Una juez argentina reclama al Vaticano sus archivos sobre el papel de la Iglesia durante el Franquismo
También se pide información sobre los religiosos perseguidos o torturados por el régimen
La magistrada ha dirigido un exhorto a todos los arzobispados españoles
La jueza argentina María Servini de Cubría ha envaido un exhorto al Estado Vaticano reclamando toda la información disponible en sus archivos sobre el papel de la Iglesia, española y romana, durante el Franquismo.
La juez ha solicitado a la Santa Sede que aporte toda la información “relativa a las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado español entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977“, el período que abarca la investigación de la jueza.
Al Vaticano también se le solicitan explicaciones sobre “los religiosos católicos que fueron objeto de persecución, sanciones, cárcel y torturas“ durante la dictadura del general Franco (1939-1975).
Ante la imposibilidad de que la justicia española investigara los crímenes del franquismo, familiares de las víctimas presentaron una querella ante tribunales argentinos alegando que esos delitos por ser de lesa humanidad pueden ser perseguidos por cualquier sistema judicial bajo el principio de la jurisdicción universal. La justicia argentina aceptó la querella el 14 de abril de 2010.
La magistrada siguió actuando y emitió los mismos requerimientos hechos al Vaticano a 14 arzobispados españoles, a través de los juzgados correspondientes: Barcelona, Burgos, Granada, Madrid, Badajoz, Oviedo, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
En consonancia con los pedidos de la querella, Servini libró exhortos a cuatro juzgados de Barcelona y Tarragona (noroeste del país) para que soliciten al Gobierno provincial de la Generalitat de Cataluña “que haga uso de todos los recursos disponibles para la identificación de los restos ya exhumados de posibles represaliados y cotejen las huellas genéticas obtenidas con los perfiles genéticos de las personas que buscan a sus familiares“.
El dictamen de la jueza se basó en la denuncia de tres testigos sobre “la presencia de restos de seres humanos, presuntamente víctimas de asesinatos, que tuvieron lugar en Cataluña en escenarios diversos de la Guerra Civil Española y posterior dictadura, durante el período comprendido entre 1936 y 1977”.
La querella resalta que “ante los casos de desapariciones forzadas” que han denunciado familiares de las víctimas, la Generalitat “no ha procedido hasta ahora a establecer sistemáticamente la correspondencia entre los vivos y los muertos” aunque “cuenta con plenas competencias” para identificar a los desaparecidos.
Por ello, los abogados sugieren avanzar en la investigación a través del Laboratorio de Genética Forense en la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona, que posee un banco de ADN con material genético de familias que buscan a sus seres queridos.
Los tres querellantes elaboraron un listado sobre los posibles emplazamientos de los restos de sus familiares en Cataluña, “principalmente en dependencias diversas bajo la custodia del Gobierno catalán“, que incluyen laboratorios de universidades catalanas y “diversas empresas privadas de antropología y arqueología, contratadas por la administración catalana”.
Fuente Religión Digital
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