Jóvenes que participan en la Fundación Daniela / Twitter: @Danieldafund

No existe una legislación que autorice la modificación del nombre y del género de los menores trans. La decisión depende del juez titular del Registro Civil

Solo 20 menores han conseguido cambiarse el nombre. “El 90% de las peticiones se deniegan”, apuntan desde la Fundación Daniela

Sara -antes Hugo- tiene 9 años y ha logrado cambiar su nombre. “Una de los peores momentos es cuando la llamaban en la consulta del médico”, dice su madre a eldiario.es

Sara ya enseña su DNI orgullosa. El verano pasado comenzó su tránsito social. Desde que era un bebé, en casa se identificaba como una niña pero en el colegio seguía siendo Hugo. Al irse de vacaciones a Oporto el año pasado sus padres aprovecharon que no conocían a nadie para ver cómo se sentía al salir a la calle vestida como una chica. “Enseguida nos dijo que cuando llegásemos a Lugo siguiésemos así. Que nunca más volvería a ser Hugo, que esa persona no tenía nada que ver con ella”, relata Cristina Palacios, madre de esta niña gallega de 9 años.

Después del verano, volvía a clase por primera vez siendo Sara. Comenzaba cuarto de primaria reafirmando su identidad sexual, en el colegio no hubo ningún problema y tanto sus compañeros como sus profesores no pusieron obstáculos a su decisión. “Los niños le dicen que ya no les sale el nombre anterior porque ven físicamente a una chica”, continúa su madre.

 Sin embargo fuera de su entorno de confianza la comprensión no ha sido la misma. Por ejemplo, en su documentación oficial Sara seguía siendo Hugo. “Se crean situaciones humillantes, una y otra vez se está mostrando esa condición de persona transexual”. Las madres de estos menores coinciden en señalar que la consulta del médico es uno de los momentos más incómodos para estos jóvenes: “Estás esperando y, de repente, te llaman por un nombre que no está asociado a tu género. Las miradas del resto de niños son inevitables”.

Pancarta de la Fundación Daniela en el Orgullo 2015 / Twitter: @Danielafund

Para evitar esas incomodidades, la madre de Sara solicitó oficialmente el cambio de nombre, en febrero presentó un  requerimiento en el Registro Civil y un mes después se lo confirmaron. Así se convertía en el primer caso autorizado en Galicia. Por ahora, según han confirmado a eldiario.es, la Dirección General del Registro no tiene datos oficiales del número de jóvenes trans que han podido modificar su nombre.

Según Chrysallis (Asociación de Familias de Menores Transexuales) en España solo hay 20 jóvenes que lo han conseguido, señalan que la mayor parte de las respuestas de las que tienen constancia son positivas. Sin embargo desde la Fundación Daniela platean cifras diferentes. “La mayor parte de las solicitudes -entre 90 y 95%- se resuelven de forma negativa. Que la respuesta sea positiva es una excepción”, comenta Isidro García, trabajador social de esta entidad que informa y aconseja a los padres de estos jóvenes.

En España no existe una legislación que ampare a los menores trans que quieren cambiarse el nombre. A partir de los 18 años lo podrán solicitar gracias a la  Ley de Identidad de Género –que se aprobó en el 2007–, que permite modificar la referencia de nombre y de sexo sin necesidad de someterse a una operación genital.

Hasta entonces, las familias tienen que aferrarse a la Ley del Registro Civil de 1957, deben de presentar documentación que demuestra que son personas transexuales – informes psicológicos – y que el nombre que solicitan es el que utilizan normalmente. En la argumentación que entregan explican que si no se les autoriza se vulnera el artículo 54 de esta normativa, que establece que quedarán prohibidas las denominaciones que “perjudiquen a la persona”. Aunque, en este caso la legislación es contradictoria porque también recoge que no se autorizarán los nombres que “induzcan a error en cuanto al sexo”.

Por eso, la decisión final depende de la interpretación que realice de esta ley el juez titular del Registro Civil. “Hay magistrados que entienden que no es admisible que haya personas que se tengan que llamar con un nombre que no se corresponde con su identidad sexual”, explica Javier Maldonado, abogado de la asociación Chrysallis. En estos casos sólo se cambia el nombre, la referencia del género sigue siendo la misma que se le asignó al nacer.

El último cambio de nombre aprobado ha sido el de Daniel, un madrileño de 11 años, que comenzó hace tres su tránsito social. A su madre se lo comunicaron la semana pasada, y cuando le leyeron el auto que lo confirmaba se echó a llorar: “Mi hijo ha sufrido mucho cuando le han llamado por el nombre que le pusimos al nacer, se enfada y es una situación horrorosa”, apunta. Sin embargo, hay otros jueces que argumentan que el cambio de nombre “induce a error” y no aprueban el requerimiento. Este es el caso del magistrado titular del Registro Civil de Sevilla, según explica María Orellana, vicepresidenta de Chrysallis en Andalucía, “ha denegado todas las solicitudes”.

Para evitar estas desigualdades, las asociaciones solicitan al gobierno un cambio de legislación que equipare los criterios y que ampare a todos estos menores. Desde la Fundación Daniela apuntan a dos soluciones: o que “no sea obligatoria la inscripción del sexo de los bebés cuando nazcan” o que los niños y adolescentes trans, que están realizando el tránsito de cambio de género en el colegio, “puedan acceder a cambiar la documentación”.

Que les denieguen la modificación del nombre marca el carácter de estos jóvenes. “Hasta que consiguen la autorización están cargando con un peso. Intentan que no se note y que no se sepa. Viven una doble vida. Algo muy duro y doloroso para un menor”, apunta la madre de Sara. Este verano será especial para Sara y Daniel, han conseguido desprenderse de esa carga. Por primera vez podrán irse de vacaciones, viajar en avión y enseñar su documentación como cualquier otro niño, sin tener que dar explicaciones sobre su identidad sexual.

Fuente El Diario.es

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Se cumplen tres años de legislatura de Rajoy y de recortes en derechos LGTB

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La amenaza del gobierno de Mariano Rajoy de llevar ante el Tribunal Constitucional la ley integral de transexualidad aprobada con la unanimidad de todos los grupos representados en el Parlamento andaluz continúa despertando asombro e indignación. Asociaciones de transexuales de Andalucía e Izquierda Unida coincidían este martes en defender el anclaje jurídico de una ley “de la que no nos moveremos un ápice”. Y es que, como bien señalaba la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé, “lo que es inconstitucional es no equiparar a las personas transexuales con el resto de la ciudadanía”.

En una rueda de prensa que tuvo lugar en el Parlamento andaluz, Alba Doblas (portavoz adjunta del grupo de IULV-CA) aseguraba que ya en su momento los servicios jurídicos del Parlamento dieron su visto bueno al texto tras un trabajo arduo en el que no se dejó ningún fleco suelto. Doblas, eso sí, reprochó a la Junta de Andalucía no haber informado “desde el minuto cero” a los colectivos y a su fuerza política de la amenaza del Gobierno central, de la que al parecer no tuvieron conocimiento hasta que se hizo pública por parte de la Junta la creación de un grupo de trabajo mixto que ponga solución a los puntos de fricción e impida el recurso. No obstante Doblas aseguró que “se tiende la mano a la Junta para que entre todos, desde esa unanimidad de partidos y colectivos que hemos abanderado la defensa de la ley, podamos trabajar unidos para contrarrestar ese chantaje del gobierno del PP y defender la soberanía del Parlamento y del pueblo andaluz”. En este sentido, Doblas se mostró dispuesta a aclarar todas las dudas del gobierno, pero añadiendo que “no hay nada en este texto que pueda ser recurrido”.

Alba Doblas añadió, en referencia al PP (que apoyó la ley en Andalucía) que “una vez más se demuestra el nulo papel del PP andaluz ante el Gobierno de la nación” en tanto “el Gobierno de Rajoy ha demostrado que no le importa ni la unanimidad de la Cámara andaluza ni la opinión del PP andaluz”.

Mar Cambrollé, por su parte, tras agradecer la actitud de IU, aseguro que “nos sentimos molestos, también las familias de menores, por habernos enterado por el BOJA [Boletín Oficial de la Junta de Andalucía] y por la prensa y no por la Junta, de estas intenciones del Gobierno de Rajoy”. Para la presidenta de ATA, en cualquier caso, “lo único que hay inconstitucional es no reconocer el libre desarrollo de la personalidad del menor, el interés superior del menor, el derecho a la propia imagen, al honor y la dignidad de los menores” por lo que “inconstitucional es no querer equiparar a las personas transexuales con el resto de la ciudadanía”. Cambrollé dijo sentirse tranquila ”porque lo único que puede hacer el PP es el mismo ridículo que con el matrimonio igualitario” en tanto “se opone a cualquier avance en derechos civiles”.

María Orellana, vicepresidenta de la asociación de madres y padres de menores transexuales (Chrysallis Andalucía), recordó por su parte que “no pedimos que nuestros niños sean más que el resto de niños, sino que sean iguales” e invitó a los que tengan dudas a “venir a conocer la realidad de esos menores”.

Daniel González, coordinador del Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de IULV-CA (ALEAS Andalucía), destacó finalmente que la fortaleza de la ley radica precisamente en que el texto original surgió del propio colectivo transexual y este estuvo presente en el proceso hasta el final, por lo que considera que la actitud del gobierno de Mariano Rajoy es, en último término, “un chantaje al colectivo de transexuales de Andalucía”.

PSOE-A y la Junta de Andalucía se mantienen firmes en la defensa de la Ley d Transexualidad

Por otra parte, la Junta no va a “cambiar de posición” sobre la ley en el grupo de trabajo que va a crear con el Gobierno de la Nación para proponer una solución a las “discrepancias” expresadas por el Ejecutivo central sobre varios artículos de la normativa.

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo ha insistido en que las “discrepancias” que puedan existir por parte del Gobierno de Rajoy sobre varios aspectos de la Ley integral para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales no van a suponer “ningún cambio” en la posición del PSOE-A ni tampoco del Gobierno andaluz.

Asimismo, ha dicho que la creación de este grupo de trabajo “no deja de ser algo ordinario”, ya que, según ha explicado el socialista, es el paso previo que siempre se da cuando el Gobierno de la Nación plantea la posibilidad de elevar un recurso al Tribunal Constitucional. “La posición de los representantes de la Junta en esa mesa de trabajo va a apoyar la decisión mayoritaria y unánime que hubo en el Parlamento, donde se aprobó la ley con el apoyo de los tres grupos parlamentarios”, ha subrayado Cornejo.

Gobierno y Junta decidieron poner en marcha este órgano el pasado 15 de octubre en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, según recoge un acuerdo suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el consejero andaluz de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios. En dicho acuerdo, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias” en relación con los artículos 2.4, 4.1, 4.2, 9, 10.2, 10.7, 15.2.b, 19.3 y 19.4 de la Ley integral para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.

Estos artículos regulan aspectos relativos a la concesión de documentación administrativa que refleje la “identidad de género manifestada” por las personas transexuales; el reconocimiento del derecho de los menores “con disconformidad de su identidad de género” a “utilizar libremente el nombre que hayan elegido” o la inclusión en la “cartera básica de servicios” sanitarios de tratamientos para modular el tono y timbre de la voz de las personas transexuales para adecuarlos a su identidad de género.

Fundación Triángulo Andalucía lo considera una “desvergüenza”

También Fundación Triángulo Andalucía se ha pronunciado, denunciando que el PP actúa una vez más contra el colectivo LGTB “apurando los plazos, dilatando los procesos y generando indefensión y malestar en todas las poblaciones trans de Andalucía y del resto del estado español”. “No es nuevo, ya lo hizo en 2005 generando una situación de desamparo legal durante 8 años a todas las parejas del mismo sexo, y, por ende, sus familias a raíz de la ley de matrimonio igualitario; para después demostrarse lo que ya se sabía, que era legal. Pero durante 8 años mantuvo un recurso que para siempre quedará como el de la vergüenza”, expresa en un comunicado.

“Pero la desvergüenza de este partido en esta ocasión es incluso mayor, ya que todo apunta a que volverá a repetir la jugada, pero, ahora con la singularidad de que los diputados y las diputadas populares en el Parlamento andaluz votaron a favor de dicha ley. Cinismo en estado puro”, ha declarado Raúl González, presidente de Fundación Triángulo Andalucía, que considera que “la utilización torticera de la Constitución del 78 y del Tribunal Constitucional ha sido sin duda lo que más ha debilitado a este país, y eso se lo tendremos que agradecer al Partido Popular”.

Triángulo Andalucía pide al PP explicaciones sobre “como puede ser que un día voten a favor y al día siguiente piensen que 6 artículos que apoyaron son anticonstitucionales”. “O hacen muy mal su labor parlamentaria o simplemente no piensan en Andalucía y sus ciudadanos, sino en los intereses de los lobbies ultraconservadores que, una vez más, demuestran el poder que tienen en el PP”, concluye la nota.

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