostrándoles, probablemente, que “lo normal” es ser heterosexual y que todo lo que no se ajusta al orden heteronormativo merece ser rechazado. De ahí la necesidad de poner en práctica campañas dirigidas a los progenitores y orientadas a garantizar que los adolescentes puedan desarrollar libremente su sexualidad, sin miedo a ser discriminados o rechazados por sus familias.

 En relación con los docentes es alarmante que prácticamente el cincuenta por ciento del alumnado encuestado considere que casi la mitad de los profesionales de la educación tienen una actitud pasiva ante los ataques o agresiones homófobos. Cuanto mayores son los alumnos más críticos se muestran con esa actitud pasiva. El profesorado necesita herramientas para poder actuar con criterio ante situaciones de discriminación por motivo de raza, sexo, religión u orientación sexual o identidad de género. Los docentes son un pilar esencial en la labor educativa de la sociedad; de hecho, es por todos sabido que muchos alumnos toman como referencia a sus profesores, llegando a imitar su actitud y comportamiento.

 Casi 90 de cada 100 adolescentes LGB viven en el armario por miedo a ser agredidos física o psíquicamente. Son también clara mayoría los que piensan que dar a conocer una orientación sexual diferente a la heterosexual multiplicaría por tres la posibilidad de sufrir agresiones verbales o físicas en su centro educativo. Además, los alumnos críticos con las agresiones hacia la comunidad LGTB no actúan al respecto por miedo a ser el próximo objetivo de burla. El temor al contagio está muy extendido entre los adolescentes, hasta el punto de que constituye el principal obstáculo a la hora de generar un círculo amistoso entre los compañeros de clase, lo que condena al aislamiento a muchos jóvenes LGTB.

 Todo estos datos, junto con muchos otros recogidos en la Investigación Homofobia en las aulas, ofrecen una idea muy aproximada de cómo se sienten, actúan y viven muchos de nuestros alumnos en el seno del sistema educativo. Si esto es lo que ocurre en Madrid, una de las comunidades autónomas con ciudades más populosas, en las que, en principio, se puede vivir con más libertad la propia sexualidad, cabe imaginar que en otras ciudades y pueblos de España los datos, seguramente, son más alarmantes.

 Pues bien, a la vista de estas cifras, la conclusión es clara: resulta imperioso educar en el respeto a la diversidad afectivo-sexual, sobre todo, aunque no solo, a los agentes que más influencia tienen en la educación de nuestros adolescentes y jóvenes. Los poderes públicos deberían dotar de las herramientas necesarias a los docentes para generar un clima de convivencia igualitario en los centros educativos, desmitificando las percepciones erróneas que los más jóvenes tienen ante la comunidad LGTB. De igual modo, sería importante realizar campañas dirigidas a las familias en las que se pusiera de manifiesto que el adolescente o joven con una orientación sexual diferente a la heterosexual necesita el apoyo de los más cercanos para poder desarrollar su sexualidad (parte intrínseca de su personalidad) con total normalidad.

 No se puede esperar más. Una sociedad sana y un Gobierno responsable no pueden permitirse que ni uno solo de sus miembros, sobre todo cuando es de corta edad, se plantee salidas drásticas e irreversibles para poner fin al sufrimiento que le acarrea su orientación sexual, como consecuencia de la discriminación que padece. Son miles y miles los adolescentes y jóvenes que están esperando respuestas. Hay que actuar ya.

 Mario Campano es miembro del Grupo de Educación de COGAM.

“No podemos abandonar a los menores LGB a su suerte, pues la homofobia que perciben como modelo en su hogar convierte en víctimas a los alumnos LGB (o a los que lo parecen). Es necesario contrarrestar esa influencia responsabilizando a toda la comunidad educativa sobre la necesidad de incorporar la educación en la diversidad sexual y de género a través de programas y unidades específicas complementados con acciones transversales, como el uso de un lenguaje inclusivo o el recurso a referentes LGTB en el aula”, ha declarado el coordinador de la investigación, Ekaitz López. “No podemos pedirle a las y los docentes que se conviertan en héroes y heroínas, las autoridades administrativas, y en este caso, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, debe afrontar el problema mediante protocolos específicos y la formación suficiente al profesorado”, ha considerado por su parte la presidenta de COGAM, Esperanza Montero.

Puedes descargar el estudio completo (en formato PDF) pinchando aquí. Si te interesa el tema, en este enlace puedes acceder a la información sobre otro estudio sobre la materia, “Diversidad y convivencia en los centros educativos”, que difundimos en enero.

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Nota de Prensa:

La semana pasada una niña malagueña ha pedido el traslado de su colegio porque el centro, religioso y concertado, insistía en tratarla con el género que consta en su documentación oficial, en contra de lo que la niña manifiesta, la familia solicita y la Junta de Andalucía ha recomendado.

La FELGTB quiere mostrar su apoyo a la familia de la menor, que lleva meses luchando por el bienestar y la dignidad de su hija, e instar a las administraciones educativas autonómicas y al Ministerio de Educación a trabajar por la adopción de protocolos que atiendan la realidad de las y los menores cuya identidad no se corresponde con la que les inscribieron al nacer.

Asimismo Andalucía debe aprobar cuanto antes la Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento del género de las personas trans, que ya cuenta con el aval del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Esta ley garantizará el derecho a la autodeterminación del género y será un instrumento más para alcanzar la igualdad de identidades.

“Aunque la discriminación transfóbica es ilegal, la Administración tiene que prevenirla haciendo pedagogía e impulsando protocolos de obligado cumplimiento que permitan a las niñas y niños trans vivir libres de los prejuicios y la discriminación de la sociedad en la que deben desarrollarse de manera integral”, ha pedido Sisi Cáceres, coordinadora del Área de Familias de la FELGTB.

Boti García Rodrigo, presidenta de la Federación, ha insistido en que “el respeto a las identidades de nuestros niños y niñas es muy desigual según las comunidades autónomas. Es necesaria una normativa clara que garantice los derechos fundamentales de la infancia trans en todo el territorio”.

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No ha ocurrido en Rusia, en África ni en la América profunda. Ha sucedido en España, concretamente en Málaga. Una familia se ha visto obligada a sacar a Gabi, una niña transexual de siete años, de un colegio religioso concertado (es decir, financiado con fondos públicos) ante la negativa del centro a respetar la identidad de género de la menor.

El caso es bien conocido. El Colegio San Patricio, centro dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria (que a su vez pertenece al Obispado de Málaga) se niega a respetar la identidad de género de la niña permitiendo que aparezca en las listas escolares con nombre femenino, que pueda vestir el uniforme de niña y que sea tratada de hecho como una niña en todas las actividades del centro sin que medie una orden judicial.

Tras divulgarse la historia hace pocos meses, la fiscal andaluza contra la violencia de género, Flor Torres, que amplió sus competencias para asumir también la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, abrió diligencias de investigación. Sin embargo el centro no dio marcha atrás, y de hecho la Fiscalía decidía finalmente el archivo de la investigación al considerar que su actitud no era constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente. La Unión Progresista de Fiscales llegó por cierto a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, y que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

Pues bien, ante la persistencia del centro en su actitud, la familia de la niña se ha visto obligada a trasladar a la menor de colegio. Durante este tiempo la niña ha acudido a clase vestida de chándal, prenda que es igual en el caso de los niños y de las niñas, y solo se le permitía usar el baño de discapacitados. Pero según indica el abogado de la familia, Oliver Roales, la situación se había vuelto ya insostenible, “no se le estaba tratando dignamente ni se le estaba proporcionando el derecho a la educación”. Para la familia, que ha tomado la decisión “con todo el dolor de su corazón”, ya que comparte el ideario del centro, se trata de hecho de una expulsión forzada. Roales también ha declarado que pese al archivo decidido por la Fiscalía se está estudiando iniciar acciones legales contra el centro.

La Junta de Andalucía lo lamenta…

Tras conocer la noticia, la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia Alba, ha lamentado que “hayan sido los injustificados prejuicios ideológicos del centro docente los que hayan motivado” la decisión de la familia de la niña, que en todo caso “respeta”.

Como explicamos en su momento, el archivo decidido por la Fiscalía no supone que se ponga punto final al contencioso entre la Junta y el colegio, dado que se trata de un centro concertado y la Junta ya le transmitió en su momento pautas para que se respetase la identidad de género de los alumnos transexuales. El pasado diciembre, de hecho, la Junta anunciaba la apertura de un expediente al centro que podría acabar con la retirada del concierto. Este procedimiento administrativo sigue adelante.

Veremos si finalmente la Junta transmite un mensaje de contundencia contra la discriminación o acaba por hincar las rodillas ante el obispado de Málaga y permite que lo sucedido se diluya en el tiempo como si nada hubiera pasado. En cualquier caso, y para evitar que se repitan hechos de este tipo, urge que se apruebe cuanto antes la prometida ley integral de transexualidad en Andalucía, registrada en el Parlamento regional el pasado 16 de enero.

Un toque positivo

Terminamos esta entrada haciéndonos eco, al menos, de un hecho positivo relacionada con el caso. “La comparsa del futuro”, una de las ganadoras del certamen de comparsas del Carnaval de Málaga, rindió un homenaje a la niña en la letra de una de sus actuaciones. Un detalle de sensibilidad contra la discriminación tránsfoba que ha merecido el aplauso de la Federación Andaluza Arco Iris, que nos ha hecho llegar la noticia.

Os dejamos con el vídeo de la actuación:

Fuente Dosmanzanas

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Cuenta Dosmanzanas que ha sido Registrado por fin en el Parlamento andaluz el proyecto de ley integral de transexualidad. Un proyecto que, tras un largo y complicado proceso, integra reivindicaciones históricas de los colectivos trans y aspira a convertirse en una ley pionera en el ámbito de la Unión Europea por lo que se refiere al principio de autodeterminación de género y al respeto a la identidad de los menores transexuales. Aspecto este último especialmente necesario a la luz de episodios de discriminación como el que está viviendo una menor en un colegio de Málaga.

Los portavoces parlamentarios de las dos formaciones que gobiernan la Junta de Andalucía, el PSOE andaluz e IULV-CA, registraron el proyecto este jueves. Lo hicieron acompañados de la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé, que dejando atras las críticas a versiones anteriores del proyecto se felicitó de que se hubiera alcanzado un consenso entre las formaciones políticas y los colectivos trans. “No se trata de una ley de privilegios, sino de una normativa que garantiza la no discriminación y la igualdad. Ole Andalucía y ole el Gobierno andaluz”, declaró. Cambrollé ha pedido al PP andaluz que se sume al consenso durante el proceso de tramitación parlamentaria si no quiere quedar “retratado” como un partido que antepone la ideología a los derechos humanos.

La futura ley permitirá a las personas transexuales, en el marco competencial de la comunidad autónoma, ver reconocida su identidad de género sin la necesidad de complicados trámites administrativos ni de contar con un diagnóstico médico o de estar sometidas a tratamientos. Ello se articulará a través de la creación de una tarjeta identificativa que se podrá presentar ante las administraciones andaluzas, incluyendo la educativa y la sanitaria. Dicha tarjeta no entrará en competencia con el Documento Nacional de Identidad, cuya emisión es competencia estatal, en el que para modificar los datos deben seguirse los trámites que marca la ley nacional de identidad de género (que data de 2007, y que aunque sigue por delante de buena parte de las legislaciones europeas mantiene la patologización de las identidades trans al exigir un diagnóstico de “disforia de género”). Pero el proyecto incluye además medidas para combatir la discriminación de las personas transexuales en el terreno laboral y regula las líneas fundamentales que deben guiar la atención sanitaria o la atención a los menores.

Es justo recordar, en cualquier caso, que aunque el proyecto andaluz va más lejos en la definición de determinados principios, ya se han aprobado con anterioridad leyes integrales de transexualidad en Navarra y Euskadi.

Satisfacción de los partidos

El portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, quiso reconocer el trabajo llevado a cabo por los dos grupos que sustentan al Gobierno andaluz, y especialmente por las diputadas Alba Doblas (IULV-CA) y Soledad Pérez (PSOE-A). Jiménez ha destacado especialmente el avance que supone el proyecto en materia de derechos de los menores transexuales. El diputado socialista ha lamentado el retraso en la presentación de proyecto, aunque también ha defendido que ahora el texto cuenta con suficientes garantías jurídicas como para resistir un posible recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central.

También IULV-CA ha mostrado su “enorme satisfacción”. Su portavoz parlamentario, José Antonio Castro, ha destacado que Andalucía se convierte en un territorio puntero en Europa con esta normativa. “Ante una ola de demolición de derechos por parte del Gobierno del PP, Andalucía da diez pasos adelante en su defensa”, ha señalado. Desde ALEAS Andalucía (el Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de IULV-CA), que ha colaborado estrechamente con los colectivos trans para impulsar el proyecto, se ha insistido no obstante en la necesidad de “redoblar los esfuerzos” de diálogo durante la tramitación parlamentaria para que la ley se apruebe con el mayor consenso posible.

Un proyecto imprescindible, a la vista del caso de Málaga

La casualidad ha querido que la noticia prácticamente coincida en el tiempo con la decisión de  fiscal andaluza contra la violencia de género, Flor Torres, de archivar la investigación abierta sobre la negativa de un colegio religioso de Málaga que se niega a respetar la identidad de género de una niña transexual. Torres, que amplió el año pasado sus competencias para asumir la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, abrió en su momento diligencias de investigación. En una resolución firmada el 9 de enero, sin embargo, la fiscal decretaba su archivo al considerar que la actitud del centro no es constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente.

Habrá que estar muy atento a los pasos que sigue ahora el contencioso entre el colegio y la Junta de Andalucía, dado que se trata de un centro concertado y la Junta ya le transmitió en su momento pautas para que se respetase la identidad de género de los alumnos transexuales. Hace poco más de un mes, de hecho, la Junta anunciaba la apertura de un expediente al centro, dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria (que pertenece al Obispado de Málaga) que podría acabar con la retirada del concierto. La asociación de madres y padres del centro, que apoya su postura discriminatoria, ha asegurado sin embargo que por el momento ni el centro ni la fundación han recibido notificación del expediente administrativo.

Puedes descargar el proyecto en su integridad, ya sea desde la web del PSOE-A (pinchando aquí) o de ALEAS Andalucía (pinchando aquí).

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