HazteOír y su marca internacional CitizenGo comienzan la ruta del autobús del odio LGTBfóbico en América Latina. Colombia se ha convertido en el primer país del continente que recibe la indeseada visita del vehículo tránsfobo. Pero la elección no ha sido en absoluto arbitraria, pues coincide con el reciente rechazo al referéndum contra la adopción por parejas del mismo sexo, promovido por Viviane Morales. Las organizaciones españolas contrarias a la igualdad cuentan con la colaboración de la Mesa Nacional de Educación y Autonomía (Menacea) y el Movimiento Nacional por la Familia de Colombia. Representantes de estas organizaciones, junto a grupos cristianos, acompañaron la llegada del bus tránsfobo a la plaza de Bolívar, frente a la sede del Congreso. El concejal bogotano Marco Fidel Ramírez, conocido por su trayectoria LGTBfóbica, se paseó delante del autobús con una gran banderola en la que se podía leer “Jesucristo es el señor”. Activistas y partidarios de los derechos LGTB han desplegado pancartas y han lanzado pintura multicolor al autobús.

Tras el rechazo que el “autobús del odio” de HazteOír cosechó en los Estados Unidos, su andadura se traslada ahora a América Latina, empezando por Colombia. El lema escogido en esta ocasión es “Los niños nacen siendo niños, las niñas nacen siendo niñas. Es biología, no ideología”. Como decíamos, la llegada del vehículo tránsfobo a Colombia coincide con el intenso debate LGTBfóbico que ha despertado la frustrada iniciativa de la senadora Viviane Morales para intentar impedir, mediante referéndum, la adopción por parejas del mismo sexo en el país. Tampoco es casual que el autobús se aparcara frente a la sede del Congreso.

En la plaza de Bolívar de Bogotá, este sábado, se congregaron en torno al vehículo representantes HazteOír y CitizenGo, junto a miembros de la Mesa Nacional de Educación y Autonomía (Menacea) y el Movimiento Nacional por la Familia de Colombia. También su unieron grupos cristianos, que llegaron a montar una carpa desde la que lanzaron proclamas contra la igualdad, en materia de identidad de género y de orientación sexual. Entre ellos se encontraba el concejal bogotano Marco Fidel Ramírez (conocido por protagonizar distintas polémicas LGTBfóbicas), que ondeó una banderola con la inscripción “Jesucristo es el señor”. El autocar tránsfobo estuvo protegido por agentes de la policía.

Por otra parte, un grupo de activistas y de partidarios de los derechos LGTB quisieron protestar y demostrar su malestar por esta campaña de odio tránsfobo. En este sentido, desplegaron pancartas con mensajes como “los niños trans existen” o “la infancia trans tiene derechos en Colombia”. La policía desalojó a los activistas igualitarios, haciendo uso de la fuerza, cuando intentaron impedir la permanencia del autobús en la plaza de Bolívar. Entonces, algunos manifestantes lanzaron pintura multicolor contra el vehículo, impactando también contra algunos agentes y miembros de las organizaciones convocantes. Así se expresaba tras el choque el concejal Ramírez:

Hemos sido agredidos con empujones,pintura e insultos x parte d la COMUNIDAD LGBT. Lamento q eso ocurra! Se trata de BIOLOGÍA,no IDEOLOGÍA! pic.twitter.com/igbmhDXW6E

— MARCO FIDEL RAMÍREZ (@7MarcoFidelR) 20 de mayo de 2017

Fuente Dosmanzanas

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Muy mala noticia para el colectivo LGTB el resultado del plebiscito sobre el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC celebrado el pasado domingo. Con una participación del 34,7% del censo, el “no” se impuso con un 50,2% frente al 49,8% del “sí”. Todo apunta a que la movilización por el “sí”, que según las encuestas previas era la opción preferida de forma muy mayoritaria por el pueblo colombiano, fue menor que la del “no”. Aunque sin duda las causas del resultado son diversas, no conviene pasar por alto que detrás del rechazo al acuerdo de paz, que por primera vez incorporaba el enfoque de género y reconocía de forma específica a las víctimas LGTB, se encontraban los sectores conservadores más abiertamente homófobos, que de hecho no han dudado en utilizar este aspecto para hacer campaña.  

Como explicamos días antes del plebiscito, por primera vez en un proceso de este tipo los acuerdos incorporan de forma expresa el enfoque de género y diversidad sexual, algo que fue especialmente celebrado por los colectivos LGTB colombianos, como Colombia Diversa o Caribe Afirmativo. Se reconoce como víctimas a las personas LGTB, se les permite exigir justicia individual y colectiva por los daños motivados por la LGTBfobia y se les reconoce el derecho a una atención diferencial y a una reparación integral. El acuerdo permite, asimismo, que las personas LGTB se involucren en la construcción de la paz, asegurándoles que los derechos adquiridos serán realidad en todos los territorios de Colombia.

Es por todo ello que los colectivos LGTB apoyaron de forma rotunda el “sí”, pero también que por ejemplo muchas iglesias evangélicas utilizaron el argumento de que Colombia sería entregada a la “dictadura homosexual” (también al “ateísmo” y al “castrochavismo”…) para movilizar a sus feligreses. El argumento de que los acuerdos de paz suponían la aceptación oficial de la “ideología de género” fue de hecho uno de los más utilizados por los partidarios del “no”. Es el caso, por mencionar solo un ejemplo, de la megaiglesia Misión Carismática Internacional, a la que ya hemos hecho alusión en alguna ocasión anterior, y que constituye uno de los principales apoyos del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, líder principal de la oposición al acuerdo de paz. Otro de los que han defendido ardorosamente el “no” es el pastor evangélico y concejal bogotano Marco Fidel Ramírez, que tras conocer el resultado celebró el, a su juicio, fracaso de la “agenda homosexual”:

Colombia dijo NO a la agenda homosexual. #SantosDebesRenunciar

— MARCO FIDEL RAMÍREZ (@7MarcoFidelR) 2 de octubre de 2016

Pero también líderes políticos católicos utilizaron este argumento, y ello a pesar de que el papa Francisco había mostrado expresamente su satisfacción por el acuerdo de paz (por lo que se refiere al plebiscito, la Iglesia católica mantuvo sin embargo la “neutralidad oficial”). Un ejemplo es el de Alejandro Ordóñez, que acaba de abandonar su cargo como procurador general, desde el cual ha liderado múltiples batallas contra los avances en materia LGTB que se han ido produciendo en Colombia en los últimos años. Ordoñez, cuya reelección como procurador el Consejo de Estado declaró nulo en septiembre, se convirtió en otro de los rostros del “no”. “La Colombia creyente tiene la obligación de votar ‘no’”, llegó a asegurar. “Aunque lo quieren negar, en más de 144 apartes del acuerdo hablan del enfoque de género, y en muchas de las utilizaciones de esa expresión está implícita la ideología de género”, fue una de las razones que argumentó.

El peligro: que una renegociación del acuerdo excluya al colectivo LGTB

Nadie sabe a ciencia cierta qué sucederá a partir de ahora. Tanto el presidente colombiano, Juan Manuel Santos (que este mismo viernes recibía un importante espaldarazo con la concesión del Premio Nobel de la Paz) como las FARC han anunciado su disposición a seguir avanzando en los acuerdos, pese al revés del plebiscito. Pero los opositores al proceso se sienten ahora legitimados y exigen una renegociación. En este contexto, pocos dudan de que uno de los puntos que peligran es precisamente su aspecto inclusivo.

De ahí que más de de 50 líderes LGTB colombianos hayan pedido expresamente a Juan Manuel Santos una cita para trasladarle la preocupación del colectivo por lo que puede suceder. “Rechazamos que las luchas sociales de los movimientos de mujeres y de sectores sociales LGBT sean estigmatizadas como ideologías foráneas o contrarias al bienestar social. No compartimos que los derechos de ningún sector social excluido o marginalizado como el nuestro y otros más, sean sometidos a las decisiones de mayorías, incluyendo los derechos de minorías políticas, sociales, étnicas o religiosas”, han expresado, de forma colectiva, los activistas, que exigen “que no se nos excluya de la posibilidad de vivir y participar en la construcción de una sociedad democrática y plural, manteniendo el enfoque de género y diversidad sexual en los acuerdos”.

No es un momento fácil para Colombia, y menos aún para sus ciudadanos LGTB, que además se enfrentan a serias amenazas (como la iniciativa de referéndum contra la adopción por parejas del mismo sexo y personas solteras que promueve la senadora Viviane Morales). En este contexto, lo sucedido el pasado domingo no es una buena señal. Como bien expresa Ferney Yesyd Rodríguez, colaborador de dosmanzanas desde Colombia, “en nuestro país, los defensores de derechos LGBTI, organizaciones feministas y derechos individuales en general saben que este saboteo al proceso de paz fue organizado por las iglesias para pedir los derechos alcanzados por las mujeres y la población LGBT en bandeja de plata”. Estaremos atentos a lo que sucede.

Fuente Dosmanzanas

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Como ya habiamos publicado todo este acoso empujó a la alcaldía colombiana de Bucaramanga al izado de la bandera arco iris en su frontis para apoyar a colectivo y mostrar su rechazo a la discriminación por motivos de orientación e identidad sexual.

Un fallo de la Corte Constitucional de Colombia ordenó en 2015 la revisión de los manuales de convivencia escolar a fin de evitar la discriminación de estudiantes por su orientación sexual e identidad de género. Dio un año de plazo, el cual vence el próximo 15 de septiembre. La medida ha provocado las protestas de grupos religiosos, que no han dudado en sembrar la polémica desinformando sobre el alcance de la medida y alarmando a muchos padres de familia.

En el año 2014 Sergio Urrego, un joven de 16 años, se suicidó tras sufrir un implacable acoso por parte de la dirección del colegio en el que estudiaba debido a su condición de homosexual, ateo y anarquista. El acto de presión mayor fue la notificación de que los padres de su pareja, un compañero de colegio, le habían demandado penalmente por acoso sexual (se llegaron a imputar, de hecho, cargos criminales a tres directivas del centro, entre ellas la rectora Azucena Castillo).

De esto ya han pasado dos años. En este intervalo de tiempo, la acción de tutela interpuesta por la madre de Sergio acabó llegando hasta la Corte Constitucional de Colombia, que además de ordenar en 2015 que se llevara a cabo un acto público de desagravio a la memoria del estudiante determinó que el Ministerio de Educación Nacional debía revisar los manuales de convivencia para, según reza la sentencia, “determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual e identidad de género de los estudiantes y para que incorporen formas nuevas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permita aprender del error, respetar la diversidad (…)“. El Ministerio alegó no tener la capacidad de hacer tal revisión, pero traspasó la tarea a las Secretarías de Educación locales, con el apoyo de entidades como la ONG Colombia Diversa o Unicef, entre otras.

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El concejal Marco Fidel Ramírez considera que la decisión viola la Constitución y los derechos fundamentales de los niños.

Una senadora, Viviane Morales, ha iniciado una campaña de recogida de firmas contra la sentencia.

La Corte Constitucional de Colombia avaló la adopción para parejas homosexuales la semana pasada pero esta decisión no ha estado exenta de polémica. Una de las más graves es la protagonizada por Marco Fidel Ramírez, un concejal de Bogotá que ha solicitado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que los magistrados que tomaron la decisión sean investigados porque considera que emitieron un veredicto contrario a la Ley.

El concejal Ramírez entiende que los magistrados violaron el artículo 42 de la Constitución de Colombia que establece a la familia como núcleo fundamental de la sociedad “por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.

Ramírez, de posiciones claramente conservadores y religiosas, piensa que la decisión del alto tribunal colombiano también viola los derechos fundamentales de los niños. El texto legal que aprobó el Constitucional es el Código de Infancia y Adolescencia, la norma que regula las adopciones en Colombia y que, por primera vez, incluía la posibilidad de la adopción para parejas del mismo sexo. Para el alto tribunal la identidad sexual del solicitante no puede ser un criterio para definir si una persona puede adoptar o no.

Defender los derechos del niño es la principal excusa de quienes se oponen a la decisión del alto tribunal. También en contra de esta decisión se ha mostrado el colegio Guillermo Carey que aprovechó una circular interna en la que se explicaban las actividades del final del año para pedir a los padres que firmen en contra de la sentencia del alto tribunal. La noticia causó gran revuelo entre la comunidad LGBT colombiana y entre la sociedad en general.

Noemí Janson, la portavoz del colegio, ha declarado que “como institución debemos defender los derechos de los niños. A diario vemos que cuando se fractura la estructura de la familia, los mayores afectados son los menores”. Sin embargo, asegura, la firma por parte de los padres es opcional y se engloba dentro de la iniciativa de la senadora Viviane Morales, que también se opone a la decisión de la Corte Constitucional.

Fuente Cáscara amarga

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Buenas noticias las que nos llegan desde Colombia. No han pasado ni dos meses desde que la Corte Constitucional, gracias al voto de desempate de un conjuez conservador, se pronunció contra el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar hijos de forma conjunta (excluyendo de la negativa la adopción del hijo biológico del otro miembro de la pareja) y ahora el asunto llega de nuevo al alto tribunal. Pero en esta ocasión será un conjuez progresista el encargado de decidir.

La Corte Constitucional debía pronunciarse de nuevo sobre el tema al haberle llegado una segunda demanda, interpuesta por el abogado Sergio Estrada, que ya había iniciado su trámite de resolución antes de que se conociera el anterior fallo, y en la que el planteamiento era distinto: la discusión giraba en este caso alrededor del déficit de derechos que tienen los menores sin hogar en Colombia, en tanto no pueden ser adoptados por familias diversas. De nuevo, como sucediera en la ocasión anterior, el ponente del fallo era el magistrado Jorge Iván Palacio, favorable a reconocer el derecho, y de nuevo este martes volvía a repetirse el empate a cuatro votos a favor de avalar la ponencia de Palacio y cuatro votos en contra. La diferencia es que en esta ocasión el conjuez llamado a deshacer el empate será Jaime Córdoba, expresidente de la Corte y antiguo Defensor del Pueblo, que durante sus años como miembro regular del más alto tribunal (entre 2001 y 2009) siempre se pronunció a favor de los derechos LGTB.

Hace dos meses el elegido al azar entre los 18 conjueces con los que cuenta la Corte para deshacer empates fue José Roberto Herrera, de claro perfil conservador, que acabó por inclinar la balanza contra la adopción homoparental conjunta pese a los numerosos informes favorables que habían sido remitidos a la Corte Constitucional: del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la Defensoría del Pueblo, del Colegio Colombiano de Psicólogos o de varias universidades (como la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Valle y la Universidad de los Andes, que ya en 2012 emitieron informes a favor) o de la Universidad Externado de Colombia.

Herrera dio entonces más peso a las opiniones contrarias, como las del procurador general Alejandro Ordoñez, bien conocido por su homofobia; la Conferencia Episcopal de Colombia; la Universidad de La Sabana, del Opus Dei (que sembró la polémica con un informe que llegaba a calificabar a las personas homosexuales de enfermas, del que luego tuvo que desdecirse) y diversas organizaciones conservadoras, como la Fundación Marido y Mujer (que llegó a pedir al papa Francisco que ejerciese su influencia) o CitizenGO, “franquicia” colombiana de HazteOír y que utiliza sus mismos métodos de movilización. Otro de los que se oponían es el pastor evangélico y concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, famoso por sus campañas homófobas. Conociendo el perfil de Córdoba, es menos probable que este se deje ahora guiar por opiniones tan sesgadas.

Y es que la ponencia que avala el sí a la adopción homoparental, un largo documento de 146 páginas que el diario El Espectador ha hecho pública, deja poco lugar a dudas. “La Corte Constitucional concluye que la adopción de niños por personas con orientación sexual diversa, en general, y por parejas del mismo sexo, en particular, no afecta por sí misma el interés superior del menor, ni compromete de manera negativa su salud física y mental o su desarrollo integral. Así lo indican las experiencias recogidas del derecho comparado, entre las que se destacan decisiones legislativas y fallos de tribunales internacionales donde siempre se ha tenido en cuenta la primacía de los derechos de los menores y la evidencia probatoria debidamente acopiada”, determina la propuesta de sentencia.

Un elemento importante de la ponencia de Palacio es que atiende fundamentalmente a proteger los derechos de los niños en situación de abandono, al considerar que impedir que puedan ser adoptados por parejas del mismo sexo, a las que la propia Corte Constitucional ya reconoció en 2011 el derecho a conformar una familia, supone un déficit de protección al menor. “No existe un criterio razonable para restringirle a los menores en situación de orfandad el derecho a tener una familia o limitarlo únicamente a aquellas integradas por un hombre y una mujer”, afirma la ponencia.

En Colombia, precisamente, se da la paradoja de la curva de adopciones ha descendido significativamente: mientras en 2010 fueron 3.058 los menores que encontraron un hogar, en 2014 tan solo lo hicieron 880, según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (que todavía tiene registrados a 5.439 niños esperando una familia).

Queda fuera de la discusión la constitucionalidad la posibilidad de que uno de los miembros de una pareja del mismo sexo pueda adoptar a los hijos del otro, que sí reconocía el anterior fallo y que de hecho ya en agosto de 2014 el más alto tribunal colombiano había avalado en un caso concreto.

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Como se esperaba, No pudo ser.  José Roberto Herrera, el conjuez conservador encargado de deshacer el empate en la Corte Constitucional de Colombia entre partidarios y contrarios a la adopción homoparental, se ha inclinado por consagrar la discriminación de las parejas del mismo sexo y negarles el derecho a adoptar hijos conjuntamente. Herrera no ha tenido más remedio, eso sí, que excluir de la negativa un supuesto que ya con anterioridad había avalado la Corte: la adopción del hijo biológico del otro miembro de la pareja.

Pese a los numerosos informes favorables a la adopción homoparental remitidos a la Corte Constitucional, lo cierto es que ya desde que se conoció el nombre del conjuez se temía este resultado. Herrera es conservador, católico y lo primero que hizo fue “pedir a Dios” que lo iluminara. “Solamente le pido a Dios que me ilumine y a toda la sociedad que tenga la confianza que la Corte Constitucional va a tomar la decisión que le corresponde y que debe ser respetada, independientemente de mi ideario liberal desde la cuna. Mi decisión va a ser en derecho y ajustada a la Constitución”, declaró tras ser elegido al azar entre los 18 conjueces con los que cuenta la Corte para deshacer el empate entre los cuatro magistrados favorables a la ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio y los cuatro contrarios a la misma (ponencia que concluía que no hay impedimento constitucional a que las parejas del mismo sexo, que de hecho ya tienen reconocido por la propia Corte Constitucional el derecho a conformar una familia, puedan adoptar).

Poco ha importado a Herrera el aval a la adopción homoparental del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la Defensoría del Pueblo, del Colegio Colombiano de Psicólogos o de varias universidades (como la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Valle y la Universidad de los Andes, que ya en 2012 emitieron informes a favor, o de la Universidad Externado de Colombia). Parece haber dado más peso a las opiniones contrarias, como las del procurador general Alejandro Ordoñez, bien conocido por su homofobia; la Conferencia Episcopal de Colombia; la Universidad de La Sabana, del Opus Dei (que sembró la polémica estos últimos días con un informe que calificaba a las personas homosexuales de enfermas) y diversas organizaciones conservadoras, como la Fundación Marido y Mujer (que llegó a pedir al papa Francisco que ejerciese su influencia) o CitizenGO, “franquicia” colombiana de HazteOír y que utiliza sus mismos métodos de movilización. Otro de los que se oponían es el pastor evangélico y concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, famoso por sus campañas homófobas.

La Corte sí avala la adopción de los hijos biológicos de la pareja

Eso sí, a falta de conocer los detalles, según el tuit hecho público por la Corte Constitucional que ha anunciado el fallo las parejas del mismo sexo sí podrán adoptar “cuando la solicitud recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente”. Difícilmente podría ser de otra manera, si se tiene en cuenta que ya en agosto el más alto tribunal colombiano avaló por seis votos contra tres que una mujer lesbiana pudiera adoptar a la hija biológica de su pareja, concebida por inseminación artificial.

Un fallo referido solo a la familia recurrente pero que se consideró entonces que establecía un precedente fundamental para casos similares (parejas del mismo sexo en las que uno de los miembros quiera adoptar a los que ya son reconocidos legalmente como hijos del otro). Ahora la Corte Constitucional lo generaliza, en lo que supone el único aspecto positivo que se puede extraer de una sentencia decepcionante.

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La Corte Constitucional de Colombia no ha podido llegar a un acuerdo sobre el derecho de las parejas del mismo sexo a la adopción, produciéndose un empate a cuatro entre partidarios y opositores. La decisión queda ahora en manos de José Roberto Herrera, expresidente de la Corte, que actuará como conjuez para deshacer el empate. Los augurios no son buenos: Herrera es conservador, católico y lo primero que ha hecho es “pedir a Dios” que lo ilumine.

“Solamente le pido a Dios que me ilumine y a toda la sociedad que tenga la confianza que la Corte Constitucional va a tomar la decisión que le corresponde y que debe ser respetada, independientemente de mi ideario liberal desde la cuna. Mi decisión va a ser en derecho y ajustada a la Constitución”, ha declarado Herrera, encargado de deshacer el empate registrado en la Corte Constitucional entre los cuatro magistrados favorables a la ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio y los cuatro contrarios a la misma (ponencia que concluye que no hay impedimento constitucional a que las parejas del mismo sexo puedan adoptar). “La Corte en este tipo de decisiones trascendentales siempre acierta y será en derecho, apegada a la Constitución. No prevalecerá el criterio que se pueda tener, sino el cumplimiento de las obligaciones de un magistrado de proceder de forma imparcial”, añadía José Roberto Herrera, que ha asegurado que su decisión se conocerá como muy tarde el 25 de febrero. Herrera fue elegido al azar entre los 18 conjueces con los que cuenta la Corte.

El diario El Espectador resumía hace unos días en un completo artículo los principales argumentos de la ponencia de Jorge Iván Palacio. Primero, la Constitución le asigna al Estado el deber de garantizarles a los niños en situación de abandono el derecho fundamental a tener una familia. Segundo: formar parte de una familia posibilita el ejercicio de otros derechos fundamentales de los menores. Tercero: el derecho de los menores a tener una familia se puede hacer efectivo brindándoles cualquiera de los tipos de familia que se encuentran constitucionalmente reconocidos (en Colombia, la Corte Constitucional ya ha fallado a favor del derecho de las parejas del mismo sexo a conformar una familia). Cuarto: las familias conformadas por parejas del mismo sexo se encuentran constitucionalmente reconocidas. Y quinto: impedir o dificultar la conformación de un núcleo familiar para el desarrollo integral y armónico de los niños por la condición sexual de los adoptantes resulta absurdo.

La adopción homoparental cuenta además con el aval del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la Defensoría del Pueblo y de cuatro universidades (la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Valle y la Universidad de los Andes), que ya en 2012 emitieron informes a favor. En contra se posicionan el procurador general Alejandro Ordoñez, bien conocido por su homofobia; la Conferencia Episcopal de Colombia; la Universidad de La Sabana, del Opus Dei, así como diversas organizaciones conservadoras, como la Fundación Marido y Mujer (que ha pedido por carta al papa Francisco que ejerza su influencia) o CitizenGO, “franquicia” colombiana de HazteOír y que utiliza sus mismos métodos de movilización. Otro de los que se oponen, como no podía ser menos, es el pastor evangélico y concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, famoso por sus campañas homófobas.

Pero por otra parte, el Centro Democrático consideran que directamente la ciudadanía debe decidir si se debe modificar el concepto de familia.  El Centro Democrático propone que la Consulta Ciudadana debería ser el mecanismo para dirimir la polémica que se presenta por que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niños, decisión que se encuentra manos de la Corte Constitucional. Así lo dijo la senadora, María del Rosario Guerra y el representante a la Cámara, Federico Hoyos, quienes están promoviendo este mecanismo. Aseguran que “si la concepción constitucional de familia, como núcleo de la sociedad, pretende ser modificada, debe ser la propia ciudadanía colombiana la que defina qué tipo de familia y sociedad quiere, o en su defecto el Congreso”. Desde el Centro Democrático insisten en que debe primar “el derecho de los niños sobre el de las minorías que hoy reclaman la posibilidad de adoptar”, por lo que debería ser la sociedad en su conjunto quien tome la decisión final de lo que más le conviene a los menores y a la familia en general.

En caso de que la Corte finalmente se pronuncie en contra, se dará la paradoja de que convivirán una sentencia genérica contraria y una específica favorable a la adopción homoparental. En agosto pasado, el más alto tribunal colombiano avaló por seis votos contra tres que una mujer lesbiana pudiera adoptar a la hija biológica de su pareja, concebida por inseminación artificial. Un fallo referido específicamente a la familia recurrente pero que se consideró entonces que establecía un precedente fundamental para casos similares (parejas del mismo sexo en las que uno de los miembros quiera adoptar a los que ya son reconocidos legalmente como hijos del otro).

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El pasado domingo 25 de mayo tuvo lugar en Colombia la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en la cual el candidato más votado fue Óscar Iván Zuluaga, del partido Centro Democrático (la formación derechista fundada por el expresidente Álvaro Uribe). Zuluaga alcanzó el 29,3 % de los votos y disputará la segunda vuelta al actual presidente, Juan Manuel Santos, que fue segundo. El posible regreso del uribismo al poder constituye sin duda una seria amenaza para los derechos LGTBI.

Juan Manuel Santos, apoyado por una coalición de diversos partidos de centro-derecha, se quedó en el 25,7 % de los votos. La conservadora Marta Lucía Ramírez, contraria al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la adopción homoparental, fue tercera con el 15,5 % de los votos. Fuera de la contienda quedaron también los dos candidatos más claramente favorables a los derechos LGBTI: Clara López, del izquierdista Polo Democrático (con el 15,2 %) y Enrique Peñalosa, del Partido Verde (obtuvo el 8,5 %).

Una vez que los candidatos más favorables a la igualdad han quedado fuera de la contienda, la posibilidad de que Óscar Iván Zuluaga se haga con la presidencia constituye ahora la más seria amenaza a los derechos LGBTI. No en vano Zuluaga cuenta entre sus apoyos con los grupos cristianos más reaccionarios, como la Misión Carismática Internacional G12, la Iglesia Avivamiento, sectores católicos conservadores y personajes como el pastor evangélico y concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, a cuya homofobia ya nos hemos referido en ocasiones anteriores.

También se ha unido a la campaña del candidato uribista la pastora María Luisa Piraquive, del Partido MIRA (una formación vinculada a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional) y de la que ya comentamos el escándalo en el que se vio envuelta al difundirse un vídeo en el que pedía a los pastores de su iglesia que no permitieran a personas con discapacidad subir a los púlpitos, al considerarlo antiestético. Se da precisamente la circunstancia de que el hijo de Piraquive es gay y fue expulsado de la iglesia y del partido por su propia madre, aunque luego la familia lo volvió a acoger. Piraquive ha pedido ahora a su feligresía apoyar a Zuluaga porque según ella Santos no la defendió en su momento.

La victoria de Zuluaga no solo supondría un revés para los derechos LGTBI, también llevaría a la suspensión del proceso de paz con la guerrilla de las FARC, el cual ha avanzado como nunca antes había hecho.

Frente a la amenaza de Zuluaga, el continuismo de Santos

Zuluaga disputará la segunda vuelta a Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, al que en modo alguno se puede considerar un defensor de los derechos LGTBI pero que al menos no resulta tan hostil. Santos, que guardó un silencio absoluto sobre el proyecto de ley de matrimonio igualitario que fue rechazado por el Congreso en abril del 2013, asegura ahora que respetará las decisiones de la Corte Constitucional al respecto. Conviene recordar, en este sentido, que en Colombia el avance de los derechos LGBTI ha ido de la mano de la Corte Constitucional, ante la pasividad del Ejecutivo y la animadversión de mayoría del Congreso y de la Procuraduría General de la Nación. Por el momento existen ya en el país tres matrimonios entre personas del mismo sexo válidos por decisión de jueces, después de que 2011 la Corte ratificara que las parejas del mismo sexo constituyen familia y diera un plazo de dos años al Congreso para que legislara su reconocimiento con los mismos derechos que el matrimonio civil (obligación que el Congreso no cumplió). La Corte Constitucional, de hecho, está ahora obligada a pronunciarse de forma más explícita sobre la materia y despejar la incertidumbre jurídica.

El posicionamiento de Santos supone un cambio significativo respecto a su campaña de 2010, cuando se comprometió con el pastor Ricardo Rodríguez (de la Iglesia Avivamiento) a impedir el matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia y hacer de la Biblia su guía como gobernante.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales tendrá lugar el domingo 15 de junio, solo dos semanas antes de la que será XVIII Marcha por la Ciudadanía LGBTI en Bogotá. Una jornada electoral que promete estar muy apretada y cada voto contará. Para los ciudadanos LGBTI, la opción de tener un presidente comprometido por la igualdad se ha perdido, y ahora toca elegir entre un derechista indiferente -el mal menor- y un ultraderechista abiertamente contrario. Veremos qué sucede finalmente.

Fuente Dosmanzanas

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