• Denuncian irregularidades en el reconocimiento legal de menores de parejas de mujeres y otras personas con capacidad de gestar.
• Afirman que la normativa actual perpetúa desigualdades estructurales y obstáculos burocráticos.
• Exigen una reforma urgente para garantizar la igualdad real y efectiva.

Madrid, 02/12/2024.– La Federación Estatal LGTBI+ alerta sobre las graves irregularidades detectadas en la aplicación de la Ley 4/2023, cuyo objetivo es garantizar la igualdad real de las personas LGTBI+. Específicamente, estas irregularidades afectan al reconocimiento legal de la filiación de menores de parejas de mujeres y otras personas con capacidad de gestar, generando discriminación y vulneración de derechos fundamentales para las familias LGTBI+.

Aunque la Ley 4/2023 eliminó el requisito de matrimonio para el reconocimiento de la filiación, en la práctica, las familias continúan enfrentándose a múltiples obstáculos. En los registros civiles se exige que ambas madres comparezcan presencialmente para inscribir a sus hijos, hijas e hijes, un trámite que no se solicita a parejas heterosexuales.

Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, lamenta que esta situación persista: “es inaceptable que las familias LGTBI+ tengan que enfrentarse a estas barreras para registrar a sus menores. La ley es clara: el matrimonio no puede ser una condición para la filiación. Es responsabilidad del Estado garantizar la igualdad real y que estas discriminaciones cesen de inmediato”.

El problema se agrava por la incoherencia entre las normativas actuales. Mientras la Ley 4/2023 modificó el Código Civil para facilitar el acceso igualitario a la filiación, el artículo 44 de la Ley del Registro Civil continúa remitiendo a la Ley de Reproducción Asistida de 2006, que vincula este derecho al matrimonio. Esta falta de armonización jurídica perpetúa inseguridades jurídicas y desigualdades, especialmente para parejas no casadas.

Cristina P. Álvarez, vocal de feminismos y formación de la Federación, remarca la necesidad urgente de actuar: “es indignante que las familias LGTBI+ se enfrenten a procesos burocráticos más complejos e innecesarios, así como a un trato desigual. Las instituciones deben garantizar que todas las personas tengan los mismos derechos de filiación, independientemente de su estado civil. No se trata de privilegios, sino de igualdad, y la igualdad no admite demoras ni excepciones. Las familias diversas necesitan políticas que respalden sus derechos”.

La Federación Estatal LGTBI+ ha hecho un llamado urgente al Ministerio de Igualdad para que garantice la aplicación efectiva de la Ley 4/2023 y le insta a actuar de inmediato para la reforma de la Ley de Reproducción Asistida, en particular su artículo 7.3, para eliminar cualquier mención al matrimonio como requisito para la filiación y eliminar las incongruencias y barreras legales registrales que siguen perpetuando la discriminación contra las parejas de mujeres y otras personas con capacidad de gestar.

“Es hora de que nuestras leyes reflejen una igualdad real y efectiva, también en su aplicación. Por ello, se debe garantizar que ninguna familia vuelva a pasar por situaciones de discriminación como estas, que generan en nuestro colectivo profunda angustia y temor ante la dificultad de registrar a nuestros menores”, concluye Iglesias.

Fuente FELGTBI+

General, Homofobia/ Transfobia. Cristina P. Álvarez, Derechos LGTBIQ+, FELGTBI+, Filiación, Menores, Paula Iglesias, Personas LGTBIQ, Reproducción asistida

Según el Financial Times, eran captados en clubes juveniles, escuelas o programas de intercambio

Decenas de antiguos miembros del Opus Dei han acusado a la organización católica de reclutar a menores de edad en los últimos años, informa este miércoles el Financial Times

Estas personas han declarado al periódico británico que ellas mismas fueron captadas cuando tenían menos de 18 años o fueron testigos de intentos organizados por alistar a otros, señala el rotativo. Algunas de estas fuentes, que pidieron mantenerse en el anonimato, afirmaron además que se animaba a los candidatos a adoptar prácticas de castigo corporal

En un comunicado, el Opus Dei negó al rotativo que haya “un reclutamiento dirigido a menores” y recordó que, en todo caso, buscar la fe a edad temprana “no es nuevo”.

01.08.2024 | RD/EFE

Decenas de antiguos miembros del Opus Dei han acusado a la organización católica de reclutar a menores de edad en los últimos años, informa este miércoles el Financial Times.

Estas personas han declarado al periódico británico que ellas mismas fueron captadas cuando tenían menos de 18 años o fueron testigos de intentos organizados por alistar a otros, señala el rotativo. Algunas de estas fuentes, que pidieron mantenerse en el anonimato, afirmaron además que se animaba a los candidatos a adoptar prácticas de castigo corporal.

Las fuentes explicaron al diario que muchos de los menores eran captados en clubes juveniles, escuelas o programas de intercambio en todo el mundo vinculados a la organización, fundada en 1928 por el sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer, canonizado en 2002.

Jóvenes vulnerables o inseguros

Según estos testimonios, los agentes del grupo católico se dirigían especialmente a jóvenes percibidos como vulnerables o inseguros, que podían sentirse arropados con la pertenencia al grupo.

El Financial Times recuerda que, desde 1982, los estatutos del Opus Dei prohíben a los menores de 18 años unirse formalmente, aunque a partir de los 14 años y medio pueden convertirse en aspirantes si lo requieren en una carta a la Prelatura.

En un comunicado, el Opus Dei negó al rotativo que haya “un reclutamiento dirigido a menores” y recordó que, en todo caso, buscar la fe a edad temprana “no es nuevo”.

El diario explica que estos antiguos miembros denunciaron la captación de menores tras leer otro artículo publicado este año por el Financial Times que exponía la explotación laboral de mujeres y niñas en la organización, lo que el Opus Dei negó. Algunas de esas mujeres han presentado demandas judiciales en el Reino Unido e Irlanda, señala.

Comunicado del Opus Dei

Algunas aclaraciones sobre un segundo artículo publicado en el “Financial Times”

Aclaraciones a un segundo artículo publicado en el “Financial Times” sobre la formación de los jóvenes y algunos cambios a lo largo del tiempo.

Roma, 31 de julio de 2024. El Financial Times ha publicado un reportaje en el que algunos ex miembros del Opus Dei expresaban opiniones negativas sobre la formación espiritual de los jóvenes en actividades relacionadas con el Opus Dei. En respuesta a estos testimonios, deseamos decir que siempre nos entristece escuchar las preocupaciones expresadas por ex miembros y continuamos escuchando y aprendiendo de las experiencias de estas personas. En los últimos años, hemos elaborado procedimientos y procesos de salvaguardia de acuerdo con las prácticas de la Iglesia y la creciente conciencia social sobre este tema, para que nuestro trabajo con los jóvenes se realice siempre en un contexto claro de libertad y autorrealización.

En este sentido, rechazamos por completo la afirmación de que se trata de un reclutamiento manipulador de menores. Lo demuestra el hecho de que cada vez más la mayoría de los jóvenes que deciden que ésta no es su vocación, permanecen en contacto con la Obra y con nuestras actividades formativas posteriores.

Al mismo tiempo, si bien el artículo del FT incluye algunas consideraciones que hizo la Prelatura al ser consultada, quisiéramos hacer algunas aclaraciones adicionales:
Formación para jóvenes

El Opus Dei ofrece desde hace tiempo actividades de formación espiritual para adolescentes para inspirarlos a practicar las virtudes cristianas, para ayudarlos a convertirse en mujeres y hombres íntegros, que contribuyan a la sociedad viviendo el mensaje cristiano en su vida diaria. Estas actividades incluyen clases semanales, tiempos de oración y momentos de reflexión personal. Se llevan a cabo con la participación y aprobación de los padres y están diseñados para alentar a los jóvenes a aprender y practicar su fe, servir a otras personas, ser buenos amigos, prepararse para ser buenos profesionales y ciudadanos en el futuro y cuidar de su familia.

Entre los jóvenes que asisten a estas actividades, unos pocos deciden que su vocación radica dentro del Opus Dei en el celibato apostólico, mientras que la mayoría descubre su vocación al matrimonio, y algunos de ellos al sacerdocio o a la vida religiosa en otras instituciones católicas. . Buscamos educar y empoderar a los jóvenes para que elijan su propio camino y deseamos ser completamente transparentes en cuanto a las vocaciones alternativas que se les abren.

Como se desprende de la próxima canonización de Carlo Acutis por el Papa Francisco, que pronto se celebrará, buscar adquirir una fe profunda desde una edad muy temprana no es nuevo. La Iglesia Católica ha canonizado a personas que descubrieron y siguieron su vocación desde una edad muy temprana, como Santa Teresa de Lisieux, los Santos Francisco y Jacinta de Fátima y muchos otros. También está un joven de Manchester llamado Pedro Ballester, que inició su discernimiento vocacional en el Opus Dei con 16 años y falleció a los 21 en 2018, que ahora está siendo considerado para la beatificación por la Diócesis de Salford.
Candidatos jóvenes

Según los Estatutos del Opus Dei, aprobados por la Iglesia católica en 1982, la edad mínima para asumir un compromiso formal es 18 años, tras al menos un año y medio de preparación y discernimiento. Ésta es la mayoría de edad para la Iglesia católica (Código de Derecho Canónico, nn. 97 y 98). Las personas más jóvenes que se sientan llamadas a discernir su vocación al Opus Dei pueden ser “candidatos jóvenes” si tienen más de 14 años y medio pero, fundamentalmente, sólo siempre que cuenten con el consentimiento expreso de sus padres. Nuevamente somos completamente transparentes sobre estos requisitos aquí.

A los candidatos jóvenes se les dice claramente que no son miembros del Opus Dei. Estos jóvenes reciben la ayuda espiritual y pastoral del Opus Dei, adaptada a su edad, para que puedan practicar con coherencia su fe cristiana. Una vez que tengan edad suficiente pueden solicitar incorporarse a la Obra si sienten que esa es su vocación. Posteriormente, la incorporación al Opus Dei requiere de varios pasos en los que la persona debe expresar su deseo de seguir adelante y afirmar que es su libre decisión. Rechazamos totalmente la afirmación de que existan presiones para reclutar menores. Las preguntas sobre la fe y la vocación deben surgir de los propios candidatos jóvenes y no a través de ninguna coerción, lo que sería abominable y completamente contrario a nuestras directrices. Si se cometen errores, queremos saber de ellos para poder tomar las medidas necesarias para corregirlos.

Cambios con el tiempo

Estas pautas se han desarrollado a lo largo de los años siguiendo los cambios en la sociedad en cada país y los cambios en la Iglesia. Es cierto que hemos aprendido de los errores cometidos en el pasado y, con ese fin, estamos haciendo un esfuerzo concertado para mejorar la transparencia y claridad en torno al proceso de discernimiento y el estatus de membresía. También recibimos comentarios de que nuestra comunicación y colaboración con los padres necesitaban mejorar y que era necesario implementar planes de capacitación más flexibles para atender las necesidades individuales. Escuchamos, aprendimos y estamos tratando de implementar mejoras continuamente.

Nos aseguramos de que los candidatos jóvenes tengan la madurez suficiente para tomar decisiones sobre su vocación mediante el consentimiento informado. Sin embargo, tenemos claro que los padres tienen la responsabilidad principal de la educación de sus hijos adolescentes. Reconocemos y respetamos la diferencia de capacidad entre menores y adultos para elegir responsablemente su vocación y camino de vida preferido. Cualquier sugerencia en contrario sería errónea.

Estamos comprometidos a mejorar la forma en que implementamos los cambios, la forma en que nos aseguramos de que todos estén al tanto de ellos y la forma en que los monitoreamos en todo el mundo. Exigimos que los centros juveniles tengan protocolos de ambiente seguro y los sigan en todas sus actividades en cada región, y nos aseguraremos de que sigan siendo aptos para su propósito y se respeten constantemente. Somos una institución que promete inspirar a las personas, tanto jóvenes como mayores, a llevar una vida positiva por un bien mayor. Nuestro objetivo es vivir según los altos estándares que nos fijamos y actuar en caso de que estos estándares no sean suficientes.

Por lo tanto, reiteramos que nos entristece leer las experiencias negativas de estas personas e invitamos a cualquier persona que tenga inquietudes sobre supuestas malas conductas pasadas a comunicarse a través de nuestra oficina de protección. Cualquier declaración se toma en serio y se le da seguimiento en todo el mundo para garantizar que la conducta personal se adhiera a la cultura y los estándares que se esperan del Opus Dei tanto en este momento como en el futuro. Estamos abiertos a escuchar todo lo que nos ayude a cumplir mejor nuestra misión en la Iglesia y a resolver los conflictos donde existan.

Información adicional

Haciendo referencia a un informe anterior de la revista Financial Times citado en el artículo: aquí compartimos el enlace a la respuesta de la Oficina de Información del Opus Dei al artículo.

Algunas pautas ^[1] que la Prelatura ha desarrollado para evitar cualquier tipo de coacción en el proceso de discernimiento vocacional:

• En los Estatutos, n. 23 (sobre constitución) habla de “la voluntad libre y explícita del interesado”.

• En recientes cartas pastorales del Prelado, una estaba dedicada a la libertad (enero de 2018), donde dice “Actuar libremente, sin ningún tipo de coerción, es propio de la dignidad humana y, más aún, de la dignidad de las hijas y hijos de Dios” (n. 5); otro se refiere a la forma en que se vive la vocación a la Obra (octubre 2020), donde dice “Dios quiere siempre que nuestra libertad tenga un papel decisivo en la respuesta y, por tanto, en la configuración misma de la vocación –junto con la gracia, que no nos quita la libertad sino que la perfecciona. Es una libertad que, durante la etapa previa del discernimiento, cuenta también con la luz que derraman los consejos de quienes pueden y deben darla” (n. 2).

Esto refuerza ideas en las que insistieron los prelados anteriores: por ejemplo, “La identificación con Jesucristo requiere la libre cooperación humana: ‘Dios, que os creó sin vosotros, no os salvará sin vosotros’. Esta respuesta personal juega un papel indispensable, pero donde la criatura humana no puede llegar, la gracia de Dios sí puede. El Señor nos ha dejado la libertad, que es un bien muy grande y fuente de muchos males, pero también es fuente de santidad y de amor. La fuente del amor: sólo los seres libres están en condiciones de amar y ser felices. Sólo con dificultad crece el amor donde reina la coerción. Y no hay fidelidad sin la decisión libre y firme de identificarse con la Voluntad de Dios” (octubre 2011).

• En directrices sobre buenas prácticas utilizadas por directivos y formadores del Opus Dei a nivel local:

• “Hay un discernimiento personal, que cada uno realiza respecto de su propia vocación. Esto es fundamental, porque si el interesado no considera la propia vocación, de nada sirve, por así decirlo, lo que los demás “disciernen”. Cualquiera que pretenda saber con certeza desde fuera cuál es la vocación de una persona, se excedería en su papel. Además, la respuesta sólo es plenamente personal cuando brota de lo más profundo del alma y abarca libremente toda la vida”.

• “Todos los aspectos de la formación en los centros San Rafael se preocupan por formar personas libres, que sepan amar y comprometerse por amor, para que cuando descubran su vocación, puedan responder a Dios con generosidad y total libertad. Algunos vienen a descubrir su llamado a la Obra. Otros deciden más tarde hacerse cooperadores, y otros se dan cuenta de que su camino dentro de la Iglesia es diferente y lo siguen, agradecidos por la ayuda, la amistad y la formación que han recibido en el centro al que han asistido”.

• “También es una buena práctica que los jóvenes que ya han cumplido dieciocho años hablen con sus padres sobre su intención de solicitar la admisión… Esta es también una forma de reforzar la decisión y la madurez de los interesados, que demuestran con su acciones que sean capaces, incluso siendo jóvenes, de tomar decisiones libres y reflexivas y de actuar responsablemente”.

• En los protocolos: las directrices universales del Prelado establecen que “Los siguientes objetivos y principios informan toda norma y procedimiento destinado a prevenir y combatir los abusos contra menores y personas vulnerables en las actividades bajo los auspicios de la Prelatura: (…) promover la sensibilización y el respeto de los derechos y necesidades de los menores y de las personas vulnerables y proporcionarles una formación adecuada para su salvaguarda; prevenir cualquier forma de violencia, maltrato físico o psicológico, negligencia, abandono, malos tratos o explotación”.

^[1]  Las directrices son indicaciones y orientaciones presentes en documentos de diversa índole (derecho canónico, cartas pastorales, orientaciones formativas, protocolos, etc.).

Fuente Religión Digital

General, Iglesia Católica Denuncias, Menores, Opus Dei

ILGA-Europe publica su índice anual en el que reconoce la autodeterminación de género, las prohibición de las terapias de aversión y la mutilación genital de menores intersex que recoge la ley trans

La ley trans eleva a España al cuarto puesto del ranking de países con más derechos LGTBI

La Federación Estatal LGTBI+ ha colaborado en la elaboración de este informe

ILGA Europa ha publicado sus acostumbrados mapa interactivo y clasificación de los países del continente europeo y Asia central correspondientes al año 2022, en los que se refleja el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI en los distintos países. De nuevo, Malta encabeza la clasificación con amplitud, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años. España es el país que experimenta un mayor ascenso en la clasificación, debido a la aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI iniciada el año pasado, alcanzando el cuarto lugar. Suben también los otros países que han legislado a favor de la autodeterminación de la identidad de género o la identidad corporal intersexual. 

España, que llegó a ocupar en 2011 el segundo puesto de este mapa, que elabora cada año ILGA-Europe, había ido perdiendo posiciones en los últimos años. Tras una exhaustiva clasificación de 49 países, en base a sus respectivas legislaciones en materia LGTBI, la organización reconoce a nuestro país (con un 74% de los puntos) como uno de los que han experimentado “el mayor salto en las puntuaciones”, junto a Islandia, Finlandia, Moldavia, Suiza y Croacia. Como puede verse en el mapa, el podio lo ocupan Malta (89), que repite en primera posición; Bélgica (76%), que ha incluido la identidad de género y las características sexuales como agravantes en su código penal; y Dinamarca (76%), gracias a un nuevo plan de igualdad.

ILGA Europa publicó el pasado mes de febrero su informe anual sobre los derechos humanos de la población LGTBI del continente europeo y Asia Central en el año 2022, en el que concluía que había sido el año más violento para las personas LGTBI en toda la región en la última década, tanto por los ataques feroces y planificados como por los suicidios causados por los discursos de odio crecientes y generalizados por parte de políticos, líderes religiosos, organizaciones de derechas y expertos de los medios de comunicación 

España asciende siete puestos y ocupa la cuarta posición en el ránking de países más respetuosos con los derechos LGTBI+ elaborado por la entidad de derechos humanos ILGA Europa. Según esta entidad internacional, la reciente aprobación de la Ley Trans y LGTBI+, que reconoce la autodeterminación de género para las personas trans, entre otras medidas contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, ha hecho que España suba siete puestos con respecto a su posición anterior en este índice internacional.

Se trata del Índice Arco iris que elabora anualmente la principal organización europea de defensa de los derechos de las personas LGBTI+, ILGA Europa, y analiza la situación legal y política de las personas LGBTI+ en 49 países.

Según esta entidad, “aunque el discurso público es cada vez más polarizado y violento, en particular contra las personas trans, la determinación política de promover los derechos de las personas LGBTI+ está dando sus frutos”. “Los mayores avances en el mapa corresponden a los países que introdujeron el reconocimiento legal de género siguiendo un modelo de autodeterminación”, describen a través de su informe.

“España vuelva a situarse a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+”

Por su parte, Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, organización que ha colaborado en la elaboración de este informe, ha celebrado este ascenso, “fruto del trabajo de incidencia del asociacionismo LGTBI+ con el apoyo de la sociedad civil.” y ha aplaudido que España vuelva a situarse “a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+ como ya sucedió con la aprobación del matrimonio igualitario, cuando España ocupó el segundo puesto en el ránking”.

“Nuestra posición de liderazgo en materia de derechos LGTBI+ debe de ser un motivo de celebración y de orgullo, pero no nos puede hacer caer en la autocomplacencia. Desde la Federación Estatal LGTBI+ trabajaremos para garantizar que los derechos logrados se apliquen en todo el territorio nacional, instando a las autoridades competentes a que destinen recursos específicos. También para frenar el discurso de odio, cada vez más presente en la esfera pública, que legitima la violencia en las calles. Solo de esta manera podremos seguir avanzando.”, manifiesta.

Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo

Por encima de España, Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo. Asimismo, Bélgica ha ascendido hasta el segundo puesto, con una subida de cuatro puntos con respecto a su posición anterior, gracias a la inclusión de la identidad de género y las características sexuales como factores agravantes en el código penal del país. Dinamarca ocupa el tercer lugar, con una subida de dos puntos debida a su nuevo plan de acción para la igualdad, que incluye medidas específicas sobre orientación sexual e identidad de género.

Además, otros países, como Islandia o Moldavia, que ha incluido la identidad de género y las características sexuales en su legislación contra la discriminación y/o los delitos de odio también han tenido un ascenso significativo en la tabla, al igual que España.

NOTA. Mapa de ILGA-FELGTBI+

***

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente en el año pasado. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Continuando con el criterio establecido el año pasado, las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 23 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 17,5 %, los crímenes y discursos de odio el 19 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 17,5 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 9 %, el asilo un 9 % y la integridad corporal intersexual el 5 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa. 

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados: 

(Pincha en las imágenes para agrandarlas)

La clasificación de los países europeos 

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente: 

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

También podéis ver el grado de cumplimiento de los países en cada apartado en este índice (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.Con un 89,29 % de consecución de objetivos, se sitúa muy por encima del resto de países. 

Como comentábamos anteriormente, el mayor ascenso en la clasificación de este año es el de España, que el año anterior había descendido hasta la undécima posición debido a su inmovilismo legislativo. La aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI del pasado mes de diciembre por el Congreso de los Diputados, si bien solo era una primera lectura, ha sido la causante de la subida. La aprobación de la autodeterminación de género en Finlandia y el respeto legislativo a la integridad corporal intersexual en Grecia también han hecho que ambos países experimenten un estimable ascenso. A su vez, Moldavia ha modificado su ley de igualdad y su código penal para incluir la orientación sexual y la identidad de género, lo que la ha hecho ascender 14 posiciones. 

Bielorrusia, Rusia, Armenia, Turquía y Azerbaiyán cierran la clasificación, no solo por falta de políticas de protección de la población LGTBI, sino por legislaciones y actuaciones gubernamentales específicamente LGTBIfobas. 

La situación en España 

Si en los años 2020 y 2021 no hubo ningún avance legislativo de ámbito nacional en España respecto a los derechos de las personas LGTBI, el 2022 ha sido completamente diferente. La aprobación en primera lectura de la tan esperada Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI (Ley 4/2003) ha causado que el porcentaje de consecución de objetivos haya pasado de un exiguo 61,79 % hasta un 74,10 %. Así, España sube de la undécima posición hasta la cuarta, regresando a su habitual posición entre los diez primeros países de la clasificación. 

ILGA Europa destaca que con la Ley 4/2003 España ha regulado el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación, ha prohibido las mutilaciones genitales en menores intersexuales, ha prohibido también las llamadas prácticas de «conversión» y ha proscrito la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales. 

En el informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGTBI publicado hace unos meses, ILGA Europa destacaba respecto a España el incremento sostenido de la retórica de odio contra las personas trans. Señalaba como dato significativo el hecho de que en la celebración del 8 de mayo por el Día de la Mujer hubo dos manifestaciones separadas en más de 20 ciudades, dada la no aceptación de la autodeterminación de género por parte de un sector del movimiento feminista. 

También destacaba la comunicación del Ministerio del Interior de un incremento del 68 % en el año 2021 de los delitos de odio basados en la orientación sexual e identidad de género. 

En esta ocasión, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español: 

• Incluir específicamente la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales en las políticas diseñadas para abordar los delitos de odio y la incitación al odio. 
• Actualizar el marco legal de reconocimiento de género existente para que incluya una opción no binaria o de tercer género, y garantizar que sea accesible sin restricciones de edad. 
• Introducir leyes sobre asilo que contengan una mención expresa a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales. 

Clasificación en años anteriores 

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo trans, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Este año vuelve a situarse en esa posición a considerable distancia de los demás. España ha ascendido hasta el cuarto puesto por la aprobación de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esperemos que este importante avance legislativo en el respeto a los derechos LGTBI no solo se consolide sino que se amplíe. 

 Fuente FELGTBI+/Dosmanzanas

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Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte de una niña, como la definen los medios de comunicación,  de 12 años en Sallent que este martes se precipitó al vacío desde un tercer piso junto con su hermana gemela, que se encuentra en el hospital en estado crítico. La policía catalana apunta a un salto voluntario.

Gran conmoción ha causado en nuestro país lo que ha sucedido en Sallent. Hasta ahora hemos visto en toda la prensa el caso que habla de “dos hermanas gemelas de 12 años que han saltado del balcón de su casa para quitarse la vida.”

Una de ellas ha fallecido y la otra se encuentra en estado grave. Pero según trasciende más información de este caso, ya no podemos hablar solo en femenino.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las tres de la tarde de este martes en la calle Estació de Sallent, en una vivienda plurifamiliar del cruce de entrada a la población, a la altura del Pont Vell o de Pere Otger. Uno de los comerciantes de la zona ha explicado que el padre se encontraba en el domicilio cuando se produjo la caída de las dos menores y, en seguida, recibió la ayuda de los vecinos de la zona, que presenciaron los hechos trágicos. La madre de las niñas estaba trabajando en un establecimiento del mismo municipio. Además de estas dos hijas, tienen también un hijo más pequeño.

Los investigadores desde un principio desestimaron que hubiera indicios de actividad criminal. Los motivos que habrían llevado a las menores a tomar la decisión de saltar son todavía desconocidas. Los Mossos, sin embargo, localizaron dos sillas frente al balcón que presuntamente habrían utilizado para saltar y también dos cartas manuscritas que las víctimas habían dejado como despedida y que están en poder de los investigadores policiales y que podrían ayudar a esclarecer qué habría llevado a las menores a tomar esta decisión.

Los dispositivos policiales acudieron conjuntamente con los servicios de emergencias médicas, SEM, que intentaron reanimar a una de las chicas, pero había fallecido a raíz de la misma caída. A la otra la estabilizaron y la evacuaron muy grave hacia el hospital Parc Bofarull de Sabadell. Este miércoles estaba en estado crítico pero estable.

Hasta las siete de la tarde, cuando se llevó a cabo el levantamiento del cadáver, se generó una fuerte expectación en el lugar de los hechos, donde se concentraron vecinos y comerciantes de la zona, así como compañeros del instituto Llobregat de Sallent, donde las dos niñas estaban escolarizadas, que se han mostrado fuertemente golpeados.

S Desde que sucedió la tragedia se han barajado distintas opciones. Por un lado, estudiantes de su instituto cuentan que sufrían acoso. Otras personas relatan que la situación en casa era insostenible, por lo que aún los Mossos continúan investigando qué podría haber influido para que tomaran una decisión tan desesperada.

SLas alumnas recibían atención psicológica en el centro y seguimiento especial por parte de una orientadora por su situación familiar y social. También estaban siendo atendidas y recibían seguimiento por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento. Una de ellas había sido derivada a los servicios de salud mental (CESMIJ).

Según informa el diario El País, uno de ellos se encontraba en proceso de reasignación de género, aunque aún no había ningún avance legal para cambiar su nombre había pedido que le llamaran Iván y se había cortado el pelo. “Pero algunos le decían Ivana”, como burla, cuenta un estudiante.

“Una de las víctimas, que había asegurado a gente cercana que se sentía identificado con el género masculino y pedía ser llamado Iván, contó que se sentía incomprendido por su transexualidad, según fuentes conocedoras de lo ocurrido. La segunda hermana relató que actuaba en solidaridad con ella. Ambas desvincularon a sus padres, y les dijeron que no se sintiesen culpables por la decisión que habían tomado”, afirma otro artículo de El País.

Según fuentes de su instituto, este hecho habría sido un detonante más de acoso. Las gemelas ya sufrían bullying en su centro educativo. Un vecino y familiar comenta que por el hecho de ser argentinas -vivían en Sallent desde hace dos años- les acosaban.

Esa mañana algunos vecinos colocaron un cartel con el mensaje “Te has ganado el cielo, pequeña. Justicia” y han encendido algunas velas al lado como recuerdo por la gemela que murió ayer por la caída.El Ayuntamiento ha hecho este miércoles un minuto de silencio a la 1 del mediodía la Plaza de la Villa como muestra de condolencia. Asimismo, se han decretado tres días de luto y se han cancelado todos los actos del Carnaval que aún quedaban por celebrar en el municipio.

Fuente ElPaís/Oveja Rosa

General, Homofobia/ Transfobia. Bullyng, Bullyng tránsfobo, Gemelas, Menores, Sallent, Suicidio

Yannick Poligné,

Las diócesis de Rennes y Niza anuncian el mismo día investigaciones contra dos curas.

El obispo de Rennes, donde está incardinado el cura detenido, ha difundido un comunicado en el que muestra su “pleno apoyo” a la víctima, que tuvo que ser hospitalizada, y anuncia que irá a encontrarse con los fieles de la parroquia que atendía el acusado porque “muchos habían confiado en él y se sienten traicionados”

La diócesis de Niza, según un comunicado, denunció ante la fiscalía y la Santa Sede al ex vicario general, ya jubilado, acusado de “repetidas violaciones a una menor en los años 70″

12.11.2022 José Lorenzo

“Con tristeza y dolor me enteré el lunes 7 de noviembre de 2022 de que el padre Yannick Poligné, párroco de Saint-Louis-Marie en Brocéliande, había sido acusado de violación agravada de un menor y de consumo de drogas. En primer lugar, quiero asegurar a la víctima mi compasión y mi pleno apoyo. Comprendo y comparto el dolor, la rabia o el asombro que puedan sentir los fieles y los sacerdotes de la diócesis de Rennes, y especialmente los feligreses de la parroquia de Saint-Louis-Marie en Brocéliande y de otros lugares donde ejerció un ministerio pastoral”.

Son las primeras líneas del dolorido comunicado del arzobispo de la diócesis francesa de Rennes, Pierre d’Ornellas, difundido el jueves, en el que da cuenta de la detención preventiva de uno de sus sacerdotes, a quien la Fiscalía de París acusa de la violación de un adolescente de 15 años, “agravada por la administración de una sustancia nociva sin el conocimiento de la víctima, de provocar el consumo de drogas a un menor, de poner en peligro a otras personas y de consumo ilícito de drogas”.

Déclaration de #MgrPierredOrnellas, archevêque de Rennes après la mise en examen de l’abbé Yannick Poligné. pic.twitter.com/cWCq0yCWfh

— Diocèse de Rennes (@DioceseRennes) November 10, 2022

Según informa RTL, el pasado 3 de noviembre, y tras haberse conocido en una aplicación de citas gay, el sacerdote, de 52 años, quedó con el menor en una habitación de un hotel de París, donde le ofreció drogas sintéticas y mantuvieron relaciones sexuales “sin protección”, especifica la fuente, que añade que el presbítero es seropositivo.

Frecuentes encuentros sexuales con hombres

El joven, que empezó a encontrarse mal, pudo contactar con sus amigos, que finalmente lo pudieron localizar gracias al teléfono móvil y alertaron a los servicios de urgencias, que lo trasladaron al hospital. En menos de 24 horas, la brigada de protección de menores localizó al P. Poligné, que fue trasladado a dependencias policiales para ser interrogado.

Allí reconoció los hechos, pero aseguró que ignoraba que su acompañante era menor de edad y “explicó que iba regularmente a París para conocer a hombres y mantener relaciones sexuales en hoteles de la capital. Según sus palabras, a veces incluso ‘tenía varios encuentros sexuales’ en el mismo día. Se trata de prácticas sexuales habituales, a veces mezcladas con drogas, que asume. Categóricamente, cree que no ha hecho nada malo”, señala RTL.

El joven, por su parte, “dice no recordar todo lo que ocurrió durante la noche”, aunque sí “prácticas sexuales bastante violentas” que, “consideradas brutales, fueron las que llevaron a la acusación del sacerdote el pasado 6 de noviembre”.

“Muchos se sienten traicionados”

En el comunicado del obispo de Rennes, este señala que este fin de semana se acercará a la parroquia del detenido, porque muchos fieles habían confiado en el P. Poligné “y se sienten traicionados”. “Vendré a conocerlos y a escucharlos este fin de semana y en los próximos días”, señala el obispo d’Ornellas.

 Y -en lo que parece una respuesta a la petición que la semana pasada les hizo el papa Francisco a los obispos franceses, desolados por la proliferación de casos de abusos en su seno, agravados por los casos Ricard y Santier-, además de asegurar su plena colaboración con la justicia y de ponerse a disposición de cuantos le necesiten, concluye moseñor d’Ornellas: “Me imagino cuántos hombres y mujeres pueden escandalizarse con esta información. Lo entiendo y aseguro a todos mi determinación de actuar”.

Las “repetidas violaciones” del ex vicario de Niza

Pero, por desgracia, la de Rennes no es la única diócesis conmocionada por estos asuntos. El mismo día en que el obispo d’Ornellas confirmaba con dolor y pesar la detención de uno de sus sacerdotes, el obispo de Niza, Jean-Philippe Nault, hacía público también un comunicado en el que expresaba su “tristeza y dolor” por las acusaciones contra el ex vicario general de la diócesis, Guy Terrancle, ya jubilado, y al que la fiscalía ha abierto una investigación bajo la acusación de “repetidas violaciones a una menor en los años 70″, según informa la prensa gala.

Guy Terrancle

“La diócesis de Niza expresa su tristeza y dolor por los hechos denunciados. En primer lugar, nuestros pensamientos están con la víctima, su familia y todos los afectados, a quienes aseguramos nuestro apoyo y compasión. La diócesis recuerda que está colaborando con la Justicia para que se conozca la verdad, respetando los derechos de todos“, señala el texto oficial.

El obispo que pidió explicaciones al cardenal Ricard

En este sentido, y aunque el presunto delito ya habría prescrito a nivel civil, el comunicado indica que, “por iniciativa de la diócesis, ya están en marcha dos procedimientos a raíz de la información recibida, uno en los tribunales civiles de la Fiscalía de Niza, y otro en los tribunales canónicos ante las autoridades romanas competentes“. 

Se da la circunstancia de que el obispo de Niza, monseñor Nault (quien tomó posesión el pasado mes de mayo), fue también el destinatario de la indignada carta de los padres de la víctima del cardenal Ricard, en la que denunciaban los hechos, y fue él quien, además de pedir explicaciones al propio purpurado, puso el caso en conocimiento de la fiscalía de Marsella el pasado mes de octubre.

Fuente Religión Digital

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Playz, la plataforma de contenidos digitales de Televisión Española enfocada al público juvenil (integrada en RTVE Play) estrenó el pasado miércoles Ser o no ser, una serie de seis episodios de media hora de duración que tiene como protagonista a Joel, un adolescente trans de 16 años que busca su lugar en un nuevo instituto después de haber iniciado su transición. La serie supone el debut del actor trans Ander Puig, al que ya adivinamos fama mundial tras anunciarse su incorporación al elenco de Élite, el fenómeno adolescente de Netflix, para su futura sexta temporada. Pero no adelantemos acontecimientos: por lo pronto, Ser o no ser es una pequeña joya de la que ya estamos deseando ver una segunda temporada.

La creadora y guionista de Ser o no ser es Coral Cruz, a la que en verano de 2019 una amiga le contó que su hijo trans había empezado su transición en la vida real. «El conocimiento de este caso cercano me hizo ver el enorme potencial dramático del proceso de transición de un adolescente trans. Por otro lado, enseguida descubrí que prácticamente no había referentes de ficción previos y pensé que ya era hora de que los hubiera», ha declarado. «Arranqué una investigación que duró meses y en la que tuve la suerte de contar con Damián Díaz, educador y miembro del colectivo trans, que se incorporó como asesor durante el desarrollo de la biblia y la fase de escaletado. Más tarde, durante la preproducción, también contamos con la asesoría del sociólogo Miquel Missé que, entre otras tareas, impartió una charla personalizada para todos los miembros del equipo con el fin de que cada una de las personas que participara en la producción y promoción de la serie tuviese acceso a unas nociones básicas sobre la temática que estábamos abordando», añade Cruz.

Los promotores de la serie siempre tuvieron claro que el actor que encarnase a su protagonista debía ser también trans. «Tras un largo y meticuloso proceso de casting al que se presentaron casi setenta personas, encontramos a Ander Puig, un joven barcelonés de 20 años, que nos ha regalado una emocionante actuación desde la verdad de su propia experiencia. Su interpretación hace de Ser o no ser una serie única, llena de momentos en los que realidad y ficción van muy de la mano», cuenta Coral Cruz.

El reparto juvenil de Ser no ser se completa con Júlia Gibert, Berta Galo, Lion Armas, Enzo Oliver, Nil Carbonell, Eduard Torres y Anna Bernal, que interpretan al grupo de compañeros de Joel en su nuevo instituto, en el que además comienza el bachillerato de Artes Escénicas. También destacan las veteranas Anna Alarcón, que interpreta a la madre de Joel, y Emma Vilarasau, gran dama del teatro catalán, que vuelve a la televisión tras años de ausencia para dar vida a Carmen, la profesora de interpretación del grupo. La serie ha sido dirigida por Marta Pahissa.

Os dejamos con el tráiler de Ser o no ser, sin hacer más spoilers. Solo diremos, para todos aquellos que sientan cierta pereza a la hora de enfrentarse a otra historia en la que las vidas de las personas LGTBI se retratan de forma trágica, que nada más lejos de la realidad. Ser o no ser es una serie naturalista, que no huye de representar los conflictos particulares a los que se enfrenta un adolescente trans, pero también es una serie luminosa, con toques de comedia, entretenida e ideal para ver en familia. Ya tenemos ganas de más, tras los primeros seis episodios.

Fuente Dosmanzanas

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Al menos una decena de alumnos del Instituto de Educación Secundaria Les Alfàbegues de Bétera (Valencia) han sido expulsados del centro tras protagonizar una agresión de carácter homófobo a un profesor, según ha informado À Punt, la radiotelevisión pública valenciana. Los hechos se produjeron después de que el profesor, Miquel Álvarez, interviniese para detener la protesta con banderas de España que un grupo de alumnos protagonizaba en el patio del centro en respuesta a que otras dos alumnas exhibiesen el día anterior una bandera arcoíris.

Según la narración de los hechos que hace À Punt, el miércoles de la pasada semana dos alumnas salieron al patio del centro portando una bandera arcoirís, lo que desembocó en una espontánea manifestación de apoyo que el mismo profesor que fue agredido al día siguiente les pidió detener por alterar la normalidad del centro. En cualquier caso, lo sucedido no gustó a otro grupo de alumnos, que respondieron al día siguiente acudiendo con banderas rojigualdas, lo que a su vez desembocó en otra numerosa movilización y en momentos de tensión. Miquel Álvarez intentó de nuevo detener lo que estaba sucediendo, con la significativa diferencia de que en esta ocasión el docente resultó agredido por alumnos de este segundo grupo, que le lanzaron objetos, le agarraron del pelo y le dirigieron insultos alusivos a su orientación sexual.

Los hechos, de una indudable gravedad, habrían desembocado por el momento en la expulsión de una decena de alumnos del grupo agresor, si bien la Consejería valenciana de Educación ha declinado dar más información, al involucrar a menores de edad. El caso, además, está ya en manos de la Fiscalía de Menores. La Consejería de Educación sí que ha activado Plan de Prevención de la Violencia y de Promoción de la Convivencia (PREVI), que entre otras medidas contempla asesoramiento y asistencia jurídica gratuita al profesorado.

Ya se conocen algunas reacciones significativas a lo sucedido en Bétera, algo que por otra parte refleja a la perfección cómo el discurso de odio, aireado de forma creciente desde las tribunas políticas y mediáticas de este país, va calando también entre los más jóvenes.  La alcaldesa de la localidad, Elia Verdevio, ha condenado la agresión. «Desde el Ayuntamiento apostamos por la diversidad, la igualdad, la no discriminación y la convivencia de nuestros vecinos y vecinas independientemente de la orientación sexual y la identidad de género», ha declarado. Sindicatos docentes como STEPV (Sindicat de treballadors i treballadores de l’ensenyament del País Valencià) o la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras del País Valenciano han condenado también la agresión y se han puesto a disposición del profesor agredido y del centro. «Por fortuna, hechos como estos no son habituales en los centros educativos, pero desgraciadamente no es casualidad que una agresión tan grave como esta que se haya producido en un contexto político como el actual, con el auge de determinada ideología que fomenta estos comportamientos y no respeta ningún hecho diferencial», ha expresado STEPV en un comunicado. «Hechos como dste constatan la necesidad de seguir haciendo esfuerzos, poner todos los recursos necesarios e implicar a toda la sociedad para avanzar hacia la convivencia. El discurso LGTBIfóbico de la ultraderecha pasa factura introduciendo crispación y polarización en todos los entornos de la sociedad y en todas las edades», lamentan por su parte desde Comisiones Obreras.

El profesor agredido: «el discurso de odio está latente»

Miquel Álvarez, el profesor agredido, ha concedido una entrevista a À Punt, el medio que adelantó en exclusiva la noticia, en la que ha dado algunos detalles sobre lo sucedido. En concreto, ha aclarado que su petición a los alumnos de que retiraran las banderas rojigualdas no se debía a que estas fueran banderas de España, sino a que las estaban utilizando como provocación hacia otro sector del alumnado que el día anterior habían exhibido la bandera arcoirís el el patio, que por cierto él también pidió que se guardaran (sin ser por ello agredido). Álvarez considera que los adolescente simplemente están reproduciendo el discurso de odio que ven cada vez más presente en la sociedad. «El discurso de odio está latente y solo falta una chispa como esta para que se encienda todo», se ha lamentado.

«Yo no tengo miedo de seguir yendo a trabajar, hace ya años que soy docente y sé que hay que coger el toro por los cuernos y pensar que no van a poder contigo. Mi trabajo es ser docente y seguiré siéndolo, cueste lo que cueste», ha añadido, al tiempo que ha agradecido el apoyo recibido.

Fuente Dosmanzanas

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Un niño de solo seis años fue acosado por un vecino “homofóbico” en Inglaterra. (Fotografía de archivo a través de Elements Envato)

Un niño de seis años se ha quedado demasiado asustado para salir de casa después de que su vecino homófobo le gritara que “morirá de SIDA”.

En Ely, ciudad catedralicia de Cambridgeshire (Inglaterra), un padre temió por la vida de su hijo cuando su vecino desató un torrente de insultos contra él sin previo aviso.

El padre, que no ha sido nombrado y es miembro de la comunidad LGBT+, dijo al Ely Standard que su hijo quedó “demasiado asustado” para volver a salir de casa.

Le dijeron “morirás de sida” y “crecerás para ser un f****t” durante unos 10 minutos, según las imágenes de vídeo documentadas por el padre en octubre.

“Entramos, nuestro hijo de seis años salió al jardín y se escucharon los gritos”, dijo el padre del niño al medio de comunicación. “Nos preguntamos qué estaba pasando; estaba gritando a nuestro hijo, así que metí a mi hijo dentro”.

Y añadió: “Mi hijo pensó que el hombre estaba en nuestro jardín porque hacía mucho ruido. La semana siguiente a lo sucedido, mi hijo estaba demasiado asustado para salir al jardín”.

Las víctimas de delitos de odio homófobo se sienten demasiado “avergonzadas” para denunciarlos

Según el padre, el arrebato homófobo de su vecino se produjo después de que éste gritara “comentarios racistas” en julio. El incidente se transmitió a la policía de Cambridgeshire, que cubre Cambridgeshire y Peterborough.

El padre añadió que habló con miembros de la comunidad LGBT+ de Ely, que han sido “fantásticos” en su apoyo a su familia.

Pide a quienes se sienten demasiado “avergonzados” para denunciar los abusos y el acoso contra el colectivo LGBT+ que los señalen a las autoridades. “Aún así, les instaría a denunciar”, dijo el padre, “y tal vez ocurra algo”.

Un portavoz de la fuerza dijo al Ely Standard: “Actualmente estamos avanzando con una resolución de la comunidad y una carta de disculpa en relación con su comportamiento y los comentarios realizados. No se han formulado cargos ni se han efectuado detenciones y la investigación está en curso.

Puñetazos, patadas, puñaladas, escupitajos y asesinatos: el enfado y el resentimiento hacia la policía han crecido en Gran Bretaña durante la última década, a medida que se ha ido produciendo un importante aumento de los delitos de odio contra las personas LGBT+.

Sólo en el condado de Cambridgeshire se produjeron al menos 143 delitos de odio contra el colectivo LGB entre enero y agosto de este año. Las fuerzas policiales suelen incluir tanto el acoso físico como el verbal en sus definiciones de delitos de odio contra el colectivo LGBT+.

Los expertos advierten de que más de la mayoría de las víctimas de delitos de odio contra las personas LGBT+ nunca presentan una denuncia ante las autoridades. Según datos del gobierno, nueve de cada diez delitos de odio contra el colectivo LGBT+ no se denuncian.

Aun así, las autoridades afirman que los delitos de odio antigay se han triplicado y las agresiones transfóbicas se han cuadruplicado en los últimos seis años. Entre 2014 y 2021, los delitos de odio y acoso contra el colectivo LGBT+ se dispararon un 210%.

De los 45 organismos policiales territoriales del Reino Unido, sólo 10 registraron un descenso de los delitos de odio.

Fuente Pink News

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El Juzgado de lo Penal nº 6 de Alicante ha condenado por delito de odio, pero no por lesiones, a los acusados de la paliza homófoba ocurrida en el parque Monte Tossal de Alicante. La más que sorprendente sentencia reconoce que los agresores persiguieron a las víctimas al grito de «maricones, os vamos a matar» pero rechaza condenarlos por las graves agresiones físicas sufridas.

En su momento recogimos la terrible agresión, por la que inicialmente fueron detenidos trece personas, entre ellos varios menores. Si recordamos, la víctima se encontraba en compañía de otras dos personas en el Parque Monte Tossal de Alicante. Los agresores los acorralaron e increparon con insultos homófobos y amenazas. Dos de ellos consiguieron huir sin sufrir daños físicos, pero siguieron con una persecución con palos y pedradas para acabar en una grave agresión al tercero que fue alcanzado por el grupo de jóvenes, que lo agredieron con saña. Le produjeron, entre otras lesiones, fractura de tabique nasal, del hueso cigomático (el pómulo) y del fémur. Los agresores intentaron además robarle el móvil y otras pertenencias. La investigación tardó varias semanas en dar sus frutos, siendo claves las imágenes grabadas por una cámara de vigilancia que recogieron un momento de la persecución.

Finalmente, resultaron imputados cuatro mayores de edad (Brayan C.E, Miguel M.B, Adrián S.B. y Samuel G.I) y tres menores. Los mayores de edad fueron juzgados el pasado 30 de septiembre. Se enfrentaban, según detalla El Salto, a la acusación de un delito de odio por humillación, menosprecio o descrédito a grupo y personas pertenecientes al mismo por motivos referentes a su sexo, orientación o identidad sexual, así como de tres delitos de lesiones leves, otro de lesiones agravadas, uno de coacciones leves, otro de delito de robo con violencia en grado de tentativa y otro delito de coacciones. Los tres menores imputados declararon como testigos en la causa pero están aún a la espera de ser procesados por la jurisdicción de menores.

Eugenio Alarcón, el juez que ha dictado una insólita sentencia a los cuatro mayores de edad, solo ha encontrado a los acusados culpables del delito de odio, por lo que simplemente deberán cumplir una pena de un año de prisión, abonar una multa de seis euros diarios durante ocho meses e indeminzar con 600 euros a cada una de las tres víctimas, entre ellas la que sufrió la brutal agresión física. Ello es así porque el juez considera que, más allá de la persecución homófoba, no ha quedado acreditado que los acusados fueran los autores de la paliza que tuvo lugar inmediatamente después. Algo que para José Barragán, abogado de la acusación particular, resulta absurdo. «Condenan el delito de odio y quitan el delito que es el más objetivo, que es el de las lesiones que son claras con partes médicos; a este chico lo han dejado cojo para toda la vida», denuncia Barragán. La víctima, recordemos, ha precisado varias intervenciones quirúrgicas, y según explica su abogado, aún está pendiente de otra operación y sufre, además, secuelas psicológicas. En este sentido, al juez no parecen haberle valido las hasta 16 declaraciones de testigos de las cuales «13 o 14 apuntan a uno de los mayores, uno de los que ha salido absueltos de este juicio, como uno de los autores materiales de la agresión», según el abogado, que ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Provincial para que el juicio sea declarado nulo.

En el juicio, celebrado el pasado 30 de septiembre en Alicante, Brayan C.E, Miguel M.B, Adrián S.B. Y Samuel G.I —hay otros tres menores imputados por los mismos hechos que declararon como testigos en esta causa y están a la espera de ser procesados por la jurisdicción de menores—se enfrentaban a la acusación de un delito de odio por humillación, menosprecio o descrédito a grupo, y personas pertenecientes al mismo, por motivos referentes a su sexo, orientación o identidad sexual; así como de tres delitos de lesiones leves, otro de lesiones agravadas, un delito de coacciones leves, un delito de robo con violencia en grado de tentativa y un delito de coacciones.

No obstante, en su sentencia el magistrado Eugenio Alarcón ha tomado una decisión insólita. Alarcón es un juez que ya se ha visto envuelto en otras polémicas, como la absolución del ex alcalde de la ciudad, Luís Díaz Alperi, por delito fiscal, o por firmar decenas de sentencias en un solo día tras recibir un toque de atención desde el CGPJ ante la saturación en su juzgado. En esta ocasión Alarcón ha determinado que los acusados de perseguir entre insultos homófobos y amenazas de muerte a tres hombres, acabando uno de ellos con secuelas físicas, finalmente sólo deberán pagar una pena de un año de prisión con multa de seis euros diarios durante ocho meses, o lo que es lo mismo, 1.459 euros, y deberán indeminzar con 600 euros a cada una de las tres víctimas, incluida la agredida.

Finalmente solo deberán pagar una pena de un año de prisión con multa de seis euros diarios durante ocho meses, o lo que es lo mismo, 1.459 euros, y deberán indemnizar con 600 euros a cada una de las tres víctimas

El juez ha absuelto a los procesados del resto de acusaciones de tal manera que “condena un delito de odio por homofobia, que es el móvil de la agresión, y luego no mete la agresión”, resalta Barragán, abogado de J. R. B.F., la principal víctima, un hombre de 43 años que como consecuencia del ataque sufrió heridas en la pierna y la cadera que precisaron cirugía, tuvo que ser operado por los golpes en la cara y todavía está pendiente de otra cirugía maxilofacial, secuelas psicológicas aparte. Por ello Barragán insiste en que el resultado del procedimiento “es absurdo de verdad”, porque como abogado de la acusación ha “intentado desde el principio darle visibilidad al delito de odio, que era un poco como el más complicado, y fíjate condenan el delito de odio y quitan el delito que es el más objetivo, que es el de las lesiones que son claras con partes médicos; a este chico lo han dejado cojo para toda la vida”, denuncia el letrado.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso El Salto, el juez considera como hechos probados que las tres víctimas, estando sobre las 20.00 horas del pasado 14 de febrero en el parque del Monte Tossal de Alicante, “oyeron gritos como ‘maricones os vamos a matar’, ‘gays de mierda’, ‘maricones de mierda, idos del parque’”. Los tres hombres, al ver que se acercaban, se marcharon a otro lugar, pero vieron que el grupo que profería los gritos “venía corriendo hacia ellos, por lo que también huyeron del lugar corriendo y fueron perseguidos por tales individuos”, según recoge la sentencia.

En la persecución, J. R. B. F. se separó de los otros dos y se dirigió a un parking que hay en las inmediaciones donde estaba aparcado su coche, pero la zona es un monte con varios desniveles y el parking se encontraba en un nivel inferior a una altura que no pudo sortear, fue al detenerse en este punto donde fue interceptado por un primer puñetazo en la cara seguido de varios golpes más de al menos tres agresores, uno de ellos armado con un objeto contundente, quienes también trataron de arrebatarle sin éxito el teléfono móvil que llevaba en la mano.

Al respecto, B. G. C, una de las otras dos víctimas declaró que, durante la persecución, “en la sombra se veían como palos y les lanzaban piedras”, sin poder precisar más porque “estaba en la oscuridad y solo veía siluetas”. Sin embargo la sentencia sí especifica inmediatamente después de la declaración del testigo-víctima que “igualmente, el propio J. R. B.F finalmente fue golpeado por un palo”, un palo que también se ve en la grabación de una cámara de seguridad, incorporada a la causa, donde se puede apreciar al grupo persiguiendo a J. R. B. F. momentos antes de la agresión, hasta el punto de que la cinta recoge también el momento en que Miguel M. B, uno de los acusados, lanza una piedra que no llega a impactar, algo que el mismo acusado reconoció en la vista oral.

Sobre la grabación de la cámara de seguridad, el abogado de la acusación particular destaca que en la imagen se puede ver como “los chicos que salen detrás de la víctima llegan al parking, lo que pasa es que lo ves muy pequeño, ves a las personas muy pequeñitas”, pero en su opinión este juez “no lo ve”, por lo que el letrado se pregunta con sorna si es que en ese punto “desaparecen del mapa y aparecen otros en escena”.

Así mismo, en la vista también declararon los agentes de la Policía Nacional que instruyeron el atestado, quienes indicaron que uno de los menores imputados por estos hechos les dejó su teléfono móvil donde encontraron un grupo de Whatsapp en el que tres de los involucrados “tras mostrar interés en si había algún gay ‘por ahí’, —en referencia al Monte Tossal— la respuesta es que no”, y a continuación la transcripción concluye indicando “‘normal, los maricas se cagan del toque de queda tt’; ‘ya, jajajajaa’; ‘hoy vamos a las ocho; y llasta’”. Una conversación que creemos resulta evidente que denota una clara intención de proceder a una «cacería» homófoba pero que para el magistrado «solo muestra la burla y menosprecio hacia los gays, pero nada más».

Según el abogado de la víctima, en el juicio declararon 16 testigos relacionados con la agresión homófoba, de los cuales “13 o 14 apuntan a uno de los mayores, uno de los que ha salido absueltos de este juicio, como uno de los autores materiales de la agresión”

En la causa obran hasta 16 declaraciones de testigos relacionadas con la agresión homófoba, de las cuales “13 o 14 apuntan a uno de los mayores, uno de los que ha salido absueltos de este juicio, como uno de los autores materiales de la agresión”, asegura Barragán, quien ha avanzado que recurrirá el fallo en apelación ante la Audiencia Provincial para que el juicio sea declarado nulo y vuelva a celebrarse con otro magistrado, “es verdad que volver a hacer pasar a la víctima por esto es bastante complicado, pero prefiero que pase por esto para que esa gente salga condenada que dejarlo así”, concluye el abogado de la acusación particular.

Entre los testigos que declararon se encontraban los agentes de la Policía Nacional que instruyeron el atestado, que indicaron que uno de los menores imputados por estos hechos les dejó su teléfono móvil donde encontraron un grupo de WhatsApp en el que tres de los involucrados «tras mostrar interés en si había algún gay ‘por ahí’», en referencia al parque Monte Tossal, y al recibir «no» por respuesta, continuan señalando «’normal, los maricas se cagan del toque de queda tt’; ‘ya, jajajajaa’; ‘hoy vamos a las ocho; y llasta’».

Fuente El Salto Diario

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Un adolescente de 15 años ha sufrido una agresión homófoba y por su expresión de género a manos de otros menores, según adelantaba este viernes Periódico de Castilla-La Mancha. El menor, alumno del Instituto de Educación Secundaria Herminio Almendros de Almansa (Albacete), se encontraba el jueves en una clase de Educación Física en el exterior del centro cuando varios chicos de otro instituto le dedicaron insultos homófobos y se burlaron de que vistiese en ese momento con falda. El joven se enfrentó a ellos, lo que desencadenó además una violenta agresión física.

Según el diario castellano-manchego, la agresión comenzó cuando otros menores comenzaron a dirigirle insultos homófobos y se burlaron de su vestimenta. El chico les plantó cara y llegó a empujar a uno de agresores, tras lo cual recibió una paliza que terminó con la víctima sangrando por un oído y, según refiere Periódico de Castilla-La Mancha, «muy asustado, tal y como han señalado fuentes del centro educativo». La víctima, de hecho, precisó asistencia hospitalaria y varios puntos de sutura, lo que le impidió acudir el viernes a clase. Al parecer, no era la primera vez que la víctima recibía insultos homófobos y alusiones a su forma de vestir no normativa.

Aunque en un primer momento fue la Policía Local la que se personó en el lugar de la agresión, la investigación se encuentra en manos de la Guardia Civil, y si no se llegase a presentar denuncia por lo sucedido, fuentes de la Comandancia de Albacete han asegurado a Periódico de Castilla-La Manchaque se actuara de oficio ante la Fiscalía de Menores, puesto que los agresores también tienen menos de 18 años.

Estaremos pendientes de las novedades que se vayan conociendo.

Fuente Dosmanzanas

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Gavin Grimm. (ACLU)

Punto final a una larguísima batalla jurídica de la que un joven adolescente trans, Gavin Grimm, sale triunfante. Y con él, los derechos de las personas trans en Estados Unidos.  En el contexto actual, dada la «supermayoría» conservadora del Supremo estadounidense tras la presidencia de Donald Trump (que en solo 4 años renovó a tres de sus nueve magistrados) supone una derrota inesperada del activismo transexcluyente y un alivio importante para el colectivo LGTBI.

Después de siete años de pelear contra Gavin Grimm, un hombre trans al que se le prohibió usar el baño correcto en la escuela, finalmente recibió un pago de $ 1.3 millones de la junta escolar que lo discriminó.

En 2014, cuando solo tenía 15 años, Grimm le dijo por primera vez a la Junta Escolar del Condado de Gloucester de Virginia: “Todo lo que quiero hacer es ser un niño normal y usar el baño en paz”.

Pero su simple solicitud lo llevó hasta la Corte Suprema y al centro de un debate nacional sobre el derecho a existir de las personas trans.

Cuando la junta escolar impidió que Grimm usara los baños de niños en su escuela y lo dejó “estigmatizado y aislado” al obligarlo a usar su propio baño privado, el entonces adolescente presentó una demanda por discriminación.

Representado por la ACLU y la ACLU de Virginia, Grimm sostuvo que la política de la junta iba en contra del Título IX, una ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación basada en el sexo.

Su demanda se convirtió en un caso de prueba federal cuando el entonces presidente Barack Obama programó su envío a la Corte Suprema en 2017, pero volvió a las cortes inferiores una vez más al año siguiente después de que la administración Trump desechara una política de la era de Obama que protegía alumnos trans.

Un tribunal federal finalmente dictaminó que la prohibición de la junta escolar fue discriminatoria en 2019 y esto fue confirmado por un tribunal de apelaciones en 2020.

A principios de este año, la Corte Suprema denegó una apelación de la junta escolar, ya que presionó para intentar prohibir a los estudiantes trans el uso de los baños correctos.

En julio, el Tribunal Supremo de ese país ha decidido no tomar en consideración el recurso contra la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito Judicial, que reconoce al Grimm el drecho a usar los baños de su instituto que corresponden a su identidad de género. La decisión del Supremo pone de manifiesto el escaso interés del máximo órgano jurisdiccional estadounidense en entrar a discutir a fondo el detalle de los derechos del día a día de las personas trans.

Finalmente, el jueves (26 de agosto), la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) anunció que se le había ordenado a la Junta Escolar del Condado de Gloucester pagar más de $ 1.3 millones en honorarios y costos de abogados a Grimm, llevando su caso a una resolución.

Gavin Grimm espera que los fanáticos aprendan que “la discriminación es una costosa batalla perdida”

Josh Block, abogado senior del ACLU LGBTQ and HIV Project, dijo en un comunicado: “Estamos contentos de que este largo litigio finalmente haya terminado y que Gavin haya sido plenamente reivindicado por los tribunales, pero no debería haber tomado más de seis años. de litigios costosos para llegar a este punto. Después de un año en el que las legislaturas estatales han presentado una cantidad sin precedentes de proyectos de ley dirigidos a los jóvenes trans, esperamos que la concesión de tarifas dé a otras juntas escolares y legisladores una pausa antes de que utilicen la discriminación para ganar puntos políticos”.

El propio Gavin Grimm, que ahora tiene 22 años, agregó: “En lugar de permitir que un niño tenga el mismo acceso a un entorno escolar seguro, la Junta Escolar de Gloucester decidió luchar contra este niño durante cinco años en una costosa batalla legal que perdieron. Espero que este resultado envíe un mensaje contundente a otros sistemas escolares, que la discriminación es una costosa batalla perdida”.

En definitiva, un triunfo muy relevante para los derechos de las personas trans en Estados Unidos en un momento en el que este colectivo está recuperando, de la mano de Joe Biden, los derechos que la administración Trump les retiró en el nivel federal. Eso no significa que su situación sea precisamente halagüena, dado que la ofensiva tránsfoba se ha trasladado ahora a los estados controlados por los republicanos. Esta batalla se ha ganado, pero la guerra continúa.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Punto final a una larguísima batalla jurídica de la que un joven adolescente trans, Gavin Grimm, sale triunfante. Y con él, los derechos de las personas trans en Estados Unidos. El Tribunal Supremo de ese país ha decidido no tomar en consideración el recurso contra la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito Judicial, que reconoce al Grimm el drecho a usar los baños de su instituto que corresponden a su identidad de género. La decisión del Supremo pone de manifiesto el escaso interés del máximo órgano jurisdiccional estadounidense en entrar a discutir a fondo el detalle de los derechos del día a día de las personas trans. Algo que en otros momentos podría ser visto como negativo pero que en el contexto actual, dada la «supermayoría» conservadora del Supremo estadounidense tras la presidencia de Donald Trump (que en solo 4 años renovó a tres de sus nueve magistrados) supone una derrota inesperada del activismo transexcluyente y un alivio importante para el colectivo LGTBI.

A continuación hacemos un repaso de la historia de Gavin Grimm y de su batalla jurídica. Tras salir del armario como chico en 2014, el adolescente comenzó a usar los baños que correspondían a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero cuando la noticia llegó a oídos de los padres, un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del condado que se le habilitase un baño separado. El joven, asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia, denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género en efecto podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas. Una decisión coherente con las directrices que en abril de 2014 había emitido el departamento de Educación de Estados Unidos bajo la administración Obama, según las cuales las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en su argumentación que la equivalencia jurídica entre «sexo» e «identidad de género» no está bien clarificada).

Una decisión que el Consejo Escolar del condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3. Ya avanzada la batalla legal, el departamento de Educación de Obama había enviado en mayo de 2016 a todos los distritos escolares del país unas nuevas directrices que de forma expresa abordaban el tratamiento de los estudiantes trans y que cubrían, entre otros, el uso de baños públicos y vestuarios acordes a su identidad de género.

La llegada al poder de Donald Trump en enero de 2017, y junto a él de toda una corte de políticos contrarios a la igualdad jurídica de las personas trans, convertía en papel mojado los esfuerzos de la administración Obama. La instrucción sobre los estudiantes trans quedaba revocada a los pocos días de la toma de posesión de Trump, de forma que estos perdían la protección federal y su situación quedó en manos de los estados. Tras el cambio en la política del departamento de Educación, el Tribunal Supremo, que como explicamos antes había paralizado cautelarmente a requerimiento del instituto la orden de que Grimm pudiese usar el baño de chicos, decidió devolver la patata caliente a los tribunales de ámbito inferior para que reevaluaran el caso. En agosto de 2019, la jueza federal Arenda L. Wright Allen emitió una primera sentencia a favor de Grimm, pese a que este, ya por su edad, había abandonado el instituto. Pero el Consejo Escolar del condado recurrió y el caso volvió a la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, que en agosto de 2020 insistía de nuevo por 2 votos a 1 en que la decisión de prohibir a Grimm el uso de los baños acordes a su identidad de género era inconstitucional. El tribunal ciataba además en su argumentación una reciente sentencia del propio Tribunal Supremo que prohibía la discriminación laboral basada en la orientación sexual o la identidad de género.

En un casi perfecto déjà vu, el Consejo Escolar del condado de Gloucester volvió a recurrir al Tribunal Supremo, seguramente convencido de que gracias a su actual composición este le daría finalmente la razón. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el pasado 28 de junio el alto tribunal comunicaba su decisión de no tomar en consideración el caso, de forma que el fallo del 4º Circuito de Apelaciones es ya firme. Poco se conoce sobre las deliberaciones del Supremo a la hora de decidir por qué no estimaron la apelación, aunque el comunicado del alto tribunal menciona de forma expresa que dos de los magistrados de su mayoría conservadora (Clarence Thomas y Samuel Alito) se opusieron.

En definitiva, un triunfo muy relevante para los derechos de las personas trans en Estados Unidos en un momento en el que este colectivo está recuperando, de la mano de Joe Biden, los derechos que la administración Trump les retiró en el nivel federal. Eso no significa que su situación sea precisamente halagüena, dado que la ofensiva tránsfoba se ha trasladado ahora a los estados controlados por los republicanos. Esta batalla se ha ganado, pero la guerra continúa.

Fuente Dosmanzanas

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Análisis a varias voces sobre la crisis

Recientemente el cardenal alemán Reinhard Marx reconoció el fracaso institucional y sistémico de la Iglesia alemana frente al problema

Monseñor Alí, obispo auxiliar de Bogotá y miembro de la Pontificia Comisión para la protección de menores, considera que, más allá de algunos avances, todavía hay mucho por hacer en el ámbito colombiano

“La Iglesia es presa de su propia sombra”: Juan Carlos Claret, abogado e investigador chileno

“En España no se ha leído ni la primera página de la historia de la pederastia”

El primer informe sobre pederastia clerical en España lamenta las “muy escasas” iniciativas de la Iglesia para acompañar a las víctimas

La magistrada María Victoria Vega sienta en el banquillo al cura de Talavera, acusado de abusos. Afirma que el Arzobispado de Toledo lo ha “tapado y ocultado” durante años  

“La Iglesia no puede mirar para otro lado”: Proyecto Repara explica su trabajo en un vídeo

La Iglesia polaca, podrida: otros 292 curas abusaron de 368 menores entre 2018 y 2020

El cardenal Bagnasco investigará los posibles encubrimientos del secretario de Juan Pablo II

Marx presenta su renuncia al Papa por el escándalo de abusos en Alemania

El Papa no acepta la dimisión de Marx y llama a los obispos a asumir la “catástrofe” de la pederastia clerical

Marx: “Con espíritu de obediencia, acepto su decisión”

El Papa, al cardenal Marx: “Hermano tuyo que te quiere”

Un monje de Montserrat, apartado por presuntos abusos sexuales a un menor en 2019

Navarra elaborará un censo de víctimas de abusos sexuales de la Iglesia

El ‘mea culpa’ del arzobispo de Pamplona a las víctimas de abusos: “Llegamos tarde, pido disculpas por el sufrimiento”

Victimas de abusos de Navarra: La actitud del arzobispo de Pamplona es “poco creíble e incluso hipócrita”

Joseba Segura, sobre los delitos sexuales en la Iglesia: “Existe una deuda pendiente”

16.06.2021 Miguel Estupiñán, corresponsal en Colombia

Días atrás, el papa Francisco se negó a aceptar la renuncia del cardenal alemán Reinhard Marx a su cargo como arzobispo de Munich y Frisinga. A través de una carta, el prelado (uno de los principales colaboradores del pontífice) había aceptado que ha habido “fallos personales”, “errores administrativos” y “un fracaso institucional y sistémico” en la respuesta de la Iglesia alemana ante la crisis de los abusos sexuales contra menores por parte de sacerdotes.

Según Marx, algunos católicos se niegan a creer en la existencia de una responsabilidad compartida en medio del problema y, “por tanto, que la Iglesia como institución también debe ser culpada de lo sucedido”; inclusive, desaprueban la discusión sobre las reformas que exige hacerle frente a la “catástrofe”.

El hecho puso en primer plano las resistencias que existen en la Iglesia alemana y en otros sectores del catolicismo frente a las acciones en curso para responder por las estructuras de abuso y encubrimiento dentro de la Iglesia católica. ¿Qué está haciendo el Vaticano en atención al problema? ¿Qué piensa alguien que acompaña los esfuerzos del Papa al respecto? ¿Qué exigen quienes creen que todavía hay mucho por delante? A continuación algunas respuestas.

Medidas importantes pero insuficientes

Desde su elección en 2013, Francisco dio continuidad a acciones emprendidas por la Santa Sede en atención a la crisis desatada por la pederastia clerical y el encubrimiento eclesiástico de miles de delitos en distintos países del mundo, entre ellos Estados Unidos, Australia y Alemania. En coherencia con su estilo de gobierno, creó diversas instancias de consulta; entre ellas, el Pontificio Consejo para la protección de menores, entidad de la que hace parte el obispo auxiliar de Bogotá Luis Manuel Alí.

Según el prelado, el nuevo Libro Sexto del Código de Derecho Canónico, que entrará a regir en diciembre y tipifica los abusos sexuales como delitos contra la dignidad, integra la jurisprudencia desarrollada en los últimos años frente a la materia, incluida la que se produjo al final del ministerio de Juan Pablo II y durante los años de Benedicto XVI. Entre otras de las novedades del documento dado a conocer recientemente, Alí señala que se especifican las sanciones y el carácter obligatorio de reparar a las víctimas; que se incluye como formas de abuso el “grooming” y la difusión de imágenes pornográficas; que se concibe que el delito no solamente lo puede llevar a cabo un sacerdote, sino también un religioso y un laico con responsabilidades pastorales; y que las víctimas pueden ser menores de 18 años y personas adultas.

El compromiso de las autoridades eclesiásticas con “quienes afirman haber sido afectados” ya había sido planteado por Francisco en Vos estis lux mundi, un motu proprio de 2019 que exige a los obispos ofrecer asistencia médica, terapéutica y psicológica a las víctimas, “según sea el caso”; y “acogida, escucha y seguimiento, incluso mediante servicios específicos”. El documento también había expuesto el procedimiento a seguir dentro de la Iglesia católica frente a cada denuncia, incluyendo el carácter obligatorio de informar a la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre todo proceso en curso contra algún sacerdote.

Tanto este último texto, como la nueva versión del Código de Derecho Canónico y otros documentos emitidos durante el ministerio de Francisco, asocian los abusos sexuales por parte de miembros del clero a formas de abuso de la autoridad, señalando algunos aspectos del ejercicio del poder dentro de la Iglesia católica como parte de la crisis desatada. El tema ha sido subrayado por investigaciones llevadas a cabo en Australia y Alemania, así como por sectores de la academia que buscan establecer la raíz del problema y sostienen que las medidas emprendidas por el Vaticano son importantes, pero siguen sin ser suficientes para hacerle frente.

El clericalismo como raíz

El informe de 2018 producido a instancias de la Conferencia Episcopal de Alemania afirma que la organización social de la Iglesia católica no es saludable, dado que facilita el abuso y su perpetuación, a falta de mejores mecanismos de control.

El teólogo Carlos Schickendantz, investigador de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, se ha ocupado de fuentes por el estilo para señalar que en la raíz de la crisis están el clericalismo y aspectos de la retórica institucional que lo sustenta. En 2017, frente al problema de los abusos, una comisión australiana ya había llegado a la conclusión de que el carácter sistémico de la crisis en el cuerpo eclesial tenía que ver con el clericalismo y otros factores: una imaginería patriarcal, determinadas teologías sobre la Iglesia y el sacerdocio, algunas limitaciones del derecho canónico y una cultura del secreto.

En el conjunto de esos y otros elementos, Schickendantz no solamente ubica al clericalismo como raíz de la crisis, sino también como obstáculo para las reformas impulsadas desde el Vaticano. Por su parte, el abogado chileno Juan Carlos Claret, que ha documentado en su país al menos 362 denuncias de abusos clericales entre 1905 y la actualidad, sostiene que detrás de la negativa dentro de la Iglesia católica a aceptar de manera más amplia que los abusos sexuales revelan el peligro que conlleva el modo como está organizado el ejercicio de la autoridad dentro de la institución lo que se esconde es el miedo a la implicación lógica: transformar la estructura del poder clerical, para que la seguridad de los menores no sea una cuestión de azar, sino que el derecho y la institución garantice su protección. Algo que no se da en el presente, según él, por la perpetuación de la impunidad que trae consigo, además, la posición privilegiada que la Iglesia católica ostenta en muchos países frente a la jurisdicción civil.

Claret, por ejemplo, ha investigado cómo el dinero para comprar el silencio de algunas víctimas en Chile fue movido antes a través de “fundaciones fantasma” de la Iglesia cuya contabilidad no está sometida a fiscalización debido a la Ley de cultos. A su juicio, el proceso constituyente que se lleva a cabo en su país es una oportunidad para reparar los vacíos legales que han convertido al Estado chileno en “cómplice pasivo” de formas de encubrimiento eclesiástico y en responsable por omisión de que no existan suficientes garantías para la protección en el ámbito católico.

El abogado también sostiene que buena parte del material probatorio sobre abusos sexuales por parte del clero y sobre encubrimiento a manos de varios obispos chilenos reposa hoy en el Vaticano, sin que las víctimas ni la opinión pública hayan podido tener acceso a la información que contiene. De ahí que Claret conciba como un antecedente para otros países la sentencia T-091-20 de la Corte Constitucional de Colombia que le ha permitido al periodista Juan Pablo Barrientos acceder a datos provenientes de archivos eclesiásticos donde reposan denuncias contra miembros del clero local.

“Hay alguna información que se puede dar, por supuesto, pero siempre respetando el debido proceso y la confidencialidad de todas las partes”, opina sobre dicha sentencia el obispo auxiliar de Bogotá Luis Manuel Alí. El prelado, que lleva ya muchos años trabajando en el campo preventivo y en el del acompañamiento y atención a víctimas, sostiene que si bien, frente al problema de los abusos, ha habido un crecimiento en la conciencia y en la responsabilidad de los obispos colombianos y de diversos sectores del catolicismo en el país, todavía falta muchísimo más por hacer. “Desearía que no fuera tan lento”, dice Alí, refiriéndose a dicho proceso y reconociendo que la crisis también ha comprometido la credibilidad e imagen de la Iglesia colombiana, así como la confianza de los fieles hacia sus pastores.

“¿Qué tan extendido está el encubrimiento entre los obispos colombianos?”, le pregunté al consejero papal durante una conversación vía telefónica, y he aquí su respuesta: “El encubrimiento ha sido uno de los grandes errores que hemos cometido en la Iglesia en todas las jurisdicciones eclesiásticas”.

#6AM Todo comenzó con la denuncia de Pedro*. Después de varios intentos fallidos, pudo contar que desde sus 13 años comenzó a ser víctima de abuso sexual por parte de sacerdotes de la Arquidiócesis de Villavicencio https://t.co/lrNglwDJef

— Caracol Radio (@CaracolRadio) April 15, 2020

Incorporar estándares de buena gobernanza

Si bien Claret, quien acompaña a víctimas de abusos clericales en Chile, considera un avance que abusos por el estilo pasen a ser tipificados como delitos en la nueva versión del Código de Derecho Canónico, critica el lento ritmo de las acciones en respuesta a la crisis generada a nivel mundial y la pervivencia de expresiones que no dejan traslucir la dimensión real del problema.

Tanto él como el teólogo Carlos Schickendantz son de los que sostienen que la Iglesia católica debe incorporar estándares de buena gobernanza como la rendición de cuentas y la toma colectiva de decisiones. A su juicio, el exceso de monarquización y de rezagos de formas feudales de gobierno que dejan a la discreción de los obispos o a su “solicitud pastoral” la reacción frente al problema impiden que se haga más frente a un asunto de salud pública (tal y como cataloga el informe australiano a la crisis de abusos sexuales dentro de la Iglesia).

“La Iglesia es presa de su propia sombra”, sostiene Claret. Schickendantz, igualmente, opina que la reforma estructural del catolicismo es impostergable. Coinciden ambos con quienes creen que no solamente se debe intervenir la conciencia colectiva, sino también el tipo de relaciones dentro de la Iglesia: sus procesos, actividades y funciones, con el fin de que pueda superarse el fracaso institucional, sistémico y global, frente a un asunto puesto sobre la mesa, una vez más, por el cardenal Marx y el papa Francisco, en su reciente intercambio de cartas.

Fuente Religión Digital

General, Iglesia Católica Abusos sexuales, Iglesia Católica, Menores, Pederastia, Reinhard Marx

Igual que el año pasado, ILGA Europa ha emitido por separado su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo (y Asia occidental) y la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. Por sexto año consecutivo, Malta encabeza la clasificación con amplitud, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años. El año 2020 ha sido prácticamente inoperante en cuando a la implementación de nuevas disposiciones legislativas a favor de los derechos LGTBI en Europa. Ninguna en materia de derechos de las parejas del mismo sexo. En cuanto a la identidad de género, tan solo se puede contar con el reconocimiento legal de las personas no binarias en Islandia. Incluso las disposiciones aprobadas en años anteriores han terminado sin ser finalmente resueltas por expiración de plazos, como en el caso de Noruega, Albania o Ucrania.

Como ocurrió el año anterior, ILGA Europa ha distanciado la publicación de su informe anual sobre los derechos LGTBI en el continente europeo de la elaboración de la clasificación por países. En el informe, publicado en el mes de febrero, destacaba que la pandemia mundial causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la debilidad del progreso alcanzado en cuanto a los derechos LGTBI, especialmente vulnerable a la explotación por parte de quienes se oponen a los derechos humanos. Los informes recibidos por ILGA Europa desde los distintos países han señalado un aumento de los abusos y de la incitación al odio contra las personas LGTBI tanto en el ámbito familiar como social, destacando sobre todo la utilización por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de fuerzas políticas para usar a la población LGTBI como chivo expiatorio de la pandemia.

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año no ha habido cambios en la valoración de cada apartado, por lo que es más sencilla la comparación con los datos del año anterior. Las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 20 %, los crímenes y discursos de odio también son el 20 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el asilo un 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En el apartado del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal, este año se han valorado dos nuevos indicadores: el reconocimiento legal de las personas no binarias y la existencia de procedimientos legales para el reconocimiento del género en menores de edad. Eso ocasiona que suba o baje la puntuación respecto al año anterior aunque no haya habido cambios legislativos, teniendo en cuenta si se cumplen o no con estos nuevos indicadores.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

También podéis ver el grado de cumplimiento de los países en cada apartado en este índice (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario. Pero este año sigue incrementando su puntuación hasta alcanzar el 93,78 % de consecución de objetivos, debido a que ha añadido las características sexuales entre los motivos protegidos en su Ley de Refugiados y ha publicado nuevas directrices políticas para las solicitudes de asilo LGBTI. Malta también ha obtenido puntos por cumplir con los nuevos indicadores de ILGA Europa de reconocimiento del género no binario y amparo legal al reconocimiento de género en menores.

La mayor caída en la clasificación en este año es la de Dinamarca, que ha perdido un 3,80 % en la puntuación debido a las irregularidades en el criterio de despatologización, ya que el acceso a la asistencia sanitaria específica para personas trans sigue estando vinculado a una evaluación de salud mental. Georgia también pierde un 3,73 % por la falta de un procedimiento claro para el reconocimiento legal del género y a la arriesgada situación de los defensores de los derechos humanos del colectivo LGBTI en el país. Ucrania baja un 3,5 % gracias a la expiración de los planes de acción del gobierno en materia LGTBI.

ILGA Europa también señala el descenso de Polonia a causa de la pérdida de espacio de la sociedad civil, ya que la policía ataca activamente a las personas LGTBI durante los actos públicos, en lugar de protegerlas. También pierde puntos relacionados con la libertad de expresión, debido a las resoluciones anti-LGTBI aprobadas por los gobiernos locales. Polonia es el país de la Unión Europea que ocupa la peor posición en la clasificación.

Bosnia-Herzegovina y Macedonia del Norte mejoran su puntación gracias a la mejora en la libertad de reunión en ambos países.

La situación en España

El año 2020 no hubo ningún avance legislativo de ámbito nacional en España respecto a los derechos de las personas LGTBI. Sin embargo, los nuevos indicadores implementados por ILGA Europa este año han ocasionado que baje el porcentaje de consecución de logros de un 66,82 % a un 64,59 %, ya que España no reconoce legalmente a las personas no binarias. Debido a esto, España baja de la sexta a la octava posición en la clasificación general de este año.

El único avance legislativo reseñado por ILGA Europa es la aprobación de la Ley de Garantía de Derechos de Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales en Cantabria. El hecho que sea un procedimiento legislativo de ámbito local hace que no incida en la puntuación general, puesto que España ya había puntuado por tener legislaciones regionales de este tipo.

Cabe destacar que, mientras que en el resto de apartados España ocupa un lugar entre los diez primeros países en cuanto a la consecución de logros, en el del reconocimiento de la identidad de género baja hasta la 13ª posición. En su informe anual de febrero, ILGA mostraba su preocupación por el incremento de los discursos de odio contra las personas trans en 2020 y el hecho de que un sector del PSOE se haya unido al discurso de odio tránsfobo propio de la ultraderecha, al calificar el derecho de la autodeterminación de género como una amenaza al feminismo y clamar contra la llamada «teoría queer».

Con todo esto en cuenta, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español:

• Adopción de la Ley Trans para el reconocimiento legal del género a nivel nacional basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (como la esterilización, el diagnóstico médico, la intervención quirúrgica/médica o la restricción de edad), incluyendo una opción no binaria o de tercer género y la despatologización de las identidades trans.
• Prohibir las terapias de conversión en todas las regiones.
• Introducir políticas públicas de asilo que contengan una mención expresa a la orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo trans, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017, 2018, 2019 y 2020. Este año vuelve a situarse en esa posición, incluso incrementando su puntuación, a considerable distancia de los demás. España ha descendido hasta el octavo puesto por su inoperancia legislativa en cuanto a los derechos de las personas trans y la falta de reconocimiento legal de las personas no binarias.

Fuente Dosmanzanas

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Ya era hora…

Tal y como adelanta La Croix, el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos tiene prevista una modificación del Código de Derecho canónico para incluir un “delito contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre”, dentro de un nuevo título tipificado como ‘Delitos contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre”, que incluirá “un canon específico referido a los delitos contra menores”

“Los sistemas civiles no individualizan los delitos utilizando los Diez Mandamientos”, clamaban los obispos británicos, que reclamaban al Vaticano una reforma que muestre “la menor ambigüedad posible”

El papa dice que el abuso a menores es “una especie de asesinato psicológico”

13.05.2021 Jesús Bastante

No es adulterio, es pederastia. El Vaticano incluirá en su Código de Derecho Canónico un artículo “específico referido a los delitos contra menores” con el que juzgar a los clérigos pederastas. Una figura que, hasta la fecha, no figura en las normas que rigen el derecho de la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque, todavía hoy, un cura juzgado por abusos en el ámbito canónico lo es por delitos relacionados con la ruptura de su castidad. Y eso, lo saben hasta en la Santa Sede, es algo que clama al cielo.

Tal y como adelanta La Croix, el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos tiene prevista una modificación del Código de Derecho canónico para incluir un “delito contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre”, dentro de un nuevo título tipificado como ‘Delitos contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre”, que incluirá “un canon específico referido a los delitos contra menores”.

Filippo Iannone, y su secretario, el español Juan Ignacio Arrieta, a los obispos de Inglaterra y Gales, que habían hecho esta sugerencia a través de la IICSA, un grupo de investigación independiente que ha analizado la realidad del abuso sexual en diferentes organizaciones de la sociedad, entre ellas la Iglesia católica. Y que ha llegado a la conclusión de que los términos, en el ámbito penal (también en el canónico), son muy relevantes.

El derecho no puede estar marcado por los Mandamientos

Y es que el actual Código de Derecho Canónico prevé el castigo del abuso sexual cometido por sacerdotes contra menores en virtud de la no observancia del sexto mandamiento de la Biblia (“No cometerás adulterio”), algo que el propio Vaticano reconoce como “obsoleto”. ¿Un cura abusador comete adulterio abusando de un niño? “Ya no es adecuado para satisfacer las demandas de un enfoque contemporáneo de los delitos sexuales contra menores” explicaba en una reciente carta el presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, Vincent Nichols, que ha sido contestada por Roma.

“Los sistemas civiles no individualizan los delitos utilizando los Diez Mandamientos”, clamaban los obispos británicos, que reclamaban al Vaticano una reforma que muestre “la menor ambigüedad posible” y permita la colaboración plena de la Iglesia católica con la justicia civil.

“Dada la gravedad del tema que nos ocupa, es importante que las autoridades civiles puedan comprender, de manera clara e inequívoca, qué actos se incluyen en las sentencias penales canónicas”, apuntó Nichols. Dos semanas después, el Vaticano confirmaba que ya se está trabajando en dicha reforma. De hecho, la revisión de la normativa podría aprobarse en junio, coincidiendo con la nueva ley que regulará la Curia romana.

Fuente Religión Digital

General, Iglesia Católica Abusos sexuales, Derecho Canónico, Filippo Iannone, Iglesia Católica, Juan Ignacio Arrieta, Menores, Pederastia, Vaticano, Vincent Nichols

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha determinado que Finlandia no tuvo en cuenta el interés superior del hijo de una pareja de mujeres cuando rechazó su solicitud de asilo, ni lo protegió contra un riesgo real de daño irreparable cuando la familia no tuvo otra opción que regresar a Rusia. Una decisión que ILGA, la federación que agrupa a más de 1600 colectivos y organizaciones LGTBI de todo el mundo, ha saludado como un hito importante. «En el sistema de la ONU, este es el primer caso relacionado con el asilo que afecta a un niño que se enfrenta a riesgos específicos por la orientación sexual de sus madres, y por la familia que forman», ha declarado Kseniya Kirichenko, su coordinadora de programas. «Esta es también la primera vez que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU toma una decisión sobre cuestiones de orientación sexual, y el primer caso sobre niños en familias del mismo sexo en la práctica de los órganos de los tratados en general», ha añadido.

Según informa ILGA, la decisión del Comité se refería a una solicitud presentada en nombre de A. B., que ahora tiene 11 años, un niño que había huido de Rusia junto con sus madres después de que la familia se enfrentara a acoso y amenazas, y de que él mismo empezara a sufrir acoso y aislamiento en la escuela. Hay que recordar, en este sentido, la especial situación que vive Rusia, un país en el que a la LGTBIfobia social se superpone desde hace más de una década una creciente LGTBIfobia de Estado que en 2013, después de que varias regiones lo hicieran por su cuenta, cristalizó en una ley estatal que prohíbe el mero hecho de informar positivamente de la homosexualidad a menores. Leyes que en la práctica hacen imposible celebrar el Orgullo LGTBI o simplemente enarbolar una bandera arcoíris.

Temiendo por su seguridad, la familia huyó a Finlandia, donde el niño empezó a ir a la escuela, hizo amigos y ya no tuvo que vivir con el temor a hablar abiertamente sobre su realidad familiar. Sin embargo, Finlandia rechazó su solicitud de asilo. Aunque las autoridades finlandesas reconocieron las experiencias pasadas de amenazas, acoso y discriminación, concluyeron que no podían considerarse constitutivas de persecución. A la familia no le quedó más remedio que regresar a Rusia. Sin embargo, la denuncia contra Finlandia acabó por llegar a Naciones Unidas.

Ahora el Comité de los Derechos del Niño, órgano de las Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de los estados miembro, ha concluido que Finlandia no tuvo en cuenta el interés superior del pequeño como consideración primordial al evaluar la solicitud de asilo ni lo protegió contra un riesgo real de daño irreparable en caso de devolución a Rusia. El Comité considera que el Estado finlandés violó los artículos 3, 19 y 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño y que tiene la obligación de proporcionar una reparación efectiva a la familia damnificada, incluida una «indemnización adecuada». La decisión del Comité fue informada por una intervención de terceros presentada conjuntamente por ILGA Mundo, ILGA-Europa, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Child Rights International Network (CRIN) y Network of European LGBTIQ* Families Associations (NELFA).

«Esta es una decisión importante, que establece las normas necesarias para la protección de los niños de las familias LGBTI que están en mayor riesgo de discriminación, especialmente en países como Rusia, donde las personas LGBTI se enfrentan a la estigmatización y las hostilidades en su vida cotidiana», ha declarado Arpi Avetisyan, jefa de litigios de ILGA-Europa, que ha remarcado además la obligación de los estados de garantizar siempre que el interés superior del niño se tenga en cuenta de forma efectiva y sistemática en el contexto de los procedimientos de asilo y que no se les discrimine por la orientación sexual de sus padres. «En el pasado, hemos visto que las decisiones internacionales sobre solicitantes de asilo lesbianas, gais y bisexuales han llevado a concederles la residencia en los Estados demandados», ha añadido por su parte Kseniya Kirichenko. «Esperamos que Finlandia también garantice que esta familia pueda volver y tener por fin una vida feliz y segura», ha añadido. Esperemos que sea así.

Puedes descargar la decisión completa del Comité de los Derechos del Niño aquí (en inglés).

Fuente Dosmanzanas

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Enésima tragedia protagonizada por una menor trans: Fouad, una chica de 17 años, se quitó la vida el pasado miércoles en Lille (norte de Francia). Tras su suicidio, las redes sociales han difundido el episodio que Fouad sufrió el pasado 2 de diciembre, cuando los responsables del centro escolar la hicieron volver a su domicilio por acudir vestida con falda. Los responsables del centro, pese a reconocer lo sucedido ese día, niegan ser los culpables de lo sucedido y aluden al «contexto personal complejo» de la adolescente.

Nuevamentes las redes sociales han servido de altavoz a una tragedia que de otros modos quizá hubiera pasado inadvertida. Bajo el hashtag #JusticePourFouad una tuitera denunciaba, tras el suicidio de la joven, el episodio de discriminación tránsfoba que sufrió el pasado 2 de diciembre, cuando una trabajadora del instituto Fénelon de Lille, miembro del equipo pedagógico que supuestamente le hacía acompañamiento, le recriminó que acudiese vestida con falda y la obligó a volver a su domicilio. En este punto, las versiones que circulan en redes difieren: según una versión la joven fue conminada a abandonar la clase delante de sus compañeros. Según otra, fue interceptada antes de entrar en clase. Lo que parece confirmado es que fue ella misma la que grabó con su teléfono móvil parte de la discusión con la trabajadora, que también fue difundida en redes. «Comprendo tus ganas de libertad, comprendo tus ganas de ser tú misma, lo entiendo muy bien. Y todo lo que hacemos, precisamente, es para acompañarte mejor, eso es lo que tú no entiendes» , le argumentaba la trabajadora del centro.

Palabras no demasiado comprensibles si se tiene en cuenta que el instituto conocía bien la situación de la adolescente, una chica a la que al nacer asignaron sexo masculino y que todavía no había modificar en sus documentos oficiales, y su equipo pedagógico supuestamente se había propuesto ayudarle. Los responsables educativos reconocen lo sucedido ese día, pero niegan que tenga relación con el hecho de que la chica se quitase la vida. Aluden, para justificarse, al hecho de que Fouad vivía un «contexto personal complejo» (la joven residía en una casa de acogida dependiente de los servicios sociales) y argumentan además que el prohibirle acudir a clase con falda tenía como objetivo «protegerla».

Por nuestra parte, resulta imposible precisar más de acuerdo a lo publicado. En cualquier caso, y aun asumiendo que el suicidio de Fouad fuese el resultado de más elementos que simplemente lo sucedido el 2 de dicembre, los argumentos del centro escolar en modo alguno justifican la humillación que la joven sufrió ese día. Un episodio que, de hecho, generó la reacción de sus compañeros, que al día siguiente colocaron carteles en el instituto para denunciar lo sucedido y muchos de los cuales tres días después acudieron al centro vestidos también con falda como gesto de solidaridad. Hasta el punto de que el instituto había cedido y al parecer ya estaba dispuesto a permitir la vuelta de Fouad vestida con falda.

Tampoco nos genera mucha confianza el hecho de que la dirección del centro, se refiriese a Fouad como «un alumno» y no como una alumna (la marca de género existe en francés, al igual que en castellano) a la hora de comunicar su muerte por correo electrónico a los padres de sus compañeros, como también ha sido difundido en Twitter.

Fuente Dosmanzanas

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Aunque algo habíamos adelantado ya el pasado sábado con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, ampliamos el informe con este post de Dosmanzanas:

Después de que el pasado mes de febrero emitiese su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo, ILGA Europa ha dado a conocer la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. Malta vuelve a encabezar la clasificación con holgura, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Como el año anterior, ILGA Europa advierte de que se están experimentando retrocesos legislativos en algunos países respecto a los derechos de las personas LGTBI. También se están propagando los discursos de odio por parte de los movimientos populistas, que ponen en riesgo a quienes defienden los derechos civiles, sin que las autoridades políticas estén tomando medidas al respecto. España asciende hasta la sexta posición, a pesar del inmovilismo legislativo de los últimos años, debido a la sentencia que ha declarado inconstitucional la discriminación de los menores trans en cuanto al reconocimiento de su identidad de género. ILGA Europa sigue recomendando la aprobación definitiva de la ley de igualdad de las personas LGTBI, la reforma de la ley de identidad de género que incluya la despatologización y la prohibición a nivel nacional de las terapias de reconversión de la orientación sexual.

Por primera vez, ILGA Europa ha distanciado la publicación de su informe anual sobre los derechos LGTBI en el continente europeo de la elaboración de la clasificación por países. En el informe, publicado en el mes de febrero, advertía del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de personas de relevancia social y política, debido al auge de los partidos de extrema derecha populista en números países. También informaba de que se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países.

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año no ha habido cambios en la valoración de cada apartado, por lo que es más sencilla la comparación con los datos del año anterior. Las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 20 %, los crímenes y discursos de odio también son el 20 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el asilo un 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.

La mayor caída en la clasificación la experimenta Hungría, que pierde 8,46 puntos debido a la suspensión de los procedimientos para el reconocimiento de la identidad de género, y a la falta de protección adecuada por parte del Gobierno en los eventos públicos. También descienden Francia y Finlandia, ya que las iniciativas gubernamentales en cuanto a la ampliación de derechos no han logrado entrar en vigor.

Ascienden Holanda, Montenegro y Macedonia del Norte debido a la implementación de reformas para impedir la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. España también asciende hasta la sexta posición, tras el dictamen del Tribunal Constitucional respecto a la identidad de género de los menores trans.

Según los datos recopilados por ILGA Europa, no ha habido ningún avance legislativo en el 49,9 % de los países europeos.

La pérdida de derechos o el aplazamiento de las reformas destinadas a su reconocimiento son una gran preocupación para ILGA Europa. Su directora ejecutiva, Evelyne Paradis, declaraba que «este es un momento crítico para la igualdad LGBTI en Europa. Con cada año que pasa, más y más países, incluidos aquellos que defienden la igualdad LGBTI, continúan rezagados en sus compromisos de igualdad para las personas LGBTI, mientras que más gobiernos toman medidas activas para atacar a las comunidades LGBTI. Hay razones para estar extremadamente preocupados de que esta situación se extienda a medida que la atención política se vea inmersa en las consecuencias económicas de la COVID-19».

La situación en España

Aunque el pasado año hubo una vez más en España un total inmovilismo legislativo respecto a los derechos LGTBI, su clasificación se he visto sustancialmente mejorada, al pasar de la undécima posición hasta la sexta. El ascenso se debe principalmente a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional la prohibición de que los menores trans pudieran acceder a la rectificación registral del sexo.

De esta manera, España ha pasado de un cumplimiento del 59,98 % en la clasificación del año pasado hasta un 66,82 % en la del actual.

No obstante, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español:

• Prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual.
• Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
• Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017, 2018 y 2019. Este año vuelve a situarse en esa posición, a considerable distancia de los demás. España, que salió el año pasado por primera vez del grupo de los 10 países de cabeza, vuelve a integrarse en él, debido al reconocimiento de los derechos de los menores trans por el Tribunal Constitucional.

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Así lo asegura FELGTB con motivo del Día Mundial Contra el Acoso Escolar (2 de mayo)

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) alerta de que las situaciones de acoso por LGTBIfobia se siguen produciendo pese al confinamiento a través de las redes sociales. Así lo asegura con motivo del Día Mundial Contra el Acoso Escolar que se conmemoraba este sábado, 2 de mayo.

En este sentido, el coordinador del grupo de Educación de FELGTB, José Luis Ferrándiz, explica que, “el acosador que antes estaba en el patio del colegio está ahora en Instagram”. “El ciberacoso es una realidad en el día a día de parte de la juventud LGTBI, cuya única ventana al mundo exterior durante este estado de alarma son, precisamente, los canales desde donde recibe la violencia”, asegura.

“No disponemos de cifras sobre el ciberacoso a adolescentes, pero FELGTB ha participado en la elaboración de una encuesta entre la población LGTBI de varios países de la Unión Europea y sus resultados reflejan que el 66% de las personas participantes ha sufrido algún tipo de agresión LGTBIfóbica a través de las redes en los últimos 5 años, lo que nos permite hacernos una idea de lo habitual que es este tipo de violencia en el mundo virtual”, declara.

Sin embargo, incide en que “no debemos demonizar las redes sociales que son unos buenísimos agentes socializadores, pero es imprescindible que tanto el profesorado, como las familias y el resto del alumnado estén alerta para prevenir, detectar y denunciar este tipo de comportamientos violentos”. “No debemos normalizar estas agresiones. Hay que actuar en cuanto se producen porque si no, el acoso se irá viralizando y crecerá exponencialmente”, declara.

En este sentido, el coordinador del Grupo Joven de FELGTB, Sergio Siverio, explica que durante la adolescencia se es más vulnerable ante este tipo de violencias porque es una etapa en la que la persona está, por lo general, en proceso de autoaceptación y quien acosa juega con el factor miedo, el anonimato y el sentimiento de culpabilidad de la víctima. “Las personas agredidas, en muchas ocasiones, no se han visibilizado como LGTBI, o no lo han hecho en todos sus círculos, lo que implica que puedan verse frenadas a la hora de pedir ayuda a una familia que no sabe que son gais, lesbianas, bisexuales o trans”, asegura.

Por este motivo, según Siverio, es importante que las familias creen un clima de confianza que invite al adolescente a abrirse y compartir sus problemas y temores y que el profesorado trabaje en función de protocolos de acoso escolar por LGTBIfobia. Asegura que “para romper el silencio de la víctima, que es uno de los principales problemas a la hora de detectar el acoso, hay que fortalecer su confianza en la familia y el profesorado”.

“También es importante el apoyo entre sus iguales ya que otros miembros del alumnado pueden ser elementos vitales de escucha y acompañamiento en la denuncia, especialmente cuando no se genere ese vínculo de confianza y entendimiento con familias que no aceptan su orientación o su identidad”, añade.

Ferrándiz también recuerda que el acoso escolar y/o el ciberbullying son delitos de odio y se pueden denunciar ateniéndonos al Código Penal y a diferentes legislaciones autonómicas LGTBI.  En este sentido, invita a las familias, al profesorado o a los representantes legales de los menores que estén sufriendo ciberacoso a que denuncien estos hechos ante la Fiscalía de Menores, la Policía Nacional, la Guardia Civil o el GRUME (Grupo de Menores de las Brigadas Provinciales de la Policía Judicial).

“Se puede llamar a las fuerzas de seguridad aunque no se esté seguro de estar sufriendo un delito de odio y si se prefiere, se puede contactar con FELGTB a través de la línea arcoíris (91 360 46 05 en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas o del correo electrónico info@felgtb.org) o con cualquier entidad LGTBI que opere en la ciudad en la que se vive para recibir asesoramiento sobre los pasos a seguir”, concluye.

La importancia de trabajar la diversidad LGTBI también durante el confinamiento

El coordinador del grupo de Educación de FELGTB recuerda que “además, es importante que el profesorado siga trabajando esta materia para prevenir tanto casos de ciberacoso, como futuros casos de violencia en las aulas”. En este sentido, aclara que no se trata de sobrecargar con más contenidos al profesorado que “ya está asumiendo verdaderos retos para seguir impartiendo clases pese al estado de alarma”, sino de facilitarle ideas y recursos para trabajar la diversidad de manera transversal. “A veces, es tan sencillo como incluir a una familia con dos madres en lugar de una familia con padre y madre en un problema de Matemáticas”, asegura.

Por su parte, el coordinador del grupo de Familias de FELGTB, José María García, asegura que ofrecer en la familia, recursos educativos sobre la diversidad LGTBI puede permitir que la infancia y juventud LGTBI hable libremente de su realidad.

En este sentido, García recuerda que actualmente, la familia debe asumir el papel del profesorado. “La mayoría del alumnado continúan su aprendizaje a través de medios electrónicos, por lo que es una oportunidad idónea para que estos reciban educación en diversidad afectivo sexual de género y familiar, así como otros aspectos de la educación no formal”, asevera.

Así, para ayudar a familias y docentes a trabajar la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género en casa, FELGTB pone a su disposición la web www.stopacosoescolarlgtb.com, en la que se pueden encontrar distintos materiales educativos, adaptados a distintas edades y en formato audiovisual. Además, los miembros del profesorado interesados en recibir más orientación y recursos en este sentido pueden entrar a formar parte del proyecto Red Educa de FELGTB o del proyecto Red de Escuelas Seguras, iniciativa que lidera los esfuerzos frente al bullying en los centros educativos a través de una alianza entre estudiantes, profesionales sociales, profesorado y familias, entre otros. Para más información: info@felgtb.org

Por otra parte, el grupo de Familias de FELGTB impartió una charla en el marco del #EspacioArcoíris para ofrecer recursos en forma juegos, dinámicas, cuentos y pequeños vídeos con los que trasladar a la infancia conceptos básicos de diversidad familiar, diversidad afectivo sexual y diversidad de género: sexo, género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género. Charla.

Fuente FELGTB

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El gigante de streaming Netflix acaba de lanzar un avance de su próximo documental sobre el asesinato de Gabriel Fernández.

La madre de Gabriel, Pearl Fernández, y su novio, Isauro Aguirre, fueron declarados culpables de torturar hasta la muerte al niño de 8 años por pensar que éste era gay. Fernández, de 34 años, fue sentenciada a cadena perpetua, mientras que Aguirre, de 37 años, fue condenado a la pena de muerte.

«Este caso es muy emotivo, agradeceremos a las personas sensibles abandonar la sala«, es la petición que el alguacil de la Suprema Corte de Los Ángeles realizó durante el primer día del jucio del niño de Pamdale. Con estas palabras inicia el trailer del documental que estará disponible en la plataforma a partir del 26 de febrero.

Las autoridades del sur de California que respondieron a una llamada al 911 en 2013 encontraron a Gabriel desnudo en una habitación. Tenía el cráneo agrietado, tres costillas rotas y balines BB incrustados en el pulmón y la ingle. Murió dos días después de sus heridas en un hospital.

Durante el juicio de Aguirre, los fiscales le dijeron al jurado que odiaba a Gabriel porque sospechaba que el niño era homosexual. Los mensajes de texto entre la pareja demuestran que conspiraron para matar a Gabriel, dijeron los fiscales.

El documental The Trials of Gabriel Fernández analiza cómo el sistema falló a un niño que había sufrido repetidos signos de abuso y abandono a largo años. Los fiscales dieron el paso extraordinario de no solo perseguir a los abusadores sino también a los cuatro trabajadores sociales involucrados en el caso.

The Trials of Gabriel Fernández comienza a emitirse hoy miércoles 26 de febrero en Netflix.

Fuente Oveja Rosa

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