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Una revisión de los manuales de convivencia escolar ordenada por la Corte Constitucional de Colombia alborota a los sectores homófobos

Jueves, 11 de agosto de 2016
Comentarios desactivados en Una revisión de los manuales de convivencia escolar ordenada por la Corte Constitucional de Colombia alborota a los sectores homófobos

escuela-gay-300x225Como ya habiamos publicado todo este acoso empujó a la alcaldía colombiana de Bucaramanga al izado de la bandera arco iris en su frontis para apoyar a colectivo y mostrar su rechazo a la discriminación por motivos de orientación e identidad sexual.

Un fallo de la Corte Constitucional de Colombia ordenó en 2015 la revisión de los manuales de convivencia escolar a fin de evitar la discriminación de estudiantes por su orientación sexual e identidad de género. Dio un año de plazo, el cual vence el próximo 15 de septiembre. La medida ha provocado las protestas de grupos religiosos, que no han dudado en sembrar la polémica desinformando sobre el alcance de la medida y alarmando a muchos padres de familia.

En el año 2014 Sergio Urrego, un joven de 16 años, se suicidó tras sufrir un implacable acoso por parte de la dirección del colegio en el que estudiaba debido a su condición de homosexual, ateo y anarquista. El acto de presión mayor fue la notificación de que los padres de su pareja, un compañero de colegio, le habían demandado penalmente por acoso sexual (se llegaron a imputar, de hecho, cargos criminales a tres directivas del centro, entre ellas la rectora Azucena Castillo).

De esto ya han pasado dos años. En este intervalo de tiempo, la acción de tutela interpuesta por la madre de Sergio acabó llegando hasta la Corte Constitucional de Colombia, que además de ordenar en 2015 que se llevara a cabo un acto público de desagravio a la memoria del estudiante determinó que el Ministerio de Educación Nacional debía revisar los manuales de convivencia para, según reza la sentencia, “determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual e identidad de género de los estudiantes y para que incorporen formas nuevas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permita aprender del error, respetar la diversidad (…)“. El Ministerio alegó no tener la capacidad de hacer tal revisión, pero traspasó la tarea a las Secretarías de Educación locales, con el apoyo de entidades como la ONG Colombia Diversa o Unicef, entre otras.

Una revisión que ha generado toda una serie de protestas y reclamos por parte de grupos religiosos, que no han dudado en exagerar y desinformar sobre su alcance, argumentando por ejemplo que Gina Parody, ministra de Educación de Colombia y abiertamente lesbiana, desea “homosexualizar a la juventud”, o que el requerimiento de no discriminar a los menores transexuales en el acceso a los aseos de los colegios supone acabar con las distinciones entre sexos. La escalada de LGTBfobia ha llegado al punto que la diputada por el departamento de Santander, Ángela Hernández, miembro de la Iglesia Cuadrangular (una iglesia evangélica), citó a un debate de control calificando la norma de “colonización gay”, ha llegado a afirmar ante los medios de comunicación que los gais tienen privilegios en lugar de derechos (en referencia al matrimonio igualitario) así como que lo ideal es que los niños LGTB estudien en colegios separados.

Declaraciones a las que han respondido diferentes asociaciones de ateos de Colombia, que han emitido un comunicado de prensa en el que aseguran que “el reconocimiento de derechos a las minorías no es un obsequio, sino el desarrollo jurisprudencial propio de un estado laico y social de derecho. Por demás, denunciamos que quienes gozan de privilegios excesivos son las iglesias, quienes no pagan impuesto alguno ni declaran renta”. Puedes ver a continuación un vídeo de Bogotá Atea en la que se incluyen algunas de las declaraciones de la diputada Álvarez:

Por su parte, el concejal de Bogotá y pastor pentecostal Marco Fidel Ramírez, bien conocido por sus posiciones homófobas, avaló a Hernández y convocó junto con las iglesias evangélicas a una marcha de protesta contra los derechos LGTB para este miércoles 10 de agosto. Ramírez también ha distribuido información falsa, asegurando por ejemplo que se está distribuyendo una cartilla que muestra actividad homosexual explícita.

Esta estrategia de desinformación no conoce límites. Los grupos conservadores han llegado a decir que se pretende obligar a que los baños de los centros sean mixtos o que los estudiantes podrán vestir el uniforme que deseen en cada momento. Al respecto, Mauricio Albarracín, activista LGTB e investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), ha declarado a Vanguardia Liberal que“se ha formado una tormenta en un vaso de agua. No se puede obligar a un niño trans que se identifica como niño a ponerse un uniforme de niña. Esto es inconstitucional. No significa que ahora todos los niños van a ponerse el uniforme de la niña: esto es una banalización del tema”.  Y agrega que “este debate es un escándalo que oculta un problema muy grave: los estudiantes son discriminados por su orientación sexual e identidad de género. Los mismos profesores y rectores que se quejan por la modificación del manual han hecho afirmaciones homofóbicas. Hay que hacer pedagogía sobre lo que se está haciendo y se deben establecer nuevas preguntas orientadoras se pueden proponer. Ese trabajo es de los colegios”.

Y mientras tanto, otro episodio de discriminación en Barranquilla

William 03Mientras tanto, ha salido a la luz pública otro caso de discriminación de un estudiante gay. Se trata de William Triana Carvajal, un chico de 17 años que estudia en el Centro Educativo Aures de Barranquilla (ya en su último grado escolar, el 11, y con muy buenas calificaciones).

El pasado mes de abril, con motivo de la conmemoración de los 203 años de la fundación de la ciudad, su colegio llevó a cabo un acto en el que se obligó a los estudiantes a rezar. William, que además de ser gay se define agnóstico, se negó expresamente, por lo que se le puso una nota baja en disciplina. “Comenzó a discriminarme porque me rehusaba a orar [en referencia al coordinador del centro, José Luis Manotas]“, ha declarado al diario caribeño El Heraldo el joven. Días después se repetía la historia: el colegio organizó un evento con un motivador que lideró la actividad con canciones y oraciones religiosas, en el que el joven se negó participar. El coordinador, en este caso, le ordenó redactar como castigo un ensayo.

Pero el joven denuncia haber sufrido también discriminación por su orientación sexual. “Un día saqué en clases una camisa con el logo LGBTI para cubrirme un poco y la profesora me dejó en evidencia delante de mis compañeros. Ellos dan a entender que yo soy una mala influencia”, asegura. El estudiante también ha declarado a El Espectador que desde el centro se le ha acusado de querer imponer su condición homosexual al resto. Un argumento por cierto muy de moda entre los conservadores que consideran que no esconder la propia orientación homosexual o bisexual es una afrenta contra los valores.

William ha recibido el apoyo de la ONG Caribe Afirmativo y ha interpuesto una acción de tutela ante los tribunales. El juez le ha dado la razón, de hecho, por lo que al aspecto religioso se refiere, si bien en lo referente a la orientación sexual considera que no hay suficiente evidencia para determinar que se le había discriminado por ello (Caribe Afirmativo ha anunciado que presentará el caso ante la Defensoría del Pueblo). Un fallo que el coordinador Manotas ha acatado a regañadientes, permitiéndole a William no participar en actos religiosos al tiempo que se pronuncia en contra de las personas sin religión y los gais. Manotas también se ha posicionado, por cierto, en contra de la orden del Ministerio de Educación que pide revisar los manuales de convivencia de los colegios a  fin que no haya discriminación por motivos de orientación sexual o cualquier otra índole.
Fuente Dosmanzanas

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Colombia, a las puertas de aprobar la adopción por parejas homosexuales

Sábado, 7 de febrero de 2015
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Colombia, a las puertas de aprobar la adopción por parejas homosexuales
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La Corte Constitucional emitirá esta semana una sentencia histórica
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La adopción de menores por parejas del mismo sexo está a punto de ser una realidad en Colombia. La Corte Constitucional emitirá esta semana una sentencia histórica en un país que ya ha dado pasos decisivos hacia el pleno reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI. Este tribunal inició el pasado 28 de enero un debate en torno a la adopción por homosexuales que se dirimirá entre este miércoles y el próximo viernes en medio de una gran expectación. La Corte Constitucional tiene hasta el 6 de febrero para dar su veredicto sobre esta controversia de la cual no legisló el Congreso y debió pasar el alto tribunal a decidir.
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La expectativa en el país crece este miércoles con el paso de las horas frente a la posibilidad de que la Corte Constitucional decida finalmente en el caso de la tutela para que se permita la adopción de menores a parejas del mismo sexo. Sobre el tema, la representante Angélica Lozano Correa, única congresista que abiertamente ha reconocido su condición gay, dijo que “la igualdad es imparable” en Colombia frente a los derechos de la comunidad LGBTI. Reiteró que la adopción es un derecho de los niños, niñas y adolescentes ya que les garantiza la posibilidad de crecer y ser acogidos en una familia. Aseguró que la Corte Constitucional tiene en sus manos la decisión que permitirá que Colombia avance hacia la igualdad y que de una vez por todas se acabe con los prejuicios y la discriminación “injustificada” para que las parejas del mismo sexo puedan adoptar sin restricciones. “Es absurdo que hoy se le permita la adopción a una persona homosexual pero se le impida cuando la solicitud se hace en pareja, en el seno de su familia, tomando como criterio para no concederla la orientación sexual”, manifestó. Lozano dijo que la posición que asuma la Corte es un paso más en la garantía de los derechos de las personas del mismo sexo reflejando así el respeto a estas minorías

Mauricio Albarracín, director ejecutivo de Colombia Diversa, organización que defiende los derechos de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTBI), dijo que “La Corte Constitucional ha reconocido derechos a las parejas del mismo sexo: económicos, de salud o pensión, pero también el derecho a conformar una familia”, afirmó a Efe Mauricio Albarracín, director ejecutivo de Colombia Diversa, organización que defiende los derechos de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTBI).

Un hecho significativo, que además se observa como precedente, fue cuando este tribunal autorizó en agosto de 2014 la adopción de una niña por parte de una mujer que es pareja sentimental de la madre biológica. Además ya ha dado su visto bueno al derecho de los homosexuales a adoptar niños, pero de forma individual.

Por ello, en opinión de Albarracín, la jurisprudencia ha mostrado que “la orientación sexual de los padres no es un impedimento para criar un hijo”, lo que debería extenderse al caso de las parejas homosexuales. “Sería una gran hipocresía tener dos adultos que se quieren comprometer y simplemente por ser pareja se les niegue. Estamos llegando al punto en que es insostenible esta discriminación”, apostilló.

Esta reivindicación de la comunidad LGTBI ha tenido un notable apoyo de diferentes organismos como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o la Defensoría del Pueblo. En un comunicado público, el ICBF afirmó que “no se evidencian situaciones que afecten el desarrollo integral de un niño, niña o adolescente, desde la perspectiva de las ciencias de la salud, ni tampoco existen evidencias de que la orientación sexual de los padres sea factor que incida negativamente en el desarrollo del niño”.

Pero al debate también se han sumado voces contrarias a la adopción, como la Iglesia Católica que pidió al Constitucional que no avale esta medida porque, a su juicio, para “proteger los derechos” de los niños, éstos deben crecer “con una figura paterna y otra materna”. Albarracín respondió que en Colombia “se separó la Iglesia del Estado hace muchos años, y por tanto su opinión es una más pero no puede ser ley”, al subrayar que “la iglesia manda en el tribunal eclesiástico y el pueblo colombiano responde en el Constitucional“.

Pese a que las discusiones al interior de la Corte se mantienen en secreto, el diario El Espectador filtró la ponencia de uno de los magistrados que toman parte en el debate, Jorge Iván Palacio, quien se muestra favorable a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. “Reconocer que como familias constitucionalmente protegidas las parejas del mismo sexo pueden participar en procesos de adopción si cumplen con los requisitos que prevé la ley, de ninguna manera supone hacer experimentos de ingeniería social con los niños en situación de vulnerabilidad”, señala la ponencia de Palacio. Según las palabras del jefe del Ministerio Público. “Por el contrario, empíricamente se ha demostrado que sí es posible llevar a cabo ese tipo de adopción sin afectar o poner en riesgo el interés superior del menor”, cita la ponencia del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, con respecto a la posibilidad de que parejas gais puedan adoptar.

La decisión definitiva la deben tomar ocho de los nueve miembros que componen el tribunal, puesto que uno de ellos se declaró impedido en este caso. Si se produjera un empate será necesario recurrir a uno de los 18 cojueces del tribunal, elegido al azar, según dicta la norma de la Corte Constitucional. En las próximas horas la sala plena de la Corte podría decidir en medio del malestar de la Iglesia Católica y líderes religiosos sobre esta posibilidad.

En Latinoamérica países como Argentina y Uruguay ya cuentan con legislación que permite la adopción de menores por parejas homosexuales, mientras que en Chile, Perú o Brasil se han presentado iniciativas que no han tenido consenso.

 

 

 

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El obispo colombiano Luis Augusto Castro, a favor de la adopción homoparental si el menor es hijo biológico de uno de los padres

Viernes, 23 de enero de 2015
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monse3Destacamos, porque nos parece interesante, esta noticia que ya habíamos mencionado…

En declaraciones a una radio, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis Augusto Castro, ha mostrado su rechazo a que parejas homosexuales puedan iniciar trámites de adopción de un menor que no sea hijo de ninguno de los miembros: “Lo que no me parece bien es la adopción de niños ajenos totalmente a la pareja, es decir, yo creo que no hay que dejarse llevar por eso de que el pez grande se come al chico, y que por favorecer a los grandes, pues podamos perjudicar a los más pequeños” ha declarado el obispo.

Castro considera que no se le puede negar a un niño el poder tener un padre y una madre ya que considera que es uno de sus derechos básicos. Sin embargo, sí se muestra partidario de la adopción cuando el menor sea hijo biológico de uno de los miembros de la pareja: “Creo que está muy bien que una persona pueda ser adoptada por su pareja, y educar a su hijo y quererlo”.

Tales afirmaciones responden a la ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio en la que se mostraba partidario de la adopción a parejas del mismo sexo. Un texto que, si se decide llevar a cabo, deberá ser aprobado por la Corte Constitucional antes del próximo 6 de febrero.

Ante esta hipotética medida, el director de Colombia Diversa, Mauricio Albarracín, se ha mostrado esperanzado, asegurando que “si la Corte toma esta decisión, el país va avanzar hacia la igualdad, hacia los derechos de todas las personas y dejaremos los prejuicios contra las personas homosexuales”.

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Colombia: revocan el fallo que reconoció discriminación en el caso de Sergio Urrego… porque el adolescente ha fallecido

Jueves, 11 de diciembre de 2014
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sergio-urregoEl Consejo de Estado de Colombia ha revocado el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en primera instancia había reconocido la discriminación sufrida en su colegio por Sergio Urrego, adolescente gay que se quitó la vida en agosto. Lo más sorprendente es el principal de los argumentos usados: dado que Sergio Urrego ya está muerto… carece de derechos que proteger. El Consejo de Estado estima así la petición de la Procuradoría General de la Nación, encabezada por el homófobo Alejandro Ordoñez. Del fallo ha sido ponente, de hecho, un  magistrado cercano al procurador.

El fallo del Consejo de Estado, que en Colombia ejerce como tribunal supremo en el ámbito de lo contencioso-administrativo, determina que la acción de tutela no procede puesto que los derechos a los que se está pidiendo protección no habrían sido vulnerados a la madre del adolescente que se quitó la vida, sino a su hijo ya fallecido. “La Corte Constitucional ha reiterado que la muerte de quien es titular de los derechos presuntamente vulnerados conduce a una carencia actual de objeto y por tanto la acción de tutela resulta improcedente”, expresa el fallo, que recuerda que el menor murió “antes de la formulación de la presente acción de tutela”. “En consecuencia un pronunciamiento de fondo sobre el amparo reclamado de los derechos a la educación, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso, igualdad, dignidad, no discriminación e intimidad por carencia actual de objeto, resultaría inocuo”:

El Consejo de Estado, en cualquier caso, se pone del lado del colegio al negar que existan pruebas que demuestren la persistencia del centro en dañar el buen nombre de Sergio Urrego. “Solo existe un correo electrónico, sin fecha, remitido según se lee por una estudiante del Colegio Gimnasio Castillo Campestre a la Unión Libertaria Estudiantil, organización a la que perteneció Sergio David Urrego Reyes (q.e.p.d.), del que se desconoce su autoría y por ende la veracidad de tales afirmaciones”, expresa.

Sorpresa e indignación

La decisión del Consejo de Estado ha sido recibida con sorpresa e indignación por la madre del menor y por las organizaciones LGTB. “Es una decisión francamente lamentable, que envía un pésimo mensaje a las víctimas de discriminación y violencia en los colegios. El Consejo de Estado asumió un formalismo que no analizó la complejidad del caso. Con la muerte de una persona no desaparecen los derechos. Cuando una persona muere como murió Sergio, con un acto previo de discriminación, sus compañeros de estudio, sus familiares, sus amigos tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación de su integridad y buen nombre, de acuerdo a la jurisprudencia internacional y la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, además, ha sido clara en decir que la tutela tiene carácter restaurativo y preventivo para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, expresaba tras conocer el fallo Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa.

También se ha pronunciado con dureza, por ejemplo, el diario El Espectador, que editorializaba sobre el tema el 29 de noviembre. “Hay que saber que, en este caso, el derecho es bastante dinámico: no se trata de un conjunto de reglas que se aplican de forma acrítica, sin tener en cuenta los contextos. Por lo que sabemos de los elementos probatorios que conocemos, Urrego fue discriminado y luego se quitó la vida: ante esto, un Estado Social de Derecho debe asegurar que no se olviden elementos básicos de la justicia: verdad, y en caso de ser desfavorable a ciertos derechos, reparación. Este es un caso complejo que va mucho más allá de la aplicación estricta de las normas. Pero si esa fuera la única opción, al menos habría que rescatar el buen nombre de Sergio, entendido este como su prestigio ante la sociedad. Un derecho. Eso que tanto alegó en las bastantes cartas que había escrito durante su vida”, expresaba el editorial. El texto recuerda además que el ponente de la sentencia, el magistrado Alfonso Vargas, es amigo de Alejandro Ordoñez, el homófobo procurador general y recurrente: “No podemos soslayar que el consejero Vargas, quien proyectó la decisión, es un amigo cercano del procurador Alejandro Ordóñez, un alto funcionario que está lejos de ser un defensor de los derechos de la comunidad LGBTI. Vaya, vaya. Así son las cosas”.

Alba Reyes, madre de Sergio Urrego, ya ha anunciado que radicará una acción de tutela ante la Corte Constitucional. “Hoy me vienen a decir que no hay pruebas de la discriminación y que no tengo yo como mamá el derecho a pedir la restauración de su buen nombre. Voy a recurrir ante la Corte Constitucional y así me toque ir a la Corte Internacional también lo haré. Los derechos de los niños y niñas en Colombia no pueden ser vulnerados de esta manera”, ha expresado Reyes. La propia Reyes, además de colectivos LGTB y estudiantiles, se han manifestado ante el Palacio de Justicia de Bogotá para protestar contra la decisión del Consejo de Estado.

Insertamos a continuación un breve reportaje de la protesta realizado por Citytv de Bogotá:

Responsables del colegio, imputadas por la Fiscalía

En paralelo al proceso contencioso-administrativo, hay que recordar que la investigación de la Fiscalía concluyó hace un mes con la imputación de dos responsables del colegio Gimnasio Castillo Campestre por discriminación, inducción al suicidio y falsa denuncia. La imputación por discriminación se fundamenta en los testimonios de compañeros de clase, de la madre del menor y de registros del propio Sergio Urrego, que apuntarían a que las directivas del colegio iniciaron su hostigamiento contra el joven por su condición homosexual, además por ser ateo y anarquista. El delito de falsa denuncia se habría producido cuando el colegio demandó a la madre de Sergio por abandono, cuando en realidad sus viajes fuera de la ciudad se debían a motivos estrictamente laborales, además de por apoyar la denuncia por acoso sexual contra Sergio por parte de la familia del chico con el que este mantenía una relación.

Como hemos recogido en entradas anteriores, el acoso comenzó a partir del momento en el que un profesor descubrió en el móvil de Sergio una foto en la que este se besaba con un compañero. Un procesó que culminó cuando Sergio fue acusado por la familia del otro muchacho de acoso sexual. El joven acabó finalmente suicidándose lanzándose desde la terraza de un centro comercial de Bogotá tras dejar pruebas de su inocencia. Según informó una docente anónima a El Espectador, las directivas del colegio también habrían acosado a la docente Diana Castelblanco, directora del curso al que pertenecía Sergio Urrego, por no haber hecho anotaciones negativas en su expediente.

Un excelente estudiante

Sergio Urrego, quien llegó a ser calificado por la rectora Castillo como “una persona que no podemos tener en esta institución”, era de hecho un excelente estudiante. Obtuvo el 10º lugar en las pruebas estatales conocidas como Saber 11, realizadas a los estudiantes de último grado de bachillerato. Así lo dio a conocer su madre tras recibir los resultados de la prueba que Sergio llevó a cabo poco antes de terminar con su vida.

Fuente Dosmanzanas

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‘Un nuevo triunfo para la comunidad LGBTI’: Fallo del Consejo de Estado de Colombia reconoce la diversidad familiar:

Sábado, 2 de agosto de 2014
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Colombia Gay MarriageEl Consejo de Estado reabrió la polémica sobre el concepto de familia. / Archivo

En la decisión que condena al DAS por la muerte de un hombre en Antioquia el alto tribunal recordó que dos personas del mismo sexo pueden constituir una familia.

Por: Juan Sebastián Jiménez Herrera

Mientras en la Corte Constitucional se discute desde hace varios años sobre la posibilidad de que las parejas homosexuales adopten, el Consejo de Estado acaba de emitir un fallo que reitera que dos personas del mismo sexo pueden constituir una familia.

En una sentencia del magistrado Enrique Gil Botero, conocida por El Espectador, el Consejo de Estado señaló que “el matrimonio y —principalmente— la familia han dejado de ser unas instituciones ancestrales estructuradas sobre conceptos eminentemente biológicos y religiosos; al contrario como lo demuestra la historia, son fenómenos o procesos dinámicos o vivientes que han evolucionado con el paso del tiempo para transformarse o mutar en organismos sociales que pueden presentar diversas manifestaciones, estructuras o integraciones”.

Y agregó que “en esa medida, la familia podrá estar constituida —a modo simplemente ilustrativo— por un padre y una hija, o por una madre soltera con su respectivo primogénito, o por la tradicional decisión libre y voluntaria entre un hombre y una mujer de hacer vida conyugal, o por la decisión libre y voluntaria de dos personas del mismo sexo que se profesan amor y desean realizar vida conyugal”.

Este pronunciamiento hace parte de una sentencia en la que el Consejo de Estado le ordenó al DAS indemnizar a los familiares de Luis Enrique Alzate Gómez —asesinado por un agente de esa entidad el 18 de enero de 1997— y reconoció entre los indemnizados a Lucía Zuluaga Alzate, hermana de crianza de Alzate, bajo el argumento de que no por ser tal dejaba de ser su familiar y de sufrir con su muerte.

Al conocer de este histórico pronunciamiento, Mauricio Albarracín, director de la ONG Colombia Diversa, recordó que ya en una ocasión el Consejo de Estado se había pronunciado a favor del matrimonio igualitario y aplaudió que la jurisprudencia reciente de este alto tribunal “reconoce las familias conformadas por parejas del mismo sexo y se une a la Corte Constitucional en garantizar la igualdad y la protección de estas familias. Esta decisión del Consejo de Estado es un espaldarazo a la protección de los hijos de las parejas del mismo sexo y a la plena protección de estas familias. Este es un nuevo triunfo judicial de las familias y de las personas LGBT, quienes más temprano que tarde tendremos igualdad de derechos familiares”. A lo cual agregó: “Queda muy poco de ese Consejo de Estado controlado por el procurador. En el Consejo existen voces democráticas y coherentes con la protección de los derechos de todas las personas sin discriminación”.

Por su parte, el abogado Germán Humberto Rincón Perfetti, reconocido defensor de los derechos de la comunidad LGBTI, indicó que “la justicia de nuestro país avanza en la protección de la realidad social, es decir, el reconocimiento de la familia social (la cual va más allá de la familia biológica como hermanos(as), padres, primos, tías, abuelos y demás) para integrar el amor como elemento fundamental en el reconocimiento de derechos y dentro de ello a las familias diversas, como las parejas del mismo sexo. No se puede tapar el sol con discursos conservadores que niegan la realidad y el reconocimiento legal de estas muchísimas formas de expresión”.

Familia y matrimonio

74e1b7b3434e47164228ec1111de039fAprovechando el debate generado por cuenta de este caso, el magistrado Enrique Gil Botero sostuvo que la familia no depende “inefablemente del matrimonio, sino que más allá de la existencia de un contrato o vínculo formal, nace de la decisión libre y voluntaria entre dos personas que de manera consciente asumen la existencia de lazos de solidaridad, apoyo, cariño, amor y convivencia que generan cohesión entre ellos, al grado que pueden procrear, adoptar o asumir la crianza de hijos o hijas para acogerlos dentro de la misma” y que, de la misma forma, esta no es “de forma horizontal sino también a nivel vertical, es decir, no sólo surge de los vínculos naturales y jurídicos entre dos personas heteroafectivas u homoafectivas, sino que también puede surgir a nivel monoparental (uno de los padres y un hijo(a)), o puede ser analizada de forma extensiva, es decir, la que integran abuelos, padres, hijos y nietos (consanguíneos o de crianza)”.

Por ello hizo un llamado —que bien parece dirigido a los sectores que se oponen al matrimonio igualitario— a “superar los atavismos que hacen nugatorio el derecho de las personas de cualquier clase, raza, orientación sexual, etcétera, a conformar de manera libre y autónoma familia, para dar paso a una protección efectiva y garantista que respete los derechos de las personas en un verdadero y real plano de igualdad, es decir, la posibilidad de constituir una familia con el ser que se quiere con el fin de proteger a los hijos biológicos, adoptados o de crianza, en un panorama de solidaridad y apoyo mutuo permanente”.

En 2006, el Pontificio Consejo para la Familia del Vaticano, presidido en ese momento por el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo (ya fallecido), sostuvo que “el acto unitivo del hombre y la mujer no puede separarse de su dimensión connatural, que es la procreación, la cual hace posible la paternidad y maternidad responsable. Sólo desde esta base personal se comprende la moralidad conyugal”, casi dando a entender que la familia —que para el catolicismo se compone de un hombre, una mujer y los hijos, nunca de dos hombres o dos mujeres y sus hijos— es para procrear niños.

En una orilla muy distinta, el magistrado Gil Botero sostiene que “la noción de familia en la modernidad ha sufrido un cambio de paradigma para abandonar su existencia y fundamentación en la relación biológica y genética, para apoyarse en el apoyo mutuo y en el concepto de amor. De modo que, aunque la familia se haya iniciado como un fenómeno biológico, como unidad reproductora de los primates, ha venido a ser un fenómeno social, algo más cercano a unidades de colaboración, cooperación, apoyo, y fraternidad, es decir, más como una orden monástica o un gremio de artesanos, que a su propio antecesor remoto”.

 jjimenez@elespectador.com

Fuente El Espectador

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Un centro comercial colombiano que obligó a una pareja gay a abandonar el local se disculpa públicamente

Martes, 24 de junio de 2014
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pareja-gay-centro-comercial-Bogotá-150x150Otro insólito caso de discriminación homófoba ocurrido en Bogotá (Colombia). Una pareja homosexual fue obligada a abandonar el centro comercial en el que se encontraban por dos vigilantes de seguridad que los encontraron dándose muestras de afecto, el pasado mes de febrero. Ahora, y por orden judicial, tanto los responsables del centro comercial como los de su empresa de seguridad privada se han visto obligados a pedir disculpas. 

El episodio tuvo lugar el pasado día 19 de febrero. Alejandro Aristizábal y David Ricardo se encontraban abrazándose y besándose en el interior del Centro Comercial Avenida Chile de Bogotá cuando dos guardias de la empresa Segurcol se acercaron a ellos y comenzaron a increparles. “Tengo órdenes de sacarlos, ustedes no pueden hacer semejante espectáculo, poniendo en vergüenza el centro comercial. A la gente como ustedes lo único que les gusta es vitrinear y hacer show. Para eso hay lugares donde va la gente como ustedes. Tienen que irse”, les dijo uno de los vigilantes privados poco antes de obligarlos a abandonar el lugar. Según Aristizábal, lo ocurrido no fue un hecho aislado. Así, otras tres personas homosexuales que el joven conoce habrían sido también expulsadas de este centro comercial por haber dado muestras de cariño a sus parejas en ocasiones anteriores.

Alejandro y David decidieron iniciar una batalla de denuncia social y jurídica por lo que consideraban un caso de discriminación flagrante. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de lo ocurrido y, con el apoyo de la comunidad LGTB, se logró convocar una “besatón” o besada colectiva para mostrar el rechazo hacia este tipo de actos discriminatorios. En ese acto, celebrado el día 27 de febrero, una veintena de parejas del mismo sexo se abrazaron y besaron en el centro comercial antes mencionado, recordando a los visitantes, transeúntes y porteros, con toques de tambor, banderas arcoíris y pancartas, que “los besos son afecto, no delito”.

353bc100c23f83000050cbd16a69050eAsimismo, y con el apoyo de la organización Colombia Diversa, la pareja discriminada interpuso una acción de tutela, consiguiendo que el juzgado 34 Civil Municipal de Bogotá determinase sus derechos fundamentales a la igualdad, la no discriminación y la intimidad de la pareja. Por este motivo, tanto el Centro Comercial Avenida Chile como la empresa de seguridad Segurcol se vieron obligados a pedir disculpas a la pareja en un acto público celebrado el pasado día 18 de junio.

Para Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa, el acto de excusas fue importante, porque también obliga, tanto al centro comercial como a la compañía de seguridad, a realizar cursos sobre dignidad humana y derechos a la libre opción sexual y el desarrollo de la personalidad, dirigidos a los empleados y vigilantes. En efecto, el fallo de tutela de la jueza María Isabela Córdoba, encargada de llevar este caso, determinó que el centro comercial deberá capacitar a sus empleados, tanto directos como indirectos, así como a los representantes de sus contratistas y a los de dueños o arrendatarios de los locales, en el respeto hacia los derechos de las personas LGTB.

De la misma forma, la empresa de seguridad deberá capacitar a sus vigilantes. Elkin Valencia, director de operaciones de Segurcol, reconoció que lo ocurrido fue un error y aseguró que de ninguna forma es una política de su compañía. También confirmó el compromiso de su empresa a capacitar a sus empleados para que algo así no vuelva a ocurrir.

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El cardenal Salazar pide al Constitucional colombiano que no avale la adopción por parte de una pareja de lesbianas.

Jueves, 8 de mayo de 2014
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IMAGEN-13937495-2Ana y Verónica son pareja desde el 2004. Una de ellas es madre biológica de dos niños.

Que afirme este señor que no tiene nada dontra los homosexuales… Por cierto, las únicas “posibles consecuencias negativas para el sano desarrollo psicológico y afectivo de los menores”, son las derivadas de los abusos sexuales cometidos por algunos sacerdotes y obispos…

El fallo que la Corte Constitucional debe emitir sobre una tutela interpuesta en el 2009 por una pareja de lesbianas que pidió la adopción de la hija biológica de una de ellas tiene preocupada a la Iglesia católica en Colombia. El Episcopado obtuvo información que indica que se fallaría a favor de las dos mujeres en los próximos días, y por eso envió un oficio a los magistrados, pidiéndoles que rechacen dicha solicitud.

Aunque la decisión tendría implicaciones específicas en este caso en particular y no sobre la adopción en general para parejas del mismo sexo, los obispos consideran que sería una puerta que permitiría crear jurisprudencia al respecto. «La Conferencia Episcopal de Colombia ha tenido conocimiento del proyecto de sentencia, redactado por el magistrado Luis Guillermo Guerrero, sobre la acción de tutela instaurada por las señoras Turandot y Fedora contra el Defensor Segundo de Familia de Rionegro (Antioquia)», dice la carta, firmada por el cardenal Rubén Salazar.

«Más allá del caso singularísimo de la menor, el mencionado proyecto allana el camino jurisprudencial para que otros menores de edad puedan ser adoptados legalmente por parejas homosexuales, vulnerando así el derecho fundamental y superior de los niños y niñas colombianos a crecer en el seno de una familia conformada –según afirma el vigente artículo 42 de nuestra Constitución– por la unión de un hombre y de una mujer», sigue la misiva, a la que se le adjuntaron varios estudios «avalados por la comunidad científica internacional que ponen en evidencia posibles consecuencias negativas para el sano desarrollo psicológico y afectivo de los menores adoptados por parejas homosexuales».

Sin embargo, el arzobispo de Bogotá y presidente del Episcopado reconoció que, en general, «no existe la suficiente evidencia científica para sacar conclusiones definitivas sobre los efectos de la adopción por parte de parejas del mismo sexo». «En ese sentido, ante las dudas de la comunidad científica, el proyecto de sentencia no salvaguarda suficientemente el interés prevalente de los menores de edad a crecer en un ambiente que facilite su armónico e integral crecimiento», añadió el prelado, quien les hizo un llamado a los magistrados para que para que «examinen, a consciencia y con mayor detenimiento, el contenido del mencionado proyecto de sentencia así como sus eventuales consecuencias jurisprudenciales y sociales».

Monseñor-Rubén-Salazar-GómezSin embargo, el cardenal colombiano aclaró que la Iglesia no tiene nada en contra de las personas homosexuales. «Creemos en una sociedad abierta e incluyente y condenamos por ello todo eventual acto de injusta discriminación, maltrato o de violencia contra las personas homosexuales. Con amor de madre, la Iglesia acoge a todos los hombres y mujeres, sea cual sea su condición, consciente de que, con independencia de la orientación o incluso del comportamiento sexual de cada uno, toda persona humana tiene la misma fundamental dignidad ante Dios y ante el Estado».

‘Es un ataque de la Iglesia’: Colombia Diversa

El abogado Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa, afirmó que este pronunciamiento de la Iglesia ataca injustamente a la familia conformada por las dos mujeres y sus hijos. Además de la niña en mención (una de las dos mujeres quedó embarazada mediante la vía de la inseminación artificial), tuvieron otro hijo. (Vea la historia de Ana y Verónica) 

“El papa Francisco dijo: “¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales?”. Y yo le pregunto al cardenal: ¿quién es usted para juzgar una familia que se ama? Es lamentable que el cardenal dedique sus esfuerzos a perseguir a los niños y a sus padres y contribuya a crear un ambiente discriminatorio contrario a la paz”, afirmó Albarracín.

“La Corte tiene el deber de garantizar los derechos de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo y estos deben prevalecer sobre los prejuicios. El cardenal no puede pretender imponer su opinión a las autoridades judiciales porque afecta la separación entre la Iglesia y el Estado, en particular, la independencia judicial”, añadió.

En mayo del 2012 Colombia Diversa reveló un informe de cuatro universidades que señalaban que la adopción gay no afecta a los menores de edad.

Los conceptos fueron elaborados por las facultades de psicología de los Andes, la Javeriana, la Nacional y la del Valle entre el 2009 y el 2010. “Revisando los estudios al respecto se encuentra que la mayoría muestra que no hay diferencias entre los niños criados por padres homosexuales (frente a los criados por parejas heterosexuales), lo cual es un indicador de que no existe una razón científica para oponerse a priori a la adopción por parte de las parejas homosexuales”, dijo la Javeriana entonces.

EL TIEMPO conoció una carta enviada en diciembre pasado por el padre Joaquín Sánchez, entonces rector de la Javeriana, al secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor José Daniel Falla, en la que afirma que los resultados de los estudios divulgados no eran concluyentes frente a la adopción de parejas del mismo sexo.

“Se trata de cuatro estudios reducidos a un panorama necesariamente estrecho de referencia por la baja cantidad de casos posibles propuestos para el estudio ya que este tipo de adopción es excepcional, y el escaso tiempo de referencia del fenómeno es puntual porque no se presentan análisis de un periodo extenso en la vida de los niños. De esta clase de estudios evidentemente es imposible concluir que se trata de una verdad científica comprobada”, dice el documento.

La carta añadía que el grupo de psicología clínica que se encargó del estudio se limitó a revisar literatura sobre el tema, que provenía de entornos ajenos al contexto cultural colombiano.

Ante esto, el padre Joaquín reiteraba finalmente que “la Universidad Javeriana acoge el concepto de familia propuesto por el magisterio de la Iglesia y que coincide con el que propone la Constitución de Colombia“.

Fuente El Tiempo

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