La Mancomunidad de Dominica (una república caribeña con una población inferior a los 70.000 habitantes) es uno de los territorios de la región en los que se sigue persiguiendo la homosexualidad legalmente. Sin embargo, en 2019 un ciudadano dominiqués abiertamente gay, del que solo conocemos las siglas DG, decidió impugnar la legislación homófoba y en la actualidad el caso está pendiente de resolución judicial. En este sentido, las jerarquías evangélica y católica de la isla están ejerciendo presiones públicas y privadas para que la «sodomía» siga siendo ilegal. Birnie Stephenson, la jueza instructora, ha tenido que abandonar el caso porque su pastor, Randy Rodney (presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Dominica), se ha sumado a la oposición contra la demanda de despenalización. Esta situación demorará todavía más la sentencia.

La Asociación de Iglesias Evangélicas de Dominica (DAEC) solicitaba al Tribunal Supremo del país personarse como tercero contra la demanda de despenalización de la homosexualidad el pasado 17 de noviembre. La razón fundamental de dicha organización para unirse a la demanda es que podría «menoscabar o impedir los derechos morales de los cristianos». El pastor Rodney asegura que «todos los asuntos de sexo deben ser entre un hombre y una mujer». La recusación de la jueza que instruía el caso es ahora un nuevo escollo, que se une al aplazamiento que se produjo en septiembre tras unirse contra la causa el Consejo Cristiano de Dominica. El caso debía haberse retomado el 23 de noviembre, pero la salida de la jueza Stephenson lo vuelve a frenar.

Por su parte, la jerarquía católica dominiquesa también lleva años enfrentandose públicamente a cualquier atisbo de despenalización. Gabriel Malzaire, obispo de Roseu, publicó una carta en 2013 en la que aseguraba que «la ‘actividad’ homosexual, según las Sagradas Escrituras, es uno de los muchos males que, si no se controlan, pueden conducir a la muerte espiritual. Entre estos se encuentran el adulterio, la fornicación, las orgías, la calumnia, el odio profundamente arraigado […] Estos, junto con la ‘actividad’ homosexual, nunca estarán bien, estén o no despenalizados por el Estado».

Según palabras del obispo, «la Iglesia, en su papel de guía moral, no existe para condenar a las personas humanas, sino para condenar estilos de vida y comportamientos que no están de acuerdo con la ley divina. Por lo tanto, así como la Iglesia tiene la responsabilidad de llevar al adúltero al arrepentimiento, tiene la misma responsabilidad hacia aquellos que se entregan a la ‘actividad’ homosexual».

Malzaire añadía que «algunas cosas están bien y otras están mal, nos guste o no. Lo que está de acuerdo con la ley de Dios está bien y lo que está en contra de la ley de Dios está mal; y todos estamos llamados a vivir según la ley de Dios si la salvación es parte de nuestra agenda. Por lo tanto, ya sea que se trate de fornicación, adulterio, ‘actividad’ homosexual, toda la gama, tenemos que vivir según la ley de Dios».

El abogado y activista caribeño Maurice Tomlinson, por su parte, sostiene que «las razones por las que las iglesias buscan entrar en el caso son ridículas». Tomlinson y la Canadian HIV/AIDS Legal Network están apoyando a DG en su batalla legal para la despenalización de la homosexualidad. El Programa Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Toronto, Minority Rights Dominica, un grupo de defensa LGTBI, y Lawyers Without Borders también están dando su respaldo.

LGTBIfobia de Estado en Dominica

Según la legislación vigente, «una persona que comete sodomía es culpable de un delito y puede ser condenada a prisión». Las penas oscilan entre los 5 y los 25 años de reclusión y «el Tribunal podrá ordenar que la persona condenada sea ingresada en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento».

Al menos 35 personas fueron arrestadas por las autoridades locales y acusadas de «sodomía» entre 1995 y 2000 en Dominica. Los tribunales condenaron a los acusados a multas y penas de prisión de hasta diez años. Algunos de ellos, incluso, fueron forzados a someterse a las tan dañinas «terapias de conversión» en centros psiquiatricos (a pesar de que la comunidad científica internacional rechace sin tapujos este tipo de ‘intervenciones’).

En 2001 15 mujeres fueron detenidas y condenadas a cinco años de prisión, acusadas de «grave indecencia». Diez hombres también fueron condenados a cinco años de prisión por «cometer actos de indecencia grave con personas del mismo sexo». En 2012, una pareja gay de California fue arrestada después de que la policía les denunciara por haber mantenido relaciones sexuales en el balcón de su cabina durante un crucero gay que estaba atracado en el puerto. Fueron liberados de la cárcel tras declararse culpables de «exposición indecente».

En julio de 2014, Roosevelt Skerrit, Primer Ministro de Dominica (en el cargo desde 2004 hasta la actualidad) declaró que, aunque en el pasado reciente se hubiera hecho, no tenía planes para aplicar la legislación contra la homosexualidad «al menos en hogares privados». A pesar de declarada LGTBIfobia del mandatario, parecía un primer paso para la atenazada comunidad LGTBI dominiquesa, en lucha por los derechos humanos no reconocidos y víctima de la persecución del Estado.

Fuente Dosmanzanas

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Nos llega la noticia, vía la web británica Gay Star News, de dos nuevos asesinatos en Jamaica con posible motivación homófoba. Según recoge el diario jamaicano The Gleaner, los asesinados serían Orville Lorne, de 40 años, y otro hombre de nombre desconocido, de la misma edad. Las muertes ocurrieron el martes 24 de mayo en Montego Bay, cuando un grupo de hombres armados irrumpieron en su vivienda de madrugada y les dispararon.

Según el diario jamaicano, varios vecinos de los fallecidos (habitantes de una barriada ya de por sí muy violenta) aseguraron que en efecto se trataba de dos homosexuales, a los que de hecho se refirieron como “fish” (“pescados”), uno de los numerosos términos utilizados en Jamaica para referirse a los homosexuales de modo despectivo. “No sabemos nada. Solo que se han cargado a dos ‘pescados’. No nos va ese rollo por aquí, no verás a nadie llorando por eso”, declaraba por ejemplo una joven. La policía jamaicana, aunque ha confirmado el doble asesinato, nada parece haber dicho sobre su posible motivación homófoba.

Quien sí ha denunciado públicamente el asesinato relacionándolo con la violencia homófoba que sufre Jamaica, atizada aún más en los últimos tiempos por los pujantes movimientos evangélicos, es el valiente activista jamaicano Maurice Tomlinson (al que en alguna ocasión anterior hemos hecho referencia) en la web Erasing 76 Crimes.

Jamaica, un infierno para las personas LGTB

Que Jamaica es posiblemente la sociedad más homófoba de América no es un secreto, y no solo porque las relaciones homosexuales masculinas sigan siendo delito. En marzo de 2015 dábamos cuenta del brutal linchamiento a un joven gay, a manos de una turba furiosa, que lo mató a pedradas. La violencia y el miedo, de hecho, no son episodios aislados sino que forman parte de la vida cotidiana de las personas LGTB jamaicanas, bien reflejados en el completo informe de 86 páginas que en 2014 publicó sobre Jamaica la organización Human Rights Watch (que puedes descargar en PDF aquí) hasta 56 casos de violencia contra personas LGTB, en muchos de los cuales ni siquiera se llevó a cabo investigación policial. Denunciaron 19 víctimas, pero solo fueron tenidos en cuenta 8 casos, y de estos solo en 4 hubo detenciones. En algún caso los propios policías contribuyeron a la agresión. El informe también recogía casos de discriminación flagrante, llevada a cabo tanto por instituciones públicas como privadas, así como la situación de personas LGTB que, repudiadas por sus propias familias, se ven obligadas a malvivir por las calles.

La lista de decesos, crímenes, violaciones y agresiones de toda clase a personas LGTB es larga. En dosmanzanas hemos recogido numerosos episodios a lo largo de los últimos años. En diciembre de 2010 era asesinado un activista gay que, según informó entonces la organización J-FLAG, había sido previamente amenazado, y en junio de 2012 eran asesinados otros dos hombres gais. A finales de ese mismo año, dos jóvenes descubiertos manteniendo relaciones sexuales en los baños de la Universidad Tecnológica de Jamaica caían en manos de una muchedumbre enfurecida y uno de ellos era golpeado brutalmente por los guardas de seguridad. En septiembre de 2013, conocimos otro caso de un joven que escapó milagrosamente de un linchamiento homófobo. Poco después cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron cómo un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió Dwayne Jones, una joven adolescente transgénero asesinada pocas semanas antes por una turba de personas que descubrieron su condición. Son solo algunos de los casos que trascienden las fronteras de Jamaica. Muchos otros ni siquiera llegamos a conocerlos, entre otras cosas por la falta de confianza y la pasividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad ante estos casos.

Ello no impide que incluso en un ambiente tan hostil surjan valientes activistas, que de hecho el pasado año celebraron por primera vez varios actos con motivo del Orgullo LGTB, sin convocar, eso sí, una manifestación como tal. Algo que por supuesto sí pueden hacer los homófobos. Una de estas llamativas muestras públicas de homofobia fue la que recogimos hace dos años, cuando cientos de personas, convocados por una coalición de líderes religiosos, salieron a las calles de Kingston coincidiendo con el Orgullo para protestar contra lo que denominaron la “creciente amenaza de la homosexualidad”.

Maurice Tomlinson, de hecho, asegura en el referido artículo de Erasing 76 Crimes que estos dos asesinatos no alterarán los planes de celebrar el próximo octubre el Orgullo LGTB en Montego Bay, contando eso sí con una fuerte seguridad privada.

Fuente Dosmanzanas

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El abogado y activista jamaicano Maurice Tomlinson ha presentado una demanda en la Corte Suprema de su país para que declare inconstitucional la ley que criminaliza las relaciones sexuales entre hombres en la isla caribeña, vigente desde el año 1864.

El Gobierno de Jamaica ha sido demandado por el activista y abogado Maurice Tomlinson, que pretende que sea declarada inconstiucional la ”ley de sodomía” que criminaliza las relaciones homosexuales en la isla caribeña permite la estigmatización y desprotección social del colectivo.

Tomlinson, de origen jamaicano y exiliado en Canadá, ha tomado el relevo en el impulso de esta iniciativa tras la retirada de su primigenio demandante, a quien defendía, que alegó en su momento estar recibiendo amenazas contra él y su familia.

En un comunicado emitido ayer, el abogado expresó que esta anacrónica ley constituye una “flagrante violación de sus derechos humanos“ así como los de todas las personas del colectivo LGTB en Jamaica.

Impuesta por el Imperio Británico en 1864, la llamada ”Ley de Sodomía” pena con diez años de cárcel o trabajos forzados la homosexualidad masculina en la isla; y si bien no se ha utilizado en ninguna ocasión durante la última década, favorece la animosidad de la sociedad jamaicana hacia la diversidad sexual y de género.

Esta arriesgada merma en la seguridad e integridad de las personas LGTBI ha sido experimentada hace cuatro años por el propio Tomlinson, quien tras aparecer en la prensa jamaicana con su marido, recibió mensajes de odio y amenazas de muerte contra su persona.

Tal y como Tomlinson defiende, la ley anti gay jamaicana es utilizada por las fuerzas del orden para extorsionar a los ciudadanos homosexuales, a quienes chantajean para no hacer pública su condición sexual y enfrentarse a un posible proceso a cambio de dinero.

En las propias palabras de Maurice Tomlinson:

“Me consta que varios oficiales de policía son responsables de ataques contra hombres gais y otros (que tienen sexo con hombres) y/o no se toman en serio las investigaciones relacionadas con ataques y amenazas contra ellos. […] Las víctimas tienen una razón de peso para no confiar en la policía.”

Vídeo: Quorum: Maurice Tomlinson

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Un abogado jamaiquino, abiertamente homosexual, dice haber comprobado personalmente la discriminación en Belice y Trinidad y Tobago, donde la homosexualidad es considerada ilegal y es castigada con penas de cárcel.

Un abogado jamaiquino ha logrado llevar ante la Corte Caribeña de Justicia (CCJ) a Trinidad y Tobago y a Belice por tener leyes que impiden la entrada de homosexuales en sus territorios, pese a que estas normas no se suelen aplicar.

Representantes legales de Trinidad y Tobago y de la Comunidad del Caribe (Caricom) -organización regional a la que pertenecen ambos países- comparecieron este miércoles ante la CCJ en relación a esta demanda, según confirmó el supervisor del Registro de esa instancia judicial, Nadal Hardial, en entrevista telefónica.

Según detalló, la demanda fue interpuesta por el abogado jamaiquino Maurice Tomlinson en mayo de 2013 y en ella alegaba que había “provisiones discriminatorias contra la comunidad LGBT en las leyes de inmigración de Trinidad y Tobago y Belice”.

Tomlinson, abiertamente homosexual, dice haber comprobado personalmente dicha discriminación en ambos países, donde la homosexualidad está considerada ilegal y está perseguida con penas de cárcel.

La CCJ es el único árbitro del Tratado Revisado de Chaguaramas dándole jurisdicción exclusiva sobre los asuntos que surjan de la violación del Mercado Común de la Comunidad del Caribe (CSME), que garantiza la libertad de movimiento a los ciudadanos de los países miembros para que viajen entre sus territorios.

El argumento del abogado jamaiquino para acudir al CCJ se basa en que la legislación de ambos países violan el derecho de los ciudadanos homosexuales del CSME a moverse libremente entre sus países miembros.

Después de un largo proceso administrativo, la CCJ ha decidido aceptar a trámite la demanda de Tomlinson y celebró una audiencia sobre el caso en su sede, en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago.

Doce de los quince países miembros de Caricom pertenecen a la jurisdicción de la CCJ: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

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