Comentarios desactivados en ‘Min y el cazador de estrellas’ una historia sin género y de difusión gratuita
Escribir una historia sin desvelar el sexo de su protagonista es muy complicado. No solo por el nombre o la descripción física, sino por ir sorteando todo el lenguaje de género: En lugar de «la persiguió», pondremos «el Cazador persiguió a Min»; en lugar de «estaba contenta», «estaba alegre», y así fueron solventando los problemas que el lenguaje les iba presentando. ¡Pues nadie se ha dado cuenta!
Las historias de «Min y el cazador de estrellas», de Lola Llatas, se fueron subiendo a su blog y pasó algo: NADIE se dio cuenta de si Min era un niño, una niña o ninguno de los dos. Los niños pensaron que Min era un niño. Las niñas pensaron que Min era una niña. La identificación fue total.
Min deberá convencer al Cazador de Estrellas para que libere a todas las que tiene cautivas.
Por cada relato que Min le cuente, una estrella quedará libre. Es una idea buenísima pero, ¿de dónde podrá Min sacar tantas historias? Solo conoce la suya propia y hay partes de las que ni se acuerda. Sus amigas las libélulas deberán volar hacia los colegios españoles en busca de relatos nuevos y sorprendentes, capaces de ablandar al gigante.
Durante el curso 2017/2018 once coles animaron a sus estudiantes a usar la imaginación para colaborar en este proyecto solidario para Médicos del Mundo. ¿Qué pretende? Abrir un diálogo entre alumnado, padres, madres y profesorado sobre la existencia de niños y niñas con riesgo de exclusión social.
Os dejamos el enlace para descargaros esta historia que está formada por lo que inspiró a Lola y también a todos los coles que han participado añadiendo sus relatos salvadores de estrellas. «quiero que llegue (gratuitamente) a todos los rincones posibles; que llegue a las personas que realmente puedan disfrutarlo». Si queréis que vuestras personitas pequeñas conozcan esta historia y, quizá, conozcan algún relato que salve una estrella no dudéis en descargar de forma gratuita este interesante texto.
Comentarios desactivados en Casi la mitad de las personas trans retrasa o anula sus citas médicas por temor a la discriminación y al trato irrespetuoso
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y Médicos del Mundo presentaron la semana pasada los datos de un cuestionario a una muestra de 69 personas trans de todo el territorio español que revela que casi la mitad de estas personas anula o retrasa sus citas médicas para evitar sentirse discriminadas en la consulta.
Pese a la dificultades estadísticas de un estudio de este tipo (puedes descargarlo en su integridad aquí), los resultados ofrecen información fiable sobre los obstáculos que estas personas afrontan cuando requieren servicios sanitarios. El 19,7% de las personas trans encuestadas habían anulado compromisos médicos por miedo a que se las llame por un nombre que no es el suyo, el 16,7% para evitar faltas de respeto y el 13,6% por temor a visibilizarse como personas trans en la consulta:
Y es que, según el estudio, el 47,8% habían sufrido un trato discriminatorio en alguna ocasión al acudir a los servicios sanitarios. Un 15,9%, de hecho, aseguraba sufrirlo siempre o casi siempre. Por otra parte, un 27,5% de las personas encuestadas afirmaron que ya no van al médico nunca o casi nunca, debido al trato discriminatorio, la falta de formación del personal sanitario y, en general, un trato que las hace sentirse incómodas.
Estos datos, junto al hecho de que un 66,7% de las personas encuestadas reconocieron que nunca habían hablado sobre su salud sexual y la prevención del VIH y otras ITS con el personal sanitario, revelan, según el secretario de organización de la FELGTB, Loren González, que «estamos ante una situación muy alarmante que hace imprescindible una mayor formación de los profesionales sanitarios». Y es que, según las respuestas, el 75,3% de las personas trans considera que el personal sanitario tiene un conocimiento bajo o muy bajo sobre su realidad.
«Evitar o reducir las discriminaciones en este ámbito es muchas veces tan fácil como dirigirse a la persona por el nombre con el que se identifica», explica González. Una observación avalada, de hecho, por la evidencia: ya hace mas de un año hicimos referencia, por ejemplo, a una investigación estadounidense que mostraba que el mero hecho de respetar el nombre elegido por adolescentes y jóvenes trans disminuía drásticamente los casos de depresión e intentos de suicidio.
«Manual de instrucciones», campaña de sensibilización de la FELGTB
Por todos estos motivos, con el fin de sensibilizar a la comunidad sanitaria y acercarla un poco más a la realidad de estas personas, la FELGTB ha lanzado la campaña «Manual de instrucciones», que muestra, a través de diversos vídeos, situaciones a las que las personas trans se enfrentan habitualmente en los centros sanitarios y ofrece pautas sencillas al personal sanitario para solventarlas. Además, la FELGTB y Médicos del Mundo exigen que, de manera prioritaria, se forme a los profesionales sanitarios tanto del sector público como del privado sobre las especificidades de la realidad trans.
Otra demanda de FELGTB y Médicos de Mundo es la modificación urgente la Ley 3/2007, que sigue patologizando la realidad de estas personas en España. Una normativa anacrónica que continúa exigiendo un diagnóstico de «disforia de género» para poder llevar a cabo la modificación de los datos registrales, así como (con contadas excepciones) haber realizado dos años de tratamiento hormonal, ser una persona española y mayor de edad. «El derecho de autodeterminación debe estar garantizado por la legislación española, tal y como indica el Parlamento Europeo (…) Necesitamos una ley estatal ya que garantice este derecho, así como la correcta atención sanitaria a estas personas», apunta González. Ambas organizaciones reclaman además el desarrollo de las normativas autonómicas ya aprobadas sobre la materia. «Aunque hay comunidades como Madrid cuyas normativas suponen un salto cualitativo en el acceso al derecho a la salud de personas trans, la realidad es que existe un largo camino aún por recorrer en la práctica, ya que faltan recursos como formación a profesionales para que la normativa pueda ser una realidad», explica por ejemplo Ana Durán, coordinadora de Médicos del Mundo Madrid.
Os dejamos con el vídeo de presentación de «Manual de instrucciones». Puedes acceder al resto de vídeos aquí.
Comentarios desactivados en “Senegal, donde nadie quiere tener un vecino gay”, por Aitor Guenaga
Michel iba para cura, pero ahora da testimonio de la persecución sufrida por ser gay en Senegal.
Sólo el 3% de la ciudadanía senegalesa afirma que no le molestaría tener una persona homosexual como vecina, según el Afrobarómetro
En Senegal, como en otros países, el Código Penal prevé penas de prisión y multas por “actos impúdicos o contra natura”
Las denuncias ante la Policía se suceden y las amenazas llegan desde la propia familia: “Hemos hecho una reunión y te vamos a matar porque eres homesexual. Eres la vergüenza de nuestra familia y te mataremos”
En las últimas semanas, ciudades de medio mundo se han llenado de besos y abrazos entre personas del mismo sexo, de manifestaciones donde la bandera arcoiris ha tomado las calles o incluso ha teñido las fachadas de ayuntamientos y otros edificios oficiales. Madrid ha estallado este fin de semana y el movimiento LGTBI sigue de fiesta. Pero en muchas partes del mundo, la homosexualidad, lejos de ser algo para celebrar y visibilizar, sigue marcada a fuego en los Códigos Penales de países incluso laicos y alejados de las tendencias fundamentalistas.
Es el caso de Senegal, un país de órbita francófona que ha vivido un “gran retroceso” en “la tolerancia que existía hace no tantos años” con las prácticas homosexuales, según coinciden en denunciar activistas LGTBI y miembros de ONGs que trabajan sobre el terreno en África. Un Estado con un modelo de desarrollo de cierto éxito -la foto fija recuerda a la España del desarrollismo, con kilómetros de nuevas autopistas y viviendas en construcción por buena parte del país, un nuevo aeropuerto y el proyecto de crear un nuevo Dakar en las afueras mientras el dinero siga fluyendo- alejado de las influencias yihadistas -pese a que alrededor de un 92% de la población profesa la religión musulmana- y un destino turístico más que seguro para los blancos que cada vez tienen que borrar más países de su mapa de vacaciones. Un país en el que s ólo el 3% de la ciudadanía senegalesa afirma que no le molestaría tener una persona homosexual como vecina, según el Afrobarómetro de 2015. El margen de error de cualquier sondeo demoscópico.
Tal vez por eso, el actual presidente de este país subsahariano, Macky Sall, dejó claro ya en 2013 que Senegal no estaba preparado para legalizar las relaciones entre personas de mismo sexo. Y que su despenalización “no se producirá mientras yo esté en el poder”, pese a las presiones que se puedan producir desde los países occidentales. En 2019 hay nuevas elecciones presidenciales y el sueño de cambio que encumbró a Sall ha entrado en barrena para parte de la población que vio con buenos ojos su llegada al poder. El presidente Macron ha visitado en numerosas ocasiones Senegal desde que accedió al Elíseo, pero este tema no está, al menos públicamente, en la agenda política. Salvo en la de algunas ONGs -que han impulsado proyectos pegados a la comunidad LGTBI- e instituciones que están dispuestas a destinar fondos públicos para proyectos de apoyo a este tipo de “colectivos vulnerables”.
En Dakar, la capital de Senegal, es martes y la contaminación se adhiere a los extremidades sudadas de un grupo de periodistas y de representantes de las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa. De la mano de responsables de Médicos del Mundo, nos adentramos en un edificio en un lugar indeterminado donde nos esperan gays, lesbianas, activistas LGTBI y trabajadoras del sexo. La cita no es pública. Nos han convocado a una reunión sin luz ni taquígrafos en un edificio del centro de la ciudad. El sol cae a plomo, como la represión y las denuncias contra los homosexuales que siguen dando la batalla contra un Código Penal que en su artículo 319.3 prevé penas de prisión de entre 1 y 5 años y multas de entre 100.000 y 1,5 millones de ‘cefas’ (150 y 2.300 euros) por “actos impúdicos o contra natura”. Así se definen legalmente las relaciones entre personas del mismo sexo en este país subsahariano.
Bijoux esconde su precioso rostro y trata de vivir su condición de lesbiana en libertad en Senegal.
Michel sabe de lo que habla. Cuando a los 17 años descubrió que le gustaban los hombres también había decidido casarse con Dios. Estaba estudiando en el Instituto de Teología para ser cura (diácono) y ya mantenía relaciones con uno de sus superiores. Internet y los móviles están muy presentes en la vida cotidiana de los senegaleses. Tanto que Michel usaba la aplicación Romeo -una suerte de bazar para entablar amistades y relaciones de pareja- para entrar en contacto con otros hombres. “Un día se me olvidó el móvil y ni primo le contó a mi tía lo que descubrió. Tuve que marcharme de casa y, poco después, tuve que abandonar la congregación”. Después tuvo que abandonar el país que le vio nacer.
Michel tiene ahora 26 años. Es flaco, espigado y no muy alto. Tuvo que marcharse a Costa de Marfil y a otros países de África del Oeste como Camerún. Pero allá donde recalaba para rehacer su vida acababa llegando también una carta de los líderes espirituales de su congregación en la que advertían a quien quisiera leer sobre su orientación sexual. Y vuelta a empezar. Finalmente volvió a Senegal a casa de unos amigos. Pero su familia, implacable, comenzó a enviarle amenazas de muerte a través del móvil:
– “Hemos hecho una reunión y te vamos a matar porque eres homesexual. Eres la vergüenza de nuestra familia y te mataremos, te lo juro en nombre de Dios“.
– “Te estamos viendo últimamente y sabemos donde vives ahora y te juro que morirás pronto porque sabemos dónde estás ahora e iremos“.
Michel, antes de ser expulsado por la iglesia senegalesa por ser gay.
Su sueño de ser cura se ha truncado. Al menos en esta vida. Su determinación por reivindicar su homosexualidad en libertad está en plena ebullición. Como Bijoux, una mujer de 28 años que trabaja activamente en una asociación de lesbianas creada en 2004. La echaron de la escuela al descubrirse su orientación sexual tras ser denunciada por sus propias compañeras de pupitre. Y acabó trabajando en lo que pudo y así tirar para adelante, aunque a día de hoy la información sobre su condición sexual sigue colgada en la Red. La “estigmatización y las denuncias” llovieron en los siguientes años como solo sabe llover en el trópico. Fuera en temporada de lluvias o en el ciclo seco. Tan orgullosa como Fatou, que apunta que en Senegal “siempre tienes que fingir, tener varias caras -estar casado, tener hijos y ser homosexual, por ejemplo-, usar estrategias para que te dejen vivir tranquila”, expone. A ella la casaron a sus 14 años con un hombre del pueblo. Se negó a tener relaciones sexuales con él. Y lo pagó caro: “me pegaba patadas y puñetazos hasta que se cansó y dejó de venir por casa. “Pero cuando pienso en todo lo que he recorrido y en lo que he luchado para rehacer mi vida, para reinventarme… la verdad es que me siento orgullosa de mí misma. Ahora cuando ahorro un poco de dinero me alquilo una habitación de hotel y me quedo tranquila viendo una película, pensando en recuerdos del pasado o compartiendo una bebida con una amiga. Y así soy feliz“, revela. Pequeños espacios de libertad en una ciudad que ha visto manifestaciones contra la homosexualidad relatadas a toda plana en las primeras páginas de los periódicos.
El activista del movimiento LGTBI en Senegal Jean Marie.
Jean Marie es un activista LGTBI que no se esconde. Si estuviéramos en Oakland (EE UU) en 1966 se diría que encaja como un guante en la estética de los Panteras Negras. Pero el rinoceronte dorado que cuelga de su negrísimo cuello nos traslada al África subsahariana de un plumazo. Es el secretario general de la red nacional de asociaciones -un total de 35- que más está haciendo por la lucha de los derechos de lesbianas y gays en su país. “Estamos trabajando en un contexto muy difícil“, admite. “Luchamos contra la discriminación y la estigmatización que arrastramos“. Y ahí entra como un tiro la labor de Médicos del Mundo y su forma de tejer una red que une a la sociedad civil, la protección de “colectivos vulnerables” como el LGTBI o las trabajadoras del sexo, con el recordatorio al Estado de sus “obligaciones” en materia de salud y otros derechos. “Yo no llevo la bandera del movimiento LGTBI, no queremos apropiarnos de una lucha que no es nuestra“, afirma Guillermo Martínez, responsable de esta ONG en Senegal. Desde 2017 han formado ya a 13 personas para ser hojas frondosas metafóricas de baobab, el árbol nacional.
El objetivo, en realidad, es fortalecer una red de entidades locales y de personas que sirvan a la comunidad a través de proyectos financiados por instituciones como las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa. Solo Bizkaia ha destinado para proyectos concretos de Médicos del Mundo 120.000 euros anuales para este tipo de colectivos en peligro. A veces, la cosa es cuestión de vida o muerte.
“Sois unos luchadores por los derechos humanos”
Y pese al dinero público que sigue fluyendo, la diputada foral vizcaína de Empleo, Inclusión e Igualdad, Teresa Laespada, tras escuchar junto a su homólogo en el cargo en Gipuzkoa y reconocido activista gay de los derechos del colectivo LGTBI, Denis Itxaso, todos estos testimonios, asegura que “el cambio cultural no se puede producir desde el dinero, sino desde el activismo local”. Denis recuerda que en España ya se ha producido ese cambio político -cuenta que el Ministerio del Interior español lo dirige hoy un magistrado que visibiliza su condición de homosexual- y cultural, “pero no en la religión”. “Aquí, igual que hace décadas en España, sois unos luchadores por los derechos humanos”, apunta, clavando su mirada en Jean Marie y Bijoux.
Los periodistas y las autoridades vascas abandonan la sala. El calor se ha vuelto aún más pegajoso en Dakar. Ha caído el sol y el tráfico se ha puesto de nuevo imposible. En la habitación del hotel les espera una ducha, aire acondicionado, tal vez un baño en la piscina y una cerveza Flag helada. Antes de partir, todos han sido invitados a dejar en un cuadro su huella dactilar junto a un baobab -el árbol nacional- a modo de hojas que crecen y crecen hasta llenar el infinito. Hay pinturas de todos los colores, esos que se multiplican en los vestidos de las mujeres que llenan los puestos de los mercados o recorren con sus cacahuetes o sus deliciosos mangos a la búsqueda de unos cientos de ‘cefas‘.
Cada huella dactilar parece una metáfora de la red tejida en estos años para que los derechos de estos “colectivos vulnerables” funcione como tejido civil, protección y a la vez tormenta de arena que pretende impregnar a una población preocupada por el futuro de su país.
Ampliación con noticias de Cristianos Gays y Dosmanzanas
Homosexualidad castigada penal y socialmente
Senegal, un país de África occidental de mayoría musulmana, castiga las relaciones homosexuales con hasta cinco años de cárcel y multas que en los casos más extremos pueden llegar hasta los 1.500 euros, cifra exorbitante para un ciudadano senegalés. Ya en 2010 nos hacíamos eco de un informe de Human Rights Watch que alertaba del incremento de las agresiones hacia las personas homosexuales en ese país, estimuladas por líderes políticos y religiosos que habrían sido decisivos a la hora de fabricar un clima de violencia homófoba con la connivencia de buena parte de los medios de comunicación. Según una encuesta de Pew Global Attitudes Project realizada en 2013, el 96 % de los senegales consideran que la homosexualidad no debe ser aceptada por la sociedad.
En abril de 2013, la jefatura del Estado senegalés emitió un comunicado en el que declaraba que “los valores culturales básicos enraizados [en Senegal] no pueden ser compatibles con la opción de despenalizar la homosexualidad”, afirmando con firmeza que “el Estado no ha considerado esa opción, que se excluye por completo de su doctrina política”. Esta misma declaración fue reiterada por el presidente Macky Sall dos meses más tarde, durante la visita que efectuó al país africano Barack Obama. Incluso quienes defendieron la despenalización en el pasado, como el expresidente honorario de la Federación Internacional de Derechos Humanos Sidiki Kaba, desistió de su intención al convertirse en ministro de Justicia de Senegal.
En febrero de 2014, una pareja de hombres fue condenada a seis meses de prisión, denunciada por sus propios vecinos. También nos hemos hecho eco del caso del periodista Tamsir Jupiter Ndiaye, condenado por segunda vez a la cárcel a principios de este mes de agosto después de que un joven lo acusara de intentar violarlo.
En 2016,una horda violenta trataba de linchar a un estudiante homosexual de la Universidad de Dakar, provocando graves disturbios. Una violenta horda de jóvenes invadió el campus de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, en persecución de un joven al que acusaban de haber hecho proposiciones homosexuales a otro estudiante. Después de que el equipo de seguridad se negara a entregar al perseguido, los violentos iniciaron los disturbios, en los que incendiaron diversos edificios del centro universitario y destrozaron una entidad bancaria cercana. Según denuncian las asociaciones de defensa de los derechos LGTB, se trataría del noveno caso de asalto a la Universidad Cheikh Anta Diop desde el año 2012, todos ellos motivados por la persecución de estudiantes homosexuales o percibidos como tales.
Comentarios desactivados en Mujeres transgénero impulsan una campaña contra su discriminación laboral
Un informe de Médicos del Mundo recoge las demandas formuladas por el colectivo después de dos años de trabajo conjunto.
A menudo se les transmite que viven en un cuerpo “incorrecto”
Un colectivo de mujeres transgénero de Barcelona impulsa una campaña para reducir su discriminación en el ámbito laboral, bajo el título #estamospreparadasytú?. El pasado lunes 30 de abril, jornada previa al Día Internacional del Trabajo, repartieron unas postales reivindicativas diseñadas por ellas mismas en comercios de la ciudad condal para pedir a las empresas que las valoren por sus capacidades profesionales y no por su identidad sexual ni su apariencia física.
Esta campaña es una de las acciones resultantes del proceso que durante dos años han realizado un grupo de 33 mujeres trans de Barcelona junto a Metges del Món Catalunya en el marco del proyecto Transgenerant Salut.
El resultado de esta investigación es el informe “Sumando miradas a la realidad transgénero en Barcelona”, que recoge las demandas de las mujeres transexuales sobre cuatro temas que para ellas son clave: salud, situación laboral, prostitución y transfobia. La finalidad de este diagnóstico es servir de guía a entidades y activistas para futuros proyectos relacionados con mujeres transexuales.
Médicos del Mundo trabaja con el colectivo trans tanto en Madrid como en Barcelona. La entidad las apoya para que puedan participar activamente en la elaboración de políticas y medidas que les afecten. En Madrid ofrecemos además atención endocrinológica, orientación sobre la hormonación y el proceso de cambio de nombre y formación a profesionales sanitarios sobre diversidad sexual. La organización reclama una atención psicológica especializada que no trate la transexualidad como una enfermedad y solicita que se contemple ofrecer beneficios fiscales a las empresas que contraten a mujeres transgénero.
Principales conclusiones del informe
Situación laboral
• El diagnóstico detecta una actitud poco receptiva por parte de las empresas a la hora de contratar a mujeres trans.
• Las mujeres han normalizado la discriminación laboral y han desarrollado sus propias estrategias para convivir con ella.
• Las mujeres relacionan las posibilidades de obtener oportunidades laborales al hecho de que no se aprecie físicamente que son mujeres trans, lo que para ellas son mujeres trans invisibles.
• A menudo se ofertan formaciones para mujeres trans, pero no son útiles para mejorar la ocupabilidad.
Salud
• Se ha detectado falta de formación entre el personal médico de atención primaria sobre los pasos a seguir en el proceso de tránsito y sobre los recursos disponibles para este colectivo.
• A menudo se les transmite que viven en un cuerpo “incorrecto” y que su proceso de tránsito sólo finalizará cuando éste adopte una forma totalmente femenina, como si existiera solo un modelo correcto de mujer.
Transfobia
• Es habitual que las mujeres trans sufran discriminación (transfobia) en la calle.
• La mayoría de las mujeres participantes han vivido situaciones de rechazo familiar.
Comentarios desactivados en ONG y asociaciones profesionales sanitarias piden al Gobierno que aborde ya el retorno a la sanidad universal
La FELGTB quiere hacer público su apoyo a seis entidades de defensa de los derechos humanos y de profesionales de la sanidad que se han dirigido al Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para exigirle que incluya la cuestión de la asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación administrativa irregular en el orden del día del próximo Consejo Interterritorial de Salud, que se celebrará este 29 de julio en Madrid.
Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge, SEMFyC, SESPAS y Odusalud solicitan a las autoridades centrales y autonómicas representadas en el Consejo que debatan y adopten acuerdos sobre la urgencia de poner en práctica las recomendaciones emitidas por más de una decena de mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas y el Consejo de Europa, que han instado al Gobierno español a asegurar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas que viven en España.
Además, a la puerta del Ministerio, activistas de estas asociaciones entregarán botiquines –que contienen el listado de recomendaciones internacionales– al ministro y a los y las representantes de las Consejerías de Sanidad autonómicas participantes en la reunión.
Las últimas recomendaciones internacionales provienen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, quien ha destacado que el Real Decreto Ley 16/2012 ha tenido un impacto desproporcionado sobre las mujeres migrantes y que con él se ha perdido una oportunidad para identificar a las víctimas de violencia de género y a las víctimas de trata de personas y apoyar a las víctimas de violencia sexual. El Comité recomienda que se reforme el Real Decreto Ley para garantizar el acceso a la atención sanitaria a todas las personas.
En el mes de mayo, también el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación de la mujer en la legislación y en la práctica instó al Gobierno a asegurar la cobertura sanitaria para todas las personas migrantes y calificó el Real Decreto Ley 16/2012 como una medida regresiva incompatible con las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha recomendado a España que las personas migrantes no sean discriminadas en el acceso a la atención de la salud.
Exigimos medidas definitivas, no parches
En las últimas semanas, dos autonomías –Comunidad Valenciana y Baleares– han anunciado la extensión de la tarjeta sanitaria a todas aquellas personas empadronadas en sus territorios. Se suman así a otras comunidades que han adoptado medidas para garantizar el acceso de personas migrantes a la atención sanitaria, como Asturias, Andalucía, o Euskadi y Navarra, que han llegado a garantizar por ley la universalidad de la atención sanitaria.
Las organizaciones firmantes consideran que el anuncio del ministro del pasado mes de marzo en relación con el acceso a la atención primaria de las personas hasta ahora excluidas es un paso en la dirección correcta, pero también es solo una medida paliativa y, por tanto, insuficiente. Lo importante -consideran las entidades- es reformar la legislación que consagra esta exclusión sanitaria y blindar definitivamente el acceso a la salud como un derecho humano.
Mientras esto llega, es necesario recordar a los gobiernos autonómicos que también ostentan obligaciones internacionales en materia del derecho a la salud y que pueden y deben llegar al límite de sus competencias para asegurar que se restaure la universalidad de este derecho. Además, las autonomías gobernadas por aquellas fuerzas políticas que suscribieron públicamente su compromiso con la restitución de la cobertura sanitaria universal en España tienen ahora una oportunidad de oro para exigir al gobierno central cambios legislativos urgentes que permitan alcanzar este objetivo.
En este sentido, organizaciones como Médicos del Mundo y las integradas en el observatorio Odusalud se preguntan de qué forma las nuevas medidas que se pongan en marcha van a contemplar la restitución del daño causado hasta ahora por la exclusión sanitaria, en concreto con las facturas y compromisos de pago emitidos.
Las entidades firmantes de la carta al ministro, que llevan denunciando el impacto de la reforma sanitaria desde su aprobación y documentando sus efectos con sus propios medios, han exigido reiteradamente al Gobierno que evalúe qué consecuencias ha tenido el Real Decreto Ley 16/2012 sobre el derecho a la salud de las personas afectadas.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Los mecanismos internacionales que han instado a las autoridades a garantizar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación son: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; la Relatora Especial de extrema pobreza y derechos humanos; el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; el Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales; el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el Comité Europeo de Derechos Sociales; el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas; Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas; el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica y 9 países en el marco del mecanismo de Examen Periódico Universal.
Comentarios desactivados en El gobierno del PP tras el daño causado, quiere lavar su imagen suavizando la exclusión sanitaria de los “sin papeles” que decretó en 2012
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha anunciado que los cientos de miles de inmigrantes sin papeles a los que el gobierno de Mariano Rajoy dejó sin cobertura sanitaria en 2012 podrán acudir ahora a los centros de Atención Primaria. El anuncio supone sin duda una mejora respecto a la situación vivida estos últimos tres años, aunque a falta de conocer la letra pequeña del cambio no puede hablarse ni mucho menos del retorno de la sanidad universal, derecho que hace solo unas pocas semanas la gran mayoría de los partidos españoles, salvo el PP y Ciudadanos, prometían recuperar en la próxima legislatura. El anuncio ha sido interpretado como una medida dirigida a “suavizar” la imagen de un PP tocado tras las elecciones andaluzas, e incluso a dejar en evidencia a Ciudadanos, la formación de centro-derecha que amenaza en estos momentos con llevarse una parte significativa de su electorado.
Gracias al Real Decreto 16/2012, una de las medidas de más graves consecuencias sociales del gobierno de Rajoy, han quedado fuera de la atención sanitaria (con la excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) colectivos como los inmigrantes “sin papeles” o los ciudadanos que aun siendo españoles se han visto obligados a emigrar y llevan trabajando más de 90 días en el extranjero. Un retroceso social que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos. Ya hace más de año y medio que Médicos del Mundo recopiló, de hecho, 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre del año 2012.
El impacto negativo del Real Decreto 16/2012 ha sido también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que hace pocos meses publicaba un estudio que muestra como hasta el 37% de los especialistas en VIH han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresó que los pacientes no fueron atendidos ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley. “Lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida“, concluía el estudio, según el cual al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado “el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012″ de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.
Una medida, en suma, de la que el propio gobierno es incapaz de cuantificar si ha supuesto algún ahorro, y que ahora el ministro Alonso considera que debe revertirse por “cuestiones de salud pública”, porque es “más práctico” y para no “saturar las urgencias”. Eso sí, para no enmendar de plano a su predecesora Ana Mato, la medida no supone la vuelta a la situación previa. Los “sin papeles” podrán ser atendidos por el sistema de Atención Primaria, pero no recuperarán la tarjeta sanitaria -con lo que en principio no podrán acceder a la cofinanciación pública de los medicamentos que necesiten- y todo apunta a que no tendrán acceso a la atención especializada. En lugar de la tarjeta sanitaria se les facilitará un documento que no tendrá validez fuera de la comunidad de residencia y que tendrá una validez de un año, aunque se podrá renovar.
En definitiva, un asistencia sanitaria de segunda, más parecida a un sistema básico de beneficencia, y que tal y como se adivina en este momento -faltan conocer muchos detalles- sigue sin dar solución a muchos de los problemas básicos de salud pública que la exclusión sanitaria genera.
Para Médicos del Mundo, una ONG que se ha batido duramente el cobre para conseguir la derogación del Real Decreto 16/2012, el anuncio “no parece que vaya a cambiar de manera importante la realidad para aquellas personas afectadas y excluidas de la Sanidad desde hace 3 años”. “Cambiar algo para no cambiar nada”, titula en su web la noticia.
“Esta medida no significa, en ningún caso, la restitución del modelo universal de nuestro sistema sanitario y que en ningún caso devuelve el derecho que se elimina con el RD 16/2012; esta medida es muy insuficiente e incompleta y solo demuestra que la decisión que se tomó de retirar el derecho a la asistencia sanitaria a las personas en situación irregular fue un error con consecuencias graves para la salud pública, sin fundamento, que no ha aportado a la sostenibilidad que pretendía y sí ha provocado sufrimiento, confusión e exclusión”, añade.
La noticia supone una mejora de la que nos felicitamos, pero no deja de ser preocupante que no tenga como objetivo otra cosa que “suavizar” la imagen de un PP asustado por su declive electoral, operación de la que Alfonso Alonso parece ser una de las piezas clave al tener como cometido hacer olvidar la infausta gestión de su predecesora, Ana Mato. Otro objetivo habría sido dejar en evidencia a Ciudadanos, que se opone expresamente a reconocer a los inmigrantes “sin papeles” la cobertura sanitaria regular, tal y como su líder, Albert Rivera, ya dejó muy claro en una entrevista concedida hace pocas semanas en La Sexta: “Ciudadanos está con la sanidad universal para quienes tienen permiso de trabajo o de residencia”.
Una medida que parece que se debe más a razones electoralistas (Ciudadanos compite directamente con el PP por el voto de centro-derecha) que a criterios de salud pública, en definitiva. Bienvenida sea en todo caso, a la espera de lo que suceda tras las elecciones generales.
Comentarios desactivados en Todas las fuerzas políticas españolas, salvo PP y Ciudadanos, dicen ‘sí’ a la Sanidad Universal y acuerdan recuperarla
Asistentes al acto de la Declaración por la Universalidad del Derecho a la Salud.
El fin de la asistencia sanitaria universal ha sido una de las medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy de más graves consecuencias sociales y, para quienes nos confesamos cristianos, de las más alejadas al Evangelio que dicen seguir… A lo largo de estos últimos tres años han quedado fuera de la atención sanitaria (con la supuesta excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) colectivos como los inmigrantes “sin papeles” o los ciudadanos que aun siendo españoles se hayan visto obligados a emigrar y lleven trabajando más de 90 días en el extranjero. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los partidos políticos españoles se ha comprometido a poner fin a esta situación en cuanto sea posible. Solo PP y Ciudadanos se han negado a sumarse.
El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue el escenario de la presentación de la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, mediante la cual doce partidos partidos políticos garantizan su intención de restituir la cobertura sanitaria a todas las personas que residen en el territorio español y de incluir en sus programas electorales medidas reales que contrarresten los efectos negativos del Real Decreto-Ley 16/2012 y su desigual aplicación.
Amaiur, Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria, Compromís, Convergencia i Unió, Equo, Esquerra Republicana de Catalunya, Geroa Bai, Izquierda Unida, Nueva Canarias, Partido Nacionalista Vasco, Podemos, PSOE y UPyD han secundado la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, promovida por la ONG Médicos del Mundo (y que puedes descargar aquí), por la cual se comprometen a incluir en sus programas electorales la necesidad de restituir la asistencia sanitaria universal, a la que puso fin el Real Decreto 16/2012. Un retroceso social que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos.
Todos los líderes políticos presentes coinciden en señalar el cambio estructural de modelo sanitario que ha supuesto el RDL 16/2012 al crear la figura de “asegurado” y “beneficiario” de la tarjeta sanitaria, y que excluye directamente a las personas más vulnerables. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha afirmado incluso que su partido derogará el Real Decreto-Ley si gana las elecciones. Por su parte, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha recordado que el rechazo al Real Decreto ha contado, desde su adopción, con la oposición de amplios sectores sociales, mientras que UPyD, representado hoy por Toni Cantó, recordó el compromiso de su partido por restituir la sanidad pública a españoles y extranjeros residentes; y Rafael Mayoral, de Podemos, se comprometió a acabar con el apartheid sanitario.
Amnistía Internacional, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y la Red de Mujeres Latinoamericanas también criticaron la falta de cobertura sanitaria en los colectivos afectados en representación de las 50 organizaciones sociales que han impulsado y/o apoyan esta campaña.
Hace más de año y medio que Médicos del Mundo recopiló, de hecho, 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Hoy son con seguridad varios centenares más. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre del año 2012.
El impacto negativo del Real Decreto 16/2012 ha sido también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que hace pocos meses ha publicado un estudio en la revista Microbiología Clínica (que puedes descargar en PDF pinchando aquí) basado en una encuesta realizada a médicos especialistas que atienden a personas con VIH/sida y a ONG que trabajan con ellas. El estudio muestra como hasta el 37% de los especialistas en VIH encuestados han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresa que los pacientes no fueron atendidos “ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley”.
“Aunque en algunos casos se han puesto medidas para paliar esta situación, lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida“, expresa el estudio. En los casos de interrupción del seguimiento o del tratamiento antirretroviral, los motivos referidos por los encuestados fueron: imposibilidad de citar a los pacientes (34% de los casos), no dispensación de medicación por parte del hospital (19%), exigencia de pago (15%) y otros, como problemas con el seguro privado, no disponer o haber perdido la tarjeta sanitaria, miedo del paciente a volver por si le hacían pagar la medicación o dificultad de acceso por problemas económicos. Solo el 26% de los encuestados refirieron que en sus hospitales se habían puesto en marcha medidas extraordinarias para atender a toda esta población.
Según el estudio, al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial y terapéutica en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado “el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012″ de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.
PP y Ciudadanos, en contra
Solo dos de las fuerzas políticas más importantes del país se han negado a sumarse al compromiso. La postura del PP es bien conocida. Por lo que se refiere a Ciudadanos, su líder, Albert Rivera, ya dejó claro en la entrevista concedida hace pocas semanas a la periodista Ana Pastor en La Sexta su oposición a que los “sin papeles” tengan acceso a la sanidad regular.
Ana Mato, ministra de Sanidad del gobierno de Mariano Rajoy, ha presentado su dimisión por un escándalo de corrupción protagonizado por su exmarido, del cual la justicia la considera (a la espera de que se celebre el juicio) “partícipe a título lucrativo”. Pero con independencia de las causas que han llevado a Mato a dimitir o de su manifiesta ineptitud para gestionar crisis sanitarias (como la recientemente vivida como consecuencia del primer caso de infección por virus del ébola en suelo español) se trata de una buena noticia, también en clave LGTB. Desaparece de la escena política española, esperamos que para siempre, uno de sus personajes más ruines, responsable directa del infame Real Decreto Ley 16/2012, que puso fin a la universalidad de la asistencia sanitaria pública en España, así como del recorte lesbófobo de las prestaciones en reproducción asistida o del deterioro de la respuesta gubernamental al VIH.
Casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias a servicio de urgencias por haber perdido su derecho a la asistencia sanitaria regular, y finalmente fallecido a consecuencia de una tuberculosis que en condiciones normales podría haberse curado con un tratamiento antibiótico, quedarán como símbolo de este desgraciado periodo. Hace ya más de un año que Médicos del Mundo recopiló 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Hoy día son con seguridad varios centenares más. Médicos del Mundo denunciaba que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre de 2012. La mayoría, correspondientes a personas que llevaban años viviendo y trabajando en España, que habían formado aquí su familia, y que tras todo ese tiempo de contribuir económicamente a los presupuestos del Estado habían perdido uno de los derechos más básicos, el de la salud.
Entre la herencia recibida de Ana Mato también debe destacarse la exclusión de las parejas de mujeres y de las mujeres solas, lesbianas o no, del derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública. La Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida permitía el acceso de todas las mujeres a estas técnicas. Sin embargo, la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (es decir, la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública) limita la cobertura pública de la reproducción humana asistida a aquellas situaciones en las que haya “un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud”. Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas es lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de lesbianas o de mujeres solteras, lesbianas o heterosexuales, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación). Bajo el mandato de Ana Mato, sin embargo, el Ministerio de Sanidad decidió dar otra vuelta de tuerca e impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. Conviene recordar que en su momento la ministra Ana Mato llegó a afirmar que “la falta de varón no es un problema médico”.
Y qué no decir de las políticas frente al VIH. A pocos días de que se conmemore un año más el Día Mundial del Sida, y antes de que se conociera la noticia de la dimisión de Mato, la Alianza de Plataformas de VIH y Sida denunciaba precisamente el abandono del gobierno en este terreno. “Esta falta de voluntad política y liderazgo pone en peligro los avances alcanzados durante los últimos 30 años”, expresa el comunicado. “A juicio de la Alianza, el Plan Nacional sobre el Sida ha dejado de ejercer su papel de liderazgo estatal que tenía antes de su reestructuración en 2012, cuando perdió peso político dentro del organigrama del Ministerio de Sanidad (…), sufriendo una descapitalización económica y humana, y paralizando numerosas estrategias e intervenciones de educación, investigación, prevención, vigilancia epidemiológica y atención sanitaria”, prosigue. “El actual gobierno no solo impide que los cauces de participación sean fluidos, tampoco tiene en cuenta las propuestas de las organizaciones como demuestra la reciente publicación del ‘Plan Estratégico de prevención y control de VIH y otras ITS 2013-2016′, tras dos años de retraso y en el que el Ministerio se ha negado a incorporar la visión de las ONG y sus propuestas más esenciales”, añade.
La Alianza de Plataformas del VIH y el sida del Estado Español exige al gobierno español y al Ministerio de Sanidad que se dote de los recursos económicos y personales adecuados al Plan Nacional sobre el Sida y que la participación de la sociedad civil en las políticas relacionadas con el VIH “se defina de acuerdo a las recomendaciones internacionales que señalan esta colaboración como prioritaria”. Esperemos que la dimisión de Ana Mato y el nombramiento de un nuevo sucesor o sucesora conlleve un cambio, también en este sentido.
Podríamos hablar de muchas otras medidas adoptadas por Ana Mato y que han afectado precisamente a los colectivos sociales más vulnerables, como el copago farmacéutico o la degradación del sistema de atención a las personas en situación de dependencia. Razones no faltan para felicitarse por la retirada de este oscuro personaje. Ojalá no tengamos que volver a sufrirla como responsable política.
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