General, Homofobia/ Transfobia. Derechos LGTB, Legislatura, Mariano Rajoy, PP

El vicesecretario sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, habla y sube el pan. Es automático. Si nos faltara poco con el hecho de que se casó con su novio de 19 años saltándose la normativa municipal que prohíbe casarse los viernes pero, él lo hizo ‘porque yo lo valgo’ y, encima nos dio la chapa con el tema de que se acabaron las disputas en el PP porque han hecho borrón y cuenta nueva y ahora el partido que lidera Mariano Rajoy ‘bendice’ los enlaces entre parejas del mismo sexo, ayer (y sin pestañear) ha explicado que el Partido Popular “asume como propia” la ley del matrimonio homosexual aprobada por el ejecutivo de Zapatero y ha defendido que todas las personas tengan “los mismos derechos y las mismas libertades”. El colmo del cinismo.

En una entrevista en Antena 3, recogidas por Europa Press, Maroto ha declarado que dicha ley se trata de “un principio básico y un paso adelante” en su partido. En referencia a la celebración de su reciente boda con su marido, el dirigente ‘popular’ opina que “ha servido para demostrar que, al igual que España y la sociedad española evoluciona, también lo hacen los partidos”, algo de lo que se alegra “como ciudadano, como militante del PP y como miembro de la dirección“.

Hace unas semanas, al acercarse su “boda”, Maroto declaró también: “Si no hubiese estado de acuerdo con la ley, el PP la habría modificado con su mayoría absoluta. Y si no lo ha hecho es porque considera que esa ley se ajusta a derecho y es asumida y reconocida”.

Hace falta, Javier Maroto, tenerlos muy cuadrados o estar muy preocupados por los resultados de las elecciones generales para decir una cosa como ésta. Han sido siete años en los que cientos de matrimonios tenían el corazón en un puño pensando que en cualquier momento iban a ser ciudadanos de segunda clase, por el recurso que interpuso “ese partido que ahora ha evolucionado y es abierto y democrático” ante el Tribunal Constitucional.

Siempre viene bien refrescar la memoria y recordar algunas de las frases más tristemente célebres que pronunciaron algunos dirigentes del PP en la última década sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo:

“El matrimonio siempre ha sido una institución entre un hombre y una mujer”. (Mariano Rajoy, 2005)

“Para mí la adopción de hijos por homosexuales no es una cuestión moral, sino científica. En lo que todos estamos de acuerdo es que hay que proteger al menor, y, de momento, nadie en el mundo ha dicho que los niños tengan las mismas condiciones dependiendo de quién los adopte. Ahí tienen la palabra los científicos”. (Ana Botella, 2003)

“El matrimonio homosexual no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos, porque no garantiza la pervivencia de la especie”. (Jorge Fernández Díaz, 2013)

“No casaré homosexuales porque son personas taradas”. (Lluis Fernando Caldentey, alcalde de Pontons, 2005)

“¿Respetar a los homosexuales? Por supuesto. No hacen daño a nadie, solo a sí mismos. A ver si algún día descubren su cura”. (Andrea Hermida, Nuevas Generaciones del PP, 2012).

En junio de 2005, el Senado español votó contra el matrimonio homosexual (131 senadores de cuatro partidos contra 119). Cuando el PP presentó el recurso de anticonstitucionalidad, en septiembre de 2005, lo firmaron 72 diputados (el bloque del PP al completo). El tribunal no sentenció hasta 2012 que el matrimonio gay respetaba la Constitución.

La Conferencia Episcopal Española junto con asociaciones pro vida y el sector más rancio y conservador de la España Negra protagonizaron manifestaciones que recorrieron el centro de Madrid bajo el lema “La familia sí importa”.

En junio la ley de matrimonio igualitario se aprobó con 183 votos a favor, 136 en contra y tres abstenciones; cuando el Senado la vetó, en el Congreso levantaron el veto 187 diputados (incluyendo a Celia Villalobos, diputada del PP) y se oponían a levantar el veto y a redefinir el matrimonio 147 diputados (del PP y UDC).

Está claro que ‘Donde dije digo; digo Diego’ pero es que siempre le pasa lo mismo al PP. Todas las bodas no hasta que se casa uno de los suyos, entonces se convierten en los abanderados de las libertades.

Fuente Ragap

General, Homofobia/ Transfobia. Ana Botella, Andrea Hermida, Celia Villalobos, Javier Maroto, Jorge Fernández Díaz, José Luis Rodriguez Zapatero, Lluís Fernando Caldentey, Mariano Rajoy, Matrimonio igualitario, Nuevas Generaciones, PP, PSOE, Recurso de la Vergüenza

Bueno, parece que ya se terminó el culebrón… Pero si piensan que nos olvidamos del “recurso de la vergüenza” que, por orden de Rajoy mantuvo en vilo a tantos matrimonios durante tantos años, van listos…

Javier Maroto, vicesecretario de Acción Sectorial del PP, ha contraído matrimonio en Vitoria-Gasteiz, ciudad de la que fue alcalde, con José Manuel Rodríguez, su pareja desde hace 19 años. A la celebración han acudido buena parte de los dirigentes de su partido, entre ellos Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España y principal responsable del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de matrimonio igualitario presentado en 2005 y no resuelto hasta siete años después, y Arantza Quiroga, presidenta del PP del País Vasco, que hace solo dos años afirmaba que la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo fue un ataque “a los que pensamos que la palabra matrimonio representa la unión entre un hombre y una mujer”. 

La boda, oficiada por el concejal del PP Miguel Garnica, se celebró el viernes por la mañana en el despacho que aún conserva Maroto en el Ayuntamiento vitoriano como portavoz municipal del PP, y fue un acto íntimo en el que solo estuvieron presentes, además de los contrayentes, la madre de Maroto y su amigo y compañero de partido (también abiertamente gay) Iñaki Oyarzábal, que ejercieron de testigos. El acto se limitó a la firma de los documentos, ya que la celebración con el resto de familiares, amigos e invitados tuvo lugar por la tarde-noche en un restaurante. Allí se volvió a recrear la boda, pese a que legalmente Maroto y Rodríguez ya eran matrimonio (una práctica, por otra parte, relativamente común en ceremonias civiles).

Javier Maroto sorteaba así la polémica despertada por su intención inicial de organizar una gran ceremonia de boda en el Ayuntamiento, donde según el actual reglamento municipal las ceremonias de boda se celebran los sábados, en horario de 12:00 a 13:30 y de 18:30 a 19:30 horas, pero no los viernes. Ello había motivado una protesta del grupo municipal de Sumando-Hemen Gaude, que reclamó que todos los gastos que se derivasen de la apertura de consistorio un viernes por la tarde corriesen a cargo de Maroto. La decisión de este de modificar sus planes, casarse en la intimidad por la mañana y trasladar la ceremonia “social” al restaurante puso punto final a la polémica.

Felicitaciones a Maroto, en lo personal…

Felicitamos por su boda a Javier Maroto, que coherente con su condición de gay siempre se mostró públicamente en desacuerdo con la posición de su partido respecto al matrimonio igualitario. En este sentido, y dejando aparte otras consideraciones políticas, se trata de una figura que siempre hemos respetado, aunque hace pocos días nos veíamos obligados a señalarlo como mentiroso por asegurar que el recurso de inconstitucionalidad de su partido contra el matrimonio igualitario fue solo una cuestión nominalista.

También queremos felicitar a Maroto por reconocer, en las palabras que según recogen varios medios dirigió a los asistentes a su celebración, que para poder él ahora contraer matrimonio “muchísimos hombres y mujeres activistas” tuvieron que luchar durante décadas. Un reconocimiento que le honra.

… y poco que decir en lo político

Más allá de eso, y más allá de reconocer el simbolismo que supone que Mariano Rajoy –según asegura El País– haya acabado bailando la conga a ritmo de Village People en una boda gay después de oponerse a que estas pudieran tener lugar (justicia poética, dirán algunos…), poco tenemos que añadir. Como adelantábamos la semana pasada, no seremos nosotros los que nos sumemos a una absurda ola de reconocimiento mediático a un partido al que se intenta ahora lavar la cara. Al menos no hasta que no adopte de verdad políticas favorables a los derechos LGTB. Que personas como Mariano Rajoy o la mencionada Arantza Quiroga acudan a una boda entre dos hombres demuestra que efectivamente los contrarios a la igualdad de las personas LGTB también tienen amigos gais. No es solo una frase hecha, desgraciadamente.

Uno de los asistentes a la boda de Maroto, el ministro de Sanidad Alfonso Alonso, sigue por cierto sin mover ni un dedo para acabar con la escandalosa discriminación que su antecesora impuso en materia de reproducción asistida, al retirar dicha prestación de la sanidad pública a las mujeres solas y parejas de mujeres. Señor Alonso, sería también un bonito detalle que pusiera punto final a este sinsentido. Y es solo un ejemplo.

Fuente Dosmanzanas

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Decía hace unos días Javier Maroto, vicesecretario de Acción Sectorial del PP, respondiendo a la polémica sobre si Rajoy iría o no a su boda con su novio (finalmente, sí irá), que en el Partido Popular el matrimonio homosexual está perfectamente asumido y que su boda se vive con normalidad.

Bueno, pues que nos explique Javier Maroto cómo es posible que un alcalde del PP, y lo es desde hace 16 años en la localidad catalana de Pontons, ha declarado al diario El País que “los maricones no deben casarse. Dios creó al hombre y a la mujer. La homosexualidad es una anomalía. Prometí que no iba a casarlos y he cumplido. Tampoco es que vengan a pedírmelo”.

Así, llamándonos “maricones”, pero no como nos llamamos entre amigos bromeando, sino como lo dice alguien que nos exterminaría mañana mismo si pudiera. Con odio, con repulsa, con asco. El mismo asco que producen sus palabras, claro. Por cierto, el buen señor se llama Lluís Caldentey.

Fuente| ElPaís, vía Ambiente G

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Ni las elecciones catalanas ni los supuestos yihadistas que vendrán disfrazados de refugiados a España según la particularísima forma de pensar del ministro Fernández Díaz: el tema del que no se deja de hablar esta semana en el Partido Popular no es otro que la boda de Javier Maroto con su novio, que tendrá lugar el próximo 18 de septiembre, y si es pertinente o no que Rajoy acuda a tan distinguido evento.

Si bien Pablo Casado afirma que no ha oído debates sobre la cuestión en la sede de la calle Génova -demostrando que como Vicesecretario de Comunicación tiene poca labia pero muy mal oído-, el propio exalcalde de Vitoria -que comparte ese absurdo miedo a los yihadistas encubiertos-, ha hecho diferentes reclamaciones sobre su próximo enlace. Defiende que percibe “normalidad” en torno a su boda, que el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo ya asumido dentro de su partido, y aporta como prueba que la mayoría absoluta de que disfrutan y abusan los populares no ha servido para modificar la ley. También indica que le “gustaría que una boda homosexual dejara de ser noticia en España“.

¿Hablamos o no hablamos de la boda del vicesecretario de Acción Electoral del Partido Popular? Sus dirigentes parecen intentar que pasemos la noticia por alto, escudándose en el respetable pozo sin fondo de la “vida privada”, donde se esconde todo lo personal cuando uno no se permite que sea también político, por mucho que lo sea.

Y así es como Juan Soto Ibars, en su blog de El Confidencial, ha encontrado, con mucha ironía, que el PP está tratando esta cuestión siguiendo su línea habitual: “por ese motivo fueron secretas las reuniones de Aznar con los etarras. Ciertos asuntos problemáticos conviene despacharlos en secreto“.

Pero los mentideros de la política y las redes sociales echan humo. En una rapidísima búsqueda pueden encontrarse tuits ingeniosos como el de @imbecilismo: “lejos de entrar en polémicas, a la boda de Maroto sólo le faltan un par de imputados y que Rajoy coja el ramo”, y otros tan lapidarios como el de Iñaki Oyarzábal, secretario de Justicia, Derechos y Libertades del Partido Popular y uno de sus gais más visibles: “a periodistas y medios varios: La boda de Maroto es una boda, civil para más señas, no es una “boda gay” un poquito de respeto”. Si los mismos responsables del partido nos lo están pidiendo, quizá para que no hablemos de refugiados, de elecciones catalanas, de la reforma salvaje del aborto que condena a la maternidad a mujeres menores de edad, es evidente que habrá que hablar de esta boda.

¿Pero qué clase de boda es ésta? Dice Oyarzábal que no es una “boda gay”. Yo me planteo que hay bodas gitanas y bodas payas, bodas de mañana y de tarde, bodas clásicas, glam, románticas, campestres, étnicas, de temática, de corto y de largo, de gala y de sport, bodas religiosas y por lo civil -y desde que se casó Ana Aznar, por el relevante número de imputados, habría que hablar también de bodas “por lo criminal”-, y bodas hétero y bodas de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales.

Desde el activismo nos hemos empeñado durante años en hablar de Matrimonio Igualitario, para evidenciar que es el mismo matrimonio que une a personas de distinto sexo. Resulta ciertamente un intento muy adecuado de reivindicar la Igualdad, si bien una política realmente asimilacionista, que desdibuja cualquier posible diferencia reivindicable en nuestra forma de construir relaciones.

Pero las bodas suelen llevar apellido, como los que antes he apuntado, y es lógico entender que hay bodas entre personas de distinto sexo y bodas entre personas del mismo: bodas hétero y bodas homosexuales, como afirma el propio Javier Maroto.

Además el mero hecho de llamarlo igualitario ya supone una distinción respecto al modelo, que sigue siendo el matrimonio, sin más, y que recuerda de forma canónica a un hombre blanco y joven vestido de negro y una mujer blanca y joven vestidísima de blanco saliendo de la iglesia de los Jerónimos entre una lluvia de arroz y heteronormatividad.

Lo que parece que molesta en este caso es emplear el adjetivo “gay”, como indica Oyarzábal, un término quizá demasiado activista para una ideología política que se ha distinguido por el odio hacia cualquier persona que se distinga de su norma.

Y dentro de esta norma Popular, ¿debería acudir Rajoy a esta boda? No han pasado aún diez años del vergonzoso recurso contra la reforma del Código Civil que hizo posible el matrimonio entre personas del mismo sexo en España.

Es más: se cumplirá la década el 28 de septiembre, diez días después del enlace de Javier Maroto. Esta semana El Plural, al hilo de la boda, ha querido recopilar algunas frases memorables de relevantes miembros y miembras del Partido Popular sobre nuestro derecho a contraer matrimonio: “es una manía del Gobierno de parecer moderno y no a una reclamación de los homosexuales” (Rajoy), “la unión entre homosexuales no puede ser llamada matrimonio porque esto ofende a la población” (Aznar).

Y añaden, “un hombre y una mujer es una cosa, dos hombres es otra cosa y dos mujeres es otra cosa, como supongo que un trío también será otra cosa” (Botella), “el matrimonio homosexual no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos, porque no garantiza la pervivencia de la especie” (Fernández Díaz), “no casaré homosexuales porque son personas taradas” (Caldentey), “tenemos que acabar con leyes asquerosas” y “yo no tengo nada en contra de los homosexuales; si nacen así, pues qué se le va a hacer, pero que no digan encima que están orgullosos de funcionar al revés” (Fraga).

Esta semana se esperaba especialmente el comentario sobre este debate interno de Fernández Díaz, posiblemente el miembro más conservador del Consejo de Ministros, que ha llegado a comparar el aborto con el terrorismo.

“Yo no he sido invitado. Esa información es de la A a la Z falsa. Javier Maroto es un buen amigo mío, pero no he sido invitado. Esa información es lisa y llanamente falsa”, decía. Y todo sea que el ministro, enfadado por no haber recibido su invitación, se presente allí como Maléfica para maldecir a los contrayentes…

De Mariano Rajoy, con su característica pasividad a la hora de hacer declaraciones, no sabemos nada. Y es ése el problema porque, si acude a la boda, enfadará a parte de su electorado, ese mismo que quiere recuperar con gestos como colocar como candidato a las elecciones catalanas a Xavier García Albiol, uno de los políticos más ultras de que dispone el Partido Popular, o reformar la ley del aborto para impedir a las mujeres de dieciséis y diecisiete años decidir sobre su propio cuerpo.

Si por el contrario no asiste a la celebración será el otro ala popular la ofendida: jóvenes y no tan jóvenes populares, que hace semanas protagonizaron el #SoyGayYDelPP revolucionando las redes -o así creyeron- empleando la palabra que nos prohíbe Oyarzábal, verán confirmados sus temores: Mariano dará la espalda a sus militantes no heterosexuales.

“El matrimonio es una gran institución. Por supuesto, si te gusta vivir en una institución” decía Groucho Marx. Rajoy tiene que decidir cómo se comporta, como presidente del Gobierno, de cara a la institución del matrimonio. Haga lo que haga, habrá gente enfadada. Si finalmente se decide a participar en la boda, le animo a asistir como más le convenga: en coche, andando, o sobre un caballo trotando desde donde se encuentre, Barcelona, Madrid o Pontevedra.

Eso sí, tras el pecado contra las creencias de la Igualdad que supuso el recurso de la infamia, lo más adecuado es reconocer que esta decisión lo convierte en un penitente y actuar en consecuencia: llegando al juzgado de rodillas, marcha atrás y con los brazos en cruz. Porque ya sabes, Mariano: en el pecado está la penitencia.

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Impecable, certero y aclaratorio atículo que publica Dosmanzanas:

“Mi partido tomó una decisión hace unos años de recurrir el matrimonio gay, pero no porque estuviera en contra de los derechos y obligaciones que se contraen, sino porque no compartía ese nombre. Yo y otras muchas personas entendimos que eso no era adecuado porque a las cosas se les llama por su nombre”. Así ha justificado Javier Maroto la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio igualitario por parte de su partido. Maroto, una figura que pese a sus aristas políticas desde dosmanzanas hemos tratado siempre con respeto, miente ahora como un bellaco. Y no podemos dejar de denunciarlo. Porque no podemos consentir que un político mentiroso intente cambiar el pasado y hacer olvidar lo mucho que ha costado conquistar los derechos que ahora disfrutamos.

El recurso del PP contra el matrimonio igualitario no es, como en el pasado han sostenido sistemáticamente numerosos políticos del PP y ahora defiende sorprendentemente el propio Maroto, un recurso “solo” contra el nombre. Un ejemplo que lo demuestra, sin necesidad de grandes explicaciones jurídicas: el recurso también buscaba despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresa el “cuarto motivo de inconstitucionalidad” defendido por el PP en el recurso, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos por anteponer “la legitimación u homologación de las relaciones homosexuales al interés del menor”.

El PP también defendía en su recurso que “no existe una garantía mínima de certeza, en el ámbito de la comunidad científica, sobre la conveniencia del adoptado de vivir en el seno de una pareja homosexual”. El recurso llegaba a hacer una alambicada argumentación para asegurar que la adopción homoparental era inconstitucional porque “el art. 39.2 CE también contempla la protección de las madres, protección que beneficia a la familia. En el caso de la adopción conjunta por una pareja homosexual dicha protección deviene imposible puesto que o bien nos encontramos con dos madres, o bien con ninguna. Ello, además de repercutir necesariamente sobre los hijos adoptados, supondría una discriminación de las familias por razón de sexo prohibida por la Constitución”.

Solamente este hecho, incontestable, nos faculta para llamar mentiroso a Maroto. En cualquier caso, su ahora sorprendente defensa del PP en este tema no es más que un insulto a nuestra inteligencia. La Ley 13/2005 por la que se modificó el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio no es una ley de “matrimonio homosexual” que otorgue a las uniones del mismo sexo derechos similares a los del matrimonio y el mismo nombre, sino que es una ley que simplemente abre el matrimonio (un derecho constitucional en sí mismo) a las parejas del mismo sexo. La modificación legal fundamental consistió solo en añadir 18 palabras al artículo 44 del Código Civil, que quedó así: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. Resultaba por tanto imposible hacer la misma ley sin llamar a las parejas del mismo sexo matrimonio, dado que el cambio legal consistió precisamente en reconocer el derecho constitucional al matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Mariano Rajoy, el político más tóxico para los derechos LGTB

Lo decíamos esta misma semana. Incluso cuando Maroto mantenía en la esfera estrictamente privada su condición de gay, se mostró públicamente en desacuerdo con la posición de su partido respecto al matrimonio igualitario. Una posición de integridad personal en esta materia que siempre alabamos, más allá de otras consideraciones sobre su figura política, crecida en los últimos tiempos al calor de un inquietante discurso xenófobo. Lo que no nos parecía de recibo es que ya fuera Maroto, ya fuesen los estrategas de su partido, intentaran promover ahora una maniobra de lavado de cara a Mariano Rajoy con motivo de su supuesta invitación a la boda del político vasco. Lo que no podíamos esperar es que Maroto se prestase incluso a mentir sobre el pasado para contribuir a la maniobra.

Mariano Rajoy, y con él su partido, sobre el que ha ejercido desde que es presidente el máximo control, son quienes más daño han hecho a los derechos LGTB en nuestra reciente historia. En 2005 Rajoy asumía como propia la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Recurso que tardó siete años en resolverse, y que mantuvo mientras tanto en una situación de inseguridad jurídica a miles de familias. Rajoy también encabezó, como líder de la oposición, la negativa de su partido a aprobar una ley de identidad de género, a consensuar una asignatura de Educación para la Ciudadanía que contribuyera a fomentar el respeto a la diversidad familiar, a aprobar una ley de igualdad de trato… Siendo presidente del Gobierno promovió la eliminación de la que ya era una descafeinada Ciudadanía, volvió a bloquear una posible ley de igualdad de trato, impulsó el infame Real Decreto 16/2012 que puso fin a la sanidad universal y que los especialistas en VIH/sida no han dejado de criticar… Por no hablar de todo lo que simplemente no ha hecho o ha dejado de hacer durante estos años en materia LGTB y de lucha contra el VIH.

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Javier Maroto, Mariano Rajoy, Matrimonio, PP, Tribunal Constitucional

“División en el PP y el Gobierno sobre si Rajoy debe ir a la boda gay [sic] de Maroto”, titulaba este miércoles la edición digital El Mundo. “Está confirmada la asistencia de la mayoría de la plana mayor de la formación de centroderecha”, asegura mientras tanto El Confidencial, añadiendo que Javier Maroto “lo que de ninguna manera quiere” es una “boda de gueto”. Y es que, según El Mundo, hay un intenso debate en el interior del Partido Popular sobre si el presidente del Gobierno debe acudir a la boda de Maroto, vicesecretario de Acción Sectorial del partido y abiertamente gay desde hace unas pocas semanas (cuando hizo público lo que era ya vox pópuli). Nuestra opinión: estamos ante un vodevil ridículo del que creemos el activismo LGTB haría mal en hacer seguidismo.

Pocos días después de las últimas elecciones municipales, siendo todavía alcalde en funciones de Vitoria-Gasteiz, Maroto hacía pública su intención de contraer matrimonio con el que es su pareja desde hace 19 años, Josema Rodríguez, al que conoció siendo ambos estudiantes de Ciencias Económicas en Deusto. La noticia suponía su “salida del armario” oficial ante los medios, si bien su condición de homosexual era bien conocida en su ámbito personal, así como por políticos de diverso signo, medios de comunicación y activistas LGTB. El próximo 18 de septiembre, finalmente, Maroto hará uso de la ley que su propio partido recurrió ante el Tribunal Constitucional.

Y aquí empieza el juego. Maroto, que en las elecciones del 24 de mayo colocó al PP como fuerza más votada en la capital alavesa (repitiendo sus 9 concejales) pero no consiguió sin embargo mantener la alcaldía al articularse una mayoría alternativa (Vitoria-Gasteiz cuenta con 27 concejales). Un fracaso político del que Maroto fue redimido por Mariano Rajoy, que en la operación de rejuvenecimiento cosmético que el PP emprendió tras las municipales lo colocó como vicesecretario de Acción Sectorial y lo convirtió en una de las “caras amables” del partido. Desde entonces, según asegura El Mundo, la relación entre Maroto y Rajoy se ha estrechado, hasta el punto de que el primero habría invitado a su boda al segundo.

Una invitación que supondría la presencia de Rajoy en una boda entre dos personas del mismo sexo, algo que según asegura El Mundo “se ha discutido intensamente en reuniones de la cúpula del PP y ha sido objeto de debate entre los miembros del Gobierno”. Entre los contrarios a su asistencia se encontraría por ejemplo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, una de las caras más visibles del sector ultraconservador del PP y bien conocido por sus posicionamientos homófobos (es contrario al matrimonio igualitario, entre otras cosas, porque no garantiza “la supervivencia de la especie”). Según El Mundo, el PP estaría debatiendo la asistencia de Rajoy a la boda de Maroto en clave electoral. Acudir podría ser mal visto por el sector más conservador, pero ir le podría ”granjear simpatías entre el electorado más de centro”.

Que no se haga una burda utilización de los derechos LGTB

Dosmanzanas simpatiza poco con las políticas de Javier Maroto, un personaje que siendo alcalde de su ciudad no dudó en promover una campaña dialéctica contra los inmigrantes de origen magrebí por la cual fue acusado por el resto de fuerzas políticas y de numerosos colectivos sociales de azuzar la xenofobia. Campaña que dio lugar a una gran manifestación contra la xenofobia que de forma vergonzante fue calificada por Maroto como “lugar de encuentro de todos los batasunos del País Vasco”.

Justo es reconocer, sin embargo, que aún cuando Maroto mantenía en la esfera estrictamente privada su condición de gay, se mostró públicamente en desacuerdo con la posición de su partido respecto al matrimonio igualitario. En 2010, siendo ya candidato a la alcaldía, declaró en una entrevista radiofónica que “no hay hoy, en el siglo XXI, ninguna razón, ni jurídica, ni ética, ni social, para hacer diferentes en derechos a parejas del mismo sexo de las que son hombres y mujeres, juntos. No hay ninguna razón. Y yo desde luego creo que es una batalla que se va a ganar en la sociedad, y que yo personalmente, dentro de los órganos de mi partido, siempre lo digo… Cada vez son más voces las que dicen esto y también lo digo en público, aquí por ejemplo. Por tanto, no estoy de acuerdo con las voces de mi partido que no reconocen la igualdad de derechos de unos y de otros”.

Una posición de integridad personal en esta materia que siempre hemos alabado, más allá de otras consideraciones. Ahora bien, lo que ya no nos parecería de recibo es que ya sea Maroto, ya sea los estrategas de su partido, promuevan ahora una maniobra de burda propaganda prtendiendo presentar a Rajoy como un político moderado, centrado, sensato, capaz de oponerse al matrimonio igualitario pero no por ello ser homófobo, porque al fin y al cabo tiene amigos gais y va a sus bodas… Tácticas comunicativas de manual, dicho sea de paso.

Mariano Rajoy es, no conviene olvidarlo, la persona que más daño ha hecho a los derechos LGTB en nuestra reciente historia. En 2005 asumía como propia la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo (al que puedes acceder pinchando aquí. Un documento que ya siempre formará parte de la crónica negra de España). Recurso que tardó siete años en resolverse, y que mantuvo mientras tanto en una situación de inseguridad jurídica a miles de familias.

Pero Mariano Rajoy también encabezó, como líder de la oposición, la negativa de su partido a aprobar una ley de identidad de género, a consensuar una asignatura de Educación para la Ciudadanía que contribuyera a fomentar el respeto a la diversidad familiar, a aprobar una ley de igualdad de trato… Siendo presidente del Gobierno promovió la eliminación de la que ya era una descafeinada Ciudadanía, volvió a bloquear una posible ley de igualdad de trato, impulsó el infame Real Decreto 16/2012 que puso fin a la sanidad universal y que los especialistas en VIH/sida no han dejado de criticar… Por no hablar de todo lo que simplemente no ha hecho o ha dejado de hacer durante estos años en materia LGTB y de lucha contra el VIH.

En el terreno personal, nos importa un bledo si Mariano Rajoy va a la boda de Javier Maroto, cuyo compromiso de visibilidad y derecho a invitar a su boda a quien le plazca respetamos. En el terreno público, sin embargo, si finalmente Rajoy acude no seremos nosotros los que participemos en una burda maniobra de pinkwashing o lavado de cara “rosa” preelectoral alabando a un presidente de Gobierno homófobo por tener un amigo gay o a la plana mayor de un partido que a día de hoy, más allá de pronunciamientos personales, no solo no ha asumido como propia la igualdad plena de las personas LGTB sino que sigue maniobrando contra ella. Esperemos al menos que el activismo LGTB no caiga en la trampa.

Fuente Dosmanzanas

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El turismo LGTB se ha convertido en una importante fuente de ingresos para España. Hasta el punto de que, según un estudio de la organización internacional LGTB Capital –al que dosmanzanas ha tenido acceso directo–, nuestro país se coloca a la cabeza de Europa con un desembolso total estimado en 6.098 millones de euros –6.800 millones de dólares–. Sin duda, se trata de una magnífica noticia, pero en lugar de limitarnos al regocijo entorno a estos datos positivos, queremos evidenciar que, en todo caso, el liderazgo es fruto de los atractivos turísticos propios y del progresivo aperturismo social. La falta de políticas de estado –activas y específicas–, destinadas a la protección del colectivo LGTB, unida a la ignorancia e incluso a la hostilidad manifiesta por parte de algunos dirigentes del PP, pone de manifiesto la falta de protagonismo del Gobierno en este hito. ¿Hasta dónde podríamos llegar con un ejecutivo realmente comprometido con la igualdad?

España le arrebata a Francia el primer puesto como destino preferido en Europa por la comunidad de turistas LGTB. En cifras económicas, el gasto turístico LGTB en nuestro país supone unos ingresos estimados en 6.098 millones de euros, frente a los 5.519 millones que suma el país galo –segundo en el ranking europeo–, los 4.932 millones de Alemania o los 4.394 millones del Reino Unido. Más allá de las fronteras europeas, Estados Unidos es el país líder en el ámbito mundial: el turismo inclusivo les deja un beneficio de 19.282 millones de euros. El estudio ha sido realizado por LGTB Capital, una organización dedicada al asesoramiento financiero y a la inversión, integrada en Galileo Capital Management. Anders Jacobsen y Paul Thompson, los directores de LGTB Capital, alegan “más de 40 años de experiencia combinada en el sector de la gestión de inversiones”.

Para los responsables del citado estudio, “convertirse en un país que apoya abiertamente a la comunidad LGBT puede aumentar significativamente los ingresos del turismo, tanto en términos absolutos como en función de cada visitante”. Por ejemplo, basándose únicamente en la proporción del turismo internacional en el Producto Interior Bruto actual, el valor imputado del turismo LGBT en España representaría un 0,48 % del PIB absoluto del estado.

Aunque España aparece en el primer lugar de este estudio internacional, los medios de comunicación generalistas españoles no le han dado una especial relevancia. Y entre los que sí han recogido la noticia, el tratamiento no se ajusta en todos los casos a la realidad LGTB. Por mencionar un ejemplo, elEconomista.es siguen refiriéndose al “turismo gay” –aunque en el informe original se especifique ‘turismo LGTB’– y cita como una muestra de que España es “líder mundial en tolerancia” que “en la Comunidad de Madrid, gobernada por Cristina Cifuentes (Partido Popular), se permitió que se colgase la bandera del arcoíris en varios edificios públicos durante la semana del Orgullo Gay”. Además, añade que Madrid “generó cerca de 120 millones de euros gracias a los desfiles y fiestas que se celebraron durante esa semana en la ciudad”. Mención aparte merece la falta de moderación de los mensajes que los usuarios han dejado en la noticia. Paradójicamente, algunos de ellos –que nos ahorramos reproducir– son un reflejo del camino que queda por recorrer en favor de la igualdad.

España: ¿un paraíso LGTB?

Dosmanzanas se ha puesto en contacto con el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Jesús Generelo, quien –preguntado por su punto de vista– considera que “es una buenísima noticia”, aunque ha señalado que debemos evitar caer en el “doble peligro de la simplificación”. Por una parte, Generelo ha invitado a “huir del estereotipo de la pareja gay joven, sin hijos y con un alto nivel adquisitivo, ya que la realidad de nuestro colectivo es mucho más extensa y diversa, puesto que también abarca a las parejas de lesbianas, a familias homoparentales o a personas transexuales”.

Por otro lado, Generelo ha dicho que si no explicamos nuestra situación en profundidad y nos quedamos en la superficie de un dato positivo “corremos el riesgo de dar la imagen de que España es un paraíso LGTB” y que parezca que “ya está todo hecho”. La aprobación del matrimonio igualitario en 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, sigue posicionando internacionalmente la imagen de una España inclusiva. Lo cierto es que, aunque en comparación con otros países en los que ser LGTB es un infierno –de lo que desde dosmanzanas, desgraciadamente, damos buena cuenta a menudo–, España es un lugar privilegiado, en líneas generales. Ahora bien, aunque la consolidación del matrimonio entre personas del mismo sexo sea un hecho relevante, con ello no se solucionan todos los problemas –algunos acuciantes– que afectan a nuestro colectivo.

La ausencia de políticas LGTB del Gobierno de España

El activismo y los partidos de la oposición, casi al unísono, vienen reclamando en los últimos años la aprobación de una serie de leyes para la protección de los derechos LGTB –los nuestros, los de todos– y, hasta el momento, la postura del PP nacional ha sido, en la mayoría de los casos, el silencio, el ninguneo o la abierta oposición. A pesar de que la LGTBfobia constituye el principal motivo de delitos de odio en España, todavía carecemos de una ley estatal específica. En este sentido, de hecho, la desigualdad todavía queda más patente si comparamos la situación entre los distintos territorios.

Es justo decir que no todos los dirigentes populares se cortan por el mismo rasero. En Extremadura, cuando el PP gobernaba en minoría en la anterior legislatura, su Asamblea aprobaba por unanimidad una avanzada ley contra la discriminación de las personas LGTB. Como decíamos en marzo, tras lo sucedido en Extremadura, se ponía de manifiesto lo moldeable del discurso del PP, capaz de votar a favor de una ley integral de transexualidad en Andalucía pero oponerse en Madrid, e incluso plantearse a nivel nacional un posible recurso de inconstitucionalidad contra la propia ley andaluza. O de rechazar un capítulo sancionador en Galicia y Cataluña –aquí de forma virulenta– pero incluirlo por iniciativa propia en Extremadura. También el PP impedía que las Cortes Valencianas discutieran un proyecto de ley contra la discriminación de las personas LGTB en noviembre de 2014.

En el ámbito sanitario, el Real Decreto 16/2012 que impulsó el PP era puesto en evidencia por GESIDA –Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica–. En febrero, esta organización publicaba un estudio que mostraba como hasta el 37 % de los especialistas en VIH han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21 % expresó que los pacientes no fueron atendidos ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley. Si bien en abril el gobierno del PP blanqueaba su imagen, suavizando la exclusión sanitaria de los ‘sin papeles’ que decretó en 2012, finalizará la legislatura sin la aprobación de un plan integral para la prevención del VIH, que incluya también la lucha contra la estigmatización y la discriminación.

Como viene denunciando Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid –entre otros dirigentes y asociaciones–, tampoco el PP ha demostrado interés en aprobar un ley estatal que aborde de forma integral los derechos de las personas trans, incluyendo la despatologización. Y la lista es mucho más extensa: falta de iniciativas para combatir el acoso escolar LGTBfóbico, la aprobación de un homófobo convenio de adopciones con Rusia, la oposición a la gestación subrogada, etc.

Un ‘regalo’ para la economía

La diversidad, la tolerancia y la igualdad ‘venden’. Que España se coloque a la cabeza europea en turismo LGTB y en volumen de negocio son un hecho que sostiene la anterior premisa. Sin embargo, el Gobierno que encabeza Mariano Rajoy no tiene ningún merito en esta hazaña. Tal y como define Jesús Generelo, presidente de la FELGTB, “no podemos ser la vaca lechera cuando se trata de un beneficio económico” y ser invisibles cuando no conviene políticamente. ¿Seguiremos siendo ahora para el PP nacional personas “con problemas”? No negamos –e incluso aplaudimos– que algunos líderes como Cristina Cifuentes estén tratando de cambiar la trayectoria y el discurso de su partido en relación al colectivo LGTB, pero todavía tenemos reciente la esperpéntica oposición del PP a la ley del matrimonio igualitario española, así como su recurso de inconstitucionalidad o sus oídos sordos ante las reivindicaciones sobre la LGTBfobia, el VIH o la transexualidad.

No, no es partidismo. Sencillamente hay que tirar un poco de hemeroteca para comprobar que, a pesar de la miopía del actual ejecutivo, la comunidad LGTB le hace un ‘regalo’ inesperado a sus maltrechas cuentas económicas. El presidente de la FELGTB reflexiona que “esta no es una medalla que pueda ponerse el Gobierno, sino al contrario”. Incluso, prosigue Jesús Generelo, en el caso de que continúen las agresiones contra las personas LGTB al ritmo en el que lo están haciendo “corremos el riesgo de dar una imagen de España muy diferente”. Para Generelo, antes que del Gobierno, “hay que hablar de la iniciativa empresarial LGTB en España, con éxitos notables en territorios como Canarias, Baleares o Cataluña. Unas iniciativas que a veces hasta han ido contra la corriente de la administración”.

También, en buena parte, influye el progresivo aumento de la aceptación social del colectivo LGTB. “Que los poderes públicos sean conscientes de que trabajar a favor de la igualdad y la diversidad es, además de socialmente positivo, económicamente rentable”, concluye Generelo. Veremos si toman nota.

Fuente Dosmanzanas

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Mariano Rajoy y el ministro de Educación José Ignacio Wert

Según CC OO, los recortes han repercutido “mucho más” en estos programas. El ministro de Cultura, Wert bajó el presupuesto no universitario entre 2009 y 2012 un 55,4 %.

Los presupuestos para la atención a la diversidad en la educación se redujeron a la mitad durante entre 2009 y 2012, ya que el Ministerio de Educación invirtió un 51,1% menos a este apartado y, en conjunto, las comunidades autónomas rebajaron sus ayudas en un 8,9 %.

Estas son las principales conclusiones del informe ‘Atención a la diversidad y calidad educativa’, presentado por la Federación de la Enseñanza de CC OO y que se ha fijado especialmente en la educación Secundaria.

La bajada total en atención a la diversidad, fue del 7,8 % “La diversidad está presente de forma natural en los centros educativos porque es inherente a la condición humana”, ha destacado el secretario general de educación de CC OO, Francisco García, que ha denunciado que la crisis y los recortes “han repercutido mucho más en los programas compensatorios y en la equidad“.

Según CC OO, con estadísticas del Ministerio de Educación, el departamento del ministro José Ignacio Wert bajó el presupuesto no universitario entre 2009 y 2012 un 55,4 % y el total invertido en los programas de atención a la diversidad (incluyen la educación para adultos, la compensatoria y los servicios de comedor y actividades extraescolares) descendió un 51,1 % menos. Este sindicato ha comentado que los recortes “empezaron en el curso 2009-10” pero el real decreto de racionalización del gasto público de 2012 y la Lomce “han fijado el marco que respalda estas actuaciones”, y con ello se “ha elevado a un derecho lo que ha venido siendo una política de recortes“

Por comunidades autónomas, en Madrid (-29,3%) y Extremadura (-28,8%) es donde más bajó la inversión a la atención a la diversidad, mientras que subió más en Cantabria (101,3%) y Asturias (85,2%).

El responsable del gabinete de Estudios educativos de CC OO, Miguel Recio, autor del trabajo, ha resaltado las consecuencias de estas reducciones en el gasto educativo, por ejemplo, la pérdida del profesorado de apoyo en Primaria y su disminución en Secundaria.

También ha crecido el alumnado al mismo tiempo que bajaba el profesorado: de 2009 a 2013 los centros públicos de Primaria vieron descender un 1,8 % sus docentes y aumentar un 5 % el alumnado.

Y respecto al ratio profesor-alumno, en los institutos públicos y entre el curso 2009-10 y 2012-13 (último con datos disponibles, según CCOO ) pasó de 23,7 estudiantes por grupo a 24,8.

Menos centros públicos con comedor

Otro dato relevante para Recio es que ha bajado el número de centros públicos con comedor mientras suben en los privados en los citados cursos: de 9.313 a 8.835 (478 comedores menos, un 5,1 %) en los primeros y de 5.899 a 5.916 (17 más) en los segundos.

Esta situación coincide, además, con la reducción de las becas de comedor: de 185.578 miles de euros a 165.988, un 10,6% menos de los fondos destinados a este fin entre 2009-20013; estas becas, financiadas por las autonomías, han subido en Andalucía y bajado en Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Madrid. Para CC OO, en este contexto de recortes “destaca la práctica ausencia de otra medida que no sea la repetición para el alumnado” que intenta acabar la Secundaria.

Ello supone un adelgazamiento en un 20 % del número de estudiantes de cuarto curso de la ESO respecto a los que entraron en primero de la ESO. Esos datos se traducen en 800.000 alumnos que “no llegan ni a tener opciones” para obtener el título de Secundaria, han enfatizado los responsables del estudio. “Con la crisis aumentan los expulsados del sistema educativo en sus tramos obligatorios”, han argumentado.

Como conclusión, Francisco García ha abogado por pedir la derogación de la Lomce, que se “devuelva a la educación lo que es suyo” y que se elabore una ley de financiación para la educación con objetivos claros.

Se ha referido al rumor sobre una posible salida del ministro de Educación, José Ignacio Wert, afirmando que “si se va, se va dejando asolada a la educación de nuestro país”. “Pero también nos preocupa que si se va a la OCDE (algunas informaciones apuntan a que iría de embajador de España en dicho organismo internacional) ahonde en su discurso de mercantilización y de poner la educación al servicio de la economía y la empleabilidad“.

Fuente Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. CC OO, Diversidad, Educación, Francisco García, José Ignacio Wert, Mariano Rajoy, Miguel Recio, PP, Recortes

General, Homofobia/ Transfobia. Abdelfatah al Sisi, COLEGAS, Derechos Humanos, Egipto, España, Felipe VI, Hermanos Musulmanes, Ignacio Ybáñez, IU, Joan Josep Nuet, José Manuel García-Margallo, Mariano Rajoy, Paco Ramírez, PSOE

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha anunciado que los cientos de miles de inmigrantes sin papeles a los que el gobierno de Mariano Rajoy dejó sin cobertura sanitaria en 2012 podrán acudir ahora a los centros de Atención Primaria. El anuncio supone sin duda una mejora respecto a la situación vivida estos últimos tres años, aunque a falta de conocer la letra pequeña del cambio no puede hablarse ni mucho menos del retorno de la sanidad universal, derecho que hace solo unas pocas semanas la gran mayoría de los partidos españoles, salvo el PP y Ciudadanos, prometían recuperar en la próxima legislatura. El anuncio ha sido interpretado como una medida dirigida a “suavizar” la imagen de un PP tocado tras las elecciones andaluzas, e incluso a dejar en evidencia a Ciudadanos, la formación de centro-derecha que amenaza en estos momentos con llevarse una parte significativa de su electorado.

Gracias al Real Decreto 16/2012, una de las medidas de más graves consecuencias sociales del gobierno de Rajoy, han quedado fuera de la atención sanitaria (con la excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) colectivos como los inmigrantes “sin papeles” o los ciudadanos que aun siendo españoles se han visto obligados a emigrar y llevan trabajando más de 90 días en el extranjero. Un retroceso social que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos. Ya hace más de año y medio que Médicos del Mundo recopiló, de hecho, 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre del año 2012.

El impacto negativo del Real Decreto 16/2012 ha sido también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que hace pocos meses publicaba un estudio que muestra como hasta el 37% de los especialistas en VIH han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresó que los pacientes no fueron atendidos ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley. “Lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida“, concluía el estudio, según el cual al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado “el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012″ de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.

Una medida, en suma, de la que el propio gobierno es incapaz de cuantificar si ha supuesto algún ahorro, y que ahora el ministro Alonso considera que debe revertirse por “cuestiones de salud pública”, porque es “más práctico” y para no “saturar las urgencias”. Eso sí, para no enmendar de plano a su predecesora Ana Mato, la medida no supone la vuelta a la situación previa. Los “sin papeles” podrán ser atendidos por el sistema de Atención Primaria, pero no recuperarán la tarjeta sanitaria -con lo que en principio no podrán acceder a la cofinanciación pública de los medicamentos que necesiten- y todo apunta a que no tendrán acceso a la atención especializada. En lugar de la tarjeta sanitaria se les facilitará un documento que no tendrá validez fuera de la comunidad de residencia y que tendrá una validez de un año, aunque se podrá renovar.

En definitiva, un asistencia sanitaria de segunda, más parecida a un sistema básico de beneficencia, y que tal y como se adivina en este momento -faltan conocer muchos detalles- sigue sin dar solución a muchos de los problemas básicos de salud pública que la exclusión sanitaria genera.

Para Médicos del Mundo, una ONG que se ha batido duramente el cobre para conseguir la derogación del Real Decreto 16/2012, el anuncio “no parece que vaya a cambiar de manera importante la realidad para aquellas personas afectadas y excluidas de la Sanidad desde hace 3 años”. “Cambiar algo para no cambiar nada”, titula en su web la noticia.

“Esta medida no significa, en ningún caso, la restitución del modelo universal de nuestro sistema sanitario y que en ningún caso devuelve el derecho que se elimina con el RD 16/2012; esta medida es muy insuficiente e incompleta y solo demuestra que la decisión que se tomó de retirar el derecho a la asistencia sanitaria a las personas en situación irregular fue un error con consecuencias graves para la salud pública, sin fundamento, que no ha aportado a la sostenibilidad que pretendía y sí ha provocado sufrimiento, confusión e exclusión”, añade.

La noticia supone una mejora de la que nos felicitamos, pero no deja de ser preocupante que no tenga como objetivo otra cosa que “suavizar” la imagen de un PP asustado por su declive electoral, operación de la que Alfonso Alonso parece ser una de las piezas clave al tener como cometido hacer olvidar la infausta gestión de su predecesora, Ana Mato. Otro objetivo habría sido dejar en evidencia a Ciudadanos, que se opone expresamente a reconocer a los inmigrantes “sin papeles” la cobertura sanitaria regular, tal y como su líder, Albert Rivera, ya dejó muy claro en una entrevista concedida hace pocas semanas en La Sexta: “Ciudadanos está con la sanidad universal para quienes tienen permiso de trabajo o de residencia”.

Una medida que parece que se debe más a razones electoralistas (Ciudadanos compite directamente con el PP por el voto de centro-derecha) que a criterios de salud pública, en definitiva. Bienvenida sea en todo caso, a la espera de lo que suceda tras las elecciones generales.

General Albert Rivera, Alfonso Alonso, Alpha Pam, Ana Mato, Ciudadanos, Discriminación, España, La Sexta, Mariano Rajoy, Médicos del Mundo, Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, PP

Asistentes al acto de la Declaración por la Universalidad del Derecho a la Salud.

El fin de la asistencia sanitaria universal ha sido una de las medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy de más graves consecuencias sociales y, para quienes nos confesamos cristianos, de las más alejadas al Evangelio que dicen seguir… A lo largo de estos últimos tres años han quedado fuera de la atención sanitaria (con la supuesta excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) colectivos como los inmigrantes “sin papeles” o los ciudadanos que aun siendo españoles se hayan visto obligados a emigrar y lleven trabajando más de 90 días en el extranjero. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los partidos políticos españoles se ha comprometido a poner fin a esta situación en cuanto sea posible. Solo PP y Ciudadanos se han negado a sumarse. 

El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue el escenario de la presentación de la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, mediante la cual doce partidos partidos políticos garantizan su intención de restituir la cobertura sanitaria a todas las personas que residen en el territorio español y de incluir en sus programas electorales medidas reales que contrarresten los efectos negativos del Real Decreto-Ley 16/2012 y su desigual aplicación.

Amaiur, Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria, Compromís, Convergencia i Unió, Equo, Esquerra Republicana de Catalunya, Geroa Bai, Izquierda Unida, Nueva Canarias, Partido Nacionalista Vasco, Podemos, PSOE y UPyD han secundado la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, promovida por la ONG Médicos del Mundo (y que puedes descargar aquí), por la cual se comprometen a incluir en sus programas electorales la necesidad de restituir la asistencia sanitaria universal, a la que puso fin el Real Decreto 16/2012. Un retroceso social que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos.

Todos los líderes políticos presentes coinciden en señalar el cambio estructural de modelo sanitario que ha supuesto el RDL 16/2012 al crear la figura de “asegurado” y “beneficiario” de la tarjeta sanitaria, y que excluye directamente a las personas más vulnerables. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha afirmado incluso que su partido derogará el Real Decreto-Ley si gana las elecciones. Por su parte, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha recordado que el rechazo al Real Decreto ha contado, desde su adopción, con la oposición de amplios sectores sociales, mientras que UPyD, representado hoy por Toni Cantó, recordó el compromiso de su partido por restituir la sanidad pública a españoles y extranjeros residentes; y Rafael Mayoral, de Podemos, se comprometió a acabar con el apartheid sanitario.

Amnistía Internacional, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y la Red de Mujeres Latinoamericanas también criticaron la falta de cobertura sanitaria en los colectivos afectados en representación de las 50 organizaciones sociales que han impulsado y/o apoyan esta campaña.

Hace más de año y medio que Médicos del Mundo recopiló, de hecho, 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Hoy son con seguridad varios centenares más. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre del año 2012.

El impacto negativo del Real Decreto 16/2012 ha sido también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que hace pocos meses ha publicado un estudio en la revista Microbiología Clínica (que puedes descargar en PDF pinchando aquí) basado en una encuesta realizada a médicos especialistas que atienden a personas con VIH/sida y a ONG que trabajan con ellas. El estudio muestra como hasta el 37% de los especialistas en VIH encuestados han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresa que los pacientes no fueron atendidos “ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley”.

“Aunque en algunos casos se han puesto medidas para paliar esta situación, lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida“, expresa el estudio. En los casos de interrupción del seguimiento o del tratamiento antirretroviral, los motivos referidos por los encuestados fueron: imposibilidad de citar a los pacientes (34% de los casos), no dispensación de medicación por parte del hospital (19%), exigencia de pago (15%) y otros, como problemas con el seguro privado, no disponer o haber perdido la tarjeta sanitaria, miedo del paciente a volver por si le hacían pagar la medicación o dificultad de acceso por problemas económicos. Solo el 26% de los encuestados refirieron que en sus hospitales se habían puesto en marcha medidas extraordinarias para atender a toda esta población.

Según el estudio, al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial y terapéutica en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado “el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012″ de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.

PP y Ciudadanos, en contra

Solo dos de las fuerzas políticas más importantes del país se han negado a sumarse al compromiso. La postura del PP es bien conocida. Por lo que se refiere a Ciudadanos, su líder, Albert Rivera, ya dejó claro en la entrevista concedida hace pocas semanas a la periodista Ana Pastor en La Sexta su oposición a que los “sin papeles” tengan acceso a la sanidad regular.

General Albert Rivera, Alpha Pam, Amaiur, Ana Pastor, BNG, CiU, Ciudadanos, Coalición Canaria, Compromís, Discriminación, Equo, ERC, España, Gaspar Llamazares, Geroa Bai, Gesida, Inmigración, IU, La Sexta, Mariano Rajoy, Médicos del Mundo, Microbiología Clínica, Nueva Canarias, Pedro Sánchez, PNV, Podemos, PP, PSOE, Rafael Mayoral, SEIMC, Toni Cantó, UPyD, VIH

Traemos de nuevo al obispo de Amberes del que ya hemos hablado ayer para poder comparar las declaraciones de corte tan distinto en Bélgica y España y que ponen de manifiesto las diferentes sensibilidades de la jerarquía católica en materia LGTB. Mientras que el obispo de Amberes pide en una entrevista que la Iglesia reconozca las parejas del mismo sexo, los obispos de Alcalá de Henares y Valencia vuelve a cargar contra las personas LGTB en sus pastorales.

El obispo de Amberes, Johan Bonny, ha abogado porque la Iglesia católica reconozca las parejas del mismo sexo. Ha sido en una entrevista publicada en el periódico flamenco De Morgen. En palabras suyas: “Debemos buscar en el seno de la Iglesia un reconocimiento formal de la relación que también está presente en numerosas parejas bisexuales y homosexuales. Al igual que en la sociedad existe una diversidad de marcos jurídicos para las parejas, debería también haber una diversidad de formas de reconocimiento en el seno de la Iglesia“. Bonny ha afirmado también que “la ética cristiana defiende las relaciones duraderas en las que la exclusividad, la lealtad y el cuidado son centrales“. El obispo de Amberes no ha especificado si en su opinión este “reconocimiento formal” debería tener o no carácter litúrgico y, en su caso, de qué tipo sería. Parece muy poco probable, en todo caso, que abogue por el matrimonio sacramental, pero el avance que suponen estas palabras es indudable.

No es la primera vez que el obispo de Amberes se hace notar por su actitud aperturista. Como recogimos en esta página, en septiembre pasado, y antes del inicio del Sínodo extraordinario sobre la Familia, Bonny había pedido un lenguaje más matizado sobre realidades tenidas por “irregulares”, entre ellas la homosexualidad. En esta ocasión ha dado un paso más al reclamar un reconocimiento formal. Además, si en septiembre pasado habló ante el inicio del Sínodo, en esta ocasión resulta plausible pensar que tiene en mente la celebración de la segunda parte del mismo. No en vano, como hemos informado, ya se ha lanzado un nuevo cuestionario de preparación de esta segunda parte que aborda de nuevo la realidad LGTB, aunque de una forma tangencial y desde luego con mucha menos audacia que Bonny.

Se da además la circunstancia de que Johan Bonny cuenta con muchas probabilidades de convertirse en el próximo presidente de la Conferencia Episcopal de Bélgica. Sustituiría precisamente a André-Joseph Léonard, fuertemente conservador y que ha protagonizado polémicas muy notorias. Destaca en especial su afirmación de que el sida era una especie de “justicia inmanente”.

Mientras, Reig Pla sigue con su discurso homófobo

El cambio de tono (al menos aparente) sobre la realidad LGTB que el pontificado de Francisco está suponiendo encuentra sin embargo más resistencias en España. Esta misma semana hemos conocido unas nuevas declaraciones del obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, en la que insiste por enésima vez en su línea de considerar la homosexualidad y la transexualidad patologías y prevenir contra supuestos intereses oscuros que estarían actuando detrás del activismo LGTB y sus apoyos institucionales.

Con ocasión de la fiesta de San Esteban, el 26 de diciembre, Reig Pla ha escrito una pastoral en la que acusa a Mariano Rajoy, de renunciar a la reforma del aborto “por un un plato de lentejas” en Naciones Unidas (se refiere a la reciente elección de España como miembro no permanente del Consejo de Seguridad). En palabras suyas: “Para entender bien la decisión del Presidente del Gobierno no es suficiente recurrir a análisis electoralistas. Con todo respeto a su persona, hay que decir que una decisión tan grave responde a otras exigencias como nos muestra el documento ‘Prioridades de España en Naciones Unidas. 69º Periodo de Sesiones de la Asamblea Plenaria’“. ¿Cuáles son esas exigencias, según Reig Pla? Para él, está claro: citando partes del mencionado documento señala que las exigencias que habría planteado Naciones Unidas a España habrían sido “promover” el aborto y los intereses del “lobby LGTBIQ”.

En concreto, a Reig Pla molesta la frase “Continuaremos promoviendo el pleno disfrute y ejercicio de derechos por parte de personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) y la eliminación de todas las formas de discriminación”. Nos permitimos reproducir extensamente sus propias palabras:

“(…) También aquí, condenamos, con toda contundencia, cualquier tipo de violencia contra las personas y toda discriminación injusta; con toda la Iglesia queremos continuar prestando ayuda a todos, con verdaderas entrañas de misericordia, sin juzgar a las personas (Cf. Papa Francisco, 28-7-2013). Pero ¿qué significa en realidad ‘pleno disfrute y ejercicio de derechos por parte de personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) y la eliminación de todas las formas de discriminación’? La respuesta es: promoción universal de la llamada ‘ideología de género’ y de las teorías queer, así como de su particular interpretación del concepto de ‘empoderamiento LGBTIQ’; derechos sexuales de los menores, así llamados, LGBTIQ, tal y como se definen por la IPPF y por la WAS; derecho desde los 0 años a ‘explorar’ la identidad sexual; derecho a partir de los 4 años a recibir información sobre las ‘relaciones del mismo sexo’; derechos de los menores a su propia ‘orientación de género’ (LGBTIQ); en el caso de los menores de edad con ‘deseo de cambiar de sexo’ (DCS), ‘derecho’ a que se les administren, cuanto antes, hormonas del sexo contrario y, en su caso, derecho -incluso siendo menores de edad- a la cirugía de reasignación aparente de sexo; matrimonio entre personas del mismo sexo; derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar niños; ‘despatologización -vía legislativa- de la así llamada transexualidad’, con promoción de nuevas leyes llamadas de ‘no discriminación’ y de ‘reconocimiento de derechos a las personas con deseo de cambiar de sexo’; derecho a la ‘no discriminación e igualdad de trato’ que implica situar fuera de la ley a quienes, como la Iglesia, afirmen que la particular inclinación de la persona con atracción sexual hacia el mismo sexo, ‘debe ser considerada como objetivamente desordenada’ (Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, n. 3) o que ‘los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados’ (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2357); impedir, y penalizar legalmente, que profesionales de la psiquiatría o la psicología puedan ayudar a personas con atracción sexual hacia el mismo sexo (AMS) o con deseo de cambiar de sexo (DCS), que libremente lo soliciten; sustraer a los padres de los menores la patria potestad en todo lo que se refiere a la sexualidad de sus hijos con AMS o DCS; educación sexual obligatoria (teoría y práctica) a menores, según los criterios LGBTIQ, incluso contra la voluntad expresa de los padres; disminuir la edad legal de consentimiento para tener relaciones ‘sexuales’ entre personas del mismo sexo (en España, también aquí, la edad legal de consentimiento está ya en los 13 años); imponer, por ley, a las empresas e instituciones, la contratación de un porcentaje de trabajadores llamados LGBTIQ; inversión de la carga de la prueba cuando se producen denuncias por presuntas discriminaciones a personas llamadas LGBTIQ; promoción de la sexualidad ‘intergeneracional’ LGBTIQ; etc. (…)”

Merece además destacarse el hecho de que en su pastoral el obispo de Alcalá se adhiere explícitamente a una corriente según la cual habría una acción concertada a nivel internacional con el objetivo de imponer un “Nuevo Orden Mundial”. Reig Pla insiste también en renombrar los diferentes aspectos de la realidad: habla de las personas “llamadas” LGTBIQ, a la homosexualidad la denomina “atracción por el mismo sexo” y a la transexualidad “deseo de cambiar de sexo”, con sus correspondientes abreviaturas (“AMS” y “DCS”). El objetivo es claro: oponerse mediante el lenguaje a que la realidad LGTB forme parte esencial de las personas, y devolverla al terreno de la patología.

También llama la atención la forma en la que Reig Pla introduce las ya célebres palabras del papa Francisco sobre la homosexualidad: “¿quién soy yo para juzgar?”. Y es que pocos obispos aparecen hoy día más lejanos de los cambios formales y de cuño pastoral del nuevo papa que el de Alcalá.

Y el “pequeño” Cañizares, en la misa conclusiva del Día de la Familia, con la catedral de Valencia llena insta a “defender el matrimonio único e indisoluble entre un hombre y una mujer”, a pesar de políticas “irresponsables y suicidas, producto de las ideologías dominantes”. Lo de siempre… para defender “su visión familiar”, la suya,  menospreciar al resto de familias…

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha exhortado ayer a las familias a “promover y defender el matrimonio único e indivisible entre un hombre y una mujer” y recobrar la confianza en sí mismas como “grandísima esperanza para el futuro” a pesar de políticas “irresponsables y suicidas, producto de las ideologías y cultura dominantes” que no ayudan a la familia “sino que la distorsionan”.

Ante miles de personas que llenaban la Catedral de Valencia, en la misa conclusiva del Día de la Familia convocado en la diócesis, y rodeado de cientos de niños en torno al altar mayor, el cardenal Cañizares ha insistido que “la familia constituye un bien precioso, en la familia basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer se basa también el futuro” y por ello, el matrimonio y la familia “requieren ser promovidos y defendidos no sólo por el Estado sino por toda la sociedad”.

Sin embargo “los estados incumplen con su responsabilidad de servicio al bien común cuando legislan contra la familia, y actúan irresponsablemente cuando desprotegen al matrimonio porque es ahí, en la familia, donde el ser humano encuentra su verdad”, según ha lamentado el purpurado, quien ha advertido que “la familia se ve hoy desnaturalizada por políticas y leyes que quiebran no sólo la voz de Dios sino el orden de la naturaleza“.

El cardenal Cañizares ha manifestado, además, que “el matrimonio único e indisoluble entre un hombre y una mujer, indudablemente no está de moda; todo el mundo se pliega a la dictadura de la moda, y lo que está de moda es tachar de conservador, atrasado e inmovilista el pensamiento de la Iglesia sobre la familia y el matrimonio, el verdadero y único entre un hombre y una mujer a imagen y semejanza de su creador”. Esta dictadura de la moda, ha advertido, “ejerce un terror sobre las conciencias y las esclaviza”.

“El único espacio que queda de humanización”

Ante esta situación, el cardenal Cañizares ha defendido que “la familia, basada en el matrimonio estable entre un hombre y una mujer, abierto a la vida recibida como don de Dios es el único espacio que queda de humanización y el único espacio en el que el hombre puede formarse como tal”. De tal modo, que “mientras perviva la familia pervivirá el hombre sobre la tierra, porque en la familia está el futuro del hombre”, ha asegurado el arzobispo de Valencia. Por el contrario, “todo lo que sea desvirtuar la familia es poner en peligro este futuro”.

En otro momento de su homilía, el cardenal Antonio Cañizares ha señalado que “frente a supuestos modelos de familia alternativos que hoy se proponen, la Iglesia invita a las familias cristianas a ser signo luminoso del evangelio a vivir con gozo y alegría su condición de hombre y mujer, esposo y esposa, padre y madre, creadores de una nueva cultura familiar centrada en Cristo“.

De hecho, el cardenal Cañizares ha expresado también que “por el desarrollo equilibrado y sano de la personalidad, todo ser humano necesita desde el principio de su vida la confianza básica que sólo puede darle el clima afectivo de la familia, del padre y de la madre”.

“Mostrar con gozo y esperanza la realidad de la familia”

En suma, las familias “necesitan recobrar confianza en sí mismas” ante la “cultura e ideologías dominantes que, a través de medios de comunicación, moldean comportamientos y sensibilidades contrarias al modelo de familia”, ha precisado el purpurado, que ha llamado finalmente a “mostrar con todo gozo y esperanza que la familia es una comunidad de amor, de solidaridad abierta y que en ella está, sin duda, el futuro”.

Al término de la misa, los niños que estaban sentado alrededor del altar se han acercado a saludar al Cardenal al igual que numerosas familias. En la eucaristía han concelebrado el obispo emérito de Mondoñedo-ferrol, monseñor José Gea Escolano y decenas de sacerdotes de las diferentes vicarías. Previamente a la eucaristía, el cardenal Antonio Cañizares ha presidido también en la Plaza de la Virgen ante centenares de familias el rezo del Rosario en el que los niños han leído los correspondientes misterios.

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Enda Kenny, en el cargo de taoiseach o primer ministro de Irlanda, ha hecho historia con un pequeño gesto: acudir a un bar de ambiente para tomar una copa. Kenny pertenece al partido conservador Fine Gael (Familia de los Irlandeses), de inspiración democristiana e integrado en el Partido Popular Europeo. El pasado martes por la noche, el cabeza de gobierno irlandés se presentó a la reunión prenavideña del grupo LGTB de su propia formación política. El acto tuvo lugar en el local Pantibar, ubicado en la calle Capel de Dublín. Además, este hecho cobra especial relevancia teniendo en cuenta que en mayo de 2015 se celebrará un referéndum para decidir sobre la legalización del matrimonio igualitario.

¿Alguien se imagina a Mariano Rajoy o a José María Aznar en un bar LGTB de España? Aunque sea anecdótica, la aparición del primer ministro irlandés en un pub de ambiente de Dublín es histórica por ser la primera y por la cercanía del referéndum que, de resultar favorable, supondrá la aprobación del matrimonio igualitario.

La asistencia de Enda Kenny al encuentro prenavideño del grupo LGTB de Fine Gael, el partido al que pertenece y que apoya al Gobierno, ha sido considerada por algunos como electoralista u oportunista. Sin embargo, desde el local publicaban un post en Facebook en el que aseguraban que la presencia por vez primer de un taoiseach “demuestra cuánto han cambiado los tiempos”. Asimismo, señalaban que “si Michael Martin, o Joan Burton, o Gerry Adams o cualquier otro representante electo viene le serviremos también. Eso es lo que hacemos en los bares públicos”.

Por otra parte, cabe señalar que, a pesar de que la formación Fine Gael es de tinte conservador y forma parte del Partido Popular Europeo, gobierna en coalición con el Partido Laborista. Kenny prefiere como socios de gobierno a los progresistas que a otras fuerzas de derecha e insiste en remarcar su centralidad política.

La Iglesia católica, un escollo que pierde fuelle

Hasta el momento, las encuestas revelan que una abrumadora mayoría de irlandeses, concretamente un 76 %, es partidaria al matrimonio entre personas del mismo sexo. Incluso rostros conocidos como el actor Colin Farrell han pedido públicamente el voto favorable. Farrell se mostraba indignado de que su propio hermano gay, y el resto de la comunidad LGTB por extensión, no tenga los mismos derechos que las personas heterosexuales: “El hecho de que mi hermano tuviera que abandonar Irlanda para que se cumpliera su sueño de casarse es demencial”.

Sin embargo, eso no significa que el referéndum del próximo mes de mayo de 2015, en el que se votará sobre la legalización del matrimonio igualitario, tenga ya un resultado claro. Una minoría homófoba muy motivada y alentada por la jerarquía católica puede llegar superar a una mayoría que, aunque amplia, no se movilice. Esta misma semana los obispos católicos de Irlanda daban a conocer un documento de 16 páginas en el sintetizan su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y que será distribuido por todo el país (el documento cuenta incluso con una versión en polaco, dado el alto número de residentes de ese origen en Irlanda).

Habrá que ver qué sucede finalmente. Pese a ser un país de fuerte tradición católica, debe tenerse en cuenta que en los últimos años el peso de la Iglesia católica en Irlanda se ha reducido de modo considerable, en buena parte debido al conocimiento de los abusos cometidos durante décadas sobre niños y adolescentes. Un proceso que ha debilitado su capacidad de influencia y que permitió por ejemplo que en 2010 el Parlamento aprobara una ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo por práctica unanimidad de las fuerzas políticas, pese a la declarada oposición de la iglesia católica.

Pero ello no significó que la lucha a favor del matrimonio igualitario se detuviera, y de hecho las muestras de apoyo han ido acumulándose durante todo este tiempo. Al margen de las ya mencionadas, una muy relevante que recogimos en su momento fue el respaldo de la corporación municipal de Dublín por una mayoría de 38 votos a favor frente a solo cuatro en contra. Y la expresidenta Mary McAleese, una figura especialmente respetada en el país, se pronunciaba hace dos años a favor.

Fuente Dosmanzanas

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Un interesante reportaje que publica Dosmanzanas:

El 1 de diciembre se celebra el Día Internacional de Acción contra el Sida, desde el año 1988. Diversas ciudades de nuestra geografía como Madrid, Barcelona o Valencia, entre otras, han celebrado actos de conmemoración y reivindicación, así como actividades de cara a la visibilización, la prevención y la detección del VIH. Dosmanzanas estuvo ayer en el encuentro anual que tiene lugar cada año en la Puerta de Alcalá de Madrid, donde se leyó un manifiesto en el que se criticaron los recortes del Gobierno en materia de VIH y se exigieron “medidas contundentes para evitar el rechazo y discriminación de personas con VIH tanto en el ámbito público como en el privado”.

Hace solo unos días, tras la dimisión de Ana Mato como ministra de Sanidad, publicábamos un post en el que la Alianza de Plataformas de VIH y Sida denunciaba precisamente que “el Plan Nacional sobre el Sida ha dejado de ejercer su papel de liderazgo estatal que tenía antes de su reestructuración en 2012, cuando perdió peso político dentro del organigrama del Ministerio de Sanidad”. Esta perspectiva es mayoritaria, por no decir unánime, entre organizaciones LGTB y representantes de la oposición. Dosmanzanas ha tenido la oportunidad de pulsar la opinión de algunos rostros del activismo en España como Pedro Zerolo, Carla Antonelli o Esperanza Montero y todos coincidieron en su crítica a los recortes y a la escasa atención que el Gobierno de Mariano Rajoy destina al VIH y a las personas que viven con él. Así se recoge en el reportaje que hemos realizado:

Esperanza Montero, presidenta de COGAM (colectivo LGTB de Madrid), fue una de las encargadas de la lectura del manifiesto que se leyó en la Puerta de Alcalá de Madrid, iluminada en esta ocasión de color rojo. Un gran lazo rojo, elaborado de centenares de pequeños lacitos donados por ciudadanos, presidió el acto, en memoria de las personas que nos han dejado como consecuencia del VIH-sida. “La devolución del ejercicio de los derechos y las prestaciones sanitarias asociadas, que el Gobierno Central retiró a todas las personas que tienen una situación administrativa irregular”, así como la eliminación de estigmas fueron algunos de los puntos que reclamaba el manifiesto.

La siguiente galería capta algunos de los momentos del acto celebrado el domingo por la noche en Madrid:

Acabar con la serofobia

En una encuesta elaborada por la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) sobre experiencias de discriminación de las personas LGTB con VIH, se refiere que “el 65% de los gais y bisexuales con VIH temieron en los últimos 12 meses ser objeto de chismes y el 42% y el 27%, respectivamente, temió sufrir agresiones verbales o físicas a causa de su infección por VIH”. Asimismo, según explica la propia organización, “uno de cada ocho encuestados recibió insultos”.

Cabe destacar que algunos famosos se han sumado con sus mensajes a la celebración del Día Internacional de Acción contra el Sida. El futbolista Iker Casillas ha publicado un tuit en el que demandaba que “unamos esfuerzos contra la enfermedad y contra el estigma”. Por su parte, el jugador de baloncesto Pau Gasol animaba en su cuenta de Twitter a que “Sigamos luchando para erradicar el #Sida #DiaMundialDeLaLuchaContraVIH . Para una generación libre de este virus! #AIDSfree”. También es remarcable la colocación de un lazo rojo, junto a la mosca de la cadena, que colocó ayer Divinity (del grupo Mediaset).

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Ana Mato, ministra de Sanidad del gobierno de Mariano Rajoy, ha presentado su dimisión por un escándalo de corrupción protagonizado por su exmarido, del cual la justicia la considera (a la espera de que se celebre el juicio) “partícipe a título lucrativo”. Pero con independencia de las causas que han llevado a Mato a dimitir o de su manifiesta ineptitud para gestionar crisis sanitarias (como la recientemente vivida como consecuencia del primer caso de infección por virus del ébola en suelo español) se trata de una buena noticia, también en clave LGTB. Desaparece de la escena política española, esperamos que para siempre, uno de sus personajes más ruines, responsable directa del infame Real Decreto Ley 16/2012, que puso fin a la universalidad de la asistencia sanitaria pública en España, así como del recorte lesbófobo de las prestaciones en reproducción asistida o del deterioro de la respuesta gubernamental al VIH.

Casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias a servicio de urgencias por haber perdido su derecho a la asistencia sanitaria regular, y finalmente fallecido a consecuencia de una tuberculosis que en condiciones normales podría haberse curado con un tratamiento antibiótico, quedarán como símbolo de este desgraciado periodo. Hace ya más de un año que Médicos del Mundo recopiló 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Hoy día son con seguridad varios centenares más. Médicos del Mundo denunciaba que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre de 2012. La mayoría, correspondientes a personas que llevaban años viviendo y trabajando en España, que habían formado aquí su familia, y que tras todo ese tiempo de contribuir económicamente a los presupuestos del Estado habían perdido uno de los derechos más básicos, el de la salud.

Entre la herencia recibida de Ana Mato también debe destacarse la exclusión de las parejas de mujeres y de las mujeres solas, lesbianas o no, del derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública. La Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida permitía el acceso de todas las mujeres a estas técnicas. Sin embargo, la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (es decir, la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública) limita la cobertura pública de la reproducción humana asistida a aquellas situaciones en las que haya “un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud”. Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas es lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de lesbianas o de mujeres solteras, lesbianas o heterosexuales, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación). Bajo el mandato de Ana Mato, sin embargo, el Ministerio de Sanidad decidió dar otra vuelta de tuerca e impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. Conviene recordar que en su momento la ministra Ana Mato llegó a afirmar que “la falta de varón no es un problema médico”.

Y qué no decir de las políticas frente al VIH. A pocos días de que se conmemore un año más el Día Mundial del Sida, y antes de que se conociera la noticia de la dimisión de Mato, la Alianza de Plataformas de VIH y Sida denunciaba precisamente el abandono del gobierno en este terreno. “Esta falta de voluntad política y liderazgo pone en peligro los avances alcanzados durante los últimos 30 años”, expresa el comunicado. “A juicio de la Alianza, el Plan Nacional sobre el Sida ha dejado de ejercer su papel de liderazgo estatal que tenía antes de su reestructuración en 2012, cuando perdió peso político dentro del organigrama del Ministerio de Sanidad (…), sufriendo una descapitalización económica y humana, y paralizando numerosas estrategias e intervenciones de educación, investigación, prevención, vigilancia epidemiológica y atención sanitaria”, prosigue. “El actual gobierno no solo impide que los cauces de participación sean fluidos, tampoco tiene en cuenta las propuestas de las organizaciones como demuestra la reciente publicación del ‘Plan Estratégico de prevención y control de VIH y otras ITS 2013-2016′, tras dos años de retraso y en el que el Ministerio se ha negado a incorporar la visión de las ONG y sus propuestas más esenciales”, añade.

La Alianza de Plataformas del VIH y el sida del Estado Español exige al gobierno español y al Ministerio de Sanidad que se dote de los recursos económicos y personales adecuados al Plan Nacional sobre el Sida y que la participación de la sociedad civil en las políticas relacionadas con el VIH “se defina de acuerdo a las recomendaciones internacionales que señalan esta colaboración como prioritaria”. Esperemos que la dimisión de Ana Mato y el nombramiento de un nuevo sucesor o sucesora conlleve un cambio, también en este sentido.

Podríamos hablar de muchas otras medidas adoptadas por Ana Mato y que han afectado precisamente a los colectivos sociales más vulnerables, como el copago farmacéutico o la degradación del sistema de atención a las personas en situación de dependencia. Razones no faltan para felicitarse por la retirada de este oscuro personaje. Ojalá no tengamos que volver a sufrirla como responsable política.

Fuente Dosmanzanas

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Como ya hiciera en junio (poco después de la proclamación de Felipe de Borbón como nuevo rey) y en agosto (con motivo de la recepción a representantes de la sociedad balear en Palma de Mallorca), la Casa Real ha vuelto a incluir a organizaciones LGTB entre los invitados a un acto protocolario, en este caso la recepción en el Palacio Real con motivo del 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. Una invitación que parece confirmar la normalidad con la que la actual jefatura del Estado contempla la realidad LGTB, que contrasta con la actitud rancia de los anteriores monarcas. Boti García Rodrigo, presidenta de la FELGTB, aprovechó por cierto el evento para abordar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Según ha expresado en un comunicado la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, “la presencia en el acto, que supone una oportunidad de visibilidad y reconocimiento a la labor de la FELGTB, fue aprovechada por su presidenta para llegar al presidente del Gobierno y trasladarle la urgente necesidad de que se atiendan las necesidades de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales en el camino a la igualdad real”. Boti García Rodrigo reiteró a Rajoy que “o bien él como presidente o bien la vicepresidenta, a la que la FELGTB ha mandado dos cartas sin respuesta”, deben recibir a la FELGTB para abordar las tareas pendientes en la lucha contra la LGTBfobia.

“He traslado al presidente del Gobierno que la importante visibilidad que supone mi asistencia a una recepción oficial de la Casa Real es insuficiente si no viene acompañada de medidas concretas de trabajo por parte del Gobierno, que es quien debe abordar la lucha contra la discriminación por motivo de orientación sexual o identidad de género”, ha declarado Boti.

También la confederación COLEGAS fue invitada al evento. “Es muy satisfactorio que la comunidad LGBT y sus derechos empiecen a ser parte de la agenda diaria de los nuevos reyes, ya que nuestras principales reivindicaciones habían sido ignoradas hasta ahora por la Monarquía, y nunca habían realizado un acercamiento directo o hecho declaraciones sobre nuestros temas y problemas”, expresaba su presidente, Paco Ramírez. “Desde COLEGAS esperamos que esto sólo sea el inicio de un compromiso más serio por parte de la Monarquía hacia el respeto y reconocimiento de la diversidad sexual de España, conocido a nivel internacional como uno de los más avanzados socialmente”, añadía Ramírez, según el cual “la comunidad LGBT necesita de los nuevos reyes un mayor compromiso, y un gesto o guiño directo hacia nuestras preocupaciones”.

Marcando distancias con sus antecesores

Como cuenta Dosmanzanas con quien estamos de acuerdo, todo apunta a que detrás de esta mayor sensibilidad de los nuevos reyes se encuentra Letizia Ortiz, de la que ya como princesa se conocían alusiones positivas a la realidad LGTB. En diciembre del año pasado aprovechó un discurso para hacer una mención a La vida de Adèle, película de temática lésbica, y en 2011, durante una visita a Chile, mantuvo una conversación con el escritor Pablo Simonetti en la que comentó que en España el matrimonio era “para todos” y que se trataba de algo ya “arraigado”. Palabras que generaron polémica en círculos conservadores y llevaron a la Casa Real a emitir un comunicado que afirmaba que Letizia Ortiz se había limitado a “exponer la legislación vigente en esta materia en España”.

Nada que ver con las declaraciones de su suegra, la reina Sofía, que en un vergonzoso alarde de homofobia manifestaba hace años, entrevistada por Pilar Urbano, su posición contraria al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la celebración del Orgullo LGTB (dato curioso si se tiene en cuenta que su propio padre, Pablo I de Grecia, mantuvo relaciones homosexuales en su juventud).

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¿Hasta ahora era el PP quien representaba el supuesto voto católico? A este paso sólo les va a quedar la Falange y toda esa caterva de grupúsculos de extrema derecha… Por cierto, si él puede decir a sus diocesanos que no voten a tal o cual partido, ¿podrán decirle sus diocesanos que  les resbalan sus palabras?… Y a las pruebas nos remitimos…

El Obispo de San Sebastián pide a los católicos que no voten al partido popular

“Un católico no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados“

Munilla: “Muchos se irán del PP tras retirar la reforma del aborto”

Lamenta la “deriva” del PP, que ha asumido “la aberración de considerar al aborto como un derecho humano”

El obispo de Donostia-San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha cargado contra el PP tras haber decidido retirar la reforma de la Ley del Aborto y ha asegurado que “muchos se darán de baja”, al igual que “un número significativo de militantes del Partido Nacionalista Vasco se dieron de baja en su militancia política, cuando su partido asumió los postulados abortistas”.

El Obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha lamentado que el Partido Popular haya asumido “la aberración de considerar al aborto como un derecho humano” y ha advertido de que en el marco parlamentario actual “no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico”.

En una carta publicada en la web de la Diócesis de Guipúzcoa, titulada ‘Voz de los sin voz’, Munilla califica de “decisión política” la retirada por parte del Gobierno central del anteproyecto de ley del aborto y advierte de que tiene unas “implicaciones morales muy graves”, ya que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, “condena a cientos de miles de vidas humanas al más absoluto de los desamparos”.

Tras señalar que cuando lo que está en juego es “el mismo derecho a vivir, no cabe entender que estemos ante una cuestión más”, Munilla critica que “cada día son exterminadas en España más de trescientas vidas humanas a las que se les niega el derecho a vivir“.

“Si bien el Partido Popular había manifestado mientras estaba en la oposición su desacuerdo con la ley abortista de Zapatero, finalmente ha terminado por asumir la aberración de considerar al aborto como un derecho humano“, señala en referencia a la retirada del anteproyecto de ley.

En este sentido, afirma que “desgraciadamente no es la primera vez que se produce una deriva semejante en el Partido Popular” y subraya que “los hechos demuestran que la supuesta ‘izquierda’ es la que termina marcando el camino a la supuesta ‘derecha'” y cada vez existen menos diferencias ideológicas “reales” entre los partidos políticos, “dado que han asumido todos ellos los valores del neocapitalismo, el relativismo y la ideología de género”.

“La decisión tomada por el presidente de Gobierno reabre de una forma definitiva el debate ya existente desde hace tiempo en el seno de la Iglesia Católica. ¿Qué tipo de presencia deben de tener los católicos en la vida política? ¿Es coherente que los católicos se integren en partidos políticos que acogen en sus programas propuestas diametralmente contrarias a los valores evangélicos? ¿Pueden los católicos votar a partidos políticos que están en esta situación, basándose en el principio del ‘mal menor’?“, se pregunta.

A su juicio, el tiempo ha demostrado que “por el camino del mal menor se termina llegando al mal mayor” y remarca que “la opción del mal menor solo puede ser acogida por un cristiano de forma circunstancial y transitoria, sin caer en la tentación de hacer de ella su santo y seña”.

“De forma similar a como me consta que un número significativo de militantes del PNV se dieron de baja en su militancia política, cuando su partido asumió los postulados abortistas, tampoco me cabe duda de que ahora serán también muchos los que hagan lo propio en el Partido Popular“, considera, para añadir que “hay que optar entre situar la ideología por encima de los valores morales o al revés.

Por todo ello, advierte de que los creyentes tienen un “serio problema” porque en el arco parlamentario actual “no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico”.

“Para decirlo claramente, un católico que aspire a ser fiel a los principios de la Doctrina Social Católica, no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados“, insiste.

Texto íntegro de la carta pastoral de monseñor Munilla

Aborto: Voz de los sin voz

La retirada por parte del Presidente de Gobierno del “Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”, es una decisión política con unas implicaciones morales muy graves, dado que la medida del sr. Rajoy condena a cientos de miles de vidas humanas al más absoluto de los desamparos.

El derecho a la vida no es un derecho más, sino uno anterior a todos los derechos, y sobre el que se sustentan todos los demás. Obviamente, el juicio moral de las políticas desarrolladas por un gobierno no se circunscribe a la tutela de la vida. La experiencia nos dice que unos partidos suelen ser más sensibles hacia determinados valores éticos, mientras que otros lo son hacia otro tipo de valores morales. Pero cuando lo que está en juego es el mismo derecho a vivir, no cabe entender que estemos ante una cuestión más, entre tantas otras. Se trata probablemente del mayor de los dramas morales de nuestra sociedad. Cada día son exterminadas en España más de trescientas vidas humanas, a las que se les niega el más elemental de los derechos: el derecho a vivir. Y esto se hace bajo el amparo de un ley inicua que reconoce el derecho a abortar, es decir, el derecho a matar.

Si bien el Partido Popular había manifestado mientras estaba en la oposición su desacuerdo con la ley abortista de Zapatero (2010), finalmente, ha terminado por asumir la aberración de considerar al aborto como un derecho humano. (Conviene puntualizar que no existe en el mundo otro estado que considere el aborto como un derecho en su legislación). Desgraciadamente, no es la primera vez que se produce una deriva semejante en el Partido Popular. Los hechos demuestran que la supuesta “izquierda” es la que termina marcando el camino a la supuesta “derecha”. Cada vez existen menos diferencias ideológicas reales entre los partidos políticos, dado que han asumido todos ellos los valores del neocapitalismo, el relativismo y la ideología de género. Alguien dijo que el pensamiento políticamente correcto de nuestros días, se caracteriza por ser teóricamente marxista, prácticamente liberal, y psicológicamente freudiano.

La decisión tomada por el Presidente de Gobierno reabre de una forma definitiva el debate ya existente desde hace tiempo en el seno de la Iglesia Católica: ¿Qué tipo de presencia deben de tener los católicos en la vida política? ¿Es coherente que los católicos se integren en partidos políticos que acogen en sus programas propuestas diametralmente contrarias a los valores evangélicos? ¿Pueden los católicos votar a partidos políticos que están en esta situación, basándose en el principio del “mal menor”? El tiempo ha demostrado que por el camino del “mal menor” se termina llegando al “mal mayor”. La opción del “mal menor” solo puede ser acogida por un cristiano de forma circunstancial y transitoria; sin caer en la tentación de hacer de ella su “santo y seña”. Y es que… Jesucristo nos enseñó a apostar por el bien; no por el mal menor.

De forma similar a como me consta que un número significativo de militantes del Partido Nacionalista Vasco se dieron de baja en su militancia política, cuando su partido asumió los postulados abortistas, tampoco me cabe duda de que ahora serán también muchos los que hagan lo propio en el Partido Popular (aunque los aparatos políticos intenten poner sordina a este hecho). Estamos ante un test importante para medir nuestra jerarquía de valores: ¿La ideología por encima de los valores morales? ¿O los valores morales por encima de la ideología? No caben las componendas; hay que optar.

Los creyentes tienen un serio problema: en el arco parlamentario actual no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico. Para decirlo claramente: un católico que aspire a ser fiel a los principios de la Doctrina Social Católica, no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados.

El quehacer de los obispos es la iluminación moral, y no la conformación de alternativas políticas. He aquí uno de los retos específicos más importantes de los seglares en este momento. La vocación de los laicos católicos, a diferencia de los sacerdotes y obispos, es la de hacerse presentes en la vida pública proponiendo alternativas políticas, capaces de encarnar de forma coherente en la vida pública los principios que inspiran la Doctrina Social Católica.

Ni qué decir tiene que aunque estas reflexiones están referidas prioritariamente a los católicos, son también aplicables a los miembros de otras confesiones religiosas, e incluso a no pocos ciudadanos no creyentes que apuestan por la integridad de los valores morales, incluyendo el de la inviolabilidad de la vida humana en el seno materno.

La cuestión es la siguiente: ¿Quién prestará su voz a los que no tienen voz? ¿Quién está dispuesto a defender el derecho a la vida de cientos de miles de inocentes que todavía no pueden hablar por sí mismos? ¿Y quién ofrecerá a las mujeres embarazadas que están en situaciones difíciles una alternativa a esa trampa mortal llamada “derecho a abortar”?

+ José Ignacio Munilla

Obispo de San Sebastián

Fuente Religión Digital

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No tiene enmienda… Sigue con su raca raca…

El portavoz de CiU se muestra contrario a la proposición de ley sobre los derechos de gays y lesbianas que la semana que viene debatirá en el Parlamento de Cataluña.

El líder de Unió cree que fue un error que su partido no presentara en el Parlament una enmienda a la totalidad de la proposición de ley

El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados se muestra contrario a la proposición de ley sobre los colectivos LGTB que la semana que viene se debatirá en el Parlament de Catalunya: cree que la propuesta en defensa de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales que pretende erradicar la homofobia tiene “más de promoción que de no discriminación” de estos colectivos. Califica de “error” que su partido Unió Democràtica de Catalunya (UDC) no haya presentado “una enmienda a la totalidad con un texto alternativo” y asegura que asume “la máxima responsabilidad” por ese fallo.

En su tradicional carta que publica semanalmente en la web de UDC, Duran habla fundamentalmente del proceso soberanista en Catalunya pero cuela su ramalazo homófobo. “Hay que luchar contra la discriminación de toda persona y de su dignidad, pero los datos revelan que hay colectivos mucho más discriminados y que no merecen la atención del legislativo“, escribe el líder UDC. “Esta es una iniciativa que, en mi opinión, necesitaba una enmienda a la totalidad y una ley integral para no discriminar a ningún colectivo, y no sólo el LGTB. La enmienda a la totalidad ya no la podremos hacer, y lo siento. A veces, los complejos y las presiones de colectivos potentes y bien organizados acaban imponiéndose“, ha apostillado.

Duran se queja de que la proposición de ley  y el Observatorio contra la Homofobia incorpore “como actos discriminatorios declaraciones de dirigentes políticos en contra de la adopción por parejas homosexuales”, algo que él criticó y que provocó mucha polémica. Duran ha aseverado que Unió no puede aceptar algunos aspectos de la ley, como la “parte sancionadora” que debería ser “eliminada“, porque ya hay leyes que preven estas acciones y porque, además, puede afectar “injustamente” a personas que, “respetando la dignidad de todo ser humano”, expresen “opiniones que no tienen por qué coincidir con las aspiraciones de los colectivos impulsores de la futura normativa”. Destaca, además, que el número de denuncias por actos homófobos no es tan alto como los que se producen por racismo: “Se creó una fiscalía especial para actuar en los casos de discriminación de los LGTB, y digamos que tuvieron que cerrarla por falta de denuncias“, recuerda el político catalán.

Duran defiende que la Generalitat presente como es la intención del presidente Artur Mas, un proyecto de ley integral para todos los colectivos con riesgo de discriminación, “lo antes posible”, pero para todo el mundo, “a los efectos de que no aparezcan unos colectivos más privilegiados que otros”. “¿Es que tal vez hay una ley que diga que debemos fomentar entidades como SOS Racismo o no sé qué entidad que defienda la dignidad del pueblo gitano?”, se pregunta el portavoz parlamentario de CiU.

Finalmente, Duran se pone la venda antes de la herida y se queja de que esta proposición sea fruto de la presión de los colectivos LGTB: “A veces, los complejos y las presiones de colectivos potentes y bien organizados acaban imponiéndose”. Os dejamos con sus propias palabras:

Ha sido en la carta semanal que el presidente de UDC dirige todas las semanas a los simpatizantes de su partido, supuestamente dirigida a ensalzar a CiU como “la única fuerza que compromete a independentistas y no independentistas en la defensa del derecho a decidir”. Pero lo que pretendía ser un texto que justificara su no independentismo pero su posición favorable a la convocatoria de una consulta sobre el tema en Cataluña acabó convertida básicamente en un compendio de los peores argumentos homófobos y tránsfobos al insistir en el carácter diferencial de Unió respecto a sus socios de Convergencia (hemos resaltado algunas de las frases más abiertamente LGTBfobas):

“(…)

Y hablando de las especificidades de Unió: la próxima semana tendrá lugar el debate de la proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y por la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. Creo que la iniciativa legislativa tiene más de promoción que de no discriminación. También pienso que Unió hubiera debido presentar una enmienda a la totalidad con un texto alternativo y plantear una proposición de ley integral para la igualdad integral y la no discriminación. No lo hicimos, y a mi entender fue un error del que asumo la máxima responsabilidad. Se debe luchar contra la discriminación de toda persona y de su dignidad, pero los datos revelan que hay colectivos mucho más discriminados y que no merecen la atención del legislativo. Por ejemplo, el Obervatorio contra la Homofobia registró 384 actos discriminatorios contra personas incluidas en el objeto de protección de la ley, incorporando como actos discriminatorios declaraciones de dirigentes políticos contra la adopción por parejas homosexuales. En cambio, solo una de las muchas entidades que velan por la no discriminación por motivos de raza, como SOS Racismo, atendió a 443 personas por razón de discriminación. Esto sin olvidar que se ha creado una fiscalía especial para actuar en los casos de discriminación de los LGTB, y digamos que tuvieron que cerrarla por falta de denuncias. Por no decir que hoy hay leyes suficientes que tipifican como delito la actividad discriminatoria contra estos colectivos.

Unió defenderá que el gobierno de la Generalitat presente, tal y como se comprometió el presidente Mas, un proyecto de ley integral cuanto antes mejor, es decir, para todos, a los efectos de que no parezcan unos colectivos más privilegiados que otros. Pero mientras tanto Unió no puede compartir y aceptar algunos de los aspectos de este proyecto de ley. La parte sancionadora debe ser eliminada por completo, por dos razones: porque ya hay leyes que la prevén, y  porque, tal y como están previstas en el proyecto catalán, pueden afectar injustamente a muchas personas que -aunque respetando la dignidad de todo ser humano- expresen opiniones que no tienen por qué coincidir con las aspiraciones de los colectivos impulsores de la futura normativa. La iniciativa invertía la carga de la prueba -ahora esto se ha corregido básicamente- y se cargaba el principio de inocencia. La proposición de ley introduce también contenidos inaceptables para nosotros en el ámbito educativo a partir del respeto al ideario de los centros escolares, como lo hace respecto a la familia, por no hablar de lo que yo llamo ‘chiringuitos’ y que la propuesta define como principio orientador de los poderes públicos: el de ‘establecer medidas de fomento de las entidades que trabajan para hacer efectivos los derechos y la no discriminación de las personas’. ¿Acaso hay una ley que diga que se deben fomentar entidades como SOS Racismo o cualquier entidad que defienda la dignidad del pueblo gitano? En definitiva: esta es una iniciativa que a mi parecer, como ya he dicho, necesitaba una enmienda a la totalidad  y una ley integral para no discriminar a ningún colectivo, y no solo el LGTB. Una enmienda a la totalidad que ya no podremos hacer, y lo siento. A veces, los complejos y las presiones de colectivos potentes y bien organizados acaban imponiéndose (…)”

Con respecto al derecho a decidir en Cataluña, Duran destaca que su partido tiene “un compromiso con el hecho nacional catalán” y se muestra partidario de que Cataluña sea un Estado aunque no precisa si debe ser independiente o no. Y Añade: “CiU es la única fuerza que compromete independentistas y no independentistas en la defensa del derecho a decidir. Y, además, aguanta el país“.

El político catalán también informa de su reunión a principios de semana con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, del que destaca que al menos tenga una propuesta para Catalunya. También hace mención a la polémica de la semana: la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por la retirada de la contrarreforma del aborto. Duran critica al presidente Mariano Rajoy por su falta de coherencia al decir que retira la reforma del aborto por “falta de consenso” y mantener la LOMCE, conocida como Ley Wert, que salió adelante con la oposición de toda la comunidad educativa.

“No sabe Rajoy que la ley Wert provoca el máximo disenso entre la comunidad educativa y las comunidades autónomas, incluidas algunas de gobernadas por el PP? ¿Por qué Rajoy no retira la ley y Wert dimite? Esto sería un doble acto de coherencia“, se pregunta Duran.

Fuente La Vanguardia

Homofobia/ Transfobia. Alberto Ruiz-Gallardón, CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, LOMCE, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, PSOE

En un incendiario comunicado acusa al PP de estar “informado ideológicamente por el feminismo radical” e “infectado” por el lobby LGTB. El polémico Juan Antonio Reig Plá denuncia que Mariano Rajoy miente y actúa con deslealtad e insensatez ante lo que llama el “holocausto silencioso”. Mientras la Conferencia Episcopal Española expresaba su malestar de una forma relativamente contenida, a través de una nota titulada En defensa de los más débiles en la que ni siquiera mencionaba al Gobierno español, el obispo de Alcalá de Henares hacía pública una carta en la que lo atacaba con una fiereza inusitada y daba rienda suelta a su descarnada homofobia y misoginia.

Lo que vemos asombroso es que este señor que presidió una misa entre símbolos fascistas, especialmente ante la bandera de la España franquista,  se permita el lujo de insultar y no haya dicho nada de los pederastas agazapados en los confesionarios, de los parados, de los desahuciados, de las víctimas de esta crisis económica y sólo clame y defienda el derecho a la vida de los no nacidos mientras no se preocupa de la situación de los ya nacidos…  No han pedido perdón por los crímenes de la Inquisición, ni por su connivencia con la dictadura de Franco, ni por las mafias robaniños, ni por las salvajadas de religiosas como las Hijas de la Magdalena… ¿seguimos? y pretenden darnos lecciones de moral… Y ya es el colmo de la cara dura el acusar al partido que presentó el “Recurso de la Vergüenza” contra el matrimonio igualitario, como defensor de los Derechos LGTB… Y sin que se le mueva la Mitra, oiga…

En la línea de sus anteriores y polémicas intervenciones, Reig Plá compara el tren de la libertad con los trenes de Auschwitz y acaba diciendo que el camino para revertir la situación “va a ser largo y difícil, como ya ocurrió con la abolición de la esclavitud”. Y que lo diga un obispo que no ha dicho nada ante la discutida actuación de Pío XII ante el Holocausto y la actuación de algunos eclesiásticos del Vaticano como el obispo Alois Hudal para ayudar a escapar a los criminales nazis  tras la Segunda Guerra Mundial… VERGONZOSO.

Asegura que el PP está ‘informado ideológicamente por el feminismo radical’

Ve ‘asombroso’ que Sánchez llamara a Sálvame por un toro y ‘olvide’ a los niños abortados

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Aborto, Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plà, Mariano Rajoy, Misoginia, Pedro Sánches, PP, PSOE