Al menos seis jueces del estado de Carolina del Norte han dimitido de su puesto para no verse obligados a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Todos ellos estiman que aplicar la ley del estado donde desarrollan su actividad entraría en conflicto con sus creencias religiosas. Las organizaciones de defensa de los derechos civiles creen que si un funcionario público no es capaz de cumplir con la legislación vigente, efectivamente debe dimitir de su cargo.

El pasado 10 de octubre, el juez federal Max O. Cogburn Jr. dictaminaba que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación del estado de Carolina del Norte era inconstitucional. La sentencia seguía las directrices que la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, circunscripción a la pertenece, había establecido en el caso de Virginia: impedir el matrimonio igualitario viola el derecho a la igual protección recogido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Desde esa fecha, pues, los habitantes de Carolina del Norte podían contraer matrimonio con personas de su mismo sexo, pudiendo acudir para ello a cualquier tribunal estatal. Pero apenas unos días más tarde, el juez del condado de Rockingham, John Kallam Jr., presentaba su dimisión por escrito ante la Jefatura de la Corte del Distrito. En su misiva, Kallam argumentaba que “cuando tomé mi juramento del cargo, tuve claro que sería necesario que oficiase bodas, y así lo he hecho a lo largo de mi mandato. No obstante, formulé ese juramento en el entendimiento de que no estaría obligado a casar a parejas del mismo sexo. Mis creencias personales y la postura de mi fe cristiana indican que hacerlo sería profanar una institución sagrada establecida por el mismo Dios”.

La Jefatura de la Corte del Distrito aceptó su dimisión y además aclaró que si el juez hubiese rehusado la celebración de un matrimonio entre personas del mismo sexo se habría seguido el protocolo y habría sido suspendido. La aclaración parecía ir destinada a algunos jueces de condado, que habían declarado que no dimitirían de su cargo pero que tampoco celebrarían este tipo de enlaces.

Poco después se daba a conocer la dimisión del juez del condado de Swain Gilbert Breedlove, que como explicación se limitaba a afirmar que “sé lo que dice la Biblia y sé que eso no está bien”, refiriéndose a los matrimonios entre personas del mismo sexo. A esta dimisión se sumaban días más tarde otros cuatro jueces. Sus argumentos eran semejantes: el conflicto con sus creencias religiosas. Uno de ellos, el juez Bill Stevenson del condado de Gaston, concluía que “sentí que celebrar uniones del mismo sexo sería una violación de los mandamientos del Señor (…), ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo si  pierde su alma?”.

Activistas LGTB los consideran casos aislados

Chris Sgro, director ejecutivo de la organización de defensa de los derechos civiles Equality NC,  señala sin embargo que los magistrados que rehúsan la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo “son unos pocos casos aislados”. Desde la aprobación por los tribunales del matrimonio igualitario se han expendido más de 400 licencias a parejas del mismo sexo en los condados de Carolina del Norte, y se han celebrado todos esos enlaces sin problema alguno.

Sgro estima que la decisión de estos jueces ha sido la correcta: “Aunque no se espere que yo diga esto, no voy a condenar a Breedlove, Kallam, o a cualquier otro magistrado homófobo que opte por dimitir en lugar de reafirmarse en un falso e inexistente ‘derecho’ especial a la discriminación homófoba. De hecho, los aplaudo. Si su animosidad anti-LGBT es tan aguda que ya no pueden llevar a cabo sus funciones públicas y servir a las parejas del mismo sexo, dimitir es exactamente lo que deben hacer”.

Fuente Dos manzanas

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El matrimonio igualitario, imparable en los Estados Unidos, se sigue extendiendo por los territorios del conservador “viejo sur” al llegar hasta Carolina del Norte, pero también alcanza a los más norteños, al incorporar en sus filas a Alaska. En ambos casos ha sido por decisión de jueces federales. En ambos casos también, sus respectivas Cortes de Apelaciones ya han dictaminado la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, por ello no ha habido suspensión alguna de las sentencias hasta una posible apelación. Respecto a Idaho, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha rechazado la solicitud de la fiscalía de suspender la decisión de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que este mismo 13 de octubre ha emitido un mandato que obliga a la administración del estado a acatar la sentencia.

El pasado 10 de octubre, el juez federal Max O. Cogburn Jr. dictaminaba que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación del estado de Carolina del Norte era inconstitucional. La sentencia basa su argumentación en el dictamen de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, al que pertenece ese estado, que ya estableció que las leyes que impedían el matrimonio igualitario en Virginia, otro de los estados de la misma jurisdicción, violaban el derecho a la igual protección recogido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Según el juez Cogburn, “lo planteado ante este tribunal no es un asunto político, ni una cuestión moral. Es una cuestión legal” dejando que claro que no cabía otra opción más que la de seguir el dictamen de la Corte de Apelaciones. En la sentencia se denegaba asimismo cualquier moción destinada a retrasar o entorpecer la entrada en vigor de la misma, con una prohibición expresa y permanente de que el acusado (en este caso el gobierno de Carolina del Norte) promueva leyes destinadas a impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado.

Dado que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya rehusó admitir a trámite la apelación contra la sentencia de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito referida a Virginia, en este caso no se ha establecido suspensión alguna y el matrimonio entre personas del mismo sexo ya es ley en Carolina del Norte. El gobernador Pat McCroy, del Partido Republicano, ha declarado que no solo acatará la sentencia sino que ahora su labor como funcionario público es defender la decisión del tribunal. McCroy cree que el desacuerdo al respecto entre la población del estado “se ha resuelto ya en los tribunales, y es nuestra labor convivir juntos, trabajar juntos,  actuar juntos y respetarnos unos a otros todos juntos”.

Nuevo triunfo para la igualdad en Alaska

Otro juez federal, Timothy M. Burgess, fallaba este domingo 12 de octubre que la enmienda constitucional y las leyes que prohíben el matrimonio igualitario en Alaska son también inconstitucionales. De nuevo, el motivo era la violación del derecho a la igual protección recogido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, como también había establecido la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, a la que pertenece el estado, en los casos de Nevada e Idaho. Este avance en la igualdad de las personas LGTB en Alaska tiene su carga simbólica, pues su enmienda constitucional contraria a sus derechos era la más antigua del país.

Las primeras licencias de matrimonio ya se han empezado a expedir en las secretarias y juzgados de los distintos condados, aunque la ley de Alaska establece una demora de tres días entre la emisión de la licencia y la validez del matrimonio. Aún así, el gobernador del estado, el republicano Sean Parnell, ha declarado su intención de apelar la sentencia, pues estima que “como gobernador de Alaska, tengo el deber de defender y respetar la ley y la Constitución de Alaska. Aunque el actual tribunal de distrito puede haber sido obligado por la reciente opinión del panel del Noveno Circuito, el estado de esa opinión y la ley en general en esta área es fluida. Voy a defender nuestra Constitución”.

Parece, sin embargo, bastante improbable, dado el dictamen y composición de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que tal apelación prospere o que se dicte una suspensión cautelar de la sentencia del juez Burgess en espera de la misma.

Idaho recupera el matrimonio tras la supensión

El juez del Tribunal Supremo Anthony M. Kennedy dictó el pasado 8 de octubre una suspensión temporal del mandado de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito que ordenaba la inmediata aplicación de la sentencia que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en Idaho. El juez Kennedy quería estudiar  la solicitud efectuada por la Fiscalía de Idaho de que se suspendiera permanentemente la sentencia hasta que fuera revisada por el panel completo de jueces de la Corte de Apelaciones.

Sin embargo, el día 10, el pleno del Tribunal Supremo rechazaba esta petición de suspensión permanente. Inmediatamente, se solicitó a la Corte de Apelaciones que levantara la suspensión temporal del juez Kennedy y emitiera un mandato que obligara a la administración de Idaho a cumplir su sentencia. La Corte de Apelaciones, siguiendo el procedimiento legal establecido, ha dado trámite de audiencia a ambas partes este lunes 13 de octubre. Tras escuchar ambos argumentos, ha emitido un mandato para que la administración de Idaho aplique la sentencia que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo en Idaho a partir del próximo miércoles 15 de octubre.

Aunque el gobernador del estado, el también republicano Butch Otter, parecía haber aceptado a regañadientes esta derrota, al declarar el pasado viernes 10 de octubre que “somos una nación de leyes. Idaho debe ahora proceder con civilidad y de una manera ordenada al cumplimiento de cualquier futura orden del 9 º Circuito”, tras esta última decisión de la Corte de Apelaciones ha vuelto a arreciar en sus críticas e incluso ha llegado a culpar al matrimonio entre personas del mismo sexo de causar futuras abstenciones del electorado de Idaho, pues “el gobierno federal revoca las decisiones de los estados”. La Fiscalía del estado, por su parte, ha declarado que no se opondrá al mandato de la Corte de Apelaciones, aunque eso no significa que no vaya a tomar más acciones legales en el futuro.

30 estados disfrutan ya del matrimonio igualitario

Con estas tres nuevas incorporaciones, la lista de estados donde se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo asciende ya a 30: Alaska, California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington y Wisconsin. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y a 10 jurisdicciones tribales.

Además, están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario en Florida, Kentucky, Michigan, Misuri, Ohio, Tennessee y Texas. Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana. En Arkansas, es la Corte Suprema del estado la que debe revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal. Hay demandas planteadas contra la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los demás estados.

Fuente Dosmanzanas

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