Los obispos católicos de Inglaterra y Gales han dado su respaldo explícito a ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo vigente en ese país ante la posibilidad de que esta figura legal acabe por suprimirse y quede solo el matrimonio. Todo ello ocurre al mismo tiempo que desde otros lugares llegan indicios de que persisten las actitudes de rechazo o incluso se refuerzan.

La petición de la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales de que se mantenga la vigente ley de uniones civiles tras la aprobación del matrimonio igualitario. La petición forma parte de las respuestas a un cuestionario enviado por el gobierno británico a este respecto para valorar si es necesario que siga existiendo figura legal de las uniones civiles una vez el matrimonio ha quedado abierto a las parejas del mismo sexo (la ley británica de uniones civiles, recordemos, fue una ley creada específicamente para parejas del mismo sexo cuando a estas no se les permitía el matrimonio, y a ella no pueden acogerse las parejas heterosexuales). En caso de desaparición de esta figura, las personas que contrajeron unión civil verían estas convertidas automáticamente en matrimonios o han de poder seguir como unión civil.

La opinión de los obispos católicos es contraria a la desaparición de las uniones civiles. Según afirman, hay parejas del mismo sexo católicas que quieren seguir unidas civilmente porque creen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. “Hemos recibido representaciones de algunas lesbianas y gays católicos que afirman no desear contraer matrimonio homosexual y que temen que sus derechos queden eliminados si se abolen las uniones civiles. Hay lesbianas y gays católicos que han contraído uniones civiles para garantizar unos derechos legales importantes y necesarios pero que no desean casarse ante los ojos del Estado ni tampoco ver su unión civil automáticamente ‘convertida’ en matrimonio. Retirar el derecho legal de estas parejas del mismo sexo que no desean ‘casarse’ a contraer una unión civil significaría retirarle derechos legales para estas personas en el futuro”, argumentan.

Coexistencia de gestos de apertura y de reafirmación

Quizá lo más llamativo en la respuesta estriba en que, rigurosamente, las parejas católicas que contrajeron unión civil actuaron también en contra de la doctrina. Sin embargo, ante una petición de algunas de ellas de que se mantuviera su estatus, los obispos han reaccionado atendiendo su petición y reconociendo su legitimidad a reclamar sus derechos legales como parejas. Algo que ha sido interpretado como un signo de apertura. Es el caso del editorial de la publicación católica británica The Tablet, que reconoce no obstante que también podría leerse como una aplicación de la teoría del “mal menor”. No obstante, la opinión del periódico es clara: “Cuando el papa Francisco señaló el verano pasado en una rueda de prensa ‘si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar?’, probablemente no se dio cuenta del importante efecto que tendría. La enseñanza de la iglesia católica sobre la homosexualidad no cambió. Pero su actitud ciertamente sí (…)”.

En definitiva, un signo más de la coexistencia de signos de apertura y actitudes discriminatorias en el seno de la Iglesia en este nuevo periodo. Entre los primeros, además de las declaraciones de los obispos británicos y brasileños (un portavoz oficial de la Iglesia católica del país sudamericano se ha pronunciado a favor de un “respaldo legal” para las parejas del mismo sexo), podemos mencionar el hecho que el arzobispo de Viena, el cardenal Christoph Schönborn, felicitara a Conchita Wurst por su victoria en Eurovisión, diciendo que “en el colorido jardín de Dios hay una variedad de colores. No todos que han nacido como seres masculinos se sienten como hombre, y lo mismo del lado femenino. Merecen como persona el mismo respeto al que todos tenemos derecho”.

En otros lugares las señales son sin embargo de signo contrario. En varias diócesis se redobla el esfuerzo por asegurar la estricta ortodoxia, de palabra y obra, por parte de los profesores en centros católicos. También acaban de ser excomulgados los fundadores de Somos Iglesia. Aunque los motivos inmediatos parecen tener que ver con otras cuestiones (como la celebración de misas sin presencia de sacerdote) se trata de una corriente que entre sus reivindicaciones incluye la igualdad LGTB.

Señales contradictorias que han generado análisis como los de Maureen Dowd, de The New York Times, quien afirma que se ha pasado solo del ceño fruncido a la sonrisa y que “quizá el ceño fruncido es más honesto”, o el ya citado de The Tablet, que aprecia un cambio de mucho mayor calado. Habrá que ver qué tendencia se acaba imponiendo.

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Ampliamos la noticia de la que ya habíamos informado:

Un nuevo contrato para los profesores católicos de Cincinnati, en Estados Unidos, ha generado gran polémica. Este les obliga a mantener en su vida privada una estricta concordancia con la doctrina católica y les prohíbe las muestras públicas de apoyo a realidades como las parejas del mismo sexo, lo que muchos interpretan que puede extenderse al apoyo de familiares y amigos. Entre las protestas destaca la una profesora madre de un hijo gay, que se ha negado a firmar el contrato.

La archidiócesis de Cincinnati (Ohio) estableció en marzo las nuevas cláusulas que debían firmar los profesores de los centros católicos. En ellas, se expone con todo detalle los compromisos de fidelidad y adhesión a la doctrina católica que se exigen a partir de ahora a los profesores. Ha sido tal la ampliación que el contrato ahora tiene el doble de tamaño. Mientras que antes se hablaba genéricamente de que los profesores no debían contradecir la doctrina católica, ahora se va más allá de las aulas y se entra en la vida personal de los profesores, prohibiendo todo lo que pueda entenderse como una expresión de apoyo público a realidades condenadas por la doctrina oficial. Se les prohíbe así “el uso impropio de los medios de comunicación sociales, el apoyo público de la convivencia fuera del matrimonio o el vivir juntos sin casarse de manera pública”. Se prohíbe también “el apoyo público de la actividad sexual fuera del lecho conyugal o la práctica de la misma, el apoyo público del estilo de vida homosexual o llevarlo a cabo”. El documento sigue en la misma tónica con el aborto, la gestación subrogada, la fecundación in vitro o la inseminación artificial.

Estas cláusulas son tan amplias que cualquier gesto de apoyo podría entenderse como “apoyo público”: asistir a la boda de un amigo con otro hombre, felicitarle públicamente e incluso hablar positivamente de esa boda en Facebook. Fuentes de la diócesis niegan que el contrato conlleve la obligación de romper lazos con familiares y amigos LGTB, pero la inseguridad jurídica que se deriva del mismo genera gran inquietud a los docentes.

El contrato además establece otro cambio que supone una clara estratagema para evitar problemas legales. Si anteriormente se hablaba de “profesores”, ahora el contrato habla de “profesores-ministros”, situando a los docentes en el mismo estatus que los ministros religiosos, esto es, que cualquier persona con responsabilidades pastorales (sacerdotes, catequistas, etc.). El motivo está claro: si sólo son profesores, estas cláusulas serían denunciables por abusivas, al afectar a la vida privada y a la libertad de expresión. Al otorgarles la condición de ministros, la archidiócesis puede ampararse en la libertad religiosa, que les autoriza a obligar a sus “ministros” a cumplir con todas las normas de la iglesia en público y en privado, de palabra y de obra.

Una profesora con un hijo gay se niega a firmar

El nuevo contrato ha generado un creciente malestar y ha provocado numerosas protestas, que han incluido una manifestación y peticiones por internet firmadas por miles de personas. Entre las protestas, destaca sin embargo las de una profesora, Molly Shumate, quien ha decidido negarse públicamente a firmar un contrato que significaría tener que restringir las manifestaciones de apoyo a su hijo gay. “No hay nada malo con mi hijo (…) Nunca se me debería pedir que no lo apoyase. Si mi hijo me dijera, ‘¿irías conmigo a un lugar apoyado o dirigido por gays y lesbianas?’, tendría que decirle que no (…) Para mí, firmar esto me hace sentir como si le estuviera diciendo a mi hijo que he cambiado de opinión. Que ya no le apoyo como antes. Y eso no lo voy a hacer“, ha declarado. El ejemplo de Shumate ha sido secundado por Mindy Burger, de 63 años, quien califica el contrato de misógino: “Si soy profesor en un centro católico y soy un hombre, ¿quién va a saber sí tengo relaciones fuera del matrimonio? Pero si soy una mujer soltera y me quedo embarazada, me despiden“.

Normativas similares a las de Cincinnati se están extendiendo a otras diócesis de Estados Unidos. Es el caso de Hawaii y de Oakland (California). Gestos que contrastan con el cambio de discurso público del nuevo papa, y que ponen de manifiesto sus límites. La idea de no insistir tanto en homosexualidad y aborto, lanzada por Francisco el verano pasado, parece que no acaba de llegar a muchos lugares. Como bien expresa la columnista de The New York Times Maureen Dowd, “las mujeres, los gays y los disidentes católicos que tenían renovadas esperanzas van a tener que afrontar la realidad de que (…) siguen siendo discriminados”.

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