[Noticia en progresión]

Por Mariana Leder Kremer

 Hospital Santojanni.

Un joven VIH+ que debía ser operado como consecuencia de un accidente denunció públicamente que personal médico del Hospital Santojanni de la Ciudad de Buenos Aires le negó atención el jueves 6 de febrero. El joven -cuya identidad es resguardada para respetar su confidencialidad- relató que al entrar al quirófano, los anestesistas y el médico de traumatología se negaron a atenderlo, cuando ya se había realizado los exámenes prequirúrgicos y había informado su serología. Desde la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (Rajap) repudiaron el acto de discriminación mediante un comunicado. Esta tarde habrá una reunión de la Rajap con el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI) para abordar el tema.  Hasta el momento, el Hospital Santojanni no brindó una respuesta oficial ni respondió reiterados llamados de Presentes para conocer la situación.

“Desde la red ya nos comunicamos con el Frente Nacional por la salud de las personas con VIH, donde hay más de 60 organizaciones. Estamos pendientes de lo que diga la familia de nuestro par y de su propia voluntad. Nuestra idea es movilizar al hospital para exigir una respuesta”, cuenta Emir Franco, coordinador nacional de la Rajap.

«El paciente tiene fecha de cirugía. Y se han activado los mecanismos para revisar la totalidad de las acciones que llevaron al reclamo», informaron esta tarde fuentes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Discriminación y violación de confidencialidad

“Que ya ingresando al quirófano y cuando estaban por anestesiarlo, le digan que no iban a continuar con el procedimiento, cuando él ya había informado su serología previamente, y que además de haberlo criticado y juzgado, hayan expuesto públicamente su privacidad, diciendo no lo vamos a operar porque tiene VIH, en una sala de espera donde estaban sus familiares y otros pacientes, fue una violación del derecho a la confidencialidad de su diagnóstico», dice el coordinador de Rajap.

Franco agrega que se trata del primer caso de discriminación del Hospital Santojanni del que tengan conocimiento desde la red. Quieren contactarse con el establecimiento de salud para saber qué medidas van a tomar, pero hasta el momento no lograron comunicarse. Franco cuenta que la madre del joven pudo hablar con Sergio Maulen, actual director de la Dirección Nacional de Sida, ETS, Hepatitis y TBC, quien le informó que el protocolo que los profesionales del Santojanni alegaron tener que utilizar ante una persona que vive con el virus, se encuentra obsoleto.

“No contamos con los trajes especiales para atender a personas con VIH”, fue -según la denuncia- el argumento de Guido Flores Flores, el traumatólogo que se negó a cumplir con sus obligaciones, junto a los anestesistas. La madre del paciente les explicó que hay un montón de personas que no conocen su estado serológico o que no lo dicen, y que las medidas de seguridad deben ser iguales para todos. “No obstante los profesionales decidieron cancelar la cirugía”, cuenta Franco. Y agrega que desde la dirección del hospital se acercaron a la familia para decirles que el protocolo de la vestimenta estaba vigente y que el hospital no contaba con los recursos necesarios. Tampoco importó la intervención del jefe de Infectología, quien se acercó para explicar que el paciente contaba con un sistema inmunológico fuerte, que además es indetectable (y por ende intransmisible) y que había que realizar la operación.

“La bioseguridad es la misma” 

Ante lo sucedido, el Presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), José María Di Bello, expresó: “La situación es realmente inaceptable, la bioseguridad es la misma tanto para personas con VIH como para cualquier persona, en un quirófano o en cualquier atención médica. Estamos hablando de cuestiones básicas que datan de mucho tiempo atrás. Es absolutamente inaceptable y merece todo el repudio. Además habla de la falta de formación de estos profesionales, que si no saben no pueden seguir atendiendo, al menos momentáneamente”.

Admitió que este tipo de situaciones ocurren con frecuencia tanto en la salud pública como en la privada. “Desde la política pública debemos profundizar en formación, capacitación y sensibilización a todos los profesionales de la salud y a las personas que trabajan a nivel administrativo en los hospitales, porque ahí también se producen situaciones de discriminación”.

La barrera fundamentalista que falta romper

Respecto a las formaciones y capacitaciones, Mariana Iácono, Referente nacional de la Comunidad Argentina de mujeres con VIH (ICW Argentina) y co-fundadora de Rajap, opinó: “Hay algo que tiene más que ver con la moral de la cabeza de la gente y sus pre conceptos que no se soluciona sólo con educación o mayor información y cursos de capacitación. Hay un montón de guías sobre VIH de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Organización Panamericana de la Salud de las Naciones Unidas, guías actualizadas del Ministerio de Salud, pero llega un cirujano y dice que no va a operar porque no tiene un traje, siendo que la persona está indetectable, sin riesgos, entonces me parece que pasa más por una barrera fundamentalista que no se logra romper”.

“Las personas con VIH sufrimos discriminación en salud”

Matías Muñoz, abogado y presidente de la Asociación Ciclo Positivo, reflexionó: “Lo que sucedió no es algo nuevo ni es un hecho aislado, las personas con VIH sufrimos constantemente la discriminación de los distintos servicios de salud: odontología, ginecología, en este caso traumatología. Creemos que el foco se tiene que poner en las normas de bioseguridad que son para todos y todas por igual. Instamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que derogue toda normativa anticuada y obsoleta que lo único que hace es favorecer o facilitar estos hechos discriminatorios”, expresó. Resaltó la importancia de la unión entre organizaciones para estos casos y que desde la asociación están acompañando a la familia del compañero.

Esta semana la Rajap denunció otro caso de discriminación: la denuncia de una madre que llevó a su hijo de 11 años al hospital Vicente López y Planes, de General Rodríguez (provincia de Buenos Aires). Después de sufrir maltrato en la sala de guardia, la mujer decidió ir al Hospital Garrahan donde le brindaron a su hijo la atención adecuada.

Emir Franco dice que a raíz de la difusión del comunicado sobre el hospital Santojanni ya recibieron varios mensajes y denuncias por otros casos de discriminación en el sistema de salud: “Como organización esperamos que nuestros reclamos sean escuchados, que le pidan perdón a nuestro par y que tanto el hospital como los profesionales que estaban por realizar el procedimiento se capaciten sobre cómo deben manejarse ante estos casos. Somos personas que vivimos con el virus y nuestra condición serológica no va a afectar la salud de ningún profesional, deben tomar las precauciones sanitarias que toman con cualquier paciente”. Además, explicó que mucha gente se calla o deja de acudir a los servicios de salud por estas situaciones: “Así que vamos a seguir adelante con los reclamos, porque si nos callamos, van a seguir pasando”.

Mientras tanto, la cirugía del joven fue reprogramada para esta semana y la jefa de cirugía del Hospital Santojanni se comprometió a estar presente y a que el médico Flores Flores no esté involucrado.

Fuente Agencia Presentes

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Por Alejandra Zani 

Personas VIH+ denuncian que en los hospitales públicos no se están entregando algunas medicaciones ARV. Frente a esto, Fundación  Grupo Efecto Positivo (GEP) hizo público un documento que detalla la situación y expone la ausencia de previsión en las compras de medicación que generará más faltantes.

Ante un requerimiento formal realizado por la Fundación GEP, la Dirección Nacional de Sida dio a conocer el pasado lunes los datos de las compras de medicación para personas VIH+ realizados en el último año. El análisis da cuenta de la inexistencia de stock desde el mes de junio de efavirenz y de las combinaciones darunavir/ritonavir y tenofovir/emtricitabina/efavirenz utilizados por las 86.338 personas con VIH que se encuentran en tratamiento antirretroviral en Argentina.

“Estamos ante una situación límite y gravísima de faltantes de medicamentos que podrá escalar a la falta de disponibilidad de otros 15 antirretrovirales más a partir de agosto. La Dirección de Sida va a tener que dar una solución frente a la urgencia de las 15 mil personas que se verán afectadas”, anunció el presidente de la Fundación GEP, José María Di Bello, a Presentes. “Abrir un expediente de compra para pedir los 15 faltantes puede llevar entre 6 o 7 meses si es una compra directa, mucho más si se tiene que hacer una licitación pública, y a eso hay que sumarle el tiempo de distribución de los medicamentos por todo el país”.

Según Di Bello, la situación llegó a un nuevo nivel de gravedad ya que no solo hay falta de medicamentos sino que, hasta el día de hoy, no hay expedientes iniciados. “Esta situación se viene dando desde los últimos 4 años. En el 2018 intentaron traspasar la compra de medicamentos a la órbita de las provincias, que no tienen la espalda presupuestaria suficiente para hacerse cargo de la compra de antirretrovirales y con la desigualdad de acceso a medicamentos entre provincias que eso significaría, pero lo frenamos saliendo a la calle”.

Cuadro publicado por la Fundación GEP (pinchar encima para agrandarlo)

Sin respuesta de la Dirección de Sida

Hasta ahora, la Dirección de Sida sigue sin dar una respuesta. “Esto hay que leerlo en el contexto de ajuste a la salud pública como una definición política. Hace dos años que están discontinuados los reactivos de la carga viral y el CD4, que son análisis que debemos hacernos cada cuatro meses para ver nuestra cantidad de virus en sangre”, expresa el presidente de la fundación. “Si en cuatro años se repite una situación de faltantes, si renuncian tres Directores nacionales de sida, si faltan vacunas y vacían los programas de salud comunitaria, está claro el tipo de salud pública que eligen para el país. Estamos yendo hacia una privatización de la salud pública y la consecuencia es que se va a ver afectada la salud de un gran número de personas”

Gracias al trabajo del Observatorio de Acceso y Compras Públicas se detectó que se siguen comprando medicamentos a empresas multinacionales a precio de dólar. “Cuando se disolvió el Ministerio de Salud y se creó la Secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo, se ajustó el presupuesto a la Dirección de Sida en un 40% si se tiene en cuenta el precio del dólar cuando se debatió el proyecto, que era de $19”, explica Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP. “Teniendo en cuenta un dólar por encima de los $40 la Dirección de Sida necesita 5.200 millones de pesos y el presupuesto contempla 3.100 millones, 2  mil millones de pesos menos”.

En octubre del año pasado, mientras se debatía el presupuesto destinado a la Dirección de Sida para el 2019, la Fundación denunció que, de aprobarse, más de 15 mil personas se quedarían sin tratamiento. Como expresa Di Giano, las consecuencias de estas políticas ya comenzaron a sentirse. “Las personas están yendo a hospitales y centros de salud donde se atienden y les están dando la medicación de manera fraccionada”.

De las 120 mil personas VIH+ en Argentina, el boletín epidemiológico 2018 del ex Ministerio de Salud informó que 7 de cada 10 se atienden en el sistema de salud pública. “Por otra parte”, continúa Di Giano, “los médicos se están viendo obligados a cambiar la droga de los tratamientos por otras que sí hay en stock, pero los cambios de un cóctel a otro solo deben realizarse por criterios puramente clínicos, porque el médico considera que la persona tiene que cambiarlo por efectos adversos, o puede tener consecuencias. También hay queja por faltantes en las obras sociales”.

Cartel pegado en la farmacia del Hospital Muñiz

“Si no accedemos a medicación el virus se replica”

“Los tratamientos que existen para personas con VIH son limitados y si un tratamiento se deja de tomar, puede que no sirva más para esa persona”, cuenta Matías Muñoz, integrante de la Asociación Ciclo Positivo. “Las personas con VIH tenemos que acceder a la medicación porque sino el virus se replica y puede generar resistencias en ese tratamiento y también en toda la familia de ese tratamiento. Por eso es gravísimo el hecho de que una persona no tenga acceso a una medicación o se la cambien por otra”.

Hoy, Argentina se rige por una ley de sida que data del año 1990 que obliga al Estado a garantizar que todos los sistemas de salud puedan proveer gratuitamente a las personas positivas con los medicamentos necesarios para su tratamiento. “Desde 2016 presentamos un proyecto de modificación de esta ley para garantizar, también, que el Estado fomente la producción pública de la medicación para que no pueda tener la excusa de falta de presupuesto o falta de previsión en las compras. Hoy, como expresan los datos publicados por la Fundación GEP, no hay transparencia en esos números. Si se hubiera aprobado el proyecto de ley de VIH, hubiera favorecido a muchísimas personas”.

Para Camila Arce, integrante de la Mesa Positiva de Rosario, la ley de 1990 fue muy progresista para su momento pero no hablaba de calidad de vida de las personas VIH+. “La ley solo hablaba de acceso a medicamentos, aunque en un momento en el que no había medicamentos. Pero hay ciertas lagunas y baches respecto a los derechos. El nuevo proyecto de ley fue escrita, diseñada y reformada por personas viviendo con VIH de todo el país y se enmarca en un enfoque de Derechos Humanos con una perspectiva puesta en la calidad de vida”.

“Cuando a una persona con VIH le falta la medicación, que es lo que está pasando ahora, tiene miedo. Y es totalmente válido. Hay una especulación del mercado con el tema de los medicamentos y cuando vas a la farmacia te dan la mitad de la mitad de la medicación, o te cambian el esquema porque no saben si de acá a dos semanas va a haber medicación, y eso hace que peligre nuestra salud”, agrega. “Se pierde una calidad de vida que nos costó mucho tiempo conseguir”.

Fuente Agencia Presentes

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