La escuela dijo que incluso hablar sobre las personas LGBTQ+ es “divisivo”. Los estados dicen que el silencio solo alienta el acoso escolar.

Por Mira Lazine viernes 30 de agosto de 2024

En una acción poco común, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 16 fiscales generales estatales más el Distrito de Columbia presentaron dos escritos amicus curiae en apoyo de una maestra de Georgia que fue despedida de una escuela pública por leer un libro con temas LGBTQ+ en su clase.

“La participación del Departamento de Justicia y los estados refleja el impacto significativo de este caso en el futuro de la educación pública en todo el país”, dijo el subdirector legal interino del Southern Poverty Law Center, Michael J. Tafelski a LGBTQNation. “Todos los estudiantes merecen la libertad de aprender en escuelas donde se afirme su identidad, y claramente el Departamento de Justicia y los estados de todo el país están de acuerdo”.

El caso es Rinderle v. Cobb County School District. (Rinderle contra el Distrito Escolar del Condado de Cobb), una demanda presentada en febrero de este año después de que la maestra de quinto grado Katherine Rinderle fuera despedida del Distrito Escolar del Condado de Cobb después de leer el libro My Shadow is Purple (Mi sombra es morada) a su clase en la Due West Elementary School (escuela primaria Due West) en marzo de 2023. El libro estuvo en la Feria del Libro Scholastic de la escuela y trata sobre un niño que busca aceptación por su no conformidad de género.

Rinderly está demandando en virtud del Título IX, la ley que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en la educación. La administración Biden ha interpretado que esto incluye la prohibición de la educación anti-LGBTQ+, ya que es imposible discriminar a las personas LGBTQ+ sin tener en cuenta el sexo. Una maestra y un estudiante también son demandantes en el caso que alega que su despido es indicativo de un entorno hostil plagado de discriminación por motivos de sexo contra personas no conformes con su género.

El escrito del Departamento de Justicia establece que Estados Unidos “no toma posición sobre los méritos del reclamo del Título IX de los demandantes, ni sobre la exactitud de las alegaciones que respaldan ese reclamo” y, en cambio, quiere que el tribunal considere los efectos de las políticas de la escuela sobre los estudiantes.

El Departamento de Justicia sostiene que el Tribunal de Distrito del Distrito Norte de Georgia, División de Atlanta, que tiene jurisdicción en este caso, tiene que evaluar el mérito de las reclamaciones basándose en la totalidad de las pruebas, con especial atención a las políticas de la escuela. Además, el Departamento de Justicia dijo que su interés en el caso es que los maestros – “quienes a menudo poseen un conocimiento único y directo de la discriminación que sufren los estudiantes en sus escuelas” – puedan hablar sin enfrentar represalias.

El distrito escolar invocó una interpretación de sus políticas de “Conceptos divisivos” que prohíben el contenido LGBTQ+ en el aula. Un correo electrónico de un padre que se quejó de la lectura del libro decía que “cualquier cosa en el género ‘LGBTQ’ y ‘queer’” cuenta como “divisivo”. El director reenvió ese correo electrónico a la oficina central del distrito, y Rinderle fue suspendida varios días después y despedida unos meses después.

El Departamento de Justicia sostiene que la afirmación de los acusados de que el Título IX no se aplica porque se trata de un caso de discriminación contra las personas LGBTQ+ es válida. En respuesta, el Departamento de Justicia hace referencia a las decisiones del Departamento de Educación, la Corte Suprema y tres tribunales de apelaciones para respaldar la legitimidad de citar el Título IX para las políticas de no discriminación contra las personas LGBTQ+.

También citaron acusaciones de acoso e intimidación anti-LGBTQ+ dentro del distrito escolar, que el Departamento de Justicia cree que las políticas escolares han permitido.

El escrito concluye: “Por lo tanto, al evaluar, a los efectos del reclamo por represalias del Título IX de Rinderle, si la Demanda alega de manera plausible que ella razonablemente y de buena fe creía que existía un ambiente hostil basado en el sexo para los estudiantes LGBTQ y no conformes con su género, este Tribunal debe considerar, como parte de la totalidad de las circunstancias, los supuestos efectos de la interpretación y aplicación por parte del Distrito de sus Políticas de “Conceptos Divisionarios”.

El escrito de los estados y del Distrito de Columbia incluye a los estados de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón y Vermont. Todos ellos afirman que las políticas del distrito escolar que censuran el contenido LGBTQ+, denominadas “políticas de censura”, son de “’carácter inusual’ –únicas en su amplitud y en su incapacidad para promover de manera significativa objetivos pedagógicos legítimos–, lo que proporciona una indicación adicional de que las políticas son constitucionalmente sospechosas”.

El argumento central del escrito es que las políticas dentro del distrito escolar perjudican a los jóvenes LGBTQ+. El escrito cita investigaciones sobre el tema.

Argumentan que los estados representados en el escrito amicus tienen políticas educativas más legítimas ya que sirven para proteger a los jóvenes LGBTQ+ con el objetivo de promover su educación.

“Los Estados Amici también reconocen el hecho indiscutible de que las personas LGBTQ son parte de la vida estadounidense y, por lo tanto, incluyen las experiencias y contribuciones LGBTQ en la educación en historia y estudios sociales”, escriben los estados. “Por estatuto, siete Estados Amici han promulgado requisitos curriculares de historia o estudios sociales relacionados con los estadounidenses LGBTQ. Otros Estados Amici han emprendido esfuerzos similares para actualizar los estándares curriculares para incluir a las personas LGBTQ”.

La investigación en la que se basan, que incluye datos de los Centers for Disease Control and Prevention, (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), una revisión sistemática de la Cornell University, (Universidad de Cornell) el Michigan Department of Education, (Departamento de Educación de Michigan) y una encuesta de investigación GLSEN, entre otras publicaciones, sugiere que los jóvenes LGBTQ+ tienen más probabilidades de sufrir acoso que sus pares cisgénero y heterosexuales, lo que conduce a efectos más negativos en la salud mental de la población.

Concluyen argumentando que el escrito amicus curiae indica que podría ser necesario gastar costos adicionales para abordar los posibles efectos negativos de Georgia debido a la afluencia de jóvenes LGBTQ+ y sus familias que se mudan a sus estados.

Los escritos se oponen a los demandados: el Distrito Escolar del Condado de Cobb, el superintendente del distrito, la Junta de Educación del condado y Chris Dowd, un ex oficial del Departamento de Policía de Atlanta y actual empleado del distrito que fue demandado por actuar ilegalmente en una redada en un bar gay en 2009. Los demandantes están representados por Goodmark Law Firm, las Oficinas Legales de Gerry Weber, el Southern Poverty Law Center, la Asociación Nacional de Educación y la Fundación de Educación del Sur.

Fuente LGBTQNation

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Así es como las legislaturas estatales han estado atacando –y también ayudando– en lo que respecta a las personas trans y sus derechos.

1.- Avanzó un proyecto de ley que exige que los planes de atención médica cubran la atención de afirmación de género en Minnesota. (Legislatura de Minnesota Legislature)

2.- Los legisladores de Alabama están considerando un proyecto de ley que ampliaría la prohibición estatal de hablar sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas (llamada “No digas gay o trans” por sus opositores) para incluir a los estudiantes de secundaria. (Alabama Political Reporter)

3.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, le dijo al condado de Nassau que dejara de prohibir a las niñas trans practicar deportes, y el ejecutivo del condado presentó una demanda. (LGBTQ Nation)

4.- Una pluralidad de habitantes de Iowa se opone a una propuesta republicana que exige que a las personas trans se les asigne tanto su sexo al nacer como su identidad de género en sus certificados de nacimiento. (Des Moines Register)

5.- Un proyecto de ley que prohíbe la atención con afirmación de género para menores trans en Wyoming fue aprobado por votación del comité del Senado estatal, así como por votación en la Cámara de Representantes estatal. (WyoFile)

6.- Un comité de la Cámara de Representantes del estado de Idaho aprobó una prohibición para que Medicaid reembolse a las personas transgénero por cuidados de afirmación de género tanto para adultos como para niños. Pasó según las líneas del partido. (Idaho Capital Sun)

7.- El Senado de Maryland aprobó un proyecto de ley para proteger a los proveedores de atención de afirmación de género de acciones civiles y penales iniciadas por otros estados. (WJZ News)

8.- Un proyecto de ley en Maine protegería el acceso al aborto y a la atención que afirma el género. (News Center Maine)

9.- La legislatura de Hawái está considerando un proyecto de ley para permitir la atención de afirmación de género a través de telesalud. (KITV)

10.- La ACLU demandó a Nebraska por su prohibición de los cuidados que afirman el género, y la corte suprema del estado escuchó el caso esta semana. (WOWT)

Fuente LGBTQNation

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Taya Ashton

Un hombre de 29 años ha sido condenado a 48 años de prisión por el asesinato de una mujer trans con la que mantenía una relación en 2021 en el condado de Prince George, Maryland.

El hombre, llamado DeAllen Price, mató a tiros a Taya Ashton en su apartamento en Suitland, Maryland, el 17 de julio de 2021 después de enterarse de su género anterior, dijeron los fiscales.

Price, de Capitol Heights, Maryland, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y uso de arma de fuego en la comisión de un delito violento en octubre de 2023.

La fiscal del estado del condado, Aisha Braveboy, describió a la víctima fallecida Ashton, que tenía sólo 20 años cuando fue asesinada, como “una hija y una amiga querida para muchos. La muerte de Taya fue una verdadera tragedia para nuestra comunidad, así como para su familia. Su muerte representa mucho más, en términos de nuestro nivel de tolerancia en nuestra comunidad hacia las personas que quieren expresarse y vivir sus vidas en sus propios términos”, dijo Braveboy al anunciar la sentencia contra Price el 24 de enero. “Cualquiera que decida hacer eso debe ser respetado y (saber) que su vida es tan valiosa como la de cualquier otra persona”.

PinkNews se ha puesto en contacto con un representante legal de Price en la Oficina del Defensor Público de Maryland para obtener comentarios sobre el asunto.

Según Human Rights Campaign, al menos 32 personas transgénero y no binarias fueron asesinadas a tiros o por otros medios violentos el año pasado. Además, el 84 por ciento de esas víctimas eran personas de color, mientras que el 50 por ciento eran mujeres trans negras.

Renee Lau, portavoz de Baltimore Safe Haven, un centro de bienestar sin fines de lucro para mujeres trans negras y miembros de la comunidad LGBTQ+, dijo que la violencia afecta desproporcionadamente a las personas trans a pesar de “tocar a toda la comunidad. La tasa de asesinatos, la tasa de suicidios y las muertes por sobredosis en nuestra comunidad alcanzan cifras mayores debido al hecho de que somos una comunidad tan pequeña”, dijo Lau.

En el momento de su trágica muerte, Lindsey Clark, directora asociada de HRC de la Iniciativa de Justicia Transgénero, dijo: “Taya estaba apenas en el comienzo de su vida, una vida que merecía vivir al máximo. Las mujeres transgénero negras siguen siendo asesinadas en este país y esta violencia es inaceptable”.

Si usted o alguien que conoce cree que podría ser víctima de abuso de pareja, llame a la línea directa de The Network/La Red las 24 horas al 617-742-4911 (voz) o al 800-832-1901 (llamada gratuita) las 24 horas, los 7 días de la semana. La organización brinda apoyo emocional confidencial, información, referencias, planificación de seguridad e intervención en crisis para personas LGBTQ+, así como para aquellos en comunidades perversas y poliamorosas.

Fuente PinkNews

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Esta semana, Bondings 2.0 presenta una serie sobre las formas en que algunos católicos y sus aliados están utilizando a Estados Unidos. sistema legal para detener e incluso revertir los derechos LGBTQ+. La publicación de ayer cubrió la demanda de los líderes de la iglesia de Colorado que desafían las protecciones estatales contra la discriminación LGBTQ+. La publicación de hoy trata sobre un fallo judicial en una demanda por discriminación laboral relacionada con la iglesia.

La Corte Suprema de Maryland falló contra un trabajador de una iglesia LGBTQ+ que presentó una demanda por discriminación contra Catholic Relief Services después de que la organización le negara beneficios de atención médica a su cónyuge del mismo sexo.

En un fallo de 4 a 3, el tribunal decidió que la orientación sexual no es una clase protegida bajo las prohibiciones estatales sobre la discriminación basada en el sexo en su Ley de Prácticas Justas de Empleo y su Ley de Igual Salario por Igual Trabajo, según el National Catholic Reporter.

El fallo del tribunal estatal es el último avance en la demanda federal, Doe v. Servicios de ayuda católica. En 2017, a “Doe”, un empleado de Catholic Relief Services (CRS), le dijeron que su esposo no podía recibir beneficios de seguro médico para su cónyuge dado que estaban en un matrimonio del mismo sexo. Los abogados de CRS han argumentado que la organización “no tiene que proporcionar beneficios conyugales a alguien que la Iglesia Católica no reconoce como cónyuge”.

En 2018, “Doe” presentó una denuncia por discriminación contra CRS, con sede en Baltimore, ante la Equal Opportunity Employment Commission (Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo). En 2022, el caso fue llevado a EE.UU. Tribunal de Distrito de Baltimore, donde el tribunal falló a favor de “Doe“. La jueza Catherine C. Blake declaró que CRS violó el Título VII de la Ley federal de Derechos Civiles de 1964 al negar los beneficios de salud. En el futuro, CRS deberá proporcionar cobertura de seguro médico a los cónyuges de los empleados LGBTQ+, siempre y cuando los trabajos de los empleados no se consideren ministeriales.

Sin embargo, Blake también dictaminó que la Corte Suprema de Maryland debería analizar si las leyes estatales efectivamente incluían la orientación sexual como una clase protegida. El  Daily Record:

“La mayoría también analizó una excepción religiosa a la Ley de Prácticas Justas de Empleo. Cuando los legisladores agregaron la orientación sexual como una categoría protegida en 2001, también agregaron una exención para los empleadores religiosos.

“Los jueces determinaron que la exención tiene como objetivo proteger a las organizaciones religiosas de ciertas demandas por discriminación laboral ‘presentadas por empleados que desempeñan funciones que promueven directamente la misión principal… de la entidad religiosa'”.

La jueza Michele D. Hotten de la Corte Suprema de Maryland objetó el fallo de la mayoría, reconociendo a los EE.UU. La decisión Bostock de la Corte Suprema en 2020 que incluyó la orientación sexual como parte de la protección contra la discriminación basada en el sexo. Hotten cree que el tribunal estatal debería haber adoptado el “estándar Bostock”. Dijo que el fallo de la Corte Suprema del estado era “inconsistente con la ley federal, contrariamente a cómo Maryland interpreta tales estatutos y socava la política pública”.

El fiscal general de Maryland, Anthony Brown, calificó la decisión de la Corte Suprema del estado como “un revés desalentador”.

Anthony May, un abogado que representa a “Doe“, dijo a The Daily Record que la decisión del tribunal “no aprecia la naturaleza superpuesta que tiene la discriminación contra empleados individuales por motivos de sexo y orientación sexual”. Espera que la Asamblea General de Maryland “tome las medidas necesarias para garantizar que todos los trabajadores sean tratados con el respeto y la dignidad que merecen”.

El fallo de la Corte Suprema de Maryland no determina si “Doe” se encuentra bajo una exención religiosa. CRS ha afirmado que actualmente está revisando lo que significan todos los desarrollos legales para sus prácticas laborales. Sin embargo, May confía en que la evidencia está a favor de “Doe“. Del expediente judicial del demandante se desprende:

“Las líneas que CRS ha trazado: emplear a personas que se identifican como LGBT pero retener beneficios de salud conyugales a personas que no lo son a los ojos de la iglesia, o brindar beneficios a hijos de empleados homosexuales pero no a las parejas de esos empleados, son arbitrarias. “

Las preguntas relacionadas con los católicos sobre las exenciones religiosas en la legislación laboral también están surgiendo en otros lugares, lo que puede tener implicaciones para los trabajadores de la iglesia LGBTQ+, informó Rolling Stone. En un fallo unánime, la Corte Suprema de Nueva Jersey se puso del lado de una escuela católica, St. Theresa School, Kenilworth, que despidió a una maestra embarazada, Victoria Crisitello, por tener relaciones sexuales prematrimoniales porque la escuela estaba exenta de las protecciones estatales contra la discriminación para personas embarazadas. .

—Sarah Cassidy (ella), Ministerio New Ways, 31 de agosto de 2023

Fuente New Ways Ministry

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La prohibición de libros arrasa en escuelas y bibliotecas de EE.UU.

Una jueza federal ha denegado una solicitud para que los padres puedan sacar a sus hijos del aula cuando se leen en voz alta libros con personajes LGBTQ+.

En mayo, varias familias musulmanas, judías y cristianas demandaron a las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery, un distrito escolar en el estado de Maryland.

El The Washington Post informó que la demanda alegaba que el uso de libros de cuentos LGBTQ+ obliga a los padres religiosos a comprometer sus creencias o sacar a sus hijos del sistema escolar público.

En Maryland, a los estudiantes se les permite optar por no recibir ciertas lecciones, específicamente el plan de estudios sobre vida familiar y sexualidad humana. Los padres argumentaron que algunos libros de nivel elemental introducen temas similares, por lo que deberían poder optar por no recibir lecturas. Sin embargo, no lograron convencer a la jueza Deborah Boardman del Tribunal de Distrito de Maryland en Greenbelt.

La jueza Boardman dictaminó que los padres no demostraron que las escuelas que no tuvieran una política de exclusión voluntaria “darían como resultado el adoctrinamiento de sus hijos o los obligarían de otro modo a violar o cambiar sus creencias religiosas”.

Añadió que, con o sin derecho a optar por no participar, “los padres siguen siendo libres de cumplir con sus obligaciones sagradas de instruir a sus hijos en su fe. Incluso si la exposición de sus hijos a ideas religiosamente ofensivas hace que los esfuerzos de los padres tengan menos probabilidades de tener éxito, eso no equivale a una carga impuesta por el gobierno a su ejercicio religioso”, dijo Boardman.

Los libros que los padres no querían que sus hijos escucharan (que no eran de lectura obligatoria en todas las aulas) incluyen Con amor, violeta una historia sobre una chica que se enamora de su compañero de clase, y mi arcoiris la historia de una madre que hace una peluca colorida para su hija transgénero.

The parents are united that the new storybooks are age-inappropriate, spiritually and emotionally damaging for their children, and inconsistent with their religious beliefs. pic.twitter.com/nlKq5CYkvl

— Eric Baxter (@esbax) August 24, 2023

El distrito escolar ya clasificó los libros como apropiados para la edad y el desarrollo, y prohibió a los padres sacar a sus hijos de las lecciones donde se leen los libros en marzo.

Sin embargo, los padres del grupo Derecho Familiar por la Libertad Religiosa se reunieron frente a la Junta de Educación del Conde de Montgomery en junio, exigiendo poder optar por no leer a sus hijos libros con personajes LGBTQ.

Family Rights for Religious Freedom, CAIR, & more gather outside the Montgomery County Board of Education in Rockville, MD to demand they restore the choice to “opt out” of reading LGBTQ+ books after an exemption had ended in March. The district has no plans to change its policy pic.twitter.com/IFZvWsUkHz

— Timcast News (@TimcastNews) July 20, 2023

Tras la decisión de Boardman, la escuela dijo en un comunicado que “sigue comprometida a cultivar un ambiente de aprendizaje inclusivo y acogedor y a crear oportunidades donde todos los estudiantes se vean a sí mismos y a sus familias en los materiales del plan de estudios”.

Eric Baxter, un abogado que representa a los padres religiosos, calificó la decisión del juez Boardman como “incorrecta en múltiples niveles” y dijo que planea apelarla.

El fallo de la jueza Boardman es una pequeña victoria en medio de un creciente movimiento de censura que ataca los libros LGBTQ+ en Estados Unidos, mientras los autores advierten que las prohibiciones de libros están “dañando activamente” a los niños.

Los llamados a prohibir libros alcanzaron un nivel récord en 2022, mientras que un informe de PEN America encontró que cuatro de cada 10 libros prohibidos en las escuelas de EE. UU. incluyen contenido LGBTQ+.

El informe encontró que más de 1.600 libros fueron prohibidos en más de 5.000 escuelas durante el último año escolar, y el 41 por ciento de los libros prohibidos fueron atacados debido a sus personajes o temas LGBTQ+.

Solo en agosto, la querida serie de novelas gráficas de Alice Oseman Heartstopper ha sido retirado de la sección para adolescentes de una biblioteca pública de Mississippi porque un grupo de padres afirmó que los libros eran “pornográficos”, y la biblioteca local de una ciudad de Washington está bajo amenaza de cierre permanente porque tiene un libro sobre personas trans.

Fuente PinkNews

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Para no creerlo, sobre todo porque viene de una universidad. La Universidad Johns Hopkins de Baltimore (Maryland, Estados Unidos) que ha horrorizado a la comunidad LGTB y simpatizantes no ya por no reconocer a las lesbianas como mujeres que se sienten atraídas sexual y emocionalmente por mujeres, no. ¡Sino que porque ha excluido el concepto mujer del todo!

En su web, en el apartado de recursos para el estudiante, tienen un glosario LGTB. Cuando llegas a “lesbiana” encuentras  “un no-hombre atraído por otros no-hombres”.

En la misma universidad justifican:  “Mientras que en definiciones pasadas se referían a ‘lesbiana’ como una mujer que es emocionalmente, románticamente y/o sexualmente atraída por otras mujeres, esta definición actualizada incluye a las personas no binarias que pueden sentirse identificadas con esta etiqueta”.

Este tema ha generado mucha polémica en redes sociales. El tuit que más interacción ha provocado es el de JK Rowling.

“Hombre: no se necesita definición. No hombre (anteriormente conocido como mujer): un ser definible sólo por referencia al varón. Una ausencia, un vacío donde no hay masculinidad”.

Man: no definition needed.
Non-man (formerly known as woman):
a being definable only by reference to the male. An absence, a vacuum where there’s no man-ness. pic.twitter.com/cpSaSR2Vfg

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 13, 2023

La RAE define “lesbiana” como “dicho de una mujer: homosexual” y define “homosexual“ como “dicho de una persona: Inclinada sexualmente hacia individuos de su mismo sexo”. En este caso no diferencia entre hombres y mujeres, sino que incluye a ambos en la conceptualización del término.

Fuente Oveja Rosa

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Un juez de EE. UU. dictaminó que Catholic Relief Services (CRS), la agencia humanitaria internacional de los obispos de EE. UU., violó múltiples leyes cuando la organización discriminó a un empleado casado con otro hombre al negarle el seguro médico a su esposo.

A mediados de 2016, CRS le dijo a un empleado, conocido como John Doe en los registros legales, que su esposo podría obtener cobertura de seguro médico a través del programa de beneficios conyugales de CRS, según los documentos legales. En noviembre de 2016, “CRS se acercó a él y le dijo: oh, eso fue un error. No cubrimos a los cónyuges del mismo sexo”, según Eve Hill, una de las abogadas que representa a Doe.

Inicialmente, CRS le dio al esposo de Doe un seguro de salud, pero después de ocho meses de negociaciones entre Doe y la gerencia de CRS, “los beneficios del seguro para el esposo de Doe terminaron el 1 de octubre de 2017, un tiempo durante el cual el esposo estaba teniendo un trabajo dental extenso y costoso“. informó The Daily Record. CRS no negó que revocaron el seguro del esposo de Doe porque eran una pareja gay casada.

En 2018, Doe presentó una queja ante la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que siguió con la presentación de una demanda en 2020.WYPR News informó sobre un desarrollo reciente:

“La semana pasada, la jueza Catherine Blake del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Baltimore falló a favor de Doe. Citando el fallo de 2020 de la Corte Suprema de EE. UU. en Bostock v. Clayton County, Georgia, Blake escribió en su opinión que la negativa de CRS a asegurar al esposo de Doe equivale a discriminación en violación del Título VII de la Ley de Derechos Civiles. CRS también violó la Ley federal de Igualdad Salarial y la Ley de Igualdad Salarial por Igualdad de Trabajo de Maryland, escribió Blake”.

La única exención registrada para organizaciones religiosas según lo establecido por el Título VII se puede encontrar en la sección 702(A) que permite que las organizaciones religiosas discriminen a quienes siguen otras religiones en un esfuerzo por emplear a correligionarios. Sin embargo, Blake señala que “no brinda una protección general contra los prejuicios basados en otras clasificaciones protegidas de la ley, incluido el sexo, la orientación sexual y la raza”. También agrega: “Si el Congreso hubiera querido eximir a las organizaciones religiosas de esta manera, podría haberlo hecho, pero claramente no lo hizo”.

En presentaciones legales, los abogados de CRS argumentaron que “como organización religiosa, no tiene que proporcionar beneficios conyugales a alguien que la Iglesia Católica no reconoce como cónyuge. Brindar beneficios conyugales a un cónyuge del mismo sexo ‘cargaría sustancialmente su ejercicio de la religión’, en violación de la Ley federal de Restauración de la Libertad Religiosa”. Pero Marley Weiss, especialista en derecho laboral de la Facultad de Derecho Francis King Carey de la Universidad de Maryland, comentó sobre este argumento para WYPR News:

“’Traen el argumento de que el Título VII no se aplica a ellos en absoluto, porque son una entidad relacionada con la iglesia, o porque la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de alguna manera los eximiría del Título VII y la Igualdad Salarial. Acto. Estos argumentos son problemáticos porque no se alinean con la forma en que los tribunales han interpretado las leyes o con una lectura simple de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa’”.

Luego del caso judicial ganador de Doe, Doe continúa trabajando en CRS y en una entrevista contada por WYPR News dijo que su objetivo no era una compensación. En cambio, Doe esperaba que “el CRS brindara igualmente beneficios de salud a los cónyuges del mismo sexo, lo mismo que a los cónyuges del sexo opuesto, ese es el objetivo final”. Comentó:

“‘Hay cientos y miles de personas en todo el país en mi situación a las que no se les ha dado la increíble oportunidad de luchar contra la discriminación. . .Somos jovenes. Estamos saludables. Hay personas que están perdiendo su seguro que están enfermas’”.

Este incidente no es la primera vez que CRS hace la vida más difícil para un empleado que está casado con una persona del mismo sexo. En 2015, una organización de derecha hizo pública la licencia de matrimonio del exvicepresidente de CRS, Rick Estridge. A pesar de que Estridge dedicó 16 años a la organización, CRS lo despidió.

Robert Shine, director asociado del New Ways Ministry comentó sobre el fallo:

“Los empleados LGBTQ+ que enfrentan discriminación por parte de un empleador católico rara vez ganan en los tribunales. Esperamos que el fallo de la corte en este caso de CRS señale al menos que se le está dando un peso pequeño a mayor a la aplicación de las protecciones contra la discriminación. Más allá de los resultados legales, Catholic Relief Services debe, por iniciativa propia, acatar internamente los mismos principios de la Doctrina Social Católica que practica externamente”.

—Anushah Sajwani (ella/ella), 19 de agosto de 2022

Fuente New Ways Ministry

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Buenas noticias desde Canadá: la Cámara de los Comunes ha aprobado por unanimidad un proyecto de ley para prohibir la práctica de las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión, que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género de sus pretendidos pacientes. Se trata de una iniciativa que el Gobierno liberal de Justin Trudeau ya promovió en la anterior legislatura. Se espera que el Senado ratifique el texto aprobado por la cámara baja, con lo que Canadá se uniría al reducido grupo de países que han vetado estos infames procedimientos.

La campaña contra las «terapias» de conversión en Canadá comenzó en septiembre de 2018. Se recogieron más de 18.000 firmas por su prohibición, pero en marzo de 2019 el Gobierno federal rechazó legislar sobre el asunto, alegando que se trata de una competencia de los territorios y las provincias. Las de Manitoba, Ontario y Nueva Escocia, así como la ciudad de Vancouver, ya habían aprobado normas para penalizar estas peligrosas prácticas. A ellos se unirían posteriormente Prince Edward Island, Quebec, Yukon y las ciudades de Edmonton y Calgary. A pesar del varapalo inicial que supuso la negativa del Gobierno de Justin Trudeau, los activistas siguieron presionando por una prohibición a nivel nacional.

En abril de 2019, un senador liberal (el partido de Trudeau) presentó una proposición de ley para vetar las «terapias» reparativas. La iniciativa de Serge Joyal no llegó a aprobarse antes de que acabara esa legislatura en otoño de ese mismo año. Mientras tanto, el colegio de abogados hizo un llamamiento al Gobierno para que analizara sus competencias para prohibir las pseudoterapias o, al menos, eliminar los beneficios fiscales de los que disfrutan los grupos que las llevan a cabo. La administración de Trudeau reaccionó enviando una carta a todas las provincias y territorios para pedirles que vetaran estas prácticas.

Durante la campaña electoral para las elecciones de octubre de 2019, los liberales del primer ministro prometieron finalmente hacerse cargo del asunto. El partido de Trudeau se mantuvo como primera fuerza política, aunque perdiendo la mayoría. El nuevo Gobierno, entonces sí, declaró como prioritaria la prohibición a nivel federal de las «terapias» de conversión. En marzo de 2020, el ministro de Justicia David Lametti presentó un proyecto de ley de reforma del Código Penal para tipificar como delito la publicidad y la práctica de estas pseudoterapias en menores de edad. La Cámara de los Comunes aprobó la medida en junio de este año, con los votos en contra de 62 diputados conservadores (de un total de 119). La iniciativa, sin embargo, entró en vía muerta antes de su tramitación en el Senado, debido a la disolución del Parlamento que precedió a las elecciones anticipadas del pasado mes de septiembre.

Tras la nueva victoria, aunque sin mayoría absoluta, de los liberales de Trudeau, el Gobierno reactivó la propuesta con una importante novedad: el veto será total y no solo se aplicará a menores de edad. El pasado miércoles, la Cámara de los Comunes le dio su visto bueno, esta vez por unanimidad. Un apoyo generalizado que sorprendió a muchos diputados liberales, algunos de los cuales se abrazaron a sus rivales conservadores en agradecimiento por su apoyo a la medida. Ahora pasará al Senado, donde no se espera tampoco una importante oposición. Todo indica que, esta vez sí, se convertirá en una ley que prevé penas de hasta cinco años de cárcel para quien inflija estas prácticas y hasta dos para quien se beneficie económicamente de las mismas o las publicite.

La situación en otros países

Cuando entre en vigor la nueva norma, Canadá se unirá al reducido grupo de países que han prohibido las pseudoterapias de conversión, ya sea de manera general o en menores de edad.

En el vecino Estados Unidos la primera en hacerlo fue California En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor en 2019 tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril del mismo año  también  se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo en enero de 2019  por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México. y en julio de 2021 el Estado de Yucatán.

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.

En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto).  Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».

Y, por fin, El Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, presentó el pasado junio el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que incluye la prohibición de las pseudoterapias de conversión.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias» reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

De hecho, en julio de este año, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo  Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y  Juan Antonio Reig  avalarían estas prácticas

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La historia de “X. X.”, un eclesiástico homosexual que pasó por las ‘terapias de conversión’ y “pensó que no tenía más opción que suicidarse”

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«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras o de conversión, Albania, Alemania, Austria, Boris Johnson, Calgary, Canadá, Colorado, Connecticut, David Lametti, Delaware, Denver, Edmonton, España, Estados Unidos, Hawai, Homofobia, Illinois, Irlanda, Judith Glasshold, Justin Trudeau, LGTBIfobia, Maine, Malta, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, Nueva Escocia, Nueva York, Nuevo México, Ontario, Oregón, Partido Conservador (Canadá), Partido Liberal (Canadá), Prince Edward Island, Puerto Rico, Quebec, Reino Unido, Rhode Island, Serge Joyal, Utah, Vancouver, Vermont, Virginia, Washington, Washington D.C., Yukon

Importante sentencia de la justicia estadounidense sobre los derechos de las personas trans. La Corte de Apelaciones del 4º Circuito ha vuelto a fallar a favor de Gavin Grimm, un joven al que su instituto no permitió usar los baños de chicos. El caso se remonta a 2016, cuando las autoridades escolares llevaron a la justicia el uso por parte del alumno de las instalaciones correspondientes a su identidad de género masculina. En 2017, el Tribunal Supremo declinó pronunciarse sobre el caso, después de que la administración Trump anulara las directrices contra la discriminación en las escuelas que había aprobado su antecesor Obama. Ahora, el tribunal que dictó la sentencia inicial vuelve a dar la razón a Grimm y declara inconstitucional el reglamento que prohibía a los alumnos usar espacios distintos a los correspondientes al sexo que les fue asignado al nacer.

Recordemos el caso. Tras salir del armario como chico en 2014, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero cuando la noticia llegó a oídos de los padres, un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del condado que se le habilitase un baño separado. El joven, asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia, denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género en efecto podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas. Una decisión coherente con las directrices que en abril de 2014 había emitido el departamento de Educación de Estados Unidos bajo la administración Obama, según las cuales las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en su argumentación que la equivalencia jurídica entre «sexo» e «identidad de género» no está bien clarificada).

Una decisión que el Consejo Escolar del condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3. Ya avanzada la batalla legal, el departamento de Educación de Obama había enviado en mayo de 2016 a todos los distritos escolares del país unas nuevas directrices que de forma expresa abordaban el tratamiento de los estudiantes trans y que cubrían, entre otros, el uso de baños públicos y vestuarios acordes a su identidad de género.

La llegada al poder de Donald Trump en enero de 2017, y junto a él de toda una corte de políticos rabiosamente LGTBfobos, convertía sin embargo en papel mojado los esfuerzos de la administración Obama. La instrucción sobre los estudiantes trans quedaba revocada a los pocos días de la toma de posesión de Trump, de forma que estos perdían la protección federal y su situación quedó en manos de los estados, varios de los cuales han promovido normas discriminatorias para obligarles a usar las instalaciones que corresponden al sexo que les fue asignado al nacer, en lugar de las que corresponden a su identidad de género.

Tras el cambio en la política del departamento de Educación, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que como explicamos arriba había paralizado cautelarmente a requerimiento del instituto la orden de que Grimm pudiese usar el baño de chicos, decidió devolver la patata caliente a los tribunales de ámbito inferior para que reevaluaran el caso. En agosto del año pasado, la jueza federal Arenda L. Wright Allen emitió una primera sentencia a favor de Grimm, quien por lo demás en la actualidad ya cursa estudios universitarios. Dos semanas después, el Consejo Escolar del condado recurrió el fallo de la magistrada.

El caso volvió a la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, que el pasado 26 de agosto ratificaba por 2 votos a 1 que la decisión de prohibir a Grimm el uso de los baños acordes a su identidad de género es inconstitucional. El tribunal considera que el reglamento del Consejo Escolar que contiene esa previsión es contrario al Título IX, que como se ha explicado prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas, así como al mandato constitucional de igualdad de trato. La Corte de Apelaciones citó en su argumentación la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohibió la discriminación laboral basada en la orientación sexual o la identidad de género. En cualquier caso, el fallo es susceptible de un nuevo recurso que podría devolver la cuestión al Supremo.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. ACLU, Barack Obama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Discriminación, Donald Trump, Educación, Estados Unidos, Gavin Grimm, Gloucester, LGTBIfobia, Maryland, Personas trans, Transfobia, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Virginia, Virginia Occidental

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesias Evangélicas Alemania, Austria, Colorado, Connecticut, Delaware, Denver, Discriminación, Elena Lorenzo, Estados Unidos, Gary Herbert, General, Hawai, Homofobia, Homofobia/ Transfobia, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones) "Terapias" reparadoras o de conversión, Iglesia Mormona, Illinois, Irlanda, Janet Mills, Jokin de Irala, Judith Glasshold, LGTBfobia, Maine, Malta, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Partido Demócrata, Partido Republicano, Puerto Rico, Reino Unido, Rhode Island, Ricardo Rosselló, Richard Cohen, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Washington D.C. A

Gobernador Gary Herbert

La lista de estados y territorios estadounidenses que prohíben las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión en menores de edad suma un nuevo miembro. El gobernador de Utah, bastión del mormonismo, firmó el martes pasado una orden ejecutiva para prohibir estas peligrosas prácticas que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género. La medida sale adelante por el empeño del mandatario republicano, después de que las cámaras legislativas la rechazaran. Utah se convierte en el 19º estado de los Estados Unidos (además de Washington D.C. y de Puerto Rico) en vetar estos infames procedimientos, si bien la prohibición solo se aplicará a profesionales médicos. El siguiente podría ser Virginia.

Ya en febrero del año pasado se presentó un proyecto de ley en el legislativo estatal que acabó fracasando por falta de apoyos. En noviembre, el gobernador republicano Gary Herbert propuso un texto alternativo que usaría la vía administrativa, en lugar de la penal, para perseguir estas pseudoterapias. Herbert consiguió el apoyo de la iglesia mormona, que ejerce una gran influencia en Utah y a la que él mismo pertenece, a cambio de que la norma solo se aplicara a profesionales de la salud mental.

El texto, aprobado el pasado martes como orden ejecutiva, clasifica las «terapias» de conversión como «conductas antiprofesionales» y prevé la suspensión o revocación de la licencia médica para los especialistas que las pongan en práctica en menores de edad. Los sacerdotes y terapeutas religiosos están expresamente exentos del veto, siempre que no estén en posesión de una licencia profesional. A pesar de esta importante limitación, los activistas LGTBI han saludado la medida y esperan que sirva de acicate para que se aprueben otras similares en estados conservadores como Utah.

California fue el primer estado de Estados Unidos en prohibir el uso de las «terapias» reparadoras o de conversión en menores de edad en 2012, no sin gran controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después) y Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014). Más tarde se sumaron Oregón, Illinois, Vermont, Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington, Hawái, Maryland, Delaware, New Hampshire, Nueva York, Colorado y Massachusetts. El próximo estado podría ser Virginia, cuyo Senado aprobó el pasado martes un proyecto de ley que ahora pasará a la Cámara de Delegados.

En abril del año pasado se les unió Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares.

Las últimas noticias acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que la asociación española Abogados Cristianos se querella contra Ignacio Aguado por hacer pública la multa a la coach de terapias para personas LGTBI, y que, ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., gran aliado de Israel, California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones) "Terapias" reparadoras o de conversión, Alemania, Austria, Colorado, Connecticut, Delaware, Denver, Discriminación, Elena Lorenzo, Estados Unidos, Gary Herbert, Hawai, Homofobia, Iglesia Mormona, Illinois, Irlanda, Janet Mills, Jokin de Irala, Judith Glasshold, LGTBfobia, Maine, Malta, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Partido Demócrata, Partido Republicano, Puerto Rico, Reino Unido, Rhode Island, Ricardo Rosselló, Richard Cohen, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Washington D.C.

La ley que prohíbe en Nueva York las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión, que pretenden modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, tiene los días contados. Sus propios promotores han anunciado que la derogarán, en una maniobra para evitar que una demanda acabe por reforzar, si prospera, el estatus de estas peligrosas prácticas. El Gobierno local teme que el Tribunal Supremo, en manos de los conservadores, emita una sentencia que blinde estas intervenciones a nivel federal. La ciudad de Nueva York había sido pionera en vetar su aplicación en todas las personas y no solo en menores.

En noviembre de 2017, el consejo municipal de Nueva York aprobaba por la abrumadora mayoría de 43 votos a 2 la norma que prohibía la oferta comercial de «servicios que pretendan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona». La ciudad fue pionera en vetar las «terapias» de conversión con independencia de la edad, ya que el resto de jurisdicciones que han aprobado leyes similares solo prohíben estas intervenciones en menores.

Sin embargo, la presentación de una demanda federal contra la medida ha hecho que el consejo opte por derogarla para evitar males mayores. Los propios promotores de la norma original son los que han decidido dar marcha atrás, ante el temor de que el Tribunal Supremo falle a favor de los demandantes. Una sentencia así podría anular los vetos que se han aprobado en dieciocho estados, además de los territorios de Washington D.C. y Puerto Rico y numerosos condados y municipios.

Los miembros del Consejo que apoyan ahora la derogación califican este movimiento estratégico como lamentable pero necesario. El portavoz Corey Johnson, que es abiertamente gay, recordó que el Supremo tiene una clara mayoría conservadora después de los dos nombramientos de la administración Trump (Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh). También la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, al que pertenece el estado de Nueva York, está dominada por jueces conservadores.

La ley de derogación se votará a finales de mes. Si sale adelante, como se prevé, en la ciudad de Nueva York volverán a estar permitidas las «terapias» reparadoras en adultos, pero no en menores, que seguirán protegidos por la norma estatal. La ley local permite también que los adultos que se sientan estafados por este tipo de peligrosas prácticas puedan reclamar una indemnización.

No es la primera vez que una administración decide dar marcha atrás en este asunto por miedo a las consecuencias judiciales. Hace un año, en California, el representante demócrata Evan Low retiró un avanzado proyecto de ley de prohibición total (en menores y adultos) de las «terapias» de conversión tras reunirse con representantes de grupos religiosos. Low rechazó enviar la propuesta al gobernador para que la firmara, último trámite para su entrada en vigor después de que fuera aprobada por ambas cámaras del estado.

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La última noticia acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que  ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras o de conversión, Alemania, Brett Kavanaugh, Colorado, Connecticut, Corey Johnson, Corte de Apelaciones del 2º Circuito, Delaware, Discriminación, Donald Trump, Elena Lorenzo, España, Estados Unidos, Evan Low, Francia, Hawai, Homofobia, Illinois, Jokin de Irala, LGTBfobia, Maine, Malta, Maryland, Massachusetts, Neil Gorsuch, Nevada, New Hampshire, Nueva York, Nueva York (estado), Nuevo México, Oregón, Puerto Rico, Reino Unido, Rhode Island, Richard Cohen, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Vermont, Washington (estado), Washington D.C.

Crece la lista de estados y territorios estadounidenses que prohíben las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género en menores de edad. La gobernadora de Maine ha ratificado con su firma un proyecto de ley, previamente aprobado por ambas cámaras legislativas del estado, que lo convierte en el 18º de los Estados Unidos (además de Washington D.C. y de Puerto Rico) en vetar estos infames procedimientos.

El pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Se trataba de la segunda vez que el legislativo del estado aprobaba una iniciativa en este sentido. Pero en la anterior ocasión, en junio de 2018, el entonces gobernador republicano Paul LePage vetó el proyecto aprobado por las cámaras, que no consiguieron la mayoría necesaria para anular el veto. Su sucesora, la demócrata Janet Mills, sí que ha ratificado la medida, que entrará en vigor en septiembre de este año. Mills, de hecho, ha apoyado de forma entusiasta la prohibición de unas prácticas «dañinas y ampliamente desacreditadas que no tienen cabida en Maine».

California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado.

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

La situación en Europa

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

General, Historia LGTBI "Terapias" reparadoras o de conversión, Alemania, Charlie Baker, Colorado, Connecticut, Delaware, Denver, Elena Lorenzo, Estados Unidos, Hawai, Illinois, Irlanda, Janet Mills, Jokin de Irala, Judith Glasshold, Maine, Malta, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Partido Demócrata, Partido Republicano, Puerto Rico, Reino Unido, Rhode Island, Ricardo Rosselló, Richard Cohen, Vermont, Washington, Washington D.C.

El estado de Colorado ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión con objeto de intentar modificar la orientación sexual o la identidad de género en menores de edad. Se convierte así en el 16º estado de los Estados Unidos, además de Washington D.C. y de Puerto Rico, en prohibir estos infames procedimientos.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes de Colorado el 19 de febrero por 42 votos a favor y 20 en contra. El Senado aprobó una versión enmendada el 25 de marzo, por 21 votos a favor y 13 en contra. En ambas cámaras los demócratas gozan de mayoría. Este viernes, 5 de abril, la Cámara de Representantes dio finalmente su visto bueno a la versión aprobada por el Senado. Aunque el texto aún debe ser rubricado por el gobernador, que tiene capacidad de vetarlo, nadie duda que este no podrá impedimento alguno. El gobernador de Colorado, recordemos, no es otro que el demócrata Jared Polis, abiertamente gay, que ganó las elecciones del pasado 6 de noviembre con el 53,4% de los votos. Antes de optar a gobernar su estado, Polis fue miembro del Congreso de los Estados Unidos. Fue, de hecho, el primer congresista abiertamente gay en el momento de ser elegido por primera vez en 2008 (posteriormente revalidó su escaño en 2010, 2012, 2014 y 2016).

El uso de “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad ha sido ya prohibido en dieciseis estados norteamericanos, además de en la capital federal. California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire. Y hace pocos días se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado.

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En Europa, Malta fue pionera

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, en discusión en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que en cualquier caso permanece encallado por el desacuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que en teoría lo apoyan y cuya aprobación a día de hoy no está asegurada.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI "Terapias" reparadoras o de conversión, Asociación Americana de Psicología, Asociación Mundial de Psiquiatría, California, Colorado, Connecticut, Consejo General de la Psicología de España, Delaware, Discriminación, Estados Unidos, Hawai, Homofobia, Illinois, Jared Polis, Judith Glasshold, LGTBfobia, Maryland, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Partido Nuevo Progresista, Puerto Rico, Rhode Island, Ricardo Rosselló, Vermont, Washington (estado), Washington D.C.

Terribles datos: un tercio de los estudiantes TRANS ha intentado suicidarse en 2018.

Un tercio de los estudiantes trans han intentado suicidarse el año pasado, según las cifras publicadas el jueves (24 de enero).

Por primera vez, la Encuesta sobre Conductas de Riesgo en la Juventud (YRBS) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) incluyó una pregunta opcional en la que los estudiantes podrían expresar su identidad de género.

Diez estados (Colorado, Delaware, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Rhode Island, Vermont, Wisconsin) y nueve grandes distritos escolares urbanos (Boston, Condado de Broward, Cleveland, Detroit, Distrito de Columbia, Los Angeles, Ciudad de Nueva York, San Diego, San Francisco) acordaron incluir la pregunta en la encuesta de 2017.

Casi el 2 por ciento (1.8 por ciento) de los 131,901 estudiantes de secundaria encuestados se identificaron como transexuales y, entre estos estudiantes transexuales, el 34.6 por ciento informó haber intentado suicidarse el año pasado.

El mismo porcentaje (34.6 por ciento) reportó haber sido intimidado en la escuela.

General, Homofobia/ Transfobia. Amit Paley, Boston, Caitlin Clark, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Ciudad de Nueva York, Cleveland, Colorado, Condado de Broward, Delaware, Detroit, Distrito de Columbia, EE.UU., Encuesta sobre Conductas de Riesgo en la Juventud (YRBS), Estudiantes trans, GLSEN, Hawaii, Los Ángeles, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Personas trans, Proyecto Trevor, Rhode Island, San Diego, San Francisco, Suicidio, Vermont, Wisconsin

La legislatura del estado de Nueva York ha aprobado la prohibición de las «terapias» reparadoras o de conversión de la orientación sexual o la identidad de género en menores de edad. Se convierte así en el 15º territorio de los Estados Unidos (14º estado, además de Washington D.C.) en poner coto a una práctica que no solo se ha demostrado inútil, sino peligrosa. 

La prohibición de este tipo de intervenciones en menores de edad fue aprobada por 57 votos a favor y 4 en contra (en el Senado) y por 134 votos a favor y 3 en contra (en la Asamblea). Ambas cámaras están controladas desde este mes de enero por los demócratas, después de que en las elecciones de noviembre los republicanos perdieran el control del Senado estatal. Una circunstancia que ha favorecido la rápida tramitación de un proyecto al que la Asamblea ya había dado luz verde en ocasiones anteriores, pero cuya tramitación los republicanos habían bloqueado. Finalmente, ya con los demócratas controlando el Senado, el proyecto llegaba al pleno y recibía también el apoyo de varios senadores republicanos. El gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, expresaba de inmediato su apoyo a la ley y su intención de rubricarla.

La nueva ley forma parte, de hecho, de un paquete de medidas en favor de las personas LGTB que Andrew Cuomo (reelegido también el pasado noviembre) había anunciado el pasado año. De hecho, junto a la prohibición de las «terapias» de conversión en menores, la legislatura de Nueva York también ha aprobado una ley de no discriminación por identidad o expresión de género, que entre otras cosas incluye la identidad de género en el listado de condiciones protegidas por las leyes del estado.

#BREAKING: The New York State Senate just passed the Gender Expression Non-Discrimination Act, prohibiting discrimination based on gender identity or expression and adding protections for transgender NYers to the state’s Hate Crimes Law.

Recognition, at long last. #GENDA pic.twitter.com/Irmht2L4KW

— Senator Brad Hoylman (@bradhoylman) 15 de enero de 2019

El uso de “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad ha sido ya prohibido en catorce estados norteamericanos, además de en la capital federal. California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares.

En Europa, Malta fue pionera

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, en discusión en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que en cualquier caso permanece encallado por el desacuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que en teoría lo apoyan y cuya aprobación a día de hoy no está asegurada.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras. “Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras o de conversión, Adolescentes LGTB, Andrew Cuomo, Asociación Americana de Psicología, Asociación Mundial de Psiquiatría, California, Connecticut, Consejo General de la Psicología, Delaware, Discriminación, Estados Unidos, Hawai, Homofobia, Illinois, Judith Glasshold, LGTBfobia, Maryland, Menores, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Psiquiatría, Rhode Island, Vermont, Washington, Washington D.C.

Aunque la administración de Donald Trump no ceja en su empeño de excluir a cualquier coste a las personas transexuales del Ejército estadounidense, las decisiones de los tribunales están impidiendo que pueda llevarlo a cabo. Aun así, la presidencia ha emitido un nuevo memorándum auspiciado por el Departamento de Defensa, que amenaza con convertir en orden ejecutiva en cuanto se despeje la vía judicial, en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. Si bien por el momento, según comunicaba la portavoz del Pentágono, Dana White, los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales, la espada de Damocles de la exclusión sigue cerniéndose sobre sus cabezas.

El pasado 23 de marzo, la Casa Blanca anunciaba la emisión de un memorándum dirigido al secretario de Defensa, James Mattis, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. El memorándum ratificaba un informe firmado por el propio Mattis, en el que se estipulaban las nuevas condiciones para que las personas transexuales puedan alistarse o permanecer en las filas del ejército estadounidense. El documento, que consta de 48 páginas, detalla la propia recomendación del secretario de Defensa y las conclusiones de un supuesto «comité de expertos» que se habría establecido para que estudiase el efecto de la inclusión de personas transexuales en las fuerzas armadas.

Según numerosas fuentes, el informe fue diseñado especialmente a instancias de vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB), que habría contado con la colaboración de Ryan T. Anderson, perteneciente a la organización LGTBfoba Heritage Foundation, y Tony Perkins, presidente de la no menos intolerante Family Research Council (ambas organizaciones se apresuraron a felicitarse por la publicación del memorándum en cuanto se hizo público). Según dichas fuentes, James Mattis habría abogado por la integración de las personas transexuales en el ejército, pero el propio vicepresidente Pence le habría «invalidado» y obligado a firmar el documento. Las conclusiones firmadas por el secretario y respaldadas por el presidente Trump se resumen en los siguientes puntos:

• Las personas transgénero con un historial o diagnóstico de disforia de género quedarán excluidas del servicio militar, excepto bajo las siguientes estrictas circunstancias: (1) si se han mantenido estables en su sexo biológico durante 36 meses consecutivos previos a su acceso; (2) los miembros en diagnosticados con disforia de género después de su entrada en servicio pueden permanecer si no requieren un cambio de género y cumplen con el resto de los requisitos para su permanencia; y (3) los miembros actualmente en servicio que han sido diagnosticados con disforia de género previamente a que la normativa de la administración tome efectos, podrán continuar en servicio con su género deseado y recibir el tratamiento necesario para su disforia de género.
• Las personas transgénero que requieran o hayan pasado por una transición de género quedarán excluidas del servicio militar.
• Las personas transgénero sin un historial o diagnóstico de disforia de género, que hayan sido cualificadas para el servicio, pueden servir, como el resto de los miembros, identificados por su sexo biológico.

Esta nueva normativa sustituiría a la anterior orden ejecutiva del presidente Trump, que recuperaba la prohibición de ingreso y permanencia en el ejército para las personas trans, revirtiendo las disposiciones de la administración de Barack Obama. Dicha orden está suspendida por varios tribunales federales y, por lo tanto, no puede ser ejecutada. Aunque trata de evitar el término «prohibición» en previsión de una futura vía judicial, la nueva propuesta dispone requisitos imposibles de cumplir para la personas transexuales que decidan vivir de acuerdo a su identidad de género.

Una vez dado a conocer el memorándum, se han pedido explicaciones sobre su alcance a los responsables de Defensa y Seguridad Nacional. La portavoz del Pentágono, Dana White, explicó el pasado jueves que el organismo continuaría con la decisión comunicada el pasado 1 de enero de seguir permitiendo el acceso y permanencia de las personas transexuales: «El Departamento de Defensa continuará cumpliendo con las decisiones de los tribunales, aceptando a los solicitantes transgénero en el servicio militar y manteniendo a los actuales miembros transgénero en servicio». White, sin embargo, rehusó hacer declaraciones sobre nuevas normativas, dado que «existen litigios en curso y se debe salvaguardar la integridad del proceso judicial», remitiendo a los interesados al Departamento de Justicia y explicando que toda la documentación es pública, de acceso libre y «habla por sí misma». Interrogado por los periodistas, el secretario de Defensa también los remitió a los responsables de Justicia, escudándose en el respeto a la integridad judicial.

La portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, emitió por su parte el siguiente comunicado: «Tras un estudio y análisis exhaustivos, el secretario de Defensa llegó a la conclusión de que se deben adoptar nuevas políticas con respecto a las personas con disforia de género que sean coherentes con la eficacia militar, las limitaciones presupuestarias y las leyes en vigor. El Departamento de Justicia continuará defendiendo la autoridad legal del Departamento de Defensa para crear e implementar las políticas de personal que determine como necesarias para defender mejor a nuestra nación. En consonancia con esta nueva política, pedimos a los tribunales que levanten todas las medidas cautelares preliminares para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense y de la mejor fuerza de combate del mundo».

Con esta declaración, se hace evidente que la pretensión de la presidencia (o vicepresidencia en este caso) es influir en la decisión de los tribunales, tratando de disfrazar la evidente discriminación de las personas transexuales con torpes subterfugios técnicos. Esperemos que sea sin éxito.

El empeño en la discriminación de las personas transexuales

Recordemos, de nuevo, los antecedentes de las normativas tránsfobas: a diferencia de la derogación del «Don’t ask, don’t tell», que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas trans (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. Sin embargo, la prohibición se dio por derogada de facto y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000 (entre militares en activo y reservistas).

Ya conquistada la Casa Blanca, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. El pasado julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, qué sucedería con los militares trans que ya servían en el Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la «cohesión» de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de «todos aquellos factores que puedan ser relevantes». Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera del despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump.

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla: días antes del primer anuncio de Trump habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron en contra.

La respuesta de los jueces: primero, paralización parcial de la orden de Trump

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso».

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva (ver documento). Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizó la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Un segundo juez amplia los términos de la paralización

Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump) que había sido presentada en agosto en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército.

El juez Garbis sí que ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la especificación referida a la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. Al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, Garbis consideraba probable que los demandantes ganasen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense (ver argumentos y orden cautelar).

Y una tercera jueza refuerza sus argumentos jurídicos

En diciembre, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump, una demanda interpuesta en nombre de dos personas trans que desean servir en el Ejército, de una tercera persona trans que ya forma parte del servicio activo y de las organizaciones Human Rights Campaign (HRC), Gender Justice League y  American Military Partner Association (AMPA).

En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, que garantiza el derecho a un trato igualitario, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por hacer pública su identidad de género y obligarles a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo (ver documento). Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.

Nueva denegación

Casi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly (ver documento) denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo.

En definitiva, la batalla jurídica continuará (posiblemente el asunto acabe dilucidándose en el Tribunal Supremo), pero por el momento la justicia parece decantada claramente del lado de los derechos de las personas trans, hasta el punto de obligar a la administración Trump a dejar en suspenso sus intenciones discriminatorias. Sin embargo, como hemos podido comprobar, desde la propia presidencia y vicepresidencia, con la implicación de los altos cargos de Defensa, se sigue intentando proseguir con la discriminación, utilizando todos los subterfugios posibles.

General, Homofobia/ Transfobia. American Military Partner Association, Associated Press, Colleen Kollar-Kotelly, Dana White, Discriminación, Donald Trump, Ejército, Estados Unidos, Family Research Council, Gender Justice League, Heritage Foundation, Human Rights Campaign, James Mattis, Jim Mattis, Kerri Kupec, LGTBfobia, Marsha Pechman, Marvin J. Garbis, Maryland, Personas transgénero, Ryan T. Anderson, Tony Perkins, Transexualidad, Transfobia, Washington (estado), Washington D.C.

El candidato demócrata, Alec Ross, se presenta para gobernador de Maryland y ha elegido a una empresaria lesbiana llamada Julie Verratti como su compañera en esta carrera para llevar a cabo un cambio en Maryland.

Julie Verratti es una empresaria dedicada a la cerveza artesanal que ya trabajó para la administración Obama y que ha sido elegida para tomar el liderazgo en su campaña (y podría ser vicegobernadora) para convertirse en el próximo gobernador del estado.

Julie fue asesora política en la Administración para Pequeños Negocios de EE.UU., y se centró en la Ley de Asistencia Asequible y el emprendimiento de las mujeres, entre otros temas.

La co-propietaria de Denizens Brewing Co (fundado con su mujer, Emily Bruno, en Silver Springs) dijo que espera que su experiencia y perspicacia en los negocios les envíe directos a la cima.

Lo que realmente quería antes que nada era alguien que estuviera realmente enfocada en el futuro, que estuviera enfocada en lo que viene después. Quería a alguien con experiencia ejecutiva, dijo Ross cuando se le preguntó acerca de su selección.

Ambos parecen muy ilusionados con trabajar juntos y así nos lo han hecho saber a través de sus cuentas de Twitter.

Maryland is ready for a new generation of leadership: progressives with a vision for the future. @JulieVerratti and I are excited to make that a reality.

👉https://t.co/buRa6VSDcx pic.twitter.com/xrPCD3aonF

— Alec Ross (@AlecJRoss) 19 de febrero de 2018

I’m fired up to be at the @YoungDemsofMD Convention in Annapolis to introduce my running mate @JulieVerratti. We can’t wait to bring new faces and ideas to the State House. Tune in: https://t.co/TV7Y3gDuWl pic.twitter.com/qLY08Nvms3

— Alec Ross (@AlecJRoss) 19 de febrero de 2018

Fuente Revista Mírales

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La que fuera analista de inteligencia de los Estados Unidos, condenada por al mayor filtración de documentos clasificados, cuya pena fuera condenada por Barack Obama, da un nuevo paso en su trayectoria para pasar de ser activista a candidata al senado por el Partido Demócrata en Maryland. 

Sentenciada a 35 años de cárcel por un tribunal militar que la considera culpable de 20 cargos, incluido el de espionaje, por la filtración de más de 700.000 documentos clasificados a WikiLeaks, Barack Obama conmuta la pena de Chelsea Manning después de haber cumplido sólo 7 años de cárcel debido a su situación personal por ser transexual y estar confinada en una cárcel masculina de Kansas. Si a su salida de prisión anunciaba su intención de convertirse en activista por los derechos del colectivo LGBT, la ex analista de inteligencia estadounidense se postula ahora para acceder al senado de los Estados Unidos por el Partido Demócrata en el estado de Maryland, presentando su documentación ante la Comisión de Elecciones Federales de Estados Unidos este jueves, 11 de enero.

Lo que Manning sostiene que buscaba compartiendo toda esa documentación era provocar el debate público sobre la política exterior de los Estados Unidos, una acción que los funcionarios estadounidenses consideran puso innecesariamente en riesgo la vida de muchas personas. Mientras que Obama considera que la pena que le impusieron era «desproporcionada», Donald Trump la considera una «traidora ingrata» que «nunca debería haber sido liberada de prisión». El hecho de que Manning consiguiera que se le reconociera su derecho a someterse a un tratamiento hormonal en prisión, donde revela su condición de transexual tras dos intentos de suicidio eb 2016, uno en julio y otro en octubre, además de una huelga de hambre, podría estar detrás del veto a transexuales en el ejército estadounidense.

«He visto cambiar al mundo dentro de los muros de la prisión y a través de las cartas que he recibido de veteranos, jóvenes transexuales, padres, políticos y artistas (…). Espero tomar las lecciones que he aprendido, el amor que he recibido, y la esperanza que tengo en trabajar en mejorar las vidas de otros», declara al salir de la cárcel. Tras residir inicialmente en Nueva York, desde mayo de 2017, Chelsea Manning reside en Maryland, manteniéndose desde entonces muy activa en las redes sociales, donde ha promovido debates sobre la transparencia gubernamental, la libertad de expresión y los derechos de las personas transexuales y transgénero.

«Mi objetivo es utilizar estos próximos seis meses para descubrir dónde quiero ir», declaraba la activista en agosto en una entrevista para le revista Vogue, en la que no descarta la posibilidad de postularse para un cargo político. A sus 30 años de edad se propone batir al actual senador de demócrata de Maryland, Ben Cardin, de 74 años de edad, que se vuelve a presentar para repetir en un cargo que ocupa desde 2007, siendo el favorito para un tercer mandato en un estado tradicionalmente demócrata. Pero mientras Cardin tiene a su favor ser el demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, con una extensa base de recaudación en su estado, la popularidad de Maning y su agenda progresista podrían atraer el interés de un amplio sector de contribuyentes.

Fuente Universogay

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Juan Yzuel*,
Zaragoza.

ECLESALIA, 13/05/16.- Recibo con una mezcla de tristeza y de gratitud la noticia de la muerte de Dan Berrigan. Un profeta de la paz y la justicia se ha ido. Lo conocí en el Catholic Worker de Manhattan en los años 80. Preparábamos entonces el Plowshares pilgrimage, una peregrinación de más de 4000 kilómetros para alertar sobre la política de rearme nuclear del presidente Reagan. Mi humilde misión era traducir los folletos al español. En aquellas charlas, sus palabras y su mirada inspiraban esa paz especial que solo se encuentra en los que vienen de la gran tribulación y han acrisolado su fe en el sufrimiento, la incomprensión y la persecución.

La noticia me ha llegado a través de la columna de Amy Goodman en democracynow.org que leo con frecuencia y os invito a visitar pues está también en español. Entresaco de su crónica algunos de estos datos, además de los que encuentro en la red.

Daniel Berrigan, sacerdote católico jesuita, activista por la paz, teólogo y poeta, falleció el 30 de abril de 2016 a los 94 años de edad. Su vida estuvo marcada por la compasión y el amor por la humanidad, así como por un inquebrantable compromiso con la paz y la justicia. Pasó años en prisión por sus valientes acciones pacifistas contra la guerra. En cada acción de su vida llevó a la práctica el Evangelio que predicaba. Dio impulso a diversos movimientos, inspiró a millones de personas, escribió de una manera hermosa y con una ingeniosa sonrisa compartió su amor por la vida con sus familiares, amigos y con todos aquellos con quienes rezó y luchó por la paz.

En los años 60, junto con su hermano Philip Berrigan, también sacerdote josefita,  y Thomas Merton, monje trapense,  fundó una coalición intereclesial contra la Guerra del Vietnam y escribieron conjuntamente cartas a los principales periódicos argumentando la necesidad de ponerle fin. Su notoriedad aumentó cuando Dan y su hermano, con otros activistas católicos, irrumpieron en un centro de reclutamiento militar en 1967 y derramaron su propia sangre sobre las citaciones de reclutamiento en alusión a la sangre derramada en la guerra de Vietnam. Al año siguiente, el 17 de mayo de 1968, pocas semanas después del asesinato de Martin Luther King Jr., los dos hermanos y otras siete personas se hicieron famosos por retirar citaciones de reclutamiento del centro de reclutamiento de Catonsville, en Maryland, y quemarlas con napalm de fabricación casera en el estacionamiento de las oficinas. Mientras cantaban un himno reunidos alrededor de la fogata fueron finalmente arrestados.

Dan Berrigan expresó en un comunicado emitido por el grupo antes de la acción, dado que sabían que serían arrestados: “Nuestras disculpas, buenos amigos, por quebrantar el buen orden, por quemar papeles en lugar de niños, por despertar la ira de quienes propagan la muerte”. Y agregó: “No podíamos hacer otra cosa, así que ayúdanos Señor”.

Las acciones de Los Nueve de Catonsville, como se conoció al grupo, hicieron que aumentara la intensidad de las acciones contrarias a la guerra de Vietnam en todo el país. Algunas personas habían quemado sus fichas de reclutamiento antes que ellos, pero después de la acción de Catonsville esto se volvió una táctica emblemática y cada vez más frecuente para demostrar la oposición real y simbólica a la guerra. Dan Berrigan expresó: “Elegimos ser criminales sin poder en tiempos de poder criminal. Elegimos ser etiquetados como criminales de paz por los criminales de guerra”.

Daniel Berrigan fue sentenciado a prisión pero antes de entregarse para cumplir su condena, pasó a la clandestinidad. A pesar de figurar en la lista de los más buscados del FBI, Berrigan aparecía repentinamente en diferentes rincones del país y pronunciaba discursos contra la guerra. Habló durante un gran acto en apoyo a Los Nueve de Catonsville en la Universidad de Cornell, donde era capellán. Luego del discurso, al verse acorralado por el FBI y la policía, Berrigan se escondió dentro de una de las marionetas gigantes de la compañía de teatro con contenido político Bread & Puppet. Disfrazado de esa manera logró salir del Barton Hall de la Universidad de Cornell y evitó ser arrestado. Finalmente, las autoridades dieron con su paradero en Block Island, frente a las costas de Rhode Island, y lo arrestaron. Una famosa fotografía capturó el momento en que dos tristes agentes del FBI que se hacían pasar por observadores de aves en la isla se llevaban esposado al sonriente padre Berrigan.

Berrigan escribió en sus memorias, tituladas “No Bars to Manhood”: “Dado que la maquinaria estadounidense no funciona bien, ni en sus mecanismos internos, ni en sus engranajes con el mundo, los hombres de bien deben tomar medidas”. Y aclaró: “Algunos de ellos han de estar dispuestos a ir a la cárcel”.

En 1980, Berrigan, una vez más con su hermano Phil y otras personas, irrumpió en una planta de misiles de General Electric ubicada en King of Prussia, Pennsylvania. Allí golpearon con martillos cabezas de ojivas nucleares hasta dañarlas de modo que no pudieran ser reparadas y luego derramaron su sangre sobre las partes dañadas. Las acciones que llevaron adelante ese día dieron inicio al Movimiento Plowshares, que creció hasta convertirse en un movimiento mundial. Las acciones de Plowshares se inspiran en un versículo del libro de Isaías, del Antiguo Testamento:

“Convertirán sus espadas en arados
y sus lanzas en podaderas.
No levantará la espada pueblo contra pueblo,
y nunca más se adiestrarán para la guerra”.
(Is 2,4)

Su lucha por la paz desafió al Gobierno de Estados Unidos, al Pentágono y a la jerarquía de la propia Iglesia Católica. Por ese último pecado, fue apartado de su labor eclesiástica en Estados Unidos. Su exilio incluyó viajes a América Latina y Sudáfrica, que lejos de curarlo de su compromiso con la lucha por la justicia, solo lo reafirmaron. Continuó como activista contra la guerra y participó en las protestas contra la intervención estadounidense en Centroamérica y contra las guerra del Golfo, Kosovo, Afganistán e Irak. Fue además un destacad integrante de los movimiento Pro vida, contra el aborto, contra la pena de muerte y diversas causas de derechos humanos, incluidos los derechos de los LGTB.

Padre Berrigan: viviste a tope el evangelio y practicaste lo que predicabas. Gracias por el testimonio que nos has dado y porque tantas personas confundidas encontraron luz en tu ejemplo. Descansa en paz, de la misma manera en que has vivido

 (Eclesalia Informativo autoriza y recomienda la difusión de sus artículos, indicando su procedencia).

*alcierzo.com

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