Tiene grabado a fuego aquel 5 de junio de 1976. Nada más salir Antoni hacía una parada en una tasca de Badajoz para tomarse un vermú. Un aperitivo con sabor a libertad porque con 18 años recién cumplidos acababa de abandonar la cárcel de homosexuales en la que había estado recluso dos meses.

A Antoni lo encerraron por ser homosexual, tal como quedó constancia en su ficha policial y en la condena que le llevó a recorrer varios penales de presos comunes para acabar en Extremadura.  En 1954 se criminalizó al homosexual incluyéndole en la Ley de Vagos y Maleantes, una norma que fue sustituida en 1970 por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, en vigor hasta bien entrada la democracia. Fue con esta norma con la que se habilitaron cárceles específicas para “rehabilitarlos”. Marcaron  dos centros penitenciarios, el de Huelva (para lo que consideraban homosexuales “activos”) y Badajoz (para “pasivos”).

 En la ficha de Antoni de la época se recoge que su delito era ser “homosexual”

Ocurrió en un régimen que, aunque agonizante, seguía reprimiendo las libertades. Esa es la realidad que cientos de españoles vivieron en su piel al final de la dictadura. Aunque muerto el dictador las cosas no fueron mucho mejor, teniendo en cuenta por ejemplo que Antoni salió libre en el 76.

La cárcel es hoy el  Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC). Allí el modo de redimirlos consistía en hacerles coser balones. Narra este testigo vivo de la represión que era un lugar vejatorio, donde eran humillados mientras los funcionarios “miraban para otro lado” ante los abusos. Había delincuentes comunes que se declaraban homosexuales pensando que así recibirían un régimen penitenciario más laxo. “La mayoría de los homosexuales nos cuidábamos, teníamos que tener bastante cuidado”. Era bastante desagradable verse rodeado de ladrones o asesinos y el miedo a ser agredidos siempre estaba.

Antoni declaró su homosexualidad a su madre con 17 años y ella, que no lo entendió, pidió ayuda a la familia. Fue una monja cercana la que lo denunció. La policía vino a por él de madrugada y tras un periplo por los penales de Valencia y Carabanchel acabó en Badajoz.

Hace años que creó junto a más víctimas la Asociación Expresos Sociales y comenta con voz segura que aquello forma parte del pasado. “Lo superé porque llevamos años trabajando para devolver la dignidad a los compañeros, desarrollando una labor extraordinaria. Podemos decir que estamos resarcidos económicamente y moralmente”.

Ha regresado cada vez que ha podido a la ciudad que le vio preso porque siente a Badajoz como su segunda casa, ya que también fue la primera que los reconoció como víctimas del franquismo por su orientación sexual.

“Aniquilar lo diferente”

Como sistema represivo que era, el franquismo apostaba por reprimir la diferencia según explica  José María Núñez, presidente de Fundación Triángulo Extremadura. Un régimen que funcionaba mejor desde la estructura tradicional organizada y donde todo lo diferente dificultaba su modelo y era controlado. Una manera de aniquilar lo diferente con grandes dosis de maldad, con violencia y sentencias condenatorias sin  juicio previo.

Una idea parecida traslada Javier Ugarte Pérez, activista doctor en Filosofía, que en sus estudios sobre la represión franquista concluye que cualquier modelo ajeno a la familia numerosa tradicional y católica (donde la pareja se dedicaba a engendrar) no encajaba en el ideal.

De hecho detalla que la detención no era una cuestión metafísica por ser homosexual, sino por tener relaciones homosexuales. Tras la Guerra Civil hay una destrucción económica, demográfica y moral a las que acompaña la llegada de un modelo de ‘nacional catolicismo’, allá por los años 50.

No fueron cifras enormes, si se tiene en cuenta que hubo hasta 50.000 fichados por homosexuales, de los que 4.000 fueron expedientados.

Comenta también  José Manuel Corbacho, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, cómo la legislación franquista permitía medidas “preventivas” contra este colectivo LGTBI y tratamientos de electrochoques para erradicar lo considerado como una enfermedad. Han documentado casos de suicidios y numerosas violaciones.

La ley de Peligrosidad añade en el 70 la novedad de especializar dos cárceles ya existentes, aunque en la Modelo de Barcelona, Valencia y Carabanchel también se habilitaron módulos para recluir a este tipo de presos. Según ha documentado el periodista Fernando Olmeda en ‘El látigo y la pluma’ (2004) cerca de un millar de homosexuales pasaron por prisión entre 1970 y 1979 en virtud de la ley de Peligrosidad Social.

El perfil social de los encarcelados 

Un elemento básico de análisis para el experto Javier Ugarte es el perfil social de las personas recluidas. Aunque algunos eran ‘pillados’ in fraganti en una pensión o en unos baños púbicos, hay otros que fueron denunciados como es el caso de Antoni.

En su mayoría eran gente humilde, de las clases más bajas y normalmente solteros (aquellos que no encajaban en el modelo demográfico de familia católica). Gente con poca instrucción y herramientas legales para su defensa, y que además tenían que enfrentarse a un doble estigma: al de la calle y el de dentro de las cárceles.

Porque estos presos, a diferencia de los políticos, no contaban con una red de apoyo y solidaridad fuera, sino que eran repudiados y tratados como inmorales o desvergonzados. En algún caso se les practicó el electroshock, pero tampoco era lo frecuente en las cárceles porque ello requería de un psiquiatra y de medios continuados para tratarles, y el régimen no estaba por la labor.

Estos tratamientos se aplicaban más bien en consultas privadas, donde llegaban los homosexuales por voluntad propia o de la mano de sus familiares. Y eran terapias que no reprimían el deseo sexual, sino que creaban impotencia en quienes lo sufrían, cuenta Ugalde Ugalde.

Puede considerarse que dentro de la escala de presos, los homosexuales pertenecían a uno de los eslabones más bajos, víctimas de violaciones y humillaciones. Además, se quedaban con los antecedentes penales una vez liberados, cuando en la época no era rara la obligación de presentar el certificado de antecedentes para trabajar.