El PP presumiendo de que Andrea Levy y Javier Maroto estaban en la manifestación del Orgullo LGTB de Madrid en 2017

El PP de Galicia vota encontra de tramitar la Ley de Identidad de Género presentada por la izquierda porque cree que lo que propone ya está recogido en la Ley LGTBI aprobada en 2014.

La oposición recuerda que esa ley no dedica más de dos líneas a la transexualidad y no recoge medidas concretas para ayudar al colectivo trans.

El PP aprovecha para crear malestar entre las asociaciones de personas trans y denuncia que la oposición quiere “politizar” los derechos del colectivo.

El proyecto (a cuyo texto puedes acceder aquí) había sido registrado por triplicado por En Marea, el PSdeG-PSOE y el Bloque Nacionalista Galego, las tres fuerzas de la oposición, teniendo en cuenta las demandas que hace unos meses plantearon varios colectivos LGTBI y trans de Galicia.

En el Parlamento Gallego el PP acaba de decir que no a la admisión a trámite de la Ley de Identidad de Género que en primavera los colectivos LGTBI de la región consiguieron registrar gracias al apoyo de la izquierda (En Marea, PSdeG y BNG).

Dice el PP gallego que no hace falta tramitar esa ley porque lo que hay en ella ya está aprobado en otra ley, la de Igualdad de Trato y No Discriminación de Personas LGTBI que se aprobó en 2014 a iniciativa del PSdeG (y en la que el PP, gracias a su mayoría absoluta en el Parlamento gallego, cambió el texto eliminando el régimen sancionador). La nueva ley, la de Identidad de Género, propone cambios en cuestiones de gestión administrativa, atención sanitaria, medidas educativas y de formación, garantías de no discriminación en el ámbito laboral, apoyo familiar y reglamentaciones para ayudar a las personas en situación de especial vulnerabilidad; además de tratar con especial delicadeza a las víctimas de discriminación y violencia o a la población reclusa. Todo eso no estaba en la ley de 2014.

Según la diputada popular Marta Rodríguez-Vispo todo eso ya está en la otra ley que es “aplicable en todos sus artículos a las personas transexuales“. La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, recordó que la ley de 2014 no define qué es la transexualidad, qué es la identidad sexual y de género y, además, ni despatologiza la transexualidad ni facilita los trámites como el cambio de nombre en registros y documentación oficial. Rodil, como todos los grupos de izquierda, cree que es necesario dar un paso más allá de la ley de 2014 y tener una normativa que deje claro que “el género no tiene nada que ver con los genitales, que hay hombres con vagina y mujeres con pene” y que eso no se ha de tratar como una enfermedad o motivo de discriminación.

Para responder a esto desde el PP lo único que han hecho ha sido enfrentar a las asociaciones trans, recordando que hay dos colectivos (Fundación Daniela y Chrysallis) que se desmarcaron de esta propuesta de ley que impulsaron Arelas, Ultreia y Amizando: “Es una lástima esta ruptura de consenso entre las asociaciones” dijo Rodríguez-Vispo, “porque si alguna de estas asociaciones se quiere arrogar la representatividad de todas, no estamos de acuerdo.”

“No sé de qué tienen miedo, qué es lo que les parece mal de tomar en consideración esta ley“, preguntó el diputado de En Marea Marcos Cal a la bancada del PP. Y les recordó que la ley de 2014 apenas dedica “dos líneas a la transexualidad“. Cal aprovechó para explicar los casos de Pablo, Manuel o Daniela, tres personas trans que han sufrido discriminación en su centro educativo, que tienen que pedir un préstamos para las cirugías que no cubre el Sergas o que tienen que dar explicaciones cada vez que sacan el DNI para, por ejemplo, pagar con tarjeta. “¿Están ustedes seguros de su identidad? ¿Saben si son ustedes hombres o mujeres? Si piensan que no tienen que responder a estas preguntas ¿por qué otras personas tienen que hacerlo?“, preguntó Cal a los Populares.

A esa crítica se sumó Noela Blanco, del PSdeG, que le echó en cara al PP que ahora cojan la ley de 2014 que promovieron los socialistas y hagan “publicidad y propaganda” colgándose la medalla al decir que la ley se está empezando a aplicar (tres años después de ser aprobada) mientras votan en contra de otra. Blanco señaló que lo que el PP estaba rechazando eran medidas tan concretas como asegurar que la sanidad pública no discrimine ni rechace a alguien por ser trans o que se vele por la dignidad del colectivo; y les recordó cómo los del PP siempre están “los últimos de la fila en la lucha por los derechos” pero luego son los primeros en usarlos: “Dijeron no al divorcio, y se divorciaron; se opusieron a la ley del aborto, pero abortaron; no apoyaron los matrimonios entre personas del mismo género, pero actuaron como testigos en bodas de sus compañeros. Qué hipocresía.”

 Alberto Núñez Feijóo, muy al estilo del PP, acusó a los demás de estar haciendo un uso político de las personas trans.  “Parece que se empeñan en decir que somos tránsfobos y no lo somos” dijo la diputada del PP Rodríguez-Vispo que puso en el atril una bandera trans que se sumó a la que los otros grupos ya habían puesto allí. “Queremos contentar a todo el mundo y que todo el mundo esté unido en este tema” y acusó a En Marea, PSdeG y BNG de querer aprobar el texto para defender los intereses de determinadas personas y no de todo el colectivo trans de Galicia.”

Con todo esto  cabría preguntarse si lo de invitar al PP a la manifestación del Orgullo de Madrid ha merecido la pena. No han pedido perdón por su oposición al matrimonio igualitario (de hecho Rajoy dijo que volvería a presentar el recurso ante el Constitucional). Sólo aprueban las leyes referentes al colectivo LGTB cuando se pueden apropiar de ellas (lo que hizo Cifuentes al aprobar una ley LGTB contra la que ella misma había votado cuando la presentó el PSOE). Se empeñan en votar  constantemente en contra de las legislaciones en favor del colectivo en Ayuntamientos y Comunidades. Y mantienen el estatus de Organización de Utilidad Pública a HazteOír, los de los autobuses tránsfobos.

Ah, por cierto, que Rajoy también dijo que se planteaba llevar al Constitucional (que le encanta, le domina) la Ley de Transexualidad aprobada en la Comunidad de Madrid.

Fuente | El Diario, vía EstoyBailando

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Leemos en El País la última maniobra homofoba del Partido Popular:

El Partido Popular logró postergar la votación definitiva de la ley para la erradicación de la discriminación por razones de orientación sexual.

El PP recurre las sanciones de la ley catalana contra la discriminación

El pasado jueves tenía que haber sido un día histórico para los colectivos que defienden los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) en Cataluña. El Parlamento autonómico iba a aprobar, después de un intento fallido, la ley para la erradicación de la discriminación por razones de orientación sexual.

Pero la fiesta no llegó. El Partido Popular logró postergar la votación definitiva en el último minuto, tras solicitar al Consejo de Garantías Estatutarias que estudie si el régimen de sanciones, que establece multas de hasta 14.000 euros, es acorde a la ley. “Una norma así es papel mojado sin un régimen sancionador”, denuncia Jesús Generelo, secretario general de la Federación Estatal LGBT (FELGTB).

No es la primera vez que el PP se opone frontalmente a este tema. En abril, Galicia aprobó una normativa similar —la primera en España—, pero los populares condicionaron su voto favorable a que se retiraran las multas. “Ya existen mecanismos de sanción en los códigos penal y laboral”, defiende la diputada Marta Rodríguez-Vispo (PP). “Es cierto que la ley se ha rebajado, pero es una norma digna, creo que puede ayudar a acabar con la discriminación”, justifica la socialista Carmen Gallego, ponente de la ley. Ambas formaciones resaltan el “gran consenso” que ha permitido sacar la ley adelante.

Los artículos 9.2 y 14 de la Constitución aseguran que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. “Son la garantía formal de la igualdad, pero son muy abstractos”, explica Maria José Corchete, profesora de derecho de la Universidad de Salamanca. “La cuestión no es la regulación de la discriminación, sino la garantía del cumplimiento de las normas que la regulan”, agrega la experta en derecho constitucional. “Normativamente hay igualdad, pero socialmente siguen existiendo los comportamientos discriminatorios”, opina Carlos Villagrasa, profesor de derecho civil de la Universidad de Barcelona.

La Secretaría de Estado de Seguridad registró el año pasado 1.172 ataques a personas debido a sus creencias, identidad sexual u origen étnico, los llamados crímenes de odio, tanto de tipo administrativo como penal. En Cataluña y en Málaga, por ejemplo, existen fiscales especializados en estos delitos. Sin embargo, como recuerda Eugeni Rodríguez, del Frente de Liberación Gay de Cataluña (FAGC),“la homofobia es un agravante, no un delito”.

El último intento de regulación estatal fue la propuesta de ley de igualdad de trato y no discriminación que planteó el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero en su último gobierno. Se trataba de una ley sombrilla que además de sancionar comportamientos homófobos, también incluía multas de hasta 500.000 euros por discriminar por razones de creencias, sexo o hasta apariencia física. El adelanto electoral la dejó en el cajón. “No sería la primera vez que los Parlamentos autonómicos se adelanten al Congreso de los Diputados. Ya pasó con las normas de paridad”, recuerda Corchete.

La necesidad o no de una ley específica es una de las cuestiones a debate. “Es necesaria porque toca todos los ámbitos, como el tratamiento en los medios de comunicación públicos, la educación, la sanidad, los servicios públicos y los convenios colectivos”, justifica Fito Ferreriro, activista LGBT de la plataforma Sete Cores. Desde el FAGC, Rodríguez cree que “se pondrán en regla un montón de derechos y aspectos de la vida cotidiana, más allá de lo penal. A pesar de todo, somos una de las comunidades que sufre una discriminación mayor”, explica.

Gallego, por su parte, recuerda que hay casos como los de la intersexualidad que “no están reconocidos ni por asomo”. Uno de los más conocidos es el de la viguesa Charlotte Goiar, de 41 años, que sufre del síndrome de Harry Benjamin, es decir, su cerebro es femenino pero su cuerpo es masculino. “Hace dos años el Tribunal Supremo pidió su operación de cambio de sexo, aún sin éxito”, explica la diputada.

El recurso del PP catalán pone en duda “el exceso de discriminación positiva y el régimen sancionador”. En específico, el hecho de la carga inversa de la prueba, es decir, que el acusado de homofobia tenga que probar su inocencia, no al contrario. Este mecanismo, que se aplica por ejemplo en los casos de violencia de género, “plantea dudas sobre el derecho a la presunción de inocencia”, asegura Corchete. “La prueba la tiene que suministrar quien tiene mayor facilidad de darla, en estos casos el agresor”, explica Villagrasa. El escrito de los populares asegura que “admitir que la simple denuncia de una situación discriminatoria comporte el traslado de la carga de la inexistencia de la situación denunciada es una subversión del sistema general vigente”.

Desde FELGTB creen que los populares y Unió Democrática —que también se opuso, ambos suman el 22% de la Cámara catalana— “buscan recovecos legales para no ser tildados de homófobos”, explica Generelo. Y con Rodríguez recuerda las presiones de la Iglesia para vetarlas. En Galicia, el Foro de la Familia pidió paralizarla. Y un comunicado de la Conferencia Episcopal de Tarragona alerta de “las graves consecuencias en el ejercicio de los derechos humanos de la libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia de los ciudadanos de Cataluña”.

La mayor preocupación, sin embargo, es que estas leyes no tengan dotación económica y así se queden en mero papel mojado. “La ley gallega está coja, pero ahora nos corresponde exigirle al Gobierno que empiece a desarrollarla. En Cataluña, la aprobación quedará pendiente de lo que suceda en un otoño políticamente inestable y durante el que nadie descarta una convocatoria de elecciones anticipadas”.

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