Estar casado con un hombre no es motivo justificado para discriminar a un trabajador en un centro católico: así de rotunda ha sido la sentencia de un juez en Massachusetts (Estados Unidos). La sentencia apela a una ley antidiscriminatoria del Estado y rechaza la aplicación de una excepción por libertad religiosa.

Matthew Barrett recibió una oferta para trabajar como director de servicios alimentarios en el colegio católico Fontbonne Academy (una escuela preparatoria para chicas de Milton, al norte de Boston) en 2013. Cuando tuvo que rellenar un formulario para empleados con sus datos, se encontró con una casilla destinada a indicar un número de contacto en caso de emergencia. Puso el de su marido, Ed Suplee. Ante ello, las autoridades del colegio le indicaron que no se le iba a contratar porque, según alegaban, su matrimonio era inconsistente con las enseñanzas de la iglesia. Barrett decidió entonces presentar una demanda, siendo representado por la Gay and Lesbian Advocates and Defenders (GLAD) de Boston.

Los representantes del colegio alegaron su derecho a la libertad religiosa, un argumento bastante habitual para justificar este tipo de actos. La sentencia ha rechazado este argumento y ha dejado claro que el colegio violó la legislación del Estado contra la discriminación hacia las personas LGTB. En el veredicto, del juez Wilkins, ha sido determinante la consideración de que el trabajador en realidad no suponía en sí mismo riesgo para la transmisión de la doctrina oficial de la Iglesia, dado que no se trata de un “profesor, ministro o portavoz de Fontbonne” y “no se ha visto comprometido en la defensa pública del matrimonio entre personas del mismo sexo“.

Wilkins señala igualmente que el colegio también da empleo a no católicos excepto en la dirección y como profesores de religión; los admite como alumnos y hasta tiene su propia política interna contra la discriminación por orientación sexual. El colegio trató de alegar que el rechazo se debía a que estaba casado y no a su sexualidad, pero el juez no aceptó el argumento.

Tras esta sentencia vendrá ahora una audiencia para abordar los daños y perjucios, según informa GLAD. También es cierto que Fontbonne podría apelar la decisión pero hasta la fecha el colegio ha rechazado hacer declaraciones.

Este caso no es sino uno de tantos de discriminación por parte de empleadores con afiliación religiosa contra personas que están en matrimonios con alguien de su mismo sexo. Por ello, esta sentencia es importante, al establecer una clara limitación a la alegación de libertad religiosa. En este caso, no basta con estar casado y que se sepa; es necesario mostrar que activamente la persona supone un “foco de difusión” de doctrinas no acordes con la enseñanza católica. Cierto es que se mantiene el problema de si bajo la “libertad religiosa” puede hacerse lo que, a fin de cuentas, es privar de un trabajo (es decir: causar un daño objetivo y no una ofensa subjetiva, más cuando el trabajo escasea y perder un empleo puede suponer un serio perjuicio al desempeño de la propia vida) y de que la sentencia ha sido posible gracias a que el estado de Massachusetts dispone de una legislación antidiscriminatoria por razones de orientación sexual. En cualquier caso y con todas las salvedades es de agradecer que sentencias como esta restrinjan el alcance de las pretendidas “exenciones” en nombre de la libertad religiosa.

Fuente Dosmanzanas

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¿Dónde se celebran, en proporción, más bodas entre personas del mismo sexo? Una página canadiense ha indagado en las estadísticas de seis de los países pioneros en aprobar el matrimonio igualitario (Bélgica, Canadá, España, Holanda, Noruega y Portugal). También se ha incluido a Massachusetts, que fue el primer estado de Estados Unidos en abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo, y que lidera la clasificación. 

Los autores del estudio se plantearon investigar sobre el grado de penetración de los enlaces entre personas del mismo sexo en una serie de países en los que este derecho lleve ya varios años reconocido. El objetivo es eliminar el sesgo que podría introducirse por la mayor afluencia de parejas a los registros civiles durante los primeros meses tras introducirse la medida: solo se consideran los matrimonios celebrados como mínimo dos años después de la apertura legal.

El acceso a una base de datos estadística fiable que contabilice las uniones entre personas del mismo y de distinto sexo también era un criterio determinante. Por todo ello se seleccionaron los cuatro primeros países en implantar la igualdad matrimonial: Holanda, Bélgica, España y Canadá, en este orden (entre 2001 y 2005), además de Noruega (2009) y Portugal (2010). El estado de Massachusetts, por su parte, abrió la brecha en Estados Unidos en 2003. Para poder comparar entre territorios con diferentes poblaciones y tasas de nupcialidad, se eligió como criterio el número de matrimonios entre personas del mismo sexo por cada 1.000 enlaces.

Los resultados muestran disparidades reseñables, como se muestra en el siguiente gráfico:

Massachusetts lidera, con mucha diferencia, la clasificación, seguido de Bélgica. A algo más de distancia se encuentran Holanda, Canadá y España. En la parte baja, Noruega y por último Portugal.

Los autores señalan varios factores para comprender estas diferencias. Uno de los más importantes es la disponibilidad o no de las leyes existentes para los ciudadanos no residentes en el territorio. Esto explicaría la posición sobresaliente de Massachusetts, que permite esta posibilidad desde 2008 (el matrimonio igualitario no se extendió a todos los Estados Unidos hasta junio de este año). En el caso de Bélgica, la ley fue modificada un año después de su entrada en vigor para permitir casarse a cualquier pareja con al menos tres meses de residencia legal en el país. Canadá es el único país de los estudiados sin requisitos de estancia para los contrayentes.

Las reducidas cifras de Noruega y Portugal se explican, a juicio de los autores, por la influencia de la religión. Del país ibérico se resalta la importancia de la iglesia católica y el comparativamente bajo apoyo de la población a los derechos LGTB. En Noruega jugaría un papel más importante la existencia de una ley de uniones civiles desde 1993, que otorgaba la mayoría de los derechos reconocidos a los matrimonios. La iglesia luterana de Noruega, a la que pertenece el 75% de la población, votó en contra de celebrar bodas religiosas entre personas del mismo sexo el año pasado.

¿Y en España?

España aprobó la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo en julio de 2005. Los autores destacan la aceptación de la realidad LGTB en un país con un peso tradicionalmente elevado del catolicismo, y el ejemplo que la ley española sentó para otros como Portugal o Argentina. La jurisprudencia determinó que una persona de nacionalidad española y un extranjero o dos extranjeros con residencia en España tienen derecho a contraer matrimonio con independencia de las legislaciones en sus países de origen.

Las bodas alcanzaron un pico al año siguiente de la aprobación de la norma, con 4.313 enlaces, y se han ido estabilizando posteriormente ligeramente por encima de las 3.000 anuales, aproximadamente un 2% del total. El último dato disponible, aún provisional, es el de 2014, en el que se contabilizaron 3.300 matrimonios entre personas del mismo sexo. Quizá el aspecto que más destaca este año es la equiparación ya casi total en el número de bodas entre hombres (1.709) y entre mujeres (1.591). Hasta ahora, y de manera sistemática, las bodas entre hombres habían superado con claridad las bodas entre mujeres. Una tendencia que sin embargo ha ido aminorándose con el paso de los años, hasta casi igualarse en 2014.

Fuente Dosmanzanas

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Shiloh Quine será la una de las primeras reclusas trans estadounidenses en someterse a una operación de reasignación de género mientras cumple condena. Además, el estado de California correrá con los costes de su intervención quirúrgica, que podrían oscilar entre los 15.000 y los 25.000 dólares. Sin embargo, aunque Quine sea la primera mujer trans de California en realizarse la cirugía estando en prisión, su victoria se debe en buena medida a la lucha de Michelle Norsworthy, otra reclusa trans que en abril obtuvo una orden favorable de un tribunal federal. Tanto en el caso de Quine como en el de Norsworthy, los funcionarios de presiones de California habían desestimado las operaciones, previamente, alegando que la reasignación “no es médicamente necesaria”. Tras la sentencia favorable para la operación de Michelle Norsworthy, California se ha comprometido a pagar la intervención de Quine.

Las próximas operaciones de reasignación de género a las reclusas californianas Shiloh Quine y Michelle Norsworthy sientan un importante precedente. Solo en el estado de California se estima que hay unas 400 personas transexuales que reciben tratamiento hormonal. El juez federal de San Francisco Jon Tigar, nombrado por Obama, se asignó el pasado otoño el caso de Shiloh Quine. Tigar considera que si un tribunal federal de apelaciones niega la prescripción médica de reasignación de género de un preso constituiría “indiferencia deliberada” y, en tal caso, se violaría la Octava Enmienda sobre “castigo cruel e inusual”. California ha decidido asumir todos los costes (que ascenderán a una cifra de entre 15.000 y 25.000 dólares) para cerrar la demanda federal.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos aprobaba en junio el matrimonio igualitario y reconocía la discriminación histórica de gais, lesbianas y bisexuales. Sentencias como las que permitirán a las reclusas Quine y Norsworthy someterse a cirugía, sumadas a la aprobación por vía judicial del matrimonio igualitario, indican que la justicia estadounidense ha experimentado una evolución en los últimos tiempos, reflejando el aumento de la sensibilidad social por los derechos de las personas LGTB. Eso no significa, en absoluto, que con estas conquistas se ponga fin a las reivindicaciones, ya que la LGTBfobia sigue generando problemas contra los que hay que seguir lidiando. Ayer, sin ir más lejos, publicábamos la noticia del asesinato de la decimotercera mujer trans en los EEUU, en lo que llevamos de 2015.

En la noche del pasado viernes, el departamento de prisiones de California emitió un breve comunicado en el que se anunciaba que el estado pagaría la operación de reasignación sexual de Shiloh Quine para resolver así la demanda federal. California reconoce que todos los profesionales médicos que estudiaron su caso “determinaron que esta cirugía es médicamente necesaria para Quine”. Esta mujer trans, que cumplió 56 años el mismo viernes, está en prisión desde 1980, condenada por asesinato en primer grado, secuestro y robo. Como consecuencia de su imposibilidad, hasta ahora, de conseguir su operación de reasignación de identidad de género, los registros oficiales de la prisión estatal de Mule Creek recogen que Quine habría tratado de suicidarse en distintas ocasiones. La última, en 2014, tras haber solicitado la cirugía y habérsela denegado los funcionarios.

La también reclusa trans Chelsea Manning, en la prisión militar de Fort Leavenworth, anunciaba en mayo que trabajaba en la redacción de un proyecto de ley que evitar “estas exclusiones en los planes de gestión de salud, que son ilegales”. Manning está condenada a 35 años de prisión por filtrar a WikiLeaks un gran número de documentos que comprometían a la diplomacia estadounidense. La autorización por parte del ejército estadounidense para el tratamiento hormonal de Manning fue recogida el pasado mes de febrero por dosmanzanas.

En prisiones equivocadas

En el momento en el que se complete la operación de reasignación sexual de Shiloh Quine, se autorizará su traslado a una prisión de mujeres. Tanto en los EEUU como en otros países (en los que todavía están más desprotegidas y vulnerables) las personas trans recluidas en centros opuestos a su verdadera identidad de género suelen ser víctimas de la exclusión, cuando no de vejaciones, violencia verbal o física, así como de toda clase de abusos.

El activismo LGTB ha acogido con satisfacción la noticia sobre Shiloh Quine y espera que este caso siente un precedente para futuras personas transexuales recluidas en centros penitenciarios. No obstante, Kent Scheidegger, director de la conservadora Criminal Justice Legal Foundation, con sede en Sacramento, entiende que “un acuerdo no es un precedente, pero supongo que da un poco de munición para que otros tipos puedan decir que ‘si se hizo esto por él, ¿por qué no por mí?’”. Para Scheidegger, “la idea de que la Octava Enmienda represente un beneficio para los presos que no está disponible para el público respetuoso con la ley es algo que mucha gente encuentra ofensivo”.

El frustrado caso de Michelle Kosilek

El juez Jon Tigar considera que los casos de Shiloh Quine y Michelle Norsworthy podrían ser un precedente favorable para Michelle Kosilek. Aunque un juez de Massachusetts ordenó en 2012 su reasignación de sexo, posteriormente, la Corte de Apelaciones (con sede en Boston) echó marcha atrás alegando “problemas de seguridad”, así como una supuesta “fuente de angustia mental” para las reclusas que hubieran sido víctimas de violencia de género, en el momento en el que se le trasladara a un centro penitenciario para mujeres. Estos supuestos ‘temores’ estarían basados en los hechos que motivaron su encarcelamiento: el asesinato en 1990 de la que por aquel entonces fuera su esposa (cuando Michelle Kosilek todavía se identificaba como Robert). En los registros de su prisión constan sus intentos de suicidio y de automutilación genital.

Fuente Dosmanzanas

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El pasado martes Estados Unidos celebró de nuevo elecciones legislativas. Como cada dos años, los electores renovaron la Cámara de Representantes al completo y un tercio del Senado. Tuvieron lugar además elecciones locales de diversa índole en numerosos estados. El resultado, una victoria global republicana, que obviamente no puede interpretarse como una buena noticia en clave LGTB, pero cuyo análisis en profundidad arroja también algunos aspectos que pueden considerarse positivos.

Una reflexión general, en primer lugar. Curiosamente, pese a la acumulación de sentencias judiciales a favor del matrimonio igualitario, se ha tratado de la primera vez en muchos años que el tema ha quedado fuera del debate político a nivel nacional. Entre otras razones, por la propia voluntad de los republicanos de evitar una oposición frontal. Una decisión que parece haberles beneficiado electoralmente, y cuya lectura resulta positiva: los republicanos ya no necesitan hacer bandera de la oposición al matrimonio igualitario para ganar elecciones. De hecho, entre los analistas cada vez está más extendido el convencimiento de que el establishment republicano da por hecho que la vía judicial acabará por extender el matrimonio igualitario a todo el país y ha decidido pasar página. Otra cosa, por supuesto, es lo que opinen sus bases más extremistas.

Buen ejemplo de que la oposición al matrimonio igualitario y a otros derechos LGTB ya no es necesariamente definitoria de lo que significa ser republicano es que -como ha destacado los medios LGTB estadounidenses- por primera vez en la historia una legisladora republicana que durante su último mandato se ha mostrado abiertamente favorable al matrimonio igualitario y ha actuado en favor de los derechos LGTB ha sido reelegida. Se trata de Susan Collins, senadora por Maine, cuya participación fue decisiva en la derogación del “Don’ ask, don’ tell”, la ley que prohibía a los militares homo y bisexuales hacer visible su orientación sexual.

Otro dato interesante es que pese a la victoria republicana por primera vez en la historia las encuestas a pie de urna muestran que entre los que acudieron a votar hubo más partidarios del matrimonio igualitario (49 %) que opositores al mismo (48 %). Hace cuatro años, en las últimas elecciones legislativas de “medio término” (aquellas que no coinciden con elecciones presidenciales) los porcentajes fueron del 41 % (favorables) frente al 53 % (opositores). Este tipo de encuestas sobre preferencias paralelas de los votantes son habituales en Estados Unidos y permiten hacerse una idea ajustada de hasta qué punto cambia la importancia que los votantes dan a unos aspectos sobre otros. En este caso, parece confirmarse la idea de que el matrimonio igualitario ha dejado de marcar una línea divisoria clara entre los votantes demócratas y republicanos.

La misma encuesta muestra otro dato ya conocido: las nuevas generaciones han pasado ya la página de esta discusión. El 66 % de los votantes de menos de 30 años son ya favorables al matrimonio igualitario. Hace cuatro años este porcentaje, aunque ya mayoritario, solo llegaba al 52 %.

Lo malo…

El pleno control republicano del Congreso impedirá casi con total seguridad que durante los próximos dos años tengan lugar avances en materia LGTB por vía legislativa a nivel federal. En la práctica, sin embargo, la situación no será muy distinta a la de los últimos cuatro años, durante los cuales los republicanos ya han controlado la Cámara de Representantes y bloqueado iniciativas como la ENDA (Employment Non-Discrimination Act, Ley de No Discriminación en el Empleo), aprobada por el Senado hace ahora un año.

El nuevo Congreso contará además con varios legisladores republicanos fuertemente homófobos, como Glenn Grothman (nuevo representante por Wisconsin) o Jody Hice (nuevo representante por Georgia), que se unirán a otros ya presentes en Washington. En cualquier caso, parece previsible que durante los próximos dos años los republicanos dediquen su esfuerzo a horadar los logros legislativos de la presidencia Obama, y en este terreno -el estrictamente legislativo- lo cierto es  en materia LGTB poca marcha atrás puede haber porque pocos avances han tenido lugar. Y no parece probable que a estas alturas logros como la derogación del “Don’t ask, don’t tell” o la ”Matthew Shepard Act”, la ley que permitió la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género en las categorías contempladas por la legislación federal de crímenes de odio, puedan tener marcha atrás (las dos contaron además con apoyo de una parte de los republicanos).

Más probable parece que, en el actual escenario político, la lucha contra los derechos LGTB se repliegue de nuevo al escenario de los estados, donde los republicanos más conservadores pueden considerarse más legitimados para promover “exenciones” de tipo discriminatorio.

El nombre propio: Maura Healey

Desde el punto de vista LGTB, si debe destacarse un nombre propio, y para bien, es el de la abogada demócrata Maura Healey, elegida nueva fiscal general del estado de Massachusetts con el 63 % de los votos. Healey, abiertamente lesbiana, se convierte en la primera persona LGTB en ocupar este cargo en cualquiera de los 50 estados del país.

Healey, que durante los últimos años ha trabajado como asistente de la anterior fiscal general, Martha Coakley, fue de hecho la persona que lideró el primer desafío legal de un estado (Massachusetts) contra la sección tercera de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo). Fue en 2009. El desafío dio lugar a la que fue primera sentencia de inconstitucionalidad de la DOMA emitida por un juez federal.

Fuente Dosmanzanas

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La demócrata Maura Healey, original de Massachusetts, ha hecho historia en EEUU al convertirse en la primera persona perteneciente al colectivo LGBT en conseguir el puesto de Primer Fiscal General. Anteriormente ya había ocupado el puesto de asistente del primer fiscal general de Massachusetts Martha Coakley.

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Ada Conde y Ivonne Alvarez durante su boda en Massachusetts en 2004

En Puerto Rico niegan matrimonio a cinco parejas del mismo sexo

“De la Constitución de Puerto Rico no emana el derecho al matrimonio del mismo sexo, por lo que el Estado Libre Asociado no está obligado a reconocer tales uniones”, dijo el juez al argumentar su decisión.

Un tribunal federal de Puerto Rico ha rechazado la demanda presentada por varias parejas homosexuales que reclamaban que sus matrimonios contraídos en otros estados de EE.UU. fueran reconocidos en Puerto Rico.

El juez Juan Pérez Giménez desestimó la demanda que inicialmente presentaron la activista Ada Conde y su esposa, Ivonne Álvarez, y a la que luego se sumaron otras parejas que buscaban que se declarara inconstitucional el artículo 68 del Código Civil de este Estado Libre Asociado, que establece el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer.

“De la Constitución de Puerto Rico no emana el derecho al matrimonio del mismo sexo, por lo que el Estado Libre Asociado no está obligado a reconocer tales uniones“, dijo el juez al argumentar su decisión.

En su opinión, la política puertorriqueña en cuanto a los matrimonios entre personas del mismo sexo no deben decidirla los jueces, sino el Poder Legislativo de la isla, tras el debate entre la ciudadanía y sus representantes electos.

Recientemente, la Justicia de Puerto Rico pidió a la federal que desestimara esta demanda interpuesta en marzo por Conde y Álvarez, que reclamaban que se reconociera en Puerto Rico como legal y legítimo su matrimonio, contraído en el estado de Massachusetts hace más de una década. Luego se sumaron más parejas.

El exgobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló, firmó durante su mandato una ley que prohibía en la isla el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de EE.UU.

Sin embargo, en mayo de 2013 fueron aprobados en Puerto Rico los proyectos 238 del Senado y 488 de la Cámara que prohibían la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el escenario laboral.

Además, incluían en la protección legal ante la violencia doméstica a cualquier persona, con independencia de su orientación sexual, identidad de género o estado civil.

Fuente Cáscara Amarga

Homofobia/ Transfobia. Ada Conde, Ivonne Alvarez, Juan Pérez Giménez, Massachusetts, Puerto Rico

32 Estados de Estados Unidos han solicitado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se pronuncie sobre el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio

Tres jueces estudian las enmiendas contra el matrimonio gay de Idaho, Nevada y Hawai

La experiencia de Massachusetts como primer estado en legalizar el matrimonio igualitario muestra que permitir que las parejas del mismo sexo se case ha beneficiado a las familias y fortalecido la institución del matrimonio, alegó la fiscal general Martha Coakley.

Más de una treintena de estados que permiten o prohíben los matrimonios entre personas del mismo sexo pidieron el jueves a la Corte Suprema federal que resuelva el asunto de una vez por todas.

Quince estados que permiten el matrimonio igualitario, liderados por Massachusetts, presentaron un escrito que pide a los magistrados abordar tres casos de Virginia, Utah y Oklahoma y derogar las prohibiciones. Por su parte 17 estados que prohíben esa unión, encabezados por Colorado, han pedido a la corte abordar los casos de Utah y Oklahoma para limpiar una “maraña” de demandas, pero no exhortó al máximo tribunal a pronunciarse en alguno de los sentidos.

Las mociones se presentaron mientras un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7mo Circuito en Chicago falló que las prohibiciones al matrimonio entre personas del mismo sexo en Wisconsin e Indiana son inconstitucionales. La decisión unánime del jueves criticó las justificaciones que ambos estados dieron: que el matrimonio entre un hombre y una mujer es tradicional. La corte señaló que hay tradiciones buenas y malas.

“Las leyes que prohíben a las parejas del mismo sexo casarse son discriminatorias e inconstitucionales“, dijo la fiscal general Martha Coakley. “Ha llegado la hora de que este crucial tema sea resuelto”.

California, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Nuevo Mexico, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Vermont y Washington se sumaron a Massachusetts.

El escrito de Colorado argumentaba que la definición de matrimonio enfrenta impugnaciones legales que solo la Corte Suprema puede resolver, y que sin una decisión del máximo tribunal, los estados que defienden las prohibiciones podrían encarar responsabilidades financieras en futuras demandas si las leyes son derogadas.

Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Idaho, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Virginia Occidental y Wisconsin se sumaron a la causa de Colorado.

Fuente Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI Alabama, Alaska, Arizona, California, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Corte Suprema Federal, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Delaware, EE. UU., Georgia, Hawai, IDAHO, Illinois, Iowa, Luisiana, Maine, Martha Coakley, Maryland, Massachusetts, Matrimonio igualitario, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pennsylvania, Utah, Vermont, Virginia, Virginia Occidental, Washington, Wisconsin

Ada Conde e Ivonne Álvarez

Reclaman que sus matrimonios contraídos en otros estados sean reconocidos en la isla, algo que han criticado las organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBT.

La Justicia de Puerto Rico ha pedido a la federal que desestime la demanda presentada por varias parejas homosexuales que reclaman que sus matrimonios contraídos en otros estados sean reconocidos en la isla, algo que criticaron hoy organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBTT.

 “La solicitud que presentó el Estado Libre Asociado se concentra en la alegación de que los demandantes fallaron en demostrar un daño específico y por ende carecen de legitimidad para solicitar la inconstitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico“, ha aclarado el director ejecutivo de Populares LGBTT y Aliados, Ricardo Ramos. Sin embargo, defendió en un comunicado que “al escudarse en cuestiones procesales, el Estado perdió una oportunidad para posicionarse en el lado correcto de la historia”.

La demanda fue originalmente interpuesta por Ada Conde e Ivonne Álvarez en marzo pasado, reclamando que se reconozca en Puerto Rico como legal y legítimo su matrimonio, contraído en el estado de Massachusetts hace más de una década.

Luego se sumaron más parejas y Ramos instó ayer a que sean más las que se unan a este reclamo y lleven sus casos ante los tribunales, para seguir retando “la constitucionalidad de un artículo retrógrado y discriminatorio”.

El exgobernador de Puerto Rico Pedro Rosselló (1993-2000) firmó durante su mandato una ley que prohibía en la isla el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de EE.UU.

Sin embargo, en mayo de 2013 fueron aprobados en Puerto Rico los proyectos del Senado 238 y de la Cámara 488 que prohibían la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el escenario laboral e incluían en la protección legal ante la violencia doméstica a cualquier persona, con independencia de su orientación sexual, identidad de género o estado civil.

“Esperamos que en un futuro, si se subsanan las alegadas carencias del presente caso o en el supuesto que se desestimara y otros casos llegaran al foro judicial, el Gobierno decida no defender lo indefendible”, defendió Ramos.

El Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) hizo también hoy un llamado público al secretario de Justicia, César Miranda, para que cumpla con el deber que le impone la Constitución y defienda los derechos humanos de las comunidades LGBTT.

“El matrimonio es una figura jurídica desde la cual se construyen un sinnúmero de derechos y beneficios a los cuales al día de hoy no tienen acceso las parejas del mismo sexo. En ese sentido, la legislación puertorriqueña es discriminatoria”, dijo su portavoz, Osvaldo Burgos Pérez.

A juicio de esta organización, “ya es hora de que el Gobierno asuma con valentía la defensa de la equidad y resista las presiones indebidas de sectores religiosos que por años se han opuesto a los derechos humanos de comunidades vulnerables como la LGBTT“. “Pedir la desestimación de la demanda sin entrar en los méritos legales para complacer a sectores fundamentalistas y, a la vez, evitar reconocer que el Estado discrimina a las comunidades LGBTT” es, para esta organización, “inaceptable y ofensivo”.

La pareja que inició esta demanda sostiene que a pesar de que la Corte Suprema de EE.UU. establece libertad para contraer matrimonio, Puerto Rico impone trabas que impiden casarse a personas del mismo sexo.

Fuente La Información

Homofobia/ Transfobia. Ada Conde, César Miranda, Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE), EE. UU., Ivonne Alvarez, Lesbianas, Massachusetts, Matrimonio igualitario, Osvaldo Burgos Pérez, Pedro Rosselló, Populares LGBTT y Aliados, Puerto Rico, Ricardo Ramos

Frank Schaefer, quien bendijo el matrimonio de su hijo con otro hombre, ha sido finalmente restituido en su posición de pastor de la Iglesia Metodista Unida, después de que en 2013 le retirara de su cargo. Más allá del hecho concreto, la noticia refleja el avance del debate sobre las relaciones entre personas del mismo sexo en el seno de la segunda denominación protestante en número de fieles de los Estados Unidos.

Ha habido final feliz, al menos de momento, para Frank Schaefer, el pastor metodista de la Iglesia Unitaria Metodista de Zion que fue condenado en noviembre y expulsado de su congregación en Pennsilvania por haber oficiado la boda gay de su hijo en 2007. La primera suspensión tuvo una duración de un mes, pero Schaefer fue expulsado permanentemente por decir que se negaría a cumplir los preceptos de la Iglesia respecto al matrimonio en el futuro. El pastor apeló la sentencia y ahora será reincorporado a su cargo. El jurado considera que “la revocación de sus credenciales no cuadra con el bien establecido principio de que nuestro clero solo puede ser castigado por lo que se les haya condenado en el pasado, no por lo que puedan o no hacer en el futuro”.

La nueva sentencia no permite al pastor volver a oficiar un matrimonio gay y solo le condena por la boda que efectivamente llevó a cabo, una condena que el jurado recuerda que ya se cumplió con la suspensión de empleo y sueldo durante un mes. De este modo, Schaefer podrá volver a oficiar y recibirá el equivalente de su sueldo desde el momento en que acabó la suspensión en diciembre. Schaefer explicó en su momento que volvería a actuar igual llegado el momento y que no se arrepentía de haber oficiado la ceremonia para su hijo, que tuvo un valor meramente simbólico ya que en Pensilvania el matrimonio gay solo es legal desde el mes pasado. Schaefer llevaba once años oficiando como pastor.

El Consejo Jurídico de la Iglesia Metodista Unida comunicaba el pasado lunes la readmisión de Frank Schaefer, refrendando el parecer de un tribunal eclesiástico local que ya en junio había fallado a favor de restituir al reverendo. En su dictamen, el Consejo no entra en el fondo del asunto y se limita a confirmar que la decisión del tribunal inferior era conforme a las leyes de la Iglesia metodista. Con todo, los miembros del Consejo reconocen ser conscientes de la división que vive su comunidad sobre el tema del matrimonio y asumen que “algunos no comparten la decisión que hemos tomado hoy”.

Pese a la relativa timidez argumentativa, Schaefer se ha mostrado muy satisfecho y considera que la decisión es un paso pequeño pero “significativo hacia otro punto de vista sobre las políticas excluyentes de la Iglesia Metodista Unida. Con su decisión de validar mi restitución, el Consejo Judicial ha actuado con justicia y sabiduría. Su decisión es una señal de esperanza para nuestra comunidad LGBTQ, que no siempre ha visto la ley del amor y de la gracia en la letra de la ley arcaica que la iglesia sigue suscribiendo”.

Un pastor convertido en activista por la igualdad LGTB

Frank Schaefer adquirió notoriedad en noviembre de 2013. Como recogimos en dosmanzanas, quiso bendecir en 2007 la boda de su hijo Tim con el hombre al que ama, celebrada en Massachusetts (el primero de los estados de Estados Unidos que permitió el matrimonio igualitario). Lo hizo orgulloso de apoyar a su hijo, que con 17 años le había confesado su homosexualidad tras haber sufrido la culpa de sentirse pecador. Un sufrimiento cuyo conocimiento le causó un gran dolor a su padre, que le brindó entonces todo su apoyo. “Jesús Nuestro Señor jamás mencionó la homosexualidad. Si es una cuestión tan importante, ¿por qué no lo hizo?”, argumentaba.

Esta decisión no había supuesto ningún problema para Schaefer durante años, en los que siguió ejerciendo su labor pastoral. Sin embargo, en 2013 uno de sus feligreses lo denunció ante su iglesia tras llegar a sus oídos la noticia. El proceso, conforme a los reglamentos, no pudo sino resultar en un dictamen adverso. La Iglesia Metodista Unida sigue considerando de forma oficial las relaciones homosexuales pecaminosas y no permite bendecir uniones entre personas del mismo sexo o celebrar bodas (a pesar de que hay un importante sector que defiende posturas inclusivas). Con todo, no se le expulsó directamente sino que se la dio un plazo de 30 días para que “reflexionara”. Schaefer se mantuvo firme por lo que tuvo que ser expulsado. Sin embargo, apeló la sentencia y el dictamen del lunes pasado es la última resolución de este proceso.

De hecho, el caso de Schaefer ha reavivado el debate sobre las relaciones homosexuales en la Iglesia Metodista Unida, haciendo del pastor un activista por la igualdad LGTB. El debate interno ha tenido hitos muy significativos. Así, poco antes del primer juicio, una cincuentena de pastores celebraba al unísono la boda de Bill Gatewood y Rick Taylor, gays, fieles metodistas y pareja desde hace más de 25 años. La boda se celebró en la Arch Street United Methodist Church, una parroquia inclusiva de Filadelfia. En concreto, 36 de ellos pertenecían a la Iglesia Metodista Unida y 9 a otras confesiones religiosas. Otros 17 clérigos metodistas de diferentes lugares de Estados Unidos les daban su apoyo permitiendo que sus nombres figurasen en el certificado de matrimonio que fue entregado a los novios.

Meses después, otro pastor metodista bendecía la unión de su hijo con otro hombre. Fue Thomas Ogletree, quien además ocupaba un lugar prominente al haber sido diácono en Yale y el Drew Theological Seminary, un importante seminario metodista. En este caso, sin embargo, no hubo juicio y además su obispo apeló a que cesaran estos procesos.

Todo el proceso ha tenido además otro efecto interesante. Y es que la actitud de su padre motivó que el propio Tim Schaefer se haya replanteado su vocación al ministerio, aunque en una iglesia que tenga ya una actitud inclusiva más asentada.

Lo sucedido con Frank Schaefer es una muestra más del intenso proceso que llevan viviendo las principales iglesias protestantes de Estados Unidos en torno a la realidad LGTB, caracterizado por intensas discusiones públicas y tomas abiertas de posición. Precisamente esta transparencia es la que ha estado ausente en la Iglesia católica, al menos hasta el último Sínodo de la Familia, donde más allá de los resultados concretos se ha constatado por primera vez un cierto debate público en el seno de la jerarquía. Con todo, queda claro que de momento sigue muy lejos de lo que se está viviendo en las denominaciones protestantes de Estados Unidos y otros países.

Foto: Newsroom.

Fuente Ragap y Dosmanzanas

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El gobernador de Pensilvania Tom Corbett ha comunicado que no presentará apelación contra la sentencia del tribunal federal que ha declarado inconstitucional la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en su estado. Con la confirmación de que la administración de Oregón tampoco recurrirá la sentencia del mismo sentido del juez federal Michael McShane, Oregón y Pensilvania se han convertido, respectivamente, en los estados decimoctavo y decimonoveno en permitir el matrimonio igualitario en los Estados Unidos.

Desde la página web de la oficina del gobernador de Pensilvania, se comunicaba la decisión de no apelar la sentencia favorable a los derechos LGTB del juez John E. Jones en los siguientes términos:

He revisado a fondo las consideraciones del juez Jones en el caso Whitewood. Dado el alto umbral legal establecido por el juez Jones en este caso, es altamente improbable que una apelación tenga éxito. Por lo tanto, después de esta revisión y con el asesoramiento del equipo jurídico del  estado, he decidido no apelar la decisión del juez Jones.

Como católico romano, no ha vacilado la enseñanza tradicional de mi fe. Sigo manteniendo la creencia de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Mi deber como gobernador requiere que acate las leyes según la interpretación de los tribunales y juzgar la probabilidad de éxito de una apelación.

A lo largo del debate sobre este importante y significativo asunto, he sostenido que los funcionarios y organismos del estado seguirían las disposiciones de la ley de matrimonio de Pensilvania, al menos hasta que un tribunal dijera lo contrario. El tribunal ha hablado, y me aseguraré de que mi administración cumpla las disposiciones de la orden del juez Jones con respeto para todas las partes.

Tengo la esperanza de que mientras la importante cuestión de las relaciones entre personas del mismo sexo continúe siendo abordada en nuestra sociedad, todos los involucrados se traten con respeto.

Por su parte, tanto la Fiscalía General como el gobernador de Oregón, John Kitzhaber, ya han indicado que tampoco apelarán la sentencia del juez McShane que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en su estado, aunque en este caso su motivación ha sido su pleno acuerdo con la sentencia, ya que incluso no defendieron el ordenamiento jurídico de Oregón sobre este asunto ante el tribunal federal.

La igualdad matrimonial alcanza al 43,5 % de la población

De esta manera, se amplía a diecinueve el número de estados de los Estados Unidos que permiten el matrimonio igualitario: California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Pensilvania, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 19 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales. Como curiosidad, con la inclusión de Pensilvania, la igualdad matrimonial ya es plena en todos los estados de la región del Noreste. Con la de Oregón, lo es en todos los estados de la división del Pacífico, excepto Alaska.

Esto supone que, a día de hoy, aproximadamente el 43,5 % de la población estadounidense vive en estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal.

Estas cifras aumentarían considerablemente si se tomaran en cuenta los estados donde se ha dictaminado la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero dichos dictámenes se encuentran en suspenso en espera de que se decida su apelación. De hecho, en algunos de ellos, como Utah, Michigan o Arkansas, ya se han celebrado legalmente matrimonios entre personas del mismo sexo antes de que se suspendieran las sentencias.

Así pues, si añadimos a la lista a Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas e Idaho,  el  total de estados alcanzaría los 26, más de la mitad de los 50 que conforman los Estados Unidos. Sumando su población, obtendríamos que un 61,2 % de los estadounidenses vive en estados donde se permite el matrimonio igualitario o se ha declarado en primera instancia la inconstitucionalidad de su prohibición.

Fuente Dosmanzanas

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La Corte de Apelaciones del 9º Circuito ha suspendido provisionalmente la sentencia que permitía el matrimonio igualitario en Idaho, impidiendo así que el viernes se empezaran a celebrar enlaces entre personas del mismo sexo. Por su parte, la Corte Suprema de Arkansas también ha dictado la suspensión de la sentencia del mismo tipo que resolvió un tribunal de ese estado hasta que se decida sobre su apelación. En el caso de Arkansas, sin embargo, se han celebrado ya más de 400 matrimonios entre personas del mismo sexo antes de la suspensión.

La juez federal Candy Dale denegó la petición de suspensión de la sentencia que ella misma había dictado el pasado 13 de mayo, que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario recogida en las leyes de Idaho. La juez estimaba que la continuidad de dicha prohibición causaría un daño irreparable tanto a las parejas del mismo sexo demandantes como al resto de las que habitan en Idaho. Tampoco encontraba de interés público mantener una situación legislativa que privaba de sus derechos constitucionales a los ciudadanos, por lo que desestimó la solicitud de suspensión presentada por el gobernador Butch Otter.

Ante el temor de que las bodas entre personas el mismo sexo comenzaran el pasado viernes, fecha de entrada en vigor de la sentencia de la juez Dale, el fiscal general de Idaho, Lawrence Wasden, presentó una petición de suspensión provisional de urgencia ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito. El tribunal de apelaciones, en este caso, estimó el pasado jueves 15 de mayo la petición de la Fiscalía, dictando la suspensión provisional de la sentencia hasta que se considere la solicitud de suspensión durante el proceso de apelación. No se ha indicado la duración del periodo de suspensión provisional.

La Corte de Apelaciones del 9º Circuito sigue así el criterio habitual tras la disposición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que suspendió hasta que se decida su apelación la sentencia que permitía el matrimonio igualitario en Utah, a pesar de que su Corte de Apelaciones correspondiente había dictaminado en contra del receso. Desde entonces, algunos de los jueces que han dictado sentencias contra la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo han resuelto ellos mismos la suspensión hasta la apelación, como en los casos de Oklahoma, Virginia y Texas. Cuando así no ha ocurrido, han sido las Cortes de Apelaciones quienes han efectuado la suspensión, como en el caso de Michigan.

“Culebrón” legal en Arkansas

En Arkansas todo este proceso ha tenido sus peculiaridades. En este caso, la demanda contra la prohibición del matrimonio igualitario no se presentó ante la justicia federal, sino ante un tribunal del circuito estatal. El juez Chris Piazza resolvía a favor de los demandantes y declaraba que las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo en Arkansas contravenían tanto la Constitución de ese estado como la Constitución de los Estados Unidos.

Algunos de los registros civiles de Arkansas comenzaron a emitir licencias de matrimonio y las primeras bodas entre personas del mismo sexo se llevaron a cabo, pero otros no lo hicieron abogando poca claridad en la sentencia del juez Piazza. La Fiscalía General, por su parte, presentó una solicitud de suspensión de la sentencia ante la Corte Suprema de Arkansas, tribunal competente al no ser un caso federal.

La Corte Suprema dictó una enrevesada resolución en la que denegaba la suspensión de la sentencia, pero en este caso por razones puramente formales. El alto tribunal estimaba que la sentencia del juez Piazza era incompleta, pues no derogaba algunas de las leyes estatales que aún impedían el matrimonio igualitario, como la que obligaba a los registros civiles a emitir únicamente licencias de matrimonio a parejas de distinto sexo. Aunque la sentencia no quedaba suspendida, esta aclaración impedía a los secretarios de los condados seguir emitiendo licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. La Corte Suprema recordaba también a la Fiscalía que la petición de suspensión debía presentarse en primer lugar ante el mismo tribunal que había dictaminado, en este caso el del juez Piazza.

Así lo hizo el fiscal general Dustin McDaniel, presentando la correspondiente solicitud. Pero también presentaron la suya los defensores de las parejas que habían demandado al estado de Arkansas, solicitando la derogación de todas las leyes que pudieran impedir el matrimonio de sus representados. El juez Piazza enmendó su sentencia el pasado 15 de mayo, derogando todas las disposiciones contrarias a los derechos constitucionales de las parejas demandantes, ordenando a los registros civiles la emisión de licencias de matrimonio a las parejas de distinto sexo y resolviendo en contra de la solicitud de suspensión de la Fiscalía, pues “las violaciones constitucionales son reconocidas habitualmente como causantes de daños irreparables a menos que se subsanen de inmediato”.

Mientras los registros civiles cumplían la orden del juez Piazza y durante la mañana del viernes 16 de mayo emitían licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, la Fiscalía solicitó de nuevo la suspensión de la sentencia ante la Corte Suprema. Esa misma tarde, el alto tribunal dictó a favor de la solicitud y suspendió la sentencia del juez Piazza hasta que se resuelva la apelación.

Sin embargo, durante todo este complicado proceso, más de 400 matrimonios entre personas del mismo sexo se han celebrado legalmente en Arkansas. Se espera que el gobierno federal los reconozca, como hizo en los casos de Utah y Michigan, y estas parejas, mientras se decida la apelación, puedan aplicarse el grueso de prestaciones y beneficios que la administración federal ofrece a los matrimonios.

Sentencias en apelación

En la actualidad, son siete las sentencias que permitirían el matrimonio igualitario en sus estados que permanecen en suspenso hasta que se decida sobre su apelación. Seis de ellas deberán ser resueltas por las Cortes de Apelaciones del circuito federal, sin que en ningún caso se pueda prever la fecha de resolución:

La Corte de Apelaciones del 10º Circuito deberá resolver sobre las sentencias de Utah y Oklahoma. Las audiencias para escuchar los argumentos orales tuvieron lugar el pasado 10 de abril el caso de Utah, y el 17 de abril en el caso de Oklahoma.

La Corte de Apelaciones del 4º Circuito también escuchó este 13 de mayo los argumentos orales correspondientes a la sentencia de Virginia, única de su jurisdicción.

No han tenido lugar más audiencias en el resto de los casos. La sentencia de Texas deberá ser resuelta por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, la de Michigan por la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito y la de Idaho por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito.

Como ya señalábamos, el caso de Arkansas es diferente al no entrar en consideración de la justicia federal, por lo que corresponde a la Corte Suprema del estado resolver sobre la apelación, aunque también es imprevisible saber en qué fechas podrá dictaminar.

Recordemos que, precisamente, este 17 de mayo se ha cumplido el décimo aniversario de la entrada en vigor de la sentencia de la Corte Suprema de Massachusetts que permitió el matrimonio igualitario en ese estado, el primero en hacerlo en los Estados Unidos. También han resuelto a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo las Cortes Supremas de California (en 2008, siendo efectiva en 2013 tras todo el proceso de referéndum y apelación), Connecticut (2008), Iowa (2009), Nueva Jersey (2013) y Nuevo México (2013).

Fuente Dosmanzanas

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El jugador de basket universitario en la liga NCAA Derrick Gordon ha salido del armario. Animado tras las salidas del Jason Collins y Michael Sam, Derrick, de 22 años, ha salido públicamente del armario. Tras haber salido con su familia y sus amigos, se sinceró con su equipo.

Tiene 22 años y juega en la liga universitaria de EE UU

Derek Kellog, su entrenador, le apoyó en todo momento y fue quién le dio el último empujón para salir del armario en el vestuario del equipo de la Universidad de Massachusetts. El jugador quiere romper con ciertos estereotipos de homosexual débil y flojo.

“No quiero tener que mentir. He estado esperando y observando en los últimos meses, preguntándome cuando un jugador de Primera División saldría y, finalmente me dije ‘ ¿por qué no yo? ‘ “, ha asegurado a los medios deportivos norteamericanos el jugador de baloncesto Derrick Gordon, que milita en el equipo de la Universidad de Massachusetts.

A sus 22 años ha tomado esta valiente decisión que muchos nunca han tomado ni antes ni después de dejar el deporte. El joven asegura que ha influido el ejemplo de Jason Collins, primer jugador de la historia de la NBA en salir del armario mientras estaba en activo, hace ya un año.

“Eso fue muy importante para mí,  saber que la sexualidad no importaba en la NBA”, aseguró el deportista. Por si fuera poco, ha  recibido el apoyo de sus compañeros y de su entrenador, quien dedicó gran parte de una entrevista a hablar de su pupilo.

El entrenador lo ayudó a enfrentar la decisión ante el equipo. ” Estamos todos juntos aquí y tenemos que amarnos unos a otros por lo que somos “, dijo el técnico que preparó el preámbulo para Derrick Gordon. El jugador apoyado por su entrenador se lo dijo a sus compañeros, que aunque atónitos se lo han tomado muy bien. En Twitter, el atleta ha recibido muchas muestras de respeto y apoyo.

Por supuesto, los mensajes de apoyo no se han hecho esperar y el propio Michael Sam ya le ha felicitado vía Twitter:

Michael Sam        ✔ @MikeSamFootball Follow

Many congratulations to you Derrick Gordon @flash2gordon – you have so many in your corner and we’re all proud and rooting for you #courage

Con esto se demuestra lo importante que es salir del armario públicamente.

Fuentes Ociogay y Tu basket

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Un nuevo miembro se suma a la lista de los estados norteamericanos en los que un juez federal ha declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Y no hablamos de un estado menor, sino de Texas, un territorio de más de 26 millones de habitantes (el segundo en población del país, tras California), de gran importancia política y económica y acusada idiosincrasia. Eso sí, la aplicación de la sentencia queda en suspenso hasta que se resuelva el ya seguro proceso de apelación. Texas sigue así los pasos de Utah, Oklahoma, Kentucky y Virginia, estados todos ellos en los que hasta hace no mucho tiempo el matrimonio igualitario era poco menos que una quimera.

Orlando García, un juez federal de casi 20 años de experiencia (fue nominado por Bill Clinton en 1993 y ratificado por el Senado de Estados Unidos en marzo de 1994), ha fallado que la prohibición del matrimonio igualitario, formalizada en una enmienda a la Constitución de Texas aprobada en referéndum en 2005 (por un 76,25 % de votos a favor frente a un 23,74 % en contra)  viola la Constitución de los Estados Unidos. “Es ausencia de una correlación razonable con un propósito gubernamental legítimo, la imposición de la desigualdad por un estado no tiene cabida en la Constitución de los Estados Unidos”, argumenta la sentencia.

“La decisión de esta corte no se toma en contra del gran pueblo de Texas o de su legislatura, sino en cumplimiento de la Constitución de los Estados Unidos y del precedente sentado por el Tribunal Supremo”, aclara además el juez Orlando García, cuyo fallo tiene lugar como consecuencia de la demanda planteada por dos parejas del mismo sexo, las formadas por Victor Holmes y Mark Phariss, una pareja de hombres a los que se les ha negado su derecho a contraer matrimonio en Texas, y Cleo DeLeon y Nicole Dimetman, una pareja de mujeres ya casadas en Massachusetts (el primer estado del país que permitió el matrimonio igualitario) y con un hijo de dos años.

El juez, sin embargo, ha dejado en suspenso su propia sentencia hasta que se resuelva el proceso de apelación, que evidentemente daba por seguro. No se equivocaba: el fiscal general de Texas, el republicano Greg Abbott, ya ha anunciado que la recurrirá. Abbott, que además es uno de los candidatos a la nominación republicana para las elecciones a futuro gobernador, es un conocido opositor al matrimonio igualitario. El fiscal general de Texas no seguirá pues el ejemplo de otros fiscales generales de perfil más progresista, como los de Nevada, Oregón, Pensilvania o Virginia, que ya han dejado claro que no defenderán en los tribunales la prohibición del matrimonio igualitario. Una posición que ha merecido durísimas críticas de los sectores más conservadores pero que el propio fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, ha avalado hace pocos días.

Al igual que las ya dictadas en Utah, Oklahoma, Kentucky o Virginia, la sentencia del juez García en Texas bebe de la argumentación jurídica que sustentó la derogación de la sección 3 de la DOMA (la norma que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos el pasado junio. Por lo que se refiere a la decisión de dejar en suspenso la sentencia, es similar a la adoptada también en Oklahoma, Kentucky o Virginia. Una decisión influida sin duda por el aplazamiento dictado por el Tribunal Supremo para el fallo de Utah, después de que en este primer caso sí se celebraran en pocos días numerosos matrimonios.

Una auténtica avalancha

Desde la sentencia del Supremo se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados diferentes en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Algunas ya han dado resultados favorables, como en los cuatro estados ya mencionados. En dosmanzanas hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como las de Nevada o Pensilvania) pero en realidad el proceso alcanza ya a más de una veintena de estados que cubren todos los territorios judiciales del país. La de Texas, por ejemplo, es la primera de las sentencias que tiene lugar en un estado del 5º circuito federal de apelaciones, uno de los más conservadores.

Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación. Quizá la extensión del matrimonio igualitario a todo Estados Unidos está más próximo de lo que pensábamos hace solo unos meses…

Fuente Dosmanzanas

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Matthew Barrett (a la dcha) ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Contra la Discriminación de Massachusetts después de que una escuela católica rescindiera una oferta laboral al conocer su condición de homosexual. Barrett, que acusa al  centro de discriminación por razón de orientación sexual, aseguró que la Fontbonne Academy, una escuela preparatoria para chicas de Milton (al norte de Boston), le ofreció un trabajo como director de los servicios de alimentación y retiró su oferta de empleo después de que su directora descubriera que el marido de Barrett, Ed Suplee, aparecía como persona de contacto en caso de emergencia en un formulario con sus datos personales.

Dos días después de conseguir el trabajo, recibió un correo electrónico de la escuela donde le notificaban un “problema” con su empleo y le citaban para una reunión. Cuando acudió al centro en el día señalado, le dijeron que la escuela iba a retirarle su oferta de trabajo. “Ella [la directora] me dijo que la religión católica no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, y que ese era su razón para no contratarme”, ha asegurado Barrett en declaraciones a un medio local. Si la Comisión Contra la Discriminación de Massachusetts decide llevar a cabo una investigación sobre la denuncia de Barrett y emite una determinación de causa probable, este tendría la opción de presentar una queja en la corte civil estatal.

Varios abogados consideran que en este caso la escuela habría ido demasiado lejos al rescindir un contrato de un trabajador cuyas funciones nada tiene que ver con la función educativa o pastoral de un centro religioso. Barrett, de 43 años, lleva trabajando en la industria alimentaria durante más de dos décadas. “Si voy a estar planificando y elaborando las comidas para los estudiantes, no entiendo qué tiene que ver ser gay con el trabajo”, ha declarado Barrett, quien asegura además que “siempre he hecho bien mi trabajo” y que recibió “emocionado” la oferta para trabajar en Fontbonne en julio pasado. “Todo cuanto hice fue rellenar el formulario con honestidad”, ha agregado.

No se trata del primer caso de discriminación laboral por razón de la orientación sexual por parte de un centro católico del que nos hacemos eco. Una realidad que, por desgracia, parece ir en aumento. En diciembre pasado, sin ir más lejos, recogíamos la denuncia de un profesor gay despedido de una escuela católica por obtener una licencia para casarse con su pareja.

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