Una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia declara inconstitucional una frase de la Ley de Identidad de Género en Bolivia, permitiendo a las personas transexuales cambiar su nombre en sus documentos legales, pero nada más, negándoles los mismo derechos que las personas del género con el que se identifican. 

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), órgano que regula la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el gobierno de Bolivia, emite una sentencia este jueves, 9 de noviembre, mediante la que declara inconstitucional el párrafo II del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, aprobada en mayo del año pasado, señalando que es inconstitucional que las personas transexuales adquieran los mismos derechos que las personas nacidas biológicamente con ese género. Mientras los opositores al gobierno y los sectores más conservadores aplauden esta decisión, el colectivo LGBT anuncia acciones legales contra la sentencia.

«Un hombre y una mujer, únicos capaces de procrear y criar a su propia prole. Ese es el único derecho», publica Horacio Poppe, diputado nacional. El 13 de octubre de 2016, el opositor habría presentado un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la frase «(…) el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen, permitirá a la persona, ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales y civiles, económicos y sociales, así como las obligaciones inherentes a la identidad de género asumidas (…)», incluida en la Ley de Identidad de Género, mediante la que se permite a las personas transexuales solicitar las modificaciones pertinentes en su documentación legal para adecuarla con su identidad de género, tal y como hacían hasta 300 personas nada más entrar la ley en vigor.

Si el opositor argumentaba que esta frase pone en riesgo tanto el matrimonio como institución como las uniones civiles o de hecho, el TCP va un poco más allá al sentenciar que el estado boliviano sólo reconoce como matrimonio la unión entre dos personas de distinto género «reconocidos antropológicamente», excluyendo específicamente que las personas transexuales adquieran mediante el uso de esta ley los mismos derechos del género con el que se identifican. De esta manera condenan a las personas transexuales al aislamiento social, político y familiar al considerar que ni pueden contraer matrimonio con otras personas, ya sean de su mismo sexo o del sexo opuesto, ni pueden adoptar ni tampoco tener derechos políticos.

«La familia en Bolivia está protegida, no se permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo y a la larga tampoco la adopción de niños por parte de parejas GLBT. La familia está reservada para un hombre y una mujer, capaces de reproducirse y criar a su propia prole», declara Poppe, recordando que el derecho a contraer matrimonio está constitucionalmente reconocido «únicamente entre un hombre y una mujer y no a las personas que ejerzan su derecho a la identidad de género cuyo alcance es únicamente en el ejercicio de su individualidad».

«Terrible retroceso del país», declara Gabriela Montaño, presidenta de la cámara de diputados, en consonancia con la respuesta del colectivo LGBT; que se concentraban el mismo jueves por la noche en la plaza Murillo para rechazar la sentencia del TCP, anunciando su intención de iniciar acciones legales a nivel internacional. «Es una pequeña batalla que han ganado pero verán que en las instancias internacionales van a tener que sufrir las consecuencias jurídicas por tomar una decisión contraria a todos los tratados internacionales suscritos por el estado boliviano», asegura Martin Vidaurre, director de Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC) y responsable del programa Iguales Ante la Ley.

Fuente Universogay

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Fuente: La Razón Digital, vía SentidoG:

Alberto Moscoso, presidente de Adesproc presentó el informe donde se detallan los derechos vulnerados a la comunidad LGBT en Bolivia.

Los derechos a la igualdad y a la no discriminación, al reconocimiento de la identidad de género, a la vida y seguridad ciudadana, a la educación, a la salud y a formar una familia son los más vulnerados de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y transgénero, según un informe del colectivo LGBT.

El presidente de la Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural Libertad (Adesproc), Alberto Moscoso, informó que por primera vez en el país se elaboró un reporte sobre los derechos humanos de las personas LGBT.

“Es el primer informe que devela la situación del colectivo, documento totalmente enriquecido porque devela todas las necesidades y vacíos legales que hay sobre los derechos humanos, en los que se evidencia la vulneración, principalmente, a seis de nuestros derechos”, aseveró Moscoso.

El estudio fue presentado ayer en la Vicepresidencia. Al acto asistieron la representante de la Defensoría del Pueblo en La Paz, Teófila Guarachi, personal técnico del Ministerio de Educación, policías y líderes departamentales de la comunidad LGBT.

El documento fue elaborado con el apoyo de las Naciones Unidas, y las encuestas y entrevistas se realizaron en los nueve departamentos. Fueron 60 líderes los que respondieron las preguntas elaboradas para el informe.

Martín Vidaurre, jefe nacional de la organización Iguales Ante la Ley, detalló los seis derechos vulnerados. “Dentro del colectivo se continúan recibiendo las denuncias por discriminación, es decir el 93% de los entrevistados sufrió de parte de la Policía, jueces o fiscales discriminación, por lo cual el 89% no confía en la Justicia”.

Respecto al derecho a la identidad de género o personalidad jurídica, señaló que en Bolivia no se reconoce este aspecto, por lo que las personas transexuales y transgénero no pueden cambiar su nombre y menos el dato de sexo de acuerdo con su identidad de género asumida.

En cuanto al derecho a la vida y seguridad personal, según el informe, en los últimos diez años se dieron 55 casos de asesinato de miembros de la comunidad LGBT; además, el 82% de los entrevistados fue detenido de manera arbitraria y el 100% indicó que esos arrestos fueron por pasear con sus parejas o al salir de discotecas.

El ámbito educativo no está al margen del problema. “Los docentes y profesores, en el 70%, y los estudiantes, en el 30%, son los que generan bullying a la población que se identifica dentro del colectivo y esto provoca la deserción escolar”. “La población trans es la más discriminada en las unidades educativas por su visibilización natural y es la que más abandona estudios”, dijo Vidaurre.

El quinto derecho que se vulnera es el de la salud. El estudio remarca que la población trans es la que más sufre esto por su apariencia física y por no responder a su nombre biológico; así, es objeto de malos tratos, prejuicios y humillaciones en centros de salud.

El derecho a formar una familia para las parejas de un mismo sexo es otro de los derechos que no se respeta de este colectivo. Vidaurre explicó que por falta de una ley favorable para el sector, no pueden ser herederos legítimos entre sí, no tienen seguro de salud, pensión y no pueden adoptar hijos.

Guarachi denunció que de los 55 asesinatos por homofobia reportados en los últimos diez años, no hay una sola sentencia y menos un culpable en la cárcel.

“Según el informe y reportes no oficiales sobre los asesinatos, son 55 personas del colectivo LGBT que murieron a causa de la homofobia, transfobia, lesbofobia y bifobia en los nueve departamentos, pero en ninguno de los casos se ha llegado a tener sentencia”, detalló Guarachi.

La funcionaria expresó que las cifras son alarmantes y deben llamar a reflexionar a los investigadores porque detrás de los números están vidas y familias. “Es el momento de exigir a las autoridades que realicen el seguimiento correspondiente y no por el hecho de ser de la comunidad LGBT archivar los casos, sino hacer que se cumplan las leyes como indica la Constitución Política”.

El reporte del Observatorio de Personas Trans, citado en el informe presentado ayer, remarca que de 2009 a 2013 se registraron en Bolivia 11 casos de asesinatos de personas transexuales. Éste es el grupo más vulnerado en sus derechos humanos.

Guarachi anunció que se coordinará más con los colectivos GLBT, la Policía y sectores sociales para evitar que se reporten más casos de violencia que terminan en el fallecimiento de los miembros de este grupo.

“Nuestra tarea es trabajar en el ámbito de la prevención y sensibilización; hablar con las familias y evitar que desde el hogar salga a la calle la discriminación”.

Homofobia/ Transfobia. Adesproc, Bolivia, Defensoría del Pueblo en La Paz, Discriminación, Homosexualidad, Martín Vidaurre, Observatorio de Personas Trans, Teófila Guarachi