Preocupante informe el que ha elaborado la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según el cual numerosos profesionales sanitarios de los países miembros, especialmente de países como Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, o Rumanía, siguen considerando la homosexualidad una enfermedad y la transexualidad un trastorno mental. En el caso rumano, de hecho, la proporción alcanza el 50% de los entrevistados. Actitudes “erróneas y desfasadas” que este organismo considera ponen en peligro derechos fundamentales del colectivo LGTB.

Un estudio realizado por la Agencia europea de los derechos fundamentales (FRA) ha concluído tras una encuesta realizada a profesionales de la medicina en los 19 estados miembros de la Unión Europea que aproximadamente el 50% de los doctores en Europa aun creen que ser gay es una enfermedad, si bien es cierto que los resultados difieren bastante de unos países a otros, por ejemplo el informe detalla que en países como Bulgaria, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, los médicos aun hablan de “tratar” la homosexualidad. Igualmente importante es que la mayoría de esos profesionales no conocen la problemática específica de la comunidad LGBTI.

Este informe complementa la encuesta que en 2013 la FRA hizo a 93.000 personas en los 28 países de la Unión Europea, la mayor sobre la materia realizada hasta esa fecha, y que de forma global encontró que un 47% de las personas LGTB del continente se sintieron discriminadas o acosadas durante el año precedente a la realización de la encuesta. Las cifras se disparaban cuando de recordar sus experiencias durante el periodo escolar se trataba (puedes consultar más datos en la entrada que por entonces le dedicamos). En esta ocasión, lo que la FRA ha hecho es sondear las opiniones de los funcionarios públicos, personal sanitario, profesores y agentes de policía, los grupos profesionales mejor situados para aplicar sobre el terreno las políticas en materia de derechos LGTBdetectar tanto los obstáculos como los factores impulsores de la aplicación de políticas de protección y defensa de los derechos de las personas LGTB. En concreto, se ha entrevistado a más de 1.000 profesionales de 19 países.

Y el panorama que ha encontrado es preocupante. Muchos de estos profesionales siguen teniendo una visión negativa respecto a las personas LGTB, lo que en para la FRA obstaculiza claramente los esfuerzos por frenar la discriminación y contrarrestar los delitos motivados por los prejuicios. Otro aspecto muy a tener en cuenta es que las personas encuestadas también indicaron que la falta de información y de formación profesional respecto a las necesidades del colectivo LGTB les impide contribuir a contrarrestar la discriminación a la que se enfrenta. En palabras del director de la FRA, Michael O’Flaherty, “los resultados apuntan a que la Unión Europea y los estados miembros subestiman la necesidad de capacitar a los funcionarios públicos para actuar de acuerdo con la obligación de proporcionar un servicio de alta calidad y de ayudar a poner fin al sufrimiento que experimentan muchas personas del colectivo LGBT”.

Entre las principales conclusiones que la propia FRA extrae del informe, según el comunicado en el que lo ha dado a conocer, se encuentran:

• Parte de la sociedad mantiene actitudes hostiles respecto al colectivo LGBT y algunos profesionales siguen albergando prejuicios tales como la creencia de que la homosexualidad es una enfermedad que puede transmitirse. Por tanto, es necesario realizar campañas de sensibilización más positivas a escala nacional y de la UE, como las que figuran en la lista de acciones de la UE con el fin de mejorar el respeto a las personas del colectivo LGBT y sus derechos.
• Todos los grupos profesionales presentan bajos niveles de sensibilización y de conocimiento en relación a las necesidades del colectivo LGBT. Esto subraya la importancia de la formación profesional, y de que la sociedad civil se organice en asociaciones y coopere a fin de contrarrestar los prejuicios, especialmente en relación con las personas transexuales en el campo de la atención sanitaria, y para garantizar el mismo nivel de servicios del que disfruta la mayoría de la población.
• La falta de información objetiva, especialmente en los centros de enseñanza, puede dar lugar a acoso y prejuicios en una etapa vital posterior, así como obligar a los jóvenes LGBT a ocultar su orientación sexual o su identidad de género. Los Estados miembros deberían cooperar con las autoridades encargadas de la educación y los centros de enseñanza a fin de diseñar campañas destinadas a ayudar a que los colegios sean lugares más seguros y acogedores para con las personas LGBT.
• A menudo los delitos motivados por prejuicios contra las personas LGBT no se reconocen, no se denuncian y no se registran. Los Estados miembros deberán redoblar esfuerzos con el fin de garantizar la correcta aplicación de las leyes que protegen contra los delitos motivados por prejuicios y deberán incrementar esfuerzos con el fin de mejorar la denuncia de delitos motivados por prejuicios que deberían registrarse.

Un capítulo que ha llamado especialmente la atención, quizá por lo inesperado, es el referente al colectivo sanitario. “Los resultados revelan que algunos médicos siguen considerando erróneamente que la homosexualidad constituye una enfermedad”, ha destacado Michael O’Flaherty. Algo que destaca especialmente en los casos de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia y Rumanía. En este último caso,  Rumanía, es donde se obtiene uno de los resultados más homófobos e incluso un enfermero se refiere a la homosexualidad como una plaga generada como resultado de hechos infelices sucedidos durante la infancia que necesitan manifestarse de otra forma(sic).la proporción de profesionales entrevistados que siguen considerando la homosexualidad una enfermedad alcanza el 50%.  Incluso sin llegar a este grado de prejuicio, resulta llamativo el peso del estereotipo y la falta de conocimiento de la realidad LGTB. En este sentido, nos ha llamado la atención el comentario de un ginecólogo lituano, según el cual hay que ser más cuidadoso cuando se atiende a personas homosexuales porque, por ejemplo, “se desmayan más fácilmente” al extraerles sangre…

El director de la FRA señala con los resultados en la mano la importancia del trabajo que debe realizarse en educación y entrenamiento profesional para contrarrestar la discriminación

El colectivo LGBT tiene el mismo derecho a la educación, sanidad y a ser tratados como iguales. Ellos también tienen derecho a vivir su vida con dignidad y sin miedo ni discriminación. El estudio revela cómo algunos doctores aun creen erróneamente que la homosexualidad e una enfermedad. Ellos subestiman la necesidad de Europa y sus estados miembros de empoderar oficialmente al colectivo gay y suministrarle servicios de calidad, ayudándoles y evitando el sufrimiento

Una consecuencia directa de las creencias de cierto sector médico es que muchos ataques homófobos contra el colectivo LGBT a menudo no son reportados ni añadidos a las estadísticas de forma adecuada, tanto por los sanitarios como por la policía.

Os invitamos a conocer en su integridad el informe, titulado Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people (tiene 100 páginas y está cargado de información de gran interés, no solo en el ámbito sanitario, también en el educativo o en el policial). Puedes descargarlo pinchando aquí.

Fuente PinkNews, vía AmbienteG/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Atención sanitaria, Bulgaria, Discriminación, Enfermedad, Eslovaquia, FRA, Homofobia, Homosexualidad, Hungría, Italia, Letonia, Médicos, Polonia, Rumanía, Salud, Transfobia, Unión Europea

Un estudio sobre el impacto del real decreto en la atención médica de los inmigrantes irregulares infectados por el VIH y el alcance de su aplicación en las diferentes comunidades autónomas, concluyó que la norma tuvo “un impacto negativo en la práctica asistencial” y generó “profundas inequidades” en el territorio nacional.

El 37 % de los médicos especialistas en VIH vio dificultada “siempre o con frecuencia” su práctica asistencial tras la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012, que supuso la exclusión del colectivo de inmigrantes en situación irregular en España de la asistencia sanitaria, según señala un estudio del Grupo de Estudio del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Gesida).

En relación con la atención y el seguimiento de los pacientes infectados por el VIH en situación irregular, el 37 % de los médicos reconoció en la encuesta que su práctica asistencial se había visto dificultada “siempre o con frecuencia” por este real decreto.

Asimismo, el 21 % de los doctores aseguró que los pacientes no fueron atendidos ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley, mientras que el 16,1 % manifestó haber tenido casos de interrupción del seguimiento, del tratamiento o de ambos.

Los motivos referidos por los participantes de la encuesta acerca de los casos de interrupción del seguimiento o del tratamiento fueron la imposibilidad de citar a los pacientes (34 %), la no dispensación de medicación por parte del hospital (19 %), la exigencia de pago (15 %) y otras dificultades de acceso por problemas económicos.

Por otro lado, Gesida reseñó que solo el 26 % de los médicos refirieron que en sus hospitales se pusieron en marcha medidas extraordinarias para atender a este colectivo, como la autorización directa por la Dirección Médica del centro, trámites específicos a partir del servicio de atención al paciente, de trabajadores sociales o servicios sociales de las CCAA, acuerdos entre médicos y otros trabajadores sanitarios para seguir prestando asistencia médica, o la atención por reingreso o urgencias.

El 71% de los médicos mostraron su desacuerdo con la norma. Los motivos principales fueron razones de tipo ético y humanitario, aunque también destacaron el efecto negativo que tendrían estas medidas sobre la salud pública y el gasto sanitario a largo plazo.

Por el contrario, Las opiniones favorables al real decreto se basaron en argumentos relacionados con la necesidad de regular el turismo sanitario y en la necesidad de contribuir al erario público para ser beneficiario de prestaciones sanitarias.

La opinión sobre el impacto del real decreto entre las ONG implicadas en la atención a este colectivo fue aún más desfavorable. Gesida reseñó que, en relación a la atención y seguimiento, el 46 % de los encargados de ONG encuestados reconoció que había tenido dificultades con la asistencia sanitaria siempre o con frecuencia.

Asimismo, todos los encuestados, salvo dos, aseguraron no estar de acuerdo.

El estudio de Gesida concluyó que el impacto del RD 16/2012 podría haber sido mayor sin las indicaciones explícitas dadas en algunas autonomías de mantener la continuidad asistencial y terapéutica en los pacientes que ya estaban en seguimiento.

“Este es el principal factor que ha evitado el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el RD 16/2012 de manera estricta, aunque eso no ha evitado que tanto médicos como ONG hayan detectado problemas de acceso a la asistencia y al tratamiento en este grupo de pacientes, incluso en comunidades autónomas con normativa explícita”, subrayó la investigación.

El estudio recabó la opinión de 97 médicos especialistas en Enfermedades Infecciosas de 16 comunidades autónomas diferentes y 25 miembros de 23 ONGs radicadas en 11 autonomías.

Fuente La Información

General, Homofobia/ Transfobia. Estudio, Gesida, Inmigrantes irregulares, Médicos, Sanidad, VIH/SIDA