El Tribunal Supremo de los Estados Unidos escuchará el 28 de abril los argumentos orales a favor y en contra de la inconstitucionalidad de prohibir a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio (en relación a cuatro casos judiciales que tienen su origen en los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee). Un proceso que podría significar la definitiva extensión del matrimonio igualitario a todo el territorio estadounidense, algo que ya le piden abiertamente al Supremo numerosas personas y organizaciones, incluyendo casi 400 de las más grandes empresas del país o la propia administración Obama.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos anunciaba en enero que en este primer semestre de sesiones de 2015 revisaría la decisión de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati, que en noviembre de 2o14 decidió sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. En los dos primeros casos, referidas a parejas del mismo sexo a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligaban a reconocer matrimonios ya celebrados en otros estados. La ejecución de la sentencias había permanecido en suspenso mientras se decidía la apelación. El fallo de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito contradijo las sentencias ya emitidas tanto por el resto de circuitos que se habían pronunciado hasta el momento (el Décimo, el Cuarto y el Séptimo) como por la inmensa mayoría de jueces federales que habían hecho lo propio. El 6ª Circuito consideró así que la decisión o no sobre autorizar el matrimonio igualitario corresponde a los estados y no es una cuestión que deba dirimirse en base a argumentos constitucionales, en concreto a los derechos al debido proceso y a la igual protección recogidos en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

Los equipos legales de las parejas demandantes decidieron recurrir directamente al Tribunal Supremo. De las apelaciones presentadas, el alto tribunal decidió dar respuesta a dos cuestiones:

1. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado autorice un matrimonio entre dos personas del mismo sexo?
2. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, cuando dicho matrimonio ha sido legalmente autorizado y tenido lugar fuera de ese estado?

Ya en enero se comunicó el calendario para la presentación de informes, aunque faltaba por conocer la fecha exacta en la que tendría lugar la sesión final, en la que se presentarán los alegatos orales. Finalmente será el 28 de abril. Es muy probable que la sentencia final se conozca a finales de junio.

Empresas, líderes religiosos, alcaldes, Obama…

Ya en enero, cuando informamos de la decisión del Supremo, recogíamos las reacciones esperanzadas de los grupos LGTB, como Freedom To Marry, Human Rights Campaign, ACLU (American Civil Liberties Union) o Lambda Legal. Pero en las últimas semanas se han sumado al movimiento a favor de una sentencia del Supremo favorable al matrimonio igualitario importantes organizaciones y personas, que han enviado al alto tribunal sus amicus curiae (figura legal que permite a personas u organizaciones que no son parte en el proceso aportar de forma voluntaria argumentos a favor o en contra para colaborar en su resolución).

Entre ellas, casi 400 empresas, algunas de ellas tan importantes como Amazon, American Airlines, American Express, Apple, Citigroup, Colgate-Palmolive, Delta Air Lines, eBay, Facebook, General Electric, Goldman Sachs, Google, Hilton, HSBC, Johnson & Johnson, Levi Strauss, Marriott, Microsoft, Morgan Stanley, Nike, PepsiCo, Pfizer, Procter & Gamble, Twitter, United Airlines, Verizon o Walt Disney. Empresas que consideran, entre otras razones, que el entramado de complicadas situaciones jurídicas derivadas del no reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario en todo el país les supone un grave perjuicio (puedes descargar aquí el documento enviado al Supremo por este grupo de empresas).

También han solicitado al Supremo una sentencia favorable al matrimonio igualitario casi 2000 líderes religiosos del país, pertenecientes a confesiones cristianas, tradiciones judías e incluso organizaciones musulmanas, que consideran que el respeto a la libertad religiosa implica el reconocimiento jurídico del matrimonio igualitario, así como la posibilidad de que aquellas confesiones que decidan libremente celebrar matrimonios religiosos entre personas del mismo sexo lo puedan hacer (puedes descargar aquí su documento); más de 200 alcaldes de ciudades de todo el país (entre ellas Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Cincinnati, Dallas, Denver, Detroit, Filadelfia, Los Ángeles, Nueva York, Portland, Salt Lake City, San Diego, San Francisco o Washington D.C., por mencionar las más importantes); más de 200 miembros demócratas del Congreso (entre ellos 44 senadores) e incluso la propia administración Obama, que argumenta en su amicus curiae que la prohibición del matrimonio igualitario, además de ser discriminatoria y suponer desventajas concretas para las parejas del mismo sexo, envía el mensaje de que “las parejas del mismo sexo y sus hijos son familias de segunda clase, no merecedoras del reconocimiento y de los beneficios que se da por sentado sí merecen las parejas de distinto sexo”. “Las prohibiciones no puede ser reconciliadas con la garantía fundamental de igual protección recogida en la 14ª enmienda a la Constitución”, añade el texto.

No se trata, de hecho, de la primera vez que la administración Obama o que empresas estadounidenses se posicionan directamente ante el Tribunal Supremo a favor del matrimonio igualitario. Ya lo hicieron en 2013, año en el que el más alto tribunal del país acabó por cierto declarando inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esperemos que en esta ocasión el resultado sea el mismo…

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Arizona se enfrenta a una ola de oposición a la ley homófoba aprobada la pasada semana por las cámaras legislativas de ese estado, de mayoría republicana. Una oposición que no solo procede del colectivo LGTB o de políticos demócratas. Decenas de pequeñas y medianas empresas del estado, importantes organizaciones deportivas o grandes corporaciones como Apple o American Airlines también han expresado su contrariedad. La repercusión es tal que algunos de los legisladores que votaron a favor de la ley aseguran estar arrepentidos. Sigue la incógnita de si la gobernadora escuchará las peticiones y vetará la ley.

La ley “relativa al libre ejercicio de la religión” autoriza la discriminación de las personas LGTB en base a las creencias religiosas de los prestadores de servicios. Si entra en vigor, el propietario de cualquier negocio podrá negarse a atender a clientes cuando ello colisione “de forma sustancialmente motivada” con su fe, una licencia discriminatoria que hasta ahora solo estaba permitida en Arizona para organizaciones religiosas. Aunque el texto no las menciona, el objetivo de la ley no es otro que las personas LGTB, que a partir de ahora pasan a ser ciudadanos de segunda clase a los que se podrá denegar servicios sin que ello suponga una infracción.

Ya cuando informamos de la aprobación de la ley adelantábamos que importantes sectores económicos de Arizona no la veían con buenos ojos. Mencionábamos como ejemplo que el Consejo Económico del Gran Phoenix (Greater Phoenix Economic Council), una entidad que busca atraer inversiones a la capital del estado y a su región, dirigía una carta a la gobernadora Brewer en la que le pedían que vetara la ley. La carta estaba firmada por su presidente ejecutivo, Barry Broome, y por el presidente de su consejo, James Lundy (presidente del Alliance Bank of Arizona).

Pero en estos días se han acumulado nuevas e importantes peticiones en el mismo sentido. Más de 80 compañías radicadas en Arizona, muchas de ellas del sector de la tecnología y del turismo, han firmado una carta conjunta (que puedes descargar aquí) en la que piden a Brewer que vete una ley que directamente califican de “frívola, innecesaria y fiscalmente peligrosa”, que consideran que “intenta solucionar un problema que no existe” y que creen que transmite la idea de que Arizona es un lugar inhóspito. “Tiene la oportunidad de asumir el liderazgo en un tema que de lo contrario tendrá un impacto económico negativo en Arizona. Le instamos encarecidamente a vetar la ley SB 1062 y a que siga apoyando a Arizona, a las empresas locales y a la economía”, concluye la carta. Entre sus firmantes (que puedes consultar al final del texto) se encuentra por cierto la Cámara de Comercio Hispana de Arizona.

Preocupación en compañías como Apple…

Uno de los párrafos de la carta, por cierto, hacer alusión a como la ley actuaría desincentivando la localización de negocios en Arizona y el traslado de trabajadores altamente cualificados al estado. La carta se refiere expresamente a la reciente decisión de Apple, el gigante de la informática, de abrir una fábrica en Mesa, cerca de Phoenix, que daría trabajo a entre 700 y 2.000 personas.

Y los empresarios locales de Arizona no van desencaminados: lo cierto es que la aprobación de la ley ha generado inquietud en la compañía de la manzana, cuya portavoz Kristin Hueget ha confirmado que se han dirigido a la gobernadora Brewer pidiéndole que vete la ley. No ha sido la única: otras grandes compañías que se han dirigido a la gobernadora en el mismo sentido son American Airlines y la cadena hotelera Marriott.

… en la liga de fútbol profesional…

Significativo es también el pronunciamiento del comité responsable de la organización de la Super Bowl (la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano) que precisamente tendrá lugar en febrero de 2015 en Phoenix. En un breve comunicado oficial, esta entidad asegura compartir los valores de la NFL (National Football League) que “abrazan la tolerancia, la diversidad y la inclusión y prohíben la discriminación”.

El comité añade que uno de sus objetivos es promover la vitalidad económica de Arizona, que según esta entidad sufrirá un durísimo golpe si la ley es aprobada. “No apoyamos esta legislación. En su lugar, deseamos seguir promoviendo los valores de la NFL, aprovechar el buen momento económico que vive Arizona y atraer la atención del mundo de una forma positiva mediante la organización de la 49 edición de la Super Bowl”, finaliza la nota.

…y entre políticos ¡que votaron la ley!

Incluso destacados políticos republicanos vinculados a Arizona han expresado su oposición a la ley y han pedido a Jan Brewer que la vete. Es el caso de los dos representantes del estado en el Senado de Estados Unidos, Jeff Flake y John McCain (este último candidato republicano a la Casa Blanca en 2008), de cinco de los siete candidatos republicanos a gobernador en las elecciones de noviembre (a las que Brewer ya no se presentará) o, y esto es los más sorprendente, de tres representantes republicanos en el Senado estatal de Arizona que la semana pasada votaron a favor de la ley: Adam Driggs, Steve Pierce y Bob Worsley.

“No me sentí cómodo con este voto”, ha afirmado Worsley. “Las leyes están en los libros, pero ahora veo cuales son las ramificaciones de mi voto. Me siento mal, fue un error”, ha añadido. Más gráfico ha sido Steve Pierce. “La jodí”, ha afirmado, “y ahora intento hacer lo correcto”, ha asegurado, en alusión a su petición a la gobernadora de que vete la ley que él mismo votó hace pocos días.

La última personalidad republicana en pedir a Brewer que vete la ley ha sido Mitt Romney, candidato a la Casa Blanca en 2012. “@GovBrewer: veto of #SB1062 is right”, reza el lacónico mensaje que Romney ha publicado en su perfil de Twitter. Habrá que ver que hace finalmente la gobernadora, que tiene esta semana para tomar una decisión, y que por el momento no ha dado pistas acerca de cuál será esta. Estaremos atentos.

Finalmente la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha sido receptiva a la ola de peticiones que desde sectores económicos y desde su propio partido ha recibido para que vete la ley (de hecho, al margen del posicionamiento de los políticos, el 57% de los votantes republicanos de Arizona se opone a la misma, según una encuesta conocida hace un par de días).

La decisión fue anunciada en una conferencia de prensa que tuvo lugar a última hora del miércoles, después de que Brewer mantuviera varias reuniones privadas con partidarios y opositores a la ley. La gobernadora justificó su decisión en el argumento de que a día de hoy no existe en Arizona una preocupación específica por la libertad religiosa que haga necesaria una norma que vaya más allá de la legislación ya vigente y que además la ley podría derivar en consecuencias “indeseadas y negativas”. “La libertad religiosa en un valor central de América y de Arizona, de la misma forma que lo es la no discriminación”, añadía.

A su juicio, la norma aprobada por la cámara legislativa “podría dividir Arizona en formas que ni siquiera podemos imaginar”. La gobernadora explicó que se había reunido con partidarios y detractores de la ley y había concluido que la ley era demasiado “amplia” y podía tener consecuencias negativas. Brewer se mostró convencida de que la ley que había aprobado la cámara legislativa no estaba encaminada “a preocupaciones sobre libertad religiosa”, y añadió que entre la documentación que le han presentado asesores, ciudadanos y legisladores no ha encontrado ejemplos de que la ley fuera a beneficiar la libertad religiosa.

 Mientras se producía la comparecencia, grupos de personas se manifestaban en las calles que rodean la sede de la gobernación con carteles en los que decían: “Gracias gobernadora Brewer”.

 La Casa Blanca mostró su oposición a la ley homofóbica

 El secretario de Estado de EE UU, John Kerry, consideró que esa propuesta sería declarada inconstitucional si llega al Tribunal Supremo: “No puedo imaginarme cómo esa ley podría sobrevivir al escrutinio del Tribunal Supremo de Estados Unidos”, dijo Kerry en una entrevista con la cadena de televisión MSNBC.

 El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, en su conferencia de prensa de este martes, recordó que Obama defiende “la igualdad para los estadounidenses de la comunidad LGBT”, y cree que todos los ciudadanos, “sin importar su orientación sexual o su identidad de género, deberían ser tratados de forma igualitaria con dignidad y respeto”.

El veto de Brewer supone de facto el punto final de la ley. Aunque quisieran desafiar la decisión de la gobernadora (algo que en la coyuntura actual parece poco probable) los legisladores que votaron a favor -de los cuales hay que descontar, como mínimo, los tres senadores arrepentidos arriba mencionados- no reúnen la mayoría cualificada necesaria para levantar el veto.

Jan Brewer, gobernadora del estado de Arizona

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