Se llama Solomy Bossa Balungi y es una de los cinco jueces de la corte del Tribunal Constitucional de Uganda que en el mes de agosto pasado anuló por unanimidad el draconiano proyecto de ley contra la homosexualidad. Durante su asistencia a un simposio judicial celebrado en Chobe Safari Lodge explicó que había recibido en las redes sociales un gran número de amenazas de muerte y mensajes en el que le advierten que ‘seré castigada por Dios’. Bossa les ha restado importancia: “No hemos respondido ya que, como jueces, nos limitamos a hacer nuestro trabajo. Los que se sientan agraviados les recomiendo que apelen ante la Corte Suprema”. De momento, la citada norma se ha ‘suavizado’ para parecerse más a la aprobada en Rusia pero la corte no llegó a examinar el contenido de la ley. El presidente Museveni ha negado desde entonces que el Gobierno hubiera presionado para esta anulación, y había defendido que la presión internacional no había influido en su Gobierno. A tenor de lo visto, el presidente ugandés miente.

Según las organizaciones de Derechos Humanos, en Uganda viven unos 500.000 homosexuales, de una población total de 31 millones de habitantes. Las leyes vigentes criminalizan la conducta homosexual con penas de prisión de hasta 14 años. Estas leyes son reliquias del colonialismo británico diseñadas para castigar lo que las autoridad coloniales entendían como “sexo antiatura” entre los habitantes locales ugandeses. El dictamen de los cinco jueces que tumbaron la ley antigay se basó en que el presidente del Parlamento actuó ilegalmente por seguir adelante con la votación de la ley a pesar de que al menos tres legisladores se opusieron y no había quórum suficiente.

Al suavizar la Ley Anti Homosexualidad de Uganda se  dejará de penalizar el sexo consentido entre adultos. La mala, que en aras de proteger a la infancia seguirá persiguiéndose la promoción de la homosexualidad, de manera similar a como lo hace la ley rusa. También se ha anunciado un endurecimiento de las penas para el “reclutamiento de niños y la explotación económica de adultos vulnerables”. Estos cambios los ha anunciado el parlamentario Medard Bitekyerezo, que ha indicado que el presidente, Yoweri Museveni, quiere que la nueva redacción acabe con las críticas de Occidente. Dadas las reacciones contra Rusia en todo el mundo, no está claro que lo consigan.

El proyecto de ley antigay fue presentado por primera vez por el miembro del Parlamento David Bahati en Uganda el 14 de octubre de 2009. El mes pasado, Bahati amenazaba con que volver a introducir el debate de este tema durante una sesión parlamentaria. La nueva versión modificada de la ley rectificaba el punto sobre la “promoción” de la homosexualidad, después que el presidente Yoweri Museveni pidió una enmienda por el que, en caso de ‘reincidencia’, la sentencia será de 14 años de prisión y se convierte en delito ‘ocultar’ la sexualidad.

La jueza Solomy Balungi Bossa se incorporó al Tribunal Constitucional de Uganda en septiembre de 2003 como titular de la Sala II. A sus 58 años es miembro activo de varias ONGs de derechos humanos internacionales, regionales y de África Oriental, entre ellas, el Instituto Internacional de Asociación de Abogados de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas, la Asociación Internacional de Mujeres Jueces o el Centro Africano para la Democracia y los Derechos Humanos.

Bossa ha fundado organizaciones sin fines de lucro como Kituo cha Katiba, el Colegio de Abogados de África Oriental o la Red de Uganda de Derecho, Ética, VIH y SIDA, para hacer frente a temas de avances comprometidos con la sociedad y sus problemas en África por los que ha recibido numerosos premios.

Muchas personas LGBTI tienen sus esperanzas en personas como la jueza Bossa que harán todo lo posible porque la justicia y los Derechos Humanos prevalezcan.

Fuente Ragap

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Poco tiempo ha durado la tranquilidad para los ciudadanos LGTB de Uganda y los que los apoyan. Apenas unos días tras la sentencia del Constitucional que anulaba la infame ley que endurece el trato penal a las personas homosexuales, un grupo de legisladores se ha puesto en marcha para reactivar la medida homófoba en el Parlamento. Y ello en un clima de renovada virulencia contra gays y lesbianas.

La decisión del alto tribunal ugandés, ante el que los activistas LGTB recurrieron en marzo, no se pronunció sobre el fondo de la cuestión y se limitó a considerar que en la votación del texto por el pleno del Parlamento ugandés, este no disponía del quórum necesario (la Constitución ugandesa obliga a que cuando se vota una ley estén presentes al menos un tercio de los diputados electos, proporción que no se alcanzó entonces). El fallo, conviene precisar, no supuso la despenalización de las relaciones homosexuales en Uganda, ya ilegales en el marco jurídico anterior.

Nada más conocerse la sentencia, un grupo de representantes comenzó a organizarse para forzar una nueva votación de la ley homófoba en el Parlamento en el menor tiempo posible. Unos 100 legisladores, liderados por Latif Ssebaggala, han firmado su disposición a votar a favor si se vuelve a debatir la norma en el pleno. Ssebaggala la ha calificado de “prioridad nacional” y se ha mostrado confiado en que el tema pueda ser abordado de nuevo en cuestión de semanas, tras el periodo vacacional. Su colega el representante Medard Bitekyerezo prevé una votación a mano alzada en la que “sepamos quién es un homosexual y quién no”.

Sin embargo, los homófobos podrían no tenerlo tan fácil como podría parecer. A pesar del llamamiento de Ssebaggala a la presidenta del Parlamento Rebecca Kadaga para que permita una rápida repetición de la votación, la ley debería someterse a una nueva tramitación completa para no correr el riesgo de volver a ser impugnada ante el Constitucional por fallo de tramitación. Esta es, de hecho, la posición del principal promotor de la ley, el diputado David Bahati (bien conectado, por cierto, con la derecha religiosa estadounidense), que ha afirmado que “toda ley será aprobada de acuerdo con el procedimiento” establecido.

Si efectivamente empieza una nueva discusión del asunto, sería muy fácil para el presidente Yoweri Museveni (que amagó en su momento con vetar la ley aunque al final optó por sumarse a la corriente homófoba) detener el proceso por medio del ministerio de Hacienda, que en este caso solo tendría que emitir un dictamen negativo de impacto fiscal para que el proyecto no prosperara. Museveni se ahorraría así más complicaciones con los países donantes de ayuda al desarrollo, entre ellos Estados Unidos, donde por cierto ha sido recibido esta semana por el presidente Barack Obama. De ser así, habrían surtido efecto tanto las sanciones económicas como las diplomáticas (denegación del visado a los ugandeses responsables de abusos contra los derechos humanos).

Temor a ataques homófobos masivos

Pero aunque la draconiana ley entrara en vía muerta, los ciudadanos LGTB de Uganda seguirán sin poder respirar aliviados. Desde que se conoció la sentencia del Constitucional se habrían multiplicado las diatribas homófobas desde los púlpitos y las redes sociales, con llamamientos al “exterminio” de gays y lesbianas. Los activistas LGTB del país temen una escalada de violencia similar a la desatada tras la aprobación de la ley homófoba y señalan los discursos de incitación al odio como su principal preocupación en este momento.

Fuente Dosmanzanas

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