Desde diferentes organizaciones elaboraron un pronunciamiento para pedir que erradiquen estas prácticas. El peruano Alberto Belaunde explica el impacto nocivo de las ECOSIG.

Alianzas, colegios y gremios de profesionales de la salud mental de distintos países de América Latina y el Caribe realizaron un pronunciamiento en conjunto donde señalaron que las prácticas de conversión deben ser erradicadas. Entre las razones resaltaron que no tienen sustento científico y que están “plenamente documentados” los daños que pueden traer.

Se trata del primer pronunciamiento de este tipo en Latinoamérica y lleva la firma de ocho entidades de Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, la Alianza Caribeña de Asociaciones Nacionales de Psicología y la Federación Psicoanalítica de América Latina.

Las «terapias de reorientación sexual», también llamadas «terapias de conversión» hacen referencia a cualquier método que pretenda modificar la orientación sexual, identidad y/o expresión de género de una persona. También se las nombra como «Ecosig» (Esfuerzos de Cambio de la Orientación Sexual e Identidad de Género). Si bien son mal llamadas “terapias”, en realidad carecen de fundamento científico y médico y se trata de violaciones a los derechos humanos.

“Entendemos que es importante que haya un mayor compromiso de los profesionales de la salud mental en este tema. Primero, en ser muy claros en señalar que no existe sustento científico para que se realicen este tipo de prácticas que lamentablemente todavía están presentes en nuestra región. Segundo, que puedan tener una voz clara en lo dañino que resulta ese tipo de prácticas a quienes son sometidos a ellas. Y tercero, que impulsen que haya un cambio a nivel gremial. Que los gremios se tomen más en serio aspectos de regulación”, compartió, en diálogo con Presentes el abogado y activista peruano Alberto Belaunde.

No existe sustento científico

En este sentido, el documento publicado en diciembre de 2023 resalta que “no existe sustento científico para avalar cualquier práctica que busque cambiar o suprimir la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de una persona”.

“La existencia de las prácticas de conversión -continúa- se sustentan en la homofobia y transfobia presentes en nuestras sociedades. Son manifestaciones muy agresivas de discriminación que deben ser enfrentadas y combatidas”.

En un informe de 2022, la Organización de Naciones Unidas (ONU) consideró a las Ecosig como «prácticas comparables a actos de tortura». Además, el experto independiente sobre temática LGBTIQ+ de este organismo, Víctor Madrigal, recomendó a los Estados adoptar medidas que incluyan un sistema de sanciones. Y otro de acompañamiento y denuncia para les sobrevivientes de estas prácticas.

Además, la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como enfermedad en 1990. Y en 2019 quitó a la transexualidad y el travestismo de la lista de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).

“Sentimos que el pronunciamiento puede ayudar a una tendencia que estamos viendo en América latina que es la de legislar en contra de estas prácticas. En México está avanzando la ley, al igual que en Colombia. Se ha presentado en Perú, Chile, Costa Rica. Hemos conversado con el diputado Esteban Paulón para ayudar a que presente un proyecto de ley en Argentina. Creemos que en ese tipo de debates es importante que los profesionales de la salud mental tengan un rol protagónico”, sostuvo Belaunde.

El panorama en el mundo

En el mundo solo 14 países prohibieron las Ecosig, según la base de datos en línea de la organización Ilga World: Alemania, Brasil, Canadá, Chipre, Ecuador, España, Francia, Grecia, Islandia, Israel, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Vietnam. El último país en prohibirlas fue Noruega. La Ley N° 16 sancionada en diciembre de 2023, volvió punibles las “terapias de conversión” con multa o prisión de hasta tres años o seis si el delito se considera agravado.

En Argentina, las terapias de reorientación sexual están prohibidas de forma indirecta por la ley 26.657. “En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de elección o identidad sexual», dice la normativa.

El año pasado en México, los estados de Querétaro, Sinaloa y Quintana Roo reformaron sus códigos penales para prohibir estas prácticas. Así, ya son 16 los estados con este tipo de reforma.

“Creemos que es muy importante no centrarnos solo en el castigo porque es el Estado actuando cuando ya se produjo el daño. Es muy importante que se pueda asumir un enfoque preventivo. Tenemos que seguir apostando por una campaña de sensibilización, de educación y una estrategia multisectorial que vaya directamente a atacar la homofobia y transfobia”, apuntó Belaunde.

Existen diversas maneras en las que se presentan las terapias de conversión. “Desde terapias psicológicas sin ningún tipo de sustento, que han sido rechazadas por el gremio de psicólogos y psicólogas, pero que se siguen dando. También hay quienes son llevados a consultas psiquiátricas y son sometidos a tratamientos con pastillas, como si hubiera que nivelar algo. Hay también los llamados couchers de vida, los líderes religiosos, ceremonias”, explicó el activista.

La influencia de la religión

La organización no gubernamental Outright International documentó el uso de prácticas de conversión a nivel mundial. Actualmente se encuentra trabajando con socios en todo el mundo para erradicarlas, según informó la entidad.

En el informe Tratamiento dañino. El alcance global de la llamada terapia de conversión de Outright International se muestran hallazgos descriptivos y preliminares en torno a las Ecosig. En este sentido, se observó, a partir de bibliografía extensa, la primera encuesta mundial sobre el tema y entrevistas en profundidad con expertos y sobrevivientes de varios países, que la religión es la razón citada con más frecuencia.

En África y América Latina y el Caribe la religión y las presiones familiares y culturales son las principales causas que impulsan la práctica de las terapias de conversión. Los perpetradores son en gran medida personal religioso o proveedores privados de atención de salud mental.

En cambio, en Asia, “los datos sugieren que el ‘honor’ familiar y la cultura, más que la religión, impulsan a las familias y a las mismas personas LGBTIQ a buscar ‘terapias de conversión’, principalmente a través de clínicas médicas y de salud mental públicas y privadas, donde parece que se utilizan predominantemente métodos físicamente abusivos como la terapia de aversión”, detalla el informe.

Las consecuencias de una práctica tortuosa

Entre las consecuencias que pueden traer estas prácticas están los “cuadros de depresión, de ansiedad, ataques de pánico, problemas serios de autoestima y se puede generar ideación suicida”, dijo Belaunde. También indicó que “puede tener consecuencias en la salud física” ya que “hay casos de terapias con electroshock” y “hay documentados en distintos países como Ecuador, las llamadas violaciones correctivas sobre todo contra lesbianas y bisexuales”.

“Es crucial que convirtamos mentalidades, no nuestras identidades. Y que trabajemos hacia un mundo donde todas las personas puedan vivir de manera auténtica y libre de discriminación. Los profesionales de la salud mental pueden jugar un papel importante tanto en reducir la demanda de prácticas de conversión como, por supuesto, en asegurarse de no participar en ellas”, dijo Maria Sjödin, directora ejecutiva de Outright International.

En relación a las Ecosig existe un concurso de intereses que permiten que sigan existiendo. “Por un lado, está la profunda homofobia y transfobia que todavía está enraizada en algunos reductos de nuestras sociedades. Pero también entran dinámicas de poder, de control social, de intentar anular la libertad de las personas. Además, en muchos casos hay intereses económicos porque este tipo de prácticas suelen tener un costo y es un negocio muy lucrativo para los centros o las personas que las promueven”, explicó Belaunde.

“Invitamos a los profesionales de la salud mental, a sus gremios, organizaciones y asociaciones a que asuman un liderazgo proactivo para enfrentar y denunciar las prácticas de conversión en los distintos espacios de desarrollo del ejercicio profesional, así como en los medios de comunicación y espacios de debate”, concluyó el documento.

Agustina Ramos

Fuente Agencia Presentes

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

De hecho, en julio de 2021, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo  Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y  Juan Antonio Reig  avalarían estas prácticas.

En agosto de  2022 conocíamos que funcionarios de escuelas cristianas acusados de intentar ‘exorcizar’ a un adolescente gay para expulsar ‘demonios’

***

La historia de “X. X.”, un eclesiástico homosexual que pasó por las ‘terapias de conversión’ y “pensó que no tenía más opción que suicidarse”

***

«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

Budismo, Cristianismo (Iglesias), General, Hinduísmo, Homofobia/ Transfobia., Islam, Judaísmo Alberto Belaunde, América Latina, El Caribe, Esfuerzos de Cambio de la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIEG), Esfuerzos de Cambio de la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), Esteban Paulón, Homofobia/Transfobia, Identidad de género, Maria Sjodin, Orientación sexual, Outright International

La ley de la época colonial de San Cristóbal y Nieves que prohibía las relaciones entre personas del mismo sexo ha sido anulada en un “momento histórico” para el país caribeño.

La Corte Superior de San Cristóbal y Nieves ha dictaminado que las leyes que castigan las relaciones homosexuales con hasta diez años de prisión son contrarias a su Constitución. Otra legislación más heredera de los tiempos de la colonización británica que es anulada por violar los derechos fundamentales de los ciudadanos LGTBI. Con este dictamen, aún quedan 69 países y territorios en el mundo que castigan las relaciones entre personas del mismo sexo, algunos incluso con la cadena perpetua o la pena de muerte.

El lunes (29 de agosto), el Tribunal Supremo del Caribe Oriental anuló los artículos 56 y 57 de la Ley de Delitos contra la Persona, que prohibían el “abominable delito” de la “sodomía“. La ley conllevaba una pena máxima de 10 años con trabajos forzados.

Aunque no hay pruebas que demuestren que las antiguas disposiciones se hayan aplicado en los últimos años, parece que justifica la discriminación y la violencia a la que se enfrentan los gitanos y nevisianos LGBTQ+ debido al estigma y la vergüenza de la sociedad.

El juez Trevor Ward anuló las partes de la ley que penalizaban los “delitos contra natura” y las comparó con la “zoofilia“, que dijo era inconstitucional.

Escribió en su sentencia: “La naturaleza absoluta de la prohibición creada por los artículos 56 y 57 no está razonablemente justificada en una sociedad democrática en circunstancias en que proscriben los actos sexuales entre adultos que consienten en privado, que no implican ningún elemento de conducta pública o de daño o actos sexuales con menores.”

“En la medida en que criminaliza la vida privada de los homosexuales en este año, la ley es excesiva y arbitraria”, continuó, añadiendo que las secciones “no cumplen con la calificación constitucional de ser … en el interés de la moralidad pública”.

Ward añadió: “La sección 56 de la ley se leerá como si se añadieran al final de la sección las palabras ‘Esta sección no se aplicará a los actos sexuales consentidos entre adultos en privado'”.

El veredicto del tribunal entró inmediatamente en vigor.

“Este es un viaje transformador y un paso hacia el pleno reconocimiento de las personas LGBTQ en toda la Organización de Estados del Caribe Oriental”, dijo Kenita Placide, directora ejecutiva de la Alianza del Caribe Oriental para la Diversidad y la Igualdad (ECADE).

“Una decisión afirmativa significa un sí a la privacidad y un sí a la libertad de expresión”.

Jamal Jeffers, un hombre gay, presentó el recurso de inconstitucionalidad en enero de 2021 argumentando que los artículos 56 y 57 violaban los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la intimidad, y que debían ser anulados.

Acompañados por el grupo de defensa de la igualdad St Kitts y Nevis Alliance for Equality, los demandantes pedían que se ordenara que los actos sexuales entre personas del mismo sexo no fueran un delito si se cometían en privado entre “personas de 16 años o más”, decía su moción.

San Cristóbal y Nieves fue una de las primeras islas del Caribe en ser colonizadas por los británicos, trayendo consigo leyes centenarias que prohibían la homosexualidad.

El artículo 56 rezaba así: “Toda persona condenada por el abominable delito de sodomía, cometido con personas o con cualquier animal, podrá ser condenada a una pena de prisión no superior a diez años, con o sin trabajos forzados”.

En 2012, la pena original de cuatro años prevista en el artículo 57 se amplió a una década en una versión revisada de la Ley de Delitos contra la Persona. El país incluso se resistió a los llamamientos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2021 para derogar las leyes.

Las antiguas colonias británicas Barbados, Dominica, Guyana, Granada, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas tienen leyes similares sobre sodomía.

Pero las mareas están cambiando. La primera ministra de Barbados prometió que los derechos del colectivo LGBTQ+ estarían en el centro del futuro de Barbados como república cuando destituyera a la reina como jefa de Estado en noviembre de 2021, mientras que el Tribunal Supremo del Caribe Oriental eliminó las leyes de sodomía de Antigua y Barbuda en julio, y los activistas esperan que haya más.

“Estamos asistiendo a un momento histórico en el Caribe en el que se están cuestionando y anulando leyes anticuadas de la época colonial“, afirmó Maria Sjödin, directora ejecutiva del grupo mundial de derechos LGBTQ+ OutRight Action International.

“Estamos asombrados por la persistencia estratégica de los activistas de la región que lideran la carga para garantizar el avance de los derechos humanos y la anulación de leyes discriminatorias y anticuadas como ésta. Esperemos que los demás países de la región y de fuera de ella les sigan”.

69 países y territorios criminalizan la homosexualidad

1.- En 66 países miembros de la ONU están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo:

Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bangladés, Barbados, Brunéi, Burundi, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Esuatini (antigua Suazilandia), Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

2.-  A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 69 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 42 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

3.- Cadena perpetua en 6 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 6 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia.

La pena de muerte está establecida para las relaciones homosexuales en 11 países miembros de Naciones Unidas. En 6 de ellos, se tiene la certeza jurídica de que este es el castigo para los actos consensuados entre adultos del mismo sexo:

Arabia Saudí, Brunéi, Irán, Mauritania, Nigeria (en los doce estados del norte donde se aplica la sharía) y Yemen.

En otros 5 países no existe una certeza jurídica absoluta, aunque se constata la posibilidad de su aplicación:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Paquistán y Somalia.

Fuente Pink News/Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Artículos 56 y 57, Caribe, Despenalización, Homosexualidad, Ley de Delitos contra la Persona, Maria Sjodin, OutRight Action International, San Cristóbal y Nieves, Trevor Ward

Tras celebrar por primera vez el orgullo LGBT en el campo de refugiados de Kakuma, sus organizadores temen pro sus vidas después de varias amenazas publicadas en los tablones de anuncios de un campamento en el que conviven con personas de las mismas culturas homofóbicas y transfóbicas de los mismos países de los que huyeron, de las que no tienen la adecuada protección.

Situado al noroeste de Kenia y establecido en 1992 por la Agencia de Refugiados de los Estados Unidos, Kakuma es uno de los mayores campos de refugiados del mundo, donde se celebra por primera vez el Orgullo LGBT el pasado sábado, 16 de junio, con la asistencia de alrededor de 600 personas. Mbazira Moesa, refugiado ugandés y uno de los organizadores, asegura que, junto con sus compañeros, teme ahora por su vida, después de una serie de amenazas que han aparecido en los tablones de anuncios de todo el campamento.

«Abandonad el campo» o «Vamos a mataros uno por uno» son algunos de las amenazas a los refugiados LGBT de Kakuma, cuyo origen no se ha podido confirmar. Con una población acumulada de aproximadamente 185.000 personas, sumando las que conviven en Kakuma y el Asentamiento Integrado Kalobeyei, los refugiados y solicitantes de asilo provienen de 19 países, aunquela mayoría son de Sudán del Sur que, que junto con los de Somalia y Etiopía, son intolerantes con la homosexualidad. El objetivo de Moesa y sus compañeros de Refugee Flag Kakuma era disipar «la ignorancia» y los «mitos» sobre los miembros del colectivo LGBT existentes entre los residentes del campamento, «poblado principalmente por colonos y refugiados islámicos», lo que explica que una lesbiana y una persona transgénero fueran agredidas y sufrieran «lesiones graves», a pesar de que la concentración había sido «enorme».

«Siento que estoy bajo constante amenaza», declara Moesa, explicando que la vida en Kakuma es «una situación calamitosa» para los refugiados homosexuales debido a las «constantes persecuciones» y la «falta de protección adecuada». A sus 25 años de edad, esa misma persecución le lleva a abandonar Uganda en 2016, después de múltiples arrestos y palizas por parte de la policía debido a su orientación sexual. Tras huir a Nairobi, en septiembre de 2016, es trasladado al campo de refugiados de Kakuma en febrero de 2017, tras contactar con la agencia de la ONU solicitando el estatuto de refugiada. Asegura que su situación no ha mejorado demasiado desde entonces.

«Muchas personas que se enfrentan a la persecución y violencia en el hogar debido a su orientación sexual o identidad de género terminan en centros de refugiados rodeados de personas de las mismas culturas homofóbicas y transfóbicas de los mismos países de los que huyeron (…). Los sistemas establecidos a menudo no están equipados para proporcionar la protección necesaria. La situación se puede agravar en un lugar como Kenia, que tiene leyes contra la sodomía (…). Estos refugiados necesitan protección inmediata para que puedan vivir sin temor a la violencia», declara Maria Sjodin, subdirectora ejecutiva de OutRight Action International, una organización de derechos humanos LGBTQ.

En la actualidad, hay 68,5 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, incluidos 25,4 millones de refugiados y 3,1 millones de solicitantes de asilo, según los últimos datos de la ONU. Sin embargo, no existe un registro del número de refugiados LGBTQ y solicitantes de asilo debido a su orientación sexual o identidad de género. El Centro de Refugiados de los Estados Unidos ha declinado hacer ninguna declaración sobre estas amenazas ni sobre la situación de los refugiados LGBT.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Etiopía, GoFundMe, Homofobia, Kakuna, Kenia, LGTBfobia, Maria Sjodin, Mbazira Moesa, Orgullo LGTB, OutRight Action International, Refugee Flag Kakuma, Refugiados, Somalia, Sudán del sur, Uganda